Senado - Vivienda y Urbanismo - 2 de diciembre de 2025

…y el avance del Plan de Emergencia Habitacional. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos. Asimismo, ha llegado una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta Comisión, con información sobre: gestión de suelos en la Región de Atacama; sanciones administrativas a empresas que abandonen la ejecución de proyectos habitacionales; y el nivel de ejecución que presentan las diversas líneas programáticas del Ministerio. Además, desde esa repartición se envió el reporte del mes de octubre pasado sobre el plan de reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. También ha llegado una comunicación del alcalde de Villa Alemana, don Nelson Estay, en respuesta a un oficio de esta Comisión, con información de las medidas adoptadas para facilitar y agilizar la tramitación de solicitudes vinculadas a la reconstrucción de viviendas siniestradas en el incendio de febrero de 2024. A su turno, desde la Biblioteca del Congreso Nacional se hizo llegar un documento elaborado por la analista de esa repartición, señora Marcela Cáceres, titulado “Institucionalidad para abordar la reconstrucción en Corea del Sur, Japón y México”. Finalmente, se recibieron los siguientes documentos: una comunicación de la señora María Loreto Salas, residente de Curacaví, en que expone el conflicto que mantiene con los arrendatarios del inmueble contiguo a su vivienda y las dificultades que ha enfrentado para regularizar sus propias instalaciones, así como para iniciar acciones legales con el patrocinio de la Corporación de Asistencia Judicial; y una copia de carta dirigida por diversas asociaciones gremiales de empresas constructoras y entidades patrocinantes del país al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, expresando su preocupación por la insuficiencia de los montos involucrados en el llamado concurso del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, solicitando la rectificación de distintos aspectos contenidos en las bases del mismo, documentos que fueron remitidos al Ministerio. Todos los antecedentes mencionados, en lo pertinente, ya fueron despachados a sus correos electrónicos. Eso es, señor Presidente. —Muy bien, gracias, señor Secretario. Se ofrece la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el senador Sandoval. —Sí, Presidente. Dos cosas. Primero, tengo una minuta que me hicieron llegar sobre un trabajo que se está realizando en la Región de Aysén, de una entidad que se llama Aysén Recircular. Es un proyecto muy innovador en materia de producción de materialidad para la construcción de vivienda. Ellos reciclan insumos que provienen de la industria salmonera y están fabricando, con mucho éxito, paneles SIP. Además, incorporaron una innovación interesante: hacen la modulación de los requerimientos; es decir, la gente les entrega su proyecto de edificación y ellos entregan la modulación completa, como un Lego, desde la pieza número uno hasta la pieza X, lo cual incide en la reducción de pérdidas de materiales. Hoy día uno compra un SIP y, al abrir el vano para una ventana, se pierde ese espacio de madera. Bueno, con ellos tuvimos una reunión y, con el Ministro Montes, también sostuvimos una reunión sobre este particular. De repente estas ideas innovadoras —que no son nuevas desde el punto de vista del SIP, pero sí en las regiones— se demoran por la burocracia interna. Quisiera que hiciéramos llegar este documento al Ministerio de Vivienda, en relación con esta situación, porque esas conversaciones y audiencias que se otorgan a veces quedan en pocas resoluciones. Creo conveniente que el Ministerio, más allá del Gobierno que está terminando, las consigne en sus memorias institucionales y que estos proyectos de innovación que se desarrollan en regiones y que apuntan a mejorar y optimizar la construcción tengan una consideración especial. No estamos hablando de precios diferenciados ni de excepciones; no rompen ninguna norma y cumplen con todas las exigencias constructivas, de aislación y de resistencia al fuego, entre otras. Me permito entregárselo, Presidente, si lo acordamos, para hacérselo llegar. Lo segundo, Presidente, tiene que ver con un tema administrativo-político del Serviu en la Región de Aysén. Acabamos de tomar conocimiento, por parte de Vivienda, del nombramiento del Director Regional del Serviu. El Ministro sabe, me refiero al…

Entiendo que esta persona ingresó por Alta Dirección Pública; no es la primera vez que se realiza este concurso. Este cargo tan relevante ha permanecido prácticamente en subrogancia gran parte de esta administración, y ha habido una serie de conflictividades que son de pleno conocimiento del Ministro de Vivienda y Urbanismo, pues incluso hablé personalmente con él. Uno quiere que los directores del Serviu sean proactivos, que trabajen en concomitancia con los comités. En el período en que el señor Durán estuvo a cargo de esta dirección, hubo serios conflictos con las organizaciones de comités. Puerto Aysén fue un ejemplo categórico y claro de esa situación. Pero, además, cuando los conflictos se dan también con las propias empresas constructoras, que son aliados naturales, hablamos de una situación que lamentamos profundamente: que el Ministerio no haya considerado los antecedentes previos que se tenían sobre este particular y haya insistido en el nombramiento de una persona a la que, por lo demás, le quedan tres meses a este Gobierno. No tenía sentido, si ya gran parte del período se ha estado en esa condición, complejizar las decisiones que deberán tomar las nuevas autoridades que asuman el 11 de marzo próximo. Lamento sinceramente esto, porque el Ministro conoce exactamente la situación; yo lo conversé personalmente con él. Desgraciadamente, ha sido nombrado recientemente como titular del Serviu, con todos esos problemas, que obviamente afectan en definitiva la capacidad y la gestión que debe tener un director del Serviu, donde la relación con los dirigentes del mundo de la vivienda y con las empresas, propiamente tal, son materias que deben estar absolutamente resguardadas. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, senador Sandoval. Aprovechamos de saludar a los representantes del Ministerio de Vivienda que están conectados: el Jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos; el asesor jurídico de la misma repartición, Osvaldo Durán; y Janet Tapia, asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Cuando tengamos quórum, vamos a poder aprobar un oficio para remitir la propuesta, el documento que entrega el senador Sandoval, y enviarlo formalmente desde la Comisión al Ministerio. ¿Sí, senador Sandoval? Sí, Presidente, aprovechando estos minutos, porque en realidad queremos sacar este proyecto, ojalá hoy día, con los temas que están pendientes —gran parte de las indicaciones fueron concordadas—. Pero aprovechando el escenario, hoy día están los problemas que tenemos con los campamentos, asentamientos precarios. Entiendo que en este minuto hay un desalojo que se está realizando en la Región Metropolitana, con toda la conflictividad que esto implica. Siempre hemos tenido serias dudas del avance de este programa de asentamientos precarios. Y, ¿sabe usted?, lo que más me llama la atención es la inacción de las organizaciones sociales dedicadas al mundo de la vivienda. En algún minuto, entidades como Ocupa y otras eran muy activas en los reclamos y en la defensa de estos temas. Curiosa y extrañamente, hoy día se realizan desalojos y erradicaciones —no exentas de complejidad— y nadie dice absolutamente nada. Espero que no se esté incubando, Presidente, una situación que tenga que enfrentar el próximo Gobierno, y que lo señalaba en alguna presentación en su minuto, cuando el Ministro, siendo senador incluso, hablaba, ya en sus períodos finales, de un estallido habitacional. Llama profundamente la atención el silencio y la inacción de las organizaciones vinculadas al mundo de los diferentes comités frente a hechos de esta naturaleza. Lo hemos visto en algunas situaciones bastante complejas, y aquí mismo, en la ciudad, hay todavía situaciones pendientes por resolver. Espero que eso sea una mera casualidad y que no obedezca a otro tipo de situaciones que hayan motivado la inacción de ciertas organizaciones en este tema, Presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, senador. A ver, lo que quiero proponer, mientras estamos a la espera de que llegue el senador Kuchel, que está reemplazando a la senadora Gatica —viene en camino—; con él tendríamos quórum para sesionar formalmente, dado que el senador Espinoza y la senadora Provoste andan fuera de Chile, con permiso constitucional, y no asisten el día de hoy. Entonces, lo que quiero proponer es que podamos hacer una revisión, a modo de introducción...

Con el Ministerio y la mesa técnica, de alguna manera, los acuerdos que se fueron trabajando estas últimas semanas, dado que no teníamos sesión. Propongo poner sobre la mesa los acuerdos a los que se ha llegado, dado que todavía no podemos abrir las votaciones. ¿Les parece? Ofrezco la palabra a Vicente o a Janet, quienes estuvieron en la mesa técnica. Las dos indicaciones que quedaron pendientes son la N° 4 y la N° 5. Entiendo también que, respecto de esta última, hay una sugerencia que se quiere plantear en el debate; podríamos analizarla ahora con la presentación. Perfecto, avancemos con la presentación mientras tanto. Voy a compartirla. Solo la tenemos en las tablets, pero también para quienes puedan estar viendo la sesión. ¿Se está viendo? Sí, pongámosla en pantalla completa. Ahí sí, se ve mejor. Perfecto. Esta presentación aborda las indicaciones N° 4 y N° 5, que quedaron pendientes la vez pasada; hubo otros temas, pero estos fueron los más debatidos. La indicación N° 4 complementa el procedimiento que hoy tienen las Direcciones de Obras Municipales respecto de los plazos. Se introducen precisiones solicitadas por funcionarios municipales para homologar el cómputo a días hábiles, que es la regla general en la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se establece lo siguiente: - Regla general de revisión: 25 días hábiles para la primera revisión, de los cuales los primeros 5 días comprenden el examen de admisibilidad; 25 días hábiles para la segunda revisión. El plazo total del procedimiento es de 50 días hábiles. - Proyectos de mayor envergadura, esto es, con carga de ocupación igual o superior a mil personas: primera revisión de 50 días hábiles y segunda revisión de 50 días hábiles. - Cuando la solicitud acompaña un informe favorable de revisión independiente: 15 días hábiles para la primera revisión y 15 días hábiles para la segunda (es decir, la mitad de la regla general). - En el caso de permisos de edificación de obras menores o de fusión: 15 días hábiles, y en total 30 días hábiles. Se precisan además excepciones que ya se aplican hoy, particularmente en materia de carga de ocupación y de revisión independiente, especificando mejor que los plazos se reducen a la mitad cuando existe informe favorable de revisor independiente. Esto también se enmarca en la lógica de la ley marco.

En materia de autorizaciones sectoriales, se establece finalmente una regla general que estaríamos cumpliendo: los plazos de las autorizaciones sectoriales para proyectos no pueden exceder 50 días hábiles. Ustedes saben que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales califica los tipos de autorizaciones, y la más asimilable al permiso de edificación es justamente una “autorización de proyecto”. Por lo tanto, más que aplicar solo el marco general, lo que estamos haciendo es adecuar el nivel legal a dicha ley. Si bien ésta ordena modificar la Ordenanza para ajustar sus procedimientos sectoriales —cuestión que, por cierto, debemos reglamentar—, nos parece congruente aprovechar esta modificación legal para precisarlo también en la ley, que es la fuente que nos habilita para regular el procedimiento en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La intención es, primero, dar cumplimiento a lo planteado por los Directores de Obras Municipales; y, en segundo término, armonizar de mejor manera con la modificación que propone la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, de modo que la ley que otorga la facultad para establecer los procedimientos en la Ordenanza sea coherente con ese objetivo. Esa es la explicación respecto de la indicación número 4, relativa a los días hábiles, que había sido comentada, sobre todo, por el senador Sandoval. En cuanto a la indicación número 5, ésta modifica el inciso tercero del artículo 118. Se incorpora un examen de admisibilidad formal destinado a verificar que se acompañen los antecedentes exigidos para cada tipo de solicitud y que éstos correspondan al tipo de solicitud respectivo. Si la presentación no cumple con dichas exigencias, se declarará su inadmisibilidad mediante resolución, precisando la causal que funda el rechazo de ingreso. La solicitud se entenderá acogida a trámite si la DOM no emite dicha resolución dentro de los primeros cinco días hábiles contados desde la fecha de su presentación. Es decir, si transcurre el plazo, la Dirección puede continuar con la revisión de fondo y formular las observaciones que correspondan. Lo que se busca con esta modificación es que la admisibilidad funcione como un primer filtro para permisos de edificación que ingresan con antecedentes derechamente incompletos, erróneos o burdos, situación que en la práctica ocurre con más frecuencia de la deseable. Esto, además, es congruente con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que establece como regla mínima que los procedimientos con plazo de 20 días o más se inician con un examen de admisibilidad. Considerando que hoy estamos trabajando en la estandarización de los procesos de las DOM —no solo en el plano legal y reglamentario, sino también junto con la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y el MINVU—, uno de los aspectos esenciales es la actualización de los formularios de solicitud de permisos, que incorporan, por cierto, un examen de admisibilidad. En síntesis, se pretende: primero, que las DOM no deban realizar una revisión de fondo cuando sea evidente que faltan antecedentes, pudiendo declarar la inadmisibilidad; segundo, armonizar la legislación de urbanismo y construcciones y los procedimientos de aprobación con el artículo 15 de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales; y, además, entregar mayor certeza jurídica a las y los solicitantes en casos de rechazo de ingreso por parte de la DOM, mediante una resolución que precise la causal, dejando constancia —y corresponde aclararlo— de que dicha resolución es recurrible por las vías pertinentes.

Artículos 12 y 118 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para justamente resguardar al propietario que presenta el proyecto. La indicación 5 se podría descomponer en tres partes que tomamos del artículo 15 de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales; en nuestro caso están en un solo inciso, pero queremos aclarar cómo cumplimos con el estándar que estableció dicha ley. Primer punto: de acuerdo con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en los procedimientos cuyo plazo para resolver sea superior a veinte días, se inicia con un examen de admisibilidad formal destinado a verificar que la solicitud cumple con los contenidos y que se acompañan los antecedentes establecidos. Por ello, proponemos que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realice este examen de admisibilidad formal destinado a verificar que se acompañen los antecedentes exigidos. Se precisa, primero, en qué consiste el examen de admisibilidad, porque se señala que es para verificar que se acompañen los antecedentes exigidos para cada tipo de solicitud y que correspondan al proyecto respectivo. Se aclara el ámbito de aplicación del examen de admisibilidad, y la redacción es coherente, finalmente, con el inciso sexto del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la revisión de antecedentes y la revisión de fondo, las que deben articularse con el procedimiento previamente definido, atendidos los plazos de 50 días hábiles o 25 días hábiles, según corresponda. En segundo lugar, se establece que, si la solicitud no reúne las exigencias señaladas, se declara inadmisible mediante resolución fundada y se puede otorgar un plazo para subsanar. En el caso de nuestra indicación, se señala que, si no se cumple con dicha exigencia, se declarará su inadmisibilidad mediante resolución, precisando la causal que funda el rechazo de ingreso. No consideramos necesario contemplar un plazo para subsanar la falta o acompañar el antecedente pendiente, porque se puede reingresar; y si hay una objeción por parte del proponente, se puede interponer el recurso respectivo, lo que aclararemos luego. En tercer lugar, la Ley Marco establece que el plazo para realizar el examen no puede superar la cuarta parte del plazo establecido para la resolución del procedimiento sectorial. En nuestro caso, esa admisibilidad iría variando según el procedimiento, lo que estimamos complejo porque existen distintos procedimientos y, más bien, distintos plazos respecto de la aprobación de proyectos, como vimos anteriormente. En consecuencia, proponemos una regla clara: que el examen de admisibilidad, en cualquier caso, no supere los cinco días hábiles contados desde la fecha de presentación. Esas son las indicaciones que proponemos respecto de los pendientes que quedaron del proyecto en la sesión anterior. Perfecto. Un segundo, Vicente, antes de seguir. Tenemos quórum ahora; le damos la bienvenida al senador Kuschner. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión formalmente. Entonces, no sé si terminaste la presentación, Vicente. —Terminé. —Bien, la presentación la tenemos acá en todo caso. Estábamos revisando los acuerdos de la mesa técnica trabajados esta semana. Se hizo la presentación de las indicaciones donde había cierta diferencia o divergencia, y también el secretario tiene que proponernos una redacción que le encargamos elaborar, como secretaría con el Ministerio, para que la aprobemos ahora. Secretario. —Sí, senador Sandoval. —Sí, muchas gracias, presidente. Vicente, discúlpame; el senador me tenía un poco preocupado porque me estaba consultando otras cosas y me distraje en tu presentación. Respecto de la indicación número 5 —está bien lo de la 4; nos parece bien que se hayan acogido las observaciones conversadas—, sobre la número 5, el principio del derecho al recurso: acláramelo específicamente, por favor, para que me quede claro cómo va a resultar con estas modificaciones. —Senador, Presidente, por su intermedio: no me había concedido la palabra y me excedí; disculpe. Efectivamente, senador, lo habíamos conversado; más bien, en la sesión técnica estuvimos de acuerdo todos.