El acta de la sesión 82 se declara aprobada. El acta de la sesión 83 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura de la Cuenta.
Gracias, señor Presidente. La Cuenta corresponde a la sesión de sala número 92 para hoy, 25 de noviembre. Se ha recibido:
- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ahumada y de los diputados señores Arroyo, Rosas y Tapia, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer mecanismos expeditos de devolución de cobros indebidos de tarifas eléctricas.
- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Marta Bravo y Pizarro, y de los diputados señores Alessandri, Benavente, Bórquez, Cornejo, Fuenzalida, Leal, Moreira y Sulantay, que modifica la ley N° 21.659, sobre seguridad privada, con el objeto de ampliar el plazo para elaborar y presentar la propuesta de estudio de seguridad ante la Subsecretaría de Prevención del Delito.
- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Oyarzo y Mellado, y de la diputada señora Tello, que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para regular el uso de la inteligencia artificial en campañas electorales.
Esa es toda la Cuenta para esta sesión, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Prosecretario. Antes de dar la palabra, la Secretaría señala que daremos la bienvenida a un grupo de estudiantes de Valparaíso, invitados por nuestro colega el diputado Luis Cuello, que está aquí a mi lado. Estudiantes de séptimo y octavo de la Escuela Ernesto Quirós, junto con los profesores Romina Strater y Javiera Bahamondes, además de los estudiantes en práctica Trinidad Camaño y Matías Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos a este hemiciclo.
Sobre la Cuenta, se encuentra inscrito el diputado Johannes Kaiser. ¿Alguna otra palabra? Cerrada la Cuenta.
A solicitud del Comité del Frente Amplio e Independientes, la Sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el aniversario del fallecimiento de la señora Mercedes Bulnes Núñez, nuestra apreciada colega, quien partiera el 22 de noviembre del año 2024. A un año de su partida, recordamos a nuestra querida colega y amiga María Mercedes Bulnes Núñez, incansable luchadora por los derechos humanos, quien dejó un legado de defensa irrestricta de la democracia y la justicia que, en su memoria, seguiremos defendiendo. Asimismo, extendemos un cariñoso abrazo a su familia.
Su esposo, nuestro colega, el diputado don Roberto Celedón Fernández. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en la tribuna.
Muy bien, gracias. Vamos a iniciar la Orden del Día.
Sí, adelante. Diputada Cicardini, punto de reglamento. La escuchamos.
— Muchas gracias, presidente. Punto de reglamento, artículo 346, número 3. Se ha conocido en los últimos días información, a través de reportajes periodísticos, de diligencias del OS7 que han revelado en escuchas telefónicas el pago de dinero al diputado Cristián Araya…
— No corresponde al Reglamento, estimada colega.
La Secretaría me señala que no corresponde al Reglamento. Señor Secretario, por favor, aclare a la colega.
— Honorable Cámara, las cuestiones relativas a la Comisión de Ética se ventilan en la Comisión de Ética. La ley establece que, si algún diputado o diputada desea formular una denuncia, debe presentarla directamente ante dicha Comisión y no a través de la Sala.
Muchas gracias, señor Secretario. Pasamos a la Orden del Día.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, correspondiente al Boletín N.º 17.637-07. Para la discusión de este proyecto se otorgará un tiempo de tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra, para rendir el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado don Marcos Ilabaca.
— Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar, en primer trámite constitucional y primer informe reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, originado en moción de las diputadas y los diputados Lorena Fries, Raúl Leiva, Andrés Longton, Maya Fernández, Vlado Mirosevic, Javiera Morales, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia.
La idea matriz del proyecto consiste en tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Las y los autores de la moción manifiestan que la experiencia muestra que el reclutamiento criminal de menores es una práctica cada vez más asentada. Señalan que el uso de menores de edad en actividades extorsivas en Chile está documentado; así, por ejemplo, en la zona céntrica de Santiago operan estructuras criminales de origen extranjero que emplean a menores como emisarios del acuerdo extorsivo al que pretenden forzar a sus víctimas, quienes suelen ser emprendedores, dueños de pequeños comercios y trabajadores de diversa naturaleza.
Además de favorecer el crecimiento de las bandas, esta práctica es un atentado flagrante a las disposiciones de la ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Sin embargo, a pesar de constar como una problemática patente y documentada, nuestra regulación penal no recoge disposiciones que castiguen esta conducta de manera específica, lo cual remedia este proyecto.
El proyecto consta de un artículo que incorpora un artículo 295 bis al Código Penal. Esta nueva norma sanciona al que reclutare a un niño, niña o adolescente para una asociación delictiva o criminal. Sanciona al reclutador con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio si lo recluta para una asociación delictiva; en cambio, cuando recluta a un menor para una asociación criminal, la pena es más alta, siendo de presidio menor en su grado medio a máximo.
Cabe precisar que se entiende por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos. Por su parte, se entiende por asociación criminal toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.
El proyecto precisa que, para los efectos de este artículo 295 bis, se entenderá por reclutar el inducir, promover, facilitar o captar a un niño, niña o adolescente para que participe en la asociación delictiva o criminal. Se establece que el consentimiento del niño, niña o adolescente reclutado no eximirá al reclutador de su responsabilidad por el delito.
Finalmente, se dispone que al reclutador que además sea parte de la organización delictiva o criminal se le impondrán, además de las penas por reclutar menores señaladas en este artículo 295 bis, las penas establecidas en los artículos 292 o 293 del Código Penal, que sancionan al que sea parte de una asociación delictiva o criminal.
Habiendo aprobado la Comisión este proyecto, solicito su aprobación a esta Honorable Sala. He dicho, señor Presidente.
Gracias, diputado. Vamos a darle ahora la palabra al diputado don Bernardo Berger. Don Bernardo, y después don Andrés Jouannet.
Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Cámara. Valoro esta iniciativa, que busca llenar el vacío que se ha originado con el proceder del crimen organizado, el cual ha llegado a reclutar menores para incorporarse a organizaciones delictivas y criminales, aprovechándose del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sin embargo, señor Presidente, no podemos seguir tapando el sol con un dedo y no reconocer que un menor de edad que accede a participar en una organización criminal también debe enfrentar sanciones por tomar esa decisión. En ese sentido, me parece que el texto del proyecto debería incluir un párrafo que no deje posibilidad alguna de que los adolescentes eludan su responsabilidad por integrarse a bandas criminales, siempre y cuando no hayan sido objeto de coacción, naturalmente.
Por otro lado, señor Presidente, sancionar el reclutamiento de menores para cometer ilícitos con presidio menor en sus grados mínimo a medio y medio a máximo implica que la pena nunca será mayor de cinco años, lo que me parece insuficiente por un delito de tan alto reproche social como es condenar a un menor de edad a ser parte de una banda criminal y ser perseguido por la justicia el resto de su vida. He dicho, señor Presidente. Honorable Cámara, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. El diputado don Andrés Jouannet tiene la palabra y, después, doña Lorena Fries.
Muchas gracias, Presidente. Hace alrededor de veinte años se promulgó la ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad penal juvenil. El objetivo de dicha ley era regular la responsabilidad penal de adolescentes de 14 a 18 años, con el propósito de reinsertarlos en la sociedad mediante programas sociales. Hoy día esto es absolutamente distinto, y lamentablemente los jóvenes que delinquen son jóvenes que en algún minuto eran estudiantes, niños... Señor Presidente, ¿me puede dar un segundito?
Señor Presidente, eran jóvenes que tenían una vida relativamente normal. Digo “relativamente” porque el 60% de estos jóvenes fue dejado al menos por uno de sus padres durante su infancia; el 40% tiene un familiar privado de libertad y un 25% ha vivido violencia intrafamiliar. Por tanto, ahí tenemos una explicación de por qué estos jóvenes llegan al crimen organizado.
Por otra parte, Presidente, hoy día el crimen organizado no es como hace 20 años. Tenemos bandas criminales en el país —al menos catorce— dedicadas a reclutar jóvenes. Los entrenan para distintas actividades, incluso para el sicariato.
Por eso esta ley es muy importante, porque tipifica de manera expresa el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos y establece penas más severas para quienes, en definitiva, los convierten en “soldados” de estas organizaciones.
Quisiera relatar algo muy concreto y real. En Pedro de Valdivia, una abuelita me dijo: “A mi niño de 12 años me lo quitaron por un par de zapatillas primero; después lo metieron en una banda del crimen organizado, y perdimos a ese niño de 12 años que estudiaba y dejó de ir a la escuela”. Además, solo el 20% de estos jóvenes que se han vinculado al crimen organizado termina cuarto medio; es decir, el 80% no lo hace.
Entonces, si bien esta ley apunta a una cuestión central —poner penas mucho mayores al reclutamiento por parte de bandas criminales—, el tema de fondo es otro: cómo el Estado ha fallado respecto de los jóvenes y de los niños que hoy están entrando a delinquir. Si un niño entra a delinquir, es porque, si bien la familia de alguna manera falló, también falló el Estado y su sistema de protección social, que se supone existe para eso y no está cumpliendo.
He propuesto —y espero que el futuro gobierno lo considere entre varias medidas— volver a trabajar con las iglesias y con las comunidades. Esto es una lucha moral; muchos de estos jóvenes han desarrollado una amoralidad respecto del delito: lo cometen porque no han conocido otra cosa. Por eso, Presidente, vamos a aprobar este proyecto, pero tengamos presente que el problema es mucho más profundo. Muchas gracias, Presidente.
—Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Fries.
Gracias, Presidente. Hoy día discutimos un proyecto que busca incorporar al Código Penal una figura necesaria: sancionar a quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, al servicio de bandas u organizaciones delictuales o criminales. Lo que se busca es, con claridad, castigar a quienes inducen, captan o se aprovechan de la vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente para ponerlo al servicio del crimen. El consentimiento del niño o adolescente, como es evidente, no exime de responsabilidad penal al reclutador, porque aquí no hablamos de jóvenes que eligen libremente, sino de menores utilizados como instrumentos por redes que conocen perfectamente su capacidad de manipulación.
Los datos son alarmantes. En los últimos años hemos visto un aumento sostenido en la participación de adolescentes en delitos violentos, fenómeno que la Fiscalía y las policías asocian directamente con estrategias de reclutamiento de bandas. En los barrios más vulnerables sabemos que estas organizaciones ofrecen dinero fácil, pertenencia y protección, compitiendo con la escuela, con el Estado y con sus propias familias.
Pero quisiera subrayar algo más. Este proyecto no es solo una herramienta penal, es una señal ética del Estado. Decimos como Congreso que los niños, niñas y adolescentes no son soldados del narco, no son mano de obra desechable ni un recurso para las bandas. Son personas con derechos, con futuro y con un potencial que depende de nuestra capacidad de ofrecer oportunidades reales: educación, protección, acompañamiento, deporte, cultura y, por sobre todo, dignidad.
Aprobar este proyecto es proteger, es prevenir; es afirmar que un niño en manos de una banda no es solo un problema policial, es un fracaso colectivo. Y este Congreso tiene el deber de impedir que ese fracaso siga reproduciéndose. Por eso, llamo a este hemiciclo a respaldar con convicción esta iniciativa, no para castigar más, sino para proteger mejor. Porque cada niño que no cae en manos del crimen es un niño que recupera su futuro y un país que recupera esperanza. Gracias, Presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado don Roberto Arroyo. Después, la diputada Flor Weisse.
Gracias, presidente. Hoy levanto la voz desde la región del Biobío, desde nuestras poblaciones que viven asediadas por el crimen organizado, porque hay una realidad brutal que el Gobierno no quiere enfrentar. Las bandas criminales están reclutando a nuestros niños y niñas; los están usando como soldados, como vigías, como distribuidores y como carne de cañón.
Y esto no es teoría: el año pasado más de mil adolescentes fueron detenidos vinculados directamente a organizaciones criminales y más de 70 menores resultaron asesinados en contextos asociados al narcotráfico. Son cifras que deberían estremecer a cualquier autoridad y sociedad, pero este Gobierno prefiere mirar hacia el lado.
En Coronel, en Lota, en San Pedro, en Talcahuano, en Hualpén y en tantos otros rincones del país, nuestros jóvenes están siendo cazados por las bandas, porque saben que la ley es débil, que las leyes son blandas y que la respuesta del Estado es tardía, burocrática e insuficiente.
Por eso se presenta este proyecto que modifica el Código Penal para tipificar de una vez por todas el delito de reclutamiento de menores por asociaciones delictivas o criminales, con penas severas, sin beneficios, y con agravantes cuando se abuse de su vulnerabilidad.
Pero quiero ser claro: este proyecto existe porque el Gobierno no hizo su trabajo; porque no presentó ninguna reforma real para frenar el reclutamiento; porque no puso urgencia, porque no levantó la agenda para proteger a nuestros niños, y mientras tanto los delincuentes avanzaron y nuestros barrios retrocedieron.
Señor Presidente, colegas: un niño no puede ser soldado del narco, no puede ser el mensajero del crimen ni el escudo humano de una banda. Cuando el Estado llega tarde, el costo lo paga una familia, lo paga un barrio, lo paga todo Chile. Hoy enviamos una señal contundente: ningún criminal podrá volver a tocar a un menor sin enfrentar el peso completo del Estado y de la ley. Desde el Biobío les digo: proteger a la infancia no es un eslogan, es un deber moral y es una urgencia que este Gobierno ha ignorado. Hagamos lo que ellos no hicieron, por nuestros niños, por nuestras familias y por la paz que Chile merece. Gracias, Presidente. He dicho.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse. Después, el diputado Juan Carlos Beltrán.
Muchas gracias, Presidente. El crimen organizado es, sin duda, el mayor desafío que Chile atraviesa. Según datos del informe sobre crimen organizado en Chile del Ministerio Público de este año, ya en 2024 existían 16 organizaciones criminales transnacionales presentes en Chile, operando en todas las regiones del país, con bandas provenientes de diversos países.
Asimismo, especialmente tras la pandemia, ha aumentado la cantidad de menores de edad involucrados en crimen organizado. En 2024, 4.966 menores habrían participado en delitos asociados al crimen organizado; esto refleja un aumento entre 2021 y 2024 de un 86,5%. Se ha estudiado, además, el incremento por categoría de delito desde 2021, especialmente en ilícitos vinculados con armas y drogas.
En este sentido, este proyecto —que considero importante y que vamos a apoyar—, al buscar atacar específicamente el reclutamiento de menores, se valora, por supuesto; pero no es solo esto lo que va a eliminar o disminuir la participación de niños y adolescentes en estos delitos tan graves. Por ello, también es muy útil dar celeridad a iniciativas clave en esta búsqueda de recuperar la seguridad en Chile: el sistema de inteligencia del Estado, que fortalece la ANI y permite evitar o minimizar estos delitos; proyectos sobre resguardo de fronteras e infraestructura crítica, para que la fuerza de la ley se imponga en los lugares más complejos; y asimismo el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que otorgue certezas a policías y Fuerzas Armadas cuando ejerzan labores de orden público.
Con todo, este tipo penal efectivamente llenaría un pequeño vacío respecto del reclutador que no es parte de una organización criminal —lo que en la práctica es poco frecuente, porque normalmente sí lo son—. En cualquier caso, lo que debemos evitar es que este proyecto se preste para interpretaciones que criminalicen a los niños, niñas y adolescentes, quienes deben ser protegidos y considerados principalmente como víctimas del reclutamiento.
No son imputables por los delitos de asociación criminal o delictiva. Si bien esta redacción no lo resuelve, se presentó por ello una indicación de los diputados Alessandri y Sánchez, que vamos a renovar, para que quede claro que también pueden ser imputables. Porque de verdad que hoy día hay muchos que, más allá de las complejas condiciones en las que pudieron haber sido captados por estas bandas criminales desde muy temprana edad, cuando ya tienen una edad en que poseen discernimiento, a mí me parece que deben tener también responsabilidad penal por este tipo de hechos tan graves en nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.
Muchas gracias, señor Presidente. Saludo, por su intermedio, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.
Señor Presidente, como lo he sostenido en mi permanente defensa de la seguridad de los chilenos, es una verdad indesmentible que los criminales en Chile cada vez reclutan a más niños y adolescentes para cometer sus delitos. Lo hacen para evadir la responsabilidad penal y así quedar libres de toda responsabilidad, para seguir delinquiendo. Lamentablemente, vemos cómo la delincuencia gana y gana terreno en nuestra sociedad. Esto ya no da para más.
Por eso, aprobaré esta iniciativa que modifica la normativa vigente para establecer un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, a fin de fortalecer y endurecer las sanciones frente a conductas de especial gravedad cometidas por ellos al momento de delinquir. Votaré a favor, señor Presidente, porque si logramos que este proyecto se transforme en ley, mejoraremos la situación de las víctimas y querellantes en estos casos, abordando además la necesidad de una respuesta más efectiva a delitos graves cometidos por jóvenes y perfeccionando los mecanismos de participación en el proceso legal, haciéndolo más justo para las víctimas y no para los victimarios.
Además, este proyecto reconoce la importancia que tiene la organización social de los adolescentes. Hay que buscar soluciones cuando aún estamos a tiempo, para que no sigan engrosando las listas de delincuentes que tiene nuestro país y que lo han sumido en una profunda crisis de inseguridad. Se debe invertir, entre otras cosas, más en deporte, y en mayores oportunidades de trabajo y desarrollo en los sectores más vulnerables de Chile. Aprovecho de hacer un llamado al Ejecutivo para que se destinen recursos a las iglesias evangélicas y católicas, que realizan un tremendo trabajo, muchas veces silencioso, para rescatar a niños y jóvenes que lamentablemente están involucrados en actos delictivos. He dicho, señor Presidente. Votaré a favor.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas y, a continuación, don Andrés Longton.
Gracias, Presidenta. Hace cuatro meses esta Sala discutió, votó y aprobó un proyecto de ley para rebajar la edad de sanción de menores de edad que han cometido delitos violentos. Se hizo contra toda la evidencia y contra las recomendaciones internacionales y nacionales sobre cómo enfrentar el fenómeno delictual cuando participan en él menores de edad.
En esa oportunidad conté la experiencia de Efraín Rips Barría, quien hoy es uno de los mejores freestylers del mundo. Efraín llegó a revolucionar una escena con su construcción métrica y con sus citas culturales e históricas. Y no solo eso, hoy también realiza charlas en colegios para potenciar la asistencia y la retención escolar. Efraín es un ejemplo que trasciende la disciplina del freestyle, que ya es seguida por millones de jóvenes chilenos, dado que se nos conoce en la escena como el país más rapero. Sin embargo, su infancia no fue fácil y cometió un delito violento. Él mismo ha contado cómo el freestyle, cómo las batallas en las plazas, lo salvaron.
Presidenta, cuento nuevamente esta historia porque hoy estamos frente a un proyecto de ley que busca tipificar el delito de reclutar menores para cometer delitos. Me parece del todo necesario sancionar a los reclutadores de menores, castigando a quienes inducen o captan a menores de edad para el crimen.
Cuando se trata de adolescentes, la apuesta debe ser reencauzarlos. Y también digo con fuerza que eso no implica que no exista responsabilidad y sanción; ello existe: de hecho, la ley es de responsabilidad penal adolescente. Y aunque algunos quieran borrar aquella ley con el codo y no considerar la edad en específico, a mí me parece que eso fue un avance civilizatorio para Chile. El menor salió adelante por sus propios medios y hoy es un ejemplo de superación. Cuando un adolescente comete un delito no tiene que estar condenado a convertirse en un delincuente de por vida; depende de nuestra responsabilidad que eso no suceda. Y así como voté en contra de aumentar las penas y de rebajar la edad de imputabilidad, hoy voto a favor de esta iniciativa que pone la mayor responsabilidad en los adultos que los reclutan y les ofrecen un supuesto futuro económico, escondiendo la realidad: que ese futuro normalmente termina en la cárcel o la muerte. Considero que esta nueva tipificación puede colaborar en disuadir que se reclute a menores de edad en bandas delictivas; por eso la apoyo. Presidente, yo voto a favor, por todos los menores que hoy tenemos el deber de arrebatar del crimen organizado.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado don Andrés Longton.
Muchas gracias, Presidente. Presidente, ayer nos enteramos que, según el Ministerio Público, la región de Valparaíso es la segunda región de Chile con mayor cantidad de delitos cometidos por menores de edad entre enero y junio de este año: 2.236. Delincuentes adolescentes que probablemente muchos de ellos están en libertad, como la banda de la Jauría y tantos que cometen delitos violentos, porque saben que el sistema es permisivo con los adolescentes. Y por eso es tan importante nuestro proyecto de ley que hoy día está en el Senado, Presidente, que no solamente agrava las penas, sino que además establece un sistema de penas distinto, porque hoy día el sistema de penas establecido para los adolescentes tiende a que sean expulsados de los centros de internación provisoria o dejados en libertad después de ser detenidos. Y eso hay que cambiarlo por el bien de nuestro país, Presidente, y de tantas víctimas de estos menores de edad que cada vez cometen delitos más violentos.
Ahora, este proyecto, Presidente, viene a complementar el proyecto que aprobamos acá y que es ley de la República, que establece que cometer el delito con menores de edad va a agravar la pena. Ahora incorporamos el reclutamiento de menores de edad, y es una figura autónoma, Presidente; es decir, el que recluta para una asociación delictiva o criminal va necesariamente a tener una pena que se le va a acumular, además, al delito cometido. Y eso, Presidente, genera un precedente importante, sobre todo con delitos cada vez más recurrentes cometidos por menores de edad probablemente reclutados por una asociación delictiva o criminal: turbazos, portonazos y todo tipo de delitos que hoy día, con mayor frecuencia, son cometidos por estos menores que no le tienen miedo a las penas. Y que les sirve para el negocio a los adultos reclutarlos, porque saben que el sistema de responsabilidad penal adolescente es permisivo. Entonces, Presidente, agravar las penas en este sentido me parece fundamental. Y también dejar en claro, Presidente, que esto no obsta a la responsabilidad del menor de edad por el delito que comete. Porque la discusión que se dio en la Comisión de Constitución fue esa: si se recluta a un menor, por lo tanto el menor eventualmente puede ser víctima, ¿se le va a sancionar por el delito que comete? Claro que se le sanciona por el delito que comete, porque esto solamente tipifica al que recluta al menor de edad, Presidente. Y, por lo tanto, tendrá que probarse que el día de mañana hay una amenaza o una coacción contra el menor de edad, pero el menor de edad no queda eximido de ninguna manera, Presidente, de la pena que se le tiene que aplicar. Y si aprobamos el proyecto en el Senado, Presidente, vamos a asegurarnos de que ese menor de edad quede privado de libertad, y no en libertad como queda hoy día, principalmente por este sistema permisivo. Así que nos parece un avance importante, Presidente, y, aún más, que sea transversal el día de hoy aprobar este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de darle la palabra al diputado Ilabaca, se encuentran presentes en nuestra tribuna de honor los seis estudiantes seleccionados de la undécima versión del concurso de ensayos organizado por la Academia Parlamentaria de nuestra Corporación. Sean todas y todos bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados. Nuestras sinceras felicitaciones a Magdalena Molina Muñoz, Amanda Verdugo Neira, Josefa.
El señor Presidente.— Sepúlveda Yáñez, Alonso Olivares Pradenas, Alejandra Varela Araya y Fernanda Rosales Troncoso. Esperamos que tengan una jornada linda en nuestra Corporación y les damos las gracias por participar y por sacar adelante tan lindas ideas. Muchas gracias. Sigue entonces la discusión, don Marcos Ilabaca.
El señor Ilabaca.— Muchas gracias, señor Presidente. Qué tristeza debe sentir el pueblo de Chile cuando un Congreso Nacional tiene que estar debatiendo normas que sancionen el reclutamiento de menores para bandas y asociaciones criminales. Qué tristeza pensar que algunos creen que solo con sanciones más drásticas y penas cada vez más altas se van a solucionar los problemas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Qué tristeza ver que niños que deberían estar jugando y estudiando estén cometiendo ilícitos penales graves.
En la Comisión de Constitución se dio una discusión muy interesante y transversal respecto de esto. Claro, hay sectores que pretenderían poco menos que aplicar la pena de muerte a esos niños. Yo, como lo señalé en la comisión, aprobé tanto en general como en particular este proyecto de ley, porque no hay acción más deplorable que buscar, seducir y llevar a niños al camino del delito y del narcotráfico. A esos criminales que reclutan e inducen a menores hay que aplicarles el mayor rigor de la ley.
Tal como señalaba el diputado Longton, hubo varios matices que logramos resolver de manera correcta para establecer una norma adecuada. Pero quiero recoger las palabras de otro parlamentario, no de aquel que pedía casi la pena de muerte para los niños, sino de quien nos preguntaba: ¿por qué un niño de diez, doce, trece o catorce años termina en los brazos de la delincuencia? Los niños no salen del crimen solamente con castigos. Con esta norma abordamos un área fundamental, pero como sociedad debemos desarrollar una discusión mucho más profunda respecto de cómo estamos abordando la infancia: cómo generamos entornos protectores y oportunidades reales para los niños; cómo desarrollamos la intervención temprana, el apoyo familiar y la educación; así como el tratamiento de las adicciones y, obviamente, la reinserción escolar y laboral.
Si no entendemos que este es un proceso mucho más complejo y solo le damos a la discusión un enfoque punitivo, lamentablemente esto va a continuar. Y creo que todo este Congreso Nacional lo que quiere es no ver más niños delinquiendo. He dicho. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Presidente.— Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Musante.
La señora Musante.— Gracias, señor Presidente. Es realmente preocupante ver hoy día cómo ha crecido la cantidad de niñas y niños que en nuestro país son robados, secuestrados o captados por el crimen organizado para que hagan su “trabajo” y así burlar las leyes penales en Chile. Estoy de acuerdo con lo que plantea este proyecto: que sean las penas más duras del infierno para aquellos que vulneran y hoy día son el principal peligro para las infancias en nuestro país.
Pero esta discusión no se puede dar de manera aislada. En el Congreso Nacional tenemos que dejar de pensar cada problema por separado y legislar en conjunto. ¿Existe algún temor real para esos delincuentes si aumentamos las penas? Hoy día, con lo que está pasando en las cárceles, al parecer no. ¿A qué van a ir a una cárcel? A seguir operando sus redes de narcotráfico y de crimen organizado, seguramente sí. Incluso podrán celebrar tranquilamente dentro de los recintos penitenciarios, a propósito de ese documental donde se mostraban las famosas fiestas dentro de Santiago 1, señor Presidente. Entonces, si estamos legislando en esta materia...
Señor Presidente, acá hablamos de leyes duras versus leyes blandas. También tenemos que ejercer nuestra potestad fiscalizadora para que, efectivamente, el aumento de las penas tenga sentido y un efecto inhibitorio, impidiendo que estos delincuentes sigan reclutando a niños, niñas y adolescentes que están en situación de abandono. En la última década se ha quintuplicado la cantidad de niños y adolescentes reclutados por parte del crimen organizado. Presidente, si nos vamos a hacer cargo, debemos abordar el problema completo. Muchas gracias.
—Diputado, por reglamento.
—Vamos a hacer sonar los timbres.
—Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi.
Gracias, señor Presidente. Este proyecto aborda una de las manifestaciones más dañinas del crimen organizado: el reclutamiento de menores para ingresarlos en asociaciones delictivas o criminales. Hoy nuestra legislación sanciona el prevalimiento cuando un adulto utiliza a un menor para cometer un delito, pero no distingue la función específica de quien capta e incorpora niños y adolescentes a estas estructuras. El crimen organizado avanza cuando captura a nuestros niños; el Estado retrocede cuando no lo detiene. La primera línea del crimen organizado hoy no son las armas: son niños reclutados.
Por eso importa la creación del artículo 295 bis, que reconoce que el reclutador ejerce un rol especialmente grave. No hablamos de sumar integrantes a una banda, sino de quebrar el desarrollo de un menor y empujarlo hacia una trayectoria destructiva para él y su entorno. Quien recluta a un menor no es un simple integrante de una banda; es un destructor de infancias. Las organizaciones criminales buscan impunidad usando a nuestros niños como escudos. Este proyecto permite cerrar una puerta que las bandas han utilizado para expandirse y consolidarse en diversos barrios. Tipificar con claridad esta conducta fortalece la protección de los menores y reafirma que el Estado no tolerará que se aprovechen de su vulnerabilidad. Proteger a los menores también significa cerrar las grietas que el crimen organizado usa para crecer. Tenemos el deber de enviar una señal clara: nuestros niños no serán el combustible del crimen organizado. He dicho. Gracias, señor Presidente.
—Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón.
Gracias, señor Presidente. Pareciera que todos compartimos el mismo diagnóstico: este es un tema real. Hay un aumento evidente en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están entrando en el mundo delictual. Y a mí no me da pena que se sancione a los adultos; muy por el contrario. No existe nada más grave que el abuso de un adulto que, conociendo la vulnerabilidad propia del desarrollo psicológico y la condición socioeconómica, se aprovecha para transformar a niños y adolescentes en delincuentes. Y hay que aclarar que este proyecto se refiere precisamente a eso. Hoy los niños y, especialmente, los adolescentes son reclutados para ponerlos al servicio del crimen organizado.
Es muy fácil que ello ocurra, porque viven en un mundo donde tienen muchos sueños; lo ven a través de las redes sociales, de la televisión; existen muchas esperanzas para su día a día y, al poco tiempo, se dan cuenta de que no podrán alcanzarlas. Entonces, nos encontramos con familias—sobre todo madres—aterradas porque sus hijos son presa posible de reclutamiento. En un entorno de consumo, donde se supone que la felicidad está en tener todo, ojalá lo más posible, y con la suma de un Estado ausente, se configura el caldo de cultivo para que adultos recluten a niños para cometer crímenes, ofreciéndoles plata fácil y rápida, con la ilusión de cumplir algún sueño de corto o mediano plazo.
Pero, como se ha dicho, este es un problema con muchas caras. Sabemos que niños con educación inicial de calidad tienen menos posibilidades de caer en el delito y en la deserción escolar. Con una educación escolar de calidad ocurre lo mismo: terminan siendo mejores ciudadanos. Jóvenes con posibilidad de estudiar y luego trabajar constituyen barreras efectivas para detener estos reclutamientos. Es muy injusto, porque estas personas adultas merecen todas las penas que se les puedan imponer, mientras que los jóvenes, dada su situación de desarrollo, no siempre dimensionan las consecuencias de sus actos. He dicho.
Señor Presidente, por la situación psicológica que están viviendo en ese momento, muchos jóvenes son incapaces de discernir qué es lo mejor para su futuro. Este proyecto, junto con otros que hemos presentado, especialmente para que jóvenes que han desertado del colegio tengan la posibilidad de optar por el servicio militar, son las iniciativas que van solucionando el problema. Me parece que ahí pueden aprender disciplina, virtudes, terminar sus estudios, amar a su patria y, probablemente, cambiar su futuro. Señor Presidente, me parece que hay que castigar a los adultos, pero a los niños, niñas y adolescentes hay que darles oportunidades. He dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Antes de darle la palabra a la diputada Viviana Delgado, queremos saludar especialmente al Colegio Nuestra Señora del Rosario. Si pueden ponerse de pie allá en las tribunas de honor. Nuestra Señora del Rosario, cuartos y quintos básicos de Andacollo y Coquimbo, invitados por el diputado don Daniel Manouchehri. Les damos la bienvenida y que lo pasen muy, pero muy bien en esta Cámara de Diputadas y Diputados y en este Congreso Nacional. Bienvenidos, y felicitaciones, diputado, por los invitados. Seguimos ahora con la diputada Viviana Delgado.
Gracias, señor Presidente. Estamos frente a uno de los problemas que más daño le hace a nuestras comunidades: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas criminales. Estas organizaciones usan a los menores como herramientas del delito; los buscan, los presionan o los engañan para convertirlos en parte de grupos que terminan destruyendo barrios completos. Esto no es nuevo; lo vemos todos los días en las poblaciones y pasajes del país. Muchas veces el contacto empieza con regalos, zapatillas caras, celulares o cualquier cosa que sirva para atraer a niños que están desprotegidos. Y ahí es donde pasa lo que sabemos: el Estado llega tarde, y cuando el Estado llega tarde, es el crimen el que avanza.
El informe de la Comisión de Constitución muestra claramente cómo hoy no existe una ley específica que castigue directamente a quienes reclutan menores para cometer delitos en los barrios y las comunidades. Ese vacío ha permitido que estas bandas actúen sin freno. Con este proyecto, por fin tendremos una figura penal clara y herramientas para perseguir a quienes están detrás de estas redes.
Pero también quiero decir algo: ninguna ley, por sí sola, va a resolver este problema. El reclutamiento ocurre cuando falta escuela, cuando falta deporte, cultura y apoyo familiar. Lo sabemos quienes estamos en el terreno, hablando con madres, profesores, dirigentes y juntas de vecinos, que llevan años repitiendo lo mismo. Aquí necesitamos al Estado, no solo a Carabineros. Votaré a favor de este proyecto. He dicho, señor Presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado don Jorge Guzmán.
Muchas gracias, señor Presidente. Lo central de discutir este proyecto es decidir si, como Estado, seguiremos permitiendo que las bandas criminales conviertan a niños y jóvenes en instrumentos del delito o si, de una vez por todas, establecemos un límite claro, firme y contundente. El reclutamiento de menores por organizaciones delictivas es una realidad concreta, dolorosa y cada vez más extendida en Chile. Lo vemos en los portonazos, en los turbazos, en agrupaciones criminales que avanzan sin escrúpulos. Lo vemos cuando un niño —porque todo delincuente juvenil alguna vez fue un niño inocente— aparece armado no por una decisión libre, sino porque creció en un contexto de vulnerabilidad, donde un adulto lo sedujo, lo presionó, lo utilizó y lo manipuló.
¿Y qué dice hoy nuestra legislación frente a esto? Dice poco, dice prácticamente nada, porque el acto mismo de reclutar o captar a un menor no es hoy un delito autónomo. Y mientras esa laguna exista, los verdaderos responsables —los adultos, los reclutadores, los jefes de estas estructuras— seguirán operando con total impunidad, ante una sociedad que parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Este proyecto viene a cerrar esa puerta. Viene a proteger la seguridad pública, pero también la dignidad, la integridad y el futuro de niños y jóvenes que no deben ser arrastrados al delito.