Senado - Seguridad Pública - 2 de diciembre de 2025

El señor Presidente: Pantalla azul, por favor. Vamos a partir en comité con el objetivo de continuar con las exposiciones del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Le ofrezco la palabra al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, don Daniel Johnson; luego seguimos con el Instituto Libertad y Desarrollo, en sus treinta y cinco años. Tiene la palabra, don Daniel. El señor Daniel Johnson: Muchas gracias, presidente. Voy a compartir la presentación.

Les pido, por favor, de pie. En nombre de Dios y de la Patria, vamos a dar inicio a la Comisión de Seguridad Pública del Senado. ¿Cuenta, señor Secretario? Muchas gracias, señor Presidente. Hay una breve cuenta. En primer lugar, el Gobierno ha hecho presente la urgencia, calificándola de suma, el 25 de noviembre pasado, a dos proyectos: el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta; y también al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica, que es el que tenemos en tabla el día de hoy. En segundo lugar, con fecha 19 de noviembre, la Sala acordó que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Galilea, Kuschel y Pugh, que modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica tratándose de placas patentes de vehículos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín 16.804-15, sea conocido por la Comisión de Seguridad Pública en lugar de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que fue su primera destinación. Eso es todo en materia de cuenta, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. En relación a la cuenta… ¿Puntos varios? Quisiera solicitar el acuerdo de la Comisión para que, al término de la exposición del Instituto Libertad, podamos votar en general este proyecto del Sistema Nacional de Protección. Una pregunta: ¿no van a haber más organizaciones? No hay más peticiones formuladas a la Secretaría, señor Senador. Pero, igualmente, podemos dar un espacio en la discusión en particular. Muchas gracias, Presidente. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a esta Comisión. Evidentemente, estamos muy conformes de poder estar aquí, porque consideramos que es un proyecto de suma importancia a nivel nacional, y hemos tratado de colaborar en esta gestión desde hace varios años ya, en distintas etapas del proceso de formulación de este proyecto de ley y de distintas iniciativas que, entiendo, dieron curso a que esto se esté materializando. La sesión pasada habíamos alcanzado a presentar algo, entonces voy a pasar muy rápido esas láminas y vamos a ir a las láminas complementarias. Yo había enviado una presentación, pero hicimos algunas modificaciones, incorporando elementos nuevos que han aparecido en estos últimos días. Algo habíamos hablado de la experiencia internacional, pero, pasando rápido, podemos dar cuenta de que Chile está inmerso en una evolución de los sistemas de atención de emergencias y, si bien tuvo un inicio temprano, con el tiempo se ha quedado rezagado. El desarrollo que ha habido en otros países en los sistemas de atención de emergencia ha sido mucho más rápido y, por lo tanto, es imperioso ponerse al día. No es el primer intento de esta ley. Si bien no había sido materia de ley, hay que tener en cuenta otros proyectos que fracasaron en Chile para extraer aprendizajes. Uno de ellos es el “Maule Cien”, que se implementó en el año 2009, justo antes del terremoto en la región del Maule, y justamente por no considerar aspectos de coordinación interinstitucional, que son fundamentales para este proyecto, creemos que esa fue la principal causa de que no resultara efectivo. Después, en las 150 propuestas por la seguridad del año 2018, ya quedó consignado, en las propuestas 61-62, este sistema integrado de atención de emergencias, como se le llamaba en ese minuto. Posteriormente se hizo el estudio del piloto, que ya lo hicimos llegar, en el que participamos nosotros como Fundación Paz Ciudadana, y la ley que crea el Ministerio de Seguridad del año 2024 incluye la formulación de este proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que se presentó hace algunas semanas y que es la razón de discusión de hoy. Esta lámina ya la habíamos visto, pero ustedes conocen muy bien cómo está funcionando el sistema hoy día. El sistema no es integrado: es el ciudadano el que decide a quién tiene que llamar en función de la necesidad que tiene, al 131, al 132 o al 133. En resumen, el gran problema que tenemos hoy es que la atención de cada institución es diferente; los sistemas que tienen para atender cada institución del ABC —ambulancias, Bomberos y Carabineros— no están integrados.

Bomberos, Carabineros y el SAMU presentan realidades y tecnologías de atención distintas. Y no solo difieren por institución: en el caso del SAMU hay diferencias por región, e incluso en Bomberos existen variaciones entre compañías dentro de una misma región. Los cuerpos de Bomberos agrupan en parte esas realidades, pero ello no constituye un estándar nacional. En la encuesta 2019 de la Fundación Paz Ciudadana incluimos preguntas sobre el sistema de atención de emergencias. El dato más relevante es que solo el 15,5% de los ciudadanos conocía los tres números mínimos de emergencia (131, 132 y 133). Por tanto, existe una situación de riesgo. Respecto de las llamadas inoficiosas, es clave precisar qué entendemos por ellas si queremos evitarlas. Hoy se clasifican como inoficiosas las llamadas cortadas y las inaudibles; sin embargo, puede tratarse de personas en emergencia que no pueden esperar más de dos minutos a ser atendidas por el call taker (operador) y cortan para buscar otra vía, o de alguien que no puede hablar pero dejó el teléfono abierto. En otros países ya existen mecanismos para detectar emergencias escuchando el entorno. Esas dos categorías concentran la mayor parte de las llamadas mal clasificadas como inoficiosas. Si se dejan solo las bromas e insultos —las verdaderamente indeseadas—, ellas equivalen al 30% de las inoficiosas y representan el 21,5% del total de llamadas; en consecuencia, solo ese porcentaje sería sancionable y objeto de una norma punitiva. El resto se aborda mejor con capacitación y mejoras operativas. Entre los problemas actuales del sistema de atención destacan: - Las estadísticas disponibles consideran solo las llamadas que lograron encontrar una línea disponible (es decir, que el teléfono efectivamente sonó). Las que dieron ocupado quedan fuera y no hay datos sobre ellas; por tanto, trabajamos con una estadística parcial. - Bajo nivel de recordación del número apropiado: solo el 15% recuerda los tres números; el 133, en cambio, es recordado por cerca del 80% de la ciudadanía. Si se avanza hacia un número único, debe tenerse especial cuidado: reemplazar el 133 podría hacer perder ese 80% de recordación. - En paralelo, se están realizando licitaciones con recursos importantes que podrían obstaculizar la implementación de lo que esta ley busca. Debemos observar qué está ocurriendo en el Ejecutivo, pues hay compromisos relevantes. - Alto número de llamadas inoficiosas, particularmente en Carabineros. - Alta heterogeneidad en los sistemas de atención a nivel nacional, sobre todo en SAMU y Bomberos. Carabineros, en cambio, tiene un sistema más estandarizado a nivel nacional en sus más de 30 CENCO. - Desconocimiento de la calidad de la atención en los tres servicios: no hay métricas consistentes de tiempos de respuesta ni de resolución de emergencias. - No se utiliza información integrada para la gestión del sistema, aunque algunos servicios disponen de más datos que otros. - Ausencia de normativa que regule roles y responsabilidades en los tres servicios. - Falta de sistemas estandarizados de respuesta que aseguren la calidad de la atención, particularmente en SAMU y Bomberos. - Insuficiente uso de tecnologías que permitan georreferenciar automáticamente las llamadas; el AML es una herramienta reconocida en la normativa que debiéramos comenzar a utilizar. Nuestra propuesta es establecer un punto centralizado de atención de emergencias, de modo que todos los números se redirijan a un mismo sistema, con un call taker único que reciba la llamada y la derive al despachador de recursos correspondiente, diferenciado por institución. La tendencia mundial son los sistemas de un nivel, en que quien recibe la llamada también despacha al servicio que atenderá la emergencia. Hacia eso han evolucionado los modelos más modernos; en Chile, estimamos razonable como paso inicial implementar un modelo de dos niveles.

Primero, establecer un call taker único y que el despacho lo sigan realizando cada una de las instituciones; una vez resuelto eso, podemos avanzar. La idea es que todos los despachos sean a través de sistemas que permitan trazabilidad y bidireccionalidad: no solo saber quién debe atender la emergencia, sino también que el sistema reciba información sobre si se resolvió y qué recursos se requirieron. De lo contrario, será solo un derivador y no mejorará la calidad del sistema. Un ejemplo: en Inglaterra las ambulancias ya no están estacionadas en los hospitales, como ocurre aún en Chile. Están en la calle, en puntos definidos estratégicamente según la probabilidad de llamado y el tiempo de llegada. Se marca un punto —una línea blanca, un letrero— indicando que allí se estaciona una ambulancia ciertos días y horas; existe incluso un convenio con el local cercano para que el conductor y el personal puedan comer o ir al baño. Con eso se asegura el menor tiempo de respuesta. Para llegar a ese nivel de gestión necesitamos información que nos permita saber desde dónde se llama, con georreferenciación. Eso todavía no lo tenemos en Chile. A ese punto de recepción y derivación lo llamamos Punto de Respuesta de Seguridad Pública, que sería el componente operativo de la ley del Sistema de Protección Ciudadana. Habíamos recomendado instalar un piloto en Chile, y la ley coincide en ello, lo que nos parece muy pertinente, porque hay mucho aprendizaje que hacer, sobre todo por las diferencias entre las tres instituciones básicas: Carabineros, Bomberos y ambulancias. Debemos ponernos de acuerdo en cómo operar, y la única manera es operar en conjunto. El piloto permite acotar el posible daño: desde que este sistema funcione habrá trazabilidad, y existe el riesgo de que la primera persona no salvable con el sistema tome acciones contra él. Por lo tanto, debe partir de manera acotada y ser reversible en su inicio; si detectamos errores, poder volver rápidamente al sistema antiguo, corregir y seguir avanzando. El objetivo no es solo que funcione, sino identificar los problemas que puede presentar un sistema de este tipo. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de un piloto? Testear la factibilidad de implementar un sistema integrado de atención de emergencias en una unidad territorial priorizada; validar el modelo propuesto al menor costo posible; medir su desempeño; identificar obstáculos y nudos críticos en la implementación y generar recomendaciones para abordarlos. ¿Qué se proponía? Una sala de coordinación con un punto central de atención (nivel 1) y un despacho (nivel 2), integrados en el mismo lugar. Es decir, una unidad de atención de llamadas de emergencia con un call taker único, manteniendo el despacho en cada institución para evitar resistencias, y con una coordinación interinstitucional desde los gestores de emergencia en terreno. En la operación, es importante aplicar un filtro para las llamadas no pertinentes y contar con un sistema de geolocalización automático, como AML (Advanced Mobile Location). No se trata solo de coordenadas geográficas: en un edificio, por ejemplo, aunque se conozca la ubicación exacta, no se sabría en qué piso está quien llama. Los sistemas nuevos permiten identificar a qué router está conectado el teléfono y, por tanto, ubicar en tres dimensiones, incluso el departamento desde el que se llama. Debe existir un protocolo multiagencia para determinar la necesidad de atención. No hay que reinventar la rueda: en Chile los protocolos varían por región e institución, mientras que en el mundo existen los MPDS (Medical Priority Dispatch System), sistemas que formulan preguntas precisas para definir, en el menor tiempo posible, quién debe atender la emergencia y dónde debe hacerlo.

Existen protocolos que se adaptan a los idiomas y a la idiosincrasia de cada país. Hay incluso una empresa en Estados Unidos que comercializa estos protocolos. Ya existen protocolos médicos —que fueron los primeros en desarrollarse—, así como protocolos para incendios y para seguridad. Por ello, recomendamos que cualquier implementación de un sistema de este tipo reconozca la tecnología disponible y sea capaz de incorporarla en su operación. Debe existir un despacho asistido por computador, los conocidos CAD (Computer-Aided Dispatch). La unidad de atención de llamadas de emergencia tiene que coordinar los servicios de atención y, cuando corresponda —por ejemplo, en un accidente de tránsito—, lograr la concurrencia de ambulancias, Bomberos y Carabineros, asegurando la coordinación interinstitucional. Asimismo, debe categorizar y registrar todas las llamadas para efectos de gestión, y considerar la capacidad de comunicación bidireccional: no basta con saber a quién se derivó la atención, sino que se requiere recopilar información sobre el resultado. En el ámbito médico esto es especialmente sensible, de ahí que se insista en contar con un profesional de la salud en la atención: si una persona requiere una tecnología particular, debe ser derivada al hospital que la tenga; y ese hospital puede contar con la tecnología, pero no con el especialista de turno que la opere. Por lo tanto, hay que gestionar también lo que ocurre después de la atención inicial, y no solo la emergencia puntual al momento de la llamada. En materia de gestión, recomendamos contar con unidades encargadas del monitoreo de los servicios, la gestión de la información y el análisis de la labor táctica y del servicio diario, además de un sistema de información que permita establecer la línea base. Esto es fundamental en los pilotos: necesitamos medir si estamos mejorando y si el piloto tiene el impacto esperado. Hoy ello es difícil y no está plenamente implementado. Debemos saber cuántas llamadas que ingresan al sistema suenan, cuántas se atienden, cuánto tiempo se demora en atenderlas y cuántas terminan despachando servicios, en todas las instituciones o al menos donde se implemente el piloto, para poder verificar avances. También se deben identificar las necesidades reales de despacho y no solo los despachos realizados. Por ejemplo, en algunos servicios de atención médica de urgencia (SAMU), cuando hay ambulancias disponibles, se registra que se necesitaba una; pero si no había ambulancia disponible, no queda registrado que se requería y no se envió, sino únicamente que no se envió. Ello puede llevar a interpretar erróneamente que no existía necesidad, lo que es grave; por tanto, es indispensable contar con información completa. Respecto del proyecto de ley, si bien nos parece una buena iniciativa y debemos avanzar en esta línea, consideramos absolutamente insuficiente lo que se propone como unidad funcional del sistema. No es posible pensar que con un cargo de jefe de departamento se podrá implementar un sistema de esta envergadura. En el documento que remitimos propusimos, al menos para la implementación del piloto, una estructura mínima: un director o coordinador; asesores de cada una de las instituciones del ABC de la emergencia; una o un secretario para la gestión administrativa; y cinco perfiles profesionales claramente definidos: un abogado —idealmente administrativista— para velar por los compromisos institucionales; un médico urgenciólogo, para comprender y orientar la atención de salud; un ingeniero en tecnologías de la información, dado que estos sistemas se soportan en plataformas informáticas complejas; un sociólogo o profesional de las ciencias sociales, para medir desempeño e impactos; y un periodista, para gestionar la comunicación tanto hacia la ciudadanía como entre las instituciones participantes. Reducido al mínimo responsable, estamos hablando de al menos siete personas con estas funciones. Con la estructura contemplada hoy en la ley, no será posible llevar adelante un proceso de esta naturaleza. En los centros de despacho la estructura es distinta: debe existir un coordinador del Punto de Respuesta de Seguridad Pública (es decir, del centro de despacho), apoyo administrativo, y supervisores de los operadores de llamadas (call takers) y de los despachadores. Esta es la estructura básica y es bastante estándar a nivel internacional. ¿Qué tenemos hoy? Tal como señalamos al inicio, esto no está detenido; está avanzando, y el problema es que avanza rápido y está bloqueando la posibilidad de introducir cambios. Hoy, entre otras cosas, el SAMU se encuentra en un proceso de licitación en curso.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud está impulsando una licitación que no solo contempla servicios de red, sino que también redefine la forma en que se reciben las llamadas y establece un nuevo marco tecnológico para atenderlas. Incluso se refiere a la implementación de un CAD. Esta licitación, que ya está en curso, define seis verticales, entre ellas la atención y el SAMU en todas las regiones del país. Se publicó el 6 de octubre de este año y se adjudicará el 29 de diciembre. El monto asciende a 212 millones de dólares (aproximadamente 5.320.000 UF) y su plazo es de seis años. En consecuencia, una vez adjudicada, fijará la forma de operar del SAMU y de los sistemas de despacho por los próximos seis años, lo que podría bloquear las modificaciones que se busquen a partir del proyecto de ley que hoy se tramita. Si no hay una adecuada coordinación del Ejecutivo, vamos a llegar tarde. La referencia de esta licitación está disponible en Mercado Público. En Carabineros de Chile, existe un arrendamiento de un sistema de despacho policial (CAD) adjudicado en 2022. Es un sistema de última generación que tiene la capacidad de incorporar protocolos de atención, aunque aún no se han implementado. Fue adjudicado el 24 de noviembre de 2022 a una empresa canadiense en alianza con Sonda, con un plazo de ejecución de cinco años, por lo que concluye a inicios de 2028. El monto de esa licitación fue de 18 millones de dólares. Por lo mismo, es ahora cuando hay que iniciar la planificación de la próxima licitación para que el reemplazo u evolución del sistema esté operativo en 2028. Adicionalmente, Carabineros realizó un proceso de consulta al mercado (RFI) el 10 de octubre, en el que solicitó información sobre funcionalidades para el ciclo completo de atención: recepción, despacho, seguimiento, interfaces gráficas, entre otras. Esto da cuenta de que están avanzando por su lado en la definición de requerimientos para un nuevo sistema de atención de emergencias. Si estos desarrollos no se integran, luego no habrá manera de hacerlos interoperar. El Cuerpo de Bomberos de Santiago —que no abarca toda la Región Metropolitana, sino algunas compañías— opera desde noviembre de 2012 con un sistema que presenta ciertas funcionalidades y que fue financiado con fondos FONDEF. Es importante destacarlo, porque se trata también de recursos públicos que deberían coordinarse con lo que persigue este proyecto de ley. En Concepción existe un sistema distinto, en el que no me detendré. Respecto del proyecto en estudio, estimamos que propone un sistema de gobernanza con roles y atribuciones claras, lo que nos parece pertinente. Se enmarca en el sistema de seguridad pública ya creado, otorgándole el sustento jurídico y político necesario. Crea una unidad funcional —un jefe de departamento— que, como hemos señalado, es absolutamente insuficiente; con eso no vamos a avanzar. Considera la atención de incidentes del ABC e incorpora a las instituciones del ABC, lo que es correcto. Incluye la evaluación de tiempos de respuesta y estándares de servicio; allí debiéramos avanzar un poco más y asegurar una retroalimentación bidireccional. El proyecto faculta la creación de un número único; queremos dejar claro que no lo consideramos la solución definitiva en esta etapa. Puede habilitarse que un europeo que visite Chile marque el 112 y acceda al servicio, pero por ahora debe ser un número adicional: tienen que seguir funcionando los números de atención de emergencias que la ciudadanía conoce, particularmente en Carabineros. Asimismo, crea un Registro Nacional de Llamados Inoficiosos; en este punto, enfatizamos la relevancia de la formación y la educación por sobre la sola sanción. Finalmente, crea un Sistema de Información Nacional de Protección Ciudadana, lo que consideramos muy pertinente. En síntesis, el proyecto establece tres líneas o verticales relevantes: primero, un alineamiento político-técnico dentro del Ministerio de Seguridad Pública, que fija la Política Nacional de Protección Ciudadana y conforma un Comité Nacional de Protección y comités regionales; segundo, una línea operativa en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con una unidad funcional —hoy reducida a una persona— de la que dependerían los centros operativos, diseño que resulta insuficiente pero que puede escalarse; y tercero, una línea de gestión de la información, que se materializa en el sistema nacional antes señalado.

Estos tres componentes, funcionando en conjunto, conforman el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, lo que nos parece pertinente. El proyecto no define en detalle cómo operarán los centros de atención, dejando esa regulación a los reglamentos, lo que resulta adecuado por la flexibilidad que requiere. Aspectos destacables: aborda un problema de magnitud, urgente y visibilizado; se basa en un diagnóstico informado; identifica que el principal problema a resolver es de cultura organizacional —no es un problema de tecnología—; y define objetivos pertinentes: optimizar los tiempos de respuesta, asegurar la interoperabilidad, usar la información para la gestión y operar de manera descentralizada. Además, mitiga riesgos de implementación proponiendo un piloto en sus disposiciones transitorias, lo que también consideramos adecuado. Mejoras propuestas: - Implementar una agencia de protección ciudadana dependiente del Ministerio de Seguridad, y no solo una unidad dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que estimamos insuficiente en capacidad. - Ampliar la mirada desde un número único hacia un sistema integrado de todos los números existentes y los nuevos, incorporando la televigilancia y otros sistemas de alerta remota. Los sistemas de nueva generación, con más de diez años en el mundo, ya no hablan de llamadas, sino de alertas, que pueden provenir de cualquier dispositivo: un acelerómetro en una persona que se cae, una cámara de emergencia, etcétera. - Ampliar la gestión de la información a todo el ciclo: no solo qué ocurre con la atención de las llamadas, sino qué pasa después y cómo gestionamos los recursos, como en el ejemplo mencionado de Inglaterra. - Forzar que los desarrollos tecnológicos del ABC se integren mediante un proceso de aprobación desde la agencia, para evitar licitaciones que avancen sin coordinación entre sí. - Incorporar un sistema de formación asociado al SINAPROC, especialmente orientado a niños, niñas y adolescentes. En el mundo, los sistemas de atención de emergencias suelen llevar a estudiantes a conocer su funcionamiento para que comprendan la gravedad de realizar llamadas de broma; más que establecer sanciones —que, donde se han impuesto, no han tenido impacto—, se apuesta por la educación. - Utilizar los sistemas ya adquiridos y en funcionamiento: Cenco de Carabineros tiene un sistema desarrollado, por lo que parece razonable evaluar integrar en ese sistema a las otras instituciones, en lugar de crear algo nuevo. - Establecer objetivos más claros para el piloto: testear el funcionamiento, definir los roles específicos de cada institución, probar la gobernanza y la coordinación, medir resultados e impacto, y retroalimentar, volviendo atrás y recomendando ajustes todas las veces que sea necesario. El piloto debe permitir aprender, equivocándonos a bajo costo, y no implementar todo de una sola vez. Eso es lo que tenía preparado, señor Presidente. Muchas gracias. — Muchas gracias. Senador Castro, tiene la palabra. — Sí, Presidente, quisiera sugerir que pudiéramos votar ahora en general y continuar. Me corresponde salir de la Comisión en este momento, si fuera factible. — ¿Está de acuerdo la Comisión? Se abre la votación. — Senador Castro, ¿cómo vota? — A favor. — Senadora Pascual, ¿cómo vota? — A favor. — Senador Piu, ¿cómo vota? — Tal como se ha señalado, por la importancia y la urgencia, voto a favor, señor Presidente. — Senador Moreira, ¿cómo vota? — A favor. — El Presidente: A favor. Por cinco votos a favor y ninguno en contra, queda aprobada en general la iniciativa. Queda pendiente fijar los aspectos subsiguientes. Consultas. Se ofrece la palabra al senador Piu. — Muchas gracias, Presidente. Valoro la exposición de la Fundación Paz Ciudadana por la experiencia que tienen. Efectivamente, se han señalado puntos que es importante revisar: la estructura, los roles, cuántas personas; esas siete personas que se identificaron es un punto que, a todas luces, requiere revisión. El tema es dónde hacemos este piloto. Paz Ciudadana tiene mucha experiencia en todas las regiones; idealmente, no debiera ser en la Región Metropolitana, para enfrentarnos a los desafíos propios del cambio cultural. En base a eso, si hay alguna recomendación sobre el lugar —por complejidad, tamaño o naturaleza—, sería bueno considerarlo, para poder dar también una luz. Esto, en atención a que se pidió al Ejecutivo modificar en el informe financiero los flujos, de tal manera que el piloto se financie en el primer año y no en el segundo, que es una de las cosas que le solicitamos al Ejecutivo. Esa es la consulta, Presidente. Gracias.

La verdad es que siempre estamos legislando con buenas intenciones aquí, pero en la práctica, como bien lo dice, por su intermedio, Presidente, hay muchas cosas que no van a ser factibles sino en un futuro. Esto tiene mucha relación con coordinaciones y con recursos. Usted lo dijo, y quizás lo entendí mal: según sus encuestas, la ciudadanía no identifica el 131, el 132, el 111, el 112, o los que sean; la gente se va al 133. Si fortaleciéramos el 133 para todo esto, ¿no sería mejor? Que el 133 quedara como número y hubiera una capacidad de atención de llamadas tal que quien recibe la llamada, dependiendo de lo que se le informe, de inmediato la derive a otra operadora que pueda coordinar, por ejemplo, con una ambulancia, según lo que esté sucediendo. Porque creo que no va a dar resultado con tantos números, aunque eso pudiera ser a largo plazo. Sé que hay muchas llamadas falsas, insultos, etcétera. ¿Y por qué razón no tiene capacidad Carabineros de registrar esas llamadas y perseguirlas? Entiendo que para esto hay, creo, un minuto para poder captar la llamada. Pero soy partidario de que esto lo agrupemos en una sola cosa. La gente no sabe: ¿qué hago? Uno-tres-tres, no más. Eso era lo que quería comentar. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidente. Quiero hacer un comentario general y después una solicitud. Primero, la exposición de Paz Ciudadana coincide con lo que también nos plantearon quienes vinieron en representación de Bomberos y de Carabineros cuando partimos viendo el estudio de este proyecto de ley: hacer convivir, al menos durante un tiempo, un número único con los números de cada una de las instituciones, precisamente por el cambio cultural que eso implica tanto en las personas como en las propias organizaciones. Y quiero destacarlo, porque me parece que, si no tenemos también —independientemente del proyecto de ley— campañas que efectivamente generen conciencia y controlen el mal uso, no vamos a avanzar. Según las estadísticas que nos entrega Paz Ciudadana, tenemos 4.300.000 y fracción de llamadas inoficiosas, donde las cortadas y las de broma suman casi 3 millones —1.360.000 más 1.273.000—. Es grave no hacer conciencia, digo yo, en materia de campañas públicas sobre el buen uso de un teléfono de emergencia. Pero tan grave como eso me parece que, dentro de estas estadísticas, de los 6 millones de contestaciones que se hacen, 4.300.000 no generan procedimiento porque son inoficiosas; 1.380.000 sí generan procedimiento, pero solo se asigna un procedimiento a 338.000. Entonces hay una brecha de alrededor de un millón de llamadas que, generando procedimiento, no se les asigna procedimiento. Y eso sí me parece grave. Y eso va a ser independiente de si llamaron al 133, al 911 o al 112, si es que no lo arreglamos. Desde ese punto de vista, mi solicitud es que pudiéramos oficiar —si la Comisión lo tiene a bien, y si no, a mi nombre, Presidente— a Carabineros para que nos respalden estas cifras, porque recuerdo que algo similar planteó Carabineros también: que podían contestar, pero no todo derivaba en un procedimiento asignado posteriormente. Si podemos respaldar eso, por favor. Y lo segundo es que, efectivamente, mi pregunta a nuestro invitado es cómo hacer esto más operativo, en estricto rigor.

Me interesa poder ayudar a acortar esa brecha entre la llamada identificada como generadora de procedimiento y el procedimiento que finalmente se asigna y reporta. No voy a decir “exitoso”, porque dependerá del motivo de la llamada, pero al menos que quede asignado y reportado. Esa brecha, que hoy día es del orden de un millón, me parece altísima. Tengo el recuerdo de que Bomberos tenía un porcentaje mucho mayor de asignación de procedimientos y, por lo tanto, mayor efectividad. El SAMU también reportó una brecha, pero no tan grande como la de Carabineros. Eso es lo que me gustaría abordar con nuestros invitados. Finalmente, consultar si, en la misma información que se solicita a Carabineros, las llamadas identificadas como “inaudibles” —que aquí llegan casi al millón, 968.000— lo son por una limitación tecnológica; es decir, por qué resultan inaudibles, para ver cómo ayudar a resolverlo. Y respecto de las “llamadas de información”, qué tipo de información contienen y si podrían resolverse por otra línea telefónica. Me parece muy importante conocer esos detalles. Gracias. Bien. Quisiera pedir el acuerdo en relación con los oficios solicitados por la senadora Pascual, para que sean asumidos como Comisión de Seguridad Pública. Mi única consulta es cuál es su mirada respecto de este Sistema Nacional: ¿es centralizado o descentralizado?, ¿es por región? Porque, en general, cuando uno escucha a la senadora Pascual, se refiere a cifras globales, y sería deseable contar con cifras regionales o comunales. Escuchaba parte de su presentación en que usted señalaba que hay que evaluar a qué hospital se va a trasladar a la persona. Bueno, eso sucede en Santiago; en algunas regiones del norte, es “el” hospital. Entonces, creo que hay capacidades distintas que se deben focalizar. En general, estamos de acuerdo en que debe existir este Sistema Nacional de Protección, en la medida que se regionalice. La realidad de una región como Arica y Parinacota no tiene nada que ver con la de Tarapacá, para qué decir con la de Magallanes o con la de Puerto Montt. Desde esa perspectiva, quisiera escuchar su opinión y le pediría, además, si pudiéramos cerrar esto en cinco minutos para dar paso a la otra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, señores senadores. Por su intermedio, señor Presidente, responderé en el mismo orden. Efectivamente, la recomendación es implementar un piloto en una unidad territorial. En el documento que les hicimos llegar desde la Fundación, en el punto 4.8 sobre cobertura, establecimos criterios para definir el territorio: contar con una línea base de la intervención —no podemos implementarlo donde no sepamos qué pasó antes, porque no podremos saber si mejoró—; disponer de una capacidad mínima para evaluar el desempeño del piloto; y considerar el tamaño y la complejidad, de modo que permita probar la capacidad completa. Ojo, no necesariamente debe ser una región: los sistemas hoy tienen la capacidad de derivar las llamadas con mucha precisión. Incluso en Santiago, por ejemplo, se despacha a distintos Cuerpos de Bomberos según el punto desde donde se llama. Por lo tanto, podría ser un territorio más acotado, como una ciudad. También hay que considerar la brecha de servicios en ambos sentidos: si ya existe una capacidad mínima instalada, eso ayuda porque saben operar estos sistemas; pero si está muy asentada, puede convertirse en un desincentivo para instalar un sistema nuevo. En su momento recomendamos, entre otros criterios, una población superior a 200.000 habitantes y cierto volumen de llamadas. A partir de ello derivamos que la Región de Valparaíso podría tener ciudades buenas candidatas para un piloto. Sin embargo, esa evaluación fue realizada en 2019, por lo que hoy no me atrevería a validarla sin actualización.