En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Secretario, ¿tenemos Cuenta el día de hoy o acuerdos de Comité que informar?
Buenos días, señor Presidente. No, no hay Cuenta y de todos los acuerdos de los Comités se dio cuenta en la sesión del día de ayer.
Bien. Entiendo que esta sesión es para ver el proyecto sobre seguridad municipal, ¿correcto?
Exactamente. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Se trata del segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y del informe de la Comisión de Hacienda. Es discusión en particular, por acuerdo de los Comités.
Antes de proceder a ver este proyecto, solicito la autorización de la Sala para permitir el ingreso de la señora Subsecretaria Carolina Leitao, para el proyecto que vamos a discutir. ¿Le parece a la Sala? Bien. Se autoriza. Señora Subsecretaria, puede ingresar.
Lo segundo: pido autorización de la Sala para que me reemplace temporalmente el senador Iván Moreira, ya que debo concurrir a abrir un seminario en la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchas gracias. Así se acuerda.
En la Orden del Día nos corresponde, el día de hoy, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La relación la dará el señor Secretario.
Gracias, señor Presidente. El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, iniciativa correspondiente a los boletines 15.940-25 y 15.984-06, refundidos. Este proyecto de ley fue aprobado en general en la sesión celebrada el 1 de julio del año 2025 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y con informe de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que las siguientes normas de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. De los artículos permanentes,
Los artículos 1, 6, 10, 13, 15, 23, 26, 28, 30, 34, 45, 48, 52, 57, 61, 62 y 63; 69, que pasó a ser 65; 70, que pasó a ser 66; y 71, que pasó a ser 67. De las disposiciones transitorias, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, soliciten su discusión y votación.
Entre estas normas, todos los artículos permanentes mencionados y los artículos transitorios 5, 8, 10, 11, 13 y 14 requieren de 25 votos favorables para su aprobación, por corresponder a normas de rango orgánico constitucional. Asimismo, corresponde aprobar los artículos 33 y 47 permanentes y el artículo séptimo transitorio, con excepción de su letra a, del proyecto de ley, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública. Estas tres disposiciones también requieren de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
La Comisión de Seguridad Pública, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron acordadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad. Entre las normas con enmiendas unánimes, todos los artículos permanentes de la iniciativa, así como el artículo noveno transitorio, requieren de 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifestare su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, todas en los términos en que fueron aprobadas por su antecesora, como reglamentariamente corresponde. Dicha Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no introdujo enmiendas en el texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe. Consigna también que sancionó las disposiciones de su competencia por la unanimidad de sus integrantes.
Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos de la Comisión de Seguridad Pública y también las solicitudes de votación separada, conforme al orden del articulado del proyecto —todas ellas requieren de 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de normas de rango orgánico constitucional—, son las siguientes:
- La incorporación de un inciso segundo nuevo en el artículo cuarto, relativo a la información que las municipalidades y asociaciones de municipalidades podrán proporcionar o recibir de las fuerzas de orden y seguridad pública para el desarrollo de sus funciones. Esta fue una norma aprobada por mayoría en la Comisión de Seguridad Pública.
- La incorporación de un inciso tercero nuevo en el artículo ocho, sobre exención de requisitos respecto de quienes hayan ejercido funciones por al menos 25 años como integrantes de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad pública. También fue aprobada por mayoría de votos de la Comisión de Seguridad Pública.
- La oración final que se agrega en el inciso segundo del artículo 16, sobre informar los resultados positivos a la Contraloría General de la República en materia de exámenes de drogas al director y a los inspectores de seguridad municipal. También fue aprobada por mayoría en la Comisión de Seguridad Pública.
- La incorporación de un inciso tercero nuevo en el artículo 20, disposición referida a la definición de la expresión “tiempo inmediato”. También fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública.
- La supresión del inciso segundo del artículo 25, relativo a la grabación de imágenes y no de sonidos mediante los sistemas de televigilancia. Esta disposición fue aprobada por mayoría de votos de la Comisión de Seguridad Pública. Asimismo, hay una solicitud de votación separada del honorable senador señor Insulza y de la honorable senadora señora Pascual respecto de la eliminación de dicho inciso.
Luego, la eliminación de la oración final del inciso séptimo del artículo 32, conforme a la cual no se podrán grabar sonidos de ninguna naturaleza en la vía pública ni los efectos de su captación, fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública. Existe, además, solicitud de votación separada del Honorable Senador señor Insulza y de la Honorable Senadora señora Pascual respecto de dicha eliminación.
Respecto del artículo 42, su reubicación como artículo 35, relativo al requerimiento de identidad por parte de los inspectores de seguridad municipal, fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública. Asimismo, en su inciso tercero se reemplaza la expresión “una hora” por “cuatro horas”, modificación aprobada por mayoría; sobre este punto existe solicitud de votación separada presentada por el Senador señor Insulza y la Senadora señora Pascual.
En cuanto al artículo 43, la sustitución de su inciso quinto, referido al reglamento sobre elementos defensivos y de protección personal que podrán usar los inspectores de seguridad municipal, también fue aprobada por mayoría en la Comisión de Seguridad Pública.
Se aprobó igualmente, por mayoría, la eliminación del Título Cuarto y de los artículos 64 a 67 que lo integran, relativos a las organizaciones comunitarias funcionales en materia de prevención del delito y seguridad pública, o comités de seguridad vecinal o rural. Sobre este punto, hay solicitud de votación separada del Honorable Senador señor Insulza y de la Honorable Senadora señora Pascual.
Asimismo, la incorporación de un artículo 68 nuevo, que modifica diversas disposiciones del Código Procesal Penal, fue aprobada por mayoría de votos, existiendo solicitud de votación separada del Senador señor Insulza respecto de esta disposición.
Hay también solicitud de votación separada del Senador señor Galilea respecto de la letra a) del artículo séptimo transitorio. Además, el Senador Galilea y otros señores senadores presentaron una indicación que reemplaza, en el artículo decimocuarto transitorio, la expresión “del artículo quinto transitorio” por “del artículo séptimo transitorio”. Se trata de un ajuste que, por ser una indicación nueva, requeriría la unanimidad de la Sala para admitir su tramitación.
Tiene la palabra el autor de la indicación, el Senador Rodrigo Galilea.
Señor Presidente, presentamos esta indicación porque la referencia que hace el artículo decimocuarto transitorio al artículo quinto transitorio no tiene ningún sentido. Proponemos que se refiera al séptimo transitorio, pero lo planteamos como hipótesis; sería conveniente que la Secretaría de la Comisión revise cuál es la referencia exacta. Lo que sí sabemos con certeza es que la remisión al inciso segundo del quinto transitorio que hace el decimocuarto transitorio no corresponde; de hecho, dicho inciso segundo no existe. Eso es lo que buscamos resolver.
En este momento no hay acuerdo para lo que usted solicita, señor Senador, pero existe disposición a revisarlo más adelante, una vez que haga la relación el presidente de la comisión; y también, por supuesto, en la Comisión de Hacienda.
Para poder avanzar, Senador Galilea: independiente de que no exista unanimidad para presentar la indicación, corresponde resolver el punto, porque la referencia está mal hecha.
Gracias. Aquí lo vamos a resolver, no se preocupe de eso. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador José Miguel Durana.
Gracias, Presidente. Vamos a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Este proyecto fue iniciado en la Cámara de Diputados por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y por moción de los honorables diputados señoras Alejandra Placencia, Lorena Fries, Ana María Gazmuri, Javiera Morales, Camila Rojas, Marisela Santibáñez, Daniela Serrano, Carolina Tello y Consuelo Veloso, y del señor Luis Cuello.
Los objetivos de la iniciativa son fortalecer las capacidades de las municipalidades en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito; regular las facultades y obligaciones de los municipios en prevención del delito y seguridad pública; y determinar las tareas y atribuciones de los directores de seguridad pública.
Cuenta con un primer informe de las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Seguridad Pública. No registra urgencia.
En normas de quórum especial, la Comisión se remite a lo resuelto por las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Seguridad Pública que despacharon el primer informe y, en consecuencia, todos los artículos permanentes y los artículos transitorios quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto del proyecto de ley tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 y siguientes de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.
Para el estudio en particular de la iniciativa se recibió la opinión de las siguientes autoridades y representantes de gremios y municipios: del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; de la Subsecretaría de Prevención del Delito; de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH; de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH; de la Asociación Chilena de Municipalidades; de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ACEMUCH; de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Ñuñoa; de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Lo Prado; de la Federación Regional de Funcionarios Municipales de la Región Metropolitana; de la Federación Regional de Funcionarios Municipales de la Región de O’Higgins; y de la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Municipales.
La estructura del proyecto aprobado por la Comisión consta de 69 artículos permanentes y 16 disposiciones transitorias.
Las enmiendas más relevantes que recoge el presente informe son las siguientes:
- Se considera a las municipalidades y asociaciones de municipalidades entre los organismos que podrán proporcionar o recibir información de las fuerzas de orden y seguridad para el desarrollo de sus funciones.
- Se perfeccionan los requisitos de nombramiento de los directores de seguridad pública, contemplando, entre otros, contar con un curso de especialidad en seguridad y materias afines en determinados casos.
- Se regulan de manera más detallada las incompatibilidades que afectan a los directores de seguridad municipal e inspectores de seguridad municipal en el desempeño de sus funciones.
- Se especifican las reglas que normen el actuar de los inspectores de seguridad municipal por detención en caso de flagrancia.
- En materia de sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención situacional, se eliminó la prohibición de grabar sonidos de cualquier naturaleza.
- En cuanto a elementos defensivos y de protección, se prescribe que, mediante un reglamento, se regulará el uso de cascos, chalecos antibalas, chalecos anticortes, etc., y se normará también el uso de elementos de efecto lacrimógeno y de pulsación eléctrica.
- La Comisión suprime íntegramente el Título Cuarto relativo a las organizaciones comunitarias funcionales en materia de prevención del delito y seguridad pública, o comités de seguridad vecinal o rural.
Es cuanto puedo informar de acuerdo con lo logrado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Gracias, Presidente.
Gracias, señor Presidente de la Comisión de Seguridad, Senador Durana. Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, sobre el informe de este proyecto.
Gracias, señor Presidente, Honorable Sala. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, vengo a rendir cuenta del trabajo realizado por nuestra Comisión respecto...
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Aprovecho, por su intermedio, de saludar a la subsecretaria Carolina Leitao, quien nos acompañó en la Comisión en este debate.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional; fue iniciada mediante mensaje presidencial, complementada por una moción de diputadas y diputados autores, y cuenta con urgencia calificada de discusión inmediata. Previamente fue vista por la Comisión de Seguridad Pública, cuyo informe ya ha sido rendido por su presidente.
A la Comisión de Hacienda le correspondió pronunciarse sobre las disposiciones de su competencia, que analizó y revisó, y que dicen relación con las siguientes normas: el artículo 43, inciso segundo, relativo a la provisión de elementos defensivos y de protección para inspectores municipales; el artículo 44, sobre transferencias de recursos para elementos defensivos y de protección del personal municipal y de asociaciones de municipalidades; el artículo 45, referido al seguro de vida para inspectores; el artículo 47, inciso final, relativo a sanciones por ocultamiento o alteración de registros audiovisuales; el artículo 64, numeral 3, letra C, párrafo tercero, sobre intercambio obligatorio de datos entre municipios, Ministerio Público y Carabineros; y los artículos octavo y decimosexto transitorios, vinculados a plazos de implementación y financiamiento. Todas estas disposiciones, señor Presidente, fueron aprobadas por unanimidad por los miembros de nuestra Comisión.
En materia de disposiciones transitorias, el artículo octavo establece plazos para la puesta en marcha de las plataformas de datos y la dictación de reformas de reglamentos necesarios para su operación. El artículo decimosexto regula el financiamiento del mayor gasto fiscal en el primer año de vigencia.
Respecto del debate, la Comisión sostuvo un intercambio amplio y detallado con la participación del Ejecutivo, encabezado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y sus asesores legislativos. En cuanto al marco institucional y al alcance de las nuevas facultades municipales, se destacó que el proyecto entrega un marco jurídico moderno para funciones que los municipios ya ejercen de facto, especificando atribuciones, mecanismos de coordinación y el rol preventivo municipal. Se discutieron en profundidad las figuras del director de seguridad, los inspectores, el comité operativo de seguridad y el fortalecimiento del plan comunal.
En materia de facultades preventivas y coadyuvantes de los inspectores municipales, se revisó la regulación de sus atribuciones, los límites frente a funciones policiales, los estándares de capacitación y los elementos de protección. La Subsecretaría precisó que este personal podrá actuar en casos de flagrancia y apoyar controles de identidad y procedimientos de fiscalización, siempre con presencia de Carabineros cuando corresponda.
En financiamiento y autonomía municipal, uno de los debates centrales fue la preocupación por la suficiencia de los recursos municipales para implementar las nuevas facultades. Se advirtió que, aun cuando muchas normas son facultativas, la carga operativa real podría generar obligaciones de hecho. Se abordó el rol del Royalty Minero, la equidad territorial, las diferencias entre municipios y la capacidad de ejecución del gasto.
En cuanto a las asociaciones de municipalidades, hubo una discusión profunda sobre su rol para contratar personal de seguridad. Se debatió la responsabilidad administrativa, los riesgos de dilución de responsabilidades y la necesidad de asegurar que los convenios con el Estado mantengan la rendición y transparencia que exige el derecho público. El Ejecutivo aclaró que los municipios siguen siendo responsables y que las asociaciones estarán sujetas a los mismos estándares de control.
En interoperabilidad y transferencia de datos, se valoró el avance que supone la plataforma electrónica interconectada entre municipios, Ministerio Público y Carabineros, necesaria para análisis y coordinación operativa. También se discutió el plazo para su implementación y la necesidad de actualizar reglamentos vinculados al Banco Unitario de Datos y al sistema STOP.
En materia de indicaciones, la Comisión de Hacienda no introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública; sin embargo, se dejó constancia de las observaciones efectuadas durante el debate, especialmente en materia de financiamiento, responsabilidad administrativa y coordinación institucional.
Respecto del componente financiero, la Comisión conoció los informes financieros N° 105, 222 y 71, y el sustitutivo N° 327, que actualizó el mayor gasto fiscal para el año 2025. Los principales puntos son: desarrollo de la plataforma interconectada, 200 millones; e implementación de elementos de protección y defensa, 5.100 millones en tres años. La mayoría de las obligaciones operativas son de cargo municipal, considerando recursos propios, transferencias de la SUBDERE y fondos provenientes del Royalty. El mayor gasto fiscal inicial se financia con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y, en lo que falte, por Tesoro Público. El proyecto permite que futuras leyes de presupuestos asignen recursos adicionales, sometidos al sistema de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social.
Este proyecto, señor Presidente, busca dotar a los municipios de herramientas claras, modernas y adecuadas para enfrentar uno de los desafíos más urgentes para la ciudadanía: la seguridad pública. Fortalece la coordinación y aumenta la capacidad preventiva a nivel local.
…transparencia, establecer estándares comunes para el personal de seguridad municipal y avanzar hacia una institucionalidad local capaz de prevenir el delito y proteger a las comunidades. Por este motivo, Presidente, la Comisión de Hacienda propone a esta Honorable Sala aprobar las disposiciones analizadas en los términos acordados. Gracias, Presidente.
La Mesa quiere hacer una proposición de votación para avanzar lo más rápidamente posible, que dice relación con lo siguiente: abrir la votación para todos aquellos artículos que no recibieron indicaciones y, posteriormente, para aquellas modificaciones que se aprobaron en forma unánime. Ambas en una sola votación; después veríamos todo lo demás. ¿Habría acuerdo para ello? Le vamos a dar la palabra. Senadora Proboste, tiene usted la palabra.
No, Presidente. Para abrir la votación, no. De acuerdo al reglamento, tengo una diferencia en este proyecto y he presentado una indicación. Entiendo que se va a abrir un periodo de indicaciones por la presentada por el senador Galilea respecto de una referencia que nos parece correcta. Pero tengo una diferencia de fondo: creo que nos quedamos cortos si solo exigimos test de drogas a los funcionarios municipales. Quien contrata a los funcionarios municipales son las alcaldesas y los alcaldes. He quedado muy preocupada después de leer las declaraciones del alcalde de San Bernardo. Por lo tanto, esto debe avanzar también en exigir test de drogas a las máximas autoridades municipales, a quienes encabezan y contratan a los funcionarios: las alcaldesas y los alcaldes. Por eso he presentado una indicación. Presidente, si no se acoge, me veré en la obligación de solicitar una segunda discusión de este proyecto de ley, que está dentro de las facultades; pero para que eso ocurra, no se puede abrir la votación. Prefiero que despejemos bien este punto primero y luego podría acceder a la solicitud que usted hace.
Lamentablemente, tiene usted la razón: no podemos abrir la votación. Ahora, mi pregunta es la siguiente: vamos a tener que consultar por modificaciones que se quieran presentar, porque aquí hay dos. Una es la planteada por el senador Galilea, respecto del artículo 14, que hace referencia al artículo 5º, inciso segundo, y ese artículo no existe. La otra es la que usted está proponiendo. ¿Habría acuerdo, entonces, en lo planteado por la senadora Proboste, en cuanto a no abrir la votación y establecer un procedimiento para que, si hay acuerdo de la Sala, se puedan ingresar y ver esas indicaciones, que serían dos? Senadora Pascual, tiene la palabra.
Presidente, entiendo que lo que se está pidiendo es si habría acuerdo para permitir abrir un brevísimo plazo a fin de ingresar la indicación del senador Galilea y la de la senadora Proboste. Si es para eso, por lo menos nosotros damos nuestro voto a favor.
Senadora, no hay razón para pedir esa unanimidad, porque mientras no se abra la votación se pueden presentar indicaciones. A ver, estamos revisando el reglamento y lo vamos a explicitar para que no haya ninguna duda. Le doy la palabra al Secretario.
Gracias, señor Presidente. Nos encontramos en la discusión en particular del proyecto. Este proyecto quedó sin urgencia; tuvo discusión inmediata, pero esa urgencia se venció. En esta etapa se pueden renovar indicaciones que fueron rechazadas en la comisión, reuniendo los requisitos correspondientes. Asimismo, se pueden formular nuevas indicaciones, pero con la unanimidad de la Sala.
Secretaría: Respecto del planteamiento del senador Galilea para corregir el error de referencia, se pueden presentar indicaciones como la que ha señalado la senadora señora Proboste, lo que también requiere la unanimidad de la Sala si se trata de una indicación nueva. Ello puede hacerse mientras no se abra la votación; una vez abierta, ya no hay oportunidad de presentar indicaciones o renovarlas. Y, dado que este proyecto no tiene urgencia, los Comités pueden solicitar segunda discusión si lo estiman pertinente. Ofrezco la palabra al senador Flores y, a continuación, al senador Arana.
Senador Flores: Señor Presidente, me parece más que razonable lo planteado tanto por la senadora Proboste como por el senador Galilea. Y aquí está el Gobierno. Si el Gobierno responde ahora que está llano a presentar una indicación de inmediato para resolver el test de drogas y acoger lo que implica una modificación administrativa, hagámoslo de inmediato y estaríamos en condiciones de votar hoy. Si eso requiere sólo un par de minutos para la respuesta del Gobierno, no genera mayor inconveniente. Gracias, señor Presidente.
Presidente: Muchas gracias. Quiero señalar que, más allá de que se haya retirado la discusión inmediata, existe un compromiso de este Senado de aprobar hoy este proyecto, porque alcaldes de manera transversal han solicitado su urgencia. A esta Mesa le parece que debiera buscarse una fórmula para ingresar las indicaciones respectivas y votarlo todo hoy, porque cada minuto cuenta. Tenemos plazo hasta las 12; entonces, en una hora. Por eso, una vez solucionadas estas dos indicaciones, queremos hacer expedita la votación, tanto de las normas que no recibieron indicaciones como de las modificaciones que fueron unánimes. ¿Ofrezco la palabra a la ministra, por la petición que le han formulado parlamentarios?
Ministra Secretaria General de la Presidencia: Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludo a las senadoras y senadores, y a la Secretaría. Como ustedes saben, este proyecto es parte de la agenda de seguridad; es muy importante para el Ejecutivo y es relevante despacharlo prontamente. Este proyecto se complementa, y nos parecen también muy interesantes, las propuestas de la senadora Proboste en materia de probidad municipal, un tema muy relevante. Tenemos, desde hace bastante tiempo, un proyecto en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado, donde abordamos el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir la corrupción en los municipios, robusteciendo los órganos de control y estableciendo nuevos requisitos y exigencias a los alcaldes. Estimábamos que esta indicación podía incorporarse en ese proyecto; sin embargo, estamos de acuerdo con su contenido y, si la Sala lo tiene a bien por unanimidad, podemos presentarla e incorporarla a este proyecto.
Presidente: Muy bien. Una vez que la indicación esté en la Mesa, solicitaremos la unanimidad. ¿Usted la suscribe también?
Ministra Secretaria General de la Presidencia: De acuerdo.
Presidente: Perfecto. Entonces, estaríamos de acuerdo. Que la Secretaría proceda.
Secretaría: Se va a dar lectura a la indicación llegada a la Mesa. Hay dos indicaciones respecto de las cuales se requiere la unanimidad de la Sala: la primera, presentada por el senador Galilea, para efectuar la corrección de referencia ya explicada; y la segunda, la que acaba de presentar la senadora señora Proboste, del siguiente tenor: “Agréguense los siguientes incisos finales al artículo 16 del proyecto de ley: Asimismo, el alcalde…”
El alcalde o la alcaldesa deberá someterse, a lo menos, una vez al año, a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, conforme al procedimiento que establezca el reglamento de esta ley, el cual deberá asegurar su carácter técnico, objetivo, reservado y respetuoso de la dignidad e intimidad del examinado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. El resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Estos serían los dos incisos que habría que agregar al artículo 16 del proyecto. El artículo 16 está en las páginas 20 y 21 del comparado, para que lo puedan cotejar y revisar.
¿Habría acuerdo para votar en una sola votación ambas indicaciones? No; se trata de admitirlas. Habría unanimidad para aceptar la tramitación de ambas indicaciones. Perfecto. En su oportunidad, cuando corresponda, se votarán dichas indicaciones.
Ahora, una vez subsanadas las inquietudes de las senadoras y los senadores, pregunto: ¿habría acuerdo para abrir la votación respecto de todos aquellos artículos que no recibieron indicaciones y de aquellas modificaciones que fueron aprobadas unánimemente en la Comisión, que no recibieron nuevas modificaciones? Se abre la votación.
En votación, todas aquellas normas que no recibieron modificaciones y aquellas que se aprobaron de manera unánime en la Comisión. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?
Terminada la votación. Resultado: por la afirmativa, 26 votos, aprobando todas aquellas normas que no fueron modificadas y las modificaciones aprobadas unánimemente por la Comisión; en contra, 0; abstenciones, 1. Se aprobó con el quórum requerido de 26 votos.
Ofrezco la palabra al senador Pedro Araya para iniciar la discusión en particular. Tiene la palabra, senador Araya.
Gracias, presidente. Intervengo en la Sala para referirme al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Y lo hago concentrándome en un aspecto que no podemos pasar por alto: la forma en que se está construyendo este cuerpo normativo y sus efectos reales en la gestión de seguridad a nivel local. Porque, más allá de sus propósitos, que por cierto comparto, no puedo dejar de señalar que estamos frente a un texto que, con 69 artículos permanentes y 16 disposiciones transitorias, instala una sobrerregulación manifiesta, impropia de una ley marco, cuyo objetivo debiera ser entregar criterios generales, orientaciones claras y estándares mínimos que orienten la acción municipal en materia de seguridad.
En cambio, nos encontramos ante un articulado que desciende a un nivel de minuciosidad excesiva, muchas veces innecesaria, y que amenaza la coherencia del propio ordenamiento jurídico. Varias normas replican legislación vigente, como ocurre, por ejemplo, con la regulación de la detención en caso de flagrancia. Otras establecen procedimientos internos, definiciones operativas o requerimientos administrativos que perfectamente podrían y deberían haberse entregado al desarrollo reglamentario. La consecuencia de aquello es el riesgo de duplicidad normativa, rigidez operativa e inconsistencias hacia el futuro. La técnica legislativa empleada resulta...
La iniciativa aparece, por momentos, fragmentada, con reiteraciones, remisiones superpuestas y una proliferación de categorías, requisitos y controles que complejizan la aplicación práctica del texto. Esto es especialmente sensible en comunas con menor capacidad operativa o administrativa, que tendrán mayores dificultades para implementar un marco tan detallado y pesado en materia de obligaciones. Y no podemos ignorar que una ley excesivamente prescriptiva puede terminar por entorpecer la eficacia del mismo sistema de seguridad municipal que se pretende fortalecer. No siempre más regulación significa mejor regulación. Cuando la norma se vuelve demasiado rígida o intenta anticipar cada escenario posible, pierde flexibilidad y capacidad de adaptación a realidades locales diversas, dinámicas y cambiantes.
Políticamente, este proyecto evidencia una debilidad en la conducción del Gobierno en materia de seguridad. A mi juicio, se presentó una iniciativa sin un diseño estratégico, sin visión clara del rol municipal, con criterios inconsistentes entre sí y con una estructura institucional poco coherente. El Ejecutivo ha hablado de fortalecimiento local, pero entregó un texto centralista, improvisado y con falencias. En un contexto de crisis de seguridad, esta falta de dirección política no solo retrasa soluciones, sino que también demuestra la incapacidad del Gobierno para liderar una agenda seria, articulada y a la altura de las demandas ciudadanas.
Sin embargo, señor Presidente, sería injusto no reconocer los aspectos positivos que el proyecto incorpora. Pese a sus problemas de técnica normativa, hay avances relevantes. El proyecto consolida un rol municipal más robusto en seguridad pública, acorde con una realidad donde los municipios son hoy la primera línea frente a los problemas de convivencia, delito e incivilidades. Asimismo, se establecen estándares claros de profesionalización, de coordinación con las policías, con el Ministerio de Seguridad Pública y de utilización de tecnologías como la televigilancia, sistemas de alerta y análisis de datos. Todo ello es indispensable para que las municipalidades puedan actuar preventivamente, con información oportuna y respaldo técnico. A mi juicio, el avance más significativo es que este proyecto reconoce finalmente la centralidad del territorio: la seguridad no se gestiona desde Santiago ni desde oficinas centrales; se gestiona en los barrios, en la población, en los espacios públicos que los municipios conocen mejor que nadie. Asumir esa lógica territorial y dotarla de institucionalidad y estándares es quizás la contribución más valiosa de esta iniciativa.
Por eso, señor Presidente, la invitación es a legislar con equilibrio: fortalecer la acción municipal sin asfixiarla, garantizar estándares mínimos sin caer en una regulación que haga difícil el trabajo diario de quienes están combatiendo la inseguridad en el nivel más cercano a la ciudadanía. Nuestro deber no es solo aprobar la norma, sino aprobar buenas normas, capaces de sostenerse en el tiempo, adaptarse a los cambios y mejorar la vida de las personas. Por esa razón, votaré a favor de gran parte de este proyecto, Presidente.
Gracias, Senador Araya. Le ofrezco la palabra al Honorable Senador David Sandoval.
Muchas gracias, señor Presidente. Me acabo de abstener en este proyecto, no porque entienda que no sea necesario; evidentemente, la seguridad es uno de los grandes bienes que está reclamando la ciudadanía frente al incremento de la inseguridad, los homicidios en la vía pública y tantos actos que han generado una situación muy compleja, con grandes desafíos que enfrentar. También entiendo que muchos municipios mantienen estas unidades y operan de facto, sin este marco regulatorio. Y creo que corremos el riesgo de construir institucionalidades paralelas. Hay que resolver la seguridad de quienes ejercen esta labor, establecer controles al interior respecto de las personas que eventualmente están involucradas y definir el papel de cada actor. Nos encontramos, como se señalaba, en una situación de facto que hay que resolver.
¿Contribuirá este proyecto, realmente, a mejorar las condiciones de seguridad de nuestra ciudadanía? En lo personal, tengo mis dudas, puesto que lo que la gente busca y quiere, fundamentalmente, es seguridad en los entes formales institucionalmente encargados de esa tarea. Me refiero, obviamente, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que en mi visión son las entidades en las cuales deben radicar, de manera principal, estas responsabilidades. Este proyecto probablemente va a construir instancias de vigilancia y coordinación: la participación de los comités de seguridad, la estrategia de prevención y cómo se van a construir, el rol de los municipios y de los gobiernos regionales, a quienes se incluye y que podrán financiar o apoyar planes.
…comunales de seguridad pública. Aquí hay toda una institucionalidad pública, regional y comunal que habrá que adecuar en muchos sentidos. Aquí está la subsecretaria presente, que fue alcaldesa en nuestro país. Si hay algo en lo que necesitamos avanzar significativamente también es en los mecanismos de control, y creo que este proyecto, en general, se suma a ese propósito.
Los municipios se están quedando atrás y les estamos agregando un conjunto de responsabilidades. Entiendo que muchos alcaldes podrán ver en esto una gran oportunidad, pero evidentemente conllevará situaciones que habrá que resolver en la implementación y aplicación de esta tarea. Todos queremos mejorar las condiciones que permitan a la ciudadanía contar con mejores instancias y controles. Pero insisto: la labor debe radicarse de manera preferente en Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones, y es a esas instituciones a las que hay que fortalecer.
En ese ámbito, señor Presidente, y aprovechando que la subsecretaria —que fue alcaldesa— está presente, agregaría que todos los problemas que hemos tenido en materia de corrupción municipal, aun existiendo en muchos de ellos unidades de control, no han sido eficientemente enfrentados. Esta es una tarea no menor, que se adentrará en un mundo muy complejo, donde los inspectores municipales estarán involucrados en mecanismos que requieren un control efectivo al interior de los municipios.
Espero sinceramente que esto contribuya de manera efectiva y que no se transforme en una institucionalidad más; además, que se consideren los costos involucrados, por lo demás bastante exiguos para una labor tan relevante en un contexto tan complejo como el que vive el país. Por eso fue mi abstención, señor Presidente, en este proyecto. Muchas gracias.
—Gracias, senador Sandoval. Tiene la palabra la senadora Yasna Provoste.
Muchas gracias, señor Presidente. Quiero saludar a la ministra Secretaria General de la Presidencia y a la subsecretaria Carolina Leitao, que se encuentran presentes en la Sala, en la discusión de un proyecto que apunta a las principales dificultades y prioridades de las familias de nuestro país.
Estamos en un momento riesgoso para Chile, porque la ciudadanía siente que no estamos cumpliendo la tarea de brindar seguridad a las familias. En Atacama, como en el resto del país, estamos viviendo con temor: miedo a las bandas de delincuentes, a los narcos, al microtráfico de drogas que se toma poblaciones y barrios. Pero también se toman espacios locales, penetran organizaciones sociales y existe el riesgo de cooptación de algunos municipios, como ya lo hemos visto. Un alcalde de una comuna de la Región Metropolitana señalaba que “vamos camino a ser Ciudad Juárez”; es decir, ciudades dominadas por el narcotráfico y la violencia.
La tarea de generar seguridad y combatir el crimen organizado en las regiones y territorios locales impone diversos desafíos. Uno muy urgente es reforzar e invertir en las policías. Por eso, señor Presidente, reitero que es un error que en el Presupuesto de la Nación para el año 2026 se rebaje en un 30% el presupuesto del Plan contra el Crimen Organizado. Espero que esto se pueda revertir en estos días, cuando debatamos acá, en la Sala del Senado.
Junto con apoyar a las policías, se requiere reforzar el rol de apoyo y de prevención en los municipios. Este proyecto avanza en esa dirección: tener un mejor sistema de seguridad con más prevención. Valoro que se genere una nueva institucionalidad local y que, para los municipios, se reconozca la prevención como una función prioritaria y principal.
Se crea el Comité Operativo de Seguridad, en el que participarán el director o directora de seguridad, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, y que será liderado por la alcaldesa o el alcalde. Se fortalece la regulación del cargo de director o directora de seguridad, estableciendo sus funciones y demás labores. Se ajusta la integración del Consejo Comunal de Seguridad Pública y se actualiza el contenido del Plan Comunal de Seguridad Pública. Se habilita la contratación de personal de seguridad vía Código del Trabajo. Se regulan las funciones del inspector de seguridad municipal y su coordinación con Carabineros.
Me parece, señor Presidente, que aquí hay avances importantes en el desarrollo de una plataforma electrónica interconectada, específica para la disposición y visualización de datos e información desde el Banco Unificado de Datos y el Sistema Táctico de Operación Policial a nivel comunal.