Senado - Hacienda - 20 de noviembre de 2025

Sí, señora Presidenta. Buenos días, Ministra. Perdón que estemos tan acelerados, pero estamos en un momento de alto estrés laboral. Presidenta, antes voy a dar cuenta: se recibió un oficio de la Comisión de Agricultura, en que manifiestan su preocupación por la demora en la tramitación legislativa de los proyectos de boletín que versan sobre incendios forestales y rurales y otras materias que se indican, y del que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios, SIGES. Enseguida, Presidenta, la Comisión fue convocada para tratar dos proyectos de ley. Uno de ellos es el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que se encuentra en segundo trámite constitucional e informado en segundo informe por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, y respecto del cual a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre las normas de su competencia. Le damos la palabra a la señora Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señoras y señores senadores. Nos encontramos aquí junto a la Subsecretaria y a todo el equipo, como ya se ha señalado. Tenemos una presentación respecto del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que esta Comisión debe analizar. Contamos también con minutas sobre algunos temas que han sido trabajados previamente con los asesores; se compartirán con las señoras y los señores senadores para que las tengan a mano. Por supuesto, nuestra voluntad, como ha sido durante toda la tramitación del proyecto, es sostener una tramitación dialogada y responder a las distintas preocupaciones. Primero, respecto del contexto general que hace necesario un sistema de cuidados: contamos con antecedentes que caracterizan la crisis de los cuidados que estamos atravesando. Históricamente, el sostenimiento de la vida ha recaído fundamentalmente sobre las mujeres; y, además, hoy, a propósito de cambios sociodemográficos y transformaciones en el mercado laboral, constatamos una crisis de los cuidados que se hizo más patente durante la pandemia. Por ejemplo, la participación laboral de las mujeres retrocedió lo avanzado en los últimos diez años; si bien ya se ha recuperado, ello da cuenta de la relación directa entre los cuidados y la posibilidad de trabajar, particularmente en el caso de las mujeres. En este contexto general, observamos un cambio sociodemográfico acelerado, con un envejecimiento poblacional: el INE estima que al año 2050 más de un tercio de la población tendrá 60 años o más, lo que incrementa la carga de cuidado.

Esto requiere contar con políticas en términos preventivos y de promoción de la autonomía. Luego, tenemos también tasas importantes de dependencia en el país: el 20% de la población mayor de 18 años, por ejemplo, según la última encuesta de discapacidad, tiene algún grado de dependencia. Y cuando hablamos de quienes realizan estas labores de cuidado, la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo da cuenta de que el 85% de quienes destinan 8 horas diarias o más a trabajos de cuidado no remunerados son mujeres. En términos generales, las mujeres dedican diariamente 2 horas 10 minutos más a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que los hombres. Cuando vemos la relación directa con el mercado laboral, si miramos a la población que está fuera del mercado laboral —que sabemos concentra una proporción importante de mujeres—, el 35% de ellas señala que es por razones domésticas y de cuidado. En la población masculina que está fuera del mercado laboral, solo el 3,7% de los hombres declara que no trabaja por las mismas razones. Y el estudio más reciente del Ministerio de Hacienda con Comunidad Mujer señala que, si valorizáramos el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, este representaría más del 19% del PIB ampliado del país. Estos son solo algunos datos que dan cuenta de la alta demanda de cuidados, de que hay menos personas disponibles para cuidar y de que esto, además, es una crisis que se está acentuando. Luego, si vamos a qué hemos realizado en materia de cuidados durante este gobierno —que asume esta tarea como prioritaria—, por supuesto no partimos de cero. Existen políticas asociadas a los cuidados que se remontan a varias décadas: la creación de Sename y de Senadis; en materia de niñez, Chile Crece Contigo; y algunos programas especialmente relevantes como la Red Local de Apoyos y Cuidados. Pero partimos de un diagnóstico de hiperfragmentación, con problemas de cobertura y, particularmente, con poca atención a la persona cuidadora. Por supuesto, también hay desafíos respecto de la persona que requiere cuidados, pero especialmente respecto de quien cuida es donde la política pública ha estado más ausente. Durante nuestro gobierno hemos avanzado, por un lado, en el plano programático. Se identificaron, en un primer término, 53 programas de apoyos y cuidados dispersos en distintas instituciones del Estado, y aquí hablamos solo del gobierno central. Si miramos a los municipios, vemos además que al menos 315 comunas tienen programas de cuidados de distinto tipo, con distintos objetivos y distintos niveles de cobertura. Se avanzó hacia un orden y una articulación de esto, primero con la creación de una línea presupuestaria en la Subsecretaría de Servicios Sociales, el Programa 08, y luego con el aumento —principalmente en cobertura— del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. El detalle está en una de las minutas que les compartimos: es un programa con más de una década, implementado y valorado por los dos gobiernos previos, pero con muy poca cobertura. Estaba solo en 90 comunas y llegaba a algo más de 5.000 hogares; y ya este año 2025 estamos llegando a 215 comunas y a más de 37.000 hogares. También los programas de Senadis han sido fortalecidos, con especial énfasis en el aumento —gradual en tres años— del per cápita para las residencias de personas adultas con discapacidad. Además, ha habido aumentos importantes en la cobertura de programas de Sename, centros diurnos comunitarios y establecimientos de larga estadía, por mencionar algunos. Se creó, asimismo, el programa Centros Comunitarios de Cuidados: ya hay 50 inaugurados en el país y seguimos trabajando con la meta de llegar a 100 el año 2026. Eso en el ámbito programático. En términos de reconocimiento —que, por supuesto, no es suficiente, pero ha sido un primer paso relevante—, en 2022 se creó la credencial de persona cuidadora, que es un módulo del Registro Social de Hogares. A la fecha, ya hay 233.000 personas cuidadoras identificadas, que son quienes cuidan de manera no remunerada a personas con dependencia moderada o severa.

… un universo de personas que pueden obtener su credencial. Por supuesto, hay otros tipos de cuidados, pero específicamente la credencial está destinada a ellas, quienes ya pueden hacer uso del derecho a atención preferente en algunos servicios públicos, de beneficios en la Red de Empresas Chile Cuida, y también es necesaria para el acceso a los programas de cuidados del Estado. Dictamos una Política Nacional de Apoyos y Cuidados y un Plan Nacional que contempla compromisos de 14 ministerios y más de 100 medidas; esto, por iniciativa de nuestro Gobierno, que esperamos se institucionalicen con este proyecto de ley. Se presentó el proyecto de ley. Muchas gracias. Eso, en términos de antecedentes generales; y ya para ir directamente al contenido del proyecto, fue presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas el 10 de junio de 2024. En el primer trámite se discutió largamente en la Comisión de Desarrollo Social, donde hubo una participación muy amplia de distintas instituciones. Se recibieron 27 audiencias, donde participaron organizaciones de la sociedad civil, de cuidadores y cuidadoras, de personas con discapacidad, de la academia, de municipios; en general, de todos los actores centrales ligados hoy día a los cuidados. Se aprobó en general por unanimidad. Se presentaron 133 indicaciones que, en su mayoría, fueron aprobadas de manera bastante amplia. Quiero destacar que este espíritu de transversalidad ha guiado tanto en la Cámara como en el Senado. En el Senado, el acuerdo transversal estuvo presente: se recibieron también 17 organizaciones y se presentaron 201 indicaciones que, en su gran mayoría, fueron aprobadas por unanimidad o con amplias mayorías. Gracias, Ministra. Voy a hacer una pequeña interrupción. Este proyecto se discutió, como ustedes saben, en la Comisión de Familia; ahí participó mi colega, jefe de bancada, además, Matías Walker. Yo voy a pedir que él participe en la votación de este proyecto; mi reemplazo va a presidir y va a estar entrando y saliendo, pero para que todos sepan, porque tengo que ir a ver otros temas urgentes. Gracias. Sigo entonces, Presidente. Y el proyecto, ¿qué es lo que hace? Dos cosas: reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El derecho al cuidado, si lo reconocemos aquí legalmente, no nos convertirá en el primer país, pero sí en uno de los primeros del mundo que lo tiene reconocido con rango legal. Muy recientemente, a nivel interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que reconoce el derecho al cuidado como un derecho autónomo y en sus tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Esto fue recogido y, de hecho, la definición que venía aprobada desde la Cámara de Diputados y Diputadas fue mejorada en la tramitación en la Comisión de Familia del Senado, recibiendo comentarios de senadores y senadoras y adaptándose a dicho pronunciamiento. Luego, crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que tiene por finalidad promover la autonomía, la autovalencia y la vida independiente; y pongo un énfasis importante en ello, porque queremos que el proyecto no tenga una visión asistencialista, como ha sido planteado tanto por personas cuidadoras como por personas con discapacidad y personas mayores. También busca prevenir la dependencia, algo muy relevante en este contexto de envejecimiento poblacional, tanto en términos de autonomía como en el costo económico que significan altos grados de dependencia, y proveer apoyos y cuidados. Con ese objeto, el proyecto de ley regula la oferta programática y establece la necesidad de planificar y coordinar la oferta. Aquí no me detuve tanto en el diagnóstico, pero creo que una de las cosas que más se repite, tanto en el debate prelegislativo —donde hubo, por ejemplo, diálogos de cuidado a lo largo de todo el país, con la participación de más de 12.500 personas— como en el debate legislativo, con todas las organizaciones que se recibieron, es la poca articulación.

Alta fragmentación de la oferta pública de programas de cuidado. No es que esta fuese una preocupación completamente ausente para el Estado; por supuesto, hay necesidades que se vienen cubriendo, en menor o mayor medida, desde hace varios gobiernos y en esto ha habido continuidad. Pero hay mucha fragmentación, lo que produce duplicidades y también falta de llegada allí donde se necesita. Por ello, es relevante coordinar la oferta, articularla y planificar conforme a lo que viene en términos prospectivos, por ejemplo, respecto de los cambios sociodemográficos. El proyecto regula que se debe avanzar gradual y progresivamente en esta oferta; regula la supervisión de los programas y servicios de apoyos y cuidados —aspecto que se mejoró particularmente en la Comisión de Familia de la Cámara, atendiendo la crítica a la versión inicial en que la supervisión apenas estaba recogida como concepto y carecía de la fortaleza institucional para ser efectiva—, así como la evaluación de los programas y servicios de apoyos y cuidados. Contempla, además, el fomento y la formación: fomentar la inversión pública y privada, y también la formación en servicios de apoyos y cuidados de las personas cuidadoras y, en términos generales, de la sociedad, porque queremos avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género. Por supuesto, no basta con una normativa; se requiere un cambio más general, de paradigma. Entre los fines del sistema están promover la corresponsabilidad social y de género; promover el reconocimiento social del trabajo de las personas cuidadoras no remuneradas; la protección de todos los titulares del sistema —que voy a especificar en la siguiente lámina—; y medidas para evitar la dependencia y promover la autonomía y la autovalencia. Los titulares del sistema son amplios, pero nos parece relevante contemplarlos, sin perjuicio de que el sistema tiene una perspectiva gradual y deberá avanzar conforme lo asuman los siguientes gobiernos. El sistema considera como titulares a las personas con discapacidad; a las personas mayores; a niños, niñas y adolescentes; a personas con dependencia; y a personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Todos estos titulares ocupan distintos lugares y hay ámbitos que tienen mayor regulación. Por ejemplo, las personas cuidadoras remuneradas cuentan con la protección del Código del Trabajo y, si bien aquí se señalan y especifican algunas cuestiones, probablemente no requieren el mismo nivel de regulación y protección que las cuidadoras no remuneradas, que no estaban ni están protegidas en ninguna dimensión del ordenamiento jurídico. En el caso de niños, niñas y adolescentes, esto debe articularse con otras políticas públicas, como el sistema de garantías y protección de la niñez y la adolescencia. Y así, cada uno de los titulares tiene sus necesidades específicas, pero el proyecto de ley opera como un paraguas que permita articular la política pública en su conjunto respecto de esto. El proyecto también regula una gobernanza del sistema con tres niveles: político, ejecutivo y participativo. El nivel político está conducido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados. Aquí quisimos, con la mirada de no sobrecargar la institucionalidad ni crear estructuras paralelas, utilizar la que ya existe en el Ministerio, que es el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, y la lógica que se aplica en el sistema de garantías de la niñez: cuando el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia se convoca para abordar temas de niñez, se denomina Comité de Desarrollo Social, Familia y Niñez e incorpora los ministerios pertinentes. Bajo la misma lógica, señalamos que el Comité Interministerial será de Desarrollo Social, Familia y Cuidados cuando se reúna para abordar los temas de cuidado, complementándose con los ministerios pertinentes. En el nivel ejecutivo, en el Ministerio de Desarrollo Social habrá una Secretaría de Apoyos y Cuidados, que tendrá la principal labor en términos de planificación de las tareas del sistema, de coordinación de la oferta, con esta mirada proyectiva, y un Comité Regional de Apoyos y Cuidados. Aquí hay una dimensión que se discutió bastante y se perfeccionó durante la tramitación; es importante reconocer que existen ciertas tensiones respecto de cómo podemos articular...

No es propio del sistema de cuidados, sino que, en general, se refiere a cómo la protección social se articula entre el rol del Ministerio de Desarrollo Social, del Gobierno Central y los lineamientos generales; el rol que cumplen los municipios, que es central en general y especialmente en los programas de cuidado; y los gobiernos regionales, que tienen facultades para desarrollar e implementar programas propios de cuidado, algo relativamente nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos una necesidad de articulación, porque, como decía, ya nos pasaba que 315 municipios tienen programas de cuidado que a veces corren en paralelo a los del Ministerio y no están suficientemente articulados. Se requiere este comité regional para que haya una verdadera coordinación. Por supuesto, puede suceder, como ocurre, que haya gobiernos regionales que financien el aumento de la oferta en programas que ya son del Gobierno Central o de los municipios; o que los municipios ejecuten programas del Ministerio de Desarrollo Social; pero también puede pasar que tengan sus programas propios. La idea es que estos programas propios no tienen por qué estar restringidos, pero sí deben estar articulados y existir un mandato legal que evite no solo la duplicidad, sino que dé coherencia. Desde el punto de vista de las personas usuarias, la fragmentación se vive como incoherente, difícil de entender e, incluso, poco empática con la realidad de las familias. En el nivel participativo, se contempla el Consejo de la Sociedad Civil para los Apoyos y los Cuidados y el Consejo Regional de la Sociedad Civil para los Apoyos y los Cuidados. En general, el Consejo Nacional queda definido por reglamento, pero se contempla que lo integren personas de los consejos consultivos que ya existen, como los de discapacidad y de personas mayores, y, donde falte, por supuesto, debe integrarse. Respecto de la oferta programática del sistema, ¿cómo la regula el proyecto de ley? El proyecto establece que la oferta principal —y esto incide directamente en el informe financiero— es lo que hoy se conoce como la Red Local de Apoyos y Cuidados: un acompañamiento a las personas con dependencia y a sus personas cuidadoras en sus domicilios. Esto se regula directamente en el proyecto de ley; por tanto, el sistema debe contar con esta oferta que llega a los domicilios con apoyo a la diada. Luego, transitoriamente, se señala que los programas que hoy están en el Programa Presupuestario 08 de la Subsecretaría de Servicios Sociales pasarán a formar parte del sistema, y también se regula que nuevos programas puedan incorporarse mediante decreto supremo. Esto está diseñado de manera muy similar a lo que sucede con el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, cuya ley también regula cómo se incorporan programas al sistema. Ese es un resumen, un barrido muy general del contenido del proyecto. Para ir directamente a lo que establece el informe financiero y sus efectos sobre el presupuesto fiscal: se consideran dos componentes, por un total en régimen de alrededor de 69 mil millones de pesos. Uno de esos componentes es la institucionalidad, que, como ven, es bastante liviana. Se evaluaron distintas opciones y no quisimos crear un nuevo servicio ni una estructura pesada; nos basamos en las capacidades que ya existen en el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, la institucionalidad considera una Secretaría Ejecutiva de Apoyos y Cuidados, un sistema de gestión de la información —que, aunque técnico, es central para una buena gestión del sistema— y un instrumento de evaluación y valoración de la dependencia. La Secretaría tiene el primer año un gasto de 668 millones de pesos y, en régimen, de 568 millones. El sistema de gestión de la información considera 260 millones el primer año para su instalación y creación, y 62 millones para su mantención. En cuanto al instrumento de evaluación y valoración de la dependencia, quiero detenerme un poco: hoy existen distintos instrumentos y observamos cierta dispersión. Para poder determinar, por ejemplo, quiénes son personas cuidadoras y en qué hogares hay personas con dependencia, utilizamos instrumentos diversos, todos válidos y bien justificados, pero dispersos. Tenemos el Registro Nacional de Discapacidad, entre otros, lo que evidencia esta fragmentación.

Informacion que nos da el propio programa de la Red Local de Apoyos y Cuidados, tenemos la información que nos da el programa de apoyo a las personas postradas del Ministerio de Salud, tenemos la información que viene de la educación especial. Por lo tanto, se hace necesario contar con un instrumento de evaluación y valoración de la dependencia, que deberá desarrollar el Ministerio de Salud, y que el primer año tiene un costo de 146 millones y, en régimen, de 115 millones. Ese es el componente de institucionalidad que, entonces, el primer año tiene un efecto fiscal de mil millones de pesos y, en régimen, de 746 millones de pesos. Ahí están los detalles de la secretaría dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Social, que considera un secretario ejecutivo y un equipo de 12 personas. Las funciones —esto está detallado en una de las minutas— son principalmente de planificación, coordinación y supervisión del sistema; actuar como contraparte técnica en la elaboración y actualización de programas; velar por la integración, coherencia y actualización de los programas; solicitar, registrar y monitorear información sobre los programas, planes y políticas. Todo esto viene en la línea de abordar la dispersión y fragmentación que existe en el Estado, promover la inversión y la cooperación pública y privada, monitorear la implementación del sistema, asesorar técnicamente a municipalidades y gobiernos regionales, y supervisar. Aquí está uno de los ámbitos que se modificó en términos de las atribuciones de la secretaría en la Comisión de Familia: la supervisión a los organismos de la administración del Estado que provean servicios de apoyos y cuidados, y propender a la estandarización de los canales de gestión, reclamos y consultas. Además, asesorar al Ministerio específicamente en sus tareas relativas al sistema de cuidados: la política nacional, la elaboración del informe de solicitud coordinada y la asignación de recursos presupuestarios. Esto es bien relevante en términos de la articulación del sistema; lo presupuestario es fundamental y, por lo tanto, a partir de esta ley —algo que ha ocurrido pero que debe mejorarse—, el presupuesto anual para programas de cuidados tiene que estar fundado en una solicitud coordinada, similar a lo que sucede con el Subsistema de Seguridades y Oportunidades y a lo que empieza a ocurrir con niñez a partir de la Ley de Garantías, buscando resolver estas dificultades de coordinación de distintos sectores sin crear un aparataje nuevo, pero sí obligando a esta coordinación. También se contemplan propuestas de normas y reformas legales, y la incorporación de programas que deberían integrarse al sistema, además de orientaciones generales que son una parte importante para ejercer la supervisión. Luego, el Sistema de Gestión de Información de Apoyos y Cuidados busca dar el soporte informático y tecnológico al sistema, que permitirá la interoperabilidad de los sistemas sociales del Estado. Debe asegurar la gestión, coordinación y evaluación mediante información oportuna, confiable y actualizada sobre las personas que requieren cuidado, las personas cuidadoras y la oferta programática, y sería administrado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Evaluación Social. Respecto del instrumento de evaluación y valoración de la dependencia, como señalé, estará a cargo del Ministerio de Salud. En cuanto a la oferta programática, el proyecto establece como principal lo que hoy se denomina la Red Local de Apoyos y Cuidados. Es un programa que llega a los domicilios donde hay personas con dependencia moderada o severa y donde existe una diada —una persona cuidada y una persona cuidadora—, a la que se entregan distintos tipos de apoyo, para ambas partes, porque muchos otros programas solo atienden a la persona con dependencia o a la persona con discapacidad. La Subsecretaria, si tuvieran dudas, podría responder y profundizar en esto. Son servicios especializados: puede ser kinesiología, apoyo psicoemocional; es un programa del Ministerio de Desarrollo Social ejecutado por los municipios, por lo que también contempla acciones muy específicas, a veces muy locales, como adaptaciones en términos de la accesibilidad de los hogares. Una interrupción, Presidenta: esto es lo más caro del proyecto, así que, por lo mismo, creo que es importante atenderlo. ¿Cómo opera eso en la práctica en los municipios? ¿Lo aterrizan a través de los CESFAM?

¿Hay un monitor que envía el Ministerio de Desarrollo Social al municipio o lo contrata el propio municipio? ¿Cuál es la lógica? ¿Es uniforme en todos los lugares o varía según el territorio? Para entender cómo está operando hoy día eso. La subsecretaria puede detallar. Por su intermedio, Presidente, muchas gracias por la pregunta. Este es un programa del Ministerio que ejecutan los municipios. A partir del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, lo primero es generar un diagnóstico a nivel municipal de la demanda y del tipo de necesidades de cuidado, especialmente en casos de dependencia severa. Esto implica conocer la cantidad de población, los apoyos que reciben desde el servicio de salud, las ayudas sociales y otras coordinaciones que puedan desarrollarse en el municipio. Además, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, se construye una nómina con la distribución territorial de las personas con dependencia severa y sus respectivas cuidadoras. Luego se realiza una visita para elaborar un plan diagnóstico, en el que se determina la sobrecarga del cuidador y las necesidades de servicios especializados: habilitación de la vivienda, equipamiento para el cuidado y atenciones como terapia ocupacional, apoyo psicológico, kinesiología y acompañamiento. Se incorpora, asimismo, el componente de asistente de cuidado o de relevo: una persona especializada que reemplaza temporalmente a la cuidadora familiar, de modo que esta recupere tiempo para sí mientras se mantiene el cuidado de la persona con dependencia. Todo esto se articula a través de la Mesa Local de Cuidados, que coordina al servicio de salud, a los departamentos de salud municipales y a los servicios de asistencia social, instalando una perspectiva sociosanitaria. De esta manera, cada hogar recibe un plan diagnóstico detallado con sus requerimientos y el progreso esperado, de modo que, tras la intervención, la persona cuidadora reduzca su sobrecarga y la persona con dependencia vea disminuido su deterioro. Existe una intersección muy concreta entre los servicios de salud y los servicios sociosanitarios que entregamos. Adicionalmente, la Mesa Local de Cuidados permite estimar el gasto municipal, ordenar las coordinaciones intersectoriales y relevar los requerimientos específicos de las familias. En síntesis, una familia que participa en la Red Local de Apoyos y Cuidados recibe equipamiento (por ejemplo, pañales), habilitación de la vivienda, servicios especializados que complementan las atenciones de salud y el apoyo del asistente de cuidado que releva a la persona cuidadora. Los resultados de los últimos 10 años han sido muy positivos, tanto por la adhesión al programa como por la demanda a lo largo de todo Chile para ampliar coberturas. Como señalaba la ministra, hasta hace un par de años estábamos en cerca de 90 comunas, con una cobertura del orden de 3.000 familias. En comunas como Puente Alto, Maipú, Concepción o Puerto Montt, donde la demanda supera los 3.000 casos, la cobertura máxima del programa era de 71 casos y, a la velocidad de expansión que tenía, la implementación universal habría tomado cerca de 10 años. Lo que hemos hecho, a la luz también de lo que se plantea en este proyecto de ley, es ampliar las coberturas. Hemos avanzado con una valoración muy positiva, principalmente de las autoridades locales; por ejemplo, en Puerto Montt, Puente Alto y Maipú ya estamos alcanzando coberturas del orden de 500 casos. Con este resguardo se podría avanzar hacia la universalización de la atención para personas con dependencia severa del Registro Social de Hogares. En términos técnicos, las evaluaciones muestran reducción de la sobrecarga del cuidador y contención del deterioro de las personas con dependencia; además, una reorganización a nivel municipal que aumenta la eficiencia y la efectividad de la atención. Esto se apoya en soportes informáticos que entregan certeza y evitan duplicidades en la entrega de pañales o en intervenciones de habilitación, ajustándolas a las necesidades específicas de cada hogar. Presidente, para profundizar: ¿hoy día están en 90 comunas o ya crecieron? Estamos, Presidente, por su intermedio, en 90 comunas; este año llegaremos a 215. Sin embargo, requerimos el soporte presupuestario para cubrir todo Chile. La unidad de implementación es comunal. Yo he conversado con alcaldes y con personas del territorio. Esto es una demanda muy sentida y una necesidad. Mi duda está en la magnitud: si ustedes la tienen clarificada.

No sé si tienen la magnitud del esfuerzo que se debe realizar, porque hay una cantidad importante de brechas por cubrir. Cuando usted habla de que estamos avanzando hacia la universalización, me pregunto si tienen cuantificado lo que significaría universalizar este sistema en términos de recursos. Es relevante entender hasta dónde se podría avanzar, cuánto costaría y de dónde saldrían esos fondos. Además, ¿con qué criterio se han tomado las definiciones respecto de comunas como Pudahuel, Puente Alto y Puerto Montt, que usted mencionó? Porque en las comunas donde ya está funcionando el programa la necesidad sigue existiendo, y estimo que no se llega ni siquiera al 10% de cobertura. Si la aspiración es avanzar a la universalización, hay que dimensionar su costo y la metodología: estamos creando un sistema que centraliza, planifica e identifica necesidades. ¿Tienen esto avanzado y conocen la brecha actual para cuantificar una necesidad que todos compartimos y que es muy significativa? Sí, es cierto que la brecha es grande y ese fue parte del diagnóstico con el que iniciamos el proyecto. Por eso el proyecto contempla una gradualidad: nos encantaría llegar a todas las personas, pero reconocemos que hoy no es posible. Respecto de cuánto costaría llegar a todos: sí, lo hemos estimado, pero quiero explicar una decisión que tomamos con el proyecto de ley. El año 2022 el programa, como explicó la subsecretaria, estaba presente en 90 comunas y atendía a 5.300 diadas. La brecha era gigantesca. El programa fue diseñado para personas con dependencia moderada o severa; nosotros lo hemos ampliado y este año llegamos a 37.500 diadas en 215 comunas. Eso ha significado no solo crecer en número de comunas, sino también en cobertura dentro de muchas de ellas; había comunas con apenas 15 usuarios. Ese detalle la subsecretaria lo puede especificar. Dado que los recursos son limitados, tomamos una decisión que no fue fácil: priorizar a quienes más lo requieren, que son las personas con dependencia severa, porque sus cuidadores suelen estar 24/7 sin respiro. Según el Registro Social de Hogares, hay alrededor de 75.000 personas con dependencia severa; ese es el universo que vemos y que queda garantizado aquí. El proyecto establece un principio de progresividad y esto puede complementarse en el tiempo, sujeto a las leyes de presupuesto y a los aportes de gobiernos regionales. Nuestro objetivo es que, en hogares donde hay personas con dependencia severa, el programa llegue sí o sí. Y así ha sido el crecimiento, que la subsecretaria puede detallar. Solo para profundizar en lo señalado por la ministra: para avanzar en el cierre de brechas, la virtud de la Red Local de Apoyos y Cuidados es que instala una gobernanza en los municipios para organizar también los recursos a nivel local. ¿Qué observamos al visitar hogares? Muchas familias nos decían: me entregan pañales desde el municipio, desde el centro de salud y desde fundaciones, pero necesito algo más y que se organice un plan diagnóstico. Esta instalación enfrenta diversas dificultades: llegar a zonas rurales, donde los equipos profesionales están más distantes, y en comunas grandes, alcanzar coberturas muy amplias, lo que supone un desafío local. Como señalaba la ministra, el punto de partida es cubrir a quienes, por su nivel de dependencia, tienen mayores requerimientos: las personas con dependencia severa. Esa es también la recomendación de diversas instituciones y la demanda recogida en los diálogos ciudadanos, porque allí se produce mayor sobrecarga para las personas cuidadoras cuando quienes requieren cuidados no realizan funciones de manera autovalente. Para cuantificar el número...

Lo que nos convoca en esta Comisión de Hacienda: estamos hablando de aproximadamente 918 mil pesos por cada una de esas personas al año, si no me equivoco. Ese es, más o menos, el cálculo, y eso es lo que ustedes distribuyen. Ese es el mayor gasto; claro que hay un componente administrativo. Ahora, cuando uno hace un promedio, me imagino que es un promedio con una variabilidad gigante, porque va a depender de si una persona está en una residencia o no, por ejemplo. Ese es un costo completamente distinto a si se trata de una atención domiciliaria de kinesiólogo. Es una variación enorme. ¿Podrían explicar un poco eso? Sí, podemos abordar eso. Dos cosas que son importantes. Nosotros estamos pensando en una cobertura para personas que están en sus viviendas, en sus hogares; no personas que se encuentren en residencias. Tampoco estamos pensando en un subsidio para reemplazar el costo de una residencia. Por tanto, efectivamente, se trata de un promedio que varía en función del plan de diagnóstico que se realiza con la familia. Hay familias en las que hemos encontrado que ya tienen recursos y redes de apoyo, y por tanto no existe tal sobrecarga; y hay otras con necesidades completas, partiendo por la habilitación integral de la vivienda, que va desde emparejar el piso hasta la provisión de un catre clínico. En consecuencia, el promedio tiene un rango amplio, asociado a esa variabilidad. Incluso el tipo de profesionales que asisten a los hogares varía. Siempre utilizamos este ejemplo: en el sur hay comunas en las cuales parte del asistente de cuidados, incluso, colabora con cortar leña, porque no existen condiciones en el hogar para ingresar la leña. En otros casos, por ejemplo, el podólogo es muy solicitado, porque es lo que se requiere ante la ausencia de recursos. Entonces, dentro de los promedios estamos en esa cifra, pero con esa variabilidad. Solo para reforzar cómo se eligen las comunas: dado que el avance era paulatino, de pocas comunas, se generó un sistema de clasificación y ordenamiento muy efectivo, que considera las siguientes variables. Primero, se mide, por distribución de vulnerabilidad, cuáles son las comunas más vulnerables socioeconómicamente; luego, la mayor concentración de personas con dependencia severa; y, posteriormente, la mayor concentración de hogares con sobrecarga. No es que seleccionemos arbitrariamente el conjunto de comunas, sino que se construye a partir de un algoritmo que define características poblacionales específicamente asociadas a la distribución y a la dependencia en cada territorio. En el contexto sociodemográfico actual, esto es sin duda una demanda creciente. Al menos con la red local vamos a poder construir este primer soporte en cada uno de los municipios del país, una demanda muy extendida a lo largo de todo Chile. A nosotros, con la ministra, nos ocurrió mucho cuando llegamos: recibíamos numerosos oficios de múltiples alcaldes solicitando la red local, porque significa la instalación de una capacidad operativa mínima, con servicios concretos, para asistir a las personas con dependencia severa y a sus personas cuidadoras. Gracias, ministra, subsecretaria. No sé si, senador Walker, desea que participemos en la tramitación en la comisión. ¿Quiere agregar algo? Presidente, le agradezco mucho la oportunidad de saludar a la ministra, a la subsecretaria y a todo el equipo. Estuvimos meses trabajando en este proyecto, y quiero destacar que todas las normas de este proyecto de ley, que establece un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, se aprobaron prácticamente por unanimidad, gracias también al trabajo de la mesa de asesores. Estuvimos con la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Enrique van Rysselberghe, la senadora Loreto Carvajal y la presidenta de la comisión, la senadora Fabiola Campillai. Creo que la ministra lo ha explicado muy bien. Es un proyecto muy concreto y tangible. Cuando uno habla con las organizaciones de cuidadoras —y a ustedes probablemente les habrá pasado en las regiones que representan—, la Tarjeta Nacional de Cuidadoras no Remuneradas es algo muy apreciado. A una de ellas le pedí que me la mostrara y, de hecho, grabamos un video con la ministra mostrando esa tarjeta, porque, además, mediante el código QR se accede a la información respecto de todo el sistema.