No hay Cuenta, Presidenta.
Vamos a darle la bienvenida al subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collao. Nos acompañan, por la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector don Daniel Solís y don Gonzalo Rabanal, ambos de la PDI. Perfecto. Le damos, entonces, la palabra al señor subsecretario para iniciar la tramitación del proyecto de ley que crea una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile y modifica el estatuto del personal.
Muchas gracias, presidenta. Hemos traído una presentación para apoyar la tramitación. Este proyecto de ley tiene dos objetivos principales. Primero, profundizar la profesionalización de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo lo hacemos? La propuesta es crear un escalafón de Oficiales Policiales Investigadores (OPI), que deberán contar, al momento de postular e ingresar a la PDI, con un título profesional. Además, se incorpora, como requisito para los ascensos en la carrera funcionaria —incluido el ingreso a la carrera investigadora de los propios OPI una vez cumplido su período de aspirantes—, la aprobación de cursos de capacitación y especialización.
El segundo objetivo es ampliar los cargos con labores operativas. En lo esencial, buscamos reforzar la estructura piramidal de la PDI, de modo que una mayor proporción del personal y de su tiempo se destine a funciones operativas, reservando un segmento más acotado para labores de jefatura, con el fin de aumentar la cantidad de funcionarias y funcionarios en tareas operativas.
El efecto pirámide se relaciona también con un reemplazo de escalafones. Este proyecto de ley declara en extinción dos escalafones vigentes: los OPPL y los OPP, que son los oficiales profesionales de línea y los oficiales profesionales policiales (de ahí la doble P). Lo que busca este proyecto es, primero, resolver un problema legal relevante: uno de esos escalafones, particularmente el de los OPP, no tiene reemplazo; por lo tanto, cuando un cupo terminaba su vida funcionaria, ese cupo no se reemplazaba.
La carrera funcionaria permitirá entonces contar con 25 años de función operativa y 5 de jefatura, manteniendo los mismos 30 años de carrera policial que tienen los oficiales de la Policía de Investigaciones.
El nuevo escalafón de los OPI (oficiales policiales investigadores) modifica la ley de plantas de la Policía de Investigaciones, creando este escalafón y, por supuesto, creando también el escalafón de aspirante investigador. Aquí sí hay un aumento: hoy la ley considera un cupo máximo de 300 aspirantes investigadores que deben mantenerse en un régimen de internado por una cantidad de años; estos 300 aumentan a 400. Debido a la nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones, esos 400 estarán en internado solo un año, tras lo cual ingresarán como investigadores —detectives— a prueba por el plazo de dos años; luego, si superan los cursos a los que hice referencia previamente, pasarán a ser detectives, ya no a prueba.
Como consecuencia de la creación de este escalafón, se declaran en extinción los escalafones de los OPPL y de los OPP, y también el de aspirantes, por una razón obvia: se crea un nuevo escalafón de aspirantes de 400. Habrá un período en el que convivirán ambos escalafones; el proyecto de ley considera esa convivencia, cómo se realizará el reemplazo y cómo se efectuarán ajustes de equidad y justicia respecto de quienes hoy son OPPL y OPP frente a los OPI, particularmente en materia de asignación profesional. Así, se extinguirán al año 30 los OPPL, al año 20 los OPP y al tercer año el escalafón de aspirantes, producto del reemplazo por estos nuevos escalafones. Si esta ley se aprueba este año, senador, ello ocurrirá hacia el 2056.
Las plazas del nuevo escalafón de oficiales policiales investigadores serán en total 8.372, que es la suma que actualmente consideran los escalafones de OPPL (6.306) y de OPP (2.066); en conjunto conforman los nuevos OPI. Las plazas del escalafón de aspirante investigador, como señalé, serán 400, esperando que esos cupos se llenen con ingresos anuales a la Escuela de Investigaciones de entre 200 y 400 aspirantes. Eso implica un aumento importante en la cantidad de aspirantes que tendrá la escuela año a año.
La comparación de las carreras, que muestra la lámina siguiente, da cuenta de la forma en que están estructuradas hoy. Las primeras dos columnas, las de “oficial policial investigador”, reflejan la propuesta de los OPI (8.372 plazas): el grado que se adquiere, el tiempo mínimo de permanencia en ese grado y la cantidad de plazas. La idea y la propuesta es concentrar una mayor dotación entre detective y comisario; eso es lo que ocurre en la propuesta, versus lo que sucede hoy en los OPPL y los OPP, que tienen otra forma de...
Entonces, el proyecto de ley lo que busca es que, entre detective y comisario, se concentre el gran grueso de la PDI. Si se observa la estructura, entre comisario, subcomisario, inspector, subinspector y detective está la mayor parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Como adelanté, la principal novedad del proyecto es la creación de un nuevo escalafón que exige, como requisito habilitante de ingreso, contar con un título profesional de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por este. Los títulos que habilitarán para postular serán determinados por decreto supremo, el cual deberá actualizarse cada tres años.
El programa —y esto es relevante porque modifica la forma de formación en la PDI— requiere un año de internado. Hoy existen modalidades distintas, algunas de tres años y otras de uno en externado (los OPP). Este nuevo esquema reúne esas estrategias en una sola: un año de internado en el que las y los postulantes se forman en doctrina —muy importante en las instituciones policiales—, en servicio policial y en labores operativas, particularmente en lo relativo a manejo de armas, operaciones tácticas y análisis de evidencia. Ello porque las personas ingresarán ya como profesionales —doctores, doctoras, ingenieros, ingenieras, cartógrafos, cartógrafas, abogados, abogadas, entre otros—, por lo que habrá un reajuste de la malla curricular para privilegiar la doctrina, las labores operativas, el respeto de los derechos humanos, la ética y otras funciones específicamente policiales.
¿Cuál es el objetivo —no declarado en la ley— de esta propuesta? La PDI ha avanzado progresivamente hacia la creación de equipos integrales de trabajo. A este subsecretario le ha tocado, por funciones operativas, dar cuenta de diversos procedimientos durante el año, y la gran mayoría no corresponde a una sola brigada investigadora, sino a tres o cuatro brigadas trabajando conjuntamente. Por ejemplo, en la operación “Betis” —así denominada por un equipo de fútbol amateur que enmascaraba una organización dedicada al tráfico de drogas— se logró desbaratar el brazo operativo del clan y, al mismo tiempo, su brazo financiero. Se identificaron empresas de fachada, se siguió la ruta del dinero con las capacidades disponibles en el país y se obtuvo evidencia económica que permitió incautaciones. Una parte del trabajo la realizó la BRILAC, otra la Brigada Antinarcóticos y otra la BRIANCO. Son distintas unidades de la PDI que hoy operan de manera conjunta, y el Director General ha impulsado persistentemente el trabajo interdisciplinario.
Este proyecto de ley busca fortalecer y profundizar esa idea: contar con una Policía de Investigaciones preparada para los desafíos actuales, como el combate al crimen organizado, la ciberdelincuencia y los delitos medioambientales. Ello exige profesionales altamente capacitados en materias diversas y la conformación de equipos multidisciplinarios capaces de determinar la forma de ocurrencia de los delitos, comprender nuevas economías y tecnologías en materia de criminalidad económica —por ejemplo, Bitcoin— y desbaratar rápidamente organizaciones que operan mediante empresas de fachada constituidas en un día.
Como señalé, el programa tendrá un año de internado y estará enfocado exclusivamente en la formación de habilidades policiales. La doctrina, en estas instituciones, abarca ética, respeto de los derechos humanos, doctrina institucional, moral y derecho penal y procesal, junto con habilidades operativas completamente prácticas, como el manejo del armamento y el análisis criminal en terreno. Sí quiero destacar algo. Este Congreso ya aprobó...
Y ha sido un éxito, y lo tengo que decir así, la nueva ley de Agentes Policiales. Los Agentes Policiales antes se denominaban Asistentes Policiales y previamente eran los conductores de la PDI. La verdad es que el trabajo de esas personas es clave para los propios oficiales. Teníamos 90, 70, 60 por año y ahora tenemos 250 por año. De hecho, la primera actividad de este Subsecretario fue ir a recibir a los primeros Agentes Policiales. Estos Agentes Policiales, que ahora son 250, forman parte de este trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque hemos creado la CERTCRIM, que son las brigadas recogedoras de evidencia a cargo de estos Agentes Policiales, que trabajan con la LACRIM, con la BICRIM, con la BIRO, con la BH, y que realizan un trabajo multidisciplinario con las distintas herramientas con las que cuenta la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, este proyecto de ley, junto con el otro proyecto de ley, genera una forma de trabajo de la Policía de Investigaciones muy adecuada para los desafíos de criminalidad que enfrentamos hoy. Quería resaltar el punto de Agentes Policiales que, si bien es otro proyecto de ley que ya es ley y que ya está en proceso, complementa también este punto. El 16 de diciembre se titulan los primeros 250 Agentes Policiales. De hecho, he podido conocer a los CERTCRIM; particularmente el de Concepción, que cuenta con Agentes Policiales con 26, 27 años de estadía en la Policía de Investigaciones y que son expertos en materia de recolección de evidencia.
Quienes egresen del programa podrán ingresar al escalafón de Policiales de los OPI. La carrera policial de estos OPI se mantiene en 30 años, así como los grados. Para ascender entre los grados de Subinspector a Comisario —esto es muy importante—, deberán aprobarse cursos habilitantes. Esto también es una novedad y, además, habrá que permanecer un cierto número de años en cada uno de los cargos. Hay incentivos a la permanencia y también a la profesionalización, por cuanto no se trata solamente de los años para lograr ese ascenso en la carrera, sino que además de cumplir con estos cursos habilitantes.
Para solucionar, como les decía previamente, el déficit detectado en el personal con función operativa, primero se propone concentrar las plazas de la institución y los años de permanencia en estos cargos que desempeñan función operativa. Eso lo mostré en la tabla, en la parte celeste, en las primeras dos columnas, donde, si se veía bien, gran parte de la Policía de Investigaciones con el proyecto de ley queda radicada en labor operativa entre Detective y Comisario. Además, se propone ubicar a los actuales Comisarios en calidad de oficiales subalternos y no como oficiales jefes, dejando jefatura exclusivamente a Prefectos y Subprefectos. De manera que los Comisarios hoy, con este proyecto de ley, pasan también a formar parte de funciones operativas. Y, como les decía antes, esta propuesta permite dejar 25 años de función operativa y 5 de jefatura.
Acá está más o menos expuesta la propuesta. Tenemos 2 años de Detective; 5 años de Subinspector, con curso habilitante; después, 6 años de Inspector, con curso habilitante; luego, como Subcomisario, otros 6 años, con curso habilitante para pasar a Comisario; y así sucesivamente hasta el cargo de Prefecto, que habilita a formar parte del Alto Mando, previo curso, ¿cierto?, del Curso de Alto Mando. Y también, por supuesto —me lo salté, vuelvo un poco atrás—, en el caso de los Subprefectos, el título de Oficial Graduado en Investigación Criminalística, que es muy importante porque lo da la Academia Superior de Estudios Policiales, es lo que permite entrar a la categoría de Subprefecto y eso ya permite efectivamente entrar a la calidad de oficiales jefes. Si se fijan, con esta fórmula, la gran parte de la Policía de Investigaciones a nivel de oficiales queda entre Detective y Comisario, con labor operativa, y en 5 años quedan aquellos que hayan cumplido todas esas habilitaciones y todo ese tiempo para ser jefes o jefas de la Policía de Investigaciones. Gráficamente, se ve desplegada la cantidad de personal en lo que está resaltado, que es la concentración de personas.
Este sistema, en la propuesta, tiene que transicionar; será una transición que va a durar un tiempo porque hoy día tenemos OPI y tenemos OPPL. Durante los primeros años de vigencia, por lo tanto, habrá una convivencia. ¿Y cómo vamos a vivir esa convivencia? La propuesta del proyecto de ley es que se creará una asignación que va a compensar el sueldo menor que recibe el OPPL respecto de los OPI. Los OPI entran con asignación profesional, pues son profesionales. Por lo tanto, los OPPL van a recibir una asignación similar, por razones de justicia.
…la equidad mientras se va extinguiendo el escalafón de OPPL y va creciendo y naciendo el escalafón de OPIS. Para regular además la dotación, el número de postulantes se va a relacionar directamente con los retiros del período anterior. De este modo, las plazas extintas de OPPL y de OPP tendrán un correlato con el copamiento de las plazas de aspirantes a investigador y el posterior ingreso al escalafón de los OPIS.
A nivel presupuestario, y con esto voy terminando, el gasto sobre el presupuesto fiscal, en definitiva, es menor. Es decir, el proyecto de ley, en régimen, tiene un gasto negativo. La razón es que, al tener a los oficiales en cargos operativos por mayor tiempo, hay menor gasto fiscal, porque las jefaturas tienen mayor costo que los cargos operativos. Por lo tanto, al final del período de implementación, el gasto para el Estado va a ser menor.
Durante la transición, el mayor gasto estará en remuneraciones, por cuanto hay una nueva asignación profesional —como señalamos antes— que hoy no existe. Por otro lado, va a haber una eliminación de ingresos de personal a medida que se vayan extinguiendo los OPP y los OPPL; ese gasto irá siendo compensado por la creación del nuevo escalafón, es decir, se irán compensando financieramente los cupos. Finalmente, habrá un ingreso anual mayor de aspirantes: hoy son 300 y, de acuerdo con el proyecto de ley, pueden llegar a ser 400. Eso naturalmente llevará a que, luego de las postulaciones, haya mayores ingresos a la escuela de investigación, porque tendremos 100 cupos más para llenar.
Respecto de pensiones de retiro y montepíos, habrá también un efecto de largo plazo, producto de los cambios referidos. Habrá, además, un efecto en ingresos fiscales, naturalmente, por cuanto habrá más descuentos a funcionarios, tanto activos como pensionados y montepíos, correspondientes a ahorros previsionales; por lo tanto, habrá aportes fiscales a esos fondos, además de gastos adicionales en salud, que se irán compensando en la medida en que este es un escalafón de reemplazo.
Finalmente, habrá efectos en los ingresos y gastos de la escuela. Esto es importante: hoy la escuela cuenta con personas que pagan 3 o 4 años de estadía; con el cambio, la escuela recibirá un año de estadía, pero con mucho más flujo. Entonces hay un pequeño efecto de gasto en la escuela. No es que la escuela reciba un año y al siguiente no; cada año vuelve a recibir gente, por lo que se va llenando año a año.
En definitiva, el informe financiero considera que todos estos cambios suponen un aumento de 54.241 millones en gasto fiscal adicional y de 439 millones en ingresos fiscales adicionales. Lo más importante: el efecto fiscal que representa la aplicación de la ley durante el primer año se financiará —y acá hay una pequeña desactualización, Presidenta; quizás la Secretaría podría colaborar— según el artículo séptimo transitorio, con cargo a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (que en realidad corresponde a la partida del Ministerio de Seguridad Pública) y del Trabajo, por el lado de Dipreca. En los años siguientes se financiaría con cargo a las respectivas leyes de presupuestos.
Eso es, básicamente. Quedamos muy atentos a las preguntas. Vienen conmigo, además de la asesora legislativa, funcionarios que trabajaron en el proyecto de ley y lo conocen en detalle, de modo que también podrán colaborar en las dudas que tengan las senadoras y los senadores.
Muchas gracias, Subsecretario. Ofrezco la palabra a los colegas.
Gracias, Presidenta. Quiero consultar, por su intermedio, qué profesiones son las que se van a incorporar. Y si se incorporan —y, si no, por qué—, por ejemplo, fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas o fuerzas especiales, porque veo que es principalmente personal profesional, lo que me parece correcto, pero a veces se requieren fuerzas especiales, llamémoslas así, y no sé si eso existe. Porque veo, por otra parte, que en la rama de las Fuerzas Armadas, la gente…
Senador Kuschel: A mi juicio, el ingreso es demasiado joven y no sé si se está aprovechando a gente ya capacitada. Por otra parte, en el cuadro de la tabla número 5, el efecto total del proyecto de aquí a 30 años se quintuplica: el gasto pasa de 11 mil millones a 54 mil millones. Bueno, esto en una economía en crecimiento se absorbe fácilmente; en 30 años, quintuplicar es posible. Pero en una economía estancada no lo es. Me preocupan también otros gastos y compromisos, por ejemplo los previsionales, que a veces asumen un crecimiento más allá de lo que estamos logrando en la realidad. Me gustaría la opinión del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda: ¿cuáles son los compromisos que estamos adquiriendo en este caso a 30 años, hasta el año 2055? No me va a tocar poner mucha atención a esa fecha, pero me preocupa porque, si el país no crece, este y otros compromisos no van a ser posibles de enfrentar. Gracias, Presidenta.
Presidenta: Gracias, senador Kuschel. Senador Insulza.
Senador Insulza: Gracias, Presidenta. Me alegra mucho conocer este proyecto; en realidad no lo conocía francamente. De alguna manera intentamos promover algo similar hace muchos años, ya más de dos décadas, cuando yo era Ministro del Interior, precisamente para ponernos a tono con otros servicios policiales en el mundo, donde la carrera académica, la carrera universitaria, es previa al ingreso a la Policía de Investigaciones. En ese esquema, muchas cosas que hoy se aprenden durante la formación en la Escuela de Investigaciones quedan entregadas a la formación universitaria anterior. Estoy muy de acuerdo con ello; me parece muy bien. Además, me llama la atención —y quiero decirlo con franqueza para que se aclare— que hoy la Policía de Investigaciones, tengo entendido, depende del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué este proyecto viene por el lado del Ministerio de Justicia? Sería importante precisarlo. En segundo lugar, comparto algo que decía al final el senador Kuschel: este proyecto va a estar en plena operación dentro de 30 años, cuando probablemente nuestras imágenes del crimen organizado y otras materias que se investigan habrán cambiado o se habrán desarrollado bastante. No sé hasta qué punto se ha considerado eso. Reformas institucionales de esta magnitud, a un plazo de 30 años, resultan un poquito fuertes. Gracias.
Presidenta: Gracias, senador. Le damos la palabra al Subsecretario para que se haga cargo de ambas intervenciones, sin perjuicio de que pueda cederla también a la Policía de Investigaciones.
Subsecretario: Muchas gracias, Presidenta. Primero, sobre las profesiones que se van a incorporar: el proyecto de ley establece que, mediante decreto supremo, se determinarán las profesiones; y, más importante aún, en general se contemplan todas las profesiones. Respecto de la consulta del senador —si hay personal proveniente de las Fuerzas Armadas que podría ser incorporado—, varios puntos: existen muchos establecimientos educacionales en Carabineros y en las Fuerzas Armadas. Las carreras de ocho semestres no son solo las universitarias más conocidas; hay otros centros de formación, entre los cuales también están los de dichas instituciones. Por lo tanto, es muy probable que una persona que haya cumplido con ese requisito, si se retira de las Fuerzas Armadas y quiere entrar a la Policía de Investigaciones, cumpla con el requisito por contar con una carrera de ocho semestres reconocida por el Estado. Dicho eso, para responder a la consulta sobre la combinación con la facultad operativa, aquí estamos hablando de la formación: hoy recibimos personas en la PDI que vienen de los liceos y colegios; es decir, ingresan sin una profesión.
La comparación que estamos haciendo hoy es con jóvenes que egresan a los 17, 18, 20, 21 o 22 años; sé que no siempre es así, pero también puede ser desde los 18. El cambio tiene que ver con que vamos a recibir profesionales al inicio de la formación. Otra cosa es que, durante la carrera, existen capacitaciones mutuas, especialmente en las academias y centros de formación permanente de todas las ramas policiales y de las Fuerzas Armadas. Así, la ASEPOL (Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI) y la ACIPOL (Academia de Ciencias Policiales de Carabineros) reciben funcionarios de la Armada, del Ejército y de la FACH; y, recíprocamente, también se capacita a personal de la PDI en esos ámbitos, ya durante el desarrollo de la carrera. Hay mucha formación continua; es poco conocido, pero los funcionarios policiales están permanentemente estudiando después de egresar.
Quiero dar cuenta, señor Senador, de que su inquietud se responde sobre todo en esa formación continua: recibimos lo mejor que nos puedan entregar el Ejército, la FACH y la Armada, y desde la PDI también recibimos a personas que buscan capacitarse. Por ejemplo, en el caso de Directemar, que cumple funciones de Policía Marítima, ambas academias policiales reciben a su personal para capacitaciones en uso de la fuerza, investigación policial, detección de drogas y otras materias propiamente policiales.
Respecto del efecto presupuestario, es muy importante —y la DIPRES así lo ha evaluado— considerar que estábamos enfrentando la extinción progresiva de los OPP, cuyos cupos no se estaban reemplazando. Por eso es tan relevante este proyecto: busca volver a tener 2.066 cargos, ahora como OPI. En consecuencia, no se trata de un aumento presupuestario real de base, sino más bien de la proyección asociada a detener esa pérdida y, adicionalmente, al incremento de dotación en formación: pasar de 300 a 400 alumnos implica un aumento. Esto se relaciona, además, con los costos de formación que maneja la Policía de Investigaciones, que son superiores a lo aquí considerado.
Señora Presidenta, quisiera dar la palabra al subprefecto… perdón, al inspector.
Muchas gracias. Buenos días, señora Presidenta, y por su intermedio al resto de los señores Senadores. Efectivamente, lo que ha señalado el señor subsecretario responde cabalmente a la consulta del señor Senador. Solo agrego que el artículo 52 de la Ley General de Educación permite que los títulos profesionales otorgados por las ramas de las Fuerzas Armadas en sus planteles formativos sean convalidables y permitan, por tanto, postular a la Escuela de Investigaciones Policiales. Asimismo, el Parlamento, hace cuatro años, aprobó una ley que reconoce el título profesional del Oficial Investigador de la Policía de Investigaciones, para todos los efectos legales, como título profesional universitario, al igual que en las ramas de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es perfectamente posible el traspaso tanto desde la PDI a otras ramas como desde esas ramas a la PDI, si así se desea. Y, como se dijo, hoy mantenemos intercambio formativo en distintos niveles con las Fuerzas Armadas y de Orden, e incluso con policías de otros países.
—Señora Presidenta, si me permite: ¿hay alguna estadística que nos permita dimensionar ese intercambio? ¿Se da en un 10%, en un 3%? ¿Es escaso o abundante?
—Señora Presidenta, por su intermedio, al señor Senador: efectivamente, la tradición ha sido que, por cursos —por ejemplo, en el curso de oficial graduado que se realiza para el ascenso a prefecto en el caso de los oficiales policiales de línea—, normalmente en un curso donde pueden haber…
—Había 46 oficiales de la PDI y 7 funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas. El porcentaje —no soy muy bueno con los números— puede ser un poco más del 10% de funcionarios invitados para esos efectos.
Senador Insulza.— El tema es, porque estamos, creo, en lo mismo: ciertamente todo cambio impone determinados problemas sustantivos, sobre todo problemas humanos, el personal que cambia funciones, etcétera. Y yo entiendo que este proyecto está considerando fundamentalmente eso; o sea, no afectar la vida de nadie, por así decirlo, porque cuando el proyecto esté en plena vigencia, habrá personas que hoy no han nacido que tendrán 30 años. Pero no estoy muy seguro de que este plazo sea adecuado para algo que se considera tan necesario. Eso es lo que quisiera saber: si no se evaluaron otras posibilidades de hacerlo en tiempos menores. Ya tenemos un problema, recordemos, en opinión de muchos expertos, respecto de la forma en que se vio el Ministerio de Seguridad Pública, que una cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior fueron trasladados al Ministerio de Seguridad Pública, pasando a cumplir funciones que, por lo tanto, nunca habían tenido. Entonces, si siempre estamos considerando ese tipo de problemática, finalmente estamos haciendo algo que probablemente no tiene la efectividad que debería tener.
Presidenta.— Gracias, Senador. Tiene la palabra el Subsecretario.
Subsecretario.— Muchas gracias, Presidenta. Respecto de los plazos, y creo que es atingente la pregunta del Senador porque nos ayuda a explicar por qué hablamos de 30 años: los efectos presupuestarios son a 30 años. Es decir, ahí tendrán efecto las jubilaciones, el montepío y el cierre del último de los escalafones, que son los OPPL. Si nosotros aprobamos como Congreso y el Ejecutivo pone de su parte e impulsa toda la gestión con prontitud, el primer llamado a la nueva forma de ingreso a la PDI podría ser en 2025 o 2026. Lo que ocurrirá es que la PDI convocará a entre 300 y 400 personas con título profesional para que ingresen por un año a un internado. Luego de ese año, es decir, en 2027, tendríamos a la primera generación de OPI saliendo a realizar funciones operativas.
Por eso expliqué que convivirán los escalafones, porque mientras egresen esos, digamos 350 OPI, en 2027, saldrán a labor operativa en período de prueba; luego rendirán su examen. Esto no es solamente un cambio de malla —de escalafón y de grado—, es también un cambio de profesionalización. Nadie va a salir a la calle si no rinde el examen y lo aprueba. Y cuando salgan a la calle, en 2027, van a convivir: habrá OPPL, OPP y OPI. Por eso hicimos algunas compensaciones remuneracionales. Hay una asignación profesional propia de los OPI, porque son profesionales, y lo que hicimos fue que a aquellos que no tenían ese reconocimiento de asignación profesional se la vamos a otorgar con este proyecto de ley, de manera que puedan convivir.
Entonces, en 2027, si todo anda rápido, deberíamos tener a los primeros OPI en la calle, ya trabajando en período de prueba. Cuando digo 30 años, tiene que ver con los efectos posteriores a que esto concluya; es decir, cuando se extinga completamente el escalafón de los OPPL, se extinga el OPP, se acaben los aspirantes de la antigua malla y quedemos solo con el nuevo escalafón de OPI. Pero el efecto es ahora: el plazo no es de largo aliento en el sentido operativo, es de largo plazo para otros efectos.
Y sobre el Ministerio de Seguridad —aprovechando el comentario del Senador—, dos ejemplos: el jefe de un departamento en la División de Gestión de las Policías del Ministerio del Interior es hoy el jefe de la División de Control y Planificación de las Policías; se trata de un ex aspirante a Carabineros que lleva unos 10 o 12 años trabajando en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El jefe del Departamento de Crimen Organizado es hoy el jefe de la División de Crimen Organizado. En general, las personas que se traspasaron del Ministerio del Interior al de Seguridad fueron aquellas que estaban desempeñando labores de seguridad en el Ministerio del Interior. Quiero dejar súper claro que, en general, esos traspasos corresponden a profesionales que venían desplegando los planes del Ministerio, el Plan Calles sin Violencia y otros planes que estaban ahí. Así como se ha profesionalizado la Policía de Investigaciones…
Nosotros, en el Ministerio de Seguridad, también buscamos hacer ese mismo esfuerzo. Y, por último, quisiera pasar la palabra a la Policía de Investigaciones para que explique desde cuándo y cuáles son los plazos particulares que tienen planificados con este proyecto de ley, una vez aprobado. Si nos lo permite, Presidenta. Don Daniel, tiene la palabra.
Gracias, señora Presidenta. Primero, responder algo que el senador Insulza, si no me equivoco, había preguntado respecto de las carreras a elegir. Según la norma, habrá un decreto supremo que el director general de la PDI propondrá cada tres años al Presidente de la República respecto de las carreras que, conforme a la realidad delictual y criminal, a los avances, al crimen organizado y a lo que ocurra en el entorno del país, puedan incorporarse: profesiones nuevas que surjan en materia de ciberseguridad, datos, etcétera, de modo de ir sumando personas con perfiles flexibles a las funciones que la Policía de Investigaciones debe cumplir.
Vinculado con la consulta que usted hacía al señor subsecretario sobre los plazos de implementación, el senador Insulza conoce muy bien a la PDI y ha sido parte de los cambios que hemos vivido desde la época de los OPP y las primeras leyes. Efectivamente, la PDI es una institución, por ley y por definición, profesional, científica y técnica, con disciplina estricta. Como decía el subsecretario, para nosotros son muy importantes los sistemas doctrinarios en cuanto a valores y principios, lo que nos ha permitido, pese a distintas situaciones de los últimos años, mantener la confianza de la comunidad.
Hemos trabajado siempre en la profesionalización de la institución y la gradualidad de este cambio también se relaciona con ello. Hoy contamos con una dotación profesional importante, pero sabemos que los desafíos que vienen solo aumentarán y son cada vez mayores. Por eso el reemplazo no puede hacerse de manera acelerada: tenemos buenos cuadros, con altos grados de especialización, de los cuales no podemos prescindir abruptamente. Debemos hacerlo en la medida en que vayan ingresando los nuevos profesionales. En esto ganamos mucho: y quiero contar algo que conversamos con el ministerio al iniciar este proyecto. Hoy los jóvenes que ingresan a la Escuela de Investigaciones, algunos con 17 o 18 años, muchas veces presentan menores grados de madurez que antes, probablemente por los estilos de vida actuales. Junto con exigir profesiones, queremos ganar experiencias vitales: que quienes ingresen, además de un título profesional, cuenten con vivencias que les permitan enfrentar el mundo de la delincuencia con mayor preparación. Por eso, como bien decía el subsecretario, el calendario de implementación supone ir reemplazando a nuestra gente de manera gradual, sin causar perjuicio al servicio que hoy prestamos.
Senador Kuschel. Preguntar, señora Presidenta, cuál es la edad de jubilación; si es posible alargar un poco el periodo activo y si esto se considera en el proyecto, sobre todo porque ingresará gente un poco mayor, ya titulada en alguna especialidad. ¿Cuál es la perspectiva en esta materia? Gracias. ¿El subsecretario o la asesora? No, el subprefecto. Prefecto, perdón.
Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, primero hay un efecto que se producirá naturalmente con el cambio de requisito. Hoy ingresan normalmente a los 18 años y, al exigir un título profesional, nadie en nuestro país ingresa a una carrera sin tener al menos 18 años. Una carrera de ocho semestres significa que esa persona egresará a los 21 o 22 años; y, si nos adentramos en educación, los tiempos de titulación en Chile son bastante largos: en Derecho, por ejemplo, la titulación parece estar en torno a 19 semestres. Por tanto, eso implica que, si alguien ingresa a los 22 años, el tiempo mínimo para jubilar —20 años de servicio hoy— lo ubica aproximadamente a los 42 años; pero, si realiza la carrera completa, la jubilación se situaría en torno a los 52 o 53 años, si entró recién titulado a los 22.
El estudio que hemos hecho muestra que, en el escalafón anterior de Oficiales Policiales Profesionales, el grueso ingresó entre los 27 y 33 años. Para ellos, el próximo año se cumplen los primeros 20 años de la primera promoción, por lo que su edad de jubilación se situará aproximadamente en 57 años y hacia arriba, acercándose a las edades normales del sistema en general. Si alguien entra con más edad, los tiempos de jubilación se irán alargando, manteniéndose el mínimo de 20 años de servicio.