Muy buenos días. Hemos adoptado el acuerdo de iniciar esta sesión en comité. Señor Secretario, dé cuenta, por favor.
Gracias, Presidente. En Cuenta, tenemos dos notas. La primera: una urgencia que presentó el Ejecutivo, calificada de suma urgencia el día 5 de noviembre, al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera para los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. En segundo lugar, se recibió una solicitud de audiencia del Instituto Libertad y Desarrollo, con el objeto de exponer las observaciones al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica; es el proyecto que tenemos en tabla el día de hoy. Luego, con el Presidente y con Vuestras Señorías, deberá acordarse la fecha en que se les recibirá, si así se acuerda. Eso es todo en materia de Cuenta, Presidente.
Muchas gracias, Secretario.
Siendo entonces que esta es la única solicitud que ha presentado alguna organización, aparte de las ya invitadas. Así es, esta es la única; salvo las que tenemos para esta sesión, ninguna otra. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra por la Cuenta? ¿No habiendo palabras? Sí, señora Pascual.
Solo consultar cuándo vamos a… Ya que cuando estuvimos en la sesión de la comisión que sesionó en Talca, casi, casi despachamos el proyecto de ley que incluso en la Cuenta se entrega con urgencia suma. Entonces, para poder ver si eso ya estaría… Porque había unas propuestas del Ejecutivo para poder, ¿cómo se dice?, formalizar el patrocinio, incluso mejoras en la redacción, cosa de que podamos también, para cuando ya tengamos quórum, tomar el acuerdo de fijar esa sesión, si les parece.
Muy bien. Efectivamente, vamos a esperar a tener quórum para abrir la sesión y adoptar los acuerdos. Por lo pronto, continuaremos el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica cuerpos legales, Boletín N° 17.879-25.
Invitados a esta sesión: del Ministerio de Seguridad Pública, la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitava, a quien damos la bienvenida. Asiste con su jefe de gabinete, señor Camilo Ballesteros; el jefe de asesores, señor Sebastián Silva; la coordinadora legislativa de la División Jurídica y Legislativa, señora Carolina Codesio; y el jefe de la División de Seguridad Privada, señor José Manuel Ruiz, quien se conecta de manera remota.
Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, a quien damos la más cordial bienvenida, y el asesor legislativo, señor Sebastián Godoy.
De la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, la secretaria ejecutiva, señora Luz Infante, y el abogado, señor Hernán Rivero. Se les da la más cordial bienvenida.
Se conectan de forma remota: de la Asociación Chilena de Municipalidades, el asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba. Sebastián, buen día. Y de la Fundación Paz Ciudadana, el director ejecutivo, señor Daniel Johnson. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Se ha excusado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Gustavo Alessandri.
A continuación, seguiremos el estudio con la exposición del subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Trae alguna presentación, subsecretario? Muy bien. Escuchamos al subsecretario. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Desde el punto de vista sectorial de las telecomunicaciones, el proyecto de ley introduce modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones con el objeto de establecer ciertas obligaciones que den operatividad al sistema. Entiendo que esta comisión ya revisó la forma de operar del sistema de protección.
Para dar sentido a la plataforma tecnológica, es necesario ajustar la forma en que hoy se cursan las llamadas de emergencia. Una de las cuestiones más evidentes es la disponibilidad de un número único, de modo que las personas no tengan que recordar, según el tipo de emergencia, qué numeración utilizar. Esto es materia de discusión, porque hay tratamientos que difieren según el tipo de emergencia.
En cuanto a la localización, la ubicación geográfica obtenida a partir de antenas tiene una precisión menor, con diferencias que pueden llegar a unos 50 metros. Lo menciono porque, en paralelo, hemos estado conversando con los fabricantes de sistemas operativos de smartphones: ellos tienen acceso a la coordenada geográfica y, si se define un número de emergencia, pueden hacer que esa coordenada viaje junto con la llamada telefónica, alcanzando una precisión del orden de 1 a 5 metros, según la cantidad de satélites a los que el teléfono tenga acceso.
Esta cuestión tiene una relevancia vital para el tratamiento de una emergencia, porque muchas veces se recibe la llamada solicitando auxilio y no se cuenta con la ubicación exacta del incidente.
Entonces, creo que es un elemento central. Lo siguiente tiene que ver con identificar a quién está haciendo la llamada, y esto se determina mediante tres valores distintos. Uno de ellos es el número telefónico y, aunque parezca de perogrullo, siempre recibimos las llamadas con un número telefónico, pero hay sistemas que enmascaran ese número. A raíz de un estudio que estábamos haciendo con Carabineros sobre llamadas inoficiosas o de pitanza, observamos que aproximadamente el 70 al 75% del total de llamadas que se reciben son de esta característica. Estuvimos revisando y nos encontramos con que había reenvíos de llamadas; por lo tanto, se recibían mil llamadas desde un mismo número de origen que, en realidad, no era el número que había originado la llamada. Se producía, entonces, un enmascaramiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la obligación de informar el número telefónico, esta obligación es sin enmascarar, para saber exactamente cuál es el número de origen.
Una segunda cuestión es el identificador del teléfono, que es un número único, como la cédula del aparato, que es el IMEI. Y un tercer elemento es la identificación del titular. Este tercer elemento presenta un mayor desafío tecnológico y seguramente estará dentro de las discusiones posteriores, porque normalmente son mundos disjuntos. Es decir, el tratamiento de una llamada telefónica en una red móvil contiene la identificación del teléfono (el IMEI) y de la SIM, pero no contiene el RUT del titular. El RUT del titular está en una base de datos fuera de línea, no en una base que esté en línea. Por lo tanto, esto implica, sin lugar a dudas, un nivel de desarrollo más o menos sofisticado, porque a una base de datos pensada para atender solicitudes comerciales se le está pidiendo que entregue una respuesta en tiempo real. Esto no es de implementación rápida.
Respecto de la geolocalización, además, se considera que se puede llamar desde teléfonos fijos, en cuyo caso la empresa tiene la dirección física de su cliente; por lo tanto, puede aportar coordenadas con precisión a nivel de dirección, lo que es adecuado para gestionar una emergencia. En el caso de las llamadas de telefonía sobre IP, se presenta la complejidad de que uno puede autenticarse con un teléfono IP en cualquier lugar del planeta. Entonces debe establecerse un mínimo necesario, que es el lugar donde se autenticó por última vez, para obtener la mejor precisión geográfica posible. Siempre existirá ahí una posible dispersión de la información, porque se puede trabajar a través de una VPN y aparentar estar en un lugar distinto del real. Esa es la opción con mayor incertidumbre, pero, además, la menos frecuente; la telefonía IP, como servicio, es la que tiene menor incidencia hoy.
Esas son las modificaciones centrales. Hay, además, cuestiones que tienen que ver con la plataforma tecnológica que también hay que tener a la vista. A raíz de la colaboración que hemos estado haciendo con Carabineros, hemos visto que la geolocalización, por una parte, ha sido compleja de implementar, pese a que esto funciona en otros países. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de la plataforma con la cual Carabineros recibe la información, con el protocolo AML —para que, junto con la llamada, se transmita la coordenada geográfica—, esto es algo que llevan algunos meses tratando de implementar. Está estandarizado y funciona en otros lados, pero no ha sido tan sencillo de implementar. Por lo tanto, hay un desafío, porque una de las condiciones que parece muy deseable en sistemas de esta naturaleza es que sean multiplataforma; es decir, que cualquier canal de comunicación permita hacer esto. Hay ocasiones en las que, de hecho, será más útil una videollamada que una llamada de voz.
Todo lo que les he comentado tiene que ver con telefonía móvil, no con servicios de datos. Por lo tanto, también deben prepararse las plataformas para recibir este tipo de comunicaciones. Además, debería existir la posibilidad —y así lo establece el proyecto de ley— de que una llamada de emergencia sea una llamada con texto en tiempo real: no un SMS fuera de línea, sino texto en tiempo real, para situaciones de personas que no tengan la posibilidad de hablar, por la razón que sea. Esto implica incorporar en la plataforma tecnológica todas estas condiciones, porque inciden en tiempos de despliegue y en costos.
Eso desde el punto de vista sectorial, Presidente.
—Muchas gracias, señor Subsecretario.
—Se ofrece la palabra. ¿Preguntas? Senadora Pascual.
—Sí, gracias. Yo quería preguntarle al Subsecretario, por su intermedio...
Entiendo, por la primera exposición que se hizo —tanto por el Gobierno como por los invitados de la sesión anterior—, que antes de llegar al número único lo esencial es la coordinación de todo el sistema; en consecuencia, la última fase se traduce en el número mismo. De acuerdo con los elementos que el Subsecretario está enumerando, que se están revisando para que todo esto funcione y podamos arribar al número único: ¿cuáles son las estimaciones de tiempo para cada componente? Me refiero a la obligación de identificar el número telefónico, la identificación del titular con RUT, asegurar que funcione tanto para telefonía móvil como fija, y que pueda entregar la información necesaria. ¿Cuánto demoraría cada uno de esos aspectos, según lo que se está trabajando? Entiendo que esa es la labor de la Subsecretaría con las empresas, para disponer de un sistema único, interconectado o interrelacionado de las distintas compañías, y que funcione con los demás actores: salud a través del SAMU, Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones. ¿Qué podría implementarse más rápido una vez aprobado el proyecto de ley y qué quedaría para una fase de implementación de mediano plazo? No de largo, pero sí de mediano plazo; no inmediatamente tras la aprobación. Muchas gracias. Subsecretario, tiene la palabra.
Las labores de coordinación se pueden iniciar, evidentemente, una vez aprobado el proyecto de ley; no debiera ser un proceso demasiado largo. En lo transitorio, lo primero que se puede implementar es la geolocalización. Como señalé, en el trabajo que estamos realizando en colaboración con Carabineros ya se está avanzando, y esperamos tener cubierto el parque de teléfonos Android en los próximos dos o tres meses, que es lo que podría demorar el desarrollo de la plataforma. Las otras modificaciones implicarán presiones relevantes para su implementación por el costo que tendrán para las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, una vez que la ley esté aprobada, estimamos al menos 12 meses para la implementación de la geolocalización a través de las antenas, y tenemos algunas dudas respecto de cuánto podría tardar la entrega de la información de identidad del usuario —RUT y nombre—. Por eso hemos hablado de 24 meses para contar con la plataforma completa, porque entendemos que ese plazo es el mínimo necesario para que se realicen todos los desarrollos en las empresas de telecomunicaciones. Esos son los plazos que estamos visualizando hasta ahora.
Muchas gracias, Subsecretario. Damos la más cordial bienvenida al senador Iván Moreira. Habiendo quórum, los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Presidente, habíamos acordado que esta reunión iba a ser a las 11 de la mañana. Yo estoy desde las 10 acá y, a las 10:20, me avisan que no hay quórum. Ustedes deben tomar las providencias del caso para que, de ser así, se cite más temprano. Quedamos de acuerdo en que, como siempre, las sesiones serían de 11 a 2 y media, y por eso los otros parlamentarios no están acá: teníamos esa idea, aunque en el papel diga otra cosa, considerando todo lo que hemos tenido últimamente. Para la próxima, pido un poco más de preocupación en eso. Sobre todo porque han llegado todas estas visitas y quedamos pésimo. Yo estoy desde las 10 de la mañana aquí —antes, un cuarto para las 10—, en mi oficina. Le pido a la Secretaría que seamos más cuidadosos con este tipo de cosas: que nos pongamos de acuerdo y se nos avise si se va a cambiar el horario. Habíamos quedado de 11 a 2 y media, como siempre, excepto que, en vez de hacerlo el día martes, fuera el lunes. Eso es.
Gracias, senador Moreira. En atención a que ya teníamos a los invitados presentes, acordamos iniciar la sesión en formato de comité para poder escucharlos. Informo que el Subsecretario de Telecomunicaciones ya ha iniciado su exposición. Se ha referido, principalmente, a las comunicaciones de emergencia a través de teléfonos celulares y ha destacado la importancia de enviar la posición desde la cual se efectúa el llamado de emergencia, información que puede obtenerse a partir de las antenas de las compañías o del GPS del dispositivo, siempre que este se conecte y transmita. La senadora Pascual consultó por los plazos de implementación. El Subsecretario indicó que, para sistemas Android (geolocalización), se requieren tres meses adicionales; y que, una vez que la ley entre en vigencia, las compañías necesitarán alrededor de un año para adaptarse.
A continuación, tiene la palabra el Secretario para explicar la convocatoria de esta sesión. —Sí, señor Presidente. A raíz de los cambios introducidos por los Comités en las sesiones de Sala, se alteraron las sesiones de martes y miércoles, que pasaron a ser miércoles, jueves y viernes. Por ello fue necesario ajustar el día y la hora de todas las comisiones. Esta misma comisión debe terminar a las once y media, porque inmediatamente continúa la Comisión de Educación. Habitualmente el martes no se produce ese choque. Se envió la citación a todos los senadores con cuatro o cinco días de anticipación, indicando día y hora, y se replicó por el WhatsApp del grupo de senadores.
—Muchas gracias, señor Secretario. El senador Moreira señala: Si no hay sala, podemos buscar otro lugar para funcionar a la misma hora. Pero no me digan que es por la Comisión de Educación. Siempre puede haber un reemplazo.
—Muy bien. También se deja constancia, a solicitud de la senadora Pascual y respecto de los temas de tabla, de la urgencia suma, desde el 5 de noviembre, del proyecto de ley que modifica diferentes cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta, boletín 17.535-25. En atención a que esta comisión sesionó en Talca, se está a la espera de que el Ejecutivo ingrese aquellos textos que requieren patrocinio. Lo importante es definir cuándo podremos verlo. Si no llegara el Presidente titular antes del término de la sesión, ese es uno de los acuerdos que tendríamos que adoptar con posterioridad.
Por lo pronto, señor Moreira, senadora Pascual, no sé si es necesario que el Subsecretario profundice en lo ya expuesto. Perfecto. Entonces continuemos con la sesión.
Señor Subsecretario, le consulto lo siguiente: en la sesión anterior no solo abordamos las llamadas para informar una emergencia, sino también las comunicaciones de emergencia basadas en sistemas de radio, para las cuales existen frecuencias reservadas y definidas en el espectro. Asimismo, revisamos si Chile cuenta con un estándar o protocolo estandarizado de comunicaciones de seguridad. En esa oportunidad se hizo referencia a dos estándares mundialmente aceptados: el Project 25 de Estados Unidos (P25), que tiene al menos seis proveedores de equipamiento, y el estándar europeo TETRA, de distinta naturaleza. Por tanto, retomando lo pendiente: cuando corresponde coordinar no solo a las policías, sino también a Bomberos, al SAMU y a las ambulancias privadas, ¿contamos con un estándar que asegure la interoperabilidad y el traspaso de información entre todos ellos, de modo que todos lleguen, ojalá, a la misma ubicación GPS?
Para no confundirnos en eso: ¿se ha hecho algún estudio respecto de qué sistema es mejor para un país de nuestras características —extremadamente angosto y extremadamente largo; larguísimo, por decirlo—, cuya extensión es comparable a toda Europa, para tener una dimensión? Por costo-efectividad: los costos de los equipos, la capacidad de datos que transmiten o no. Lo primero es saber si existe algún estudio al respecto.
Lo segundo: todo el mundo de las comunicaciones ha ido a lo digital, incluso con técnicas para evitar interferencias, por ejemplo, de espectro expandido; a la larga, todo son datos, no es que vaya “voz”. Si se usa una frecuencia exclusivamente para voz, se subutiliza el espectro. Entonces, quisiera saber si se ha estudiado el espectro para ver cuál es la mejor forma de asignarlo, especialmente para temas de emergencia, de modo que todos puedan acceder. Esto se vincula con lo conversado en la sesión anterior, que no se alcanzó a terminar, y por eso era importante tenerlo a usted para ver el tema del espectro, las frecuencias, las asignaciones y cuáles pueden ser los mejores criterios de política pública.
Y, en tercer lugar, respecto de declarar las emergencias: ¿existe la posibilidad de contar con una aplicación del Gobierno, disponible tanto en iOS como en Android, donde baste apretar un botón, se defina el tipo de emergencia y se traspasen todos los datos, evitando la angustia de la espera cuando suena el teléfono y nadie contesta? Además, eso garantizaría la certeza jurídica y la transmisión segura de los datos. Pregunto si se ha estudiado en profundidad qué es lo mejor para estos efectos, porque ello resuelve temas de call center y otros asociados.
Lo tercero es la situación de la flagrancia. Este es un tema de fondo que le he planteado al Ministro de Seguridad: todo es prevención hasta que ocurre algo y se configura la flagrancia; la clave es cortar los tiempos. ¿Qué capacidad tienen las empresas de telecomunicaciones para, ante una necesidad —por ejemplo, el secuestro de un niño que lleva un teléfono, pero probablemente no lo puede usar—, informar dónde está ese equipo? No necesariamente el teléfono con el que se hizo la llamada de emergencia. O en el caso de un adulto mayor perdido, posiblemente desorientado, pero que anda con su teléfono, ojalá cargado. ¿Qué capacidad existe para que esa información se reciba rápidamente y se pueda actuar?
Planteo esto también a propósito de la tragedia que tuvimos el fin de semana en nuestro Parque Nacional Torres del Paine: nueve turistas perdidos. Entiendo —y quizá usted pueda comentar algo de las tecnologías— que toda herramienta que ayude a ubicar a alguien en urgencia, que requiere atención instantánea, debe ser considerada. Esta tragedia derivó en cinco fallecidos y cuatro personas que salieron con vida. Por ello, contar con la capacidad de transmitir y traspasar información crítica es muy relevante. Si fuera posible, solicitaría escuchar respecto de ambas áreas: las asignaciones y sistemas de frecuencia, y las demás herramientas, para poder seguir avanzando con el proyecto. Muchas gracias.
Respecto de la primera pregunta, sobre las comunicaciones de emergencia y la red de emergencia, efectivamente hemos estado analizando distintas alternativas. En este momento, lo más razonable y costo-efectivo sería un sistema tipo P25. Primero, porque es lo que más utiliza Bomberos, lo que tiene Carabineros y también muchos servicios de salud; por lo tanto, sería de más fácil adopción.
Asimismo, hemos sostenido conversaciones con una de las empresas que presta este servicio, Movilink, que trabaja con equipamiento Motorola, porque justo se les está venciendo una concesión de espectro y, en el proceso de renovación, uno de los acuerdos fue avanzar en digitalización, cuestión que ellos ya abordaron. Por lo tanto, vamos a tener un proceso de digitalización.
Ahora bien, no todos los terminales hoy incorporan GPS; por lo tanto, la digitalización no trae necesariamente consigo la posibilidad de conocer la ubicación geográfica de un dispositivo.
Pero sí, a nivel de recepción de datos, pueden recibir datos completos precisamente por ser digitales. Así es que hay un avance en esa línea que yo creo que todavía es lento; todavía le faltan un par de años para poder concretarse y, después de eso, va a venir un tema que sí o sí nos va a pegar, que va a ser la renovación de los terminales. Eso evidentemente es plata. Pero sí lo estamos mirando.
Y respecto a las asignaciones de frecuencia, nosotros hemos estado revisando tres bandas distintas para fines de red de emergencia. Estuvimos mirando con harta atención la parte superior de la banda de televisión digital, es decir, los últimos canales, 650 MHz hacia arriba, antes de la banda de 700 MHz, que está asignada a servicios móviles, que es una banda que tiene buena propagación y ancho de banda suficiente. En principio nos estaríamos inclinando más por la banda de 900 MHz; en la banda de 900 MHz encontramos mayor disponibilidad de equipamiento. Y estamos viendo bajo la lógica de implementación de un servicio LTE privado, que permite comunicaciones uno a uno, uno a N, con servicios de voz y de datos. Por lo tanto, nos parece que es una buena forma porque, además, si vamos a una modalidad de LTE privado, el costo del dispositivo es el de un teléfono. Así que es un paralelo que estamos avanzando, independiente de que las bandas que usan los P25 van a seguir disponibles para los servicios de emergencia. También creemos que una red de emergencia más robusta debería tener esta otra componente. Y ahí estamos todavía en período de diseño: cuáles son las coberturas, cómo las alcanzamos; vamos en coordinación con los privados para que nos den servicios de VPN en algunas zonas de más difícil acceso. Hay todavía mucho trabajo de diseño por hacer. Sin embargo, tenemos bandas específicamente pensadas para ello y que van a estar reservadas para la forma que se adopte finalmente.
Respecto a la flagrancia, hay dos líneas de trabajo distintas. Una de ellas es la que les comentaba antes con los proveedores de los sistemas operativos de los teléfonos, de modo que, cuando desde el teléfono se haga una llamada, efectivamente esté disponible la coordenada geográfica. Y la otra es la geolocalización de un teléfono que no está haciendo una llamada, desde la plataforma centralizada. Y ahí hay varios sistemas que se han analizado que permiten hacer esto. Estos sistemas son bastante intrusivos: requieren conectarse directamente a las redes de las empresas de telefonía móvil; significa tener un amparo legal para hacerlo y, además, los debidos resguardos en cuanto a la protección de datos personales, porque conocer la ubicación geográfica de un número puede significar problemas también. Entonces, es una materia en la cual la tecnología lo permite; el marco regulatorio no es tan claro en permitirlo, y evidentemente este proyecto de ley puede ser un espacio para que eso suceda. Y se requiere también un trabajo de coordinación, porque hay que ir a tocar la base de datos en tiempo real de la empresa de telecomunicaciones, que es donde se cursan las llamadas, para poder tener la coordenada geográfica. Y esa coordenada geográfica es la de menor precisión, porque es la que otorgan las antenas; no es la del sistema operativo.
Perfecto, muchas gracias. Respecto al tema de la aplicación de gobierno, y le agregaría también si otras técnicas de comunicaciones de emergencia emergentes, como por ejemplo LoRaWAN, se pudieran establecer como la red de respaldo de reportes de emergencia, especialmente ante catástrofes, caída de torres y otros. Si está considerado también para la resiliencia del sistema. Necesitamos un sistema que sea no solo robusto, sino resiliente.
Perdón, Presidente, había olvidado el tema de la aplicación. Yo creo que el desarrollo de una aplicación de esta naturaleza es de bajo costo y de alto impacto; por lo tanto, tengo una opinión favorable. Sin embargo —y esto porque hemos visto en el tiempo cómo avanza el desarrollo de aplicaciones—, el tema es la adopción, la velocidad de adopción por parte de la ciudadanía. Muchas personas tienen un teléfono que se ajusta a sus necesidades y significa cargarle otra aplicación, con uso de memoria y de plan de datos. Por lo tanto, hay un tema de velocidad de adopción que, en el fondo, nos obliga a tener el otro camino. O sea, no podemos renunciar al camino…
Clásico, pero un botón de pánico sin duda es una ayuda. Yo lo vi funcionando en una empresa de Curacaví: nos mostró una aplicación de esa naturaleza que daba cuenta de lo práctico que debe hacerse en este caso, porque se elegía —estaba pensado para un servicio de seguridad municipal—, se apretaba el botón de pánico y viajaba el mensaje con el tipo de pánico, la causal y la coordenada geográfica. Por lo tanto, efectivamente da cuenta de ello. Creo que sería una muy buena implementación, con la salvedad de que el tiempo de adopción por parte de la ciudadanía probablemente nos juegue un poco en contra. Pero como aplicación es una muy buena alternativa.
Respecto de otras técnicas, hemos estado conversando con proveedores satelitales, porque los satélites tienen la virtud de que no les impactan los terremotos ni los maremotos. En la medida que podamos perfeccionar las comunicaciones directas al dispositivo, tendremos más posibilidades para que la ciudadanía pueda responder ante ausencia de redes y para que nuestros servicios de emergencia se coordinen. ¿Qué perdemos cuando vamos a una solución satelital? La georreferencia, salvo que usemos la georreferencia del teléfono; es decir, que la mensajería que salga de ese teléfono vaya con georreferencia, porque el satélite tiene un haz demasiado grande y ya no es lo mismo que localizarnos con una antena terrestre.
Hoy día está disponible el acuerdo entre Starlink y Entel. La empresa AST está por lanzar su servicio y pretende estar operativa el segundo semestre de 2026. La empresa Amazon no ha manifestado todavía su intención de ir directo al dispositivo móvil, por lo tanto creo que falta desarrollo allí. Y la empresa OneWeb —hoy una de las cuatro constelaciones más numerosas— está en desarrollo de esta solución. Entonces, por de pronto, tendremos dos empresas con la posibilidad de conectar dispositivos directamente a satélite, lo que abre un espacio para que las coordinaciones de los equipos en terreno tengan cobertura del 100% del territorio, independientemente de lo que ocurra con las redes terrestres, de que se corte la luz o de que se caigan las antenas. Desde el punto de vista de conceptualizar cómo atender la emergencia, esta es una alternativa que nos cayó del cielo y que resuelve muchos de los problemas que encontramos en la práctica cuando gestionamos una emergencia.
Perfecto, muchas gracias. Señor Moreira tiene la palabra.
No me quiero apartar del tema, pero no quiero que se me olvide. Nosotros aquí, en la Comisión de Seguridad, hemos estado aprobando una serie de leyes que considero importantísimas. Mañana vamos a votar en la Sala, en general y en particular, el proyecto de seguridad municipal. Yo estaba viendo el informe financiero de este proyecto y primero nos señalan que el primer año sería aproximadamente 500 millones; luego 2.600 millones, 2.400 millones, y el máximo el cuarto año. ¿Ustedes creen que con eso, primero, el tema de la seguridad, cómo se va a financiar? Porque, de verdad, los fondos que se asignan no son suficientes para lo que se espera. Ahora, si se espera esto a largo plazo, el tema de seguridad, bueno, yo creo que es un tema de ahora. Entonces, respecto de esto, que el cuarto año serán 2.000, ¿ustedes creen que con esto vamos a poder financiarlo? No sé quién me pueda contestar, porque los números a mí no me cuadran, por lo poco. Un sistema de esta naturaleza, en un país donde es muy necesario tener una coordinación al respecto, con el presupuesto que se está generando es muy menor. Me preocupa que aprobemos estas leyes y después no haya plata para financiarlas. Y, sobre todo, que estamos en la famosa etapa donde la palabra que más se usa en presupuesto aquí es “recorte”, para este y para los próximos gobiernos. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto del presupuesto: ¿cómo lo ven?
Antes de que conteste, la senadora Pascual va a intervenir.
Gracias, presidente. Ah, perdón. Muchas gracias. Quiero agregar una pregunta a propósito de uno de los aspectos que contestó el subsecretario, por su intermedio, presidente. El tema… Aquí se dio una gran discusión a propósito de la tecnología IMSI-Catcher, que es tremendamente intrusiva y que, de hecho, es más, creo que uno de los puntos más complejos que tiene el haber…
Y, habiendo aprobado la nueva ley antiterrorista, este es uno de los puntos más complejos, pues constitucionalmente es debatible en varios países. El subsecretario aquí plantea un tema respecto de una tecnología potencialmente intrusiva, en el sentido de que el sistema geolocalice no a quien realiza la llamada de emergencia, sino a otra persona. Desde ese punto de vista, ¿es posible? ¿Por qué lo pregunto? Porque en el caso de una persona extraviada o de un secuestro es tremendamente relevante poder ubicarla, y esa persona no tendrá posibilidades de estar llamando. Entiendo esa necesidad. Pero, ¿cómo generar un espacio con una limitación que permita, por un lado, resolver y evitar una situación fatal y encontrar a las personas y, por otro, no incurrir en una medida que, como dice el subsecretario, interfiera no solo en la protección de los datos personales, sino que, incluso, con la otra tecnología que mencioné, no capta los datos de un IMEI específicamente, sino los de un radio geográfico? Por lo tanto, lamentablemente, vecinos de una persona investigada podrían terminar con todos sus datos recabados. No sé si me explico. Esa es la complejidad, y por lo mismo choca con la constitucionalidad de las libertades individuales. Entonces, si hubiera alguna limitación que permitiera efectividad sin interferir en lo otro.
Lo segundo, que me parece importante, es el ámbito en que todo el sistema descansa en una colaboración obligada y forzosa con los privados, puesto que no hay nada que pueda cubrirse desde lo estatal. ¿Qué opinión hay sobre habilitar, solo en casos de extrema necesidad, una autorización para que, cuando el Estado lo requiera en una situación muy relevante, las empresas respondan en tiempo real y no se demoren, como nos vinieron a decir acá, tres días, cuatro días, una semana, etcétera? No soy muy técnica para formular la pregunta, pero esas son las dos temáticas que me interesan.
—El Ejecutivo tiene la palabra. Subsecretaria.
Sí. Por su intermedio, presidente, señor senador. Efectivamente, la mirada del proyecto que el Ejecutivo presenta debe ajustarse a los presupuestos existentes, cuestión que trabajamos con Hacienda. En esta oportunidad, al ingresar el proyecto, visibilizamos los costos conforme a su diseño actual. El proyecto originalmente tenía otras características, y lo que hicimos fue concentrar los recursos disponibles en los elementos más relevantes: la plataforma tecnológica, la conformación de los comités regionales, etcétera. En consecuencia, algunas iniciativas se postergaron o dejaron de proponerse para potenciar aquello que es indispensable para su implementación.
Creemos que habrá que revisar permanentemente el marco financiero. Un informe se elabora en un año y la ley puede aprobarse en otro, por lo que debe actualizarse según la evolución del proyecto. Por eso se establece una temporalidad y, posteriormente, ya sea a través de una licitación o de un desarrollo propio del Estado, se deberá implementar el sistema, lo que igualmente requerirá presupuesto. Eso es lo contemplado ahora en el proyecto, entendiendo que su revisión continuará en función, por ejemplo, de la definición final respecto de las plataformas que se utilicen.
…para ello, y somos conscientes de aquello. El presupuesto y el informe financiero deben revisarse en la medida en que avance el proyecto y se defina el modelo final. Por eso se propone un modelo de gobernanza capaz de operar dentro del presupuesto planteado.
Gracias, subsecretaria. Subsecretario Claudio Araya: A ver, sobre la intrusión, por ejemplo con dispositivos IMSI, cualquier sistema de intrusión exige medidas más bien administrativas que técnicas. Desde el punto de vista técnico no existe sistema inviolable. Para que un sistema de geolocalización haga solo lo que debe hacer, primero debe existir una única puerta de entrada, de modo que el guardián de esa puerta no tenga alternativas ni existan puertas traseras. Segundo, desde el punto de vista administrativo, hay que establecer claramente el procedimiento.
Hoy la entrega de información georreferenciada está sujeta a autorización judicial. En estos casos debe haber un mecanismo análogo, pero adecuado a la emergencia —por ejemplo, un secuestro—, mediante una colaboración efectiva con el Ministerio Público y el Poder Judicial para obtener autorizaciones oportunas, ya sea por la vía de órdenes de investigar. El resguardo administrativo es clave: en la interacción con las empresas de telecomunicaciones, cuando se solicita georreferencia, el funcionario que descarga los datos —muchas veces fuera de línea— requiere respaldo, porque se siente vulnerable frente a eventuales demandas por entregar datos sensibles sin la cobertura debida. Entonces, el sistema debe proveer esas garantías administrativas.
Con el Presidente estuvimos en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia en España —no confundir con la antigua CNI chilena— y observamos su gobernanza. Esto, en el fondo, es un tema de gobernanza: cómo hacerlo efectivo para buscar a una persona extraviada ahora y no en 6 o 12 horas, sin vulneraciones. La tecnología debe estar al servicio de la gobernanza que se defina.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Solo pedir al Ejecutivo revisar dos aspectos. Primero, la presupuestación hoy está puesta en el segundo año del piloto. Considerando la necesidad de probar y desarrollar capacidad nacional, lo ideal sería situarla en el primer año, invertir para abordar rápidamente y luego regular y ajustar con la experiencia del piloto. Segundo, solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que oficialice si P25 será el estándar. Parece que todos preguntan “¿y qué usamos?”. Si ya se instaló, corresponde tomar la resolución. La Contralora General de la República, estimo, quedará más tranquila si existe un acto administrativo que establezca lo que finalmente ocurrirá, y así poder avanzar.
Ha surgido la necesidad de coordinarnos muy bien, especialmente en casos de flagrancia. Pediré al Ministro de Seguridad Pública que tome ese tema, porque implica coordinación con el Ministerio Público para determinar de qué forma la tecnología puede actuar y cómo pasar de la prevención a la persecución, con todas las coordinaciones y plazos.
Se agradece a ambos subsecretarios. Tiene la palabra la senadora Pascual. Sí, solo respecto del financiamiento: me parece razonable partir con los pilotos lo antes posible; sin embargo, pido coherencia. No se puede pedir recortes en el presupuesto 2026 y, al mismo tiempo, adelantar el piloto para 2026 si esto quedara aprobado. Entonces, o tomamos un acuerdo de endeudarnos un poco más y suplementar el presupuesto de la Nación, o estamos en problemas; no veo otra alternativa. Muy bien, continuamos con la exposición de la…