Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 19 de noviembre de 2025

¿Tenemos solo un invitado? Señor Ministro, ¿le damos la palabra para explicar las indicaciones? ¿No? ¿Sí? Ministro, le damos la palabra para explicar las indicaciones. Muchas gracias. Ministro, está el invitado. Ah, bien, entonces tendrá que esperar. Partamos con el Ministro. Lo que tenemos hoy día es este proyecto de ley que hemos denominado antievasión, que busca modificar las leyes que se indican para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de la tarifa en el transporte público remunerado de pasajeros. No es necesario que ahonde en la importancia de adoptar todo tipo de medidas y acciones para reducir la evasión tarifaria. Este proyecto recoge un proyecto alternativo que había presentado el diputado Bianchi; algunos de sus elementos están contenidos acá. Ya lo votamos en general en la Sala y ahora está para su votación en particular. Entonces, no sé cómo corresponde hacerlo, pero lo que me gustaría, si es posible, es revisar las indicaciones una por una y, dentro de lo posible, empezar a votar. Pero, Ministro, no podemos votar porque no hay quórum. Pero podría...

Podríamos revisarla, o aquella que usted considere más relevante, para poder explicarla. Dentro de las acciones más importantes que se impulsan en este proyecto de ley se encuentra, por ejemplo, que se faculte a los fiscalizadores del transporte público a exigir, cuando se sorprende a una persona que no ha pagado la tarifa, el pago de una denominada “tarifa extendida”. Esto se aplica en muchas ciudades del mundo: cuando el fiscalizador aborda el vehículo, permite efectuar un pago in situ que, si bien es mayor que la tarifa, es menor que la multa, lo que agiliza los procesos. Creo que es uno de los elementos muy positivos que contiene. Asimismo, se otorgan facultades a actores que hoy no pueden fiscalizar la evasión para que puedan comenzar a hacerlo, como Metro, EFE o los propios operadores de buses. Es importante también que se agregan algunas sanciones adicionales al no pago de la tarifa. Por ejemplo, cuando una persona que ha sido infraccionada no paga tampoco la multa, hoy día queda sujeta a una serie de sanciones: no puede obtener permiso de circulación, no puede obtener licencia de conducir y no puede solicitar la devolución de impuestos durante tres años mientras no pague la multa del transporte público. En este proyecto se hacen dos cosas: se extiende de tres a cinco años la vigencia de estas restricciones y, por otro lado, se agregan tres nuevas sanciones, asociadas a no poder ingresar a eventos deportivos, no poder obtener pasaporte y no poder solicitar la regularización de su situación migratoria. Está llegando el senador, lo que quizá nos permita pasar a la votación. Un minuto, por favor, para iniciar la sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Estamos grabando, señora secretaria? En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. ¿En qué estamos? Estamos revisando la indicación. Adelante. Yo estaba listando parte de los elementos principales que contempla este proyecto de ley. Otra innovación es que se agilizan los procesos de cobro evitando el paso por los juzgados de policía local. Ello ha permitido que, por ejemplo, la Corte Suprema se haya manifestado muy favorablemente respecto de la agilización de los procesos de cobro incorporados en el proyecto. Esos son los temas más importantes. Creo que sería bueno comenzar cuanto antes con el análisis de cada una de las indicaciones del proyecto, para poder votar en particular. Adelante, por favor. Sí, presidente. Desde luego, quiero excusarme por anticipado: a las diez y media se vota un proyecto mío en la comisión. Solo un minuto para que me pueda escuchar. A las diez y media se vota nuestro proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en la Comisión de Constitución, así que debo estar en esa votación. Pero, ya que estamos en el análisis de la indicación y conforme al reglamento, sugiero, presidente, que podamos discutirlas y votarlas de inmediato. Gracias. Perfecto, senador. Quisiera aprovechar, si procede o si debo esperar. Hay dos temas: primero, hay una persona que desea intervenir y necesitamos el quórum para autorizarlo. Es don Luis Núñez, vocero de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, quien quiere referirse a este tema. Y lo otro es que quería pedir autorización para...

Presidente.— Se propone ampliar el plazo para la entrega de las indicaciones, ya que hubo un inconveniente y llegaron aproximadamente diez minutos tarde. Sugiero ampliarlo por veinte minutos para recibirlas; es importante que estén incorporadas. ¿Estamos de acuerdo? —Sí, de acuerdo. Para no retrasar la votación y considerando la exposición del ministro, y que Matías debe retirarse, propongo conceder cinco minutos al invitado y luego iniciar la votación. —De acuerdo. Adelante. Don Luis Núñez, tiene la palabra. Luis Núñez.— Gracias, Presidente. Muy buenos días a todas las senadoras y senadores presentes, señor ministro, señora Paula Tapia. Entiendo que contamos solo con cinco minutos, así que seré breve. Nuestra participación en esta comisión es para solicitar que el artículo del proyecto de evasión relativo a la instalación de cabinas de seguridad no quede supeditado exclusivamente a las nuevas licitaciones. Hemos planteado en múltiples ocasiones que las agresiones a los conductores de transporte público en regiones ocurren diariamente. He compartido con ustedes documentos que dan cuenta de hechos en distintas regiones. Lamentablemente, lo que el Ejecutivo propone es que la exigencia rija a partir de las próximas licitaciones. En regiones donde existe perímetro de exclusión, aquello puede significar dos, tres, cinco, incluso diez años más. Las licitaciones se programan una vez concluido el período de perímetro y, por ejemplo, ciudades como Concepción iniciaron recién el año pasado; en seis años más recién habría licitación. En consecuencia, de mantenerse el texto, los conductores no contarían con protección efectiva sino en cinco o seis años más. Se ha señalado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que esto supone un problema económico para los empresarios. Sin embargo, los operadores que están en perímetro de exclusión reciben mensualmente, por máquina, un subsidio que fluctúa entre dos millones y medio y cuatro millones de pesos. Instalar una cabina de seguridad, que cuesta alrededor de 900 mil pesos, no debiera ser un obstáculo. Hace 25 años, en el año 2000, en la Región Metropolitana, en las comunas de la provincia de Talagante —Talagante y Peñaflor—, se instalaron cabinas de seguridad tras agresiones brutales que incluso costaron la vida a un colega. El gobierno de la época instruyó al Ministerio de Transportes exigir cabinas, y desde entonces esas comunas las mantienen y nunca más hubo problemas de agresiones a los trabajadores. Por ello, señor Ministro, solicitamos su apoyo para proteger ahora la vida y la seguridad de los trabajadores del transporte público. El deber de protección está consagrado en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, y corresponde a los empleadores —los operadores de transporte público— cumplirlo. Este mismo criterio fue aprobado en la Cámara de Diputados en el proyecto sobre agresiones externas, que hoy se encuentra pendiente en la Comisión de Trabajo del Senado. Señoras y señores senadores, pedimos su respaldo. Somos más de 30.000 trabajadores del transporte público en el país.

…público, desde Arica hasta Punta Arenas. Necesitamos proteger a los trabajadores. Muchas gracias, señor Senador. Quisiera, para la historia de la ley, dejar claro y explícito —y que se lo pregunte al Ministro— que el hecho de que estemos votando esta ley no va a perjudicar en nada al Fondo Espejo que tenemos en regiones. Que quede claro, porque se puede pensar que, al haber menos evasión, habrá menos aporte y, por ende, esto podría disminuir en regiones. Entonces quiero que el Ministro lo deje en claro y que quede en acta de la historia de la ley. Ministro: Como le comentaba al Senador Bianchi, los recursos que recibe el sistema de transporte público de Santiago tienen dos fuentes: las tarifas y el subsidio. Lo que estamos haciendo aquí es tomar medidas que combaten la evasión, lo que debiera permitirnos recaudar más por concepto de tarifas. Hay otras dimensiones por las que hacemos esto: me parece inaceptable que la gente entre al transporte público sin pagar, más allá del financiamiento. Pero, en términos de financiamiento, estamos fortaleciendo los recursos que debieran llegar al sistema vía tarifas; por lo tanto, esto no toca en nada el subsidio que recibe el sistema, que está garantizado por la ley del subsidio de transporte público aprobada el año pasado. Es esa parte la que tiene su espejo en regiones y, por tanto, lo que estamos haciendo en esta ley de integración no tiene consecuencia alguna respecto de los subsidios que reciben los sistemas de transporte público, ni de Santiago ni de regiones. Gracias, Ministro. Adelante, Senador. Partimos. La primera indicación, página 3 del comparado, de Su Excelencia el Presidente de la República, recae en la letra P del artículo primero y es para intercalar entre las frases “los inspectores fiscales y municipales deberán” y “remitir los antecedentes de la infracción” lo siguiente: “notificar al infractor la existencia del incumplimiento de la obligación del artículo 88, además de informar y…”. ¿Algún comentario, Ministro? ¿En votación? Votación. Senador Walker: A favor. Senador Juan Luis Castro: A favor. Senador Bianchi: A favor. Presidente: A favor. 4 por 0, sin modificación. Luego pasamos a la indicación 2. Está en la página 15 del comparado, también de Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar, a continuación del ordinal II, el siguiente ordinal nuevo. Dice lo siguiente: agrégase, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente texto final: “Con el objeto de constatar el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por parte de los pasajeros, los concesionarios de uso de vías, los propietarios de buses y, en general, los prestadores de servicios de transporte público remunerado de pasajeros, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Metro S.A. presentarán en el mes de octubre de cada año un plan que contendrá la planificación de las fiscalizaciones a realizar durante el año siguiente. Ese plan será aprobado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”. ¿Algún comentario? Ministro: No, solo decir que, en la medida en que estamos entregando a estos inspectores la facultad de fiscalizar, me parece razonable y oportuno que se pida también un plan de cómo van a llevar adelante esa fiscalización. Que el Ministerio sea el que valide también me parece adecuado. Aprobado.

Sí, se presentará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá aprobar, porque no está explicado. En votación, indicación N° 2. Con el cambio. Senador Walker. A favor. Senador Juan Luis Castro. Senador Bianchi. A favor. Presidente. A favor. Cuatro por cero, con modificaciones. Luego, en la página siguiente, la indicación N° 3, también del Ejecutivo, para agregar, a continuación del punto aparte que pasa a ser coma, la siguiente frase: o de las respectivas instalaciones, según corresponda. Presidente.— Sí, esto es para precisar, por ejemplo, cuando se deba retirar a personas desde un andén. Deja de ser un vehículo; en el caso del ferrocarril, no se las saca solo del vehículo, sino del andén. Así, ampliamos la facultad del inspector respecto de desde dónde se retira al pasajero sorprendido en evasión. Por eso se señala que no solo del vehículo de transporte público, sino también de la respectiva instalación, según corresponda. Por ejemplo, también existe la zona paga. Entonces, si se baja a la persona del vehículo y se la deja en la zona paga, todavía queda en un área donde ya está habilitada para volver a subir. Eso parece razonable para darle mejor integridad a la disposición. —Pero, perdón, ¿no debería ser que se va a sacar de la estación o sector de...? —Por eso decimos de la... —Un paradero. —Sí, pasa lo mismo en... —Exactamente; por eso se dice de la instalación, según corresponda. —Me parece suficientemente amplio, Presidente. —Sí; estoy de acuerdo con el Ministro. Mire, las leyes son abstractas, generales y permanentes, y deben regular aspectos generales. Ese tipo de especificaciones sobre el tipo de instalación... Está, en la misma página 16 del comparado, también del Ejecutivo, la indicación para reemplazar la frase “cursará la infracción administrativa contemplada en el número 42 del artículo 200”, por la siguiente: “notificará al infractor la existencia del incumplimiento de la obligación del artículo 88”. Ministro.— Presidente, por su intermedio: es solo una precisión, en base al informe que presentó la Corte Suprema, para determinar cuáles son las atribuciones que tienen en este caso Carabineros y los demás inspectores para cursar la infracción. Estamos siguiendo una recomendación. —Exacto. ¿En votación, entonces? En votación la indicación N° 4. Senador Walker. A favor. Senador Juan Luis Castro. Senador Bianchi. A favor. Presidente. A favor. Cuatro por cero, sin modificaciones. Luego, en la página 17 del comparado, la indicación N° 5, también del Ejecutivo, para intercalar, entre la palabra “vehículo” y la frase “para hacer uso”, lo siguiente: o en las instalaciones, según sea el caso. Ministro.— Esto es lo que conversamos hace un minuto: no es solamente el vehículo, sino también la infraestructura, según corresponda. Con la misma razón, la misma disposición. —¿Aprobamos, entonces, si están de acuerdo? Se aprueba. Luego, la indicación N° 6, página 19 del comparado, también del Ejecutivo, para intercalar, entre las frases “medios electrónicos” y “para lo cual deberá adjuntar”, la siguiente expresión: según corresponda. Ministro.— Por su intermedio, Presidente: el objetivo es, básicamente, en la línea de lo que mencionaba el Senador Walker, más bien jurídico, para precisar la forma en que se notifica, dependiendo de si el juzgado de policía local tiene o no medios electrónicos. —¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo aprobamos? Luego, página 20 del comparado, indicación N° 7, del Ejecutivo, para intercalar, entre las frases “copia de la resolución reclamada” y “tras recibir el reclamo”, la frase: será competente para conocer del reclamo el juzgado de policía local de la comuna en que se verificó la infracción. —¿Algún comentario, Ministro? ¿Estamos todos de acuerdo? Se aprueba. Luego, la indicación N° 8, en la misma página 20 del comparado, del Ejecutivo, para agregar, luego del punto aparte que pasa a ser coma, la frase y serán

A beneficio fiscal. ¿De eso? Sí, solo que se indica que los recursos van a fondos fiscales y no a la cuenta específica, como es normal en estos casos. Se deja por escrito. ¿Algún comentario? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Senador? Yo voto a favor. Tres a favor y una abstención. Se votó. Luego, en la página 21, también del Ejecutivo, se propone intercalar entre las frases “la tarifa recargada” y “se determinará lo siguiente” la referencia a “las zonas geográficas respecto de las cuales esta se aplicará”. Ministro. La tarifa recargada es una tarifa —no una multa— que permite al usuario, para no pasar por el proceso sancionatorio, pagar un monto adicional, mayor que la tarifa normal, por haber sido sorprendido sin haber pagado. De esa manera, se evita todo el proceso posterior. En este caso, estamos facultando que esa tarifa recargada pueda ser distinta en distintas zonas geográficas y que sea el Ministerio el que defina la tarifa específica en la zona correspondiente. —Perdón, Ministro, ¿esta tarifa se cobra en el momento en que se pilla a la persona? Eso es. —Se le exige pagar la tarifa recargada. Eso es. Es lo que se ha visto en otros países: suben los inspectores y allí mismo exigen a la gente pagar. Eso es lo que estamos facultando. —Senador. Bueno, esto es una especie de “premulta”, ¿no es cierto? Puede quedar para reglamento, pero me parece importante —sin paralizar el tema— que esto se acote a un número de veces. Si la persona… —¿Eso está? —Sí, 20 veces. —Igual es alto. —No, no, no, está acotado. Son dos cosas distintas. Una es la cantidad de veces que se multiplica la tarifa original —eso es lo que plantea el senador Walker—; y otra es la cantidad de veces que la persona podría acogerse a este procedimiento si es sorprendida. —Exactamente. —Y en este caso, la ley define que son dos veces, ¿no? —Sí. —Perdón, Ministro, hay algo que no tengo claro. Si pillamos a alguien que no pagó, le cobramos una tarifa más alta, pero eso será solo esa vez, porque después es difícil volver a sorprenderlo para cobrarle más veces. No entiendo el punto. —Se le sorprende, se toma registro y queda consignado, para evitar acumulaciones, como dice el senador Bianchi. —Claro, queda registrado, pero el cobro es una sola vez respecto de ese viaje. —Sí, solamente por ese viaje. —Yo entendí que había 20 veces… pero ¿para pillarlo? —No, no. “20 veces” se refiere a cuánto se cobra: debemos definir el monto de la tarifa recargada, y lo que se plantea es que sea un múltiplo de la tarifa normal. ¿Estamos de acuerdo? En votación la Nº 9. Se aprueba, sin modificaciones. Luego, la indicación 10 del Ejecutivo propone reemplazar la frase “y se observará” por “debiendo observarse en la fijación de su valor…”. Ministro. Sí, es un ajuste de redacción: en la fijación de su valor deben observarse, a lo menos, uno de los siguientes criterios, como la efectividad de la fiscalización. Me parece un tema de redacción. ¿Se aprueba? Gracias. En la página 37, tenemos la indicación 11 de la Honorable Senadora señora Vodanovic, para incorporar…