Muy buenos días. Hemos acordado iniciar esta sesión en comité. Señor Secretario, dé cuenta, por favor.
Gracias, Presidente. En Cuenta, tenemos dos notas. La primera: una urgencia calificada de suma, presentada por el Ejecutivo el día 5 de noviembre, al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. En segundo lugar, se recibió una solicitud de audiencia del Instituto Libertad y Desarrollo, con el objeto de exponer observaciones al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica, proyecto que tenemos en tabla el día de hoy. Luego, el Presidente y Vuestra Señoría deberán ponerse de acuerdo respecto de la fecha en que se les recibirá, si así se acuerda.
Eso es todo en materia de Cuenta, Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario.
Siendo entonces que esta es la única solicitud que ha presentado alguna organización, aparte de las que se han invitado. Así es, esta es la única, salvo las que tenemos para esta sesión, ninguna otra. Muchas gracias.
¿Se ofrece la palabra por la Cuenta? No habiendo palabras, tiene la palabra el senador Pascual.
Solo consultar cuándo vamos a... ya que, cuando estuvimos en la sesión de la comisión que sesionó en Talca, casi despachamos el proyecto de ley, que incluso, según la Cuenta, tiene asignada suma urgencia. Entonces, para poder ver si eso ya estaría, porque había unas propuestas del Ejecutivo para formalizar el patrocinio e incluso mejorar la redacción, cosa de que, cuando tengamos quórum, podamos tomar el acuerdo de fijar esa sesión también, si les parece.
Muy bien. Efectivamente, vamos a esperar a tener quórum para abrir la sesión y poder adoptar los acuerdos. Por lo pronto, continuaremos el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica cuerpos legales, Boletín N° 17.879-25.
Invitados a esta sesión: del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitaba, a quien damos la bienvenida. Asiste con su jefe de gabinete, señor Camilo Ballesteros; el jefe asesor, señor Sebastián Silva; la coordinadora de la División Jurídica y Legislativa, señora Carolina Codesio; y el jefe de la División de Seguridad Privada, señor José Manuel Ruiz, quien se conecta de manera remota.
Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, a quien damos la más cordial bienvenida, y el asesor legislativo, señor Sebastián Godoy.
De la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, la secretaria ejecutiva, señora Luz Infante, y el abogado, señor Hernán Rivero. Se les da la más cordial bienvenida.
Se conectan de forma remota, de la Asociación Chilena de Municipalidades, el asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba; y, de la Fundación Paz Ciudadana, su director ejecutivo, señor Daniel Johnson. Se ha excusado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Gustavo Alessandri.
A continuación, seguiremos el estudio con la exposición del subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Trae alguna presentación, subsecretario? Muy bien. Escuchamos al subsecretario. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Desde el punto de vista sectorial de las telecomunicaciones, el proyecto de ley introduce modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones para establecer ciertas obligaciones que den operatividad al sistema. Entiendo que esta comisión ya revisó la forma de operar del sistema de protección. Para dar sentido a la plataforma tecnológica, es necesario ajustar la forma en que hoy se cursan las llamadas de emergencia.
Una de las cuestiones más evidentes es la disponibilidad de un número único, de modo que las personas no tengan que aprender, según el tipo de emergencia, qué numeración utilizar. Es una materia discutible, porque hay tratamientos distintos según la emergencia, pero parece razonable contar con una plataforma tecnológica única que permita gestionar todas las llamadas y, con ello, obtener eficiencia. Eficiencia significa —o debería significar— ahorro de tiempo, y el ahorro de tiempo puede significar salvar vidas.
¿Cuáles son los elementos centrales que se modifican en la Ley General de Telecomunicaciones? Primero, hacer forzosa la geolocalización. Hoy día, las llamadas a números de emergencia no llevan obligatoriamente una coordenada geográfica. La tecnología lo permite; sin embargo, hay consideraciones que tener presentes. En redes de telefonía móvil, la coordenada disponible tiene una precisión menor, porque se obtiene a partir de las antenas. Entonces, hay una aproximación que...
...puede tener una diferencia de hasta 50 metros. Y esto lo digo porque, en paralelo, hemos estado conversando con los fabricantes de los sistemas operativos de los smartphones: ellos tienen acceso a la coordenada geográfica y, si se define un número de emergencia, pueden hacer que esa coordenada viaje junto con la llamada telefónica. Eso tiene una precisión del orden de 1 a 5 metros, según la cantidad de satélites a los que tenga acceso el teléfono.
Esa primera cuestión tiene una relevancia vital para el tratamiento de una emergencia, porque muchas veces se recibe la solicitud de auxilio y no se sabe dónde está ocurriendo. Lo siguiente tiene que ver con identificar a quién realiza la llamada, lo que se logra mediante tres valores distintos. Primero, el número telefónico. Aunque parezca de perogrullo, nosotros siempre recibimos la llamada con un número; sin embargo, hay sistemas que lo enmascaran. A raíz de un estudio que estábamos haciendo con Carabineros acerca de las llamadas inoficiosas o llamadas de pitanza —que representan aproximadamente el 70 a 75% del total—, observamos reenvíos de llamadas: se recibían mil llamadas de un mismo número de origen que, en realidad, no era el que había iniciado la comunicación. Se producía un enmascaramiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la obligación de informar el número telefónico, esa obligación es sin enmascaramiento, para saber exactamente cuál es el número de origen.
Segundo, el identificador del teléfono, que es un número único —la “cédula” del aparato—, el IMEI. Y, tercero, la identificación del titular. Este último elemento presenta un mayor desafío tecnológico y seguramente será materia de discusión posterior, porque normalmente son mundos disjuntos: el tratamiento de una llamada en una red móvil contiene la identificación del teléfono, del IMEI, de la SIM card; no contiene el RUT del titular. El RUT está en una base de datos fuera de línea, no en una base en línea. Por lo tanto, esto exige, sin lugar a dudas, un desarrollo más o menos sofisticado, porque a una base de datos pensada para atender solicitudes comerciales se le pide que responda en tiempo real.
Respecto de la geolocalización, también se considera que se puede llamar desde teléfonos fijos; en ese caso, la empresa tiene la dirección física de su cliente y puede aportar una coordenada con precisión a nivel de dirección de calle, lo que es adecuado para gestionar una emergencia. En el caso de llamadas de telefonía sobre IP, aparece la complejidad de que uno puede autenticarse con un teléfono IP en cualquier lugar del planeta. Debe, al menos, conocerse dónde se autenticó por última vez, para tener la mejor precisión geográfica posible; pero siempre existirá una posible dispersión de la información, porque se puede trabajar a través de una VPN y aparentar estar en un lugar distinto del real. Esa es la modalidad con mayor incertidumbre, y además la menos frecuente; hoy la telefonía IP, como servicio de telefonía IP con numeración 4.4, tiene menor incidencia.
Esas son las modificaciones centrales. Hay, además, cuestiones relativas a la plataforma tecnológica que deben tenerse a la vista. A raíz de la colaboración con Carabineros, hemos visto que la geolocalización ha sido compleja de implementar —pese a que funciona en otros lugares— y, además, desde el punto de vista de la plataforma con la cual Carabineros recibe la información, utilizando el protocolo AML para que la coordenada geográfica viaje junto a la llamada, se ha estado trabajando desde hace algunos meses en su implementación. Está estandarizado y funciona en otros lados, pero no ha sido sencillo. Hay un desafío, porque una condición deseable de sistemas de esta naturaleza es que sean multiplataforma, es decir, que cualquier canal de comunicación permita esto. En ocasiones, será más útil una videollamada que una llamada de telefonía. Todo lo comentado se refiere a telefonía móvil, no a servicios de datos. Por lo tanto, también deben prepararse las plataformas para recibir este tipo de llamadas y, además, debería existir la posibilidad de...
Subsecretario: …el proyecto de ley establece que una llamada de emergencia pueda realizarse mediante texto en tiempo real —no un SMS— para situaciones en que la persona no tenga la posibilidad de hablar, por la razón que sea. Esto implica incorporar en la plataforma tecnológica todas estas condiciones, porque inciden en los tiempos de despliegue y en los costos. Eso desde el punto de vista sectorial, Presidente.
Presidente: Muchas gracias, señor Subsecretario. Se ofrece la palabra. Senadora Pascual.
Senadora Pascual: Gracias, Presidente. Por su intermedio, al señor Subsecretario: según la exposición inicial del Gobierno y lo planteado por los invitados en la sesión anterior, antes de llegar al número único lo esencial es la coordinación de todo el sistema, y que la última fase se traduzca en ese número único. En función de los elementos que usted ha enumerado para que esto funcione y podamos arribar al número único, ¿cuáles son las estimaciones de tiempo para cada aspecto? Me refiero a la obligación de identificar el número telefónico, la identificación del titular con RUT, la operatividad tanto para telefonía móvil como fija, y la disponibilidad de la información pertinente. ¿Cuánto se demora cada uno de esos temas, según lo que se está trabajando con las empresas, para disponer de un sistema único o interconectado que funcione con los demás actores: Salud a través del SAMU, Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones? ¿Qué podría implementarse más rápido una vez aprobado el proyecto de ley y qué quedaría para una fase de implementación de mediano plazo, no inmediatamente?
Subsecretario: Gracias, Presidente. Las labores de coordinación pueden iniciarse, evidentemente, una vez aprobado el proyecto de ley; no debieran significar un proceso demasiado largo. En el período transitorio, lo primero que se puede implementar es la geolocalización. Como señalé, en el trabajo que estamos realizando en colaboración con Carabineros, ya hay avances y esperamos tener cubierto el parque de teléfonos Android en los próximos meses —dos o tres meses—, que es lo que se estima para el desarrollo de la plataforma.
Luego, las otras modificaciones implican presiones relevantes para su implementación, por los costos que conllevan para las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, una vez aprobada la ley, estimamos al menos 12 meses para la implementación de la geolocalización a través de antenas. Persisten algunas dudas respecto del tiempo que tomará la entrega de la información de identidad del usuario —RUT y nombre—. Por eso hemos planteado un horizonte de 24 meses para contar con la plataforma completa, entendiendo que ese período es el mínimo necesario para que todas las empresas de telecomunicaciones realicen los desarrollos requeridos. Esos son los plazos que visualizamos hasta ahora.
Presidente: Muchas gracias, señor Subsecretario. Damos la más cordial bienvenida al senador Iván Moreira. Habiendo quórum, los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.
Senador Iván Moreira: Presidente, habíamos quedado en que esta reunión sería a las 11 de la mañana. Yo estoy desde las 10 aquí y me llaman a las 10:30 para avisarme que no hay quórum. Se deben tomar las providencias del caso; para otra vez, se convoca más temprano. A las 10:20 me avisan que no hay quórum, estando yo en la oficina. Quedamos de acuerdo en que, como siempre se hacen las sesiones, serían de 11 a 2 y media.
Senador Moreira: Por eso los otros parlamentarios no están acá. Teníamos otra información: en el papel decía otra cosa, con todas las modificaciones que hemos tenido últimamente. Para la próxima, pido un poco más de preocupación en esto. Sobre todo porque han llegado visitas y quedamos muy mal. Estoy aquí desde antes de las 10, a las 9:45, y antes estuve en mi oficina. Solicito a la Secretaría que seamos más cuidadosos con estos temas, que nos pongamos de acuerdo y se nos avise oportunamente. Si se va a cambiar el horario, avísese; habíamos quedado de 11:00 a 12:30, como siempre, salvo que en vez del martes fuese el lunes. Eso es.
Presidente: Gracias, senador Moreira. Precisamente, dado que ya teníamos a los invitados presentes, acordamos comenzar la sesión en formato de comité para poder escucharlos. Luego daremos la palabra al Subsecretario. Por lo pronto, informarle que ha iniciado su exposición el subsecretario de Telecomunicaciones. Se ha referido a las comunicaciones de emergencia a través de teléfonos celulares, destacando la importancia de enviar la posición desde donde se realiza la llamada. Esa información puede obtenerse en base a las antenas de las empresas o mediante el GPS del dispositivo, si este puede conectarse y transmitir. La senadora Pascual consultó por los tiempos de implementación; el Subsecretario señaló que, para sistemas Android en geolocalización, faltan tres meses, y que, una vez que la ley entre en vigencia, las compañías necesitarán alrededor de un año adicional para adaptarse. Para explicar la convocatoria, ofrezco la palabra al Secretario.
Secretario: Sí, señor Presidente. A raíz de los cambios introducidos por los Comités para las sesiones de Sala, estas se alteraron: de martes y miércoles pasaron a miércoles, jueves y viernes. Por ello hubo que ajustar el día y la hora de todas las comisiones. Esta comisión debe terminar a las 11:30, porque inmediatamente continúa la de Educación; habitualmente el martes no se produce ese choque. Se envió, con cuatro o cinco días de anticipación, la citación con día y hora a todos los senadores, y se informó asimismo por el WhatsApp del grupo de senadores, recabando confirmaciones. Esos fueron los mecanismos utilizados para informar.
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario.
Senador Moreira: Si no hay sala, podemos buscar otro lugar donde funcionar a la misma hora. Pero no me digan que porque hay Comisión de Educación; siempre puede haber un reemplazo.
Presidente: Muy bien. También deseo señalar, respecto de los temas de tabla y las solicitudes ingresadas, que la senadora Pascual ha hecho presente la urgencia suma, de fecha 5 de noviembre, del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta (Boletín 17.535-25). Dado que esta comisión sesionó en Talca, estamos a la espera de que el Ejecutivo ingrese los textos que requieren patrocinio; lo importante es definir cuándo se verá. Si el presidente titular no llegara antes del término de la sesión, ese es uno de los acuerdos que deberíamos resolver con posterioridad. Por lo pronto, senador Moreira, senadora Pascual, no sé si es necesario que el Subsecretario explique algo de lo ya expuesto. Perfecto. Entonces podríamos continuar con la sesión.
Presidente: Señor Subsecretario, le consulto lo siguiente: en la sesión anterior no solo se abordaron las llamadas para informar una emergencia, sino también las comunicaciones de emergencia basadas en sistemas de radio, para los cuales existe la frecuencia respectivamente reservada y definida en el espectro. Quisiera saber de qué manera Chile ha ido adoptando estos sistemas: si contamos con un estándar o protocolo estandarizado y cuál es su estado de implementación.
Comunicaciones de seguridad. En la sesión anterior se hizo referencia a dos estándares mundiales normalmente aceptados: el Proyecto 25 de Estados Unidos, P25, que cuenta con al menos seis proveedores de equipamiento en ese país, y el estándar europeo TETRA, de distinta naturaleza. Entonces, la primera pregunta —retomando lo pendiente— se refiere a las comunicaciones de emergencia, donde no solo hay que coordinar a las policías; también hay que coordinar a Bomberos, al SAMU y a las ambulancias privadas. Es decir, la coordinación entre todos ellos, con traspaso de información. Idealmente, todos deben llegar a la misma posición de GPS para evitar confusiones. ¿Se ha realizado algún estudio respecto de qué sistema es mejor para un país de nuestras características —extremadamente angosto y muy largo, con una longitud comparable a toda Europa, para dimensionarlo—, considerando la costo-efectividad, los costos de los equipos versus su efectividad y la capacidad de transmisión de datos? Lo primero es saber si existe un estudio al respecto.
En segundo término, el mundo de las comunicaciones ha migrado a lo digital, incluso aplicando técnicas para evitar interferencias, como el espectro expandido; en definitiva, todo son datos, no voz analógica. Si se destina una frecuencia exclusivamente a voz, se subutiliza el espectro. ¿Se ha estudiado también el uso del espectro para determinar la mejor forma de asignarlo, especialmente para temas de emergencia, de modo que todos puedan tener acceso?
Eso es lo que quedó pendiente en la sesión anterior, y por ello queríamos contar con usted para abordar el tema del espectro, las frecuencias, las asignaciones y los mejores criterios para la política pública.
En tercer lugar, respecto de la declaración de emergencias: ¿es posible contar con una aplicación del Gobierno, disponible para iOS y Android, que permita, con solo presionar un botón, definir la emergencia y traspasar de inmediato todos los datos, evitando la angustia de quien espera que atiendan una llamada? Además, ello podría garantizar la certeza jurídica y la seguridad en la transmisión de datos. ¿Se ha estudiado en profundidad qué solución es mejor? Ello resolvería, entre otros, temas de call center.
Lo tercero se refiere a la flagrancia. He solicitado al ministro de Seguridad que, entendiendo que todo es prevención hasta que ocurre el hecho, se aborden los tiempos críticos. ¿Qué capacidad tienen las empresas de telecomunicaciones para, ante una necesidad —por ejemplo, el secuestro de un niño que porta un teléfono que probablemente no puede usar—, informar la ubicación de ese aparato? No necesariamente el mismo con el que se hizo la llamada de emergencia. O, en el caso de un adulto mayor extraviado que porta su teléfono, ojalá con batería, ¿qué capacidad existe para recibir rápidamente esa información y poder actuar?
Planteo esto también a propósito de la tragedia ocurrida el fin de semana en nuestro Parque Nacional Torres del Paine: nueve turistas perdidos. Entiendo, y quizás usted pueda comentar algo de las tecnologías, que toda herramienta que permita ubicar a quien está en urgencia y requiere atención inmediata debe ser considerada, para reaccionar a tiempo. Esa tragedia derivó en cinco fallecidos y cuatro personas que lograron salir con vida. Contar con capacidad para transmitir y traspasar información crítica es muy relevante.
Si fuera posible, quisiéramos escuchar respecto de las asignaciones de frecuencias, los sistemas de comunicación y también sobre las demás materias necesarias para seguir avanzando con el proyecto. Muchas gracias.
Respecto de la primera pregunta sobre las comunicaciones de emergencia, la red de emergencia, efectivamente hemos estado analizando distintas alternativas. En este momento, lo más razonable y costo-efectivo sería un sistema tipo P25, primero, porque es el que cuenta con mayor adopción en Bomberos.
Ese sistema es el que tienen Carabineros y muchos servicios de salud también, por lo tanto sería de más fácil adopción. Hemos tenido conversaciones con una de las empresas que presta este servicio, que es Movilink, la cual trabaja con equipamiento Motorola. Justo se les está venciendo una concesión de espectro y, en el proceso de renovación, una de las conversaciones que tuvimos con ellos fue avanzar en digitalización, cuestión que ya abordaron; por lo tanto, vamos a tener un proceso de digitalización.
Los terminales hoy no todos incorporan GPS, por lo tanto la digitalización no necesariamente trae consigo que podamos conocer la ubicación geográfica de un dispositivo; pero sí, a nivel de recepción de datos, pueden recibir datos completos precisamente por ser digitales. Hay un avance en esa línea que aún es lento; todavía faltan un par de años para concretarlo y, después de eso, vendrá un tema que sí o sí nos va a impactar: la renovación de los terminales, que evidentemente implica recursos.
Respecto a las asignaciones de frecuencia, hemos estado revisando tres bandas distintas para fines de red de emergencia. Observamos con harta atención la parte superior de la banda de televisión digital, es decir, los últimos canales, desde 650 MHz hacia arriba, antes de los 700 MHz que están asignados a servicios móviles, por ser una banda con buena propagación y ancho de banda suficiente. En principio, nos estaríamos inclinando más por la banda de 900 MHz, donde encontramos mayor disponibilidad de equipamiento, y estamos evaluando, bajo la lógica de implementación, un servicio LTE privado que permite comunicaciones uno a uno y uno a N, con servicios de voz y datos. Nos parece una buena forma porque, además, si vamos a una modalidad de LTE privado, el costo del dispositivo es equivalente al de un teléfono. Es un desarrollo que estamos impulsando en paralelo, independiente de que las bandas que usan los P25 seguirán disponibles para los servicios de emergencia; también creemos que una red de emergencia más robusta debería incorporar esta otra componente. Aún estamos en período de diseño: definir cuáles son las alturas, cómo las alcanzamos; vamos en coordinación con privados para que nos provean servicios de VPN en zonas de más difícil acceso. Hay todavía mucho trabajo de diseño por hacer. Sin embargo, tenemos bandas específicamente pensadas para ello, que quedarán reservadas para la forma que se adopte finalmente.
Respecto a la flagrancia, hay dos líneas de trabajo distintas. Una, la ya comentada con los proveedores de los sistemas operativos de los teléfonos, de modo que, cuando desde el teléfono se haga una llamada, esté disponible la coordenada geográfica. La otra es la geolocalización de un teléfono que no está realizando una llamada, desde una plataforma centralizada. Se han analizado varios sistemas que permiten esto; son bastante intrusivos, requieren conectarse directamente a las redes de las empresas de telefonía móvil, contar con un amparo legal y establecer los debidos resguardos en protección de datos personales, porque conocer la ubicación geográfica de un número puede significar problemas. La tecnología lo permite, pero el marco regulatorio no es tan claro en habilitarlo; evidentemente, este proyecto de ley puede ser un espacio para ello. Además, se necesita coordinación para acceder a la base de datos en tiempo real de la empresa de telecomunicaciones donde se cursan las llamadas, a fin de obtener la coordenada geográfica, que es la de menor precisión porque la otorgan las antenas, no el sistema operativo.
Perfecto, muchas gracias. Respecto al tema de la aplicación de gobierno, y agregaría también otras técnicas de comunicaciones de emergencia emergentes, como por ejemplo LoRaWAN, para establecer una red de respaldo de reportes de emergencia, especialmente ante catástrofes, caídas de torres y otros. ¿Está considerado?
También para la resiliencia del sistema: necesitamos un sistema que no solo sea robusto, sino que resiliente. Perdón, señor Presidente, había olvidado el tema de la aplicación. Yo creo que el desarrollo de una aplicación de esta naturaleza es de bajo costo y de alto impacto, por lo tanto tengo una opinión favorable. Sin embargo, y esto lo hemos visto con el avance de las aplicaciones en el tiempo, el tema es la adopción, la velocidad de adopción por parte de la ciudadanía. Muchas personas tienen un teléfono que se ajusta a sus necesidades y cargarle otra aplicación implica uso de memoria y de plan de datos. Por lo tanto, hay un asunto de velocidad de adopción que nos obliga a mantener el otro camino: no podemos renunciar a la vía clásica. Con todo, un botón de pánico sin duda es una ayuda.
Yo lo vi funcionando en una empresa de Curacaví. Nos mostró una aplicación de esa naturaleza que daba cuenta de lo práctico que debe hacerse en este caso. Estaba pensada para un servicio de seguridad municipal y, al presionar el botón de pánico, se enviaba un mensaje con el tipo de emergencia —la causal— y la coordenada geográfica. Por lo tanto, efectivamente da cuenta de su utilidad. Creo que sería una muy buena implementación, con la salvedad de que el tiempo de adopción de la ciudadanía probablemente juegue en contra. Pero, como aplicación, me parece una alternativa muy conveniente.
Respecto de otras técnicas, hemos estado conversando bastante con proveedores satelitales, porque los satélites tienen la ventaja de que no les impactan los terremotos ni los maremotos. En la medida en que podamos perfeccionar las comunicaciones directo al dispositivo, tendremos más posibilidades para que la ciudadanía pueda responder en ausencia de redes y para que nuestros servicios de emergencia se coordinen. ¿Qué perdemos cuando vamos a una solución satelital? La georreferencia, salvo que usemos la del propio teléfono; es decir, que la mensajería que salga del dispositivo vaya con georreferencia, porque el satélite tiene un haz demasiado grande y ya no es lo mismo que localizarnos con una antena terrestre.
Hoy día ya está disponible el acuerdo entre Starlink y Entel. La empresa AST está por lanzar su servicio; pretende estar operativa el segundo semestre de 2026. Amazon aún no ha manifestado su intención de ir directo al dispositivo móvil, por lo tanto estimo que ahí falta algo más de desarrollo. Y OneWeb —porque son las cuatro constelaciones más numerosas hoy— está en desarrollo de esta solución. Entonces, por de pronto, vamos a tener dos empresas con la posibilidad de conectar dispositivos directamente a satélites, lo que abre un espacio para que las coordinaciones de los equipos de terreno tengan cobertura en el 100% del territorio, independientemente de lo que ocurra con las redes terrestres, de que se nos corte la luz o de que se caigan las antenas. Desde el punto de vista de conceptualizar cómo atender la emergencia, esta es una alternativa que nos cayó del cielo y que, al final, resuelve muchos de los problemas que encontramos en la práctica al gestionar una emergencia.
—Perfecto, muchas gracias. Señor Moreira tiene la palabra.
No me quiero apartar del tema, pero no quiero que se me olvide. Nosotros, en la Comisión de Seguridad, hemos estado aprobando una serie de leyes que considero importantísimas. Mañana vamos a votar en la Sala, en general y en particular, el proyecto de seguridad municipal. Y yo estaba revisando el informe financiero de este proyecto: primero nos señalan que el primer año serían 500 millones; luego 2.600 millones, 2.400 millones; el máximo, el cuarto año. ¿Ustedes creen que con eso, primero, el tema de la seguridad, cómo se va a financiar? Porque, de verdad, los fondos que se asignan no son suficientes para lo que se espera. Si se proyecta esto a largo plazo, la seguridad es un tema de ahora.
Entonces, respecto de esto —que el cuarto año serán 2.000 millones—, ¿ustedes creen que con esos montos vamos a poder financiarlo? No sé quién me pueda contestar, porque a mí los números no me cuadran, por lo menos. En un país donde es tan necesario tener una coordinación al respecto, el presupuesto que se propone es muy menor. Me preocupa que aprobemos estas leyes y después no haya plata para financiarlas, sobre todo estando en esta etapa en que la palabra que más se usa en presupuesto es “recorte”, para este y para los próximos gobiernos.
¿Cuál es la opinión de ustedes respecto del presupuesto? ¿Cómo lo ven? Antes de que conteste la senadora Pascual, va a intervenir. Gracias, Presidente.
Quiero agregar una pregunta a propósito de uno de los aspectos que contestó el subsecretario, por su intermedio, Presidente. Aquí se dio una gran discusión a propósito de la tecnología IMSI-Catcher, que es tremendamente intrusiva y, de hecho, creo que uno de los puntos más complejos de la nueva Ley Antiterrorista, pues constitucionalmente es debatible en varios países. El subsecretario plantea también un tema respecto de una tecnología potencialmente intrusiva, en cuanto a que el sistema geolocalice no la llamada de emergencia, sino a otro, ¿no?
¿Por qué lo pregunto? Porque, en caso de una persona perdida o de secuestro, es tremendamente relevante poder ubicarla, y obviamente esa persona no tendrá la posibilidad de estar llamando. Entiendo esa necesidad. Pero, ¿cómo generar un marco con limitaciones que permita, por un lado, evitar una situación fatal y encontrar a las personas y, por otro, no adoptar medidas que, como señala el subsecretario, interfieran no solo en la protección de datos personales, sino que además, en el caso de la tecnología que mencioné, no capta los datos de una dirección IP específica, sino de un radio geográfico? Por lo tanto, lamentablemente, vecinos de un investigado podrían terminar con todos sus datos siendo investigados. Esa es la complejidad y, por lo mismo, choca con las libertades individuales resguardadas constitucionalmente. ¿Existe alguna limitación que permita efectividad sin interferir en lo otro?
Lo segundo: todo el sistema descansa en una colaboración obligatoria con privados, puesto que no hay nada que pueda cubrirse desde el Estado. ¿Qué opinión tienen sobre contemplar una habilitación, solo en casos muy importantes y de extrema necesidad, para que el Estado requiera información y las empresas deban responder en tiempo real, y no con demoras de tres días, cuatro días, una semana, etcétera? Esas son las dos temáticas que me interesan.
El Ejecutivo tiene la palabra. Subsecretaria.
Sí. Ante la preocupación, y por su intermedio, Presidente, Senador, efectivamente la mirada del proyecto, y respecto de la cual el Ejecutivo desarrolla su propuesta, debe estar en relación con los presupuestos existentes; esto, obviamente, se conversa y se trabaja con Hacienda. Al presentar el proyecto, visibilizamos los costos según cómo está planteado. El proyecto originalmente tenía otras características, y lo que hicimos fue concentrar los recursos disponibles en aquello más importante: la plataforma tecnológica, la conformación de los comités regionales, entre otros. En consecuencia, otras materias se postergaron o dejaron de proponerse para potenciar el proyecto y focalizar los recursos existentes en desarrollos que son indispensables para su implementación.
Quien está revisando esto entiende que un informe financiero se elabora en un año y que el proyecto de ley puede aprobarse en otro; por lo mismo, deberá seguir revisándose conforme avance el proceso. Tiene una temporalidad y, finalmente, habrá que licitar o desarrollar (aunque sea con desarrollo propio dentro del país, por el Estado o alguna institución) el sistema que corresponda, lo que igualmente requerirá presupuesto. Eso es lo contemplado ahora en el proyecto. Sin embargo, habrá que ir revisando permanentemente ese presupuesto y el informe financiero a medida que se defina, por ejemplo, qué plataformas se utilizarán y cuál sea la definición final. Por eso se propone un modelo de gestión, una gobernanza capaz de hacerse cargo con el presupuesto que se está planteando.
Gracias, subsecretaria. Subsecretario Claudio Araya. A ver, sobre el tema de la intrusión, del IMSI: cualquier sistema de intrusión, en definitiva, requiere medidas más de orden administrativo que técnico, porque desde el punto de vista técnico no existe ningún sistema inviolable. Para que un sistema que nos permita hacer geolocalización solo haga lo que debe hacer, primero debe tener una única puerta de entrada, de modo que el guardián de esa puerta no tenga alternativas; que no existan puertas traseras. Y, segundo, desde el punto de vista administrativo, debe definirse el procedimiento. Hoy la entrega de información georreferenciada está sujeta a autorización judicial. Entendemos que, en este caso, debe hacerse un símil de autorización judicial, pero tratándose de una emergencia (por ejemplo, un secuestro) se requiere un mecanismo de colaboración con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para obtener las autorizaciones en tiempo oportuno, ya sea por la vía de órdenes de investigar; que la autorización sea oportuna, pero siempre con resguardo administrativo. Esto lo vemos en la interacción habitual con las telcos: cuando se pide una georreferencia, el funcionario que debe bajar los datos lo hace fuera de línea y espera tener un respaldo, porque se siente vulnerable frente a una eventual demanda por haber entregado datos que no debía, o datos sensibles. Por eso las medidas de resguardo deben ser administrativas. Con el Presidente estuvimos en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, en España, y vimos cómo trabajan allá. No es la CNI; de hecho, hicimos la salvedad cuando estuvimos allá, y me produjo algo de nervio entrar a ese edificio. Observamos cuál es la gobernanza que se aplica y, en el fondo, este es un tema de gobernanza: cómo hacemos que esto sea efectivo, porque cuando buscamos a una persona extraviada necesitamos encontrarla ahora y no dentro de seis o doce horas, y que, a la vez, no se permitan vulneraciones. La tecnología tiene que estar al servicio de la gobernanza que finalmente se defina.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Solo pedirle al Ejecutivo revisar dos aspectos. Primero, la presupuestación: hoy el desarrollo del piloto está previsto para el segundo año. Con lo señalado —la necesidad de probar, desarrollar capacidad nacional, etc.— lo ideal sería situarlo en el primer año, invertir antes, porque eso permitiría abordar rápidamente; luego se regula y se ajusta, pero partir con un piloto. Segundo, que la Subsecretaría de Telecomunicaciones pueda oficializar que el P25 será el estándar, porque pareciera que todos se preguntan: ¿y qué usamos? Si ya se instaló, hay que tomar la resolución. Creo que la Contralora General de la República quedará más tranquila cuando exista un acto administrativo que señale que eso es lo que ocurrirá, y así poder avanzar. Ha surgido entonces la necesidad de coordinarnos muy bien, especialmente en flagrancia. Le pediría al Ministro de Seguridad Pública que tome ese tema, porque se trata de coordinación con el Ministerio Público para definir de qué forma y con qué tecnología se puede actuar. Debemos pasar de la prevención a la persecución, con todas las coordinaciones y los tiempos. Se agradece a ambos subsecretarios.