Presidenta: ¿Les parece que escuchemos a la Subsecretaria? Entiendo que tuvo reunión con el senador Galilea. Me señalan que hará una exposición de aproximadamente media hora.
Subsecretaria: Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, dos cosas. Uno, se actualizó el informe financiero con los datos al día de hoy de ambas cosas: la plataforma y los recursos para distribuir en los municipios. Eso es lo primero. Se eliminó también una frase que aludía al registro que debían llevar los municipios, porque ese registro se suprimió; solo quedó el registro que llevará la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Por lo tanto, de todos modos se requiere la plataforma, pero la diferencia es que ese registro no incluirá datos de los municipios, para no imponerles una carga, y eso se eliminó en la discusión de las comisiones unidas.
Lo otro, respecto de la preocupación de los señores senadores y, en particular, del senador Galilea, revisamos los artículos. La verdad es que el tema que le preocupaba está resuelto, en el entendido de que los artículos señalan, primero, que son los municipios los que celebran convenios con las asociaciones. Incluso es una norma que va más allá de los resguardos porque, en estricto rigor, ya siendo parte de una asociación de municipios, ni siquiera sería necesario firmar ese convenio. Así y todo, se impone la obligación de firmar un convenio con la asociación, y ahí quedarán resguardadas las responsabilidades de ambas partes.
Segundo, cuando se refiere a los elementos de protección, se señala que los municipios pueden celebrar convenios, y las asociaciones también, con la Subsecretaría de Prevención del Delito; pero, como estamos regulando las asociaciones, en la práctica, en ninguna parte puede desprenderse de los artículos un deslinde de responsabilidad del municipio respecto de los temas de seguridad.
Y en la parte específica donde se señala la obligación de la Subsecretaría al celebrar convenios para la transferencia de recursos con las municipalidades, aparece luego, en el inciso siguiente, que estos recursos se asignarán de conformidad con un programa elaborado por la Subsecretaría. Esto se refiere a programas como el Sistema Nacional de Seguridad Municipal u otros que tenga la Subsecretaría, y allí se establecen cuáles son los criterios guía: territoriales, demográficos y de vulnerabilidad socio-delictual. Es decir, podría ser que estos recursos se entreguen de acuerdo al mismo Sistema Nacional, con el índice de vulnerabilidad socio-delictual, o que se elabore un nuevo índice; pero, en la práctica, que no dependan de la arbitrariedad de la autoridad, sino de un índice propuesto para los municipios. Por lo tanto, en ese sentido, queda resuelto lo que señala el senador desde el punto de vista de la normativa a la que hacía referencia, y no habría ningún peligro de que el municipio pudiera deslindar responsabilidades respecto de los temas que le corresponden en materia de seguridad. Eso, Presidenta.
Senador Galilea: Gracias, Presidenta. En relación al tema de la relación, valga la redundancia, entre la Subsecretaría, los municipios y las asociaciones, estuvimos revisando la norma, y me interesa que quede claro para la historia fidedigna, Subsecretaria, que, número uno, los que postulan son las municipalidades. Las transferencias son siempre recursos monetarios, porque es la municipalidad la que recibe transferencias para comprar equipamiento de protección. Ese es el objetivo de esto. Dicho equipamiento debe ser comprado por la municipalidad, que sí podría, eventualmente, en base a los proyectos ganados y a los criterios y programas preestablecidos por la Subsecretaría, utilizar una asociación municipal para realizar, por ejemplo, una licitación más grande que les permita obtener precios más competitivos. Eso es así. Uno, primer tema. Dos, creo que es bueno reiterar, y ahí es el único lugar en que me habría gustado poner una palabrita, porque entiendo que es así, pero no creo que valga la pena hacer un trámite adicional, que es en el artículo 54, que el mecanismo...
Lo mismo con la asociación mencionada, es decir, a través de asociaciones. Solo puede ser en asociaciones que tengan por finalidad objetiva la realización de programas vinculados a la seguridad pública. Yo entiendo que debe tratarse de un giro único de esa asociación de municipalidades; me hubiera gustado que dijera expresamente la palabra “único”. No lo dice, creo que se puede entender así, pero, en todo caso, me parece importante que en la historia fidedigna de la ley quede totalmente establecido que es un giro exclusivo, único, etcétera; que no puede ser para deportes, seguridad y mantención de áreas verdes. No: es solo seguridad, con una especialidad así.
Otra cosa que creo que es muy importante que quede clara: las asociaciones de municipalidades que celebren estos convenios deben contratar a personas que cumplan con un perfil, y ese perfil debe ser enviado por la municipalidad que solicita esa contratación. Además, el jefe de seguridad de la municipalidad tiene una responsabilidad administrativa respecto de que se cumplan todas las condiciones y que el personal reúna los requisitos establecidos en la ley. Asimismo, se debe informar a la Subsecretaría, trimestralmente, quiénes están trabajando y si cumplen o no los requisitos. Es decir, la responsabilidad siempre sigue estando en manos del alcalde y de la municipalidad en cuestión.
Por lo tanto, la parte que me importaba a mí queda totalmente establecida: la relación de la Subsecretaría, en la práctica, siempre es con los municipios, y son los municipios los que pueden constituir, manteniendo toda la responsabilidad administrativa del caso, asociaciones entre ellos para obtener, por ejemplo, mejores condiciones de compra de artículos de protección para quienes ejercerán labores de seguridad.
Entonces, si no hay ninguna discrepancia en eso, subsecretaria, yo quedo satisfecho con los estudios y explicaciones y estoy dispuesto a votar favorablemente.