Cámara de Diputados - Salud - 4 de noviembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, 4 de noviembre de 2025, de 17:30 a 19:30 horas, se encuentra convocada esta sesión de la Comisión de Salud. Agradecemos la presencia de la señora Ministra de Salud y de las y los invitados. En primer término, recibiremos a la Cámara de Innovación Farmacéutica, que presentará un estudio de caracterización del gasto público en salud. Posteriormente, continuaremos la votación del proyecto denominado Ricarte Soto II, procurando avanzar lo más posible. Pasamos a la cuenta del secretario. Gracias, presidente. Buenas tardes a la comisión y a las y los invitados. Han llegado los siguientes documentos. Un oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual se retira y presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica. Un oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual se retira y presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la Ley N° 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Un oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual se retira y presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico. Un oficio del Superintendente de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la posibilidad de agilizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la acreditación de los prestadores de salud, así como sobre la existencia de un plan de trabajo para la aprobación de dichas acreditaciones. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual, en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la Ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en especial respecto de la garantía de atención médica conforme al Código Sanitario. Otro oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la posibilidad de incluir el problema de salud psoriasis vulgar como condición y de ampliar las tecnologías en estudio para dermatitis atópica en el mismo proceso.

Un oficio del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, mediante el cual remite informe de licencias médicas en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Y acá, presidente, daremos por leído todo lo relativo a la información de la Ley de Presupuestos, como hemos acordado previamente. Nos pasamos al documento número 71, que corresponde a un oficio con indicaciones del Ejecutivo y su informe financiero respectivo, de carácter sustitutivo, al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico, boletín 13.811. Una minuta del Colegio de Fonoaudiólogos y Fonoaudiólogas de Chile con propuestas de indicaciones para el proyecto de ley de la modificación del libro quinto del Código Sanitario. Una solicitud de audiencia del director del Área de Biología en Salud del Colegio de Biólogas y Biólogos de Chile y vicepresidente de la Sección de Genética Humana de la Sociedad de Genética de Chile, doctor Ricardo Fernández Ramírez, en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario ya referido. Un oficio del director nacional de FONASA, mediante el cual responde a esta comisión sobre las transferencias y pagos de drogas de alto costo realizados en los años 2024 y 2025, que no fueron financiadas, y detalla el impacto que ello provoca por la discontinuidad en la atención, con énfasis en la región de Ñuble. Un oficio del director nacional de FONASA, asimismo, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre las medidas que se adoptarán para garantizar la acreditación de los prestadores y centros de salud de la misma región de Ñuble, considerando los costos asociados. Una nota del Comité de la Unión Demócrata Independiente, mediante la cual informa que el diputado Daniel Lilayú Vivanco será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Cristián Moreira, aquí presente. Una nota que informa el pareo acordado entre la diputada Helia Molina y el diputado Agustín Romero durante la sesión de hoy. Una nota que informa el pareo acordado entre la diputada Ana María Gazmuri y el diputado Andrés Celis durante esta sesión. En el mismo sentido, el pareo acordado entre la diputada Carol Cariola y la diputada María Luisa Cordero durante esta sesión. Y, finalmente, una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual se informa que la diputada Marta Bravo Salinas será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla Muñoz, aquí presente. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, por suerte dimos lectura a todos los oficios, porque son 79 oficios en la Cuenta. Eso refleja también que estamos viendo tres proyectos en paralelo y, por eso, entendiendo lo que está en el punto 3, que reitera y hace presente la suma urgencia del despacho del proyecto de modificación del Código Sanitario, respecto del cual muchos parlamentarios han manifestado su apoyo. Quiero contarles que el lunes tuvimos una jornada especial con todos los colegios profesionales de nuestro país, sus direcciones nacionales, en la que cada uno planteó sus preocupaciones, lo que les parece bien de esta modificación, y tuvieron la oportunidad de ser escuchados y de entregar una minuta con lo que estiman corregible. Nosotros adquirimos el compromiso, como comisión, de generar las indicaciones, siempre que sea legalmente procedente, o solicitar al Ejecutivo que reconsidere aquellas materias que son de su iniciativa exclusiva. Fue un espacio muy provechoso, porque este proyecto está detenido desde 2019 prácticamente. A principios del gobierno se le hicieron algunas indicaciones y después quedó también en pausa. Ahora que se reitera la suma urgencia, quisimos hacer esta actualización primero para que los colegios profesionales integren su visión, de acuerdo con cómo ha evolucionado la medicina desde 2019 hasta hoy. En 2019, les recuerdo, no habíamos tenido pandemia.

El trabajo interdisciplinario no había sido puesto a prueba como lo fue durante la pandemia. Hoy muchas personas piensan distinto sobre lo que hacen los kinesiólogos en UCI respecto de hace diez años. Han cambiado varias cosas y, además, entonces no teníamos inteligencia artificial; hoy existe el riesgo de que múltiples plataformas de IA realicen diagnósticos o sugerencias diagnósticas. Eso también se incorporó como alerta en la discusión. Fue una muy buena experiencia y agradezco a la ministra, que envió a sus representantes para escuchar y tomar nota. La idea era refrescar y mirar con una perspectiva de conjunto. Se entendió que íbamos a adoptar acuerdos en lo que se puede avanzar, pero no haremos una reforma del Código Sanitario con el nivel de detalle propio de un manual o reglamento. Avanzaremos en lo que sí corresponde, y aquello que toca los límites entre especialidades o profesiones deberá quedar en la normativa reglamentaria. La jornada tuvo un muy buen desempeño y fue efectiva. Respecto del oficio que el Presidente ha solicitado, estamos conscientes y realizando el trabajo previo para, una vez concluida la discusión de la Ley Ricarte Soto, iniciar la reforma del Código Sanitario e incorporar las nuevas profesiones y aquellas que hoy no están incluidas. Eso por mi parte. Pasamos a la orden del día. ¿Hay preguntas sobre la cuenta? Adelante, doctor Palma. Presidente, la Fundación de la Familia es una institucionalidad de nuestro país, fundada por la señora Leonor Oyarzún, esposa del Presidente Aylwin, hace 35 años. Nuevamente vemos amenazada la continuidad de un programa por falta de presupuesto o por una mala evaluación. Tengo aquí 500 firmas de vecinos de La Florida y otras tantas de la comuna de La Pintana, porque, si se sigue perjudicando los programas sociales, nos estamos disparando en los pies. Quería dejarlo planteado en esta comisión; hoy hay poca concurrencia de colegas, pero no es un tema menor. Le pido, presidente, que se oficie al Ministerio de Desarrollo Social para conocer la veracidad de esta situación y el posible cierre de la institucionalidad denominada Fundación de la Familia. Gracias. Gracias, diputado. Apenas tengamos quórum, someteremos a acuerdo el oficio. Seguimos con la orden del día: recibimos a la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF). Primero, saludamos a la ministra Ximena Aguilera; a su equipo; al director nacional de FONASA; y al equipo de la CIF, encabezado por Benjamín Ahumada, Francisco León, Carlos Portales, Francisca Rodríguez y Mariela Formas. Ellos nos presentarán el segundo informe del estudio de caracterización del gasto público en salud, desarrollado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, en conjunto con la CIF. Nos interesa este insumo porque, estando en la discusión de la Ley Ricarte Soto, es importante contar con él y no habíamos alcanzado a escucharlo. Adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Este estudio busca servir como insumo para la política pública, especialmente porque analiza la distribución del gasto en medicamentos e incorpora benchmark internacionales para comparar dónde estamos, identificar brechas y proponer indicadores y soluciones que mejoren la política pública. Tiene la palabra Benjamín Ahumada para continuar con la presentación.

Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todas las diputadas y diputados, y en especial a la Ministra de Salud y al Director de Salud, señor Camilo Cid. Haré una presentación muy breve del estudio desarrollado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Este estudio busca, en primera instancia, reflejar el comportamiento evolutivo del gasto en medicamentos en el sistema de salud. La primera versión, realizada el año pasado, analizó un periodo de diez años, desde 2014 hasta 2024, para identificar los esfuerzos del sector público y sus resultados en términos de gasto en salud. Como se observa en el primer gráfico, entre 2014 y 2024 el gasto en salud aumentó significativamente. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, en 2014 representaba un 7,8% y en 2024 alcanzó un 10,5%. Las proyecciones, de mantenerse la tendencia, indican que en 2026 estaríamos gastando cerca de 10,7 puntos del PIB, lo que nos posiciona entre los países que más impulsan el gasto en salud dentro de la OCDE. En 2024, expresado en pesos de 2026, se gastaron en el país 35,3 billones de pesos en salud. A diferencia de países como España o Portugal, que entre 2022 y 2024 disminuyeron su participación del gasto, Chile la aumentó, ubicándose en ese 10,5% del PIB. Traemos estas cifras en pesos de 2026 porque hoy estamos en la discusión del proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud. En 2014, el presupuesto del Ministerio alcanzaba 17,2 billones de pesos. Sin embargo, dicho presupuesto no corresponde íntegramente a gasto asistencial, pues incluye componentes como licencias médicas, inversión sectorial y gasto institucional. Si excluimos esos componentes, los recursos efectivamente disponibles en el presupuesto del Ministerio de Salud ascienden a aproximadamente 13,8 billones de pesos. El gráfico a la izquierda muestra la composición del presupuesto. Aunque más que duplicamos el presupuesto en este período, la composición entre los componentes identificados se mantiene relativamente estable: programas universales (en verde) como línea basal; el sistema público con la atención primaria (en celeste); el sistema público con la atención secundaria y terciaria; y las compras que realiza el sistema público al sector privado para aumentar la oferta en modalidad institucional, que mantienen un comportamiento similar pese al aumento de recursos. Hasta 2026, es importante reforzar que no existe en el presupuesto un programa que permita gestionar específicamente el gasto público en medicamentos. Nuestro foco es cuánto estamos gastando en medicamentos. Solo contamos con la Ley Ricarte Soto y el Programa Nacional de Inmunizaciones, que en conjunto representan cerca del 2% del presupuesto del Ministerio de Salud. El resto del gasto se ejecuta en otras estrategias garantizadas, por ejemplo el GES o también el FOSPAR, pero sin una asignación directa en la formulación del proyecto de presupuesto; queda inserto en el gasto que se ejecuta en la atención primaria o en los distintos servicios de salud. No hay, por tanto, un programa que permita identificar en qué se está gastando. Si miramos el gráfico de torta que representa, en cada anillo, el presupuesto desde 2014 a 2026 —actualizado con la cifra de 2026—, observamos que los componentes universales, donde están el Programa Nacional de Inmunizaciones y la Ley Ricarte Soto, y que son universales porque cubren a toda la población, independiente de si pertenece a FONASA o al sistema privado, se han mantenido en torno al 2% del presupuesto. Tanto en 2014 como en 2026 la participación es cercana a ese 2%. El financiamiento asignado a través del proyecto de presupuesto al sistema de atención primaria pasó de 21% en 2014 a 19% en 2026; es decir, ha disminuido su participación en la asignación de recursos.

¿Qué es lo que se ha fortalecido? Por supuesto, el sistema público del Sistema Nacional de Servicios de Salud, donde está la atención secundaria y terciaria, que pasó de un 45 a un 49% de participación en el presupuesto. ¿Por qué se produce esto? Principalmente por cómo ha ido modificándose la oferta pública: nuevos hospitales, incremento de la dotación de personal y de prestaciones, lo que es evidente en la ejecución. Las compras al sistema privado —la compra complementaria para diálisis, prestaciones GES y derivaciones cuando el sector público no puede resolver— mantienen una participación similar, pasando de un 12% a un 11%. Realizamos, además, un trabajo para monitorear el comportamiento de las licencias médicas. En 2021, la Ley de Presupuestos modificó la formulación del gasto y eliminó ese componente como ítem específico; sin embargo, al mantener sus porcentajes históricos de participación, no se observan mayores cambios ni en licencias médicas ni en inversión sectorial. Donde sí hay una disminución importante es en el gasto institucional (Fonasa, Casa Central; las subsecretarías; el Instituto de Salud Pública), que cae de un 9% a un 3%, reorientando mayores recursos hacia la provisión pública de salud. Enfoquémonos, entonces, en el gasto público en Chile. Identificamos cuatro componentes: los Servicios de Salud; la Ley Ricarte Soto; el Programa Nacional de Inmunizaciones; y el gasto que ejecutan los municipios. Para ello, utilizamos el sitio de datos abiertos de Fonasa para la ejecución de los Servicios de Salud (hospitales y direcciones de servicio), la Dirección de Presupuestos para la Ley Ricarte Soto y las series de ejecución municipal. Al compartir una misma clasificación presupuestaria, fue posible identificar con precisión el gasto ejecutado en medicamentos. ¿Qué observamos? Entre 2014 y 2023 el gasto público en medicamentos aumentó en términos reales; no obstante, a nivel de los Servicios de Salud se aprecia una disminución reciente. En relación con el PIB, su peso también crece, pero en una magnitud menor que la del gasto total en salud. Si miramos la lámina inicial, el gasto total en salud aumentó en torno a 3 puntos, mientras que en medicamentos el incremento fue de apenas unas décimas de punto. La participación de los medicamentos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, además, se redujo de manera apreciable. Si la tendencia se mantiene hacia 2026, desde un gasto público actualmente registrado del orden de 1,5 billones de pesos, el aumento proyectado sería acotado —del orden de cien mil millones de pesos adicionales—, lo que es poco. Para ponerlo en perspectiva, comparamos con tres países de Latinoamérica y con referentes de la OCDE. En Chile, aproximadamente el 15% del gasto en salud corresponde a medicamentos. Sin embargo, el gasto que asume el sistema público en medicamentos no sobrepasa el 24% del total; la mayor carga recae en el gasto de bolsillo de las personas. En países de la OCDE estructuralmente comparables, como Portugal o España, entre un 21% y un 25% del gasto en salud se destina a medicamentos, pero con una mayor participación de esquemas de protección financiera estatales (en torno al 60% a 80%), dejando el gasto de bolsillo entre un 18% y un 24%. Este es uno de los principales problemas de nuestro sistema: a pesar de haber incrementado significativamente el gasto, el gasto de bolsillo en medicamentos sigue siendo elevado para las familias.

Estamos hoy en día evaluando, a nivel del sector público, una deuda importante: el gasto en medicamentos constituye una merma significativa para los hogares, que deben financiar con recursos propios alrededor del 62% de este gasto. Ese era, a nivel macro, el comportamiento del gasto en medicamentos. En esta segunda parte quisimos abordar tres interrogantes: primero, si existen diferencias en el gasto público en medicamentos entre las distintas regiones; segundo, qué tan sólida es la gobernanza del acceso a medicamentos y en qué medida puede asegurarse la equidad entre los usuarios del sistema público; y tercero, cómo evolucionan las tendencias de los medicamentos innovadores. Hemos visto cómo personas han realizado caminatas desde el sur o desde el norte para impulsar la incorporación de nuevos medicamentos, y queremos saber cómo el sistema hoy día se hace cargo de esas demandas. Si bien en el informe esto está más detallado, estos son los principales resultados. Observamos una alta heterogeneidad en el gasto por beneficiario. ¿Qué hicimos? Tomamos el gasto ejecutado por los servicios de salud y por los municipios, y lo dividimos por la cantidad de beneficiarios del sistema público, para evaluar si existía un comportamiento homogéneo entre servicios. Aun cuando el sistema de salud cuenta con centros de referencia nacionales que pueden concentrar mayor gasto, a nivel regional la heterogeneidad es considerable. En promedio, el gasto en medicamentos por beneficiario alcanza los 69.800 pesos anuales; en Iquique se registra el menor gasto (44.200 pesos por beneficiario) y en Magallanes, 114.100 pesos por beneficiario. Aproximadamente el 85% de este gasto es ejecutado por los servicios de salud y el 15% restante por los municipios. En términos de gestión de compra, analizamos el comportamiento del gasto respecto de la canasta esencial de medicamentos. ¿Qué es la canasta esencial? Es la que define el Ministerio de Salud como el arsenal farmacológico mínimo que deberían disponer los establecimientos, y ha sido parte de las glosas presupuestarias para el seguimiento de este gasto. Recuerdo que en 2020 se monitoreaba un indicador que proponía un porcentaje mínimo del gasto en medicamentos asociado a esta canasta esencial, lo que en teoría debiera inducir un comportamiento más uniforme entre servicios. Sin embargo, aun tratándose de una canasta que debiera ser uniforme, se observan patrones muy heterogéneos: el promedio nacional es de 44.000 pesos por beneficiario; Iquique vuelve a aparecer con uno de los menores gastos, con 24.000 pesos por beneficiario, mientras que otros servicios presentan valores significativamente más altos. Aquí pueden incidir múltiples factores: niveles de acceso, modalidades de compra, y otras prácticas que vale la pena analizar con mayor detalle. Respecto del gasto en innovación, identificamos los principales principios activos con patente menor a 10 años, catalogando así la innovación en medicamentos. Estimamos que cerca de 190.000 millones de pesos corresponden al gasto que hoy realizan los servicios de salud en innovación, equivalente al 18% del gasto del sistema. Esto incluye la Ley Ricarte Soto, y un 5% corresponde a medicamentos asociados a la glosa de financiamiento de drogas de alto costo oncológicas, glosa presupuestaria creada en 2021 para normar y mejorar el acceso a estos tratamientos en la Ley de Presupuestos del sector público. En cuanto a la Ley Ricarte Soto, que entiendo también se discutirá en esta sesión, el proyecto de Presupuesto 2026 reconoce 189.000 millones de pesos, con un crecimiento respecto de lo definido para 2025; no se trata solo de un comportamiento inercial. Sin embargo, según los registros de la DIPRES al tercer trimestre, ya se ha ejecutado prácticamente el 100% de esos recursos, por lo que se requiere financiamiento adicional.

Estudios realizados por la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) respecto de la incorporación de nuevas drogas —por ejemplo, para cáncer de ovario, artritis, cáncer gástrico y cáncer renal— estiman un incremento en la Ley Ricarte Soto cercano a 88 mil millones de pesos. Cuando no se normaliza el financiamiento en los programas, igualmente se generan esquemas de otorgamiento de estas terapias a nivel de los servicios de salud; de hecho, parte de este “delta” ya se está materializando, pues hoy se están gastando en los servicios de salud alrededor de 11 mil millones de pesos. Es decir, estamos otorgando acceso, pero de manera no equitativa entre los distintos servicios por no contar aún con un esquema de financiamiento más robusto para esta ley. En resumen, ¿cuáles son los principales hallazgos? En 2024 se registró una disminución del gasto público en medicamentos respecto de 2023 de 2,3%; a nivel de los servicios de salud, la caída bordea el 7,3%. ¿Es relevante? Sí: de haber alcanzado una disminución de 8,3%, equivaldría prácticamente a un mes menos de gasto en 2024 respecto de 2023. La participación del gasto público en medicamentos sobre la Ley de Presupuestos pasó de 9,7% en 2014 a 9,01% en 2024. Tal como se observa al comparar con países similares, aún existen márgenes para aumentar el gasto en medicamentos, y hoy no lo estamos haciendo. En 2014, este gasto representaba cerca del 13% del presupuesto de los servicios de salud y de la APS; en 2024 equivale al 9,6% del gasto operacional. Persisten brechas territoriales: si bien el gasto promedio en salud alcanza los 64.000 millones de pesos, a nivel de los distintos servicios subsisten dificultades para acceder de manera equitativa a los beneficios estatales en medicamentos. Para dimensionar, en 2024 se gastaron 974.000 millones de pesos a nivel de los servicios de salud. Estudios de Horizontal, publicados recientemente sobre el gasto en exceso en licencias médicas de funcionarios del sector público —contrastando días promedio de licencia en salud versus el sistema privado— estiman potenciales eficiencias cercanas a 693.000 millones de pesos. La Expansión de Salud en 2026 reconoce del orden de 899.000 millones de pesos; el gasto adicional tendencial entre 2024 y 2026 sería de 226.000 millones de pesos; y la incorporación de estas drogas a la Ley Ricarte Soto asciende a 88.000 millones de pesos, monto que puede ser absorbido mediante mejores mecanismos de eficiencia, gestión y compras de medicamentos. ¿Cuáles son los desafíos que proponemos desde la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y, por supuesto, desde la CIF? Primero, dar sostenibilidad al gasto en medicamentos: idealmente, establecer una regla de crecimiento vinculada al PIB tendencial o al presupuesto del Ministerio de Salud, junto con evaluaciones periódicas basadas en evidencia. En nuestro estudio, analizamos el período 2018-2024 para traducir el mayor gasto en términos de dosis: observamos un aumento cercano al 120%, es decir, más del doble de lo comprado en 2018. Sin embargo, no sabemos si ello se traduce en llegar al doble de personas; por tanto, se requieren evaluaciones periódicas de resultados. En protección financiera de los hogares, proponemos un programa de financiamiento en medicamentos que permita expandir coberturas en patologías de alto gasto, evaluar cobertura en la libre elección para trazar y monitorear el gasto de las personas, y traspasar los ahorros de compras centralizadas. En equidad territorial, implementar un indicador de gasto territorial que monitoree sistemáticamente el acceso y la cobertura de beneficiarios a medicamentos por programa. Y, respecto del acceso a la innovación, crear un programa de acceso a medicamentos innovadores —no un fondo—, con acuerdos de riesgo compartido y mecanismos adecuados.