Cámara de Diputados - Hacienda - 4 de noviembre de 2025

La señora secretaria dará lectura a la Cuenta. Presidente, voy a dar lectura a los documentos que han llegado en el transcurso de la mañana y que no correspondió dar cuenta antes. Se deja constancia de que el diputado Jaime Sáez actúa en reemplazo en esta sesión. Asimismo, se han agregado urgencias presentadas por el Presidente de la República: - Urgencia suma para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. - Urgencia suma para el proyecto que se refiere a las enfermedades o condiciones preexistentes en materia de salud, que elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional. Respecto de este último, para recordar, la Comisión lo devolvió a la Sala sin informe debido a que la norma con incidencia presupuestaria fue rechazada en la Comisión de Salud. Sin embargo, el Ejecutivo volvió a reponerla en la Sala, por lo tanto cumple con el informe financiero y la indicación que la repone. Está disponible para ser tratada. Además, se ha hecho presente urgencia simple para el proyecto que moderniza la regulación del lobby y la gestión de intereses particulares ante autoridades y funcionarios; y para el que crea la Comisión de Comercio Estratégico, regulando la exportación de materiales de uso dual y de defensa. Por último, se ingresó el proyecto que mejora la protección de los derechos de las personas en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el SERNAC. En cumplimiento de la Ley de Presupuestos, también se recibe la documentación correspondiente al tercer trimestre. Están a disposición, Presidente, y para no demorar, son los informes que se dan cuenta cada año. Muy bien. ¿Algo sobre la Cuenta? ¿No? ¿Asuntos varios? ¿No? Entonces, damos comienzo a la tabla. Como les había comentado a algunas y algunos colegas, hoy no vamos a votar. Daremos una vuelta más al proyecto para que el Ejecutivo vea y recoja todo lo que hemos dicho aquí, converse con quien corresponda y, además, porque se solicitó otra audiencia que escucharemos. ¿Les parece? —Diputado Donoso: ¿Vamos a hacer una discusión sobre lo que faltó en la mañana? Sí. Va a exponer un representante de la SUBDERE y también la directora del Servicio de Impuestos Internos, a quienes habíamos invitado y que no alcanzaron a intervenir en la mañana. Solo expondrán; no vamos a votar, como señalé. —¿Puedo hacer un par de consultas antes? Sí, un momento. Antes de continuar, habíamos propuesto revisar un par de mociones y dar cuenta aquí para, una vez las coloquemos en tabla, partir su tramitación. Como no sesionamos, no lo pudimos ver: un proyecto del diputado Trisotti, solicitado por el diputado Donoso, y uno del diputado Cuello, que me gustaría ver al final. ¿Les parece? Bien. Entonces partimos con la orden del día, cuyo objeto es continuar —y, en su caso, la votación, que no se realizará hoy— del proyecto de ley que establece beneficios a las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes del Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces, Boletín 17.933-05, con urgencia calificada de discusión inmediata. Están invitados el Ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau Veloso; el Coordinador de Política Tributaria, señor Diego Riquelme —bienvenido, señor Riquelme—; por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el señor Víctor Soto, jefe del Departamento de Finanzas Municipales de la SUBDERE —bienvenido, señor Soto; lamentamos no haber podido escucharlo en la mañana—; y la directora del Servicio de Impuestos Internos, señora Carolina Sarabia, quien nos acompaña por Zoom —bienvenida, señora Sarabia. Antes, había pedido la palabra el diputado Donoso para formular una consulta al Ejecutivo. —Diputado Donoso: Presidente, el Ministro planteó en la mañana que este proyecto iba a tener un costo de 30.000 millones, a pesar de que el informe dice 42.000 millones. Si eso es así —y puede ser, porque no todas las personas postulan a los beneficios—, cuesta entender por qué el primer año este proyecto, con sus fuentes de financiamiento, recaudaría 34.000; el segundo, 48.000; y el tercero, 63.000.

…y, en régimen, 83 mil millones. ¿Por qué la fuente de financiamiento de un proyecto que requiere 30 mil, según lo que dice el señor ministro, necesita una fuente de financiamiento dos veces y media, casi tres veces mayor? Eso me gustaría entenderlo, porque, en definitiva, aquí —y lo hemos dicho todos— lo que está en discusión es la fuente de financiamiento. No puede ser que lo sostengan dos municipalidades en Chile, y menos con tanto exceso, según lo que señaló el ministro durante la mañana. ¿Quiere que le responda al final? Mejor al tiro, presidente. Gracias, presidente. Muy breve, respecto de la consulta del diputado Donoso. El proyecto de ley, si uno revisa el mensaje sobre los cambios al Fondo Común Municipal (FCM), persigue dos objetivos. El primero es avanzar en mayor equidad territorial, reconociendo dos hechos. Si uno mira los ingresos de la comuna de Lo Barnechea, éstos son superiores a los de tres de las cuatro comunas que aportan 65% respecto de impuestos territoriales; es decir, tiene mayores ingresos que Providencia, Santiago y Vitacura. Sin embargo, aporta un porcentaje menor de dichos ingresos al Fondo Común Municipal. Lo mismo ocurre en patentes comerciales, donde dicha comuna no aporta al FCM, a diferencia de Santiago, que aporta un 55%, y de Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan un 65%. En consecuencia, respecto de Lo Barnechea, se propone una adecuación para que quede en condiciones idénticas a comunas con ingresos muy similares por estos dos conceptos, avanzando así en equidad territorial. En el caso de Las Condes, como se mencionó al presentar el proyecto, sus ingresos son más de tres veces superiores a la comuna que le sigue; por eso se estimó que esa comuna podía incrementar su aporte al FCM. Esto, adicionalmente, permite —y este es el segundo objetivo, no menos importante— compensar los menores ingresos que percibiría el Fondo Común Municipal por la ampliación del beneficio del adulto mayor. Solo para redondear, presidente, por su intermedio al diputado Donoso: efectivamente los montos son mayores porque las modificaciones tenían dos objetivos. Uno, compensar; y dos, actualizar parámetros que no se revisan desde 2007, incluyendo una situación sustancialmente distinta en Lo Barnechea respecto de las otras comunas que más aportan al FCM. Tal vez, como Ejecutivo, no lo expresamos bien, pero en el mensaje se señala que esos son los dos objetivos de la modificación. Esa es la explicación, más allá de la conversación de la mañana y del entendimiento del Ejecutivo de buscar alternativas a esa propuesta. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces, le vamos a dar la palabra al representante del diputado Cifuentes. Ya que estamos en este tema, presidente, hay un efecto que no sé si está considerado en el proyecto al establecer el monto de lo que el Fondo Común —más que los municipios en particular— deja de percibir, y es el impacto que tiene la rebaja de la contribución sobre cada municipio. Me explico: en un municipio X hay mil personas que van a ser beneficiadas y que contribuyen en la municipalidad X. Un porcentaje de esa recaudación, 60 o 65, se va al Fondo Común Municipal, y el otro 35% constituye un menor ingreso para la municipalidad. El neto es neto, digamos. Entonces, claro, aquí se plantea compensar al Fondo Común. La pregunta es: ¿está también compensado el menor ingreso del municipio? No sé si me expliqué.

Sí, presidente. Respecto del punto, por eso el proyecto de ley plantea compensar el total del costo potencial, que asciende a 40.000 millones de pesos, es decir, la suma de los menores ingresos del Fondo Común Municipal más los menores ingresos por efecto directo. No está estimado comuna por comuna, pero efectivamente el Fondo Común Municipal recibiría un poco más, lo que permitiría, vía dicho Fondo, compensar en parte estos menores recursos de cada municipio. De todas formas, se genera una distribución más homogénea que, por la cantidad de beneficiarios, no debiese afectar drásticamente a ninguna comuna en particular. De hecho, este beneficio ya lleva del orden de 10 años vigente y no hay ninguna comuna que se haya visto sustancialmente afectada. Actualmente son 185.000 y fracción los beneficiarios del beneficio para adultos mayores en materia de contribuciones, y este proyecto de ley apunta a incrementar en el orden de 76.000 adicionales. Por lo tanto, no habría, en principio, ninguna comuna que se viera especialmente afectada en sus ingresos propios (el 40%), de manera sustantiva. De hecho, en el informe —a propósito de una consulta; no está el diputado Donoso, por su intermedio, presidente— el informe complementario detalla los inmuebles que se incorporarían al beneficio en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes. Es una cantidad menor de inmuebles en esa situación, y allí sí hay una dispersión mayor respecto de otras comunas. Eso, presidente. Muy bien. Le vamos a dar entonces la palabra a don Víctor Soto. Antes de eso, el diputado Gastón Fuentes tiene una duda. Gracias, presidente. Por su intermedio, una pregunta a Diego, quizás un poco técnica. Dadas las nuevas distribuciones que se pueden estar evaluando, ¿tenemos información de los índices de correlación estadística de esas distintas distribuciones que puedan hacer llegar a nuestra comisión? Cuando uno distribuye el Fondo Común a todas las comunas, estadísticamente se puede calcular el índice de correlación, que permite determinar técnicamente si la distribución es desigual o no. La clave es el índice de correlación: ¿cómo se da en las 345 comunas? Las personas que hicieron la distribución debieran haber considerado como variable el cálculo de esos índices de correlación. Ahí se observa si no existen distorsiones, si se acercan a uno o si van a cero, lo que significaría que hay algún problema. Es una medida estadística muy importante para una distribución tan grande, entre tantos municipios disímiles. Gracias, presidente. Le podemos preguntar también al representante de la Subdere, que ve justamente las finanzas municipales. Así que le vamos a dar la palabra a don Víctor Soto. Bienvenido. ¿Les importaría si proyecto una presentación? Les agradecería que me indicaran si la pueden ver. Sí, se ve la primera presentación, don Víctor. Ah, perfecto. Vamos. Primero, queríamos mostrarles el estado de situación de los ingresos a nivel nacional de los municipios, expresados en miles de pesos. Ustedes pueden ver en esta primera gráfica, desde el año 2019 al año 2024... Disculpe, se le escucha bajo y no se entiende muy bien.

Si me da un segundo, presidente… Todavía se escucha como lejos. Vamos a ver… Ah, ya. ¿Ahí se escucha mejor? Aún se escucha bajo. No tengo más opciones, voy a acercar un poco el micrófono. ¿Se puede subir el volumen acá? Intentemos subirlo un poco. ¿Podría hablar un poquito más fuerte, don Víctor? Sí, por supuesto. ¿Así se oye mejor? Ahí se escucha un poco mejor. Hagamos el esfuerzo para que se entienda bien. Bueno, en esta primera gráfica pueden ver los ingresos nominales totales de los municipios, en miles de pesos… Don Víctor, no, no se escucha bien acá. ¿Y ahí, presidente, mejora? Mire, don Víctor, vamos a llamar a Informática para ver si pueden solucionar el problema. Mientras tanto, le daremos la palabra a la directora del Servicio de Impuestos Internos, la señora Carolina Saravia. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, señor presidente? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. También quiero compartir una presentación. Adelante, comparta. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve su pantalla. Ahora la presentación. Le pedimos también que envíe la presentación a la comisión para tenerla acá. Sí, por supuesto. ¿Se ve la presentación? Sí. Colóquela en modo presentación, por favor. Abajito, al lado de… ese. ¿Ahí? No… Bueno, pero igual la vemos. Voy a duplicar la pantalla, a lo mejor ahora sí. ¿Ahí? Se escucha bien, pero la presentación no está en modo presentación. ¿Les parece si presento igual? Sí, igual la vemos. Perfecto, muchas gracias. Saludo a todos quienes están esta tarde. Estoy con el subdirector de Avaluaciones, Pablo Muñoz, que me acompaña en la conexión. Preparamos una presentación respecto de la postergación del proceso de reavalúo y la ampliación del beneficio del adulto mayor. En cuanto al proceso de reavalúo, partir por el contexto: esto está normado en la Ley 17.235 del Impuesto Territorial. Es un proceso de tasación masivo y simultáneo, de carácter eminentemente técnico, que actualiza los valores de los terrenos y las construcciones de todas las propiedades de la serie no agrícola del país. Mediante este proceso se determina el avalúo fiscal, reflejando los aumentos, plusvalías o minusvalías.

…que pueden haber experimentado los bienes raíces no agrícolas durante el periodo de cuatro años establecido en la ley. Junto con esta nueva tasación, que determina el avalúo fiscal, se recalcula el monto de las contribuciones. En la misma ley se fija el plazo en que el Servicio de Impuestos Internos debe efectuar esta nueva valoración para las series agrícola, no agrícola y los sitios no edificados, y se establecen los parámetros bajo los cuales debe ejecutarse. El alcance de este proceso abarca casi siete millones y medio de roles en los 345 municipios del país y corresponde aproximadamente a 4.318.000 propietarios. El avalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas se determina mediante la suma del avalúo del terreno y el avalúo de la construcción. Este proceso contempla cuatro etapas. En primer lugar, existe una amplia recopilación de antecedentes provenientes de las municipalidades; de los propios contribuyentes (mediante presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos y las inscripciones respectivas); de las operaciones de compra y venta de bienes raíces; de notarios y conservadores de bienes raíces; de la Tesorería; de bancos e instituciones financieras (tasaciones y operaciones); del Ministerio de Bienes Nacionales; del Ministerio de Obras Públicas; y de las empresas inmobiliarias. En suma, se trata de un proceso masivo de acopio de información. Se registra una dificultad técnica con la presentación, la que es subsanada al ser compartida por el señor Pablo. Se continúa con la exposición. Como se señaló, se definen áreas homogéneas según la ubicación de las propiedades, la calidad constructiva y sus características dentro de cada comuna. El procedimiento combina un componente automático con la revisión por parte de los equipos regionales en todo el país. A partir de las muestras determinadas, se depuran casos que no deben considerarse por información duplicada, datos incorrectos, roles inexistentes o propiedades cuya suma de participaciones supera el 100%. De esta manera, se revisan todos los antecedentes necesarios tanto para el avalúo del terreno como para el avalúo de la construcción.

Con toda esta información se llega a la definición del valor unitario del terreno. En el reavalúo de la serie no agrícola del año 2022, que es el último realizado, se identificaron 14.000 áreas homogéneas; 10.000 de ellas tuvieron que ver con el método comparativo entre diferentes áreas y 3.645 se definieron en base a la revisión de los equipos de evaluación en todo el país. Teniendo en cuenta lo anterior y el proyecto de ley que hoy se discute, nosotros, como Servicio, y con una mirada conservadora, si bien hemos venido desarrollando el trabajo de levantamiento de información, determinación de las muestras a considerar, definición de áreas homogéneas y valorización de terrenos y construcciones, también estamos pensando que, si este proceso se posterga, impulsaremos otras acciones para seguir mejorando tanto la metodología de cálculo como su difusión, de modo que sea conocida y compartida no solo por los equipos técnicos del Servicio de Impuestos Internos, sino también por equipos técnicos del mundo académico, de las municipalidades y otros expertos externos. En primer lugar, ya estamos trabajando en un estudio para revisar la valoración de la construcción en altura, con el propósito de incorporar modificaciones a la metodología de cálculo que otorguen mayor certeza a esa valoración. Este estudio fue encargado a una universidad y actualmente estamos revisando sus resultados para incorporarlos en un proceso de reavalúo, sea el vigente o, con mayor razón, si se posterga. Por otro lado, desde el mes de agosto convocamos a un panel de expertos para presentar, de manera precisa y clara, cada uno de los aspectos de la metodología y recibir retroalimentación. Considerando esta potencial postergación —pues es un proyecto que ustedes están evaluando—, estamos desarrollando licitaciones que permitan revisar otros factores incorporados en la metodología, y nos encontramos elaborando las bases para publicar otros dos estudios. Respecto de esta mesa de expertos, hemos incorporado a las dos asociaciones de municipios —la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile—, al equipo de Gestión y Banco de Suelos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a representantes de la Asociación de Asesores de Chile, al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, a la Cámara Chilena de la Construcción y a equipos expertos de distintas universidades: la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Técnica Federico Santa María, entre otras, esperando no omitir ninguna. Ya hemos realizado dos sesiones y nos resta una tercera. Cada sesión se ha dividido en dos reuniones para lograr mayor profundidad en la explicación que nuestro equipo de expertos entrega a académicos y especialistas. Hemos compartido la metodología mediante estas presentaciones, mostrado ejemplos de cómo determinamos las áreas homogéneas y, con ello, creemos haber logrado traspasar la metodología vigente, clarificar sus fundamentos y visibilizar cómo estamos trabajando en el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, hemos recogido las propuestas metodológicas que nos han planteado para enriquecer el modelo de valoración, mediante el uso de información geoespacial, datos de planificación territorial y estadísticas actualizadas. Todo esto lo estamos documentando con miras a un posterior reavalúo, idealmente si se posterga.

De este modo, podemos incorporar las propuestas metodológicas que nos han entregado los expertos, por ejemplo, la implementación de modelos matemáticos, logarítmicos, que nos permitan automatizar ciertas variables y reflejar de mejor manera la realidad urbana del país. Esto nos ha permitido también identificar áreas de mejora y nuevas fuentes de información que podríamos incorporar en el proceso de reavalúo. Como les digo, todo ello lo estamos documentando; y, a partir de esto, hemos comenzado a trabajar en la elaboración de dos licitaciones para incorporar estudios destinados a parametrizar y objetivar los factores considerados en la metodología de cálculo. Adicionalmente, estas mismas organizaciones se han comprometido a entregarnos propuestas técnicas, desde el punto de vista de lo que hoy establece la ley, para incorporarlas en la metodología del reavalúo. Si avanzamos a la siguiente página, y teniendo en cuenta todo lo anterior, si se posterga el reavalúo vamos a poder, como se muestra en esta línea de tiempo, no solo incorporar el estudio de valoración de construcción en altura —que, como les señalé, ya está avanzado y cuyos resultados recibimos de la universidad que lo desarrolló—, sino también incorporar las recomendaciones del panel de expertos, panel que deberíamos cerrar a fines de diciembre; el desarrollo de las licitaciones para la revisión de factores; y la definición de las zonas de valor. Con esta información, podremos incorporarla durante el próximo año al reavalúo, pensando en que este podría postergarse hasta 2027. La aprobación de este proyecto de ley nos permitiría incorporar nuevos elementos a la metodología y, de esa forma, otorgar mayor certeza a la ciudadanía respecto del proceso que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos; y, por otro lado, contar con la validación de un panel de expertos académicos, de las municipalidades y de otras organizaciones privadas, como la Asociación de Tasadores, que han contribuido muy propositivamente en cada una de las sesiones que hemos tenido. Respecto del beneficio del adulto mayor, cabe mencionar que, como ustedes han estado revisando en la discusión de esta parte del proyecto de ley, los requisitos actuales distinguen entre propietarios adultos mayores —mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más—. En cuanto a ingresos, existe el límite de 13,5 UTA para recibir el 100% del beneficio, y hasta 30 UTA para recibir el 50% del beneficio. Ambos requisitos consideran, además, que el inmueble esté destinado a habitación y que esté inscrito a nombre del adulto mayor o en conjunto con su cónyuge o conviviente civil. Asimismo, se considera el avalúo fiscal del inmueble. En el proyecto de ley en discusión, estos montos de avalúo fiscal pasan a relacionarse con los ingresos del adulto mayor. Esto implica que, cuando el adulto mayor tenga ingresos hasta 13,5 UTA y el avalúo exceda el límite legal, el monto de la contribución será equivalente al 5% de su ingreso, lo que permitirá beneficiar a un mayor número de adultos mayores, especialmente a quienes poseen propiedades de mayor valor. Ahora bien, si la persona tiene ingresos entre 13,5 y 30 UTA, el impuesto a pagar —correspondiente al primer tramo afecto en la tabla del Impuesto Global Complementario— será el menor entre el 50% de las contribuciones y el 5% de los ingresos. Esto generaría, como indicaba, un aumento en el número de beneficiarios. Ahí, Pablo, si avanzamos: este beneficio del adulto mayor, entre 2014 y 2019, registraba un menor número de contribuyentes, pero ahora...

Con la modificación de ley realizada en 2020 aumentó y, claramente, si se aprobara esta modificación legal, también aumentaría la cantidad de adultos mayores que pueden estar sujetos a este beneficio cuando sus ingresos sean superiores a los de hoy. Esa es la presentación que traíamos. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Directora. No sé si don Víctor solucionó el problema. Ya, mientras tanto, el diputado Bianchi tiene una pregunta para la Directora. Sí, gracias, Presidente. Primero, saludar a la Directora. La información que uno recibe de la actual Directora del Servicio de Impuestos Internos, comparándola con la que uno obtenía del anterior Director del Servicio de Impuestos Internos, me parece relevante por lo que se le está diciendo hoy al país y a las personas que enfrentan la complejidad del pago de las contribuciones de sus viviendas. Yo desprendo de la presentación que hace la Directora —y voy a insistir en lo mismo que pedí en la mañana, Presidente, para que Hacienda lo recoja— que se postergue absolutamente el reavalúo. Creo que lo primero en que debemos ponernos de acuerdo es en la postergación del reavalúo. Lo que demuestra este panel de expertos es que, efectivamente, los cálculos a lo mejor no estaban bien hechos. Cuando uno observa que, estando en un mismo territorio, hay sectores a los que se les cobra distinto, o el enorme incremento que tuvieron las contribuciones —que defendía a ultranza el anterior Director del Servicio de Impuestos Internos—, lo que se desprende de lo expuesto por la Directora es que, con este panel de expertos, han surgido metodologías y aportes que cambiarían la forma en que se establecerán los futuros cobros. Entonces, mientras eso no ocurra, más allá de que podamos avanzar con este proyecto —cuyo objetivo entiendo y en el que no tengo problema, porque debemos dar una respuesta, fundamentalmente, a los adultos mayores—, creo que la postergación es vital y, además, estrechar los plazos, porque esto estaría para 2027 el probable beneficio. No sé si es posible que esto que anuncia la Directora, de que al final podría empezar a aplicarse en 2027, pudiera ser antes, para dar mayor certeza. ¿Quiere aclarar algo la Directora? Antes, Directora, disculpe: el diputado Romero tiene otra pregunta. Gracias, Presidente. Lamentablemente no tenemos la presentación, lo que no nos ayuda a entender estos puntos; ojalá que, en algún minuto, en alguna etapa de la tramitación de este proyecto, nos llegue la presentación. Presidente, quiero preguntarle a la Directora —porque no lo oí— si dentro de los factores que se toman para el avalúo de las propiedades está la situación de la tenencia. Hablo claro: ¿pagan contribuciones las propiedades que se encuentran tomadas? Me gustaría también saber si las propiedades que hoy se encuentran en zonas afectadas por la delincuencia también pagan contribuciones; por ejemplo, propiedades —en general, comerciales o no—, strip centers que son permanentemente asaltados, vandalizados, propiedades en barrios donde hay portonazos o abordazos. ¿Esas también pagan contribuciones? ¿Se pondera algo de eso? Y lo otro que quiero preguntar es respecto de aquellas propiedades que, si bien es cierto, tienen avalúos agrícolas —voy a hablar muy claro del caso de Noviciado, Pudahuel, y también de lo que ocurre en Batuco—, donde los propietarios intentan hacer los trámites para obtener rol de avalúo para cada una de las divisiones que tienen adentro, no lo consiguen en las municipalidades ni en Bienes Nacionales, y finalmente el Servicio de Impuestos Internos igual reconoce la situación de hecho; es decir, les cobra contribuciones como si fueran zona mixta o urbana, pero por otro lado el Estado no les reconoce la propiedad ni la posibilidad de obtener un rol propio para sus contribuyentes, para sus propietarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿El Servicio de Impuestos Internos se aprovecha del dolo? Es decir, cobra igual contribuciones de terrenos agrícolas, por ejemplo, como si fueran zonas urbanas, pero por otro lado no les reconoce la propiedad ni la posibilidad de obtener roles individuales...

…a fin de que los propietarios puedan regularizar y contar con un rol único para cada uno de sus predios. ¿Funciona así, aprovechándose del dolor ajeno, o no? Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Cifuentes.— Gracias, presidente. Para agregar una consulta: la definición de “urbano”, si lo pudiese aclarar la directora, ¿se atiene exclusivamente al Plan Regulador, a lo que éste califica como urbano? En segundo lugar, ¿qué ocurre con los PRI, los Planes Reguladores Intercomunales, que han determinado posteriormente —en distintos lugares, en valles completos como el Elqui o el Choapa, en fin, que agrupan varias ciudades— y que también afectan a sectores urbanos? En Los Vilos, por ejemplo, hay prohibición de construir bajo la cota 30 por la zona de inundación después del tsunami, a partir de una modificación legal. Entonces, esas construcciones que estaban hechas desde antes y pagaban contribuciones, ahora, al ser declaradas no habitables por estar en el área de inundación, ¿siguen pagando? ¿Van a pagar contribuciones en lo sucesivo? Y, en tercer lugar, ¿qué ocurre con el área de expansión urbana, que está fuera del Plan Regulador, en terreno agrícola, pero que tiene una categoría especial porque permite subdivisiones menores —dependiendo del plan— del orden de 2.000 metros cuadrados dentro de una parcela agrícola de 5.000? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en esos tres casos, presidente? Diputado Sáez.— Gracias, presidente. Consultar, además, por las zonas urbanas no urbanizadas que están declaradas en muchas ciudades. En el caso de Puerto Montt ocurre bastante: en la práctica están dentro de la ciudad, pero cuando uno va al terreno es como estar en el campo. Eso, directora. Presidente.— Tiene la palabra la directora, para responder. Directora.— Muchas gracias. La presentación, lamentablemente, no la enviamos porque recibimos la citación hoy en la mañana. Ya la acabamos de remitir. Ahora, primer punto: respecto de lo señalado por el diputado Bianchi, efectivamente se están incorporando una serie de elementos dentro de la metodología. Por lo tanto, este año de postergación permitiría tanto visibilizar como acordar la metodología que técnicamente corresponde. En cuanto a la consulta sobre predios tomados y el pago de contribuciones —más allá del proceso de reavalúo—, existe una resolución vigente desde 2023 que rebaja en un 95% las contribuciones de los predios usurpados o tomados en cualquier parte de Chile, sin importar el lugar. Respecto de la delincuencia, no existe una exención del pago de contribuciones. No obstante, desde el punto de vista tributario consideramos toda la información disponible sobre transacciones de bienes raíces; por eso hablamos de plusvalías y minusvalías. Potencialmente, el flagelo de la delincuencia podría estar siendo recogido en esas plusvalías, en base a la información que utilizamos para los procesos de reavalúo.