Les ruego a todos ponerse de pie. Señor Camaño, usted también, mi querido diputado, por favor. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Señor Secretario, por favor, dé lectura a la Cuenta.
Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, a fin de regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Sobre el mismo proyecto, llegó, tres días después, otro oficio del Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del referido proyecto, correspondiente al Boletín N° 17.6.01. Luego, un correo del Gabinete de la Ministra del Medio Ambiente, por medio del cual se la excusa de no poder asistir a la invitación cursada para esta sesión, martes 4 de noviembre, por compromisos contraídos con anterioridad, de carácter inexcusable. Un correo también del Gabinete de la Directora de ODEPA, por medio del cual se la excusa de asistir a la invitación para el día de hoy por motivos de agenda, quedando a disposición para participar en una próxima oportunidad. Un correo también del Director Nacional del INIA, por medio del cual comunica que, en su representación, asistirá el Subdirector.
De la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, don Cristian Alfaro. Un correo del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González, por medio del cual remite, en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece un sistema de perfeccionamiento y registro obligatorio de contratos para la transacción de granos (boletín N° 17.653-01), un informe sobre subsidios a la agricultura y la ganadería en los principales países desde los cuales Chile importa. Un oficio del Director Nacional subrogante del INDAP, por medio del cual da cumplimiento a lo establecido en la glosa N° 20 de la Ley de Presupuestos, respecto de los recursos del Programa de Desarrollo e Inversiones de INDAP destinados a apoyar actividades relacionadas con maíz, trigo y otros granos, lo que debe informarse trimestralmente a las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado; en esta oportunidad se informa el avance acumulado del tercer trimestre del año. Un oficio de la Directora del Instituto de Salud Pública de Chile, que remite información sobre las glosas N°s 15, 30 y 40 de la partida del Ministerio de Salud y diversos numerales del artículo 14, referidos a la Ley de Presupuestos del año 2025. Una carta de dirigentes nacionales de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, AFSAC, organización que agrupa a más de 2.500 personas de la dotación total del Servicio, por medio de la cual informan que se acordó el inicio de un proceso nacional de movilización a contar del martes 28 de octubre de 2025, que escalará por etapas si la autoridad no entrega respuestas medibles con fecha cierta y financiamiento. Un oficio del Subsecretario de Agricultura, por medio del cual remite información en conformidad con lo dispuesto en la glosa N° 11 de la partida 13 de la Ley de Presupuestos, sobre acciones y coordinaciones que ha llevado a cabo con el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal u otros órganos de la Administración del Estado, para hacer frente a la situación de ataques de perros asilvestrados a la fauna silvestre y al ganado ovino de propiedad de agricultores a lo largo del país. Un oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, por medio del cual informa, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, partida 14, capítulo 01, programa 03, glosa 6, el compromiso de informar trimestralmente respecto del número de solicitudes de regularización de la pequeña propiedad raíz ingresadas mensualmente, desglosado por región y por emplazamiento en zona urbana o rural del período a regularizar; asimismo, la cantidad de solicitudes con más de 18 meses sin haber sido resueltas. Un correo dirigido a la Presidenta de la Comisión, por medio del cual el Gremio de Agricultores Unidos de Chile solicita información sobre las medidas que adoptó el Estado de Chile tras la eliminación del sistema de bandas de precios en cumplimiento del fallo de la Organización Mundial de Comercio en el caso WT/DS207 Chile, relativo al sistema de bandas de precios y medidas de importación aplicadas a determinados productos agrícolas. Y, por último, una copia informativa de una carta enviada por la señora Verónica Asencio Arteaga al Presidente de la República, en que denuncia que la comunidad de agua y comunidad indígena Mapucom Junco le impidió el acceso al agua en su parcela del sector Los Juncos, comuna de San Pablo, región de Los Ríos, estableciendo condiciones para entregarle agua que la señora Asencio estima inabordables, por lo que solicita al Presidente de la República que arbitre las medidas para contar con este preciado elemento.
Eso es todo, Presidenta.
Muchas gracias, señor Secretario. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Palabra sobre la cuenta? Diputado Alinco.
Gracias, señora Presidenta. Saludos a todos los presentes. Era referente a una respuesta que no me quedó clara sobre los perros asilvestrados. No sé… Sí, me imagino que es de interés. No quedó claro porque nos transformamos en preguntas, en respuestas, en solicitudes, etcétera. Pero los perros asilvestrados, en la región de Aysén al menos, hacen y deshacen, y nadie se anima acá a tomar una determinación firme, seria, responsable. Mire la contradicción: los grandes perjudicados son los pequeños campesinos. Entonces, ya nos cansa.
Concuerdo cien por ciento con usted, diputado Alinco. Usted sabe cuál es mi posición al respecto. Entonces, acá nosotros le consultamos al Subsecretario de Agricultura y él nos remite un oficio señalando cuáles son las acciones y coordinaciones que ha llevado a cabo con el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal u otros órganos de la Administración del Estado para hacer frente a esta situación.
Frente al tema de los ataques de los perros, leámosla y veamos si es suficiente. Tengo la sensación, a priori, de que claramente no lo es, porque los ataques continúan y los animales siguen siendo asesinados por estos perros asilvestrados. Entonces nosotros tratamos de legislar acá, y usted vio cuál fue el camino que tomó el tema. Nada que hacer. Vamos a tener que seguir tratando de legislar con más fuerza, no más. Ya, diputado. Secretario, cuéntenos.
Perdón, solo para añadir: eso es en el marco de las obligaciones contraídas por el Gobierno en la discusión presupuestaria del año pasado, que incluyeron glosas que obligan al Subsecretario de Agricultura y al Ministerio de Agricultura a informar sobre los avances que se hagan en esta materia, remitiendo un informe trimestral. Ahí estará la información y ustedes podrán apreciarla, y veremos en el presupuesto cómo lo manejamos.
¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Yo tengo una sobre el punto 13 y le agradecería, señor secretario, que me hiciera llegar el contacto de la señora Verónica Asensio Arteaga. Por favor, porque creo que es importante conocer las circunstancias en las cuales no le permiten acceder al agua en su parcela del sector, porque, para variar, estaríamos frente a situaciones de aparente usurpación, y usted sabe que en eso soy bastante firme.
Hay un documento adjunto con antecedentes sobre la cuenta. Perfecto. Y me envía el correo, por favor.
Ok, entonces vamos a pasar a los puntos de la tabla. Ah, no, me enfermé hoy día, así que por eso estoy así, pero la mente todavía funciona.
Vamos a analizar, en primer lugar, el proceso de consulta ciudadana por sitios priorizados, en el marco de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Para esto asisten el Subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño —ahí está—, y la jefa de Recursos Naturales y Biodiversidad, la señora Daniela Manusevich; el Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, don Aarón Cavieres; el gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Federico Rasuri, junto a don Manuel Ignacio Hertz. Perfecto. Y las abogadas representantes de los propietarios y productores ganaderos de uno de los casos que nos han llegado por este tremendo problema —los productores ganaderos de Bahía Lomas, en Tierra del Fuego—, la señora Marisa Valdazzi y la señora Carolina Retamal. Además, tenemos por Zoom a… ¿Carolina Retamal está por Zoom? Sí, y José Manuel Gutiérrez, que también está por Zoom junto con Carolina.
Entonces, a mí lo que me gustaría sería partir con —no sé si el Subsecretario o el Director del SBAP—, porque hay una confusión y una diferencia que creo importante establecer. Independiente de que estimo que el Gobierno está aún más confundido respecto de cómo aplicar esto, porque no tiene reglamento y lo está apurando, cuando tenía cinco años para hacerlo; y lo está apurando, nadie entiende por qué. Una cosa son el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, otra muy distinta, el listado de las famosas áreas que quedan “pringadas”, por decirlo en huaso. Entonces, señor Subsecretario, le ofrezco la palabra para que nos explique; después, el Director del SBAP, y de ahí continuamos con las exposiciones.
Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, diputadas, diputados y a todos los presentes. Presidenta, muchas gracias por la solicitud de declaración respecto de este punto, porque justamente desde el Ministerio nos parece importante aclarar y otorgar mayor información sobre el proceso que se está llevando a cabo y sobre su origen y el mandato legal con el que contamos.
Primero, señalar que los sitios prioritarios es un proceso que se viene realizando desde el año 2002, cuando el Ministerio aún no existía como tal y esta función la ejercía la CONAMA, en cuanto a la identificación de sitios o zonas de nuestro territorio con especial valor ecosistémico y de biodiversidad. Estos pasan a ser reconocidos, primero, en las estrategias regionales de biodiversidad y, luego, en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, donde se van recogiendo también los sitios prioritarios de especial interés o relevancia en términos de biodiversidad.
…o también los servicios ecosistémicos que proveía, o algunas especies que se encontraran en ese sitio, especies de flora o fauna con algún grado de amenaza. Luego son sucesivas leyes las que le otorgan efectos a esto. Hasta ese momento era de carácter programático, con efectos de política pública. Posteriormente, la Ley de Bosque Nativo del año 2008 y, en 2010, la Ley 20.417, que reforma la institucionalidad ambiental y crea el Ministerio del Medio Ambiente y el SEA, le otorgan efectos: la primera en términos de bosque nativo y la segunda en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Es ahí donde el SEA establece, a través de un instructivo, un listado de 68 sitios prioritarios recogidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estos 68 sitios pasan a tener efectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para las actividades que se desarrollan dentro de ellos. Así llegamos a una dispersión importante entre algunos sitios prioritarios regionales, con efectos más bien programáticos de planificación ecológica, y los sitios prioritarios nacionales, con efectos tanto por la Ley de Bosque Nativo como por la Ley 20.417.
Con la Ley SBAP, que se aprueba después de 13 años de tramitación en el Congreso y un amplio debate, se busca ordenar precisamente esa dispersión respecto de los sitios prioritarios nacionales y regionales. Entre ambos suman aproximadamente 350 sitios prioritarios. La ley ordena la dispersión normativa y genera, por un lado, un procedimiento ordinario sobre cómo se irán reconociendo los sitios prioritarios, a través de los procesos de planificación ecológica recogidos en el artículo 28, y, por otro, mandata al Ministerio la dictación de un reglamento para determinar el procedimiento de reconocimiento en ese marco ordinario.
Asimismo, en su artículo octavo transitorio, la ley mandata al Ministerio a ordenar la situación existente, recogiendo el debate sobre los sitios prioritarios nacionales y regionales en un procedimiento extraordinario, abreviado. En eso estamos hoy: además del procedimiento de planificación ecológica que vendrá, y del reglamento, estamos trabajando en lo mandatado por el artículo octavo transitorio respecto de estos sitios nacionales y regionales —que suman cerca de 350— para sistematizar, ordenar y generar un listado, que es el listado preliminar actualmente en consulta.
Es decir, aquí no se están creando —cuando se habla de los 4 millones de hectáreas— nuevos sitios prioritarios en el proceso actual del Ministerio, sino que, de los 350 vigentes, se genera un listado de 99. En algunos casos se modifican polígonos, generalmente acotándolos, excluyendo, por ejemplo, áreas donde se realizan actividades productivas o zonas urbanas. Lo que estamos haciendo actualmente, en virtud del artículo octavo, es este proceso que se inició en marzo de 2024. Es importante señalar que, contra la idea de que habría sido un proceso apurado, en el Diario Oficial, a fines de marzo de 2024, se publicó el inicio de este procedimiento, en el cual primero se generó una convocatoria a recepción de antecedentes, recibiéndose más de 200, para recoger información de manera abierta y permitir que los distintos actores aportaran insumos para ir generando este listado preliminar.
De participación temprana, se hicieron talleres en todas las regiones del país y un taller nacional, también en virtud de seguir generando este listado preliminar, y luego se realiza esta convocatoria a participación...
Perdón, una pregunta: este listado preliminar —porque yo quiero entender como un niño chico—, estos 99 de los 350, ¿en base a qué? ¿Cuáles son los criterios?
Gracias, Presidenta. Estos 99, entonces, primero, como destacaba, se generan dentro de los 350; se recogen 99 que pasan a tener los efectos de la Ley 21.600, en virtud de tres criterios. Daniela Manos puede explicar en mayor detalle cómo se llevó a cabo este procedimiento, pero, fundamentalmente, son tres criterios. Uno, el de representatividad: poder proteger áreas que están subrepresentadas en cuanto a protección en nuestro país. Dicho en términos bien simples, durante los últimos años hemos avanzado protegiendo ecosistemas en la Patagonia y en el sur de Chile, pero hay ecosistemas muy subrepresentados en su protección; por ejemplo, en la zona central de Chile, el bosque esclerófilo. Y, en virtud de los compromisos que ha suscrito Chile en el Marco Global de Biodiversidad —cuya meta es un 30% de protección del territorio y un 30% del maritorio—, dicho marco recoge la relevancia de la representatividad de los ecosistemas que se van protegiendo. Porque podemos proteger algunos ecosistemas en alguna zona determinada e ir dejando que se degraden y sean amenazados otros; por lo tanto, hay que ir protegiendo los distintos ecosistemas de relevancia en el territorio. En este caso, uno de los criterios que se tuvo en cuenta es avanzar en generar protección donde están subrepresentados en nuestro sistema actual de áreas protegidas.
Como bien decía la Presidenta, es muy importante destacar que esta es una herramienta de planificación ecológica distinta a las áreas protegidas. No son áreas protegidas, por lo tanto no tienen los efectos ni las limitaciones propias de ellas ni la obligatoriedad, por ejemplo, de contar con planes de manejo. Los sitios prioritarios no requieren planes de manejo. Las limitaciones que tiene...
Disculpe, Subsecretario. Diputado Alinco, ¿usted necesita hacer la pregunta ahora? Diputado Alinco, ahora o nunca. Tiene que apagar el suyo, Subsecretario... Ahí sí. De nuevo, Subsecretario... O sea, Presidente. Ve, diputado.
Yo cada día estoy más preocupado por este plancito que están llevando adelante, porque yo fui partícipe de la ley madre, digamos. Muchos de los que estamos acá en la comisión de transformar CONAF —no sé cómo le pusieron ahora, pero para mí seguirá siendo CONAF—. Y yo siempre he dicho: ¿qué sería de los bosques de Chile si no hubiese existido CONAF? Tuvimos varias discusiones. De hecho, me apoyé en las organizaciones de trabajadores, profesionales y técnicos de la CONAF en muchas votaciones que dimos acá. Y discutimos varias veces; bien dura fue y larga la relación. Pero en ningún momento —y le aseguro que ninguno de los parlamentarios de esta comisión, de las diferentes bancadas— se nos pasó por la cabeza que este proyecto iba a significar ir en desmedro de los campesinos. En ningún momento. Porque si hay alguien que cuide y proteja el medio ambiente y el campo, son los propios campesinos. Y resulta que hoy día, según la experiencia que ya tenemos, aquí todas estas decisiones que se están tomando —y lo digo con responsabilidad—, al menos en mi región de Aysén, han sido prácticamente inconsultas. Participación temprana: parece que lo hacen demasiado temprano, porque llega muy poco campesinado, muy poca gente relacionada con el campo. Y según la cultura que yo conozco, los campesinos se levantan temprano. En Chile Chico se hizo una reunión que no alcanzó a durar...
Fue el Seremi de Medio Ambiente y otros personeros más, a vitrinear, simplemente a vitrinear. Les preguntaron una cosa, no sabían; se miraban entre ellos; no sabían nada. Entonces, a mí me preocupa porque yo voté esta ley a regañadientes, pero la voté pensando que esto iba a favorecer y fortalecer al campesinado chileno. Esto se repite, y lo planteaba acá: es una 2.0 como la ley de pesca. La ley de pesca, yo lo manifesté en su momento, iba a significar el exterminio de los pescadores artesanales. Y esta ley, política e ideológicamente, pretende lo mismo: exterminar a los pequeños y medianos campesinos. Y el mundo del campo se va a transformar en verdaderos consorcios económicos internacionales, porque eso es lo que está pasando.
Entonces, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, que el señor Ministro y el señor Subsecretario nos digan, como usted dijo, en términos simples y sencillos, porque ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es transmitirles, en este caso a los campesinos, de qué se trata esta ley. Y así como lo está planteando el señor Subsecretario, yo no le entiendo nada y creo que la mayoría no le entendemos nada, y mucho menos le van a entender los amigos y compañeros campesinos que están viendo, a lo mejor por casualidad, esta sesión. Necesitamos la simpleza en explicar un proyecto; la simpleza de hacer política no nos rebaja, nos enaltece, porque así entendemos todo de lo que estamos hablando. Y así como está la cosa, parece que se está privilegiando a un sector muy determinado, en este caso al ecologismo extremo, que a la vez es parte de un gran negocio internacional. Quieren terminar con las actividades productivas, fomentan en extremo el conservacionismo, pero no es gratis. Ellos viven de eso, lucran con eso, y eso yo, al menos, no lo voy a permitir.
Muchas gracias, diputado Alinco. Mire, Subsecretario, la verdad es que yo le pediría que fuera bien concreto. Usted dijo que aquí había tres criterios para fijar este listado de los 99. Usted ya nos dijo que uno era el de representatividad; me gustaría saber cuáles son los otros dos, porque de ahí, la verdad, es que hay varias cosas. Partiendo por el artículo que salió el otro domingo en El Mercurio, que se titula “Sitios Prioritarios: los 4 millones de hectáreas que Medio Ambiente tiene en la mira”. Yo tengo una serie de preguntas también que quiero hacer, porque la verdad es que acá no entiendo por qué se está haciendo esto antes de la dictación del reglamento. Yo esta ley la voté en contra; fui la única de mi sector que la votó en contra. Hubo solo dos diputados que votamos en contra: el diputado Manouchehri —no tengo idea por qué razón— y yo. Y yo porque me opongo terminantemente a la forma como ustedes están pringando, literalmente pringando, el campo chileno. Los bosques, el campo, el mar, etcétera. Yo entiendo que pueda haber ideologías distintas y las acepto, no tengo ningún problema; aquí todos pensamos bien distinto en política. Pero una cosa es eso y otra cosa es hipotecar un país por una ideología extrema de tipo medioambiental. Y eso, discúlpeme, pero nosotros no podemos aceptarlo. No podemos aceptarlo. Entonces yo le pediría, concretamente: usted ya dijo que uno de los criterios es la representatividad, ¿cuáles son los otros dos criterios, señor Subsecretario?
—Es que diga los criterios y, de ahí, hacemos las preguntas.
—Sí, claro, yo los voy a anotar.
Presidenta, le pediría si Daniela Manuschevich, nuestra jefa de División, puede explicar los tres criterios, ya que ella dirigió este proceso en cuanto a los criterios y los podría explicar de mejor manera.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera explicar un poco el concepto primero de representatividad, que parece que no es algo muy evidente en sí mismo. La representatividad… nosotros todos conocemos, ¿cierto?, el Arca de Noé: sabemos que tenía que haber una pareja de cada especie para que, frente a un diluvio, las especies pudieran sobrevivir. La idea de la representatividad de los ecosistemas es similar. Tenemos que tener un porcentaje de cada uno de los ecosistemas bajo alguna forma de conservación para asegurarnos la viabilidad futura. Así como se hacía en el Arca de Noé —una pareja para asegurar la viabilidad—, de esa misma forma, en esta parábola, lo que queremos decir es que vamos a tener un porcentaje de cada uno de los tipos de ecosistemas que hay en Chile. Por ejemplo, el bosque…
…el desierto, los matorrales, para asegurarnos de que ese ecosistema, frente al cambio climático, los incendios, la sequía, etcétera, sea viable en el futuro. Eso es la representatividad. En Chile hay 20 tipos de ecosistemas, definidos de acuerdo con el clima. En el sur, en la Patagonia, tenemos formaciones de clima frío, con poca lluvia; en la zona central, el bosque esclerófilo; en el norte, el desierto. La idea es que estas formaciones tengan, al menos en parte, algún grado de conservación.
Lo segundo es la conectividad. Cuando tenemos especies completamente aisladas —por ejemplo, pensemos en el zorro de Darwin en la cordillera de Nahuelbuta—, estas especies empiezan a perder su variabilidad genética; como se dice en buen chileno, “se empiezan a estar entre primos”. Y eso implica que esas poblaciones sean menos viables. Por lo tanto, es importante que estas áreas estén conectadas.
Y lo tercero es la integridad: que el área, el parche, el espacio, no tenga otros usos.
Entonces, de los 350 sitios que ya existían en las estrategias regionales, que fueron mandatadas e identificadas hace más de 20 años, lo que hicimos fue priorizar en función de estos tres criterios, asignándoles un simple puntaje. Esto está basado en información científica; son criterios que se usan normalmente en ecología. Escogimos aquellos sitios con mejores condiciones: los que abarcaban más ecosistemas, que estaban más íntegros y más cercanos a otras áreas protegidas. Con ese criterio técnico identificamos y redujimos de 350 a aproximadamente 108 áreas. De esas 108, volvimos a evaluar qué tan representado estaba cada ecosistema dentro de la selección.
Hoy en día tenemos seis ecosistemas con una cobertura mayor al 30%, que es lo que señalan el estándar internacional y la evidencia científica. Con este proceso estamos priorizando; no estamos llevando los 350, no es la intención bloquear ni limitar, sino alinearnos al estándar internacional. Con este proceso vamos a tener 12 de los 20 ecosistemas bajo ese estándar de conservación. Ese es el objetivo y la metodología utilizada, basada en evidencia científica y en criterios establecidos sobre el funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas, y sobre el funcionamiento de las poblaciones de animales, plantas y otros organismos. Muchas gracias.
La diputada Paula Labra había pedido la palabra.
Gracias, presidenta. Agradezco la explicación de la ley. La discutimos ampliamente en la Comisión de Agricultura, así que conozco, más o menos, la idea matriz. Pero tengo una duda que va más allá del objeto de la ley, y que dice relación, a mi juicio —y no solo al mío—, con un vicio de legalidad importante por el incumplimiento de lo que dicta la misma norma.
Nos mencionaba el subsecretario, señora presidenta, que estas bases metodológicas se sustentan en el artículo octavo transitorio. Asimismo, se fundamentan en el artículo octavo transitorio la Resolución 326, que establece dichas bases metodológicas, y la Resolución 339, que da inicio al proceso de determinación de los sitios prioritarios. Insisto: el artículo octavo transitorio solamente establece el plazo para que esto se determine.
Punto importante número uno: las “bases metodológicas” no aparecen mencionadas en ninguna parte de la ley. En segundo lugar, se hizo un completo caso omiso del artículo 29, que establece que, mediante un reglamento dictado por el ministerio, se debe fijar el procedimiento y los criterios técnico-científicos que regirán la determinación de estos sitios prioritarios. Por lo tanto, mi pregunta es sencilla: ¿por qué se está reemplazando el reglamento que establece el artículo 29 por bases metodológicas creadas mediante una resolución?
Esto, para mí, constituye un vicio de legalidad. Se deja de lado lo que establece la propia ley promulgada, y no se entiende la premura de hacerlo de esta manera. Todas las resoluciones que mencioné —sobre bases metodológicas y procedimiento— se fundan en el artículo transitorio, que solo fija el plazo (dos años, extendido a cinco). Pero en ninguna parte se está cumpliendo con el reglamento, que es lo primero: el decreto supremo que debe establecer el procedimiento y los criterios para definir los sitios prioritarios.
Esa es mi pregunta: ¿por qué se hizo caso omiso al artículo 29? ¿Se dejó de lado el reglamento por completo y no se está cumpliendo con lo establecido en la norma que fue aprobada por este Parlamento? Gracias, Presidenta.
Diputada, le voy a pedir al subsecretario que responda de manera inmediata, por favor.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, a la diputada: La ley generó dos procedimientos para el reconocimiento de los sitios prioritarios. En los artículos 28 y 29, por un lado, el 28 se refiere al proceso de planificación ecológica, que deberá contener el reconocimiento de los sitios prioritarios a nivel nacional; y, por otro, el 29 manda al Ministerio a la creación del reglamento de sitios prioritarios. Eso corresponde al cuerpo ordinario de la ley.
El artículo octavo transitorio, en cambio, hace referencia a los sitios prioritarios ya identificados previo a la ley —en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad—, los que mantendrán los efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley. Y, en su inciso segundo, mandata al Ministerio, dentro de un plazo de cinco años —que inicialmente era de dos, motivo por el cual iniciamos este proceso con premura, considerando el plazo fatal que vencía en septiembre de este año—, a dictar un decreto supremo para determinar los mencionados sitios prioritarios que pasarán a regirse por los efectos de la presente ley.
Por lo tanto, el octavo transitorio establece un mecanismo extraordinario respecto del procedimiento de los artículos 28 y 29 (planificación ecológica). Ese procedimiento ordinario seguirá desarrollándose en el futuro con el debido reglamento, que establecerá los criterios y el procedimiento para todo el proceso de planificación ecológica y, específicamente, para los sitios prioritarios. Insisto: el ordinario es el determinado por la ley; el extraordinario es el que nos mandata el octavo transitorio, en el que estamos trabajando ahora, que está en consulta pública, y sobre el cual hemos avanzado tomando como base los sitios prioritarios vigentes previos a la entrada en vigencia de la Ley 21.600 —nacionales y regionales—, los 350 sitios prioritarios, para avanzar en este proceso extraordinario abreviado que determina el artículo octavo transitorio. En consecuencia, en este caso no se requiere el reglamento, porque se aplica un procedimiento basado en los sitios prioritarios nacionales y regionales ya vigentes, respecto de los cuales se determina cuáles pasan a regirse por los efectos de la Ley 21.600 a través del procedimiento que estamos desarrollando.
Gracias, subsecretario. Quiero pedir el acuerdo de la comisión para oficiar a la Contraloría General de la República, a fin de que nos aclare qué ocurre con esta ley, con el artículo transitorio y con el 29, que establece el plazo para el reglamento, porque tengo la sensación, a priori, de que acá se está usando un subterfugio para poder “pringar” —vuelvo a usar la palabra, porque no se me ocurre otra— una cantidad tremenda de sitios a lo largo de Chile que ni siquiera son expropiados. O sea, el dueño del sitio perdió como en la guerra no más, en base a criterios que ni siquiera están definidos en un reglamento que la ley establece que debe haber. Entonces, pediría el acuerdo de la comisión para elevar la solicitud a la Contraloría. ¿Les parece?
Aprobado.
Diputada Paula Labra. Diputada Labra, ¿usted quedó conforme? Es que es lo mismo, entonces...
Gracias, Presidenta. No me queda bien clara la explicación, y un ejemplo bien concreto por qué no. Porque se están ahora pasando 99 que serían sitios prioritarios, ¿cierto?, que no estarían cumpliendo el mismo estándar que establece la ley actual. Entonces, por eso vuelvo al punto: ¿por qué no se establece el reglamento de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la ley? Estos 99 sitios prioritarios que se están estableciendo de acuerdo a lo que usted...
Indica que, conforme manda el artículo octavo transitorio, no se estarían aplicando los mismos estándares establecidos en la norma. ¿Por qué ocurre eso? Gracias, diputada Laura. Diputado Lincu, tengo un orden para los diputados. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que estamos pidiendo que nos aclare la Contraloría. Diputada Veloso tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Me gustaría hacer una especie de clasificación de los problemas que estamos abordando. Me parece interesante, de una forma pedagógica; no porque sepamos demasiado más que quizás mucha gente que nos está viendo, sino porque somos quienes hemos estado participando de esta discusión. Y hay tres dimensiones para el entendimiento de quienes nos vean y, creo, para nosotros mismos, que me parecen relevantes.
En primer lugar, respecto de la implementación de la ley, me parece muy atendible los alcances que hacen algunos parlamentarios respecto de que eventualmente se podría hacer mejor, se podrían discutir ciertas formas o ciertos asuntos. Creo que si están sentados aquí también los invitados y, por cierto, nosotros —que es nuestra obligación—, es porque hay un interés en mejorar aquello.
Ahora, una segunda cosa es el texto de la ley, porque a mí me llama la atención que se hagan reparos legales o legislativos, ya que este proyecto se tramitó durante muchos años. Pasó por el gobierno de la presidenta Bachelet, por el gobierno del presidente Piñera y termina saliendo bajo la presidencia del presidente Boric. Yo era presidenta de esta comisión cuando lo impulsamos y hubo múltiples ocasiones para poder agregar indicaciones que resolvieran esos problemas que hoy mismo se reclaman. Ahora, también existe la reforma a las leyes precisamente porque hay cosas de las que uno se da cuenta después. Pero, sobre el punto, a mí me impresionan algunos parlamentarios —bueno, un parlamentario en concreto que no quiero mencionar— que hizo 3.000 indicaciones al proyecto de ley: 3.000 indicaciones y defendió 30. Porque cada vez que había que defender alguna, decía: “No, yo la verdad es que voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar”. Entonces, ahora venir a reclamar me parece también una falta de respeto para usted, presidenta, y todos quienes somos miembros de esta comisión. Pasamos mucho tiempo abordando esas 3.000 indicaciones. Es una locura.
Por lo tanto —y ahí paso al tercer punto—, la necesidad de la ley. A mí me parece que se intenta encuadrar esto en una cuestión política abordada de forma negativa, porque me llama mucho la atención cuando los políticos decimos que la política es mala, porque literalmente es nuestro trabajo, es nuestro oficio, incluso, porque nos pagan por eso. Entonces, si consideráramos que la discusión política no es pertinente, vámonos todos para la casa y que se sienten acá todos los técnicos y expertos, que quizá en algunos aspectos lo harían mejor, pero en otros no. Por eso estamos nosotros: representamos a la ciudadanía.
Existe un asunto importante cuando se dice que esto es ideológico también, porque para tener una postura ideológica hay que haber estudiado ciertas teorías que representan una forma en la cual creemos que la sociedad funcionaría mejor. Pero resulta que, si eso en algún momento existió —obviamente yo no soy experta; trato todavía de aprender muchas cosas que me faltan para formarme mejor ideológicamente—, lo que quiero decir es que, si en algún minuto esto pudo ser un debate netamente ideológico, hoy día es un debate de sobrevivencia.
Me preocupa que discutamos la necesidad de esta ley y no consideremos, por ejemplo, el hecho de que, si hablamos de apicultura, nosotros tramitamos la primera ley que regula la apicultura acá, y los apicultores querían que hubiera un aviso de 72 horas por parte de quienes fueran a aplicar algún tipo de producto tóxico y nocivo para las abejas, y mucha gente aquí se opuso. La labor de las abejas es polinizar. Si las abejas no existen o se acaban y no polinizan, se acaba el mundo, se acaba la alimentación. Por lo tanto, me parece que estamos en un error muy grande cuando discutimos la importancia del resguardo del medio ambiente. Hay países en el mundo que están pasando por temporadas de calor con 50 grados.
Entonces, yo creo que lo que deberíamos discutir efectivamente es cómo podemos mejorar la implementación de esta ley, una discusión totalmente necesaria y muy pertinente para todos quienes estamos acá sentados. Pero me parece que es un retroceso político —y, como representante política, no puedo dejar de decirlo— el hecho de que avancemos en discursos negacionistas de la crisis que hay, de la necesidad de resguardar cada uno de los ecosistemas. Yo soy católica, me leo la Biblia; seguramente mucha gente acá es religiosa, y precisamente… termino, presidenta. No, es que este es un punto, porque soy representante política y esto es político, es una discusión política. El ejemplo del Arca de Noé creo que es muy gráfico de la necesidad de que existan cierta cantidad de ecosistemas en el mundo que sostienen la vida de todos y todas nosotras: desde nuestra alimentación hasta nuestra capacidad de consumir agua que esté en buenas condiciones, o derechamente consumir agua. Hay lugares del mundo donde tampoco hay agua.
Por lo tanto, no despreciaría la importancia que tiene esta ley, que por algo fue respaldada por Chile Vamos en el gobierno de Sebastián Piñera, y por el gobierno de la presidenta Bachelet y por el gobierno del presidente Boric. A mí lo que me deja claro es que todas las tendencias políticas de este país que han gobernado han estado de acuerdo con esta ley. Me parece que es un mínimo civilizatorio que logramos establecer y no deberíamos retroceder en una ley que ya es ley de la República.
…y que debería seguir con el respeto que merece también el trabajo que han hecho los profesionales y técnicos. Hay ciencia, hay estudios y, por más que queramos, no podemos negarlo, porque entonces ponemos en riesgo la vida con la gente que no se quiere vacunar y ponemos en riesgo la alimentación, y también la vida, con abejas que, si se mueren, nosotros no existimos. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputada Veloso. La verdad es que no estamos ni siquiera discutiendo la ley; estamos discutiendo la aplicación de la ley. Una cosa es lo que aprobamos en la ley y otra muy distinta es lo que se está aplicando. Diputada Nuyado, tiene la palabra.
Presidenta, creo que vamos a tener que darnos el tiempo para analizar esta situación respecto de los sitios prioritarios. Nosotros participamos y nos demoramos mucho en legislar en esta comisión. Hubo muchas indicaciones; sabíamos que había una cantidad de sitios prioritarios, o en este caso áreas protegidas, pero de acuerdo con los antecedentes y el estudio realizado por científicos, se señala que aproximadamente son 99. Lo que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente, liderado por su ministra y su subsecretario, es someterlo todo a consulta pública, y eso es importante, porque también hemos aprobado otros proyectos que nunca han estado en consulta pública. Por lo mismo, creemos necesario evaluar la posibilidad de disponer de más tiempo para este debate.
Escuché a la ministra en su intervención en el Senado; los senadores estaban muy ofuscados, pero posteriormente, al recibir la información, entendieron y no terminaron tan enojados. Ahora, como esto está en consulta pública y termina prontamente, el 7 de noviembre, sé que muchos están pidiendo extenderla, prorrogarla. Sería importante hacerlo. Creo que el ministerio no debiera negarse, porque las personas necesitan opinar y, a través de estas plataformas, poder entregar su visión: quienes están a favor, quienes tienen dudas y quienes derechamente estarán en contra por la desinformación que hace creer a mucha gente que se verá afectada en su actividad económica. Hay que centrarnos en qué es lo que efectivamente va a ocurrir.
Quiero recordar —y ahí la ministra siempre nos dio la razón en esta comisión— que espero que el subsecretario también pueda revisar lo que nos pasó con el proyecto de biocombustibles para el uso de la leña en el sur, que todas hemos defendido. Queremos que ese reglamento salga prontamente. En su momento se nos señaló que sería votado en el Consejo de Ministros, donde participan 14 ministros. En aquella oportunidad estuvimos muy enojados con los ministros que votaron favorablemente restringiendo el uso, es decir, pidiendo ser mucho más estrictos en la actualización de la norma de calidad del aire. Esa actualización ya pasó por consulta pública y será votada prontamente por los ministros. Y, al igual que en esta situación, quiero solicitar al señor subsecretario revisarla, porque sé que hay muchas personas enfermas —sobre todo niños y personas crónicas—, pero también tenemos otra situación: por un lado estamos actualizando una norma que será muy estricta respecto del material particulado 2,5; por otro, aún no contamos con el reglamento listo que consolide la ley que permite seguir utilizando la leña como biocombustible.
Disculpe que la interrumpa, pero recuerde que estamos hablando de BAP, no de la leña.
Sí, Presidenta. Cuando tuvimos esa situación, el presidente de entonces, José Raque, con una mirada más integral de la realidad de las regiones, planteó a la ministra la posibilidad de prorrogar la consulta pública, y se hizo. Por eso estoy planteando ahora lo mismo: como sucedió con la leña —cuando teníamos toda la restricción de los calefactores—, que se otorgue más tiempo.