En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos la sesión del día de hoy de la Comisión de Pesca. El comité sigue. Estamos con varias reuniones paralelas en este minuto, entre ellas el FES; y el senador Espinosa me dijo estar atento al llamado para el tema de la tramitación de la ley. Un miembro de la Comisión de Educación está también en esa sala. Señora secretaria, ¿tenemos Cuenta? ¿O partimos con la regularización? Como usted diga. La regularizamos cuando tengamos el tema. Bien.
Han llegado los siguientes documentos. Una minuta técnica elaborada por el equipo del Observatorio Legislativo para Comunidades marino-costeras, titulada “Delimitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y el cuestionamiento a su falta de proporcionalidad”. Este documento se los hice llegar a sus correos. Dos, un oficio de la coordinadora de la Subsecretaría Legislativa y Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, la abogada señora Karen Morrego, con el cual remite dos minutas elaboradas por la Biblioteca, a solicitud de la Comisión, referidas a proyectos de ley sobre el borde costero y a aquellos que establecen el Día de la Acuicultura, que contienen los argumentos como para establecer los días de… Fue una consulta que se hizo aquí a propósito del día del… no me acuerdo, del Día del Pescador Artesanal; en fin, como antecedentes. Una minuta del presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores del Biobío, señor Leonardo Cárez, con la que remite copia de la presentación de la federación y de las federaciones de la Tercera y Cuarta Regiones. Una minuta que enviaron al ministro de Economía, Fomento y Turismo, en la que expresan su preocupación frente a la normativa tributaria recientemente aprobada que les exige iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Sobre la materia, piden una audiencia con la Comisión. Y, finalmente, una solicitud de audiencia de los representantes de las organizaciones de pescadores artesanales pelágicos de la Región de Los Lagos.
Embarcaciones menores que operan en la cuota residual, con el objeto de exponer el problema que se suscitó en la región debido a las dificultades existentes en la incorporación de nuevas embarcaciones que operan en los recursos sardina común y anchoveta, y en el Régimen Artesanal de Extracción (RAE) de los recursos sardina común, anchoveta y jurel. Esos son los cuatro documentos que hay en la cuenta, Presidente.
Bien, muchas gracias, Secretaria. Vamos a aprovechar de partir en este instante, y después veremos los detalles cuando nos constituyamos con el quórum respectivo. Hoy abordaremos un tema que ha preocupado sobremanera a esta comisión y que esperamos se resuelva, particularmente pensando en la certeza que requiere el desarrollo de la acuicultura. Tenemos en este minuto a Leonardo Arancibia, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto con la investigadora Jessica Fuentes, del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), quienes nos expondrán los avances de estudios relativos a la localización de los centros de cultivo y a la planificación espacial marina. Leonardo, tienes la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, un saludo a las senadoras y los senadores integrantes, a los miembros de la comisión y a quienes están presentes y nos siguen por el streaming. Este trabajo forma parte de una serie de documentos solicitados por la Presidencia de la Comisión de Pesca del Senado, con el interés de analizar cómo aquellos países que son nuestros competidores han desarrollado e implementado su institucionalidad en distintos ámbitos. En este caso, nos centraremos en cómo esos países han trabajado sus estructuras y procedimientos en materia de localización de centros de cultivo y planificación espacial marina.
Vamos a iniciar justificando por qué estos países son relevantes. La salmonicultura mundial registró, según el último dato de FAO de 2023, un desembarque total aproximado de 3,75 millones de toneladas. Noruega concentra el 41% de esa producción y Chile el 28% —equivalentes aproximadamente a 1,53 y 1,06 millones de toneladas, respectivamente—, mientras que Canadá y Escocia aportan cada uno alrededor del 4%. En conjunto, estos cuatro países reúnen cerca del 80% de la producción mundial de salmonicultura, principalmente del salmón del Atlántico. Voy a compartir la presentación.
Un segundito, Leonardo. Aprovechando el quórum, damos formalmente inicio a la sesión. Estamos recibiendo la información que nos preparó la Biblioteca respecto a la localización y a la acuicultura, particularmente en relación con nuestros países más competidores. A continuación, pasaremos a ver la tramitación de la votación de los proyectos y las indicaciones a la ILAF. Leonardo.
Gracias, senador. Como señalaba, presentamos el documento “Localización de centros de cultivo y planificación espacial marina: la experiencia de Canadá, Escocia y Noruega”. La elección de estos países se justifica por su nivel de producción y su institucionalidad. Este trabajo lo realizamos en conjunto con el INCAR, que como centro ANID destacamos por su liderazgo en investigación asociada a la sustentabilidad de la actividad acuícola. Participaron la doctora Jessica Fuentes, el doctor Renato Quiñones y el doctor Marcelo Fuentes. Este informe es el primero de una serie de tres documentos solicitados por la Presidencia; hay dos en desarrollo que esperamos presentar en una próxima oportunidad.
La presentación aborda cinco puntos: dar cuenta de las características de cada país, su marco regulatorio y los procedimientos asociados a la localización de centros de cultivo y a la planificación espacial marina.
...mecanismo de licenciamiento y control de las capacidades, cuál es su sistema de gestión basado en indicadores, y además hicimos una búsqueda para ver en la práctica cómo han ido operando, a fin de identificar eventuales conflictos en la planificación territorial. Canadá y Escocia tienen producciones bastante similares, 159 y 169 toneladas; son inferiores a Chile, pero presentan características que vale la pena estudiar. Básicamente, en términos de magnitud, cuentan con límites de biomasa que se gestionan en función de toneladas por ciclo productivo. En el caso de Escocia, existe una característica muy interesante: utilizan modelos predictivos ambientales que monitorean permanentemente. No se aplican solo al inicio del proceso productivo, sino que se evalúa su evolución y, de esa manera, se adoptan decisiones operacionales en función de las densidades o del impacto potencial de los centros de cultivo.
Noruega, líder mundial con el 41% de la producción, tiene límites de toneladas definidos en función de la capacidad de carga y presenta preocupaciones sanitarias distintas a las de Chile. Les importa especialmente el caligus o piojo de mar y el impacto en el sedimento de la biomasa, los alimentos no consumidos y las excretas.
¿Cuál es la institucionalidad de estos países? En Canadá, la actividad depende del Ministerio de Pesca y Océanos (DFO). Tienen una ley de pesca de 1985, cuyo foco es basarse en la ciencia, en el conocimiento de origen local y en el desarrollo sostenible. Existe una regulación centralizada para la protección ambiental, con gestión compartida y coordinada con los gobiernos provinciales, bajo un enfoque precautorio y de respeto de derechos. Escocia, en cambio, cuenta con múltiples agencias: la Agencia Ambiental, la Agencia Marina Escocesa y los gobiernos locales. Existe integración con el plan marino; tienen una ley de acuicultura que rige desde 2013 y una zonificación por aptitud, es decir, las autoridades locales definen zonas aptas con apoyo de modelos predictivos, asociados además a procesos participativos.
En Canadá, la regulación —que será explicada posteriormente por la doctora Fuentes— es provincial y local. Lo mismo ocurre en Escocia. En Noruega, la actividad pesquera y acuícola depende del Ministerio de Economía, Comercio e Industria; cuenta con una Dirección de Pesca y, dentro de ella, el Departamento de Acuicultura dirige la actividad. Tienen una ley de acuicultura desde 2005, que establece, entre otras medidas, límites de biomasa. Su foco está en la sostenibilidad y la rentabilidad de la industria, y la Dirección de Pesca actúa como órgano ejecutivo. Los detalles de la planificación se delegan a los municipios, que establecen áreas de producción, y en la práctica existen dos permisos: uno para la instalación del sitio y otro para la operación acuícola.
En Canadá, a nivel federal y provincial, la situación varía respecto de otras provincias. En varias de ellas participan principalmente los gobiernos provinciales, mientras que el DFO interviene sobre todo en el ingreso de peces y en la regulación medioambiental. En Columbia Británica, por el régimen particular de esa provincia, el DFO también interviene en materias de uso del suelo. Estas licencias, particularmente las federales, se otorgan a modo de arrendamiento y, a nivel provincial, operan por períodos de hasta nueve años, con posibilidad de renovación, la que debe solicitarse con antelación al término de la licencia. Obtener estas licencias toma aproximadamente un año y están sometidas a condiciones ambientales estrictas, dado que el DFO y el ministerio cuentan con potestades regulatorias en materias ambiental y sanitaria.
Y por lo tanto, las licencias están sometidas a este tipo de regulaciones. En el caso de Escocia, si bien la estructura estatal es distinta a la nuestra, encontré similitudes desde el punto de vista de su carácter altamente fragmentario. Todos los permisos se obtienen de manera independiente; de hecho, se requiere un permiso de arrendamiento que se obtiene de la corona de Escocia. Escocia forma parte de Gran Bretaña y, en esta materia, tiene poderes delegados desde Gran Bretaña; por lo tanto, en materia de acuicultura está totalmente regida por el gobierno escocés, el parlamento escocés en este caso. Se requiere, primero, para el uso del suelo, un arrendamiento; además, permisos de obra, autorización de descarga y autorización de la autoridad marítima. La autorización de descarga la otorga la autoridad medioambiental, porque se trata de las descargas, es decir, los desechos que se producen por la actividad; los permisos de obra se refieren a la estructura que se va a instalar dentro del centro de cultivo, y la autoridad marítima interviene por la potencial contaminación que podría producirse.
En este caso, por parte de la autoridad ambiental se establece una biomasa máxima posible de ingresar a los centros de cultivo, y también se considera lo que denominan una zona mixta, que es un área donde podría producirse dispersión de los desechos generados en el centro de cultivo. Esa zona mixta se restringe hasta 100 metros desde las jaulas y, en ese contexto, se regula lo que ocurre fuera del ámbito directo de la actividad. Es importante destacar que, en el momento de la planificación, aplican sistemas predictivos que toman en cuenta, como bien decía Leonardo, la sedimentación que eventualmente se va a producir en ese espacio, y por ese motivo también restringen la biomasa que se autoriza en estos centros.
Existe una evaluación, un documento de agosto de este año encargado por el propio parlamento escocés sobre el desempeño de la acuicultura, y una de sus conclusiones fue que este sistema de permisos tan fraccionado dificulta el desarrollo de la actividad, porque concurren demasiados órganos para autorizarla y las modificaciones que se producen dentro de la actividad también deben ser autorizadas. En definitiva, hay una situación de excesiva burocracia derivada de la fragmentación. No hay un sistema de ventanilla única, sino que cada uno de los órganos concurre en forma independiente.
En cuanto a Noruega, el sistema de licencias es bien interesante; de alguna manera combina dos licencias, y es relevante cómo operan: existe una licencia del sitio, es decir, del espacio que se puede utilizar, y una licencia de producción. La licencia de sitio está determinada por la planificación previa que se hace a nivel de municipios, y esta planificación que se realiza a nivel municipal es una planificación en la que concurren también entes centralizados. Por ejemplo, concurre el departamento de acuicultura, concurre el ministerio y otro ministerio medioambiental. Esta planificación, que se hace a través de los municipios, es altamente participativa: se toman en cuenta los intereses locales, pero lo importante es que se somete a una evaluación ambiental estratégica para determinar, dentro de la zona de competencia del municipio, qué áreas pueden ser destinadas a acuicultura. Son grandes áreas destinadas a la acuicultura y, al mismo tiempo, mediante esa evaluación ambiental estratégica se determina cuánto de ese espacio puede ser objeto de producción en un ámbito amplio.
Por lo tanto, una vez fijado este marco a nivel municipal, no significa que no haya problemas. Hay conflicto cada vez que se abre un espacio: hay municipios que sí quieren la acuicultura y, justo al lado, otros que no la quieren; entonces surge una serie de conflictos. Y un punto que es bien interesante es que ellos contemplan mecanismos de resolución de conflicto entre...
En la planificación territorial participan los municipios e incluso el gobierno central. Cuando existen enfoques distintos a nivel territorial, hay un mecanismo de solución de controversias para determinar los intereses nacionales y, en su caso, definir los antecedentes para oponerse o no a la acuicultura.
Sobre la base de esta planificación, se otorga el permiso del sitio. Este se obtiene en el condado, que, conforme a la planificación existente y con la concurrencia de otros órganos, otorga la licencia de sitio dentro del espacio previamente determinado para la acuicultura. El otorgamiento de esa licencia, a veces —no siempre—, se somete a evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque la solicitud ya debe venir con ciertos requisitos de carácter ambiental y, además, se incorporan los antecedentes levantados en la evaluación ambiental estratégica. Eso permite que el proceso de otorgamiento de la licencia de sitio sea más expedito.
La apuesta de Noruega es que, con posterioridad, durante la operación, el monitoreo es mucho más riguroso. Se levantan múltiples indicadores, pero el principal, establecido hace unos años, es el Traffic Light System, o sistema de semáforos. Según los resultados del indicador único que utilizan —el número de Caligus, los llamados piojos del salmón—, se determina si el área completa (no solo por centro) puede ampliar su producción, debe mantenerse o reducirla.
A la licencia de sitio que obtiene cada acuicultor se adicionan licencias de producción, que otorga la Dirección de Pesca, es decir, el Departamento de Acuicultura. Estas licencias tienen tamaños que van de 740 a 900 toneladas. Lo interesante es que una cosa es el sitio y otra distinta es la producción. Si el área admite una cierta cantidad de producción, puedo asignar mi licencia y adicionar otra, y otra. Si el sitio no puede, o si debe modificarse la producción a la baja, esa licencia puedo llevarla a otro sitio que tenga disponibilidad. Eso entrega una flexibilidad que hoy en Chile no tenemos, porque el sitio y su producción están asociados al mismo espacio. Por ello, las ampliaciones de producción deben volver a evaluarse ambientalmente. Al partir de una planificación previa mediante evaluación ambiental estratégica, y al colocar las licencias en sitios ya evaluados, se permite una mayor movilidad que en Chile no ocurre.
Me explayé en este punto porque me parece particularmente interesante en el caso de Noruega. Y lo último: Noruega no está exenta de conflictos con la acuicultura. En 2012, el Estado de Noruega proclamó que quería duplicar la producción y aumentarla sustantivamente, lo que generó un gran conflicto. La alternativa prevista, en lugar de aumentar simplemente las licencias y la producción, fue crear las denominadas licencias verdes: licencias de cultivo asociadas a desempeño ambiental, con proyectos amigables con el medioambiente que resolvieran problemas de la actividad. Eso, implementado hacia 2012-2013, no tuvo éxito porque la regulación era tan genérica que, al presentar un proyecto, resultaba muy difícil evaluarlo y aprobarlo; se generaba una dinámica dialéctica entre la autoridad y el acuicultor, y muchas de esas licencias terminaron judicializadas.
Sin embargo, a partir de 2015 se crearon otras licencias, llamadas licencias de desarrollo, que se otorgan hasta por 15 años y se asocian a un proyecto específico de una tecnología que resuelve un problema ambiental de la acuicultura. Esas licencias han tenido bastante éxito.
Son licencias que suponen una amplia inversión; en principio se entregan gratuitamente porque la inversión tecnológica requerida para su aprobación debe ser sustantiva. Esas sí han tenido bastante desarrollo y, una vez que culmina el proyecto y se demuestra que la tecnología es amigable con el medioambiente o resuelve algún problema medioambiental, pueden pasar a ser comerciales. En ese caso, la licencia se adquiere a un precio inferior, considerando la inversión realizada en el desarrollo tecnológico. Algunos autores critican que este paso al uso comercial de la licencia no está vinculado a la utilización efectiva de la tecnología aprobada: es decir, se realiza el proyecto, se prueba la tecnología y se obtiene la concesión, pero al desarrollar la actividad con esa concesión no existe obligación de seguir utilizando la tecnología evaluada. Allí habría un vacío normativo, según dichos autores.
Respecto de los sistemas de gestión e indicadores, para pasar a la parte final, en el caso de Canadá ya señalamos que existe una gestión compartida y un enfoque precautorio. Es particularmente relevante la participación de los pueblos originarios y, por tanto, se resguarda también el conocimiento tradicional; la propia ley establece la confidencialidad del conocimiento levantado de los pueblos originarios, y están especialmente protegidos en el sistema de planificación. En materia de indicadores, se evalúa el bentos para determinar el estado del sitio. El enfoque del DFO es claramente precautorio. A diferencia de otros países, en Canadá no tienen un sistema regulatorio sobrecargado: en general cuentan con una ley que se implementa mediante ciertas regulaciones, pero disponen de numerosas guías prácticas y van ajustando los sistemas de monitoreo conforme evoluciona la tecnología. Los indicadores que se utilizan fundamentalmente hoy son los sulfuros libres y el potencial redox en el sedimento, como también se hace en otros países acuicultores.
En el caso de Escocia, como se mencionó, la gestión es por capacidad de carga, levantada ya desde la planificación, y el indicador clave es el carbono orgánico junto con el Índice de Calidad Infaunal (ICI). Esto se asocia a la biomasa máxima permitida, con un sistema predictivo que también se utiliza, de alguna manera, en la evaluación ambiental que se realiza en Chile, como es el modelo DEPOMOD. Además, en Escocia se incentiva que los acuicultores que comparten una misma área generen planes de manejo comunes para enfrentar enfermedades; si no existen estos planes voluntarios, la autoridad los impone y realiza un seguimiento más estricto de la salud animal.
Finalmente, en el sistema noruego, el llamado sistema de “semáforos”, el indicador clave es Caligus (piojo de mar) concentrado en las áreas. Este monitoreo no solo se realiza por sitio, sino que determina que, si un área completa de acuicultura presenta sobrecarga (semáforo en rojo), debe disminuir su producción; si está en amarillo, se mantiene; y si está en verde, se aumenta. Dependerá de la decisión del departamento de acuicultura si ese aumento se distribuye entre quienes ya están licenciados en ese sitio o si se licita una cuota adicional generada por la vía de los semáforos.
Estos sistemas de gestión, al analizarlos y compararlos con Chile, muestran similitudes y diferencias. En los sistemas de indicadores se contempla el monitoreo a lo largo de todo el proceso. Se reconoce que los ecosistemas marinos son complejos y que es necesario avanzar más allá de indicadores binarios, como la mera ausencia o presencia de oxígeno, para determinar la calidad ambiental. Se incorporan, además, consideraciones de bienestar animal y, en la práctica...
Cada país avanza según su propia realidad y los problemas que enfrenta, encontrando modelos y resolviendo conflictos. El análisis incluyó lo que reporta la literatura respecto de los conflictos asociados a este tema. En el caso de Canadá, los conflictos documentados son de índole socioeconómica y con pueblos indígenas, principalmente por la competencia espacial con la pesca y el turismo, y por fricciones derivadas de la expansión de la acuicultura en territorios indígenas asignados. La acuicultura se ha abordado desde el enfoque ecosistémico, orientado a la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia; sin embargo, en Canadá estos enfoques han sido más técnicos que sociales, y persisten problemas de aceptación por parte de algunas comunidades.
En Escocia, existe competencia por el espacio en las zonas de desarrollo acuícola, por ejemplo con la generación de energía. Tal como señaló la doctora Fuentes, hay fragmentación institucional y, en áreas sensibles, dudas sobre la coordinación entre autoridades para gestionar la expansión, especialmente de la acuicultura en zonas oceánicas, dado que la actividad se ha concentrado en fiordos.
En Noruega, se observan tensiones entre la prioridad política y la realidad local, con conflictos latentes. El sistema de semáforos prioriza la sostenibilidad ambiental y económica, pero también es relevante la sostenibilidad social. Algunos autores señalan que el crecimiento se estanca por los desafíos ambientales y la falta de aceptación social a nivel municipal. Estos sistemas se han desarrollado con el tiempo: en promedio, las últimas modificaciones datan de hace unos 15 años y continúan en evolución, buscando equilibrar el desarrollo productivo, la capacidad del ambiente y lo que las comunidades están dispuestas a aceptar.
Eso, señor Presidente, señoras y señores Senadores.
Bien, muchas gracias, Leonardo; muchas gracias, Jessica, por la información. Sabemos que aún nos quedan un par de análisis, y vamos a seguir conversando sobre este tema. En la próxima sesión tendremos al subsecretario; conversamos con él ayer a raíz del lanzamiento de nuevas iniciativas para fortalecer la pesca artesanal. Acordamos una reunión y lo escucharemos exponer sobre el avance en materia de la ley de acuicultura y otros temas. Brevemente, ¿algunas palabras o consultas? Senador Núñez.
Bueno, saludar a los expertos de la Biblioteca y saludar a Jessica, que entiendo se incorpora a la Biblioteca. Hicimos una investigación en conjunto con el INCAR, donde es investigadora la doctora Fuentes. Muy bien, saludar también a la doctora Fuentes.
Quisiera hacer un comentario, Presidente, sobre lo último que usted señaló. Ayer escuchamos al subsecretario de Pesca junto al ministro de Economía, quienes anunciaron cómo se aplicará el nuevo fraccionamiento, ya aprobado por ley, en las cuotas de pesca para el año 2026. Se detalló, por ejemplo, que habrá prioridad para embarcaciones menores de 12 metros. En la Región de Coquimbo, tengo la expectativa de que al menos podamos contar con alrededor de 450 embarcaciones menores de 12 metros que podrían postular al jurel, cuya cuota crece significativamente en la región. Lo mismo en relación con la jibia, donde también hay embarcaciones dispuestas a pasar a esa pesquería y aumentar el esfuerzo pesquero en la flota artesanal.
Por eso, espero que sin falta en la próxima comisión venga el subsecretario y nos entregue los detalles, porque esto genera mucha expectativa. Me están llamando dirigentes de la pesca artesanal preguntando qué significa esto y cómo se va a implementar. Lo que entendí es que no habría lista de espera, sino que sería un beneficio directo; pero no sabemos cuánto. Entonces, creo que es muy importante, Presidente, que venga el subsecretario, que nos explique el detalle para poder...
...transmitir la información, y son muy buenas noticias, por lo menos para la pesca artesanal. Efectivamente, Rey, me contacté con él y concordamos en que, en la próxima sesión, después de retomar la comisión, vamos a invitarlo precisamente para ese tema y hablar de aquellas cosas que nos interesan.
Senador Kusanovic.— Gracias, presidente. La verdad es que este tema de la salmonicultura y la acuicultura en general es sumamente importante en la región donde yo estoy, la Región de Magallanes. Hoy día, la principal industria de Magallanes es el salmón, con el 23% del PIB regional. Le sigue el turismo con el 15% y, lamentablemente, la ganadería, que a principios del siglo pasado llegó a ser el 70% del PIB, hoy no supera el 2 o 3%. Antes se exportaba la grasa, los cueros, la lana, etcétera; hoy la carne es prácticamente lo único que tiene valor. Las industrias van cambiando con el tiempo.
Actualmente, la salmonicultura existe gracias a las 4.700.000 hectáreas de fiordos y canales que tenemos en la Región de Magallanes. De eso, solo utilizamos 2.000 hectáreas en concesiones marítimas: 2.000 hectáreas, el 0,043%. Yo he hecho cálculos: la industria del salmón en Magallanes debiera representar el 70% del PIB. Es la segunda o tercera gran oportunidad de desarrollo después de la industria de la oveja; luego vino, en una época, la del petróleo; y hoy esta es nuestra tercera oportunidad de desarrollo, pero la tenemos limitada y no la queremos usar.
No se desarrolla tecnología. La Universidad de Magallanes no hace absolutamente nada para estudiar qué es lo que cae de un centro de engorda: caen restos de alimentos y desechos del salmón. La Universidad de Magallanes brilla por su ausencia; anda estudiando el aleteo de las moscas en la Antártica y no se ocupa de las cosas reales. No tenemos test para la marea roja, no sembramos ostiones, no sembramos erizos. Todos los canales y fiordos que tenemos en Magallanes son una gran piscicultura, pero no hay tecnología; no hacemos nada: sacamos y sacamos.
Aquí debe haber una política de Estado que apoye realmente a su industria. Y la Universidad de Magallanes, que lo único que hace es contratar y contratar, está endeudada en más de 30.000 millones de pesos, pero aporta cero a la industria y al desarrollo de Magallanes. Tiene que haber un cambio, uno real, y las leyes deben fomentar el uso y desarrollo de tecnología. Porque esto es vergonzoso: hoy podríamos estar recogiendo lo que cae —restos de alimento y desechos del salmón— y usándolo para abonar las praderas que han sido explotadas por más de 100 años.
Creo que este tema es muy importante analizarlo a fondo y ver cómo lo mejoramos. Hoy se está estudiando cómo criar salmones a mar abierto, y nuestra ventaja comparativa —los fiordos— la vamos a perder. ¿Por qué? Por tontos. Nos puede pasar lo mismo que con el salitre. Gracias.
Tiene la palabra el señor senador.— Gracias, presidente. Agradecer la excelente exposición. Yo me he concentrado en Noruega, que es nuestro principal competidor, y veo que en ese país hay compromiso y motivación de los municipios en el uso de los bordes costeros en las zonas marinas de los fiordos. Acá, en nuestra región, los municipios están excluidos; hubo comunas donde prácticamente se expulsó la actividad salmonera o acuícola, y quedaron sin esa actividad.
Son elementos que más o menos conocíamos, pero aquí están las fechas: desde el año 2010, en Noruega, hasta el año 2050 se propusieron quintuplicar la producción salmonera. Bueno, ya están en el 40%. Nosotros tenemos condiciones naturales muy superiores a las de Noruega para crecer, en un espacio que no enfrenta las mismas limitaciones que allá. Y han identificado regulaciones burocráticas y obstáculos, y los han removido, presidente, en Noruega.
Nosotros aquí todavía estamos en la etapa de poner más obstáculos y agregar. Después hay una planificación espacial marina vinculada, de nuevo, a los municipios principalmente, porque, por ejemplo —yo lo mencionaba en otras oportunidades—, en Hornopirén, de cinco plantas procesadoras, hoy día nos están quedando menos de dos y media, y quizás una y media, con suerte. Se han perdido empleos por esto mismo. Esa es mi queja. Y, finalmente, en el caso de Noruega también —porque ahí me he enfocado—, como les digo, en el año 2005 ya ellos plantearon el propósito de promover la rentabilidad y competitividad de la industria acuícola. Y bueno, ahí se ven las curvas: lo que pasó con la curva chilena y lo que pasó con la curva noruega en cuanto a producción. Así que agradezco este trabajo; no he mirado con cuidado Canadá y Escocia, pero Noruega debiera ser el ejemplo a seguir, y comparto las expresiones del señor senador Kusanovic, en que nosotros tenemos todas las condiciones y, no sé, mirando el mapa nomás, nosotros somos tres veces Noruega. O sea, podríamos —si ellos quintuplican— nosotros multiplicar por quince nuestra producción. Es tremendo el potencial. Gracias, presidente.
Bien, muchas gracias. Son evidentemente opiniones más que preguntas. Este es un tema que va a quedar abierto; vamos a seguir conversando respecto de este particular. De la Subsecretaría de Pesca, no me cabe la menor duda de que están tomando nota de las preocupaciones que se están planteando. Lo vamos a conversar, seguramente, también, más allá de lo que vamos a hablar con él en la próxima sesión de la comisión. Así que le agradecemos sinceramente el trabajo de la biblioteca y del Centro Interdisciplinario de Investigación Acuícola, INCAR, la señora Jessica Fuente. Muchas gracias, don Leonardo Rancivia. Muchas gracias.
Bueno, amigos, vamos a pasar al segundo punto de nuestra tabla, que es iniciar el estudio respecto de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones. Señora secretaria. — Gracias, señor presidente. Entonces, al iniciar el estudio, nos vamos a la página 5 del comparado, donde está la indicación número 1.
Me gustaría hacer una breve introducción respecto de este tema. Este es un tema que cada vez más necesita modificaciones legales. Lo que ocurrió en su región, presidente, y recientemente en la mía, así lo refleja. Hay testimonios más que claros de empresas salmoneras que han tenido que pagar al margen de la ley. Hay testimonios de mitilicultores que tienen que pagar al margen de la ley porque están cobrando. Entonces, hoy día es necesario que estas indicaciones sean abordadas con profundidad. Nosotros aprobamos 12 indicaciones en la primera etapa de este proyecto. Dimos un plazo nuevo de indicaciones y solamente un parlamentario presentó nuevas indicaciones, que, creo yo, van en la línea de lo que veníamos planteando. Por lo tanto, espero que esto avance, fructifique; es necesario para el país. Hoy día se está transformando en una traba para el desarrollo de la región. Hay ONGs que están pagando campañas millonarias en el Biobío, diciendo que todo esto es mentira, que no se paraliza nada, que cuando se pide una EMPO no hay nada paralizado. Lo dicen las ONGs, que financian a comunidades indígenas para mentir descaradamente. Entonces, aquí tenemos que avanzar. Hemos demostrado, creo yo, con seriedad en esta comisión, que era mentira lo que nos vino a decir la CONADI: que esto requería solo cambios administrativos. Falso. Esto requiere modificaciones legales para bien. Y repito por décima vez: no contra los pueblos originarios, sino para mejorar una ley que está siendo nefasta para el desarrollo del país y para nuestras regiones.
Sí, muchas gracias, senador. Yo voy a agregar dos conceptos adicionales. Efectivamente, hay que señalar también que la necesidad de hacer algunas correcciones, algunos ajustes, la expresan los hechos concretos y específicos, toda vez que las últimas dos grandes solicitudes de concesiones de pueblos originarios respecto del borde costero.
En Aysén, tratándose de una solicitud de significativa extensión, la Comisión Regional del Borde Costero la rechazó, registrándose solo una abstención; el resto fueron votos en contra. ¿Qué significa esto? Que todo el conjunto de entidades que participan en dicha Comisión —municipios, organismos vinculados al tema, la estructura pública, el ámbito de la Armada— se opuso al otorgamiento de ese espacio costero. Todos, salvo la abstención de la gobernadora, quien, dicho sea de paso, solicitaba en ese momento una modificación que no era procedente conforme a la ley vigente. Fue rechazada.
Luego supimos lo ocurrido en la Región de Los Lagos: otra solicitud, de un extenso período y de un amplio territorio —cerca de 70.000 hectáreas—, también fue rechazada, entiendo que con la sola abstención de cuatro votos. Nuevamente, todo el aparato público, es decir, el propio Gobierno (delegados presidenciales, seremis y la estructura respectiva), votó en contra de esa solicitud. Ello refleja, como bien señala el senador Espinoza, la voluntad de afrontar con la mayor seriedad la necesidad de introducir regulaciones. Los hechos han demostrado que no se trata de un antojo ni de ir en contra de ninguna acción, sino de buscar mecanismos para corregir, porque ambas peticiones significativas fueron evidentemente rechazadas, lo que constituye una señal de alerta respecto de lo que está ocurriendo.
Por lo tanto, nos parece un tema significativo y avanzaremos en esa tarea, señora Secretaria. Tenemos 19 indicaciones, de acuerdo con lo que aparece en el informe. En la página 5 del comparado se encuentra la indicación número 1, de los honorables senadores señores Kuschel, Kusanovic, Espinoza y Sandoval, para incorporar, a continuación del número 3, el siguiente número nuevo: Agrégase en el artículo 4º, de limitación del espacio costero, los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:
Para estos efectos, la Subsecretaría deberá establecer una metodología de cálculo de proporcionalidad entre las superficies solicitadas y los indicadores objetivos de uso consuetudinario, incluyendo al menos: a) el número de miembros de la comunidad directamente asociados al uso del espacio; b) la extensión histórica de las prácticas consuetudinarias; c) la intensidad de uso del espacio, considerando datos verificables, como los desembarcos históricos registrados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; d) la accesibilidad geográfica y oceanográfica del área solicitada; y criterios técnicos fundados en conocimientos científicos aportados por organismos especializados, como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y el Instituto de Fomento Pesquero. La Subsecretaría podrá rechazar solicitudes que excedan manifiestamente un límite razonable cuando no exista justificación suficiente en el uso real o en el número de usuarios, conforme a los criterios establecidos en la metodología de cálculo de proporcionalidad referida en el inciso anterior.
Presidente, debo señalar que esta indicación es, a juicio de la Secretaría, inadmisible, porque entrega nuevas funciones a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Sí, a ver, hay en realidad un tema de discusión. La indicación apunta, evidentemente, a ese propósito, pues le otorga nuevas facultades y obligaciones a la Subsecretaría (“deberá establecer una metodología de cálculo de proporcionalidad”). Todo lo anterior, en todo caso, está bien inspirado en su idea, pero entiendo que hay un tema de admisibilidad en este punto. Yo, no compartiendo el fondo, entiendo que puede haber un margen en esa dirección. Si tuviéramos al Ejecutivo presente —no lo está—, para la próxima sesión podría invitarse.