¿Tiene reunión entonces a las cuatro? A las cuatro y media, para dar tiempo a que iniciemos la Sala. ¿En la cafetería, por favor? Sí.
En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.
¿Tenemos cuenta?
Sí, presidente. Tenemos las excusas del ministro del Interior y Seguridad Pública, puesto que a esta misma hora se está discutiendo en la Cámara de Diputados la renovación del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; y también las del ministro de Seguridad Pública por compromisos agendados con anterioridad. Luego, hay una solicitud del senador Pugh para someter a consideración de esta comisión oficiar a la señora ministra de Defensa Nacional para que informe sobre hechos ocurridos recientemente en un puesto fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, conforme se ha reportado por diversos medios de comunicación. Y enseguida, hay nueve oficios de cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año en curso, que serán remitidos a sus correos electrónicos. Eso es, señor presidente, la cuenta.
Perfecto. Sobre la cuenta, entiendo, senador Pugh, sobre lo que usted solicitó.
Sí, dos cosas sobre lo que se solicitó. Si es factible, se informe de tal manera que tengamos algo más evaluado que solamente la nota de prensa. A nosotros nos llega la información de prensa a través de la Biblioteca del Congreso, pero tiene una visión del Ejecutivo. Después, solicitaría por puntos varios, presidente.
Perfecto. Subsecretario, sobre ese punto...
Buenas tardes, presidente. Lo tomamos, recibimos el oficio; vamos a informar con detalle, de forma reservada a la comisión, los antecedentes de ese suceso en particular.
Perfecto. ¿Algún otro tema de la cuenta? ¿No? ¿Estamos? ¿Puntos varios?
Puntos varios.
Muchas gracias, presidente. El día de ayer, en La Moneda, el Presidente comunicó el cambio de nombre de un recinto carcelario conocido como Punta Peuco, a ser un recinto carcelario de Tiltil. Pero, dentro de las expresiones que usó, dio a entender a la población que este sería, más o menos, un lugar con beneficios o condiciones especiales. La pregunta —y esto es al Ejecutivo; lamentablemente no tenemos a la ministra, que no nos ha acompañado en las sesiones— es si la ministra, como encargada del sistema completo del ciclo de vida de la gente de las Fuerzas Armadas —gente que se recluta tempranamente, se entrena, se prepara, se destina, se le imparten órdenes, culmina su vida activa, pero no ha fallecido— sigue sujeta a sistemas institucionales. Me refiero al sistema de salud que administra cada una de las instituciones que ella dirige —un sistema de salud institucional, por lo cual deben concurrir a esos hospitales— y también a su sistema previsional. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa no puede desentenderse de estas personas, aunque estén cumpliendo condiciones de reclusión. Y la pregunta es si, efectivamente, la ministra ha podido visitar y conocer estas instalaciones, porque se darán cuenta de que no son lo que se señala: son recintos que incluso no han estado ni siquiera conectados a sistemas sanitarios con agua —se corta el agua—, no hay gas disponible, y muchas otras cosas más. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de la defensa y de la administración de un sistema, respecto de personas que siguen dentro del sistema, ¿cuál ha sido el involucramiento de ella? ¿Si conoce, ha visto y sabe en qué condiciones están? Creo que sería importante, dado que se ha puesto nuevamente sobre la mesa esta situación, tener toda la información. Es importante que la ciudadanía quede muy informada y, ojalá, a través de la ministra, que tiene a su cargo esta tarea. Eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Pugh. Comparto plenamente su preocupación, entendiendo que la decisión que se tomó ayer es una decisión administrativa que no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Justicia, en particular. ¿Algún comentario que quiera hacer el senador Saber?
Sí, yo ahí tengo una... A ver, primero...
¿Tiene reunión entonces a las 4? A las 4 y media, para dar tiempo a que iniciemos la sala. ¿En la cafetería, por favor? Ah, sí. Ya, sí.
En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Secretaría, ¿tenemos Cuenta?
Sí, Presidente. Tenemos las excusas del ministro del Interior, puesto que en esta misma hora se está discutiendo la renovación del despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá y Antofagasta en la Cámara de Diputados, y también del ministro de Seguridad Pública por compromisos agendados con anterioridad. Luego, hay una solicitud del senador Pugh para someter a consideración de esta Comisión oficiar a la señora ministra de Defensa Nacional para que informe sobre unos hechos ocurridos recientemente en un puesto fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, conforme se ha informado por diversos medios de comunicación. Y enseguida, hay nueve oficios de cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año en curso, que se enviarán a sus correos electrónicos. Eso es, señor Presidente, la Cuenta.
Perfecto. Sobre la Cuenta, entiendo, senador Pugh, sobre lo que usted solicitó.
Sí, dos cosas sobre lo que se solicitó. Si es factible ese informe, de tal manera que tengamos algo más evaluado que solamente la nota de prensa. A nosotros nos llega la información de prensa a través de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero tiene una visión del Ejecutivo. Después solicitaría por puntos varios, Presidente.
Perfecto. Subsecretario, sobre ese punto que...
Buenas tardes, Presidente. Lo tomamos; recibimos el oficio. Vamos a informar con detalle, de forma reservada, a la Comisión, los antecedentes de ese suceso en particular.
Perfecto. ¿Algún otro tema de prensa?... O sea, de Cuenta, perdón. ¿No? ¿Estamos? Puntos varios.
Muchas gracias, Presidente. El día de ayer, en La Moneda, el Presidente comunicó el cambio de nombre de un recinto carcelario conocido como Punta Peuco, a ser un recinto carcelario de Tiltil. Pero, dentro de las expresiones que usó, dio a entender a la población que este es, más o menos, un lugar que tiene beneficios o condiciones especiales. La pregunta —y esto es al Ejecutivo; lamentablemente no tenemos a la ministra, que no nos ha acompañado en las sesiones— es si la ministra, como encargada del sistema completo del ciclo de vida de la gente de las Fuerzas Armadas —personal que se recluta tempranamente, se entrena, se prepara, se destina, se le dan órdenes y cumple su servicio, pero no ha fallecido—, todavía sigue sujeto a sistemas institucionales. Me refiero al sistema de salud que administra cada una de las instituciones que ella dirige, que es un sistema de salud institucional, y por eso deben concurrir a esos hospitales; y también a su sistema previsional. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa no se puede desentender de esas personas, aunque estén cumpliendo una condición de reclusión.
Y la pregunta es si, efectivamente, la ministra ha podido visitar y conocer estas instalaciones, porque se van a dar cuenta de que no son lo que se señala: son recintos que incluso no han estado ni siquiera conectados a sistemas sanitarios con agua —se corta el suministro—, no hay gas disponible, entre otras cosas. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de la defensa, de la administración de un sistema, de personas que siguen dentro del sistema, ¿cuál ha sido el involucramiento de ella? Si conoce, ha visto y sabe en qué condiciones están. Creo que sería importante, dado que se ha puesto esta situación nuevamente sobre la mesa el día de ayer, tener toda la información. Es importante que la ciudadanía quede muy informada, ojalá a través de la ministra que tiene a su cargo esta tarea. Eso, Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Pugh. Comparto plenamente su preocupación, entendiendo que la decisión que se tomó ayer es una decisión administrativa que no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Justicia. Entendemos que es una decisión presidencial; más allá del juicio de valor que uno pueda hacer respecto de la misma, la considero equivocada. Pero, dicho esto,...
...la facultad presidencial, y está bien. En cuanto a los derechos previsionales de quienes están cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos, éstos están resguardados. Entiendo que los derechos previsionales y sociales se mantienen. Si esa es la consulta, corresponde al Ministerio de Justicia entregar un informe sobre la situación del recinto penitenciario, el lugar donde se encuentran y sus condiciones, a fin de contar con mayor transparencia y claridad.
Los derechos sociales, entiendo, forman parte de aquello que se mantiene; en ningún minuto se ha señalado que no se cumplirán. Por eso me parece correcta la separación que se ha planteado. Hago además el alcance de que se trata de una materia más relacionada con el Ministerio de Justicia, Gendarmería y el recinto carcelario en sí mismo. No obstante, existe un vínculo de conocimiento público de estas personas con distintas ramas de las Fuerzas Armadas. En esa mirada, y recogiendo el planteamiento, podríamos solicitar información no solo al Ministerio de Defensa, sino también al Ministerio de Justicia, para que, dentro de sus atribuciones y facultades, entreguen la información correspondiente.
Me imagino que, siendo una decisión adoptada públicamente, con un punto de prensa, hay alcances particulares relativos a derechos previsionales, de salud y a las condiciones de derechos fundamentales de esas personas, que obviamente deben seguir cumpliéndose. En ello participan ambos ministerios, siendo el más relevante Justicia; pero también hay aspectos propios del Ministerio de Defensa que, como presidente, me gustaría consultar formalmente.
Asimismo, al tratarse de materias de Seguridad Social, corresponde incluir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Agreguemos, entonces, a los tres ministerios, para que coordinen sus gabinetes y nos informen sobre el punto planteado. ¿Les parece? Bien. Se acuerda.
Presidente, disculpe. Entonces, en lo relativo a los derechos previsionales, de salud y a las condiciones de los derechos fundamentales... Así es. Tomado el acuerdo, tiene la palabra el senador Ossandón.
Solo un comentario, nada más. Yo, y lo he señalado en esta comisión, preferiría que todas las personas que están en esa situación, en todas las cárceles de Chile, estuvieran en su casa. No es un tema solo de esto. Creo que se está cometiendo un error político inmenso y se van a echar encima a toda la gente de la zona de Tiltil, porque, cuando se den cuenta de que ahí va a haber una cárcel, la comunidad va a empezar a moverse; no les digo cómo. En vez de percibirse como justicia, va a aparecer como venganza, y el próximo Presidente o Presidenta de Chile va a cambiar el decreto. Que les quede claro: lo van a cambiar de todas maneras. Entonces, no se está solucionando el problema de fondo y se mezcló con el tema de los detenidos desaparecidos, respecto del cual creo que hay que hacer lo imposible para encontrar a esas personas, porque hay que sanar esa herida. Por la fecha, además, creo que se está cometiendo un error político, y cuando la comunidad dimensione lo que significa tener una cárcel en un pueblo como Tiltil, súper tranquilo, apacible, esto se va a encrespar fuerte. Ojalá, el día de mañana, las personas que estén enfermas —en la cárcel que sea— puedan morir en sus casas, hayan hecho lo que hayan hecho. Desgraciadamente, es un tema de humanidad. Nada más.
El subsecretario me había solicitado un espacio para comentar respecto de la reunión de ministros de Defensa del Pacífico Sur, a la que tuve la oportunidad de asistir la semana pasada. Así que, subsecretario, le ofrezco la palabra sobre ese punto en particular para que dé cuenta brevemente a la comisión, porque debemos iniciar la votación, de lo que fue esa importante reunión.
Muchas gracias, presidente. Bien breve. Lo primero, agradecer, a través suyo, a la comisión por representarla en el Buque Escuela Esmeralda. Efectivamente, entre los días 22 y 24 de octubre tuvimos la reunión de ministros del Pacífico Sur. Contó con la presencia de representantes de todos los países titulares: Australia, Nueva Zelandia, Francia, Papúa Nueva Guinea, Fiji y Tonga; además de los países observadores, que son Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y del secretario general del PIF, el Foro de Islas del Pacífico.
Esta debe ser la reunión multilateral más importante que se ha realizado en materia de Defensa en los últimos 20 años. La última con más de un ministro, que yo tenga registro, fue en 2022, una reunión de ministros de las Américas. La anterior la hicimos por Zoom, con base en Chile, durante la pandemia. Creo que fue muy positivo: nos permite materializar la presencia tricontinental.
Presidente.— Planteo la posibilidad de que la ministra de Defensa, en lo que corresponda estrictamente a las facultades del Ministerio de Defensa, pueda abordar la preocupación expuesta respecto de la salud y las condiciones de personas que pertenecieron a ramas de las Fuerzas Armadas. Interesa entender cómo continuarán recibiendo las atenciones de salud y las atenciones humanitarias que correspondan.
No es necesario que se pronuncie ahora, subsecretario —porque tenemos otros temas en la agenda—, pero sí que podamos contar con una respuesta y con un oficio del establecimiento penitenciario donde estas personas se encuentran, dando cuenta de sus condiciones. Eso es necesario para mayor transparencia y claridad. Entiendo, además, que los derechos sociales se mantienen y en ningún momento se ha dicho que no se cumplirán.
Comparto la correcta separación que hizo el senador Pugh: varias de estas materias se vinculan más bien con el Ministerio de Justicia, con Gendarmería y con el recinto carcelario en sí. Sin perjuicio de ello, existe un vínculo evidente, de conocimiento público, de estas personas con distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, recogiendo el planteamiento, correspondería solicitar información no solo al Ministerio de Defensa, sino también al Ministerio de Justicia, para que cada uno, dentro de sus atribuciones, entregue la información pertinente.
Me imagino que, siendo una decisión anunciada públicamente —se hizo un punto de prensa—, hay alcances particulares relativos a derechos previsionales, de salud y a condiciones de derechos fundamentales de esas personas, que obviamente deben seguir cumpliéndose. En esto intervienen los dos ministerios mencionados —especialmente Justicia— y también hay materias propias de Defensa. Como presidente, quisiera recabar el acuerdo para cursar las consultas correspondientes. Además, dado que se trata de Seguridad Social, incorporemos al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de modo que los tres ministerios coordinen sus gabinetes y nos informen sobre el punto planteado por el senador Pugh. ¿Les parece? Bien. Se acuerda entonces.
—Presidente, disculpe. Entonces, en lo relativo a los derechos previsionales, de salud y a las condiciones de los derechos fundamentales…
—Así es.
Presidente.— Dicho esto, tomado el acuerdo, tiene la palabra el senador Ossandón.
Senador Ossandón.— Solo un comentario. A mí me gustaría que todas las personas que están en esa situación, en todas las cárceles de Chile, pudieran estar en su casa. No es un tema solo de ese recinto. Creo que se está cometiendo un error político inmenso y que la gente de la zona de Tiltil se va a echar encima cuando se den cuenta de que ahí va a haber una cárcel; la comunidad va a empezar a moverse, y no les digo cómo. En vez de parecer un acto de justicia, va a parecer venganza. Y el próximo Presidente o Presidenta de Chile va a cambiar el decreto, eso ténganlo claro; lo van a cambiar de todas maneras. Así no se soluciona el problema de fondo.
Además, se mezcló con el tema de los detenidos desaparecidos; y yo creo que hay que hacer lo imposible para encontrar a esas personas, porque hay que sanar esa herida. Por la fecha y por lo que significa para una comunidad como Tiltil —súper tranquila, apacible—, esto se va a encrespar fuerte. Ojalá, el día de mañana, las personas que estén enfermas, de la cárcel que sea, puedan morir en sus casas, hayan hecho lo que hayan hecho. Desgraciadamente, es un tema de humanidad. Nada más.
Presidente.— El subsecretario me había solicitado un espacio para comentar la reunión de ministros de Defensa del Pacífico Sur, a la que tuvo oportunidad de asistir la semana pasada. Subsecretario, le ofrezco la palabra brevemente, porque debemos iniciar la votación.
Subsecretario.— Muchas gracias, presidente. Muy breve. Primero, agradecer a la comisión, a través suyo, por representarla en el Buque Escuela Esmeralda. Efectivamente, entre el 22 y el 24 de octubre tuvimos la reunión de ministros de Defensa del Pacífico Sur. Contó con la presencia de representantes de todos los países titulares: Australia, Nueva Zelandia, Francia, Papúa Nueva Guinea, Fiyi y Tonga. Además, asistieron los países observadores: Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y el secretario general del PIF, el Foro de las Islas del Pacífico.
Esta debe ser la reunión multilateral más importante que se ha hecho en materia de Defensa en los últimos 20 años. La última, con más de un ministro que yo tenga registro, fue en 2022, una reunión de ministros de las Américas. Esa última la hicimos por Zoom con base en Chile.
Reivindicar la presencia de Chile en Rapa Nui y también interactuar en un espacio gigantesco, el Pacífico Sur. Los ministros quedaron muy contentos e impresionados con lo que tenemos acá a nivel de Defensa y de Fuerzas Armadas, con mucha disposición a colaborar. Abordamos temas de seguridad marítima, amenazas tradicionales y no tradicionales; hablamos de cambio climático y ayuda humanitaria, y también de los 25 años de la agenda Mujer, Paz y Seguridad de la ONU y de nuestro nuevo plan de acción en Chile. Quedamos en seguir trabajando; se intensificaron las colaboraciones, como ustedes saben, con países como Francia, Nueva Zelanda y Australia. Contamos con equipamientos de esos países: visitamos una fragata australiana —de las dos que tenemos—; disponemos de vehículos blindados de la Armada, también provenientes de Nueva Zelanda; y de Francia, qué decir: contamos con los helicópteros Cougar y Dauphin, y con los submarinos Scorpene, lo que nos permite seguir potenciando nuestras capacidades.
Finalmente, comentar que vamos a estudiar la posibilidad de realizar un ejercicio en zonas cercanas a Rapa Nui. Tendremos conversaciones con las autoridades de la isla, con la idea de efectuar un ejercicio que calce con el conjunto de ejercicios existentes en el Pacífico, poniendo foco en presencia, en seguridad marítima y también en ayuda en desastres humanitarios. Fue recibido de muy buena forma por todos los países; así que, junto con la Armada, presentaremos una propuesta con la planificación correspondiente, como se hace en este tipo de ejercicios, de cara a 2027–2028. Balance positivo: una muy buena instancia y muy contentos los países que participaron junto a nosotros.
Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, agradecer al Subsecretario. Efectivamente, esta es una reunión importantísima del Pacífico —es el océano del presente— y las preguntas son dos. La primera: si se pudo plantear la solicitud de que Valparaíso sea sede de la secretaría de la unidad BBNJ, porque es una gran aspiración; somos un país tricontinental, tenemos algunos de los parques marinos más grandes y contamos con capacidad para preservar justamente lo que el tratado de la alta mar busca. Y la segunda se refiere a lo señalado por la Ministra respecto del ejercicio en Rapa Nui: mi consulta va al financiamiento y a lo que usted también mencionó sobre los otros ejercicios en curso. El próximo año corresponde participar en RIMPAC, que no tiene financiamiento en la Ley de Presupuestos; le falta el aporte necesario, y la duda es si el Ejecutivo va a reponer o no los recursos, dado que es fundamental mantener esa capacidad de entrenamiento de nuestras fuerzas.
Gracias, Presidente. Parto por las últimas preguntas. Lo primero: el presupuesto será un 0,3% superior al aprobado el año pasado, es decir, sin los recortes que se ejecutaron este año conforme a los acuerdos logrados en el Congreso. Tendremos, por tanto, un presupuesto de continuidad igual al del año pasado y, sobre eso, un 0,3% adicional, obviamente con cifras actualizadas. Lo segundo: podemos revisarlo nuevamente, pero RIMPAC está contemplado como una de las líneas de financiamiento. Pedí a mi equipo que lo verificara de inmediato, pero, según recuerdo y según lo presentado, RIMPAC —como todos los años, intercalado con los ejercicios de submarinos— cuenta con financiamiento, y el próximo año no será la excepción. Y lo tercero: BBNJ. Sí, lo hicimos presente en las palabras de apertura; agradecimos a Francia y al Presidente Macron, quien ya se comprometió aquí, en Valparaíso, a apoyar a Chile como sede en Valparaíso. Hicimos una invitación a los otros seis países y, lo que creo también relevante, conversamos con el Secretario General del PIF (Foro de las Islas del Pacífico), que representa a varias islas del Pacífico, sobre esta materia y nuestro interés. Esto fue ratificado en la cena a la que invitamos a todas las delegaciones por el Canciller —quien nos acompañó esa noche—, y también se hizo referencia a la importancia de BBNJ para Chile, más aún considerando que ya se han reunido las firmas, que van en más de 70, y que la primera reunión es ahora en enero.
Entrando en materia, entiendo —podrá el Subsecretario ratificarlo— que hay un avance bien importante que nos permitiría hoy avanzar en la votación del proyecto de infraestructura crítica. Tenemos en sus pupitres el comparado y una minuta con propuesta de votación, incluso con comentarios derivados de las reuniones; entiendo que la Secretaría también la tiene. Así que, si le parece, ofrezco la palabra al Subsecretario, muy brevemente, para que haga una introducción de los acuerdos alcanzados y tratemos de empezar a votar de inmediato.
Gracias, Presidente. Según se me informó, se realizaron las reuniones respectivas con los asesores los días 23 y 30 de octubre y, como fue instruido por esta Comisión, se procuró lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles.
…por la pandemia y creo que fue muy positivo. Nos permite materializar la presencia tricontinental de Chile, reivindicar la presencia de Chile en Rapa Nui y también interactuar en un espacio que es gigantesco, el Pacífico Sur. Los ministros quedaron muy contentos, muy impresionados de lo que tenemos a nivel de defensa y de Fuerzas Armadas, con muchas ganas de colaborar. Abordamos seguridad marítima, amenazas tradicionales y no tradicionales, cambio climático, ayuda humanitaria y los 25 años de la resolución Mujer, Paz y Seguridad de la ONU, junto con nuestro nuevo plan de acción en Chile. Quedamos en seguir trabajando; se intensificaron las colaboraciones. Como ustedes saben, con países como Francia, Nueva Zelanda y Australia tenemos equipamientos de ellos también. Pasamos a ver una fragata australiana —de dos que tenemos—; contamos con vehículos blindados de la Armada provenientes de Nueva Zelanda. Francia, para qué decir: tenemos los Cougar, los Dauphin —helicópteros— y los Scorpene. Esto también nos permite potenciar esas capacidades.
Finalmente, comentar que vamos a estudiar la posibilidad de realizar un ejercicio en zonas cercanas a Rapa Nui. Vamos a sostener conversaciones con las autoridades de la isla y la idea es hacer un ejercicio que calce con el resto de los ejercicios que existen en el Pacífico, con foco en presencia, seguridad marítima y ayuda ante desastres humanitarios. Fue recibido de muy buena forma por todos los países. Quedamos, junto con la Armada, de presentar una propuesta con su planificación —como se hace este tipo de ejercicio— de cara a 2027-2028. Balance positivo: una muy buena instancia y muy contentos los países que participaron junto a nosotros. Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, agradecer al subsecretario. Efectivamente, esta es una reunión importantísima del Pacífico; es el océano del presente. Las preguntas son dos. La primera: si se pudo plantear que Valparaíso sea sede de la Secretaría del BBNJ, porque es una gran aspiración; somos un país tricontinental, tenemos los parques marinos más grandes y la capacidad para preservar lo que precisamente el tratado busca, el tratado de la alta mar. Y la segunda, vinculada a lo que señaló la ministra respecto del ejercicio en Rapa Nui, dice relación con el financiamiento de los otros ejercicios. El próximo año corresponde RIMPAC, que entiendo no tiene financiamiento en la Ley de Presupuestos; le falta el aporte necesario. ¿El Ejecutivo va a reponer los recursos, dado que es fundamental mantener esa capacidad de entrenamiento de nuestras fuerzas?
Gracias, Presidente. Parto por las últimas preguntas. Primero, el presupuesto va a ser un 0,3% superior al aprobado el año pasado; es decir, sin los recortes que se ejecutaron este año de acuerdo con los acuerdos que se lograron en el Congreso. Tendremos un presupuesto de continuidad igual al del año pasado y, sobre eso, un 0,3% adicional, con cifras actualizadas. Segundo, podemos revisarlo nuevamente, pero RIMPAC está contemplado como una de las líneas de financiamiento. Pedí a mi equipo que lo viera inmediatamente; lo que recuerdo y lo que presentamos es que RIMPAC, como todos los años —intercalado con los ejercicios de submarinos—, tiene financiamiento, y el próximo año no va a ser la excepción. Y tercero, BBNJ: sí, lo hicimos presente en las palabras de apertura; agradecimos a Francia y al presidente Macron, que ya se comprometió acá en Valparaíso a apoyar a Chile como sede en Valparaíso. Hicimos una invitación a los otros seis países y, además, conversamos con el secretario general del PIF, que representa a varias islas del Pacífico, sobre esta materia y nuestro interés. Esto fue ratificado en la cena a la que invitamos a todas las delegaciones por el canciller —quien nos acompañó esa noche—, y también se hizo referencia a la importancia del BBNJ para Chile, más considerando que ya se reunieron las firmas, van más de 70, y la primera reunión es ahora en enero.
Entramos en materia. Entiendo —y podrá el subsecretario ratificar— que hay un avance bien importante que nos permitiría hoy día avanzar en la votación del proyecto de infraestructura crítica. Tienen en sus pupitres el comparado y una minuta de propuesta de votación, que incluso viene con comentarios de las reuniones; entiendo que la Secretaría también los tiene. Así que ofrezco la palabra al subsecretario, muy brevemente, para que haga una introducción de los acuerdos alcanzados y tratemos de empezar a votar inmediatamente.
Gracias, Presidente. Según lo que se me informó, se realizaron las reuniones respectivas con los asesores el día 23 y…
De acuerdo, hay avances sustantivos y relevantes en los textos que están propuestos y, además, viene, como se había solicitado, en los casos en que no hubo acuerdo, diferentes propuestas para ser votadas, y en cada una de las discusiones principales un comentario más extenso explicando en qué había acuerdo y en qué había disenso. Así que creo que están las condiciones para poder evaluar en su mérito y votar lo que sea pertinente, si así lo dispone la comisión.
Perfecto. Yo creo que es correcto y oportuno, así que, secretaria, estamos en condiciones.
Gracias, señor Presidente. En la minuta que ustedes tienen, señores senadores, en la página 1, en la tercera columna, se señala lo siguiente. Respecto del artículo 31 de la indicación del Ejecutivo, en reuniones celebradas el 23 y el 30 de octubre, la mesa técnica acordó modificar el numeral 1, fusionándolo con el antiguo numeral 2 y aclarar la referencia al resguardo del orden público. Respecto del numeral 2, se acordó ampliar las atribuciones a directrices e instrucciones. Respecto del numeral 3, se acordó usar la redacción de la Constitución para referirse específicamente a los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, junto a la legalidad vigente para la RUF. En el numeral 4, se acordó que el Ejecutivo presentaría una propuesta de redacción para incluir a quienes tengan conocimiento del despliegue y que la referencia a la divulgación especifique que se requerirá una vulneración a la debida autorización. En el numeral 5, se acordó ampliar la atribución a coordinar e impartir instrucciones y, además, incorporar bajo esta atribución a la seguridad privada del operador de infraestructura crítica, con excepción de la oración “debiendo observar las atribuciones de las demás autoridades con competencia en el área”. En el numeral 6, se acordó que el Ejecutivo presentaría una propuesta de redacción para dejar explícito que dicha atribución se ejerce fuera del área determinada, así como sustituir la coordinación entre funcionarios por órganos del Estado, de manera institucional. En el numeral 7, contemplar que el oficial general podrá requerir información a otros órganos de la Administración del Estado, y en el inciso final se acordó hablar de instrumentos de planificación y gestión pertinentes de forma amplia.
Por ende, se propone:
Artículo 31. El oficial general al mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, designado por el Presidente de la República para la protección de cada infraestructura crítica, contará con las siguientes atribuciones:
1. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica, resguardando el orden público en el área determinada mediante decreto supremo, de acuerdo con las instrucciones que establezcan los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional en el mismo.
2. Dictar las directrices e instrucciones necesarias a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública bajo su mando para la protección de la infraestructura crítica y el resguardo del orden público en el área determinada en el decreto supremo.
3. Velar por el respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como la aplicación de las reglas de uso de la fuerza de conformidad a la legalidad vigente.
4. Dictar instrucciones a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública desplegadas para la protección de la infraestructura crítica y a quienes tengan conocimiento del despliegue dispuesto, con el objeto de evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar sin la debida autorización.
5. Coordinar e impartir instrucciones en el área determinada por el decreto supremo a los funcionarios del Estado, de sus empresas, de las municipalidades, a los operadores de infraestructura crítica y a la seguridad privada que estos utilicen, con el objeto de proteger la infraestructura crítica, debiendo observar las atribuciones de las demás autoridades con competencia.
El día 30 de octubre, y conforme a lo instruido por esta comisión, se procuró lograr la mayor cantidad de acuerdos. Hay avances sustantivos y relevantes en los textos, y, como se solicitó, en los casos sin acuerdo se incluyen distintas propuestas para ser votadas, junto con comentarios más extensos que explican los puntos de consenso y de disenso. Están dadas las condiciones para evaluar en su mérito y votar lo que corresponda, si así lo dispone la comisión.
Gracias, señor Presidente. En la minuta de la tercera columna se señala lo siguiente: respecto del artículo 31 de la indicación del Ejecutivo, en reuniones celebradas los días 23 y 30 de octubre, la mesa técnica acordó:
- En el numeral 1, modificar la redacción, fusionándola con el antiguo numeral 2, y aclarar la referencia al resguardo del orden público.
- En el numeral 2, ampliar las atribuciones a “directrices e instrucciones”.
- En el numeral 3, usar la redacción de la Constitución para referirse específicamente a los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, junto con la legalidad vigente para la RUF.
- En el numeral 4, que el Ejecutivo presentaría una propuesta de redacción para incluir a quienes tengan conocimiento del despliegue, y que la referencia a la divulgación especifique que se requerirá una vulneración a la debida autorización.
- En el numeral 5, ampliar la atribución a coordinar e impartir instrucciones e incorporar bajo esta atribución a la seguridad privada del operador de infraestructura crítica, con excepción de la oración “debiendo observar las atribuciones de las demás autoridades con competencia en el área”.
- En el numeral 6, que el Ejecutivo presentaría una propuesta de redacción para dejar explícito que dicha atribución se ejerce fuera del área determinada, así como sustituir la coordinación entre “funcionarios” por “órganos del Estado”.
- En el numeral 7, contemplar que el oficial general podrá requerir información a otros órganos de la Administración del Estado, y en el inciso final hablar de instrumentos de planificación y gestión pertinentes de forma amplia.
Por ende, se propone:
Artículo 31. El oficial general al mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, designado por el Presidente de la República para la protección de cada infraestructura crítica, contará con las siguientes atribuciones:
1. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica, resguardando el orden público en el área determinada mediante decreto supremo, de acuerdo con las instrucciones que establezcan, en el mismo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional.
2. Dictar las directrices e instrucciones necesarias a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública bajo su mando para la protección de la infraestructura crítica y el resguardo del orden público en el área determinada en el decreto supremo.
3. Velar por el respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como por la aplicación de las Reglas de Uso de la Fuerza, de conformidad con la legalidad vigente.
4. Dictar instrucciones a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública desplegadas para la protección de la infraestructura crítica y a quienes tengan conocimiento del despliegue dispuesto, con el objeto de evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar sin la debida autorización.
5. Coordinar e impartir instrucciones, en el área determinada por el decreto supremo, a los funcionarios del Estado, de sus empresas, de las municipalidades, a los operadores de infraestructura crítica y a la seguridad privada que estos utilicen, con el objeto de proteger la infraestructura crítica.
…en el área. Seis: coordinarse con todos los órganos del Estado, sus empresas, las municipalidades y los demás operadores de infraestructura crítica, fuera del área determinada por el decreto supremo, con el objeto de proteger la infraestructura crítica. Siete: requerir del operador de infraestructura crítica u otros órganos de la Administración del Estado la entrega de información sobre el recinto a custodiar, así como otras medidas para la protección de la infraestructura crítica, que faciliten la coordinación con el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en el área determinada mediante decreto supremo. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Estado Mayor Conjunto pondrá en conocimiento del oficial general designado para el mando los instrumentos de planificación y gestión establecidos en los numerales uno, dos y cuatro del artículo quinto de esta ley, así como cualesquiera otros instrumentos de planificación y gestión que resulten pertinentes.
¿Algún comentario de los señores senadores antes de ponerlo en votación, senador Pugh?
Muchas gracias, presidente. Creo que se recoge muy bien lo que se ha conversado. Sí señalar que tanto en el artículo 1°, el 6° y el 7° se habla del “área determinada”. Esto es fundamental para dar una delimitación física que permita a ese mando cumplir la tarea. Las veces que se menciona “área determinada” constituyen uno de los elementos más esenciales del decreto supremo, y debe expresarse con posiciones geográficas para que no haya ninguna imprecisión y se pueda incluso marcar en terreno. Las fuerzas, posteriormente, podrán operar dentro de ese perímetro, que es lo que queda sujeto.
Hay una situación que se menciona relacionada con los antecedentes de carácter militar, vinculada a la seguridad de las operaciones y de la información. Normalmente —y los operadores de infraestructura crítica lo tienen definido— es información de carácter secreto. Pero no hay una norma sobre el secreto que articule lo comercial y lo militar. Eso ya se ha discutido en la Ley de Inteligencia y probablemente será motivo de otra ley para hacerse cargo y poder manejarlo, dadas las penas que puedan existir para quienes filtren. No es propio del proyecto, pero sí corresponde dejar planteado el punto.
Donde puede haber un conflicto de competencias es en el numeral 5, debidamente indicado cuando se hizo la presentación del trabajo: la contienda de competencia que puede ocurrir entre el jefe de la protección de la infraestructura crítica y demás autoridades con competencia en el área. En el área de protección de infraestructura crítica el mando lo ejerce solo esa autoridad; no hay otra con competencia, porque por algo se le ha dado esa facultad específica en el área determinada. Por ello, complica dejar esa oración final en el numeral 5, porque quedaría abierto. Si se le encarga: “En este perímetro ejerza la protección de la infraestructura crítica”, es eso; incorporar cualquier otro actor va a generar un problema. Estaría por aprobar eliminando todo lo que viene después de la coma, poniendo punto en “infraestructura crítica”. Así queda bien delimitada la responsabilidad de mando y no hay contiendas de competencia. Por último, si se llegara a producir alguna, quienes firmaron el decreto supremo —los tres ministerios— tendrán que ponerse de acuerdo en cómo se resolverá, pero no ponerle el problema al jefe de la defensa en el lugar. Eso, presidente.
Subsecretario, ¿nos puede colaborar sobre esto?
Yo voy a suscribir lo que acaba de señalar el senador Pugh, y particularmente respecto de la parte final del numeral 5, que entiendo que es la única parte donde hubo diferencia en la mesa. En el resto del articulado está, entiendo, bastante consensuado. Gracias, presidente. A ver, de los puntos señalados, absolutamente de acuerdo respecto de la determinación del área: tiene que ser lo más específica posible, que queden clarísimos los deslindes. Respecto del secreto y la reserva en cuanto a lo militar, también de acuerdo en que esta es parte de la regulación que nos convoca hoy día, pero esto tiene que verse en una norma específica. Respecto del numeral 5 en su parte final, ¿cuál es la lógica nuestra de presentar esta propuesta así? Nosotros entendemos que esta es una herramienta constitucional de menor intensidad que los estados de excepción constitucional. ¿Por qué? Principalmente porque no limita derechos fundamentales, como sí lo hacen los estados de excepción constitucional. Si uno va a la norma de los estados de excepción constitucional, en el artículo 5, en el numeral primero, también está…
…demás autoridades con competencia en el área. Seis: coordinarse con todos los órganos del Estado, sus empresas, las municipalidades y los demás operadores de infraestructura crítica fuera del área determinada por el decreto supremo, con el objeto de proteger la infraestructura crítica. Siete: requerir del operador de infraestructura crítica u otros órganos de la Administración del Estado la entrega de información sobre el recinto a custodiar, así como otras medidas para la protección de la infraestructura crítica que faciliten la coordinación con el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en el área determinada mediante decreto supremo. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Estado Mayor Conjunto pondrá en conocimiento del oficial general designado para el mando los instrumentos de planificación y gestión establecidos en los numerales uno, dos y cuatro del artículo quinto de esta ley, así como cualesquiera otros instrumentos de planificación y gestión que resulten pertinentes.
¿Algún comentario de los señores senadores antes de ponerlo en votación? Senador Pugh.
Muchas gracias, presidente. Creo que se recoge muy bien lo que se ha conversado. Sí, señalar que tanto en el artículo 1°, el 6° y el 7° se habla del “área determinada”, y esto es fundamental para dar una delimitación física para que ese mando cumpla la tarea. Las veces que se menciona “área determinada” constituyen uno de los elementos más esenciales del decreto supremo, y tiene que precisarse con posiciones geográficas para que no haya ninguna imprecisión y se pueda incluso marcar; las fuerzas después podrán hacerlo, porque eso es lo que queda sujeto.
Hay una situación que se menciona, relacionada con los antecedentes de carácter militar. Esto está vinculado con la seguridad de las operaciones y la seguridad de la información. Normalmente —y los operadores de infraestructura crítica lo tienen definido— es información de carácter secreto. Pero no hay una norma que regule lo secreto entre lo comercial y lo militar. Eso ya se ha discutido en la ley de inteligencia y probablemente será motivo de otra ley para hacerse cargo, considerando las penas que pueden aplicarse a quienes filtren. No es propio de este proyecto, pero sí corresponde dejar planteado el punto.
Donde hay un problema de conflicto de competencia es en el numeral 5, que está debidamente consignado cuando se hizo la presentación del trabajo: la contienda de competencia que puede ocurrir entre ese jefe de la protección de la infraestructura crítica y demás autoridades con competencia en el área. El área de la protección de infraestructura crítica termina siendo solo ese mando; no hay nadie más que tenga otra competencia, porque para eso se le ha dado esa facultad específica en el área determinada. Entonces, complica mucho dejar esa oración final en el numeral 5, porque quedaría abierta. Si se le asigna la tarea de ejercer la protección de la infraestructura crítica en un perímetro, es eso. Incluir cualquier otra cosa va a generar un problema. Por tanto, estaría por aprobar eliminando todo lo que viene después de la coma, poniendo punto en “infraestructura crítica”. Así queda muy bien delimitada la responsabilidad de mando y no hay contiendas de competencia. Por último, si se llegara a producir alguna, quienes firmaron el decreto supremo —los tres ministerios— se tendrán que poner de acuerdo en cómo se resolverá, pero no corresponde trasladar el problema al jefe de la defensa en el lugar.
Subsecretario, le ofrezco la palabra sobre esto.
Yo voy a suscribir lo que acaba de señalar el senador Pugh, particularmente respecto a la parte final del numeral 5, que entiendo es la única parte donde hubo diferencia en la mesa. El resto del articulado está, según entiendo, bastante consensuado.
Gracias, presidente. A ver, respecto de los puntos señalados: absolutamente de acuerdo con la determinación del área; tiene que ser lo más específica posible, que queden clarísimos los deslindes. En cuanto a secreto y reserva en lo militar, también de acuerdo en que esto forma parte de la regulación que nos convoca hoy, pero debe verse en una norma específica. Sobre el numeral 5 en su parte final, ¿cuál es la lógica de presentar esta propuesta así? Entendemos que esta es una herramienta constitucional de menor intensidad que los estados de excepción constitucional. ¿Por qué? Principalmente porque no limita derechos fundamentales, como sí lo hacen los estados de excepción constitucional. Si uno va a la norma de los estados de excepción constitucional en el artículo 5°…