Senado - Economía - 4 de noviembre de 2025

Se abre la sesión. Señor Secretario, ¿tenemos ya transmisión? —Sí. Lectura de la Cuenta, por favor. Gracias, señor Presidente. Corresponde informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos: En primer lugar, un nuevo proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores, señor Velázquez y señora Sepúlveda. Con esta moción se propone modificar la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, específicamente para sancionar la difusión en medios electrónicos de ofertas, promociones o descuentos caducados o inexistentes. Asimismo, corresponde informar de diversos oficios enviados por distintas autoridades: del Ministro de Economía, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño (dos oficios), del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, del Subsecretario de Agricultura, del director subrogante de la Dirección de Compras y Contratación Pública y de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en general en cumplimiento de glosas presupuestarias de las partidas correspondientes. Finalmente, se informa un oficio de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Verónica Gorigoitía, que responde a una solicitud de esta Comisión sobre el uso de los prefijos 600 y el nuevo prefijo para las llamadas masivas y automatizadas correspondientes a cobranzas extrajudiciales. Todos estos oficios están a disposición de los señores parlamentarios y se remitirán también a sus correos institucionales. Eso es todo, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Saludamos al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Álvaro García; a la Subsecretaria de Economía, señora Javiera Petersen; y a todo el equipo que nos acompaña: al coordinador legislativo, a la asesora y al asesor. También saludamos al diputado Gonzalo Winter, que nos acompaña. Bienvenido a la Comisión. Antes de iniciar la votación del proyecto de ley de ferias libres, ¿hay algún punto en Varios incorporado a la tabla? ¿No? Muy bien. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter. Muchas gracias, señor Presidente. Saludo a todos los senadores presentes y a las autoridades de Gobierno, y agradezco el tiempo que me otorgan. He venido hoy a solicitar que la Comisión evalúe poner en tabla cuanto antes un proyecto de ley que cuenta con suma urgencia, relativo a lo que mencionaba el señor Secretario: poner fin a las llamadas spam en nuestro país. Así como en Alemania la gente recibe cerca de seis llamadas spam al mes, en Chile son 28 en promedio. Hasta ahora, de los países que se han contabilizado —varios de América Latina, Europa y Estados Unidos—, Chile es el país que más llamadas spam recibe en el mundo. Esto se está convirtiendo en un problema real: hay personas que están perdiendo horas médicas porque dejaron de contestar su teléfono. En gran parte esto es culpa de nuestra legislación, que lo permite, y además se dictó una regulación hace unos tres a seis años que estableció que la gente se inscribiera en una plataforma. El SERNAC hizo un gran trabajo creando esa plataforma, pero el problema que nos convoca es más complejo. ¿Nuestro número de teléfono es realmente nuestro —y nuestro tiempo al contestar—, o está al servicio de una empresa que necesita vender un producto? Nosotros creemos que nuestro teléfono es nuestro. El segundo tema abordado en el proyecto, en el mismo párrafo, es la venta ilegal de bases de datos. ¿Tiene derecho alguien a vender nuestro teléfono? Creo que no. Este proyecto es muy sencillo: simplemente prohíbe las llamadas spam. En la Cámara de Diputados se aprobó con una abrumadora mayoría, está con suma urgencia, y creo que podríamos dar un ejemplo a la ciudadanía, porque es una preocupación muy real. Muchas gracias, señor Presidente. Sí, por supuesto. Antes de dar la palabra al senador Kenneth Pugh, que nos acompaña, solo una duda, diputado Winter: ¿se trata de un proyecto de artículo único? —Sí.

Buena pregunta, Presidente. La verdad es que el proyecto tiene dos artículos; el otro se refiere a las cobranzas judiciales. Es un refundido, pero seré sincero: creo que es un refundido antinatural, por decirlo de buena forma, porque en realidad ambos artículos abordan materias distintas. El que considero urgente y sencillo es el que prohíbe las llamadas de spam y el tráfico de bases de datos, que van juntos. Mi consulta iba solo en el sentido de dimensionar su extensión. Para decirlo en términos no jurídicos, sino físicos, este proyecto debiera ser de media plana de una hoja tamaño carta. Senador Pugh.— Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, valoro la presencia del diputado Winter, con quien compartimos en la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Chileno–Parlamento Europeo. El tema de fondo a discutir está en la nueva ley de protección de datos personales. Esa es la que garantizará nuestro derecho a que nuestra propiedad privada —nuestros datos personales— no los tenga cualquiera. Hoy cualquiera accede a información y, en base a eso, hace uso de un celular para interferir; y el tiempo —coincido— es quizás lo más valioso. Lo que debemos ver bien es de qué forma conversa esto con la nueva agencia que garantizará el cumplimiento de este derecho que está en la Constitución. El mismo artículo 19, que protege la vida, fue reformado el año 2018 para proteger nuestros datos personales. Pero, sin la agencia y sus facultades, será muy complejo. La ley está aprobada, tiene un año de vacancia; la agencia entra a funcionar el 1 de diciembre del próximo año y 60 días antes se nombran a los consejeros. Por tanto, los mecanismos tienen que quedar bien definidos. Respecto del tema de las cobranzas, señor Presidente, la cobranza no es un llamado no deseado; es un mecanismo para hacer ver a una persona que debe ponerse al día con dineros que está adeudando. Hay que definir bien cuáles serán los sistemas de notificación, incluso los que tendrá el Estado; eso es parte de la ley 21.180, el notificador del Estado. ¿Por qué planteo estos elementos? Porque a veces los proyectos pueden ser muy cortos, pero tienen relaciones importantes con otros. Con gusto contribuiré en todo lo que sea respetar la privacidad de las personas y proteger su tiempo; voy a apoyarlo, pero debemos hacerlo con los mejores mecanismos y otorgar todas las garantías que, como señalé, están consagradas. Valoro mucho lo que el diputado está haciendo. Presidente.— Muchas gracias, Senador. ¿Alguna otra opinión? El diputado Winter me planteó este tema y me parece muy atendible, porque, independientemente de las llamadas de cobranza —donde hay un contrato de por medio—, las llamadas de spam clásicas son llamadas que ofrecen un servicio en el que uno no tiene vínculo previo; por lo tanto, se utiliza un contacto privado de manera reiterada. Desde ese punto de vista, tiene toda la lógica y coherencia. El único problema es que tenemos varios proyectos, disculpen la expresión, en cola en la Comisión que están pendientes, entre ellos el de casino y el de apuestas en línea, que ha generado mucha controversia por un fallo de la Corte Suprema y tiene gran presencia en la opinión pública. Uno ve a cada rato la publicidad en el fútbol y polémicas por este tema de las apuestas en línea, que es muy sensible. Por lo tanto, debemos ponernos de acuerdo sobre cuál partir viendo. Tomo, diputado, de forma muy seria su inquietud y su propuesta. También influye la extensión: cuando un proyecto de ley es más largo, uno sabe que requiere más tiempo; si es más acotado, sin quitar rigor a la discusión, se puede proyectar en un espacio más reducido. A la vuelta de la distrital veremos cómo están los tiempos y si agregamos una sesión de la Comisión —esa sería la fórmula—, porque el compromiso que tenemos es votar y despachar el de feria libre. Primero debemos sacar el que estamos viendo hoy, para cerrar este ciclo. ¿Algo más sobre el punto? Si no, entramos... Ah, perdón: saludamos al senador Pugh; ya llegó su reemplazo. Está debidamente habilitado para votar y ejercer todos sus derechos senatoriales. Muy bien. ¿Dónde quedamos entonces, señor Secretario, en la votación? ¿Usted me recuerda?

Indicación número 7, Presidente. — Ya, indicación número 7 en la página 5, si no me equivoco, del comparado. — Efectivamente. Se trata de una indicación del Honorable Senador señor Saavedra, respecto del artículo cuarto, sobre los principios rectores de las ferias libres. Presidente, quizá es el momento de plantear que el encabezado de este artículo tiene un problema de redacción que podría solucionarse vía artículo 121 del Reglamento, por unanimidad de la Comisión. Porque dice: “Los principios rectores del sector de las ferias libres regulado en la presente ley son los siguientes”. Hay un problema de redacción y una alternativa podría ser “los principios rectores de las ferias libres” o “los principios rectores del sector de las ferias libres”. Habría que precisarlo, pero no está bien como viene. Sobre ese punto, que la Secretaría nos haga una propuesta y la acordamos por unanimidad; pero háganla ustedes para que no quede en el vacío. — Claro. Vemos que el término “sector”, como concepto, no aparece en ninguna otra parte del proyecto. Entonces sugerimos eliminarlo: “los principios rectores de las ferias libres”. Esa es nuestra propuesta. — De acuerdo. Dejemos esa propuesta; cuando terminemos de votar el artículo la podemos zanjar, para llegar a una buena redacción y ver si tiene alguna implicancia no prevista. La indicación número 7 del Senador Saavedra es respecto del principio de prevención situacional del delito. El Senador propone sustituir la parte final de este principio, agregando que la promoción que debe hacer el Estado incluya una estrategia de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Gobierno Regional, los municipios, las fuerzas de orden y seguridad y demás actores relevantes, en conjunto con las organizaciones de feriantes respectivas, para contar con un adecuado diseño de los espacios en donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores, así como las medidas de orden y seguridad a aplicar por los feriantes. Sobre esta materia hay una propuesta de la mesa de asesores del Ejecutivo, Presidente. — Este punto lo discutimos ampliamente en la sesión pasada. Si hay una propuesta de redacción, entiendo, Subsecretaria, que los asesores han estado trabajando; sería bueno conocerla. Si eso nos permite avanzar, bien; si no, tendremos que votar los textos como están. Yo entendía que no había antagonismo en la idea, sino que se trataba de precisar roles y facultades, y que quedara bien escriturado. — Después del extenso debate de la última sesión, esto dice relación con lo que ocurre cotidianamente en todo el país: es necesaria la coordinación y la acción mancomunada de los distintos servicios públicos que participan de la seguridad pública. Por eso se plantea una estrategia de carácter situacional, que atienda al entorno y a la participación de quienes son los feriantes, porque a ellos se les aplican las medidas y son quienes dan vida a las ferias. La sugerencia es adoptar lo redactado por la mesa de asesores, que tiene mandato para representarnos y construir estos acuerdos, los cuales luego son visados. Para no extender el debate, propongo que se someta a votación el texto de los asesores. — Muy bien. Senador Saavedra, si está disponible ese texto; si no, la Subsecretaria puede leerlo y explicarlo. Luego se lo hace llegar a la Secretaría y lo votamos si hay acuerdo. — Gracias, Presidente. Voy a leer entonces el texto propuesto por la mesa de asesores.

El Estado promoverá y ejecutará estrategias de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las fuerzas de orden y seguridad pública, en conjunto con los feriantes, sus organizaciones y demás actores relevantes, que tengan por finalidad prevenir y reducir las oportunidades e incentivos para quienes cometen delitos, mediante un adecuado diseño ambiental de los espacios en donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores, así como la colaboración de los feriantes y sus organizaciones en la promoción e implementación de dichas estrategias. De esta forma, se incorpora a los feriantes y a sus organizaciones, como también a los otros actores relevantes, en la colaboración en la implementación de esta estrategia, para evitar la interpretación de que se les estaría otorgando facultades para intervenir directamente en acciones propias del orden público, lo que no es el objeto de esta norma, sino invitarlos a la coordinación que realiza el Estado en la elaboración de estas estrategias. Eso es, Presidente. Gracias. Presidente: Muy bien. Senador Saavedra. Senador Saavedra: Solo una cuestión para la historia de la ley, o si se pudiera agregar en la redacción. Como hoy día tenemos de reciente data la creación del Ministerio de Seguridad Pública, yo, por ser de regiones, tiendo a mirar la operación en territorio: en la región está la Seremi de Seguridad Pública. Por eso planteo la posibilidad —que quede reflejada en la historia de la ley o, si no altera nada, incorporarla— de mencionar a la Seremi o al Seremi de Seguridad Pública, que es la parte que funciona en la región. ¿Subsecretarios, tienen alguna idea de cómo incorporarlo en la redacción? Subsecretario: Sí. A nosotros nos parece que mencionar a la Seremi puede ocurrir. Entendemos que las Seremis son el Ministerio de Seguridad Pública en sus regiones y, por lo tanto, esta aclaración podría quedar establecida en la historia de la ley. Ahora, si a la Comisión le parece importante incorporarlo en el texto, no vemos inconvenientes. Presidente: Senador Pío tiene la palabra; luego, el senador Saavedra. Senador Pío: Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública crea varias organizaciones: una de ellas es la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y también está la Subsecretaría de Seguridad Pública. ¿Y esto por qué? Porque no solo hay que prevenir, que es lo que ve la SPD, sino que en flagrancia hay que perseguir. A esto se agregan —y lo estamos tratando ahora; soy integrante de la Comisión de Seguridad Pública— los nuevos centros de protección ciudadana, que serán los que van a reaccionar. No es el “número único”; es la capacidad de respuesta que tiene el Estado para hacerse cargo, por ejemplo, de una situación que ocurra en las ferias. Entonces, hay actores, sí, pero es mejor dejarlo genérico, incluso hablar de “demás actores relevantes”. Si fuera necesario, esos otros actores no son necesariamente del Estado; por ejemplo, las universidades pueden contribuir. Muchas veces los feriantes diseñan con su propio conocimiento y nadie los apoya; aquí hay espacio para la innovación. Si queda claro que el Ministerio de Seguridad Pública actúa con todos sus elementos, se entiende completo. No creo que sea necesario llegar a un nivel de detalle que fragmente la visión unitaria del Estado respecto de los ministerios. La Seremi no hará nada distinto de lo que el Ministro instruya. Mantengamos esa visión y no listemos todos los elementos asociados —incluidos los centros de protección ciudadana, que actuarán 24/7—, que son parte del Estado y no del gobierno regional, que sí tiene una identidad distinta. Presidente: Senador Saavedra, tiene la palabra. Senador Saavedra: A ver, como esto es derecho público, cuando no está escrito se generan dudas. En cualquier región, si hay que hacer el plan —ya existen planes de seguridad—, una de las misiones que tiene justamente la Seremi, que no pertenece al gobierno regional, sino que opera bajo el mandato del delegado presidencial, en una línea de administración distinta, es coordinar esa implementación. Por eso me parece importante que, al menos en la historia de la ley, quede la referencia a la Seremi.

Entonces, por eso era mi preocupación: que quede establecido allí el rol de la SEREMI en las regiones, que son las que tienen que llevar a cabo estos planes de seguridad con las municipalidades y que, seguramente, formarán parte de los planes de seguridad de las comunidades primero y, luego, de las regiones. Así está establecido, además. Vamos a dar la palabra al senador Huenchumilla y, después, el Secretario de la Comisión tiene que comentar lo que me está señalando. Senador Huenchumilla. Gracias, Presidente. Mire, yo tengo una duda: ¿qué entendemos por prevención situacional del delito? ¿Lo estamos entendiendo como un diseño o una estrategia táctica de combatir el delito en determinados espacios? Yo entiendo que no. Yo entiendo que la prevención situacional del delito se refiere fundamentalmente a la distribución de los espacios públicos y a la forma como se construyen, como se diseñan; de tal manera que es la conformación urbana, de construcción, la que posibilita las oportunidades del delito. Entonces, cuando yo veo una feria emplazada en un lugar determinado de una ciudad, la construcción de eso es, fundamentalmente, una cuestión de la municipalidad y/o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Entonces, dentro de eso va a coordinar el Ministerio de Seguridad? Esa es mi pregunta. Porque dónde emplazas tú, cómo la emplazas, cuáles son las pasarelas, los subterráneos, el tipo de edificio, las pasadas: eso, yo entiendo, es la prevención situacional del delito. Entonces, mi duda es que quien encabeza esto debería ser, entonces, la municipalidad. No sé, una municipalidad de Río Bueno, ¿va a tener que coordinarse primero con el Ministerio de Seguridad, vía la SEREMI, para hacer un diseño de distribución de espacios públicos materiales, para hacer una feria? Es una pregunta. Yo digo, ¿no vamos a complejizar el sistema? ¿No será mejor que los municipios, los gobiernos regionales encabecen esto con el ministerio y tengan un informe del Ministerio de Seguridad? Porque aquí lo que estamos haciendo es que el Estado, a través del ministerio, va a encabezar un proceso que hoy día está totalmente descentralizado. Entonces vamos, de nuevo, a tirar la pelota a Santiago en una materia que es de competencia de otros entes públicos. Lo planteo como una duda; no estoy criticando nada, simplemente. Muy bien. Vamos a dar la palabra al Secretario de la Comisión. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario y, después de eso, yo les propongo votar porque se elaboró una nueva redacción. Si no, vamos a quedar en esto; el debate es muy relevante, pero podemos profundizarlo y seguir. Entonces tenemos que resolver. Yo propongo que pasemos a votar el texto que está de los asesores y, después de aprobado, si alguien quiere hacerle una modificación, tendríamos que ver una indicación específica. Pero mi idea es votar para poder seguir con los puntos. Secretario; Ejecutivo; después pasamos a votar. Gracias, Presidente. Le comenté al Presidente respecto de la admisibilidad de una propuesta como la que plantea el senador Saavedra, y esta Secretaría considera que sería admisible en la medida en que esté dentro de las actuales facultades y de la orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. O sea, si en caso contrario se entendiera que se le está ampliando y se le está entregando una nueva facultad, ahí sería inadmisible. Muy bien. Subsecretario, no sé si hay algo que agregar. O Ministro, no sé. Sí, muy cortito. A propósito de lo que señala el senador Huenchumilla: efectivamente, ese es el entendimiento de la prevención situacional del delito. Ahora, no hay que dejar de mencionar que estamos discutiendo en este momento un literal dentro del artículo de los principios rectores de la ley, que va a vincularse con artículos posteriores, entre otros, el informe de factibilidad que va a solicitar la municipalidad para...

Justamente, ver que se puedan cumplir y se orienten a través de estos principios rectores. Por lo tanto, en la redacción de este principio rector no se señala quién es el encargado de liderar la prevención situacional. Se entiende que, efectivamente, la municipalidad solicitará el informe de factibilidad, el que podrá contener antecedentes que provengan, entre otros, del Ministerio de Seguridad. —Exacto, está en este comparado. —Muy bien, en votación entonces. —Perdón, Senador Huenchumilla. —Usted hacía referencia a la admisibilidad. —Sí: que se agregara, en el evento de incorporar expresamente facultades para la SEREMI, porque el Senador Saavedra, en su momento, dijo que no hasta nombrar el Ministerio de Seguridad Pública por su reciente creación y por su presencia en regiones. Pero si uno lee la indicación de la mesa técnica, señala que la potestad es de los ministerios y que lo demás deberá hacerse en conjunto con los feriantes y con las organizaciones. Entonces ahí también hay un problema de admisibilidad. —Ya, ¿y qué hacemos entonces? —Si el Ejecutivo la patrocinara, ¿sería igualmente inadmisible? —Tiene que presentar la indicación correspondiente. Podemos votarla ad referéndum y, después, el Ejecutivo la presenta formalmente. —Es que yo creo que la expresión “en conjunto”, a la luz de la discusión de la sesión pasada, tiene un valor, porque no hay una estrategia eficaz de combate o de prevención del delito en las ferias libres sin los feriantes. Por la particularidad que tienen, si por un tema de forma lo rebajamos a “escuchar”, creo que el sentido de la discusión, que fue bien larga, se pierde. Yo preferiría que la votemos ad referéndum y que, luego, el Ejecutivo lo presente formalmente; al término de la sesión siguiente lo formalizamos con la presentación del Ejecutivo. Me parece que la redacción “en conjunto” refleja bien la intención de que debemos hacerlo de manera plenamente participativa. Si no, entendiendo lo complejo que es el mundo de las ferias libres, no va a funcionar. Esto es de todos los días; a todos nos toca ir, entonces debemos incorporar al actor principal: el feriante que está ahí, que vive de eso, que tiene su ingreso y que toda la semana está vendiendo sus productos. —Senador Sanhueza; después, Senador Huenchumilla. —Gracias, Presidente. Creo que todos tenemos claro y perseguimos el mismo objetivo final: que, efectivamente, los feriantes sean escuchados. No solo porque no vaya a funcionar si no están en la mesa, sino porque se trata de aprovechar la experticia y el conocimiento que tienen del lugar y del entorno, que sin duda contribuye, sobre todo en lo que se está regulando, que es la prevención situacional para enfrentar los posibles delitos en el entorno o en la propia feria. Y creo que el tema va más por una cuestión de redacción. No sé si se puede hacer algo —y ahí el Ejecutivo puede analizarlo en profundidad— similar a lo que se hace con el STOP, donde se convoca a una cantidad de organizaciones, participa la sociedad civil con representantes dentro de esa mesa y existe una orgánica y un funcionamiento que permiten la interacción de la sociedad civil, dando a conocer cuáles son los “puntos calientes” de delito dentro de una comuna, y participan los organismos de seguridad con todo su estamento, porque ahí están Carabineros, la PDI y el Ministerio de Seguridad, hoy en día. Entonces, creo que…

La figura debiese ir por ese lado, un símil más focalizado, más local, porque esto es en torno a una feria, o a lo mejor en torno a toda la feria. Creo que esa es la figura que podríamos buscar como solución, dado que todos estamos de acuerdo en que el ideal es que participen activamente los feriantes en la determinación de medidas de seguridad en torno a la propia feria y sus entornos. Gracias, senador Sangüesa. Senador Buenchumilla. Sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que, para lograr los objetivos, deben ser escuchadas las partes interesadas, en este caso las organizaciones de feriantes. Mi punto es que aquí, en el Senado y en el Congreso, estamos redactando una norma, no una declaración de intenciones. Esa declaración de intenciones tiene que tener una salida jurídica adecuada, para que después la Contraloría no nos diga: “resulta que aquí no se participó bien”, porque debe existir un procedimiento arreglado de cómo se participa. Es como la consulta del Convenio 169: ¿cómo es la consulta? Y nos encontramos con muchos líos. Si se coloca así, habrá que reglamentar cómo se escucha, cómo participan los feriantes; no puede dejarse simplemente así. Es para que la norma quede cerrada y que la ley diga que tienen que ser escuchados, lo cual no significa que estén actuando jurídicamente “en conjunto”, que no es lo mismo que social o políticamente, que son cuestiones distintas. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo, porque creo que se especificó más el punto de la inquietud sobre cómo esto se aplica en la práctica y que no tengamos un obstáculo por la conceptualización jurídica de la expresión “en conjunto”. Sí, gracias, Presidente. Creo que quedó bien claro y me hace total sentido lo que dice el senador Buenchumilla. Quizás lo mejor sería que pudiéramos trabajar en conjunto con la Asesoría en una redacción alternativa que recoja esto, pero yo lo dejaría pendiente, dado que la redacción actual presenta problemas de admisibilidad. Muy bien, entonces lo vamos a dejar pendiente para que… Lo que pasa es que soy de la opinión de que, políticamente y desde el punto de vista social, la expresión “en conjunto” queda muy bien resuelta, pero entiendo que podría haber una interpretación jurídica distinta que obligara a una reglamentación que, al final, fuera un obstáculo. Entonces, mejor precisémoslo bien con los asesores y dejémoslo pendiente, porque si no, podríamos en la práctica no cumplir el objetivo, aun cuando lo aprobemos. Muy bien, lo dejamos pendiente. Perdón, senador Sangüesa. Me hacen llegar una sugerencia que a lo mejor cambia radicalmente: que, en vez de decir “en conjunto”, debiese decir “en colaboración”, como se señala al final. Porque, así como “la colaboración de los feriantes y sus organizaciones”, si dijese “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en colaboración con los feriantes y sus organizaciones”, cambia absolutamente el sentido. Como sugerencia, pero como lo vamos a dejar pendiente… Me parece pertinente la sugerencia; creo que es mejor utilizar “en colaboración”. Pero redactémoslo bien y tengamos la prevención jurídica para que no tengamos después un obstáculo impensado. Muy bien. La siguiente indicación, señor Secretario. La indicación siguiente, la número 8, está en la página 6 del comparado. También es del senador Saavedra y sugiere reemplazar el principio sobre resguardo de la seguridad social. El planteamiento de la indicación del senador Saavedra tendría las mismas características de la indicación que acaba de ver la Comisión, porque, en un momento, plantea: “El Estado, por medio de instituciones competentes, en conjunto con la organización de feriantes de ferias libres, promoverán el ahorro previsional”, etcétera. O sea, condiciona el actuar del Estado y sus instituciones a hacerlo en conjunto con las organizaciones de feriantes de ferias libres. Entonces, la propuesta, en relación con la indicación número 8, es que apliquemos el mismo criterio de la indicación 7 y que haya coherencia jurídica en los términos precisos que se utilicen en la versión final de la redacción. La indicación siguiente, señor Secretario.

Presidente: Pasamos al Título Segundo, sobre el establecimiento de ferias libres, su gestión, alteraciones temporales, cierre y modificaciones. El Párrafo Primero trata del establecimiento de las ferias libres. En las páginas 6 y 7, el artículo quinto —primero de este párrafo— aborda el procedimiento para el establecimiento de ferias libres. En el encabezamiento, hay una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República que señala: “Corresponderá a cada municipalidad determinar el establecimiento de una feria libre”, y propone agregar “emplazada en un bien municipal o nacional de uso público”. Estos términos aparecen también en otras indicaciones y en el texto del proyecto. ¿El Ejecutivo puede explicar el alcance de su indicación? Ejecutivo: Sí, presidente. Esta indicación busca dejar expresamente establecido que las disposiciones de este Título se aplican exclusivamente a las ferias emplazadas en bienes municipales o en bienes nacionales de uso público. Se podría entender por la redacción actual del artículo quinto, pero, para evitar dudas, lo explicitamos. ¿Por qué? Porque se nos ha consultado qué ocurre si una feria libre se instala en un bien privado y si, en ese caso, correspondería exigir, por ejemplo, el informe de sostenibilidad que hoy se pide a las municipalidades. Con esta indicación dejamos claro que todo lo referido en el Título Segundo aplica a ferias en bienes municipales o nacionales de uso público. Presidente: Solo para efectos de claridad. Lo que ustedes plantean es que la categoría de feria libre que estamos estableciendo aquí no se aplica si un privado desarrolla un proyecto de feria libre. ¿Así sería? Es decir, quedaría fuera de esta ley y se regiría como un proyecto privado. Por ejemplo, si mañana una persona compra un terreno y decide instalar una feria libre con locales de fruta y verdura, esa iniciativa no quedaría sujeta a las normas de esta ley, porque el requisito es que la feria esté en un bien municipal o en un bien nacional de uso público. ¿Correcto? Senador Sangüesa: Presidente, tengo una duda para que el Ejecutivo la aclare. Si se trata de un recinto privado, respecto de la organización de los feriantes: una agrupación podría arrendar a un privado un espacio para desarrollar su feria. Con lo que aquí se señala, la ley no aplicaría en esos casos. Lo digo porque, por ejemplo, la feria de Ferronor en Illapel está emplazada en terrenos de Ferronor. Tienen un contrato de arriendo por 10 años, pero el terreno es privado; no es bien nacional de uso público ni municipal. Fue la solución en su momento: salieron de la calle y se institucionalizaron allí. En rigor, bajo esta definición quedarían fuera de la aplicación de la ley. Presidente: Quiero reforzar la claridad de lo planteado por el senador Sangüesa. Subsecretario: Gracias, presidente. Para precisarlo: lo que se deja expresamente establecido se refiere a los procedimientos del Título Segundo —establecimiento de ferias libres, gestión, alteraciones temporales, cierre y modificaciones—, procedimientos que se vinculan a ferias emplazadas en bienes municipales o en bienes nacionales de uso público, en relación con las municipalidades. Si una feria libre hoy está en un bien nacional de uso público y luego arrienda a un privado o compra un terreno privado, esa feria naturalmente no tendrá que solicitar autorización municipal para, por ejemplo, trasladarse. En consecuencia, las reglas procedimentales del Título Segundo no aplican a esas ferias, aunque siguen siendo ferias libres.