La Directora de Presupuestos realizará su presentación; luego abriremos un breve espacio para preguntas, si las hubiere, y partiremos con la votación, que en la lista que les entregué parte con Contraloría. Señora Directora, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Entiendo que también cuentan con la presentación impresa, dado que en la pantalla quizá no se aprecie con claridad.
Voy a iniciar la presentación. Esta exposición está enfocada en lo que muchos de ustedes plantearon durante la sesión anterior respecto de los ingresos fiscales, y se centra, a diferencia de la presentación del Informe de Finanzas Públicas que acompañó el proyecto de Presupuestos, en el año 2026. Para construir un diagnóstico compartido, es importante recordar primero el año 2024 y las razones que explican el desvío de 2024.
Primero, presento un gráfico del FMI cuyo objetivo es mostrar la volatilidad de los ingresos totales de la Nación de Chile en comparación con otros países de la OCDE. Si a esa volatilidad generalizada le añadimos los desequilibrios económicos que se vivieron a partir de 2020, el tema cobra aún mayor relevancia. Por eso solicito que prestemos especial atención, porque es uno de los puntos más recurrentes en la discusión. Ha sido planteado reiteradamente por los senadores Macaya y Coloma, entre otros, de modo que es pertinente abordarlo.
Además, tuvimos una volatilidad inédita en el desvío de la meta fiscal, concentrada en su principal componente: el impuesto a la renta de los contribuyentes no mineros. En el segundo gráfico observamos la trayectoria de este impuesto entre 2010 y 2024. Si bien entre 2015 y 2018 se ubicó aproximadamente entre 6% y 7% del PIB, en 2021 y 2022 registró incrementos inusuales, y en 2023-2024 cayó de manera importante, incluso por debajo de sus niveles históricos.
Esto se explica, en parte, por factores macroeconómicos y, en parte, por la metodología tradicional de estimación de ingresos, así como por la suma de distintas reformas tributarias cuya recaudación se manifestó en 2024. Cabe recordar que entre 2020 y enero de 2022 se adoptaron más de 50 medidas tributarias y, por distintas razones, la mayor recaudación se concentraba en 2024. En particular, la depreciación instantánea aprobada durante la pandemia, según su informe financiero, proyectaba que, una vez expirado el beneficio, se observaría un aumento de recaudación del orden de US$2.500 millones. Para 2024 se había considerado una cifra inferior a US$1.000 millones; sin embargo, el trabajo con microdatos muestra que, en realidad, la recaudación efectiva fue apenas un décimo de lo esperado.
Por ello, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional, elaboramos una hoja de ruta con más de 13 medidas sustantivas, metodológicas e institucionales. Esto es muy relevante, porque en la discusión presupuestaria la pregunta recurrente es: por qué y cómo están calculados los ingresos. Estas 13 medidas, que hemos venido implementando desde 2024, están incorporadas en la proyección vigente.
Finalmente, revisamos los ingresos tributarios de contribuyentes no mineros y las desviaciones observadas en este componente respecto de las estimaciones iniciales contenidas en las leyes de Presupuestos. Efectivamente, desde 2019 se aprecia un desvío importante respecto de la estimación inicial. Como señaló el ministro, ha habido desvíos tanto al alza como a la baja. Es importante tenerlo presente para la discusión presupuestaria.
Es fundamental para la discusión que hemos tenido el último año; por eso mi insistencia en que podamos escucharnos, porque después, principalmente, las preguntas vienen de este tema. Luego, en 2023 y 2024, en este componente hubo un desvío importante. En 2023, debido a las mayores imposiciones previsionales y también a los ingresos del litio, esta caída fue menos notoria en el balance estructural. Y en 2025, si uno compara, una vez implementadas las distintas medidas metodológicas que hicimos para este año —es decir, cuando se hizo el cambio del Decreto de Política Fiscal—, el desvío de 2025 en materia de ingresos tributarios de contribuyentes no mineros, desde el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, cuando incorporamos las distintas mejoras metodológicas que han quedado consagradas en los distintos Informes de Finanzas Públicas, es un desvío menor, que se ubica en los rangos inferiores de la desviación histórica.
¿Qué se ha hecho? Para que no quede la sensación de que no se ha hecho nada respecto, por ejemplo, de la asistencia técnica del FMI: primero, se usaron microdatos para la revisión ex post de cambios al sistema tributario. Por primera vez utilizamos toda la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos para realizar una simulación más desagregada y más certera respecto de los ingresos de los contribuyentes, sobre todo en materia de renta. También lo usamos para GMB10, y esto implica aumentar la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Solamente el Banco Central tiene un acceso a los datos que hoy día tiene el Servicio de Impuestos Internos. Desde la Dirección de Presupuestos tenemos un grado menor, pero es mucho más de lo que se tenía históricamente. Además, y esto es muy importante, hay nuevos modelos de series de tiempo para los ingresos tributarios no mineros. Esto permite capturar la interdependencia derivada de las características de nuestro sistema tributario, que tiene PPM en un año, después la declaración anual y luego el sistema de pago que viene de otro año. Son distintos años tributarios, pero que inciden de manera distinta en cada año presupuestario. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que el corto y el mediano plazo, que antes estaban en modelos que no necesariamente hablaban entre sí, desde 2019 conversan entre sí.
La implicancia práctica —y esto fue algo que vimos en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre— es que, no solamente desde 2026, sino que en todo el mediano plazo, la corrección de ingresos fue del orden de más de 1,5% del PIB. Para que tengan un orden de magnitud, para 2024 la suma de todos los informes financieros del año 2020 al año 2021 sumaba más de 6.000 millones de dólares. Entonces, lo que hoy día tenemos en nuestra planificación financiera tiene menos ingresos por 1,5% del PIB de lo que tenía la misma planificación financiera hace un año, cuando discutimos aquí. Esto es para decir que la discusión del año pasado, que tuvimos en esta misma etapa, no es que estemos en el mismo punto ni ocupando los mismos modelos, sino que efectivamente ha habido un trabajo para implementar las diferentes mejoras metodológicas e institucionales.
Aquí está el detalle de estas mejoras metodológicas e institucionales —no voy a entrar en él; está en los distintos Informes de Finanzas Públicas—. Y, además, hay tres cosas que estamos comprometiendo en esta hoja de ruta, pero obviamente tiene que terminar el año para poder hacer la evaluación: primero, la revisión ex post de las proyecciones de ingresos fiscales de la DIPRES; segundo, la política de evaluación de los cambios ex post de política tributaria; y tercero, el documento técnico sobre metodologías de proyección de la Dirección de Presupuestos.
¿Qué pasa entonces con eso? Eso es lo que está en la base de las proyecciones 2026 y también de las que llevamos al año 2025. Como se puede ver en el Informe de Finanzas Públicas, efectivamente hoy los ingresos tributarios, en el caso del IVA —que es el ingreso tributario más importante—, se espera que en 2025 crezcan del orden del 3,4%. En agosto, ya había crecido del orden del 3,4% respecto de agosto del año anterior. En el total de los ingresos tributarios, además, el crecimiento acumulado a agosto es mayor al crecimiento proyectado. Entonces, en 2025 eso está alineado. Y ahora, en 2026, ¿qué sucede? Primero, para los ingresos...
Creo que es importante que construyamos un diagnóstico común respecto de los ingresos. En materia de ingresos tributarios, el más relevante es el IVA, que representa el 38% del total, y luego el resto de contribuyentes, principalmente impuesto a la renta de no mineros, aporta otro 30%. Esto suma un 68% de los ingresos totales, y quería repasarlo para entender en detalle las dudas planteadas sobre cada componente.
Primero, en recaudación por IVA, que se estima a partir de la demanda interna: hasta el año 2020, el IVA se ubicaba, con ciertas variaciones, entre 8% y 8,5% de la demanda interna, de forma bastante constante desde 2006. Luego, en 2020-2021, por primera vez superó el 9%. En 2023-2024, que fueron años de ingresos más bajos en general, el IVA como porcentaje de la demanda interna se situó entre 8,7% y 8,9%. ¿Qué sugiere esto? Que las distintas medidas tributarias adoptadas en materia de IVA entre 2020 y 2025 han aportado recaudación —quizás no en los niveles inicialmente esperados, pero sí de forma efectiva—: IVA a plataformas digitales, boleta electrónica obligatoria, reducción de exenciones de servicios y mayor fiscalización mediante medios de pago electrónicos. Además, a partir de octubre, todas las compras en plataformas de comercio electrónico internacional también deberán pagar IVA. Así, a diferencia de lo observado en renta, de comportamiento más volátil, en IVA parecen existir razones estructurales para un mayor nivel de recaudación. Para el próximo año se propone un crecimiento del orden de 3,3% del IVA; si se compara con lo que creció este año, es menor (3,4%). Con los datos que vendrán en septiembre, se espera un crecimiento del IVA de alrededor de 4%, previo a la implementación del cobro en plataformas electrónicas internacionales.
Luego, respecto del resto de contribuyentes: cuando hablamos de las diferencias que podemos tener en ingresos, aquí se encuentra —según entiendo también del informe del Consejo Fiscal Autónomo— el mayor riesgo de recaudación que, como toda proyección, efectivamente puede existir. En el gráfico que cubre desde 2006 a 2026 se muestran las recaudaciones por impuesto a la renta de contribuyentes no mineros, que, como señalé, representan el 30% de los ingresos totales de la nación. La barra azul refleja los ingresos base (renta más resto), a los que se agregan los ingresos excepcionales por ISFUT y repatriaciones, y además los derivados del cumplimiento tributario. Para el próximo año, sin contar cumplimiento tributario, las expectativas son de 6,4% del PIB. Comparado con los años previos a la pandemia (2015-2019), y excluyendo ISFUT y repatriaciones, se trata de una recaudación menor al promedio histórico de este impuesto. La diferencia, en el fondo, está en la ley de cumplimiento tributario. ¿Cuánto corresponde a cumplimiento tributario? Un 0,54% del PIB, versus un 0,27% del PIB este año. Y aquí, tal como indica el Consejo Fiscal Autónomo, la incertidumbre radica en que el informe financiero de la DIPRES proyecta un aporte en régimen de 1,47% del PIB, cuando reformas de naturaleza similar han generado ingresos en torno a 0,6% del PIB.
Nosotros tenemos buenos motivos para defender ese número, el 1,47% del PIB, pero eso corresponde al año 2028. Para el año 2026 se considera 0,54% del PIB en renta del resto de contribuyentes no mineros. El resto, como les señalaba, es 6,4% del PIB, que no difiere de manera importante de otros niveles de recaudación, incluso de los años previos a la pandemia, excluyendo efectos transitorios.
Luego, si bien el Consejo Fiscal Autónomo no ha realizado una discusión específica sobre esto, cuando se afirma que todos los ingresos o los informes financieros están mal calculados, hay que considerar el royalty minero. Ese royalty iba a recaudar aproximadamente 0,27% del PIB al año 2025, y en el Informe de Finanzas Públicas hay un apartado específico con lo efectivamente recaudado. Si se fijan, el mayor salto en materia de GMP10 y de recaudación se produjo entre 2024 y 2025, con un crecimiento superior al 50%, y para 2026 se proyecta más bien una recaudación de continuidad respecto de lo vigente hoy. Este gráfico es bien importante porque la línea naranja muestra la producción valorizada, es decir, el P por Q de la GMP10, y aunque el 2024 era un poco más bajo que 2025, el salto en recaudación fue bastante relevante. Entonces, el royalty efectivamente está recaudando.
Si volvemos a la lámina que resume todos los ingresos del Estado, la número 6, vemos que en IVA la recaudación va en línea con lo observado este año y con los movimientos más estructurales del impuesto en los últimos años. En renta del resto de contribuyentes, el 6,4% que es la base tampoco parece elevado respecto del periodo anterior. Tenemos, además, un 0,5% por mayor cumplimiento tributario; entendemos que eso puede discutirse, pero contamos con buenos fundamentos para sostener su plausibilidad. Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos está desplegando su plan de fiscalización y cumplimiento tributario con metas específicas para el año.
En cuanto a otras partidas relevantes de la proyección de ingresos: cobre bruto se espera que caiga 9,5% respecto de este año, lo que es aproximadamente 7% peor de lo que habíamos presentado antes, debido a las consecuencias del accidente de El Teniente; por supuesto, un accidente no es parte del modelo y son contingencias propias de un año. En imposiciones previsionales, el crecimiento esperado es de 4,1%, reflejando el efecto año de lo que ya hemos observado en los ingresos de este año; de hecho, a agosto o septiembre el crecimiento bordea el 9%. Efectivamente, está incorporado lo que el senador Sangüesa señaló en su momento como efectos de la norma de la recuperación CEP; no estamos suponiendo la aprobación de un proyecto de ley distinto, porque aquello está en el articulado de la Ley de Presupuestos. Y, tal como indicó el Consejo Fiscal Autónomo, si esa normativa no se aprueba, tendríamos un problema: no habría que rebajar 300 mil millones de pesos de gasto, sino más bien ajustar por el orden de algo más de 100 mil millones de pesos en recaudación. Ese es el punto más relevante.
En síntesis, este año los ingresos están creciendo en torno a 6,8% respecto del año pasado. Para el siguiente año, la proyección total es menor, de 4,7%, pero los ingresos tributarios crecerían del orden de 5%. Eso, Presidenta, queríamos presentar como una visión general.
Detallé los ingresos porque siempre hay dudas al respecto. El desvío de 2024 es importante en la proyección de renta de contribuyentes no mineros, pero hemos hecho un trabajo que va a servir y quedará para el futuro, con una modernización que probablemente era necesaria hace 10 años. Estamos trabajando para dejar los mejores modelos y los documentos técnicos que los sustenten. Eso. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, Directora. Me pidió la palabra el Senador Macaya.
Gracias, Presidenta. A ver, algunos comentarios… Perdón, Senador, no sé si se dio cuenta —a lo mejor no estaba— que dijimos que, después de la exposición de la Directora, abriríamos una ronda breve de preguntas y partiríamos la votación. Fue la petición que me hicieron varios colegas; me refiero al Senador Núñez, que estaba moviendo la cabeza. Senador Macaya.
Presidenta, de lo que nos acaba de presentar la Directora de Presupuestos, algunos comentarios. Aquí se están haciendo estimaciones que nosotros, legítimamente, podemos poner en duda, y la ratificación de si esas dudas eran o no fundadas no la tendremos ya a estas alturas durante la discusión de este presupuesto. Vamos a tener que tomar definiciones con esas estimaciones, más allá de si consideramos que están mal calculados los ingresos, mal calculados los gastos, o si los cambios metodológicos se ajustan a las necesidades de la discusión presupuestaria. Y, particularmente, subyace la pregunta de por qué se están haciendo e informando cambios metodológicos en el momento en que nos encontramos a puertas de un cambio de gobierno.
Comentarios más particulares. En la diapositiva 7, sobre la proyección de la recaudación del IVA, en la presentación la Directora señala que se observa una consolidación de la recaudación del IVA por sobre el rango histórico, medida como porcentaje de la demanda interna. Si bien hay cambios que pueden explicar el aumento del nivel de recaudación por este concepto, también es relevante ver el supuesto de demanda interna que hay detrás de ese gráfico, porque ese supuesto puede alterar el total del escenario que está presentando el Ejecutivo. Revisando un gráfico elaborado con datos del Banco Central y la Dipres, se desprende que el supuesto de variación de la demanda interna para 2026 estaría por debajo del promedio de los últimos 10 años, excluyendo el COVID de 2020 y 2021. Por lo tanto, hay una legítima duda que formular. Porque, si bien una primera respuesta es que se espera mucha más inversión, por la mayor estabilidad —particularmente en el sector minero—, cabe preguntarse si no es optimista proyectar una mayor demanda interna respecto de los 10 años anteriores (con la excepción del COVID) y si, dado el contexto, no sería prudente asumir escenarios más conservadores y no tan optimistas. Básicamente eso.
Después, en la diapositiva 8, respecto de los impuestos a la renta de los contribuyentes no mineros, se ha planteado que la recaudación por la Ley de Cumplimiento Tributario, incluida en la estimación de ingresos para 2026 en 0,54% del PIB, sería similar al nivel sugerido por el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esa estimación no es correcta, porque los ingresos considerados en el proyecto de ley 2026 incluyen ingresos por la Ley de Cumplimiento Tributario por 0,73% del PIB, en línea con lo contemplado en el Informe Financiero Consolidado del 26 de diciembre de 2024. De acuerdo con la información del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025, que recibimos hace poco, de estos 0,54…
Esto corresponde a 0,54% del PIB en impuesto a la renta, 0,15% del PIB en IVA y 0,04% del PIB en otros impuestos. Y en eso, de acuerdo a lo señalado por el Consejo Fiscal Asesor y la evidencia recogida por el FMI —y aquí repetimos la frase—, otras reformas de similar naturaleza han generado ingresos en torno al 0,5% del PIB, al comparar con el 1,47% del PIB que DIPRES proyecta ahí por cumplimiento tributario en régimen. Por lo tanto, para el año 2026, los ingresos contemplados por la ley de cumplimiento tributario, de un 0,73% del PIB, exceden en 0,23 puntos lo sugerido por el FMI, ya que es comparable con el total de ingresos esperados por este concepto y no solo con los provenientes del impuesto a la renta, como se ha tratado de instalar hoy día.
Yo termino, Presidenta, señalando que, más allá de que tengamos dudas, aquí se constata el uso selectivo de los datos: se utiliza lo que conviene cuando es una recomendación —por ejemplo, de la Comisión Asesora en Gasto Público— y lo que no conviene, se descarta. De hecho, lo dijo recientemente Matías Acevedo a propósito de la presentación de hoy en la mañana, y —esto es motivo de preocupación de todos los parlamentarios; lo mencionó expresamente en la primera sesión el Senador Daniel Núñez— la Comisión de Gasto Público, cuyas recomendaciones el Ejecutivo ha usado para algunos puntos, recomendó reajuste cero de remuneraciones. Y todos sabemos que eso es imposible; con base en la negociación que se va a dar, entendemos que la realidad política indica que eso no ocurrirá. La pregunta legítima es de dónde saldrá esa plata y dónde está en el Presupuesto.
Creemos que lo que va a ocurrir, con los datos que nos entrega el Ejecutivo —que cuestionamos, pero que finalmente debemos usar para la discusión porque son los que entrega el Ministerio y la DIPRES—, es que esos supuestos se van a caer por su propio peso en abril del próximo año, cuando llegue el primer Informe de Finanzas Públicas. Y ahí se intentará deslindar responsabilidades, que serán políticas. En abril del próximo año ya se le estará exigiendo al próximo gobierno, sea cual sea, que se haga cargo de esto, diluyéndose ciertamente la responsabilidad del actual gobierno. Nosotros queremos dejar patente que eso no es posible y que los supuestos con los que se ha construido este Presupuesto son equivocados, Presidenta.
Gracias, Senador Macaya. Tiene la palabra el Senador Luciano Cruz-Coke; luego empezamos a votar.
Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Saludarla a usted, al Ministro, a la Subsecretaria, a las Ministras y los Ministros. Bueno, varias cosas. Primero, en la página web de la DIPRES, en Tesoro Público, no aparece el cuadro comparativo que siempre está (2024-2025); el de 2025-2026 no está. Aparece mencionado en la lámina 10 de la presentación de ustedes, pero el cuadro comparativo propiamente tal —que para nosotros es fundamental para realizar comparaciones homogéneas— no se encuentra. Quisiera saber por qué razón; tal vez no lo busqué bien, pero hasta donde he podido averiguar nadie lo tiene.
En segundo lugar, nuevamente sobre la recaudación asociada a la ley de cumplimiento tributario: hay un informe del FMI que muestra que reformas de naturaleza similar generan ingresos menores a los que el Gobierno asume que se proyectarán hacia 2026. Dado que no hemos acertado con certeza —más allá de los cambios metodológicos, que agradezco, pero respecto de los cuales comparto la aprehensión del Senador Macaya y no comprendo por qué se nos informan justamente en el marco de la Ley de Presupuestos—, me pregunto si no sería más prudente optar por aproximaciones más conservadoras, toda vez que, en general, también nos hemos equivocado al estimar los gastos.
Y, respecto del IVA, quisiera saber por qué no se utiliza un promedio de los últimos años y, en cambio, se proyecta una estimación tan superior para el próximo año.
Entonces, son esas dos preguntas y, además, la consulta respecto de por qué no aparece en la Partida de Tesoro Público, en el ingreso general, el cuadro comparativo 2025-2026, como sucede todos los años. Señora Presidenta, muchas gracias.
Colegas, no sé si la directora quiere responder; si no, nos vamos a… Sí, ministro, por favor.
Esto lo dijimos, pero en las dos intervenciones recientes no se capturó bien lo que planteamos. Si ustedes revisan este presupuesto, asume que la ley de cumplimiento tributario recaudaría 0,54 en 2026, y no 0,7 como se señaló. Más allá de la discusión respecto de cuánto se debería recaudar en régimen —que nosotros defendemos—, cuando uno ve una reforma con cambios institucionales que tiene que ver con fiscalización y un conjunto de medidas, comparar con otros países no es tan fácil, porque las realidades son muy distintas. Por de pronto, en la mayoría de los países hay normas generales de antielusión distintas a las que tenemos en Chile; hay temas de secreto bancario sobre los cuales acá no se quiso votar. Entonces, hay diferencias institucionales que hacen compleja la comparación. No es como medir el impacto de un aumento o una reducción del impuesto de primera categoría, que es más fácil de extrapolar.
Pero, más allá de eso, si lo que preocupa es que se llegue a 0,5 en régimen, lo que asume este presupuesto es 0,54 para 2026. Y este año… ese número no sé de dónde salió, la verdad. Además, lo dijimos en nuestra exposición. Lo que planteamos es 0,54; si alguna vez dijimos mal ese número, lo corregimos, porque si muchos lo repiten, probablemente lo debimos haber dicho alguna vez mal. 0,54 es lo que se asume. Y ya hemos recaudado este año, si recuerdo bien, 0,27. Por lo tanto, vamos bien encaminados en esa dirección.
¿Listo, ministro? Sí, listo.
Perdón, Presidenta. La diputada Rojas está pidiendo la palabra. —Sí, Presidenta, gracias. Lo que pasa es que este punto se ha revisado muchas veces. En la última presentación que hizo la directora, en la página 8, aparece “Efecto ley cumplimiento tributario 2026: 0,54”, y lo que dice el FMI es 0,5% del PIB. Entonces, creo que sería importante subrayarlo; por eso doy las coordenadas de la diapositiva que nos entregaron ahora. Esto ha salido en todas las discusiones que hemos tenido en la Comisión Especial Mixta y, lamentablemente, se sigue repitiendo.
Bueno, yo creo que están hechos los puntos, colegas. Si les parece, vamos al orden de la votación. Partimos por la partida de la Contraloría General de la República, que era lo que teníamos en el listado que les hemos entregado. Secretaria.
Presidenta, la partida Contraloría General de la República fue discutida por la Segunda Subcomisión de Presupuestos, la que acordó dejar pendiente su pronunciamiento para la consideración de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En esta partida se presentaron indicaciones inadmisibles, que son las Nº 259, 258, 3, 1114, 1366 y 1119. Se presentaron también indicaciones de información, que son las Nº 2, 127 y 949. Y hay otras indicaciones para votar separadamente distintos aspectos. El Ejecutivo recién acaba de cuestionar la calificación de indicaciones de información de las Nº 2 y 949.
Vamos a dar la palabra al diputado von Mühlenbrock, que está pidiendo la palabra, para dar cuenta del informe de la subcomisión mixta, y luego pasamos a calificar las distintas indicaciones y votaciones. Diputado.
Gracias, Presidenta. La Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de la Partida 04, Contraloría General de la República… En la ocasión, la instancia legislativa…
…una audiencia a la Contraloría General de la República, cuyo titular reveló que el erario del órgano autónomo para el año 2026 asciende a 115.639.848 miles de pesos, lo que implica una variación de 1,5% respecto del año en curso. Esta cifra, profundizó, se divide entre los dos programas de esta partida: el Programa 01, de igual denominación, recibirá 114.219 miles de pesos, mientras que el Programa 02, Fortalecimiento CIRREC, 1.421 miles de pesos.
Señaló que dicho presupuesto prioriza la continuidad operacional y el cumplimiento legal de la Contraloría General de la República, incorporando mejoras en la gestión interna, refuerzos tecnológicos y nuevos mecanismos de control. Asimismo, informó que se orienta al uso responsable y eficiente de los recursos e incluye recursos adicionales para fortalecer al personal encargado de los procedimientos disciplinarios, la atención de denuncias y la fiscalización, además de robustecer el sistema de rendición de cuentas CIRREC. De igual modo, comunicó que se prevén fondos para la renovación y crecimiento de activos tecnológicos, así como para la adquisición del terreno destinado a la nueva sede regional de Atacama.
Sobre el Programa 02, dio a conocer que el Ministerio de Hacienda fraccionó los montos que éste demanda en tres años. Sin embargo, destacó que la velocidad de aumento de las rendiciones de cuentas no se distribuirá en igual plazo. En la misma línea, evidenció que, tras los cambios legislativos del último tiempo, resulta indispensable que el CIRREC aumente su capacidad prontamente. Por lo anterior, juzgó esencial suplementar los recursos del subtítulo 22 en 1.200 millones de pesos, destinados a adquirir licencias y permisos para servicios en la nube, a fin de almacenar las bases de datos. Agregó que estas herramientas son indispensables para recibir la documentación electrónica y digital que aporta la Administración del Estado y evitar que los sistemas actuales colapsen.
Fijando su atención en el subtítulo 21, expuso que los recursos posibilitarán la contratación de 62 nuevos profesionales, con foco especial en las Fiscalías Administrativas Permanentes, modelo de trabajo que abarcará una mayor cantidad de sumarios administrativos en un lapso más breve y con un menor número de personal. Sin embargo, acotó que los nuevos funcionarios se incorporarán de manera gradual, dado que las condiciones financieras impiden que lo hagan todos al inicio del año 2026. Así ejemplificó: 22 fiscales se sumarán seis meses después de la entrada en vigencia de la ley que se discute. Sobre el particular, advirtió que resulta complejo para el órgano que lidera recibir a los nuevos trabajadores tan avanzado el año, más aún cuando la contratación de muchos de ellos fue aprobada con cargo al erario en ejecución, lo que fue inviable debido a la reducción de enero del año 2025.
A la luz de lo anterior, pidió suplementar en 336 millones de pesos el subtítulo 21, monto que permitirá contar con 10 profesionales adicionales a lo aprobado por el Ministerio de Hacienda. Del guarismo citado, precisó, cinco se desempeñarán como analistas de seguimiento de los sumarios instruidos por otros órganos públicos e igual número como fiscales para las nuevas Fiscalías Administrativas Permanentes.
La Contralora General de la República concluyó asegurando que los recursos faltantes para los subtítulos mencionados son críticos, toda vez que inciden en el desarrollo estratégico de la institución. Sumados estos dos subtítulos solicitados por la Contralora, el requerimiento asciende a 1.757 millones de pesos. Cabe destacar que la Subcomisión ofició a la Directora de Presupuestos solicitándole estos recursos adicionales. La DIPRES respondió, en síntesis, que el ente fiscalizador podía proponer reasignaciones en función de sus prioridades dentro del presupuesto que se apruebe para el año 2026.
Los honorables senadores, señores Galilea y Macaya, y el honorable diputado, señor Castro, advirtieron que, para los gastos a que se refiere el subtítulo 21, el erario de 2025 considera una cifra que no recoge la inflación, a diferencia de lo ocurrido en los últimos diez ejercicios presupuestarios. Alertaron, además, que tampoco se prevé un reajuste del sector público. Al tenor de lo indicado, precisaron que la variación de dicho subtítulo no es 1,5%, sino que es negativa. Juzgaron que la falta de actualización de los fondos de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor cobra especial importancia tratándose de la Contraloría General de la República, órgano que aspira a incrementar el número de funcionarios para seguir cumpliendo las labores que le son encomendadas, las que han sido altamente valoradas en los últimos meses y han permitido ahorrar de manera significativa recursos al fisco. Por otro lado, estimaron que la no contemplación del reajuste del sector público resulta especialmente sensible en su caso, atendida la trascendente función que cumple su personal. En efecto, subrayaron que gracias a su gestión hoy el presupuesto del Estado es mayor al que podría tener si no hubiera cumplido destacadamente su misión.
Tras concluirse el estudio de esta partida, señora Presidenta, y atendidas las dudas que el erario y los antecedentes expuestos generaron, la unanimidad de los integrantes presentes —los honorables senadores, señores Galilea y Macaya, y los honorables diputados, señores Sáez y von Mühlenbrock— acordó dejar pendiente la resolución de esta partida para su consideración por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Se solicitó por el Ejecutivo revisar las indicaciones que se habían declarado como de información, números 2 y 949. La indicación número 2, del senador De Urresti, agrega una glosa del siguiente tenor: “La Contraloría General de la República deberá emitir un informe anual de fiscalización respecto de la ejecución de transferencias corrientes y de capital efectuadas en municipalidades, gobiernos regionales y fundaciones, el que deberá remitirse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.
Se ofrece la palabra al autor de la indicación. —Gracias, Presidenta. Efectivamente, presentamos esta indicación que pide a la Contraloría General de la República emitir un informe anual sobre fiscalizaciones respecto de transferencias corrientes y de capital efectuadas en municipalidades, gobiernos regionales y fundaciones, el que deberá remitirse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Creo que es absolutamente admisible y avanza en una línea de transparencia, permitiendo focalizarnos en gobiernos regionales, municipalidades y fundaciones, ámbitos que han generado dificultades en el último tiempo. Se busca anticipar y orientar el foco de investigación hacia temas relevantes que han dado origen a juicios e investigaciones por parte de la Contraloría o del Ministerio Público.
Tiene la palabra el Ejecutivo. —Directora: Sí, entendiendo el objetivo, nos comunicamos también con la Contraloría para revisar las indicaciones presentadas, y nos señalaron dos cosas. Primero, que efectivamente ellos no toman razón de las transferencias corrientes y de capital efectuadas por municipalidades; por lo tanto, no tendrían cómo elaborar ese informe. Nuestra calificación de inadmisibilidad viene dada justamente porque sería atribuir una nueva función a la Contraloría, ya que no fiscalizan en particular la ejecución de transferencias corrientes y de capital en municipalidades. Eso, Presidenta.
—Senador: De los gobiernos regionales sí toman razón de las resoluciones y de las modificaciones presupuestarias relacionadas a los gobiernos regionales. El punto es respecto de las municipalidades.