La Directora de Presupuestos hará su presentación; luego abriremos un pequeño espacio para preguntas, si las hubiera, y partiremos con la votación, que en la lista que les entregué comienza por Contraloría. Señora Directora, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Entiendo que también tienen…
He impreso la presentación para que, dado que en la pantalla no se ve tan grande, puedan seguirla con mayor claridad. Voy a comenzar. Esta exposición está enfocada en lo que muchos de ustedes plantearon en la sesión anterior respecto de los ingresos fiscales y, a diferencia de lo que presentamos en el Informe de Finanzas Públicas que acompañó el presupuesto, está focalizada en el año 2026. Para construir un diagnóstico compartido, es importante recordar primero el año 2024 y las razones que estuvieron detrás de la desviación de 2024.
En primer lugar, muestro un gráfico del FMI cuyo objetivo es evidenciar la volatilidad de los ingresos totales de Chile en comparación con otros países de la OCDE. A esa volatilidad generalizada se sumaron los desequilibrios económicos que se vivieron en 2020. Este tema es muy relevante y les pido especial atención, porque suele ser recurrente en la discusión; lo plantearon el senador Macaya y el senador Coloma, y es una inquietud que reaparece permanentemente.
Además, tuvimos una volatilidad inédita en el desvío de la meta fiscal, concentrada en el principal componente de dicho desvío: el impuesto a la renta de los contribuyentes no mineros. En el segundo gráfico observamos este impuesto desde 2010 hasta 2024. Se aprecia que, si bien entre 2015 y 2018 se ubicó aproximadamente entre 6% y 7% del PIB, en 2021 y 2022 registró incrementos inusuales, y en 2023-2024 cayó de manera importante, incluso por debajo de sus niveles históricos. Esto se explica en parte por factores macroeconómicos y en parte por la metodología tradicional de proyección de ingresos, así como por la suma de diversas reformas tributarias cuya expresión recaudatoria se manifestó en 2024.
Cabe recordar que entre 2020 y enero de 2022 se adoptaron más de 50 medidas tributarias y, por distintas razones, su mayor efecto de recaudación se concentraba en 2024. En particular, la depreciación instantánea aprobada durante la pandemia, que según su informe financiero, tras su período de costo fiscal, comenzaría a recaudar del orden de US$ 2.500 millones. Si bien para 2024 se había presupuestado menos de US$ 1.000 millones en relación con lo indicado en dicho informe, con el trabajo que hemos realizado a nivel de microdatos podemos constatar que en realidad recaudó cerca de un décimo de lo esperado.
Por ello, con asesoría del Fondo Monetario Internacional, elaboramos una hoja de ruta con más de 13 medidas sustantivas de carácter metodológico e institucional. Esto es muy relevante, porque en la discusión presupuestaria siempre surge la pregunta de cómo se calculan los ingresos. Desde 2024 hemos venido implementando estas 13 medidas y las proyecciones actuales ya incorporan este conjunto de ajustes.
A continuación, revisamos los ingresos tributarios de contribuyentes no mineros y las desviaciones que ha habido en este componente respecto de las estimaciones iniciales de la Ley de Presupuestos. Efectivamente, se observa que desde 2019 existe un desvío importante en este componente respecto de la estimación inicial.
Ministro, ha habido desvíos al alza y a la baja respecto de las estimaciones. Esto es fundamental para la discusión que hemos tenido el último año; por eso mi insistencia en que podamos escucharnos, porque la mayoría de las preguntas proviene de este tema. En 2023 y 2024, en este componente, hubo desvíos importantes. En 2023, debido a las mayores imposiciones previsionales y también a los ingresos del litio, la caída fue menos notoria en el balance estructural.
Para 2025, una vez implementadas las distintas medidas metodológicas para este año —esto es, con el cambio del decreto de política fiscal—, el desvío en materia de ingresos tributarios de contribuyentes no mineros, respecto del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, al incorporar las mejoras metodológicas que han ido quedando consagradas en los distintos IFP, es menor y se ubica en los rangos inferiores de la desviación histórica.
¿Qué se ha hecho para que no quede la sensación de que no se ha hecho nada, por ejemplo, con la asistencia técnica del FMI? Primero, se usaron microdatos para la revisión ex post de cambios al sistema tributario. Por primera vez utilizamos toda la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos para realizar una simulación más desagregada y certera de los ingresos de los contribuyentes, especialmente en materia de renta. También lo usamos para GMB10, lo que implica aumentar la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Solo el Banco Central tiene un nivel de acceso a datos comparable al del Servicio de Impuestos Internos; desde la Dirección de Presupuestos contamos con un grado menor, pero mayor que el histórico.
Además, incorporamos nuevos modelos de series de tiempo para los ingresos tributarios no mineros. Esto permite modelar la interdependencia derivada de las características de nuestro sistema tributario, que contempla PPM en un año, luego la declaración anual y posteriormente un sistema de pagos que incide en otro año. Son distintos años tributarios que afectan de manera distinta cada año presupuestario. La relevancia es que el corto y el mediano plazo, que antes estaban en modelos que no dialogaban entre sí, desde 2019 se integran. En la práctica, como se vio en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, no solo para 2026 sino para todo el mediano plazo la corrección de ingresos fue del orden de más de 1,1% del PIB. Para dimensionar, en 2024 la suma de todos los informes financieros de 2020 a 2021 superaba los 6.000 millones de dólares. Hoy, en nuestra planificación financiera, hay 1,5% del PIB menos en ingresos que lo que tenía la misma planificación hace un año cuando discutimos aquí.
Esto demuestra que no estamos en el mismo punto ni usando los mismos modelos: ha habido un trabajo efectivo para implementar mejoras metodológicas e institucionales. El detalle de estas mejoras se encuentra en los distintos Informes de Finanzas Públicas. Asimismo, comprometemos tres acciones en esta hoja de ruta, sujetas a evaluación al cierre del año: la revisión ex post de las proyecciones de ingresos fiscales del IFP; la política de evaluación ex post de los cambios de política tributaria; y un documento técnico sobre las metodologías de proyección de la Dirección de Presupuestos.
Eso sustenta las proyecciones para 2026 y las que presentamos para 2025. Como se observa en el Informe de Finanzas Públicas, en el caso del IVA —el ingreso más importante—, se espera que en 2025 crezca en torno a 3,4%; a agosto ya había crecido aproximadamente 3,4% respecto de agosto del año anterior.
El crecimiento acumulado a agosto es mayor que el proyectado. En 2025 eso queda alineado; y ahora, en 2026, ¿qué sucede? Primero, sobre los ingresos: creo importante construir un diagnóstico común respecto de si creemos o no en las proyecciones de ingresos. En los ingresos tributarios, el más importante, el IVA, representa el 38%; y luego, el resto de contribuyentes, el otro 30%. Esto suma un 68% del total de los ingresos. Quisiera repasar esto para entender en detalle las dudas planteadas sobre cada uno de estos componentes.
Primero, la recaudación por IVA, que se estima a partir de la demanda interna. Hasta el año 2020, el IVA representaba, con variaciones, entre 8% y 8,5% de la demanda interna; una constante desde 2006 a 2020. Luego, en 2020-2021, por primera vez superó el 9% de la demanda interna; y en 2023-2024, que fueron años en general de ingresos más bajos, el IVA como porcentaje de la demanda interna estuvo entre 8,7% y 8,9%. ¿Qué sugiere este gráfico? Que las distintas medidas tributarias adoptadas en materia de IVA desde 2020 hasta 2025 efectivamente han recaudado —quizás no a los niveles esperados, pero sí han contribuido—: el IVA a plataformas digitales, la boleta electrónica obligatoria, la reducción de exenciones a servicios y la mayor fiscalización mediante medios de pago electrónicos. A partir de este octubre, además, todas las compras en plataformas de comercio electrónico internacional deberán pagar IVA. Hoy, a diferencia de lo observado en renta, que ha sido más volátil, en IVA parecería haber razones estructurales para un mayor nivel de recaudación. Para el próximo año se propone un crecimiento del IVA del orden de 3,3%. Ese 3,3% es menor que lo registrado este año: 3,4%. Y lo que se espera en los datos que vendrán en septiembre es un crecimiento del IVA de 4%, previo a la implementación del cobro en plataformas internacionales.
Luego, el resto de contribuyentes. Cuando hablamos de las diferencias que podemos tener en ingresos, probablemente aquí se ubica —como también señala el informe del Consejo Fiscal Autónomo— el mayor riesgo de recaudación que, como toda proyección, puede existir. En el gráfico se observan, para el período 2015-2019, sin considerar los ISFUT y las repatriaciones, niveles de recaudación menores al promedio histórico de este impuesto. La diferencia proyectada obedece a la ley de cumplimiento tributario. Esto ya lo decía el ministro: ¿cuánto de acá corresponde a cumplimiento tributario? Es un 0,54% del PIB; este año se consideró un 0,27% del PIB. ¿Y qué dice el Consejo Fiscal Autónomo? La incertidumbre radica en que el informe financiero de la IPRES proyecta un aporte en régimen de 1,47% del PIB, cuando reformas de naturaleza similar han generado ingresos en torno a 0,5% del PIB. Nosotros tenemos buenos motivos para defender ese 1,47%, pero eso es para el año 2028. Lo considerado para 2026 ha sido objeto de discusión al respecto. Ahora bien, cuando se afirma que todos los ingresos o que todos los informes financieros están mal calculados, hay que considerar también el Royalty Minero: se proyectó que recaudaría del orden de 0,27% del PIB hacia 2025.
En particular de esto, que es justamente lo que ha recaudado, si se fijan, el mayor salto en materia de GMP10 y de recaudación ocurrió entre 2024 y 2025, cuando la recaudación creció en más de 50%, y para 2026 más bien se proyecta una recaudación de continuidad respecto de lo que hay hoy día. Este gráfico es bien importante porque la línea naranja muestra la producción valorizada, es decir, el P por Q de la GMP10, y si bien en 2024 era un poco más baja que en 2025, el salto en recaudación es bastante significativo. Entonces, el royalty efectivamente está recaudando.
Si volvemos a la gráfica inicial que resume todos los ingresos del Estado, la lámina seis, tenemos que en IVA la recaudación va en línea con lo observado este año y con los movimientos más estructurales de los últimos años. En renta del resto de contribuyentes, el crecimiento de 6,4% tampoco luce muy elevado respecto del anterior. Tenemos un 0,5% asociado a mayor cumplimiento tributario; entendemos que eso se puede discutir, pero contamos con buenos elementos para sostener por qué es alcanzable. Además, el Servicio de Impuestos Internos está implementando su plan de fiscalización y de cumplimiento tributario con metas específicas para el año.
Luego, ¿qué otras cosas relevantes trae la proyección de ingresos? En cobre, se espera una caída del 9,5% respecto de este año. Esto es, de hecho, 7% peor de lo que les habíamos presentado antes, debido a las consecuencias del accidente en El Teniente, contingencia que, por supuesto, no forma parte del modelo. En imposiciones previsionales, el crecimiento esperado es de 4,1%; esto refleja también el efecto año de lo que ya empezamos a ver en términos de ingresos para este año, con un crecimiento, a agosto o septiembre, del orden del 9%. En renta de la propiedad hay un ajuste vinculado a la producción ligada a los contratos de CORFO con SQM. Aun así, esos montos son bastante menores respecto del total de ingresos: la incidencia de los ingresos por litio de CORFO-SQM es del orden del 0,1% del PIB, mientras que los ingresos totales son 22,9% del PIB. En renta de la propiedad se incorpora además la ejecución histórica y las rentas propias de las empresas públicas.
En otros ingresos tributarios, lo que crece de manera importante es 6,9% respecto de este año. Aquí efectivamente está considerado lo que el senador Sangüesa señaló en su momento como efectos de la norma de la recuperación CEP. No es que estemos suponiendo la aprobación de un proyecto de ley, sino que está en el articulado de la Ley de Presupuestos. Y, tal como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, si esa normativa no se aprueba, tendríamos un problema porque habría que rebajar no 300.000 millones de pesos de gasto, sino del orden de la recaudación de algo más de 100.000 millones de pesos. Ese es el salto más relevante.
En síntesis, esos son, en grandes números, los ingresos considerados. Este año los ingresos están creciendo en torno a 6,8% respecto del año pasado. La proyección para el año siguiente es menor, de 4,7%, pero los tributarios crecen del orden de 5%. Eso, Presidenta, queríamos dar como una visión más detallada de los ingresos, porque siempre surgen dudas al respecto. El desvío de 2024 fue importante en la proyección de rentas no tributarias, pero hemos hecho un trabajo que servirá hacia adelante, con una modernización que probablemente era necesaria desde hace diez años, y se ha estado trabajando para dejar también los mejores modelos.
Y los documentos técnicos que sustenten esos modelos, también para el futuro. Eso. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, Directora. Me pidió la palabra el Senador Macaya.
Gracias, Presidenta. A ver, algunos comentarios. Hay quizás, en términos más políticos, respecto a lo que está…
Perdón, Senador. No sé si usted se dio cuenta —a lo mejor no había llegado— que dijimos que después de la exposición de la Directora íbamos a abrir una ronda breve de preguntas y partir la votación. Fue la petición que me hicieron varios colegas. No usted, Senador; me refiero al Senador Núñez, que estaba moviendo la cabeza. Ahora sí, Senador Macaya.
No, a ver, Presidenta. De lo que nos acaba de presentar la Directora de Presupuestos, algunos comentarios. Porque acá lo que se están haciendo son estimaciones que nosotros, obviamente, hoy día podemos poner en duda, y la ratificación de si nuestras dudas eran legítimas o no, creo que no la vamos a tener ya a estas alturas durante la discusión de este Presupuesto. Vamos a tener que tomar definiciones con esas estimaciones, más allá de que tengamos dudas legítimas respecto de si están mal calculados los ingresos, mal calculados los gastos y si los cambios metodológicos se ajustan a las necesidades que tiene hoy la discusión presupuestaria. Y, particularmente, la pregunta que subyace es por qué se están haciendo cambios metodológicos e informándose esos cambios metodológicos en el momento en que nos encontramos, a puertas de un cambio de gobierno.
Pero algunos comentarios más particulares. En la diapositiva 7, a propósito de la proyección de la recaudación del IVA, en la presentación la Directora señala que se observa una consolidación de la recaudación del IVA por sobre el rango histórico, presentado básicamente como recaudación en porcentaje de la demanda interna. Si bien es cierto que hay cambios que pueden explicar el aumento del nivel de recaudación por este concepto, también es relevante ver el supuesto decrecimiento de la demanda interna que hay detrás de ese gráfico, porque ese dato puede cambiar el supuesto total que está presentando el Ejecutivo. O sea, el gráfico en porcentaje de crecimiento anual de la demanda interna, con un histórico efectivo promedio desde el año 2000 al 2024 y un promedio del 2015 al 2024, incluyendo el COVID, revisando un gráfico que es de elaboración con datos del Banco Central y la DIPRES, se desprende que el supuesto de variación de la demanda interna para el 2026 va a estar por debajo del promedio de los últimos años, excluidos el 2020 y el 2021. Por lo tanto, hay una legítima duda para hacer una consulta respecto de eso. Porque si bien una primera respuesta es que se espera mucha más inversión, particularmente por lo que significa mayor estabilidad en el sector minero, da para pensar si no es demasiado optimista un escenario con más demanda interna respecto de los diez años anteriores, con la excepción del COVID. Y si, dado el contexto en el que nos encontramos, no sería prudente asumir escenarios más conservadores y no tan optimistas. Básicamente eso.
Después, en la diapositiva 8, a propósito de lo que significan los impuestos a la renta de los contribuyentes no mineros, se ha señalado en las explicaciones que la recaudación por impuesto a la renta derivada de la Ley de Cumplimiento Tributario, incluida en la estimación de los ingresos para el 2026, del 0,54% del PIB, sería similar al nivel sugerido por el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esa estimación no es correcta, porque los ingresos considerados en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 incluyen ingresos de la Ley de Cumplimiento Tributario por 0,73% del PIB, en línea con lo contemplado en el informe financiero consolidado del 26 de diciembre de 2024. De acuerdo con la información del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025, que recibimos hace poco, de esos 0,54 puntos corresponden al impuesto a la renta, 0,15% del PIB al IVA y 0,04% del PIB a otros impuestos. Y en eso, de acuerdo a lo que ha señalado el Consejo Fiscal Asesor y la evidencia recogida por el FMI, otras reformas de similar naturaleza han generado ingresos en torno al 0,5% del PIB.
0,7% del PIB que la DIPRES proyecta para la ley de cumplimiento tributario en régimen. Por lo tanto, para el año 2026 se tiene que los ingresos contemplados por la ley de cumplimiento tributario, de un 0,73% del PIB, exceden en 0,23 puntos lo sugerido por el FMI, ya que es comparable con el total de ingresos esperados por este concepto y no solo con los provenientes del impuesto a la renta, como se ha tratado de instalar hoy día.
Yo termino, Presidenta, señalando que, más allá de las dudas, aquí se consolida la práctica de usar lo que conviene cuando es una recomendación —por ejemplo, de la Comisión Asesora en Gasto Público— y descartar lo que no conviene. De hecho, lo dijo recientemente Matías Acevedo a propósito de la presentación de hoy en la mañana, y esto sé que preocupa a todos los parlamentarios. Lo mencionó en la primera sesión el senador Daniel Núñez: la Comisión Asesora en Gasto Público recomendó reajuste cero de remuneraciones. Y todos sabemos que eso es imposible; entendemos, por la negociación que se dará y por la realidad política, que eso no va a ocurrir. La pregunta legítima es de dónde va a salir esa plata y dónde está en el presupuesto.
Creemos que, con los datos que nos entrega el Ejecutivo —que cuestionamos, pero que debemos usar para la discusión porque son los que nos entrega el Ministerio y la DIPRES—, esos supuestos se van a caer por su propio peso en abril del próximo año, cuando venga el primer Informe de Finanzas Públicas. Y ahí se intentará deslizar la responsabilidad, que será política; en abril ya le estarán exigiendo al próximo gobierno, sea cual sea, que se haga cargo, diluyéndose la responsabilidad del actual. Queremos dejar patente que eso no es posible y que los supuestos con los que se ha construido este presupuesto son equivocados, Presidenta.
Gracias, senador Macaya. Tiene la palabra el senador Luciano Cruz-Coke; luego empezamos a votar.
Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Saludarla a usted, al Ministro, a la Subsecretaria, a los ministros. Varias cosas. Primero, en la página web de la DIPRES, en Tesoro Público, no aparece el cuadro comparativo que siempre está: 24-25; el 25-26 no está. Aparece señalado en la lámina 10 de lo que ustedes presentaron, pero el cuadro comparativo propiamente tal —que para nosotros es fundamental para comparar peras con peras— no se encuentra. Quiero saber por qué razón; tal vez no lo busqué bien, pero entiendo que nadie lo tiene, hasta donde he podido averiguar.
En segundo lugar, nuevamente, sobre la recaudación asociada a la ley de cumplimiento tributario: hay un informe del FMI que muestra que reformas de naturaleza similar generan ingresos menores a los que el Gobierno asume proyectar hacia 2026. Dado que no le hemos apuntado con certeza —más allá de los cambios metodológicos, que agradezco, pero comparto la aprehensión del senador Macaya respecto de que se nos informen justo con la ley de Presupuestos—, me pregunto si no sería más prudente hacer aproximaciones más conservadoras, toda vez que también nos hemos equivocado en aproximar los gastos.
Y respecto del IVA, preguntar por qué no se usa un promedio de los últimos años y, en cambio, se hace una estimación tan mayor para el próximo año. Entonces, son esas dos preguntas y, además, por qué no aparece en la partida de Tesoro Público el cuadro comparativo 25-26, como sucede todos los años. Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, colega. No sé si la directora quiere responder y, si no, nos vamos a... Sí, Ministro, por favor.
Esto lo dijimos, pero en las dos intervenciones recientes no se capturó bien lo que planteamos. Si ustedes revisan, este Presupuesto asume que la ley de cumplimiento tributario tendría que recaudar 0,54% del PIB en 2026, y no el 0,7% que...
Más allá de la discusión respecto de cuánto se debería recaudar en régimen —que nosotros lo defendemos—, cuando uno ve una reforma con cambios institucionales que tienen que ver con fiscalización y un conjunto de otras materias, comparar con otros países no es tan fácil, porque las realidades son muy distintas. Por de pronto, en la mayoría de los países hay normas generales de antielusión de manera distinta a como las tenemos en Chile; hay temas de secreto bancario que acá no se ha querido votar. Entonces, hay diferencias institucionales que hacen compleja la comparación. No es como medir el impacto de un aumento o una reducción del impuesto a primera categoría, que es fácil de extrapolar de un escenario a otro.
Pero, más allá de eso, si lo que les preocupa es que se llegue a 0,5 en régimen, lo que asume este presupuesto es 0,54 para 2026. Y este año —no, ese número no sé de dónde salió, la verdad—, además lo dijimos en nuestra exposición. Lo que planteamos es 0,54; si alguna vez dijimos mal ese número, lo corregimos, porque me imagino que si muchos lo repiten probablemente lo debemos haber dicho alguna vez mal. 0,54 es lo que se asume y ya hemos recaudado este año, si recuerdo bien, 0,27. Por lo tanto, vamos bien encaminados en esa dirección.
¿Listo, ministro?
—Sí, listo.
Perdón, Presidenta. La diputada Rojas está pidiendo la palabra.
—Sí, Presidenta, gracias. Lo que pasa es que este punto realmente se ha repetido muchas veces; yo creo que es la vez número 10 que lo vemos. En la última presentación que hizo la Directora, en la página 8, aparece “Efecto ley de cumplimiento tributario 2026: 0,54”. Y lo que dice el FMI es 0,5% del PIB. Entonces, se ha dicho muchas veces, realmente muchas veces. Creo que sería importante subrayarlo; por eso estoy dando las coordenadas en la diapositiva que nos entregaron ahora. Esto ha salido en todas las discusiones que hemos tenido hasta acá en la Comisión Especial Mixta, y lamentablemente se sigue repitiendo.
—Bueno, yo creo que están hechos los puntos, colegas. Si les parece, vamos a irnos al orden de la votación. Vamos a partir por la partida de la Contraloría General de la República, que era lo que teníamos en el listado que les hemos entregado. Secretaria.
—Presidenta, la partida Contraloría General de la República fue discutida por la segunda subcomisión de presupuestos, la que acordó dejar pendiente su pronunciamiento sobre la partida para la consideración de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En esta partida se presentaron indicaciones inadmisibles: la 259, la 258, la 3, la 1114, la 1366 y la 1119. Se presentaron también indicaciones de información: la 2, la 127 y la 949. Y hay otras indicaciones para votar separadamente distintos aspectos. El Ejecutivo recién acaba de cuestionar la calificación de indicaciones de información de la número 2 y de la 949. Vamos a dar la palabra al diputado von Millenbrock, que la está pidiendo, para dar cuenta del informe de la subcomisión mixta, y luego pasamos a calificar las distintas indicaciones y votaciones. Diputado.
—Gracias, Presidenta. La segunda subcomisión especial mixta de presupuestos, respecto de la partida 04, Contraloría General de la República. En la ocasión, la instancia legislativa recibió en audiencia a la Contraloría General de la República, que informó que el erario del órgano autónomo a su cargo para el año 2026 asciende a 115.639.848 pesos, lo que implica una variación de 1,5% respecto del año en curso. Esta cifra se divide entre los dos...
En el análisis del presupuesto de esta partida, se indicó que el Programa 01, de igual denominación, recibirá 114.219 millones de pesos, mientras que el Programa 02, Fortalecimiento CIRREC, 1.421 millones de pesos.
Señaló que dicho presupuesto prioriza la continuidad operacional y el cumplimiento legal de la Contraloría General de la República, incorporando mejoras en la gestión interna, refuerzos tecnológicos y nuevos mecanismos de control. Asimismo, informó que se orienta al uso responsable y eficiente de los recursos e incluye dineros adicionales para fortalecer al personal a cargo de los procedimientos disciplinarios, la atención de denuncias y la fiscalización, además de robustecer el sistema de rendición de cuentas CIRREC. De igual modo, comunicó que prevé fondos para la renovación y crecimiento de activos tecnológicos y para la adquisición del terreno destinado a la nueva sede regional de Atacama.
Respecto del Programa 02, dio a conocer que el Ministerio de Hacienda fraccionó en tres años los montos que este demanda; sin embargo, destacó que la velocidad de aumento de la rendición de cuentas no se distribuirá en igual lapso. En la misma línea, evidenció la señora Contralora que, tras los cambios legislativos del último tiempo, resulta indispensable que el CIRREC cuente prontamente con mayor capacidad. Por lo anterior, juzgó esencial suplementar los recursos del subtítulo 22 en 1.200 millones de pesos para adquirir licencias y permisos de servicios en la nube para almacenamiento y bases de datos. Agregó que estas herramientas son indispensables para recibir la documentación electrónica y digital que aporta la Administración del Estado y evitar que los sistemas actuales se colapsen.
Fijando su atención en el subtítulo 21, expuso que los recursos posibilitarán la contratación de 62 nuevos profesionales, con un foco especial en la Fiscalía Administrativa Permanente, modelo de trabajo que abarcará una mayor cantidad de sumarios administrativos en un lapso más breve y con menor dotación. Sin embargo, acotó que los nuevos funcionarios se incorporarán de manera gradual, dado que las condiciones financieras impiden que lo hagan todos al inicio del año 2026. Así, ejemplificó que 22 fiscales se sumarán seis meses después de la entrada en vigencia de la ley que se discute. Sobre el particular, confesó que resulta complejo para el órgano que lidera recibir a los nuevos trabajadores tan avanzado el año, más aún cuando la contratación de muchos de ellos fue aprobada con cargo al erario en ejecución, lo que fue inviable debido a la reducción de enero de 2025.
A la luz de lo anterior, pidió suplementar en 336 millones el subtítulo 21, monto que permitirá contar con 10 profesionales adicionales a los aprobados por el Ministerio de Hacienda. Del guarismo citado, precisó que cinco se desempeñarán como analistas de seguimiento de los sumarios instruidos por otros órganos públicos e igual número como fiscales para las nuevas fiscalías administrativas permanentes.
La Contralora General de la República concluyó asegurando que los dineros faltantes para los subtítulos mencionados son críticos, toda vez que inciden en el desarrollo estratégico de la Contraloría General de la República. Sumados estos dos subtítulos que solicita la Contralora, los requerimientos ascienden a 1.536 millones de pesos. Cabe destacar que la Subcomisión ofició a la Directora de Presupuestos solicitándole estos recursos adicionales. La DIPRES respondió, en síntesis, que el ente fiscalizador podía proponer reasignaciones en función de sus prioridades dentro del presupuesto que se apruebe para el año 2026.
Durante la sesión, los honorables senadores, señores Galilea y Macaya, y el honorable diputado, señor Castro, advirtieron que, para los gastos a que se refiere el subtítulo 21, el erario de 2025 considera una cifra que no recoge la inflación, a diferencia de lo ocurrido en los últimos diez ejercicios presupuestarios. Alertaron, además, que tampoco se prevé un reajuste sectorial.
Señora Presidenta, al tenor de lo indicado, se constató que la variación de dicho subtítulo no es 1,5%, sino que es negativa. Se juzgó que la falta de actualización de los fondos de acuerdo al índice de precios al consumidor cobra especial importancia tratándose de la Contraloría General de la República, órgano que aspira a incrementar el número de funcionarios para seguir cumpliendo las labores que le son encomendadas, las que han sido altamente valoradas en los últimos meses y han permitido ahorrar de manera significativa recursos al fisco. Por otro lado, se estimó que la no contemplación del reajuste del sector público resulta especialmente sensible en su caso, atendida la trascendente función que cumple su personal. En efecto, se subrayó que, gracias a su gestión, hoy el presupuesto del Estado es mayor al que podría tener si no se hubiese cumplido destacadamente su misión.
Tras concluirse el estudio de esta partida, y atendidas las dudas que surgieron a partir de los antecedentes expuestos, la unanimidad de los integrantes presentes de la instancia legislativa —honorables senadores, señores Galilea y Macaya, y honorables diputados, señores Saed y Fomilenbrock— acordó dejar pendiente la resolución de esta partida para su consideración por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. He dicho. Gracias, Presidenta.
A continuación, se informó que el Ejecutivo solicitó revisar las indicaciones que se habían declarado como de información, números 2 y 949. La indicación número 2, del senador De Urresti, agrega una glosa del siguiente tenor: “La Contraloría General de la República deberá emitir un informe anual de fiscalización respecto de la ejecución de transferencias corrientes y de capital efectuadas en municipalidades, gobiernos regionales y fundaciones, el que deberá remitirse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.
Se concede la palabra al autor de la indicación.
—Gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros presentamos esta indicación que pide a la Contraloría General de la República que emita un informe anual sobre fiscalizaciones respecto de transferencias corrientes y de capital efectuadas en municipalidades, gobiernos regionales y fundaciones, el que deberá remitirse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Creo que es absolutamente admisible y que avanza en una línea de transparencia, de poder focalizarnos en los gobiernos regionales, municipalidades y fundaciones, algo que claramente ha hecho estragos en el último tiempo. Es anticipar un foco de investigación en aquellos temas que son relevantes y que han dado origen a situaciones que han derivado en juicios e investigaciones por parte de la Contraloría o del propio Ministerio Público.
Se concede la palabra al Ejecutivo.
—Directora: Sí, entendiendo el objetivo, nosotros nos comunicamos también con la Contraloría para revisar las indicaciones presentadas y nos señalaron dos cosas: primero, que efectivamente ellos no toman razón de las transferencias corrientes y de capital efectuadas por municipalidades; por lo tanto, no tienen cómo hacer ese informe. Nuestra calificación de inadmisibilidad viene dada justamente porque sería atribuirle una nueva función a la Contraloría, ya que no fiscalizan en particular la ejecución de transferencias corrientes y de capital en municipalidades. Eso, Presidenta.
—Senador: Respecto de los gobiernos regionales sí toman razón de las resoluciones y de las modificaciones presupuestarias relacionadas con los gobiernos regionales. El punto está en las municipalidades. En esa línea, de acuerdo con la información de la señora Directora de Presupuestos, pediría que excluyéramos la situación de las municipalidades e incorporáramos a los gobiernos regionales y fundaciones para atender el propósito que estamos buscando con esta indicación. Creo que todo aquello que avance en transparencia es positivo.