Cámara de Diputados - Hacienda - 28 de octubre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. A continuación, el señor Secretario dará lectura a la Cuenta.

Gracias, presidente. Hemos recibido un oficio del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que informa, conforme al artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales implementados directamente por la institución y aquellos ejecutados por medio de convenios marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, al tercer trimestre de 2025. Oficio de la Defensoría Penal Pública, mediante el cual remite el informe del tercer trimestre de 2025, en virtud del artículo 14, inciso primero, numeral 11, sobre licencias médicas, identificando aquellas que corresponden a enfermedades laborales. Oficio del Servicio Nacional de Aduanas, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente al período julio-septiembre, sobre la tasa de exportación de concentrados de cobre. Oficio de la Subsecretaría de Economía, que informa el artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales implementados directamente por la institución y los ejecutados por convenios marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, al tercer trimestre del presente año. Finalmente, la Fiscalía Nacional Económica informa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales implementados directamente por la institución y los ejecutados por convenios marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, al tercer trimestre del presente año. Además, señor presidente, hemos recibido reemplazos para la sesión del día de hoy: el diputado señor Fernando Volker, que nos acompaña a su izquierda, reemplaza para los efectos de la sesión de hoy a don Gastón von Mühlenbrock; y el diputado don Jaime Sáez, quien reemplaza a la diputada Camila Rojas. Eso es todo, además de la excusa de la administración a la que hicimos referencia hace unos minutos. En su reemplazo asistirá, de manera telemática, don Pablo Jorquera. ¿Algo sobre la cuenta? ¿Varios? No. Entonces, continuamos con el objeto de la sesión, que es recibir por parte del Ejecutivo los antecedentes complementarios del informe financiero del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que se indican, Boletín 17.397-11, indicando el número de dotación prevista en el proyecto, con el detalle de cargos, grados y funciones específicas. Al término, votaremos este proyecto. Está invitado el subsecretario de Redes Asistenciales, pero asiste don Bernardo Martorell Guerra, junto al superintendente de Salud, señor Víctor Torres; el asesor legislativo del Ministerio de Salud, señor Manuel Pérez; la asesora Natalia Castillo; y la ministra Jimena Aguilera. Bienvenida, ministra. Tiene la palabra para continuar con lo que quedó pendiente de la sesión anterior, que era el detalle de la dotación solicitado por los diputados. Sí, muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a las y los parlamentarios y a todos los asistentes. Solicitarle, si tiene a bien, dar la palabra al asesor del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera, que está conectado, para que presente los antecedentes del informe financiero que generaron dudas. Muy bien. Tiene la palabra don Pablo Jorquera. Bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, tal como se comentó en la sesión pasada, el informe financiero carecía de cierta información respecto del fortalecimiento de la Superintendencia. El Consejo ya estaba bastante claro: son 12 consejeros, con un máximo de sesiones, y eso es lo que considera el IEF; tiene un costo de 89 millones al año, cuyo cálculo es directo. Ahora bien, respecto del fortalecimiento de la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, tal como se señalaba, se consideraban 25 profesionales, pero no estaba detallado dónde se iban a instalar, sus funciones ni la progresión. En el nuevo informe financiero que acompaña la indicación presentada el día de ayer, la número 315, que sustituye a las anteriores, se detalla en la página 3, tabla 1, la progresión de la instalación del personal. Allí se especifica que el primer año habrá 8 personas, distribuidas en 5 subdepartamentos: el Subdepartamento de Calidad, que en régimen tendrá 6 personas adicionales; el Subdepartamento de Fiscalización, que en régimen tendrá 11 personas adicionales; entre otros. Con ello se entrega el detalle de dotación, grados y funciones, así como la secuencia de implementación solicitada.

Superintendente: El rol que tiene esta Intendencia en ampliar la cobertura de la fiscalización requiere fortalecer ese subdepartamento; por eso es el que más personal considera: 11 personas. El Subdepartamento de Protección de Derechos contará con 5 personas en régimen, según la progresión indicada. El Departamento de Sanciones incorporará 2 personas para ampliar sus funciones, y el Departamento de Regulación considera 1 persona adicional. Obviamente, esto puede ajustarse en el tiempo, pero el esfuerzo principal se concentra en el Subdepartamento de Fiscalización, donde se calcula la incorporación de 11 personas adicionales, con una progresión de 2, 5 y 8 hasta llegar a 11. Asimismo, hay más detalle respecto del gasto en tecnología: es un gasto por una sola vez y, luego, un gasto en régimen para la mantención de los sistemas (sanciones, reclamos, prestadores, etc.), con el objetivo de mejorar la interoperabilidad. Esto se refleja en la tabla final —la misma del informe anterior que ustedes conocieron— sobre la progresión del gasto, a la que ahora se agrega la progresión del personal. Eso es lo que podemos agregar, señor Presidente. Presidente: Muy bien. Ministro, ¿quiere agregar algo? Ministro: Sí. Comentábamos con el superintendente, Presidente, que, respecto del número actual de fiscalizadores de la Superintendencia, esto implica prácticamente duplicar los de la Intendencia de Prestadores. Este proyecto implementa progresivamente esas capacidades y comienza su ejecución seis meses después de aprobada la ley. Desde el punto de vista sanitario, fortalecer la Intendencia de Prestadores es fundamental para asegurar garantías de calidad a todas las personas, tanto en el sistema público como en el privado. Es un eslabón clave, especialmente ante la creciente actividad en establecimientos de salud y el aumento de reclamos por la calidad de la atención. Creemos que se debe asegurar una mejor garantía para esa atención. Presidente: Muy bien. Diputado Mellado. Diputado Mellado: Sí, solo para la historia de la ley —y para que la ciudadanía lo entienda—, ¿cómo va a mejorar concretamente la vida de la “señora Juanita” este proyecto? Porque la fiscalización que llegará a 11 en régimen es para fiscalizar a las instituciones, ¿cierto? Se habla de calidad, de la protección de los derechos de las personas, y de sanciones para quienes no cumplen. En lo práctico, ¿cómo explicarle que, al aprobar este proyecto, mejorará su experiencia cuando va a una Isapre o a Fonasa, si no la atendieron o si el GES no financió su prestación? Pido una explicación sencilla para saber efectivamente cómo esto mejora la vida de las y los chilenos. Presidente: Muy bien. Diputado Fuentes. Diputado Fuentes: Agradezco la información adicional, pero no están ni los grados ni la cobertura territorial, Presidente. Quiero hacer esta distinción a propósito del informe financiero: me preocupa la calidad de los informes que nos entrega el Ministerio de Hacienda; antes eran más completos y creo que debemos volver a esas buenas prácticas. ¿Por qué no están los grados de cada una de las personas señaladas aquí? Está calculado el monto en el cuadro 3, pero no sabemos los grados ni la distribución territorial que tendrá ese nuevo personal, cuestión muy relevante. Por eso me interesa conocerlo por cada una de las regiones. Eso, Presidente. Presidente: Muy bien. Se hizo la indicación comprometida en la sesión anterior.

Ministra, no sé si quiere responder a lo… Sí, gracias, presidente. Respecto al tema, este proyecto está especialmente orientado a aspectos generales de la superintendencia, como la Intendencia de Prestadores, que es la que fiscaliza, por ejemplo, la ley de derechos y deberes, entre otras materias que se le han entregado a la superintendencia a través de distintas leyes. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? Cuando creamos el GES hace 20 años, se definió que tenía cuatro garantías: oportunidad, costo, acceso y calidad. La garantía de calidad del GES se cumple de dos maneras. Una es que las instituciones prestadoras —es decir, las que entregan la atención de salud; no estamos hablando de los seguros, sino del hospital, la clínica, los consultorios de atención primaria, que ahora se están acreditando— cuenten con una acreditación de calidad. La otra es que los profesionales que atienden a los pacientes estén en un registro de prestadores, de modo que tengamos constancia de sus títulos profesionales y su especialización cuando corresponda, en un registro que tiene la superintendencia y la Intendencia de Prestadores. A ese registro, además, le hemos dado otras atribuciones, como en el tema de las licencias médicas. ¿Qué sucede hoy? La acreditación es un procedimiento en el cual se verifica que existan procesos debidamente normados, que estén escritos, que existan las normativas en los establecimientos. Esto lo realizan agencias acreditadoras, como ocurre también en educación, pero no avanza más allá hacia el proceso clínico. Con esta modernización de la Intendencia de Prestadores buscamos que se avance hacia el procedimiento clínico y que tenga la posibilidad, por ejemplo, de hacer auditorías clínicas. Ustedes, que están continuamente en terreno, probablemente han visto una serie de problemas que enfrentan las personas en la atención de salud y que generan la necesidad de hacer investigaciones, las cuales normalmente son desarrolladas por los mismos servicios de salud. A veces lo hacen porque la norma lo indica —por ejemplo, toda muerte en niños menores de un año de causa infecciosa obliga a una auditoría médica, lo mismo las muertes maternas—. Sin embargo, hay otras circunstancias en que, como Ministerio de Salud, exigimos que se haga una auditoría porque nos surgen dudas respecto de si el procedimiento clínico fue el correcto. Esto es parte del círculo de calidad en la atención médica. A través de las auditorías se aprende, en relación con un caso concreto y específico, cómo fue el proceso de atención para poder subsanar problemas. Y eso se suma a contar con la norma y con la acreditación de que el pabellón tiene su sistema de operación estandarizado. Aquí ya se observa el proceso en cada uno de los casos. Esa es la garantía para las personas: estamos avanzando un paso más allá, acercándonos a la frontera del ámbito legal cuando las personas presentan reclamos, sin entrar en lo legal. Seguimos avanzando en el círculo de calidad hacia mejores garantías institucionales, de modo que exista una institución separada de los servicios de salud —la superintendencia— que encargue directamente estos procesos de evaluación, como las auditorías clínicas. No con médicos de la superintendencia; no pretendemos que la superintendencia se llene de médicos, sino que, por ejemplo, solicite la participación de especialistas de otros servicios de salud que no sean el directamente involucrado, para tener una visión más objetiva respecto de las situaciones que ocurren en los establecimientos. Eso es. No sé si quedó suficientemente claro. Gracias. Y sobre los grados, le pediría al señor Jolquera que nos diga con qué grado se calcularon los cargos. Muy bien. Tiene la palabra don Pablo. En términos regionales, efectivamente están todos en Santiago, como se señaló. En cuanto a los grados, aquí se considera cierta flexibilidad posterior a la instalación; lo que manda son los recursos. Con todo, esto se calculó considerando, en su mayoría, grados 10 para las personas que están ahí. En algunos casos se consideró algún profesional de mayor grado, pero en general son todos grado 10, lo que da un promedio de remuneración mensual de 3.749.000. Pero, efectivamente, lo que manda y permite la instalación son los recursos financieros disponibles y, después, será la superintendencia la que podrá generar algunas variaciones en la determinación.