Cámara de Diputados - Recursos Hídricos - 28 de octubre de 2025

Se abre la sesión. Señor Secretario, dé lectura a la Cuenta. Muchas gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos: en primer lugar, un oficio del Gabinete del Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, por medio del cual se informa cuántas y cuáles localidades se abastecen de agua mediante camiones aljibe, así como cuántas licitaciones se encuentran vigentes para dicho abastecimiento. Un correo electrónico de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, mediante el cual se informa sobre la situación del APR Renacer de la comuna de Quintero. Un oficio del Jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la DGA, por medio del cual se señalan medidas de protección de los pozos de APR en Puchuncabí, indicando que ese servicio no cuenta con antecedentes que permitan evaluar la afectación a pozos de APR en sus cercanías, dado que no se dispone de la información técnica necesaria para identificar las zonas potencialmente comprometidas. Copia de un oficio del Director Nacional subrogante del SAG, en el que se reitera información relativa a la Glosa 4 de la Partida 3, Capítulo 4, Programa 8, de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2025. Asimismo, una carta de la directiva del Comité de Agua Potable Rural Renacer, mediante la cual exponen una serie de situaciones que les aquejan, relacionadas con mejoras para reforzar la red APR que abastece de agua potable a familias beneficiarias, señalando que no se encuentran en la lista de espera para acceder a este recurso. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, Secretario.

Se abre la sesión. La sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos de la tabla: en primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para establecer un estándar mínimo de reducción de aguas no facturadas (Boletín 17.872-33). En segundo lugar, que la Superintendencia de Servicios Sanitarios se refiera a las razones por las cuales se habría establecido un nuevo límite de sobreconsumo de agua potable. Se encuentran invitados el autor de la moción, diputado Víctor Pino; el superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas; y el jefe de la División de Fiscalización, don Gabriel Zamorano. Antes de comenzar, sería conveniente que el diputado Pino informara a quienes no pudieron participar sobre la sesión realizada. Gracias, presidente. El día 16 de octubre nos reunimos en Ovalle para celebrar una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos. Fue en dependencias de la cooperativa Control Pisquero, una institución con más de 100 años cuya principal actividad es la producción de uva y pisco, siendo este uno de los productos nacionales de mayor relevancia para la exportación y con denominación de origen en las regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Por qué lo hicimos allí? Porque es un lugar emblemático. Ovalle es hoy el epicentro de la crisis hídrica que afecta a nuestro país. Quisimos sesionar en un lugar simbólico, pues la falta de agua podría dejar completamente secos los valles de la Región de Coquimbo, afectando la productividad, la calidad de vida y las tradiciones de nuestra gente. Tuvimos la presencia del director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, en representación del Estado. Adicionalmente, a nivel regional, participaron el seremi del MOP, el director regional de la DOH y la directora regional de la DGA. También asistieron representantes del CORE de la región, el gobernador regional y el delegado provincial del Limarí. Abordamos todas las materias referentes a la situación hídrica que aqueja a la Región de Coquimbo. Principalmente tratamos el tema de las plantas desaladoras prometidas para la región: la que hoy está en licitación en el sector de El Panul y la que aún se encuentra en etapa de anteproyecto —una planta de emergencia comprometida por el Presidente Gabriel Boric para la provincia del Limarí—, la cual lamentablemente no presenta avances significativos. Además, revisamos la situación de algunos embalses. Los alcaldes de la provincia fueron categóricos respecto de la necesidad de contar con apoyo, ya que muchos pueblos rurales dependen de camiones aljibe y enfrentan problemas no solo de falta de agua, sino también de conectividad. Hay camiones de alto tonelaje que transportan grandes volúmenes de agua y no pueden transitar por los caminos estrechos existentes; por ello, el trabajo del MOP no solo debe enfocarse en el abastecimiento del recurso hídrico, sino también en mejorar la vialidad para que el agua pueda llegar efectivamente a la gente. A grandes rasgos, presidente, ese fue el tenor de la comisión. Estuvo presente la diputada Castillo y, en reemplazo, el diputado Zudantay y la diputada Carolina Tello, los cuatro de la Región de Coquimbo. ¿Se tomaron acuerdos específicos? Sí, los detalles podría informarlos nuestro secretario. Adoptamos alrededor de cuatro o cinco acuerdos al final de la comisión, presidente. Dejamos al secretario con bastante trabajo. Aprovechamos además de dar la bienvenida a la diputada Barqués, quien se suma a esta comisión. Sí, algunas parten y otras llegan.

Exacto, bueno, en esa sesión se acordó oficiar a la Dirección General de Aguas, que además se encontraba presente su director, para que remita a la comisión un informe detallado del estado de la solicitud de inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en todo el país, indicando el número de solicitudes presentadas y resueltas a la fecha. También se acordó oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas para que informe acerca del estado de avance del proyecto de planta desalinizadora de emergencia planificado para la Región de Coquimbo, señalando los problemas detectados y las medidas adoptadas, con el objeto de poner dicha información en conocimiento de los alcaldes de la provincia. Asimismo, oficiar a la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo y a la Unidad de Gestión del Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior para que informen respecto de la gestión y asignación de recursos destinados al funcionamiento de camiones aljibes en la Región de Coquimbo y en el país, precisando si se encuentra considerada esta provisión en la planificación presupuestaria y operativa para el año 2026. También oficiar a la Dirección de Presupuestos para que comunique a esta comisión los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Aguas, para enfrentar la crisis hídrica y el cambio climático, e informe si se han considerado rebajas presupuestarias para el año 2026, dada la relevancia de asegurar la continuidad de la gestión de estos servicios. El resto correspondía a acuerdos de funcionamiento de la sesión. Muy bien, muchas gracias, Secretario. Continuando con la orden del día, iniciamos el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.902. Su autor, diputado Pino. Gracias, Presidente. Como bien señaló recién, lo que buscamos es modificar la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el objeto de incorporar un estándar mínimo de cumplimiento de la reducción del agua no facturada. Cabe precisar que el agua no facturada es un concepto esencial en la gestión del recurso hídrico. En la mayoría de las empresas de servicios sanitarios, este volumen bordea el 32,9% a 2024 y, por lo general, ha estado entre el 31% y el 35% en los últimos diez años. Esto no corresponde solamente a las pérdidas visibles —como las filtraciones que vemos correr por la calle—, sino también al agua utilizada por bomberos, al consumo ilegal (por ejemplo, en campamentos), a robos de agua, bypass, robos y manipulación de medidores; en definitiva, agua no contabilizada por los sistemas de registro. El sistema arroja entonces cerca de un 32,9% o 33%, lo que resulta particularmente llamativo porque, si atendemos a la información que entregan las sanitarias en la prensa, en fechas relevantes se nos insta a cuidar el agua: racionar, duchas más breves, no regar en ciertas horas, etcétera. Sin embargo, las propias sanitarias no siempre predican con el ejemplo. Entendemos que hay gestión de por medio y que todo negocio debe generar utilidades, pero también observamos que no siempre se cumple al 100% con los programas de inversiones que las sanitarias deben ejecutar. Así se desprende de los informes que la Superintendencia entrega año a año, donde figuran los porcentajes de cumplimiento de dichos programas, y en algunos casos no todas resultan satisfactorias. Una gestión inadecuada del agua no facturada tiene repercusiones serias tanto para las empresas sanitarias como para los usuarios. En primer lugar, reduce la rentabilidad de la empresa al disminuir la cantidad de agua por la que se recibe pago, lo que puede limitar su capacidad para invertir en mejoras y mantenimiento de la infraestructura. Y, más importante aún, el agua que se distribuye pero no se factura representa un uso ineficiente de un recurso cada vez más escaso, poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental y la equidad en el acceso al agua potable.

Señor Presidente, quisiera destacar la importancia de que las empresas prestadoras de servicios sanitarios implementen estrategias integrales que incluyan la modernización de la infraestructura y la mejora de los sistemas de medición. Me detendré especialmente en la modernización de la infraestructura. Existen muchos kilómetros de redes en todas las ciudades del país que aún son antiguas. Si bien se han realizado esfuerzos por parte de numerosas empresas sanitarias para actualizar estas redes de agua, las condiciones en que se han construido las ciudades dificultan muchas veces el acceso para ejecutar dichas obras. Eso se entiende, pero también debe haber un esfuerzo mayor para lograr el recambio de infraestructuras con 50 o 60 años de antigüedad, cuyos materiales generan, a la larga, un deterioro no solo de la continuidad del servicio, sino también de la calidad del agua. Me refiero a cañerías de hierro galvanizado, hierro fundido y de Rocalit (asbesto-cemento), entre otras, que dañan la salud de las personas, según estudios existentes desde hace bastante tiempo. Todos esos antecedentes se encuentran en los informes de gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que cada año, aproximadamente entre junio y julio, publica la información del período anterior. Asimismo, la mejora de los sistemas de medición y la detección y corrección de fugas son fundamentales. Además, es esencial llevar a cabo campañas de concientización para fomentar el uso responsable del agua entre los usuarios. Sin embargo, estimo que, hoy, las empresas sanitarias se destacan más por esas campañas que por inversiones concretas que mejoren efectivamente el servicio y den respuesta real a las necesidades de la ciudadanía. Quiero ejemplificar. Hace tres semanas publiqué en mis redes sociales un video que mostraba una fuga en el arranque de una vivienda en el sector de Las Compañías. El agua había corrido durante ocho días; el pavimento del pasaje, que no es de concreto, ya se había roto y se había formado un surco. El agua corría por ocho cuadras. La dueña de casa me señalaba que había llamado reiteradamente a la empresa y nadie acudía a reparar. Tras publicar ese video, recibí más de quince reclamos en mis redes sociales relatando situaciones similares: en la parte alta, en Punta Mira, en Coquimbo, en otros sectores de Las Compañías, en Tierras Blancas, etcétera. En definitiva, hay una necesidad evidente de la ciudadanía. Lo importante es visibilizar el problema y, en la medida de lo posible, gestionar soluciones. Cuando pensamos en este proyecto, justamente buscamos generar una instancia de ayuda. Hace un par de semanas recibimos al superintendente de Servicios Sanitarios en la Comisión de Economía, y nos señaló que no existían herramientas para fiscalizar a las sanitarias en esta materia. Este proyecto de ley que hemos presentado manifiesta la clara intención de dotar al país de un marco que permita avanzar en esa fiscalización y apoyar a las sanitarias para mejorar sus indicadores. En el marco de un avance de carácter voluntario, corresponde destacar que, en julio de 2024, con el objeto de reducir a un máximo de 25% el agua no facturada, las empresas sanitarias chilenas se comprometieron con la Superintendencia de Servicios Sanitarios a adoptar las medidas necesarias para dicho cumplimiento. La primera etapa del compromiso busca nivelar, en primer término, a las empresas que hoy presentan las mayores pérdidas en sus redes, de modo que ningún sistema de agua potable urbana supere el 40% de agua no facturada. Cabe hacer una salvedad: existen casos como SMAPA —los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú—, que registra más del 50% de pérdidas y depende de la Municipalidad de Maipú. El primer paso, entonces, es que las empresas que superan el 40% reduzcan ese indicador a 2033, y luego disminuir en un 12% los índices actuales de agua no facturada en sistemas priorizados, conforme al convenio con la Superintendencia. Junto con ello, se estableció una meta intermedia de 29% de promedio nacional para el año 2033. Hoy estamos en 32,9% al año 2024. Es decir, en ocho años se propone bajar apenas cerca de cuatro puntos porcentuales, lo que a todas luces parece insuficiente frente a la magnitud del problema.

Con un margen bastante alto, del 29%. Ahora, a pesar de tratarse de acuerdos voluntarios positivos y dignos de destacar, estos por sí solos son insuficientes. En nuestro país podemos señalar que existe un ranking de las aguas no facturadas de las principales empresas, en el cual se mantienen las que presentan el mayor porcentaje de agua no facturada, siendo Esmapa, como la mencionamos recién, y Aguas Chacabuco; y ocurre lo mismo con las que presentan el menor nivel de agua no facturada, como Copagua y Santiago Poniente. Cabe decir que hay algunas empresas, me imagino de menor tamaño, que tienen un 6,5%, un 9,1%, un 15,1%, un 14,1%. Esto no se mide en metros cúbicos; tengo entendido que se mide a nivel porcentual, ¿cierto? Esmapa tiene una gran cantidad de clientes; es Maipú la comuna que representa a esta empresa sanitaria. Me imagino que Aguas Chacabuco o Aguas Santiago Poniente deben tener una menor cantidad de clientes. Entonces, ese 6,5% que ellas tienen obviamente ayuda a nivelar el 50% que tiene Esmapa, pero la cantidad de litros de agua no facturada de Esmapa es mucho, mucho mayor que la de las que hoy día tienen menos porcentaje de agua no facturada. Adicionalmente, en el año 2021 medios nacionales informaban que la industria sanitaria se encontraba al debe, debido a que un tercio del agua que se producía se perdía. Eso, desde el año 2021, no ha cambiado absolutamente nada. Se mantiene, como bien dijimos, en los últimos 10 años entre el 30% y el 35% de pérdida en promedio. La problemática de las aguas no facturadas y su directa vinculación con la profundización de la crisis hídrica que estamos viviendo en varias regiones de nuestro país es ineludible. La reducción de las pérdidas por concepto de agua no facturada es un elemento clave para prevenir la crisis hídrica en un país que enfrenta crecientes desafíos en la gestión de sus recursos. La escasez de agua, agravada por el cambio climático y el aumento de la demanda, ha puesto de manifiesto la urgencia de optimizar cada gota que se distribuye y se produce. El control y la reducción del agua no facturada son fundamentales para mejorar la gestión del recurso hídrico en Chile, especialmente en un contexto donde cada vez es más difícil satisfacer las demandas de agua potable. Al minimizar estas pérdidas se puede asegurar una mayor disponibilidad de agua para las comunidades y los sectores productivos, reduciendo la presión sobre las fuentes y contribuyendo a una distribución más equitativa y sostenible, lo cual es especialmente importante en la región de Coquimbo, a la cual yo represento, al ser afectada directamente por la sequía, donde el agua es un recurso limitado y vital. Cuando hablamos de mejorar la gestión del recurso hídrico en Chile lo hacemos en todo contexto: tanto al tecnificar el riego de los agricultores, como en la gestión que tenga la DGA, o la DOH cuando le toca construir alguna obra en beneficio de los APR. Todo va de la mano y todo debe avanzar, en su justa medida, de la misma forma. Ahora, se nos pide a nosotros, como clientes, que cuidemos el agua; y hoy día creo que lo importante también es que todos podamos dar el ejemplo y que las empresas sanitarias den el paso, y que no solo se trate de un convenio o un acuerdo con la Superintendencia, sino que la Superintendencia cuente con herramientas reales, porque si ese acuerdo no se cumple, pueda fiscalizar a las empresas y hacerles cumplir su palabra. Creo que hoy es fundamental dar señales claras en torno a la crisis hídrica. Los diagnósticos son sumamente claros: no va a haber agua en el futuro; de aquí al 2050 Chile se encontrará bastante complicado en materia hídrica. Por lo tanto, hoy, al finalizar el año 2025, debemos también pensar en cómo ayudar a las empresas sanitarias a mejorar su gestión y a realizar, con mayor eficacia y mayor esfuerzo, todos los ajustes necesarios para avanzar en medidas que mitiguen sus efectos. Como proyecto de ley, ¿qué planteamos? Primero, el proyecto señala que, en el artículo 11, se agregan los siguientes incisos penúltimo y final nuevos, que establecen: los prestadores de servicios sanitarios deberán asegurar que, al término de cada año calendario, el resultado de su informe de gestión sobre aguas no facturadas, entendiendo por tales aquellas que representan la diferencia entre el agua producida y el volumen facturado, incluyendo el volumen de pérdidas físicas de agua en la infraestructura, pérdidas aparentes, consumos lícitos de campamentos no registrados y otros usos de agua no facturada, sea inferior al 20% del total del agua producida. Sin perjuicio de las sanciones establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, el incumplimiento del porcentaje señalado en el inciso presente sobre el agua no facturada por los prestadores de servicios sanitarios será sancionado con multa a beneficio fiscal de 2.000 unidades tributarias anuales. Cabe hacer una salvedad: hoy, cuando se realiza cualquier modificación, incluso en el tema de las tarifas, existe una empresa modelo que establece que las pérdidas de una sanitaria deben estar en torno al 15%.

…lo que se toma como parámetro internacional, creo. Entonces, en esa medida, hoy día estamos proponiendo un 20% al año, pero con algunas disposiciones transitorias. Por ejemplo, que, al momento de publicarse esta ley, los prestadores de servicios sanitarios cuyo funcionamiento se haya iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2025, por el lapso de 10 años contados desde la publicación de esta ley, se beneficien de manera progresiva con la exclusión del pago de la multa en los siguientes casos: - Para prestadores de servicios sanitarios que se encuentren sobre un 40% de generación de agua no facturada al término de cada ejercicio anual, si logran una reducción anual de 2,5% del agua no facturada respecto del año calendario anterior, no será efectiva la multa señalada en el inciso final del artículo 11 de la Ley N° 18.902. - Para prestadores que estén sobre un 30% de agua no facturada al término del ejercicio, la meta de reducción anual es de 1,5%. Si la alcanzan, no se aplicará la multa. - Para prestadores que, desde el cuarto año en adelante de la entrada en vigencia de esta ley, se encuentren sobre un 20% de agua no facturada al término del ejercicio, si logran una reducción anual de 1% —en el tramo entre 20% y 30%—, tampoco deberán pagar la multa dentro de este plazo de 10 años. Presidente, esto podemos mejorarlo en la discusión de la comisión, con las intervenciones que a futuro pueda tener el Superintendente; ANDESS, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios; y otros actores relevantes que las parlamentarias y los parlamentarios quieran invitar. Creo que es imprescindible dar esta discusión. Es impensado seguir viendo cómo el agua corre por las calles de Chile en plena crisis hídrica, y que nadie se haga responsable por esas pérdidas. He dicho, Presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Pino. Agradecemos su detallada presentación. Esperamos tener una buena discusión de este proyecto. ¿Nos acompaña el Superintendente? El Superintendente tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente, y saludo a toda la comisión… Ah, sí, usted viene en el segundo punto; me adelanté. Diputada Cordero, tiene la palabra. En primer lugar, aquí se retrata el doble discurso de la psicopatología del pueblo chileno: “aguas no facturadas”. Yo cambiaría ese eufemismo ridículo y mentiroso por “aguas que se pierden”. Eso, señor Presidente: que se pierden, para que la gente entienda que se pierde agua. Porque yo me pregunto, como dueña de casa y por lo que veía con mi mamita, que era campesina: cuando se rompía una cañería, tomaba un paño de cocina, hacía un amarre y disminuía bastante el agua “no facturada”, señor Presidente. Muy bien. La diputada Bello, por si quiere pedir la palabra… No. Diputado Venegas. Y después, la diputada Barchiesi. Tengo una pregunta: me gustaría saber si el porcentaje de aguas no facturadas pasa íntegramente a la cuenta de los consumidores o hay algún sistema de amortización. Diputado Pino… Diputado Venegas. Me parece un proyecto muy interesante, porque viene a abordar un tema que, de verdad, es de los más graves en el ámbito del agua potable. Fue una de las primeras materias que vimos en esta comisión: la cantidad de pérdidas que tienen las sanitarias. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de la factibilidad del proyecto de ley, entendiendo que existe un proyecto de modificación tarifaria donde va a aumentar el precio del agua.

…en un 3,4 por ciento, además de bajar el umbral de sobreconsumo de 40 a 30 metros cúbicos. Y la argumentación fundamental que existe para subir nuevamente el precio del agua a las familias chilenas es la escasez hídrica. Entonces, ahí es donde me resulta absolutamente contradictorio y paradójico el hecho de que aquellos que van a subir el agua —y a quienes se les está autorizando aumentar el precio— sean quienes no son capaces de invertir en la infraestructura, de manera tal que pierden una cantidad de agua en un contexto de escasez, teniendo precisamente como argumento la escasez del agua para subir el precio. Me gustaría saber cómo va ese tema, superintendente, y qué se puede hacer también mientras se aprueba este proyecto de ley para mitigar esta situación o, a lo menos, suspender este aumento de la tarifa a propósito de este tema. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, diputado Venegas. Diputada Bello. Muchas gracias, Presidente. Saludarles a todos, en particular al diputado Pino por este proyecto, que vamos a leer con mucho juicio. A priori me parece interesante. Como en Villa Alemana y, sobre todo, en Quilpué, hay en algunos lugares agua corriendo todo el día, sabiendo que la empresa sanitaria tiene derechos casi a perpetuidad. Lo que dice el diputado Venegas tiene mucha razón: nos está diciendo la empresa sanitaria ESVAL que, por escasez hídrica, van a subir las tarifas cuando ellos tienen asegurados sus derechos de agua a perpetuidad en este país. De hecho, el Embalse Los Aromos también tiene que ver con eso, y bien lo sabemos con el diputado Venegas: todo lo que significó para los agricultores de la Primera Sección y la Segunda Sección poder llevar y reconducir el agua al Embalse Los Aromos, para que no solo el distrito sino toda esta región tenga el recurso hídrico vital. Ojalá podamos estar pronto tramitando este proyecto de ley, pero sobre todo también conversando con la sanitaria, porque hemos hablado de las APR y las APR tienen otro sistema que es mucho más eficiente: no pierden el agua, la devuelven a las napas. Ahí tenemos otro modelo de gestión del agua, basado en la naturaleza y comunitario, que me parece mucho más interesante que la privatización de un recurso vital como es el agua. Muy bien, diputada Bello. No hay más preguntas ni consultas. Le pediríamos al superintendente, no sé si alcanzó a ver las preguntas de la diputada Barchiesi y del diputado Venegas, que nos ayude también a ir respondiendo. Sí, quedo a disposición, porque hay una respuesta para las inquietudes que han planteado. Lo primero, si me lo permite, diputado, y a partir de la pregunta de la diputada Barchiesi, es aclarar que el costo económico de toda el agua que se pierde lo asumen las empresas sanitarias, no la ciudadanía. Es decir, no hay un costo económico por este derroche de agua que deba asumir la ciudadanía. Efectivamente, en el modelo tarifario, en lo que uno paga a las empresas sanitarias, se considera que puede haber pérdidas de hasta un 20 por ciento. Como lo decía el diputado Pino, es entre un 15 y un 20 por ciento, dependiendo del origen del agua; y toda aquella agua por sobre ese 20 por ciento la deben asumir las empresas sanitarias. Por lo tanto, para que ustedes se queden tranquilos, económicamente ninguna persona en el país está asumiendo este sobrecosto por el agua que se pierde. Nosotros tenemos, en el sector sanitario chileno, un estándar de nivel mundial. Nos comparamos con países del primer mundo; ahora bien, en esos países los niveles de pérdida son más bajos que los nuestros. Si nos comparáramos con nuestros vecinos, la verdad es que ellos nos miran con bastante envidia, porque no tienen 33 por ciento de pérdida: tienen entre 50 y hasta 70 por ciento de pérdidas. Por lo tanto, el juicio depende del prisma con que se mire. Segundo, respecto de la…

Respecto del comentario y pregunta del diputado Venegas: en la región de Valparaíso no sube 3,4; sube 4,3. Es al revés, un poco más de lo que usted señalaba. Y ojo: estamos en un escenario de escasez hídrica extrema. Las alzas tarifarias no están asociadas a las pérdidas; como ya indiqué, las pérdidas no las paga la ciudadanía. Los incrementos que ha habido en ESVAL y en Aguas Andinas obedecen a un contexto país de extrema escasez hídrica y a un alza sostenida de los costos de construcción. La empresa modelo se tarifica cada cinco años; en ese período debemos estudiar nuevamente los costos. Se han debido realizar inversiones por la escasez hídrica y, lamentablemente, el aumento de los costos de la construcción ha encarecido la infraestructura. Por eso, cada cinco años se revisan los costos para que el valor económico de la tarifa permita a las empresas sanitarias solventar lo requerido para operar. Insisto: el alza tarifaria no tiene que ver con las pérdidas; estas pueden incluso ser más bajas y la tarifa seguirá siendo la misma, porque no se traspasan a la ciudadanía. El alza tarifaria obedece a otras razones. Respecto de los derechos en perpetuidad que señala la diputada Bello: dentro de la tarifa, para que se haga una idea, si la tarifa fuera 100, un porcentaje muy bajo —en torno al 2%— corresponde al costo del agua, es decir, al derecho de aprovechamiento; el 98% restante se relaciona con infraestructura y otros costos. Ese 2% puede ser algo mayor o menor según la zona del país, porque el agua puede ser más cara o más barata. Ese título —el derecho de agua— se transa en el mercado; en la zona central es más caro por la mayor escasez, y por lo tanto ese 2% puede ser un poco más. La empresa modelo también debe valorizar esa agua, porque cualquier empresa modelo que compita con la empresa real y que deba instalarse en la región de Valparaíso tendrá que adquirir ese mismo derecho; ese es el costo del agua que se reconoce en la tarifa, pero es bastante bajo respecto del total, no más de un 2 o 3%, como señalé, dependiendo de la zona del país. En cuanto a los APR, recordar que su tarifa es muchísimo más baja que la de las empresas sanitarias, básicamente porque la inversión que los financia la realiza el Estado. Volviendo al sector urbano: de los 100 que se pagan en la tarifa, entre un 60% y un 70% corresponde a inversión. Ese 60%-70% los APR no lo deben cubrir, porque el Estado financia su infraestructura. No es “más o menos”; es así. Algunas reposiciones de equipamiento básico —por ejemplo, si se rompe un tramo de cañería— sí las pueden financiar los APR, pero la ley de APR establece que la inversión la hace el Estado. Por ello, su tarifa es más baja; sin embargo, justamente se dictó esta ley porque muchos APR son más precarios y presentan alta vulnerabilidad. En algunos casos no tienen continuidad de servicio: se les corta el agua ciertas horas del día o incluso por largos periodos, debiendo abastecerse con camiones aljibe; algo distinto a lo que ocurre en el sector urbano, donde eso no sucede hasta el día de hoy. Son, por tanto, modelos y sistemas muy distintos; no son plenamente comparables. Eso respecto de las preguntas, Presidente. Quisiera, además, plantear una consulta y luego doy la palabra a la diputada: algo bien doméstico. Hace poco más de un año sufrí el robo del medidor de agua en mi casa y el agua quedó corriendo gran parte del día. ¿Qué tan habitual es el robo de medidores? ¿Está siendo una constante? ¿Y qué se está haciendo al respecto?

Presidente: Juntemos todas las preguntas: diputada Bello, diputada Barchiesi y diputado Pino. Diputada Bello. Diputada Bello: Me parece que, en la práctica, los usuarios de la región de Valparaíso, que somos usuarios de ESVAL —exceptuando La Ligua, con la Sanitaria San Isidro, que ya sabemos tuvo muchos problemas; estuvimos en una comisión investigadora con usted, con un debate muy polémico—, ahí había un modelo de negocio privado negligente, que hoy tiene sanciones y que además deberá invertir más. Eso lo sabemos; nos conocemos hace un tiempo. Pero me parece un eufemismo decirle a la ciudadanía que, por más que no se pague el agua —según lo que pregunta la diputada Barchiesi—, ese costo, aunque no salga de nuestro bolsillo en la boleta, finalmente sí lo pagan las personas cuando el agua corre y sigue corriendo. Más allá de lo monetario, seguimos dañando la columna vertebral de nuestra región, el río Aconcagua, porque, insisto, las sanitarias tienen derechos de agua a perpetuidad y, mientras dejan correr el agua, aunque no nos cobren, lo que hacen es secar nuestro territorio, donde vivimos muchas personas, en comunas como San Felipe, Los Andes, San Esteban, Putaendo, etcétera. Solo quiero señalar que estoy en desacuerdo con lo que nos plantea el superintendente. No es un diálogo, sino una afirmación. Diputada Barchiesi: A raíz de su pregunta, presidente, hace un par de semanas estuve en Villa Dulce, uno de los sectores afectados por el megaincendio; de hecho, no es de mi distrito, pero los vecinos me invitaron y los acompañé. Mientras estábamos en una reunión sobre reconstrucción, avisaron por el WhatsApp de los vecinos que se habían robado un medidor a una familia a la que se le había quemado la casa y que, con mucho esfuerzo, está reconstruyendo. Les robaron el medidor en ese momento. Avisé a ESVAL para que pudiera ir a solucionar el problema lo antes posible, pero, dada su pregunta, quería plantearlo también en esta mesa como un problema de seguridad. Sé que no hay Varios, pero me gustaría pedir un oficio en materias de seguridad para las zonas afectadas por el megaincendio, ya que salió el tema, si a usted le parece, presidente. Presidente: Si no le complica, le damos un espacio al final, porque llegaron otros parlamentarios. Si hay más temas en Varios, los vemos al final de la sesión, ¿sí? ¿Quién continúa? Diputado Venegas y luego el diputado Pino. Diputado Venegas: Le tengo harta estima al superintendente, pero no me conforma su respuesta, se lo digo con el mayor de los respetos, porque la Superintendencia tiene que velar para que se cumpla, como corresponde, un rol de servicio público respecto de un recurso fundamental, que es un derecho humano. No me conforma que haya países que tengan pérdidas del 50%. No considero que sea una respuesta apropiada. Yo quiero que aquí no haya pérdidas, y para que no las haya, las empresas deben invertir en infraestructura. En la boleta del agua se señala lo que se paga por infraestructura. Entonces, debemos ser mucho más rigurosos y exigentes respecto del cumplimiento de las normas en ese sentido. Porque usted señala que, claro, los cobros de lo no facturado… Yo creo que sí impactan; ¿cuál es el argumento que está primando precisamente en materia de agua? La escasez hídrica. Y si hay escasez es, en muchos aspectos, porque falta agua, pero también porque se está perdiendo agua por la no construcción, muchas veces, de infraestructura. Y en eso quiero ser muy claro. En Rinconada de Los Andes se han producido más de siete roturas en los últimos dos meses. El agua corre por las calles; no solo eso, sino que incluso —permiso— ha inundado a emprendedores y a supermercados. Incluso el director regional de la Superintendencia fue a esa zona a velar por esta situación. Entonces, siento que las empresas sanitarias no están invirtiendo de acuerdo a lo que ganan. Eso significa que hay pérdida de agua, y si hay pérdida de agua, hay escasez; y, por lo tanto, después, como hay escasez, se sube la tarifa. Me resulta sumamente paradójico. En la provincia de Los Andes, ESVAL, hace aproximadamente dos años —y estuvimos juntos cuando hubo un colapso producto de los temporales—, se obligó, se autoimpuso la obligación de, en octubre del año 2024, tener...