En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Señor Secretario, dé lectura a la Cuenta.
Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos:
- El diputado Henry Leal reemplaza al diputado Gastón Fomila en esta sesión.
- Oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley Nº 19.132, que crea la Empresa Televisión Nacional de Chile.
- Oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, por el cual se retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público; el que establece la eliminación de los cobros que realizan las Isapres a las mujeres por concepto de fertilidad; y el que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica.
- Oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, por el cual se retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que moderniza la regulación del lobby y la gestión de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
- Oficio Nº 2889 de la IBES, en respuesta al Oficio Nº 1908 de esta Comisión, mediante el cual se hace presente, en el contexto de la construcción de la Tesorería Provincial de San Antonio, así como en comunas similares, la escasa oferta inmobiliaria existente en esas zonas, lo que dificulta la postulación de diversos oferentes en los procesos de licitación, afectando el pronto y necesario avance que requiere la materialización del edificio. Al respecto, se informa que esta Dirección acusa recibo de la información indicada; sin perjuicio de ello, se remite su presentación, por este acto, a la Tesorería General de la República para su conocimiento y gestiones pertinentes.
- Oficio Nº 2058 del Servicio de Impuestos Internos, en respuesta al Oficio Nº 1795 de esta Comisión, que solicitaba lo siguiente: a) adoptar las medidas necesarias tendientes a extender el plazo de reclamación contra la resolución que dispuso un alza en el avalúo fiscal de bienes raíces; y b) la realización de capacitaciones a nivel nacional sobre la aplicación de la nueva legislación tributaria aplicable a las ferias libres.
- Oficio Nº 2303 del Ministerio de Hacienda, en respuesta al Oficio Nº 1923 de esta Comisión, respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, que solicitaba, para mejor resolver, informar si consideran que el proyecto de moción tiene o no incidencia en la administración financiera o presupuestaria del Estado. En relación con la consulta, se informa que la labor del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, se circunscribe, en este ámbito, a emitir informes financieros acerca de los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo. Por el contrario, excede el ámbito de las competencias de este Ministerio pronunciarse sobre la incidencia de una moción en la administración financiera o presupuestaria del Estado. En virtud de lo anterior, este Ministerio se encuentra impedido de emitir un pronunciamiento como el solicitado, debido a que el proyecto de ley en cuestión no es de iniciativa del Ejecutivo ni se encuentra patrocinado por éste.
- Oficio Nº 712 de Corfo, en respuesta al Oficio Nº 1926 de esta Comisión, que solicitaba información respecto del estado de avance del Facility de Hidrógeno Verde en Chile. Se informa lo siguiente: con cargo a los fondos del préstamo del Banco Mundial, se suscribió un convenio de colaboración y transferencia de recursos entre Corfo y el Banco del Estado de Chile, aprobado por resolución afecta Nº 106 de 2024 de esta corporación, de la que se adjunta copia. Al respecto, durante el año 2024, Corfo realizó un anticipo de recursos a dicho banco por 415 millones.
Para financiar la contratación del equipo de soporte a la implementación para las finalidades señaladas en el convenio. A la fecha, ya se encuentran contratados el líder del equipo ESI y el proceso de contratación del resto del equipo está en curso; se espera que finalice en diciembre del presente año.
Oficio N° 73 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en respuesta al oficio N° 1848 de esta comisión, que solicitaba adoptar medidas tendientes a reanudar la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil, actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Al respecto, se informa que se valorará reanudar la tramitación legislativa del proyecto antes individualizado, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Enseguida, solicitud de audiencia de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, para manifestar que el Estado de Chile no ha cumplido por 12 años el compromiso de una subvención anual a esta institución, lo que ha debilitado su accionar. Señalan que son más de 1.600 millones de pesos los no aportados en todo este tiempo y que, por diversos canales del Estado, han solicitado incluir en el Presupuesto 2026 una glosa de 330 millones de pesos para esta institución; esto es, 6.000 pesos anuales por cada uno de sus miembros.
Carta del Sindicato Nacional del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), que solicita se discuta y rechace, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión Mixta de Presupuestos, lo relativo a la partida de INDAP y glosas vinculadas a PRODESAL, PDTI y PADIS en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, mientras no ocurra el cierre de los pilotos bajo el Código del Trabajo y no se implemente una propuesta gradual de traspaso a la planta de INDAP de los extensionistas de estos programas, con a) logística municipal, o b) inversión presupuestaria en la infraestructura y equipamiento necesarios.
Solicitud de audiencia de los dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios Profesionales de la Dirección del Trabajo y de la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, APU y ANFUCH, para exponer la situación en que se encuentra el servicio y las funciones y tareas que se proyecta deberán cumplir el próximo año, en un contexto en que muy probablemente no se asignarán nuevos recursos, o estos disminuirán producto de la falta de actualización de los valores económicos, como asimismo frente a una errónea política de limitar el reemplazo de los funcionarios que dejan el servicio por diversas razones, con lo que de hecho se rebajará el número de funcionarios con que contará la Dirección del Trabajo para cumplir sus diversas tareas, lo que es contradictorio con la enorme carga de trabajo que tiene el servicio.
Enseguida, carta de FORGE Derechos y Cuidados, en la cual exponen que, por la reciente crisis tarifaria eléctrica y la falta de mecanismos de control entre las instituciones públicas involucradas, quedan atentos a cualquier instancia de sesión que se estime pertinente para profundizar en este tema.
Correo de don Mario Sánchez González, quien adjunta una carta solicitando no cerrar el programa Más Adultos Mayores que el Ministerio de Salud implementa a través de los municipios del país. Argumenta que, en el Presupuesto de la Nación para el año 2026, su mantención no representa un gran desembolso para el erario nacional, por lo que resulta incomprensible que la autoridad de salud pretenda realizar recortes al presupuesto social eliminando un programa tan valorado y beneficioso.
Oficio N° 104 del Servicio de Impuestos Internos, respecto de la Glosa N° 9, relativa a peluquerías y barberías.
Comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, en virtud de la cual remite el Boletín N° 7, Informe de Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional, sobre la necesidad de contar con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, agregada y regional, incorporando análisis de indicadores relevantes de empleo, IMACEC, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico.
Enseguida, un conjunto de 18 oficios remitidos en virtud de la obligación de informar establecida en la Ley de Presupuestos del Sector Público, los que están a disposición de las diputadas y los diputados.
Eso es todo, Presidenta.
Muy bien. ¿Algo sobre la Cuenta?
Sí, gracias, Presidenta. A todas y todos los presentes: no sé si escuché bien lo relativo al tema eléctrico. Me gustaría solicitar un punto, Presidenta, dado los tiempos, si vamos a alcanzar o no, dado que hay acusaciones...
Asuntos institucionales de los que, me imagino, se dará cuenta en la Sala. Hay un tema que quiero advertir y que tiene que ver con el hecho conocido en todo el país: el doble cobro y los efectos económicos que esto genera, no solo para las familias, sino también por el IVA involucrado. Por ahí me señalaban cifras del orden de 95 mil millones por estos cobros indebidos. No sé si los colegas están en disposición de que analicemos este tema.
Mire, una cosa es este tema y otro efecto, mucho más negativo para las personas, tiene que ver con lo que dijo el subsecretario de Economía: aseguró que no iba a haber un cobro adicional, pero curiosamente esto se relaciona con un decreto que ya debió haber estado firmado y no se firmó, no se va a firmar en este gobierno y se pretende traspasar la responsabilidad a la futura administración, la que fuere. Entonces, los costos de la energía eléctrica podrían encarecerse entre un 10 y un 15 por ciento adicional.
Voy a poner el caso de la región de Magallanes que represento: el Estado mantiene una deuda relevante con la empresa distribuidora. Si el gobierno decide no firmar el decreto, se devengan intereses, y esos intereses van a engrosar las cuentas de junio-julio, que es cuando nuevamente habrá que firmar el decreto, que, entiendo, correspondía en enero. De no actualizarse el congelamiento de las tarifas, en el invierno de 2026 habrá alzas desmedidas que podrían generar un problema social en el país, que ya debemos comenzar a advertir y considerar.
Me gustaría que podamos ver este tema; hay propuestas para no quedarnos solo en la crítica y, más allá de si hay o no acusaciones constitucionales, al menos este segundo punto sería importante revisarlo porque tiene efectos muy significativos en la economía y en todo lo que uno entiende por el encadenamiento económico del aumento que se generará debido a la no firma de este decreto, que estaba listo y que otra administración tendrá que reconocer, con todos los efectos que ello implica, Presidenta.
¿Propone invitar a alguien o no? Al Ministro de Economía, al Ministro de Energía, para que lo hagan.
Presidenta, sí. Yo concuerdo en que es de la máxima gravedad el letargo de este gobierno en las acciones que correspondía realizar y que no se van a hacer. Hace un año la Comisión Nacional de Energía conocía este tema y todavía está licitando a los asesores que van a hacer la auditoría para saber cuánta plata hay que devolver. Esa es la forma como está actuando gente que ganaba 15, 16 millones de pesos mensuales en su puesto.
Mire, yo concuerdo con que podemos tratar este tema, pero fíjese que hay una comisión investigadora en curso y creo que eso va a destapar mucha ineficiencia. Con todo, en lo que dice el diputado Bianchi concuerdo: tenemos que forzar al gobierno a que haga algo. Si todavía le quedan cuatro meses de gestión —bueno, con las vacaciones de febrero— serían noviembre, diciembre y enero; que trabaje, que genere y que apriete a quien deba ser para que se firme en pos de la gente que lo necesita. Eso sí podemos hacerlo como comisión: presionar al gobierno para que trabaje y haga lo que tiene que hacer, porque si no, efectivamente, lo que dice el diputado Bianchi va a quedar para el próximo gobierno. Y así como está descalzado el presupuesto, va a haber temas que son realmente vitales para la gente, va a haber rebajas donde no debiera y aumentos que van a apretar la caja y a los chilenos en general.
Así que concuerdo con que hagamos una sesión especial, pero que quienes vengan —los ministros, los directores de la empresa, etcétera— traigan soluciones, Presidenta; que no vengan a exponer sin una solución y un camino claro, porque si no, esto va a ser un baile de máscaras. Gracias.
¿Algo sobre la tabla? ¿No? ¿Varios? ¿No? Ya. Bueno, vamos a buscar una fecha para esa sesión. También nos pidieron audiencia trabajadores de la Dirección del Trabajo, que me imagino debe ser en relación al reajuste del sector público.
También vamos a buscar una sesión para poder escucharlo debidamente. Sobre la Cuenta, lo último: también salió algo respecto de las agrupaciones de Scouts. ¿Sí, secretario? Mire, hay una petición del orden de los 300 millones; creo que el per cápita debe ser como 6.000 pesos por cada niña o niño que participa en todo el país. En las últimas leyes de Presupuestos se le quitó el ítem que tenía una institución como esta, la de los Scouts. Hace 12 años, dice. Doce años, mire. Yo quiero pedir la unanimidad, en lo posible, o que como comisión podamos oficiar, en base a esta petición de la agrupación de Scouts, al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y a DIPRES, para que considere, presidente, esta solicitud que es del todo razonable, más allá de las estrecheces que tengamos. ¿Les parece, Eduardo? Muy bien.
Entonces, vamos a buscar también la sesión para invitar a los trabajadores de la Dirección del Trabajo. Y nos llegó un oficio: no sé si recuerdan que en algún momento pasó por esta comisión la moción del postnatal de un año. Nosotros lo despachamos con un oficio a la Sala, claro, porque no tenía informe financiero. La Sala lo devolvió para pedir informe financiero al Ministerio de Hacienda, y nos acaban de responder que ellos no hacen informe financiero a no ser que sea un mensaje del Ejecutivo. Propongo que lo mandemos de vuelta en esos términos, como se hizo en otras comisiones, porque en ellas tampoco se vio. No somos la comisión técnica; faltaba el informe financiero, y no lo tiene. Nosotros oficiamos al Ministerio de Hacienda para que nos entregara ese informe y nos dicen que no lo hacen porque es una moción parlamentaria. Lo mismo sucedió en otra comisión; entonces lo mandaron para acá, no sé por qué. Les propongo que lo devolvamos en la misma circunstancia, adjuntando el oficio en que Hacienda señala que no habrá informe financiero.
Diputado: Propongo que la respuesta sea que no tiene artículos de competencia de Hacienda; no es que implique gasto fiscal, el tema es distinto. Pero es una moción parlamentaria. No tiene patrocinio. No tiene constitucionalidad; ese es el problema. Pero la admisibilidad se aprobó en la Sala, no nosotros.
Perdón, presidente, a mayor abundamiento: ¿acá la declaramos inadmisible? No. La inadmisibilidad corresponde a la Sala. Además, no somos la comisión técnica. A nosotros nos correspondía revisar la parte financiera y, como no venía acompañada de informe, lo devolvimos así. La Sala lo devolvió porque quería informe financiero. Se lo pedimos al Ministerio de Hacienda mediante oficio desde esta comisión y nos responden que no lo realizan. Lo mismo pasó en la Comisión de Trabajo, parece.
Presidente: Entonces, les propongo que la devolvamos con esta respuesta del Ministerio de Hacienda. Solo hacer una reflexión: esto pasa cuando se presentan proyectos que son inadmisibles; efectivamente provocan estos problemas. Yo comparto incluso el fin del proyecto, pero no tenía admisibilidad y somos nosotros mismos, más allá de cómo se haya votado, los que enfrentamos que hoy no puede tener informe financiero porque precisamente no tiene patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que usted está señalando. Nada más.
¿Le parece entonces, secretario? Lo devolvemos ahora con el oficio que nos envió el Ministerio de Hacienda. Muy bien.
Estamos entonces. Pasamos a la tabla, que tiene por objeto recibir al presidente del directorio y al gerente de finanzas de TVN, en relación con el proyecto de ley que modifica la ley 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile, Boletín 14.832-24, con urgencia calificada de suma. Están invitados el presidente del directorio, señor Jaime Gammuri Mujica —bienvenido, presidente—, junto con el gerente de finanzas, señor Claudio Alarcón Jara, quien viene en reemplazo de la directora ejecutiva, señora Susana García. Bienvenidos ambos.
Presidente, tiene usted la palabra.
—Muy bien, señor presidente. Muchas gracias por la invitación.
Saludo a las señoras diputadas y señores diputados. Muy contento de estar acá. Quisiera señalar la situación actual de Televisión Nacional de Chile y ubicarla en el contexto de la crisis de la industria televisiva. Si no partimos por ahí, no se entiende bien la crisis que enfrenta particularmente Televisión Nacional de Chile.
La industria televisiva, en Chile y a nivel global, atraviesa una crisis con dos componentes principales. El primero es tecnológico: en la primera y segunda década del siglo XXI se produjo un cambio copernicano en la producción y el consumo de contenidos audiovisuales, asociado a la masificación de Internet y a tecnologías que permiten consumirlos no solo en las pantallas tradicionales, sino en múltiples plataformas digitales y, en los últimos años, también a través de la telefonía celular. Esto ha modificado radicalmente costumbres, usos y formas de consumo y de producción audiovisual.
El segundo componente es económico: se ha producido un cambio drástico en la inversión publicitaria, que ha sido el soporte fundamental de la televisión abierta y de cable. La inversión se ha desplazado desde esos medios hacia las plataformas digitales, fenómeno global que también se observa en Chile. A modo de cifra, hoy lo que se cobra por publicidad es aproximadamente un 40% menos que hace siete u ocho años, mientras que los costos de producción televisiva se mantienen prácticamente iguales. Así, a la crisis tecnológica se suma una crisis económica, que obliga a las televisiones tradicionales a transformarse desde lo no digital a lo digital. Con todo, la televisión abierta y de cable sigue siendo un instrumento fundamental para la información, la entretención y la difusión cultural; por ello, durante un tiempo deberán coexistir lo tradicional y lo digital. Las empresas que no se adapten adecuadamente a esa transformación desaparecerán del mercado. Este es un fenómeno que afecta a televisiones de todo el mundo; incluso la BBC ha anunciado su transformación digital total hacia el año 2030, aunque no sabemos si eso finalmente ocurrirá.
En este marco, Televisión Nacional de Chile es una empresa de producción audiovisual que enfrenta un sistema de producción y de financiamiento en profundo proceso de crisis y transformación. Además, vive esta crisis de manera particular, en parte por su modelo. A diferencia de otras televisiones abiertas chilenas, tiene un conjunto de misiones que constituyen cargas públicas sin financiamiento específico. Entre ellas, mantener una red regional —nueve estaciones que realizan producción televisiva regional— y sostener un sistema nacional que conecte al país a través de lo digital. Para ello contamos con 130 antenas distribuidas en todo el territorio.
Se mantiene una señal internacional, una emisión internacional para proyectar la imagen del país. Se tiene que mantener un archivo audiovisual, que es de los archivos audiovisuales más amplios y extensos que hay en Chile. Hay un conjunto de carga pública que Televisión Nacional tiene que enfrentar por mandato de ley y que, obviamente, no se autofinancia. La estimación hecha por parte de la Dirección de Finanzas, bastante bien documentada, creo yo, es que esa carga pública, por así llamarla, significa un costo de unos 5.500 millones de pesos por año.
Lo que ocurre es que el modelo de Televisión Nacional de Chile, establecido por la ley que aprobamos en este Congreso en 1992, está en crisis. Televisión Nacional no es sostenible con este modelo, de carácter mercantil, ni en el corto ni en el mediano plazo. Ese modelo está agotado y, por tanto, se hace indispensable discutir y aprobar un nuevo modelo, porque los dueños de Televisión Nacional son el Estado de Chile, a través de sus organizaciones políticas democráticas: el Gobierno y el Parlamento.
Quisiera dejar constancia, señor Presidente, de que el actual directorio de TVN ha hecho presente esta situación de agotamiento del modelo en dos ocasiones recientes: en la cuenta que, de acuerdo con los procedimientos establecidos jurídicamente, el presidente de Televisión Nacional presentó ante el Senado, y en una carta pública que el directorio, por unanimidad, envió al Presidente de la República. Por tanto, a nuestro juicio, se hace indispensable iniciar ese proceso, que ya está comenzando en la Cámara con la discusión que los convoca a ustedes como Comisión de Hacienda, y que finalmente se desarrollará en el Senado: un nuevo modelo de televisión pública que, como en 1992, debe establecer la misión —la pregunta esencial, para qué queremos televisión pública—, la gobernanza —cómo se dirige— y el financiamiento.
Quisiera hacer, señor Presidente, si me permite, porque creo que tiene relación con la discusión que ustedes están llamados a tener, una breve descripción de lo central del modelo y cómo funcionó. Me tocó participar muy activamente en el debate en el Congreso que dio origen al modelo, en 1992, en esa ocasión como miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. En lo fundamental, lo que se discutió fue el tránsito de una televisión que siempre se entendió como una televisión de gobierno a una televisión pública que no fuera de gobierno, sino que fuera el Estado el responsable. La tradición televisiva en Chile, desde que se estableció la televisión, era una tradición no escrita según la cual la televisión —en ese tiempo el Canal 7— era un canal de gobierno. Lo fue durante el gobierno del Presidente Frei, lo fue durante el gobierno del Presidente Allende y lo fue durante el gobierno de Pinochet. De ahí que la idea fue modificar esa tradición y establecer un canal con la misión de asegurar ciertos valores democráticos en el país, entre los cuales el pluralismo informativo y cultural era un elemento central, junto a otros: derechos humanos, identidad nacional, proyección de la identidad nacional e integración territorial.
Se planteó la creación de televisiones regionales y una gobernanza en la que el directorio estuviera compuesto de modo que se representaran las distintas miradas políticas y culturales de la época. Ese fue el origen de la gobernanza que tenemos hasta hoy: un directorio de seis miembros; en esos años, como ustedes recuerdan, el sistema político era más bien binominal, tanto en esta Cámara como en el Senado. Se entendía tres de gobierno y tres de oposición, con un presidente del directorio designado por el Presidente de la República, y un sistema de quórum que impidiera que se formara una mayoría para decisiones fundamentales, como por ejemplo la designación del director ejecutivo, que es el jefe de la administración.
Surgió un debate sobre el financiamiento. El proyecto del Gobierno establecía un financiamiento mixto, no puramente público, como era la experiencia de la mayoría de las televisiones públicas de la época, fundamentalmente las europeas, que fue un modelo que tuvimos a la vista. En definitiva, se proponía un aporte público y un financiamiento privado vía inversión publicitaria. La razón de este esquema —yo estuve a favor entonces y lo sigo estando— es que el canal público debe tener un nivel de audiencia amplio si quiere cumplir sus funciones esenciales, y la necesidad de competir con otros emisores televisivos actúa como un estímulo. Si el financiamiento fuera exclusivamente público, podría terminar haciéndose, por así decir, una televisión al gusto de quienes gobiernan.
En este punto no hubo acuerdo, porque la oposición de la época no aceptó que hubiera una parte de financiamiento público. Por tanto, quedó un modelo bastante único en el mundo, si uno hace legislación comparada: hay funciones públicas, pero el financiamiento depende enteramente de la inversión en publicidad. Hay que decir, creo yo, que ese modelo funcionó muy bien durante casi 20 años.
¿Cuáles son, a mi juicio, las causas de ese buen funcionamiento? Parto por lo financiero: Chile vivió un periodo de gran crecimiento económico y una disminución muy notable de la pobreza, lo que significó un aumento sustantivo del consumo. Como ocurre en otras economías que crecen, y cuando crece el consumo además, aumentó mucho la inversión publicitaria, desplazándose en esos años desde la prensa escrita hacia la televisión.
Al mismo tiempo, eso coincidió con una muy buena dirección del canal: un área de prensa muy sólida, prestigiada y creíble; un área dramática de alta calidad, que produjo telenovelas muy exitosas, como Romané; y una programación cultural con audiencias razonables. Por tanto, Televisión Nacional lideró el sistema televisivo chileno prácticamente hasta comienzos de la década de 2010.
En torno a 2010 surgieron nuevas emisoras y se produjeron cambios relevantes —básicamente, Canal 13 cambió de dueño; Chilevisión también—, porque en esos años la televisión era un gran negocio. Incluso eso le permitió a la televisión pública no solo desarrollar programas muy exitosos, que a su vez eran relativamente caros, sino que incluso...
Inversiones muy importantes, entre otras, nada menos que el edificio donde todavía funciona el canal. Y esa inversión se hizo con utilidades del canal, para lo cual hubo que pedir autorización al Gobierno. Yo diría que a partir de 2010 comienza una seria pérdida de liderazgo; y también empieza con fuerza la disminución de la inversión publicitaria. En 2013 se cometen errores, a mi juicio —es una opinión personal, fundada en hechos—, errores de dirección que significaron el desmantelamiento del área dramática, que emigró completamente a Mega (Megavisión), y nunca se recuperó. Era uno de los pilares básicos del sistema.
A partir de 2014 se generó un déficit operacional crónico que dura hasta hoy. Ese déficit alcanzó un peak de 30.000 millones de pesos el año 2015. Y hoy día estamos en torno a 5.000 millones de pesos de déficit operacional.
— Acabo de escucharte que hablas de un déficit. O sea, ¿hay un desfase de 5.500 millones que al comienzo entendí que era el gasto anual? ¿O es el diferencial, el faltante? Quiero entenderlo bien.
Si quieren después un análisis más pormenorizado, incluso año por año, lo puede responder Claudio. Pero yo me estoy refiriendo al déficit operacional, es decir, al déficit de caja anual. Y la otra cifra que vi es el costo de la carga pública, que se calcula en 5.000–5.500 millones de pesos. Lo que pasa es que los números casi coinciden, por eso la confusión: uno es el costo de la carga pública —aproximadamente 5.500 millones— y otro es el déficit operacional, que llegó a un peak de 30.000 millones y hoy está en torno a 5.000. Esos son los datos duros.
¿Cómo se ha enfrentado este período tan complejo? Con un plan de negocios definido en el directorio 2018–2022. El diputado participó en ese proceso; ahí nos encontramos durante un año. Básicamente, se aprobó el Plan de Negocios 2018, que contempló, entre otras cosas, un ajuste organizacional: un proceso fuerte de ahorro, reestructuración, refuerzo del área comercial, intento de nuevos negocios, y demás. Eso permitió que el Gobierno de la época —el del Presidente Piñera— accediera a que Televisión Nacional se endeudara con un crédito en la banca privada, pero con aval del Estado. Obviamente, ningún sistema financiero iba a financiar una...
Una empresa cuyo modelo presentaba una falla estructural. Aun así, durante estos años se ha mantenido un alto nivel de audiencia. Hoy día, en sus peores momentos, el canal bajó su audiencia; todavía sigue estando, en general, por debajo de los otros tres grandes canales del país, pero resulta competitivo en distintas horas, franjas y programas. Particularmente en el área de prensa, que sigue siendo un pilar muy sólido del canal, heredero de la primera etapa, por así decirlo, la etapa gloriosa del canal.
Se ha disminuido sustantivamente el déficit operacional. Hubo una reducción mayor durante la pandemia, porque se dio una circunstancia muy favorable para el canal, que duró lo que duró el confinamiento: subió mucho la inversión publicitaria —había más dinero en el mercado, por razones que ustedes bien conocen— y, como no se podía producir, la producción bajó mucho; básicamente todos programaron envasado. Fue una situación excepcional. Lo que tiene costos altos es la producción propia, sea de entretención, de telenovelas, etcétera. En todo caso, se ha producido una disminución relativamente sustantiva del déficit operacional: desde los picos de 30.000, hoy día estamos en 5.000.
Se creó por ley una nueva señal, NTV, el único canal abierto infantil y familiar en Chile, que ha mostrado un desempeño superior si se compara con la competencia, que son básicamente canales y programas internacionales infantiles, desde Disney hasta otros. Se ha mantenido el liderazgo de 24 Horas, la señal de noticias en cable. Hoy día, además, 24 Horas está entre las tres primeras plataformas con mayor audiencia en el ámbito digital.
Se ha iniciado un proceso de digitalización. Hoy Televisión Nacional está prácticamente en todas las plataformas digitales, con audiencias altas y crecientes. Por tanto, se ha iniciado la transformación desde un canal que atendía solo las pantallas tradicionales hacia la digitalización, proceso que, como digo, está en sus primeras etapas.
Sobre la situación actual, quisiera señalar que este directorio se ha comprometido a asegurar un funcionamiento y un financiamiento que garanticen que el canal mantenga sus actuales niveles de operación y audiencia, por lo menos durante el año 2026. Entendemos —es una opinión personal que en general compartimos en el directorio— que ese es un plazo razonable para que el Gobierno y el Congreso aprueben la nueva ley que le dé viabilidad de largo plazo a la televisión pública.
Antes de terminar, señor Presidente, un par de comentarios sobre la deuda. La deuda a diciembre de este año se compone en dos capítulos, por así decirlo. Uno es la deuda contraída a raíz de la autorización que se hizo en el Gobierno del Presidente Piñera, que hoy alcanza un monto de 57.500 millones de pesos. Esa deuda vence en abril de 2027. De esa deuda solo se ha...
No se han pagado intereses ni capital; cero de capital. Y en abril de 2027 habría que pagar todo lo renegociado. Hay una segunda deuda que acordó el Gobierno del Presidente Boric: otorgar un aval del Estado para que el canal pueda obtener financiamiento bancario en mejores condiciones; con aval estatal se negocian mejores tasas y se pagan intereses en términos ventajosos, porque son créditos muy seguros, con riesgo prácticamente nulo para el banco. Se aprobó un aval por 24.000 millones de pesos, de los cuales se utilizarán 19.000: 12.500 millones con vencimiento al año 2035 y 7.000 millones que se están negociando estos días. Con ello queda cubierto hasta 2026; por lo tanto, de los 24.000 millones autorizados por Hacienda quedarán 5.000 sin utilizar.
Si me permiten, me queda un punto. ¿En qué dirección se ha movido la dirección del canal? Como ya señalé: disminución de costos, mantención, y cumplimiento del plan 2018-2022 de manera bastante satisfactoria. Además, la dirección ha evaluado, dentro del marco legal vigente, cómo contribuir a paliar la deuda —no a pagarla íntegramente, porque una empresa en estas condiciones financieras difícilmente puede cubrir una deuda de 77.000 millones de pesos—. En ese contexto, se acordó la venta de activos prescindibles, es decir, que no afectan el funcionamiento actual del canal: básicamente sitios o inmuebles que se construyeron para una forma de televisión que ya no se realiza en siete de los centros regionales. Esos activos están calificados y cuantificados en aproximadamente 9.100 millones de pesos; y aclaro que no se trata del avalúo fiscal, sino del valor estimado de venta. De ese paquete, ya se han cerrado, o están por cerrarse, dos operaciones por 3.800 millones, siendo Magallanes y Copiapó las más avanzadas.
Quiero insistir: esto no significa que dejemos de funcionar como hoy; incluso estamos procurando mejorar la producción y las emisiones regionales. No significa que se cierre el canal nacional, como a veces se ha interpretado. De hecho, en Punta Arenas estuvo el director regional la semana pasada, junto con el director de Prensa, porque el interés principal de la región es la prensa regional.