En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión N° 188 se da por aprobada, y el acta de la sesión N° 189 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual se califica con urgencia simple el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley N° 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y otras leyes que indica. Proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Castillo, Cicardini, González, doña Marta y Llamas, y de los diputados señores Barrera, Cuello, Manouchehri y Oyarzo, que modifica la Ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, para garantizar a los dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual se comunica que, a solicitud del diputado señor Luis Sánchez, se acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior, para su discusión, votación e informe, el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, para garantizar a los dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones, originalmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Se informa, además, que, una vez evacuado el informe por la Comisión de Gobierno Interior, la iniciativa deberá ser conocida por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la que contará con un plazo máximo de 30 días para emitir el informe respectivo, conforme al Reglamento de la Corporación. Proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada señora Ossandón, que modifica el Código del Trabajo para calificar el uso indebido de licencias médicas.
Como falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Oficio de la Subsecretaria subrogante del Trabajo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual remite oficio relativo a la desvinculación de trabajadores y trabajadoras de la empresa Correos de Chile. Oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual envía antecedentes relativos a la renuncia del señor Pablo Centeno Muñoz al cargo de Director del Trabajo. Oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual informa respecto de la propuesta de ley laboral portuaria presentada por representantes de los trabajadores de los principales puertos del país, señalando que se encuentra realizando un análisis técnico para la formulación de una propuesta legislativa. Oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual informa sobre la posibilidad de restablecer por vía administrativa o legal la conmemoración del Día de la Atención Primaria de la Salud, instaurado por Resolución Exenta N° 354 de 2008 durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual comunica la posición del Ejecutivo respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por años de servicio, informando que se encuentran estudiando los elementos técnicos de la iniciativa. Oficios de la Dirección del Trabajo, mediante los cuales dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del año 2025. Correo del señor Mario Aguirre, docente, mediante el cual solicita audiencia con la Comisión para exponer los problemas de la plataforma de la Dirección del Trabajo que impiden obtener el Formulario F30 en línea y denuncia fallas en el call center, afectando a emprendedores y a trabajadores de comunas aisladas. Carta del gerente general de Correos de Chile, mediante la cual acusa recibo de los oficios enviados por esta Comisión, señalando que las respuestas serán remitidas en las próximas semanas, una vez concluidas las revisiones de directorio. Correo del señor Fabián Mendoza, mediante el cual reitera la solicitud de audiencia presentada en mayo por la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores y Peonetas de Coca-Cola y Ramos Conexas. Correo de la SOFOFA, mediante el cual reitera su solicitud de audiencia para entregar observaciones y propuestas respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Carta del señor Gerson Martino, oficial de la OIT, mediante la cual informa que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical han reiterado que el personal de establecimientos penitenciarios debe gozar del derecho de sindicación, en conformidad con el Convenio N° 87 de la OIT. Copia de oficio emitida por el Subsecretario del Trabajo a la Secretaría General de la Comisión Mixta de Presupuestos, mediante el cual se refiere a la Ley de Presupuestos del año 2025. Carta del señor Carl Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, mediante la cual solicita ser considerado para exponer en la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Y, por último, señor Presidente, un reemplazo: el diputado Roberto Arroyo reemplazará en la presente sesión al diputado señor Cristián Labbé.
Perfecto, muchas gracias, señor Secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la Cuenta? ¿Nadie? Me gustaría, sobre la Cuenta, recabar el acuerdo para remitir los antecedentes aportados en el punto N° 12, en el correo del señor Mario Aguirre Figueroa, en el que expone problemas en la plataforma de la Dirección del Trabajo para obtener ciertos formularios y otras materias; que se incorpore en un oficio dirigido a la Dirección del Trabajo, con los antecedentes, de manera tal que podamos solicitar además respuesta y, eventualmente, remitírsela al señor Mario Aguirre Figueroa cuando la tengamos. ¿Nadie tiene observaciones? No. Acuerdo tomado.
Puntos varios. ¿Alguien? Diputada Osandón.
Gracias, Presidente. Traigo dos puntos varios en relación con el incumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo. Primero, respecto de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad: esta ley establece que los Ministerios del Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda deben emitir un informe sobre el cumplimiento de la cuota de contratación, a fin de verificar, entre otros aspectos, si corresponde elevar la cuota del 1% al 2% del personal contratado una vez que se alcance un 80% de cumplimiento. Excepcionalmente, el primer informe debía emitirse al año de publicada la ley en el Diario Oficial, y ese plazo venció en agosto de este año. Y, en segundo término, el artículo tercero transitorio de esta misma ley establece que las modificaciones a los reglamentos deben dictarse en el plazo de 12 meses desde su publicación.
... Oficialmente, poco ha ingresado a Contraloría para toma de razón. Entonces, me parece que, hasta cuándo la discapacidad, que ya tiene suficientes problemas, tendrá que seguir esperando que se cumplan estos dos puntos que he mencionado, Presidenta. Por ello, solicito oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y al Ministerio de Hacienda, a fin de que se adopten las medidas para la plena vigencia de la normativa en materia de discapacidad.
Perfecto, diputado Sandoval. Se oficia a ambos ministerios.
En un segundo punto, quisiera plantear lo siguiente. El señor Coronado estuvo, en algún momento, en el concurso para el cargo de Superintendente de Pensiones, proceso que se frenó, entre otras razones, por la contingencia del incendio de Valparaíso. Ahora, él estaría postulando al cargo vacante de Superintendente de Seguridad Social, que quedó disponible a raíz del escándalo de las licencias. Me gustaría saber cuál es su actual dependencia: si se encuentra a honorarios en alguno de los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social o Trabajo, considerando la labor de reconstrucción, y si dichos ministerios están en conocimiento de su postulación a la Superintendencia de Seguridad Social. Solicito oficiar a esos ministerios para dichos efectos.
Perfecto. Se despachan los oficios. Secretario, enviemos las consultas a los tres ministerios señalados: Vivienda y Urbanismo; Desarrollo Social y Familia; y Trabajo y Previsión Social. Nos responderán dentro del marco de competencias de la Comisión, pero efectuaremos igualmente las consultas.
Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada González y, a continuación, el diputado Santana.
Diputado Santana: Gracias, Presidenta. Quisiera referirme a una situación que afectó a más de 60 trabajadores y trabajadoras del ELEAM “Desierto Florido” de la comuna de Copiapó. Estos establecimientos de larga estadía cumplen labores de cuidado, y, lamentablemente, hace algunas semanas la entidad administradora —una ONG— incurrió en graves incumplimientos respecto del pago de remuneraciones y obligaciones previsionales. Posteriormente, gracias a la intervención de la Dirección del Trabajo y del propio SENAMA, se regularizó la situación salarial. Sin embargo, esto evidencia la precariedad que se produce cuando se tercerizan servicios fundamentales para la población, especialmente en el cuidado de personas mayores en situación de vulnerabilidad.
A partir de ello, solicito:
- Oficiar a la Dirección del Trabajo para conocer el número de fiscalizaciones realizadas a la administración anterior y cuál será la periodicidad con que se efectuarán dichas fiscalizaciones al nuevo privado a cargo del centro.
- Oficiar a SENAMA para informar sobre las características y el proceso de asignación de la administración de este recinto a la nueva institución privada.
¿Se tomará acuerdo?
Sí, se toma acuerdo. Además, complementaremos consultando a la Dirección del Trabajo si existe un plan de fiscalización específicamente destinado a este tipo de instituciones. Se aprueba.
Señor Presidente, muchas gracias. En segundo lugar, quisiera referirme a una situación que comenté tiempo atrás en esta Comisión, relativa a una funcionaria del municipio de la comuna de Chañaral, doña María Paola Aróstica, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, quien fue objeto de un procedimiento disciplinario arbitrario, pues se le abrió un proceso por los mismos hechos respecto de los cuales ya se le había instruido un sumario administrativo del que resultó sobreseída. Es decir, se vulneró un principio básico del derecho al no poder investigarse ni sancionarse nuevamente por los mismos hechos.
Este decreto fue revisado por la Contraloría General de la República, la cual ratificó lo señalado e instruyó al municipio la reincorporación de la funcionaria a sus labores habituales. A propósito de este caso, que ya tratamos en la Comisión de Trabajo tiempo atrás, y en comunicación con el concejal de la comuna, señor Sebastián González, existe la genuina preocupación de que la instrucción de Contraloría se cumpla, cuyo plazo, además, vencía el día de hoy.
Por lo anterior, solicito oficiar, por intermedio de la Comisión de Trabajo, a la Ilustre Municipalidad de Chañaral y a la Contraloría General de la República, a fin de conocer si dicha instrucción se cumplió a cabalidad y si la funcionaria, en respeto de sus derechos laborales, fue efectivamente reincorporada y se le pagó todo lo que correspondía.
—Perfecto. Si les parece, tomamos el acuerdo. Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada González, que la tenía pendiente.
Gracias, Presidente. Saludo a todas y todos los integrantes de la Comisión. Vengo a exponer un hecho de connotación pública y lamentable para las y los trabajadores de nuestro país: el caso de doña Hilda Leiva, quien fue encontrada fallecida en uno de los locales de McDonald’s de la calle República, en Santiago Centro. Sus compañeros de trabajo dieron aviso de su desaparición el día 22 y, finalmente, existen dudas respecto de cómo se procedió una vez que se reportó dicha desaparición. Según la prensa, llegó personal de Carabineros al lugar y no se habría investigado ni inspeccionado el recinto porque, de acuerdo con lo señalado, la búsqueda se iniciaría solo transcurridas 24 horas. Esa es la primera situación que llama la atención. Segundo, también se informa en la prensa que los supervisores o empleadores no habrían dado aviso del cierre del local ni colaborado con la búsqueda de Hilda. Ella fue hallada el día 23 de octubre, a las 7 de la mañana, en un sitio colindante al local de McDonald’s.
Presidente, uno suscribe un contrato de trabajo para desempeñarse ciertas horas y bajo determinadas condiciones, pero por ningún motivo ese contrato puede implicar poner en riesgo la integridad física ni psicológica de las personas. ¿Qué pudieron haber hecho los trabajadores en ese momento al dar el aviso? Existe el artículo 184 bis, que me parece muy pertinente citar porque protege a las y los trabajadores cuando hay riesgo inminente. Señala que todo trabajador tiene derecho en Chile a abandonar el lugar de trabajo si considera que existe un riesgo grave o inminente para su vida o salud. Este derecho implica que no puede sufrir perjuicio ni descuentos por hacerlo. El trabajador debe informar al empleador, quien a su vez debe informar a la Inspección del Trabajo. En caso de que una autoridad ordene la evacuación, el empleador debe ejecutarla.
En este caso, los trabajadores tuvieron que seguir cumpliendo su turno con la incertidumbre y angustia de no encontrar a su compañera, y tampoco sabemos en qué condiciones estaban, porque, según lo que muestra la prensa, había escaleras en evidente mal estado, altillos y otros espacios de riesgo. Entonces, Presidente, yo creo que...
Es pertinente que las y los trabajadores en nuestro país sientan que hay una legislación que los resguarda frente a situaciones de riesgo inminente. Si a la trabajadora la hubiesen buscado, si la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo hubiese llegado, si se hubiese declarado el cierre del local, si se hubiese hecho una búsqueda exhaustiva, esas horas pudieron ser vitales; a lo mejor para que Hilda no hubiese perdido la vida.
Entonces, Presidente, por eso quiero ser enfática en este tema: por miedo a represalias o a despidos, hoy día en Chile muchas y muchos trabajadores están soportando condiciones que ponen en riesgo su vida. Este no es el único caso en que una persona ha perdido la vida en faena por condiciones riesgosas, ya sea estructurales o por condiciones físicas o psíquicas.
Quiero dejar muy en claro que el artículo 184 bis del Código del Trabajo protege a las y los trabajadores frente a riesgo inminente; pueden hacer uso de él sin temor a represalias. Asimismo, solicito oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe cuándo tomaron conocimiento de este caso, qué acciones adoptaron y, en el caso de Carabineros, cuáles son los protocolos cuando reciben información de riesgo en un lugar de trabajo: si informan a la Dirección del Trabajo y quién lo hace. Estamos hablando de un potencial accidente laboral y, al menos por lo que se informó, Carabineros señaló que no podían investigar ni revisar el lugar porque no habían transcurrido 24 horas, lo que parece insólito ante una alerta de riesgo. Me gustaría que pudiésemos oficiar para tener claridad de los pasos que se dieron en la denuncia y cuándo esta se informó a la Dirección del Trabajo.
Eso por el momento, Presidente. Espero que, como comisión, podamos recabar mayores antecedentes, esclarecer lo ocurrido y apoyar la investigación para saber qué pasó con Hilda en su lugar de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diputada González. Permítame tomar el punto y complementarlo para el resto de las y los colegas, porque yo también lo iba a mencionar hoy, a propósito de que fui contactado por gente cercana a Hilda Leiva. Quisiera agregar algunos antecedentes relevantes y complementar el oficio. Esto ocurrió en el barrio universitario, en el barrio República. Como usted bien ha señalado, la trabajadora desapareció durante su turno de trabajo, hecho alertado por quienes laboraban allí, en una empresa que lamentablemente no tiene sindicato. En consonancia con lo que tenemos en tabla —un proyecto que aborda este tipo de circunstancias—, cuando se solicitó buscar a la joven, quienes estaban al mando, los supervisores de turno, no atendieron el llamado de las y los trabajadores. La joven apareció al día siguiente, el jueves; esto ocurrió un miércoles. Fue encontrada en una residencia colindante y, aparentemente, por lo que muestran las cámaras, habría sufrido una caída que le costó la vida.
Entendemos que la causa está abierta y hay una investigación en curso, pero es importante abordar la arista laboral desde esta comisión. Por lo tanto, concuerdo con oficiar a la Dirección del Trabajo y sumaría también a Carabineros en los términos solicitados. En cuanto al Servicio Médico Legal, no procede oficiarlo, porque se trata de una materia penal y esos antecedentes forman parte del expediente; no nos pueden entregar información de ese tipo.
Tomamos el acuerdo entonces para oficiar a Carabineros y a la Dirección del Trabajo, solicitando asimismo todos los antecedentes que obren en poder de la Dirección del Trabajo respecto de la investigación que debieron haber realizado en ese local de McDonald's. ¿Algún otro punto? No. Bien, voy a terminar con uno corto. Quiero solicitar, en base al correo del CINCAP,
A todas y todos los parlamentarios de esta comisión: solicito que se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para intervenir en la situación de indefensión de los miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Me refiero a la implementación de la ley 21.553, la conocida “ley EAT”, por parte del Ministerio de Transportes. Según señalan en el correo que nos han enviado los trabajadores y, a propósito de lo que mencionaba también la diputada Osandón hace unos momentos en sus puntos varios, si bien la ley ya cuenta con la toma de razón de Contraloría, no se ha publicado porque el Ministerio no dispone, según indica, del software necesario para hacer funcionar el registro en el que deben inscribirse los conductores para trabajar legalmente. En la práctica, lo que está ocurriendo es que el Estado está impidiendo el trabajo de quienes ya son reconocidos como trabajadores según esta ley —que costó bastante aprobar— y, además, los está castigando por un desajuste administrativo del Ministerio. Por lo mismo, quisiera solicitar que oficiemos al Ministerio de Transportes para que nos informe qué está ocurriendo y, sobre todo, qué pasa con los conductores que deben seguir trabajando mientras aún se implementa este registro. ¿Les parece? ¿Todo bien? Muy bien, continuamos.
Pasamos a la tabla. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al Boletín Nº 17.837-13. Para estos efectos, han sido invitados la señora Susana Jiménez Schuster, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC; el señor Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR Chile; y el señor Juan Moreno Gamboa, presidente del Sindicato Interempresa Líder de Trabajadores del Holding Walmart Chile.
Perfecto. Tenemos entonces, para participar telemáticamente, a la señora Susana Jiménez Schuster. Voy a tomar el acuerdo para que ella y también el señor Juan Moreno Gamboa, del Sindicato Interempresa Líder, puedan exponer vía telemática. ¿Tenemos el acuerdo? Muy bien. Entonces, que pasen además quienes vinieron presencialmente de FENATRAFAR Chile y quienes les acompañan. Pueden tomar asiento. Participará, en representación de la CPC, la señora Macarena Letelier. Perfecto.
Mientras tanto, entiendo que tenemos conectada a la señora Macarena Letelier. ¿Está conectada? Sí. Le vamos a pedir —vemos a la Confederación de la Producción y del Comercio, representada por la señora Macarena Letelier y don Pablo Bobic— que puedan encender la cámara y tomar la palabra para pronunciarse durante 15 minutos sobre el proyecto. Tienen la palabra, estimados.
Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Aló, se escucha? —Se ve bien, la escuchamos bien.— Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Quiero partir estas palabras excusando la asistencia de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Lamentablemente, a última hora, la señora Macarena Letelier tuvo que asumir un compromiso, pero estaba contemplado que nosotros dos expusiéramos, así que me toca hoy hacerlo en representación de la CPC. Y, una vez más, por su intermedio, agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados esta invitación.
Queremos comentar algunos puntos de esta moción y partir con algunas ideas. Desde el empresariado de la CPC, entendemos que la seguridad en el trabajo exige un esfuerzo continuo y una mejora permanente al interior de las empresas. Esto requiere un compromiso compartido entre trabajadores y empleadores, porque efectivamente todos estamos interesados en un buen trabajo.
—Pablo, si me permite, por favor, si pudiera hablar un poco más cerca del micrófono; se escucha bien, pero lejano.— ¿Y ahora se escucha mejor? —Sí.— A ver… ¿Ahora se escucha mejor? —El volumen un poquito más.— Ya, voy a subir el volumen al máximo a ver si se escucha mejor. —Ahí sí.— ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Parto de nuevo, presidente.
Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados; por su intermedio, presidente, saludar a todas y todos los diputadas y diputados, y expresarles nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar.
Nuestras excusas, porque lamentablemente la presidenta de la Confederación, Susana Jiménez, no puede estar presente y la gerenta, Macarena Letelier, tuvo que ausentarse rápidamente. Sin embargo, hemos hecho llegar un documento con nuestras observaciones y ahora comentaremos algunos de los puntos más relevantes de esta moción.
Para el sector empresarial privado que representamos en la Confederación de la Producción y del Comercio, la seguridad y salud en el trabajo es un tema fundamental. Es esencial para las relaciones laborales y requiere un compromiso compartido entre trabajadores y empleadores, compromiso que reiteramos de manera permanente. Desde el sector empresarial sabemos que la seguridad y salud en el trabajo es la base de cualquier relación laboral: sin ella no hay productividad ni sostenibilidad, y es el punto de partida para un buen clima laboral. Por eso reiteramos nuestro total compromiso como sector empresarial con una seguridad y salud al interior de las empresas adecuada y en permanente perfeccionamiento.
En Chile hemos transitado un largo camino en esta materia: desde una accidentabilidad de 35,3% en 1969 a 2,5%, que es la última tasa publicada por la Superintendencia de Seguridad Social en 2024. Esto muestra una evolución importante que ha permitido mejorar la seguridad y salud en empresas públicas y privadas, resguardando la vida y salud de millones de trabajadores. El sector privado, representado por todos nosotros, ha sido parte de este proceso: fuimos impulsores de la creación de las mutualidades de seguridad y salud antes de la Ley 16.744 de 1969 y, junto con las mutualidades y con el ISL, hemos logrado transitar un camino que explica estas importantes reducciones de la accidentabilidad.
No obstante lo expuesto, somos conscientes de que los desafíos son permanentes. Cada vez que ocurre una fatalidad —una desgracia tremenda para las familias, para los trabajos y para todas las personas involucradas— nos obliga a cuestionarnos y a buscar mejoras constantes, porque la meta que hemos comprometido, junto al sector público y los distintos gobiernos, es lograr cero accidentabilidad, cero fatalidades en particular. Es una meta ambiciosa, puede sonar imposible, pero mientras haya una fatalidad no estaremos conformes, y los trabajadores tampoco, porque el compromiso es garantizar ambientes laborales donde la vida de las personas esté protegida.
Hoy enfrentamos, además, nuevos desafíos: accidentes de trayecto; enfermedades profesionales, especialmente aquellas de origen laboral que surgen con ocasión de las nuevas formas de empleo, la digitalización y la inteligencia artificial. Reiteramos, no obstante, nuestro interés en trabajar comprometidamente. No es un eslogan: hemos participado a lo largo de los años en todas las mesas público-privadas de seguridad y salud en el trabajo de distintos gobiernos, comprometidos con mejoras permanentes y con buscar formas de hacer mejor las cosas, lo que ha dado lugar a importantes reformas legales.
Entrando en el contenido de la moción, queremos plantear solo dos puntos en esta oportunidad. El primero, el más de fondo, es que, siendo este un tema importante y entendiendo el interés por avanzar, debemos señalar que la seguridad y salud en el trabajo forma parte de la seguridad social. Y, como tal, el N.º 6 del artículo 65 de la Constitución Política establece que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto en el sector público como en el privado. La Superintendencia de Seguridad Social, por su parte, señala en su sitio web que la seguridad social es el conjunto de medidas tomadas por el Estado y la sociedad para proteger a los trabajadores y a sus familias, aliviando su necesidad económica ante una contingencia o riesgo social. Las contingencias sociales contempladas en el sistema de seguridad social chileno son, entre otras, la enfermedad, la sobrevivencia y el apoyo a las familias.
Sistema de cargas familiares, maternidad, desempleo, invalidez, vejez y, por cierto, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, que son los temas propios de la seguridad y salud en el trabajo y que, como hemos señalado, forman parte de la seguridad social. Dicho eso, nuestra observación de fondo al abordar esta propuesta legal tiene que ver con que, como lo señala la Constitución Política de la República de Chile, las materias de seguridad y salud en el trabajo son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; por lo tanto, la presente moción, en los términos en que ha sido presentada, adolece de un vicio de inconstitucionalidad. Este es probablemente nuestro punto más de fondo en cuanto al aspecto legal y legislativo.
Un segundo punto que nos interesa remarcar tiene relación con el marco legal chileno en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido haré una breve reseña de lo que hemos hecho en Chile en los últimos años y de cómo nos sitúa la legislación vigente. Chile tiene ratificados dos convenios fundamentales de la OIT en esta materia: el Convenio 187, ratificado con motivo del accidente de los 33 mineros en 2010, que dio lugar a esta discusión legislativa y a la creación de la primera Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes hubo un Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, posteriormente, un Programa Nacional derivado de esa política. También tenemos ratificado, más recientemente, el Convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo. Con ambos convenios ratificados, Chile ha asumido los compromisos fundamentales de la OIT en esta materia. Estos convenios, por cierto, son aplicables a todos los países miembros de la OIT en cuanto principios fundamentales; no obstante, Chile tramitó su ratificación en el Congreso y fuimos parte de ese proceso, tanto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados como en la Comisión de Trabajo del Senado; asimismo, acompañamos la ratificación en Ginebra ante el Director General de la OIT. Además, hemos sido partícipes de su implementación y lo seguimos siendo en la actualidad.
A su vez, Chile ha ratificado recientemente el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. Este convenio cuenta con una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería que, al igual que la política nacional general del país, fue producto de un proceso de largo aliento a lo largo de todo Chile, en el que participamos como sector privado junto con los trabajadores y con el Gobierno, en mesas de discusión destinadas a perfeccionar la seguridad y salud en el trabajo en la minería. Fue un acuerdo tripartito cuya implementación corresponde ahora llevar adelante.
Respecto de esta política, cabe enfatizar que en Chile existe el Consejo Superior Laboral, creado por ley, que es la máxima instancia tripartita del diálogo social. Dicha instancia creó una subcomisión minera, la cual, tras el proceso de consulta nacional que llevó a cabo el actual Gobierno, dio el visto bueno a la política nacional para la minería. Fue el resultado de un consenso, de un acuerdo dialogado que partió con un debate a nivel nacional, continuó en la Mesa de la Minería y luego fue ratificado por la instancia máxima del Consejo Superior Laboral.
Todos estos instrumentos internacionales, sumados a la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a las normas previstas en el Código del Trabajo —que, entre otros aspectos, establecen el deber de protección del empleador para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales—, y a las numerosas disposiciones administrativas de los entes reguladores y fiscalizadores —particularmente la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo—, dan cuenta de un país que cuenta con un robusto marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo. En las distintas actividades internacionales en las que hemos participado con la OIT, hemos constatado que el marco chileno en esta materia es realmente sólido, con un desarrollo permanente y progresivo.
No obstante, reiteramos lo señalado al inicio: debemos seguir avanzando, porque el desafío que todos compartimos es alcanzar la meta de cero accidentes fatales y generar una cultura más amplia y compartida de seguridad y salud en el trabajo que permee a toda la sociedad, en particular a empleadores y trabajadores que comparten labores en distintos lugares y puestos de trabajo.
Por tanto, nuestra observación es que, dado que Chile se ha comprometido con los más elevados estándares internacionales, y que participamos y seguimos participando en mesas como la Subcomisión Minera —que continúa funcionando—, el Consejo Superior Laboral —que revisa permanentemente estas normas— y el Consejo de Seguridad y Salud del Trabajo, asesor de la Presidencia de la República, del que también formamos parte junto a la CUT y al Gobierno, es importante dar espacio para que la política pueda perfeccionarse.
La segunda Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y la primera Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en la Minería están en fase de implementación. Lamentablemente, tras la aprobación de la política para la minería ocurrió el accidente del pasado 31 de julio en la mina El Teniente de Codelco, hecho profundamente lamentable, con un impacto enorme para las familias, las empresas y las personas. Ello probablemente dé lugar a revisar los énfasis de la política al momento de su implementación, y a continuar su revisión, como ha sido el proceso permanente desde su aprobación tripartita.
Consideramos que las medidas con que contamos en Chile —y las que podamos seguir construyendo— han sido producto del diálogo social, con los actores presentes en la mesa y trabajando juntos para alcanzar estas metas. Debemos perseverar en ese esfuerzo, porque la vida y la seguridad de las personas es y seguirá siendo una prioridad fundamental compartida por trabajadores y empleadores.
De todos los temas que abordamos en los distintos espacios de diálogo social con los trabajadores, con el Gobierno —con este, con los anteriores y con los que vendrán—, la seguridad y salud del trabajo es de los que más nos convocan. No hay empleadores ni trabajadores interesados en accidentarse, y mucho menos en fallecer. El compromiso de las partes es compartido; por eso propiciamos seguir perfeccionando y mejorando, pero mediante procesos de diálogo. En materia legislativa, requerimos que el Ejecutivo, así como convoca a mesas permanentes sobre estos temas, también nos convoque, de ser necesario, a discutir nuevos perfeccionamientos que permitan impulsar medidas desde el propio Ejecutivo para su discusión cuando corresponda.
Hoy vemos un espacio relevante en la implementación efectiva de lo acordado. Es necesario transitarlo. En el caso del accidente en la mina El Teniente, hay un proceso de investigación en curso, con la participación de expertos internacionales que buscan determinar sus posibles causas. Seguiremos con mucha atención esos resultados y estamos disponibles para ser parte de todas las mejoras posibles, de modo que la seguridad y salud del trabajo resguarde la vida de todas las personas que laboran en la minería y en los demás espacios de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente y demás integrantes de la Comisión. Esos son los puntos principales que queríamos compartir. Agradecemos el espacio. Muchas gracias a la CPC, representada en don Pablo Bovich, por su presentación. Le solicitaremos, por cierto, que nos envíe la presentación utilizada —que no pudimos ver en pantalla— para contar con el documento. Le pediré que se mantenga en la sala para escuchar las siguientes exposiciones y, luego, abrir una ronda de preguntas cuando dispongamos de mayor información y diversidad de opiniones sobre la mesa.
A continuación, doy la palabra al señor Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR Chile, para que, además, individualice a quien le acompaña y quede registro de ello. ¿Ah, usted viene acompañando al CIP? Perfecto. Entonces, tiene la palabra don Mauricio.
Gracias. Primero que todo, quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad de representar los intereses de las y los trabajadores. Asimismo, agradecer a usted, señor presidente, diputado Andrés Giordano, por invitarme a estar acá, y por su intermedio a todas las diputadas y diputados, y a la diputada Jimena Sandón, que ya se retiró, pero a quien saludo igualmente.
Disculpe, no avanzaba la presentación; ya apareció el acceso a Control de Calidad. Ahí sí.
Como decía, estoy aquí representando a las y los trabajadores del comercio, del mundo de las farmacias y, en general, a quienes nos regimos por el Código del Trabajo, respecto del proyecto que modifica cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Hay mucho por abordar en protección laboral y, además, un tema que ha quedado invisibilizado: las multas.
No debiéramos estar discutiendo sobre las multas, porque se supone que ya están establecidas por ley. Esos proyectos de ley se elaboran y aprueban aquí, en el Poder Legislativo, para que se cumplan en los distintos ámbitos del mundo laboral. Quiero dejar en claro que este fenómeno de las multas es silencioso y no tiene identidad política. Por lo tanto, aquí no debiéramos discutir si quien no cumple la ley tiene que pagar: tiene que cumplir, más que pagar. Ojalá todas las empresas cumplieran, porque cuando un chileno común no paga su dividendo, le quitan su casa; si no paga la luz, se la cortan.
Sin faltar el respeto, a veces se nos olvida qué es la ley, por qué tenemos ley y de dónde surge: justamente desde acá, del Poder Legislativo. La ley tiene carácter obligatorio y eso, sin lugar a dudas, es fundamental para la convivencia social y para garantizar el bien común. Lamentablemente, el incumplimiento conlleva consecuencias: sanciones legales y económicas, multas —sobre cuyo efecto me referiré más adelante en el ámbito en que nos desenvolvemos—, penas de prisión, inhabilitaciones; se puede prohibir a una persona o empresa ejercer ciertas actividades, ocupar cargos públicos o incluso ser contratada por el Estado. Eso, en la práctica, poco se ve. Pero, por ejemplo, en el Código Sanitario, el artículo 174 establece que frente a reincidencias se cancela el permiso de funcionamiento. Es una sanción drástica para muchos, pero no debiera ser problema si entendemos que la ley se hizo para cumplirse, no para buscar resquicios y eludirla.
También hay consecuencias personales y profesionales: daño a la reputación y pérdida de oportunidades. Eso se menciona en el papel, como señaló quien me antecedió, y no tengo dudas de que nuestra legislación es, quizás, mejor que la de muchos países. El punto en el que quiero focalizarme es qué pasa detrás del puesto de trabajo de cada una de las personas a las que representamos. Ahí es donde debemos mirar, porque incluso, lamentablemente —y lo digo con respeto—, se crean instituciones para entregarse premios; sin embargo, en el sector de farmacias se pagan del orden de 300 millones de pesos en multas por año. Entonces, ojalá pudiéramos darnos premios todos, pero no perdamos de vista lo esencial: que realmente se cumpla la ley y se resguarde la salud y seguridad de las y los trabajadores.