Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Señor Secretario, la cuenta.
Muchas gracias, Presidente. Sus señorías, señor Ministro, buenas tardes. Señor Presidente, hemos recibido en esta Secretaría los siguientes documentos: de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, una minuta informativa entregada en esa instancia parlamentaria por el dirigente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de la región de Arica y Parinacota, señor Pedro Sandoval, mediante la cual expone asuntos de interés en beneficio directo para su gremio y que tienen incidencia en el presupuesto de este año; solicitud de audiencia del Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez, respecto de la cual, según entiende esta Secretaría, usted habría dado el visto bueno para que hicieran su exposición; y un documento de trabajo sobre el análisis del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 y recomendaciones para la formulación del presupuesto en niñez y adolescencia 2026 y próximos años, del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille. Eso, señor Presidente, en cuanto a la cuenta.
Muchas gracias, señor Secretario. Saludar al Ministro y a todo su equipo. No sé si se encuentra don Ignacio. ¿Está allá? Sí, para que lo ubiquen. Podemos escucharlo durante cinco minutos, como es lo acostumbrado. ¿Va a exponer? Sí, adelante. Allá, al final. Aprovecho de saludar al senador Núñez, a la diputada Jomans y al diputado Romero, que se encuentran con nosotros. Tiene la palabra don Ignacio.
Muchas gracias, Presidente. Habíamos compartido una presentación al correo de la comisión; no obstante, podemos exponer sin apoyo visual y luego la haremos llegar a diputadas, diputados y senadores.
Muy buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia. Comparecemos junto a Jack Mora, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, en representación de dicha asociación, para referirnos al proyecto de Ley de Presupuestos 2026, específicamente a la Partida 10, que incorpora los recursos para la Defensoría Penal Pública.
Como contexto, la Defensoría Penal Pública cumple una función estructural en el Estado democrático de derecho: garantizar el derecho constitucional a la defensa de toda persona imputada, contribuyendo a la paz social y a la legitimidad del sistema penal. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos 2026, a juicio de esta organización, no recoge las solicitudes técnicas formuladas por la institución en su etapa exploratoria, manteniendo un financiamiento congelado que no se condice con la expansión ni con la complejidad de nuestra labor.
Nuestra institución enfrenta un déficit estructural que afecta su capacidad operativa y la carrera funcionaria. En diversas regiones, las y los funcionarios trabajan con mobiliario deteriorado, sistemas de climatización en mal estado y oficinas sin presupuesto de mantención. En algunos casos, incluso han debido traer sillas, ventiladores u otros sistemas de calefacción desde sus hogares. Esta precariedad no solo afecta la dignidad laboral, sino que pone en riesgo la seguridad y la salud de quienes garantizan derechos fundamentales.
La solicitud es concreta en dos líneas: ítem 21 e ítem 22. Sobre el 21, relativo a personal, insistimos en reconocer el grado 19 para el estamento administrativo —actualmente en grado 20—, aplicando el mismo criterio que se adoptó en esta subcomisión hace diez años, cuando se traspasaron los honorarios del programa de Responsabilidad Penal Adolescente: todos los funcionarios del estamento administrativo quedaron en grado 19, no así quienes ya estaban a contrata en esos años. Asimismo, pedimos reponer los fondos para los concursos de promoción para el...
Buenas tardes, señor Presidente. Jack Zamora, de la Asociación de Funcionarios.
Desde hace más de una década la Defensoría Penal Pública presenta una carrera funcionaria estancada, lo que ha generado desmotivación institucional. Complementando la solicitud que realizamos como Defensoría Penal, nos preocupa que en los últimos cuatro o cinco años, lamentablemente, se haya eliminado del exploratorio el ítem relacionado con la mantención de bienes inmuebles. Partimos con un programa o base del orden de los 100 millones de pesos; sin embargo, al haberse eliminado esa base, el deterioro ha sido incremental y, a la fecha, vamos alrededor de 422 o 423 millones de pesos en daños pendientes por reparar en los distintos inmuebles que administramos como Defensoría Penal.
Igualmente, durante el año 2022, cuando se realizó el exploratorio al 2023, se presentó un programa de mantención en el ítem 29, relativo a máquinas y equipos, básicamente por dos motivos: obsolescencia tecnológica y cumplimiento de la normativa ambiental que, al año 2021, señalaba que todos los servicios públicos debíamos regular nuestros equipos al gas R410 y eliminar el gas R22, que es nocivo ambientalmente y destruye la capa de ozono. Por lo tanto, se eliminó en 2021 y no hemos podido cumplir ese programa justamente porque no se han aprobado las renovaciones tecnológicas, principalmente de este tipo de equipos. Actualmente, ese programa suma 117 millones de pesos.
Como señalaba anteriormente Ignacio, el ítem de mobiliario también ha sido eliminado en los últimos tres o cuatro años y contamos con mobiliario de hace 20 años, lo que impacta la seguridad de los funcionarios en materia ergonómica y de salud. La falta de renovación de aire implica que, en algunos momentos, hemos realizado mediciones ambientales en oficinas y hemos superado las 1.300 partes por millón de anídrido carbónico, afectando la salud de las personas por las condiciones ambientales que ello genera.
Y para cerrar, porque nos queda un minuto: en la proyección institucional vendrá a discusión futura el concepto de supraterritorialidad, a raíz del crecimiento del Ministerio Público y del proyecto de autonomía. Sobre el proyecto de autonomía, queremos dejar constancia —tal como lo hemos hecho en esta comisión y en otras— de que, para nosotros, autonomía y fortalecimiento no pueden ir por separado: fortalecimiento de una carrera funcionaria efectiva y regulada por la ley; modificación del artículo 31, que condenó a los defensores locales a la contrata permanente porque no permite que pasen a planta; y que los defensores regionales se incorporen al sistema de EPE, tema que vimos en la Comisión Mixta de Hacienda cuando se modificó la Ley de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, como asociación, y como lo había anunciado la Defensora, si la autonomía no incorpora estos elementos de fortalecimiento, en todas las instancias nos manifestaremos en contra.
Finalmente, al señor ministro y al señor subsecretario: hemos insistido, por la vía del lobby, en más de una oportunidad, solicitando audiencias que han sido rechazadas o postergadas; ojalá que en esta ocasión sí podamos conversar. Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, don Ignacio. Saludamos al senador Coloma, que se integra.
Ministro, tiene la palabra.
—Presidente, ¿comienzo la exposición general de la partida?
—Ah, ya, muy bien.
Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y diputados y diputadas presentes. Voy a exponer la Partida N.º 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en términos generales. Me acompaña el señor subsecretario de Justicia, la señora subsecretaria de Derechos Humanos y los jefes de cada uno de los servicios dependientes y relacionados del Ministerio de Justicia.
En primer lugar, señalar cuáles son las definiciones estratégicas que tiene el Ministerio de Justicia con sus servicios relacionados. Por misión, tenemos promover una justicia centrada en las personas, implementando políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de derechos e igualdad de género, mediante una gestión centrada en la mejora continua, la protección y promoción de los derechos humanos y la reinserción social.
En nuestra misión se destaca la participación de actores internos y externos y la prevención temprana de conflictos. En la visión, se reconoce al Ministerio como una institución garante del acceso a la justicia y del ejercicio efectivo de derechos, que contribuye a la paz social y a la seguridad pública, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas de reinserción social. Todo ello se sustenta en los principios de igualdad, probidad, oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia, con un enfoque de derechos y de equidad de género, constituyéndose en un importante aporte para el desarrollo del país.
De la misión y la visión se desprenden cuatro grandes pilares estratégicos. Primero, en materia de derechos humanos: difundir y proteger los derechos fundamentales de todas las personas; velar por la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición; y asegurar la prevención de todo trato que pueda ser calificado como cruel, inhumano o degradante. Segundo, en materia de acceso a la justicia: generar mecanismos adecuados para su promoción y acceso, con especial atención a quienes históricamente han estado más excluidos, disponiendo de servicios especializados como la representación judicial, la resolución alternativa de conflictos, la Defensoría Penal Pública, los servicios de identificación y registro de personas y los peritajes de carácter médico-legal y forense. Tercero, en reinserción y política penitenciaria: desarrollar acciones que permitan una reinserción y rehabilitación social efectivas de las personas que han infringido la ley, tanto en el sistema adulto como en el juvenil, mediante una oferta programática con perspectiva de género; mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario, la infraestructura de los recintos penales y el perfeccionamiento del marco jurídico y técnico de carácter penal. Finalmente, en probidad y transparencia: modernizar y fortalecer los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizando calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, y mejorando los niveles de satisfacción respecto de la cobertura, el acceso, la oportunidad y la calidad en la generación y entrega de los distintos productos y servicios que facilita el Ministerio y sus servicios relacionados.
En cuanto al programa de gobierno para el sistema de justicia penal y penitenciario, podemos señalar lo siguiente. Contamos con una inversión en 17 recintos penitenciarios que, entre 2024 y 2030, permitirá incorporar 12.000 nuevas plazas al sistema penitenciario, de las cuales alrededor de 3.000 ya se han materializado. Esta expansión responde a uno de los principales desafíos del sistema: la sobrepoblación. En 2022, la población penal alcanzaba alrededor de 41.000 personas privadas de libertad y la capacidad del sistema era similar a esa cifra. Cuando asumimos el gobierno, el sistema registraba un 97,3% de ocupación. Sin embargo, por diversas razones —entre ellas una persecución penal más efectiva y la implementación de leyes que endurecen la respuesta penal—, hoy existen más de 60.000 personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, lo que ha supuesto un aumento superior al 40% en el sistema cerrado. Ello obliga a aumentar el número de plazas con el objetivo de eliminar la sobrepoblación.
La sobrepoblación genera, al menos, tres problemas: dificulta la segregación adecuada de las personas privadas de libertad —esto es, separar a las más peligrosas de las menos peligrosas—; complejiza el trabajo de reinserción; y aumenta la inseguridad al interior de los establecimientos penales, redundando en inseguridad penitenciaria y, por cierto, en problemas de seguridad pública. Por lo mismo, nos hemos propuesto generar la capacidad adicional necesaria para resolver estos problemas.
Sobre estos aspectos se podrá profundizar posteriormente, primero con la intervención del Subsecretario y luego del Director Nacional de Gendarmería, al revisar los recursos contemplados tanto en la Subsecretaría de Justicia como en Gendarmería de Chile, considerando que en ambos presupuestos existen asignaciones en infraestructura y en atención directa a las personas privadas de libertad que se complementan y se encuentran en los respectivos capítulos de la partida.
del Ministerio de Justicia. Respecto al segundo pilar, que es la Agenda Integral de Derechos Humanos en Democracia, esto se materializa principalmente en un programa relevante con incidencia en dos instituciones: la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Médico Legal. Se trata del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que pretende esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada de manera sistemática durante la dictadura militar. Ese es otro de los ejes centrales de este presupuesto, enmarcado en el programa de nuestro gobierno.
En tercer lugar, concluir la implementación de la reforma que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, inserto en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, o Reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Recordar que esta es la Ley 21.527, presentada a finales del gobierno de la expresidenta Bachelet, tramitada durante el gobierno del presidente Piñera y aprobada en 2022, comenzando a regir el 13 de enero de 2023. Esta ley modifica de forma sustantiva el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, actualmente regido por la Ley 20.084; introduce cambios sustantivos, procesales e institucionales, poniendo término al Servicio Nacional de Menores y creando el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Cuando señalo que se presentó en el gobierno de la presidenta Bachelet, se tramitó durante el del presidente Piñera y se terminó de tramitar durante el del presidente Boric, es porque esos tres gobiernos y sus respectivas legislaturas han considerado relevante avanzar en esta reforma estructural. Su implementación se desarrolla de manera gradual: el 13 de enero de 2024 comenzó a regir en la macrozona norte, desde la región de Arica hasta la región de Coquimbo; el 13 de enero de 2025 lo hará desde las regiones del Maule hasta Punta Arenas; y el 13 de enero de 2026 concluirá en todo el territorio nacional, con las regiones de Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana. Esto también forma parte del presupuesto como pilar central de las inversiones en curso.
Finalmente, justicia accesible, inclusiva y centrada en las personas. Esto se refleja principalmente en la inversión que realiza la Subsecretaría de Justicia en los programas presupuestarios destinados a las transferencias a las cuatro corporaciones de asistencia judicial. Ustedes recordarán que hace muy poco terminamos de tramitar el proyecto que crea el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que transformará de manera significativa esta prestación que hoy ejecuta el Estado a través de dichas transferencias, además de programas actualmente alojados en la Subsecretaría de Justicia, como el Programa de Mediación Familiar, y de programas en otras carteras, como los Centros de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Todo ello se reunirá en el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y, en el intertanto, se implementará esa ley, que contempla una vacancia de 18 meses y una implementación gradual, similar a la del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Mientras tanto, debe seguir funcionando el actual programa presupuestario que lleva adelante la Subsecretaría de Justicia a través de las corporaciones de asistencia judicial.
¿Cuál es el resumen de nuestro presupuesto? Ustedes lo encuentran en la lámina siguiente. En términos generales, hay un aumento real de 17 mil millones de pesos y fracción, con un crecimiento de la partida en su conjunto de 1,2%. Es decir, la partida, con sus distintos capítulos, crece en promedio 1,2%, entendiendo que algunos crecen más y otros menos, como veremos en cada servicio respectivo. El total del presupuesto asciende a 1.537.620 millones de pesos, lo que representa, como señalé, un aumento de 1,2% respecto del presupuesto vigente para el año 2025. Y esto nosotros lo tenemos ordenado en esa...
La lámina que ustedes tienen ahí muestra las principales variaciones y las áreas en las cuales estas son significativas. Para la Secretaría y Administración General, que corresponde básicamente al presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, asciende a 301 mil millones de pesos y fracción, con una variación negativa de 4,6%, lo que, tal como lo explicará el señor Subsecretario, se debe principalmente a la disminución en el subtítulo 31 del programa 01 de la Subsecretaría de Justicia, vinculado a inversiones. Ello obedece a que hemos concluido obras muy significativas para el sector justicia; esperamos inaugurar muy prontamente el nuevo edificio del Servicio Médico Legal y, asimismo, el nuevo edificio del sector justicia en la Región de O’Higgins. Al terminar esas obras, el presupuesto de inversiones del subtítulo 31 del programa 01 disminuye en el monto y variación señalados.
En materia de concesiones, hay un aumento del 4,4%, asociado a programas presupuestarios orientados principalmente a la construcción de nuevos recintos penitenciarios. En la Subsecretaría de Derechos Humanos también se observa un aumento, vinculado con el Plan Nacional de Búsqueda. El Servicio de Registro Civil e Identificación presenta una disminución, explicada principalmente por proyectos que se han concluido, lo que el Director Nacional detallará. El Servicio Médico Legal registra una variación positiva, fundamentalmente porque una de las acciones prioritarias de este Gobierno es el Plan Nacional de Búsqueda y, además, cerrar brechas en materia de pericias; esas son las dos áreas en que se incrementa principalmente su presupuesto. Gendarmería de Chile también presenta una variación positiva, explicada por programas de seguridad penitenciaria. Por su parte, la Defensoría Penal Pública muestra una variación negativa de 0,6% por ajustes efectuados en su presupuesto.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tiene la variación más alta del presupuesto considerado, principalmente porque concluye la implementación del servicio a nivel nacional y porque su oferta programática es mucho más robusta que la que ejercía el SENAME. Al financiarse la oferta programática completa y considerando que la macrozona que ingresa es la más poblada y con mayor cantidad de jóvenes en atención, se produce esta variación de recursos.
A modo de resumen, el presupuesto ministerial crece en 1,2%, pasando de 1.521.000 millones de pesos a 1.538.000 millones de pesos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, estos son algunos ejemplos de las principales inversiones que se desarrollan en el marco de las líneas programáticas de la cartera. Primero, hay una inversión muy relevante en infraestructura penitenciaria, por 34.000 millones de pesos, que abarca principalmente el sistema concesionado, además de ampliaciones, densificaciones y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. En la página número 10 de la partida pueden ver el detalle. Estos recursos consideran, entre otras iniciativas, la ampliación de Santiago I, la relicitación de Puerto Montt y Valdivia, la densificación del Complejo Penitenciario de Biobío, la densificación del Grupo 1 en su conjunto, la ampliación de Antofagasta y, además, recursos para la construcción de los nuevos complejos penitenciarios de Copiapó y de Calama, entre otros. Como señalé, ahí se encuentra el detalle de todas las obras e infraestructura que contempla el presupuesto de Justicia.
Explico la necesidad de ampliar nuestro sistema penitenciario en las plazas necesarias y suficientes para evitar la sobrepoblación, que, como les decía, es un problema estructural de cualquier sistema penitenciario.
Posteriormente, en las líneas programáticas está el Plan Nacional de Búsqueda, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos aumenta en 1.243 millones de pesos su presupuesto. Esto contempla principalmente la continuidad del Plan y los recursos necesarios para las diligencias que ordenan los ministros y ministras en visita, así como para la plataforma informática que consolida la información relativa al Plan. Asimismo, en esta columna podemos encontrar los recursos adicionales que se incorporan al Servicio Médico Legal para las pericias que se requieren para este programa.
Luego, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil: como les señalaba, se trata de la implementación total de esta reforma, muy significativa para el sistema de responsabilidad penal adolescente. Contempla recursos adicionales por 50.000 millones de pesos para solventar principalmente la oferta programática con el nuevo modelo de intervención que establece este servicio, ahora a nivel nacional, ya que desde el 13 de enero del próximo año estará vigente en todo el país el nuevo servicio y, por cierto, la reforma completa al sistema de responsabilidad penal adolescente.
Finalmente, el Servicio Médico Legal financia dos iniciativas muy significativas: una de infraestructura, que es terminar principalmente el equipamiento del nuevo servicio, y además la remodelación del edificio antiguo del Servicio Médico Legal, con el objeto de que allí pueda funcionar el Servicio Médico Legal Metropolitano. Asimismo, se contemplan obras para la sede de Coyhaique, Quillota y terminar algunos aspectos vinculados con la reciente inauguración de San Antonio.
El otro incremento importante del Servicio Médico Legal dice relación con las brechas periciales. ¿Qué significa esto? Tal como lo hemos visto en esta Subcomisión los años anteriores, hicimos un plan trianual para disminuir las brechas existentes en pericias de distinto tipo, psiquiátricas, tanatológicas, de ADN; la directora lo explicará con mayor precisión, dada su expertise. Con estos recursos, este año concluiríamos el plan, de modo que el Servicio Médico Legal deje de tener el retraso en pericias que son claves para el sistema de justicia en su conjunto.
Finalmente, en la última lámina presentamos las variaciones que ha tenido el presupuesto del sector Justicia desde 2022 al presupuesto que hoy presentamos. La partida del sector Justicia en 2022 era de 1.339.887 millones de pesos; para 2026, la partida del Ministerio de Justicia registra un aumento de 14,8%, equivalente a 198.000 millones de pesos en términos reales, y la partida que se está proponiendo al Congreso asciende a 1.538.636 millones de pesos. Este incremento se explica principalmente por dos grandes medidas. Primero, el programa penitenciario, que es el que más ha aumentado, en un 19%; si consideramos el aumento real de casi 200.000 millones de pesos, el programa penitenciario representa 131.000 millones. El otro incremento relevante corresponde a la implementación de la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, esto es, la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que aumenta, en relación con el presupuesto que tenía el Servicio Nacional de Menores, en 63.000 millones de pesos. En conjunto, ello da los 198.750 millones de pesos, equivalentes a este aumento de 14,8%.
En cuanto a la dotación de personal, la partida del sector Justicia incorporaba 28.591 funcionarios en 2022; actualmente son 30.000 funcionarios.
…y eso se explica principalmente por el aumento de cargos vinculados a las plantas 1 y 2 en Gendarmería y la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Los 1.922 funcionarios nuevos que incorpora el Ministerio de Justicia —mejor dicho, el sector Justicia en su conjunto—, que pasa de 28.000 a 30.000 funcionarios, se explican por los aumentos en las plantas 1 y 2 de Gendarmería, las mayores dotaciones requeridas por los aumentos de plazas que se han hecho principalmente en Gendarmería, y los incrementos de dotación que implica la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente con el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Eso, Presidente, y, si usted lo permite, los siguientes capítulos los irán presentando los jefes de cada uno de los servicios.
Ya. Diputado Romero, senador Coloma.
Solamente una cuestión de orden: no han enviado aún la presentación del Ministerio, la que estamos viendo. Entonces, ¿en qué está eso para poder seguir la presentación?
—¿Se refiere en digital?
—Sí, porque esto se lo mandamos también al asesor Larraín; también me han preguntado.
—Estamos pidiéndola a la Secretaría.
—Estamos en eso, me dice la secretaria.
—Ya, voy a revisar.
Senador Coloma: Ministro, quienes van a intervenir después, ¿se van a hacer cargo —o no sé si preguntárselo ahora, por eso la duda— de la diferencia que se produce en materia de financiamiento? Por un lado hay un aumento de dotación y, por otro, hay una disminución en recursos. Esos son los datos que quería chequear. No sé si lo verán después. Y, respecto de la inversión en infraestructura penitenciaria, según los datos que tenemos acá, en el subtítulo 31 hay una baja importante. Entonces, no sé si se van a hacer cargo de eso o planteo al tiro la pregunta completa. Mejor la planteo al tiro. A ver, si me permite, Presidente…
—Adelante.
—Es una pregunta: según los datos que estamos viendo, los gastos en personal del Ministerio de Justicia muestran una caída real del 2,3%. Aquí hay una larga discusión con el Ejecutivo respecto de lo real y lo nominal, y es una discusión que no vamos a resolver en esta comisión. Será parte de la Mixta, probablemente, porque eso es lo que nos tiene en general atrasados y por eso no estamos aprobando los presupuestos de las partidas hasta que esté claro cuál es la política pública del Ejecutivo respecto de cómo fijar esa relación de nominal-real, igual a la inflación. Pero lo dejo dicho: aquí aparece una caída del 2,3%. Y, por otro lado, si uno actualiza la cifra de funcionarios, suben de 30.301 a 30.513. Voy a preguntar después por esos funcionarios —ya lo expliqué a ustedes—. Entonces, no entiendo bien cómo se pretende sostener ese aumento de dotación si simultáneamente hay una baja real en los ingresos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Obviamente, velar porque las cosas funcionen bien y que esto no genere problemas de ejecución a futuro, porque —admitamos— es una situación compleja. He visto rebajas de uno y rebajas de otro; he visto alzas de uno y alzas de otro; pero lo que no he visto es rebajas de uno y alzas de otro, porque eso puede producir un problema con los funcionarios, de alta complejidad, digamos. Así que creo que es importante precisarlo en este instante.
La segunda pregunta tiene que ver con que, si uno mira la inversión en infraestructura penitenciaria, según los datos que hay en el subtítulo 31, iniciativas de inversión, hay una baja de aproximadamente 50.483 millones a 29.104 millones; en términos nominales, 42,3%, y en términos reales, cerca del 45%. Y la baja se observa, básicamente, en la incorporación de proyectos nuevos en materia penitenciaria. Lo estuvimos discutiendo ayer a propósito del proyecto de mejoramiento de Gendarmería. Pero aquí tenemos que la misma Gendarmería plantea que hoy día hay una situación de hacinamiento —bueno, hay categorías distintas: del 100 al 200, más arriba del 200, digamos—, pero es una situación compleja porque, obviamente, estamos en un escenario de delincuencia muy complicado; las leyes se han ido modificando, hay más personas hoy día privadas de libertad y los recintos…
…de Gendarmería, hay en ejecución obras en Alto Hospicio y San Bernardo, por lo que tengo yo, pero no veo proyectos nuevos en esta materia. Pareciera que este es un tema de alta complejidad, que tiene que ver también con cómo enfrentamos como país al crimen organizado, porque las cárceles para el crimen organizado tienen que ser distintas a las otras, eso es claro, y con la capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es la política pública? ¿Hay una lógica de finalizar proyectos previos y no iniciar nuevas obras penitenciarias? Es una alternativa. Hay otra realidad que me gustaría, por su intermedio, plantear. Creo que estos dos temas del Ministerio de Justicia son relevantes. Gracias, Presidente.
Gracias, Senador Coloma. Diputado Romero, ¿le llegó la información? Ya, gracias. Ministro.
Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio: sí, las dos preguntas que hace el Senador Coloma son muy atingentes y tienen una explicación que voy a dar a continuación. Voy a partir por la segunda, infraestructura penitenciaria. Lo mencioné al comienzo, pero seré más claro.
En la partida, en el subtítulo 31, programa 01 de la Subsecretaría de Justicia, están las iniciativas de inversión. Si me equivoco o hay algo que complementar, aquí está el subsecretario. En ese subtítulo, la Subsecretaría de Justicia realiza los programas de inversión directa de todo el sector justicia: el nuevo edificio del Servicio Médico Legal, la nueva sede del Registro Civil en distintos lugares, el edificio de la Defensoría Penal Pública en Temuco, región de La Araucanía, que es uno de los últimos que se entregó, etc.
La baja en el subtítulo 31 se explica por dos razones. Primero, porque se terminaron obras del sector justicia. Y, segundo, porque las obras del sector penitenciario no necesariamente se hacen con el subtítulo 31; generalmente las hacemos con el programa 02, que es el de concesiones. La Subsecretaría de Justicia tiene dos programas, el 01 y el 02; el 02 es el de concesiones. El subtítulo 31 es principalmente para obras que ejecutamos de manera directa o diseños que contratamos de manera directa, sin utilizar la modalidad de concesiones.
Entonces, la disminución del presupuesto se explica principalmente porque terminamos el edificio del Servicio Médico Legal en cuanto a la obra —por lo que se termina de pagar aquello, que son una gran cantidad de miles de millones de pesos— y terminamos otras obras durante este año que vamos a entregar e inaugurar prontamente, como el edificio del sector justicia en O’Higgins, que es la otra gran obra que se termina e inaugura este año. Eso explica la disminución del subtítulo 31.
Por su parte, el programa 02 aumenta en un 4,4%. El programa 02, que es el de concesiones, es principalmente con el que estamos financiando las ampliaciones y construcciones de nuevas cárceles. Como el programa de concesiones se va pagando en el tiempo, lo importante es que en el presupuesto del año 2026 está contemplado ese aumento. De hecho, en el resumen de la partida figuran todos los proyectos que se amplían e incorporan a las distintas cárceles concesionadas: ampliaciones de obras en Alto Hospicio, Antofagasta, Puerto Montt, Santiago 1, con las que construimos más plazas; y las dos cárceles nuevas que estamos construyendo también a través de la modalidad de concesiones: el nuevo recinto penitenciario en Copiapó y el nuevo centro penitenciario de Calama. Ambas están financiadas a través del programa de concesiones, y eso explica el aumento del programa 02.
Efectivamente, estamos realizando este plan maestro de infraestructura penitenciaria, que implica que el próximo gobierno va a poder tener más holgura en esta materia, porque vamos a aumentar en aproximadamente 12.500 plazas el sistema penitenciario, principalmente a través de concesiones. Y eso es lo que aumenta el programa 02 de la Subsecretaría de Justicia. No sé si con eso respondo.
Y respecto a la primera pregunta, efectivamente —y eso la DIPRES podría explicarlo mucho mejor—, en nuestro caso hay un aumento de funcionarios.
En relación con el aumento de la dotación, puede haber una disminución del gasto de personal por varias razones. Primero, muchas personas que estaban en grados altos en el Servicio Nacional de Menores están dejando ese servicio, y los cargos que se están contratando en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil corresponden a grados menores, por tratarse de funcionarios nuevos. Eso permite aumentar la dotación sin necesariamente incrementar el gasto. Lo mismo ocurre en Gendarmería: los aumentos que se están realizando a través de la Escuela de Gendarmería corresponden a los grados más bajos de ingreso, mientras que están egresando gendarmes que se encontraban en los grados superiores. En consecuencia, los dos principales ámbitos donde aumenta la dotación son el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería, y esa es una explicación plausible de por qué puede observarse un menor gasto.
¿Quiere complementar, senador?
Sí. Eso puede ser una parte de la respuesta; la otra es un tema que nos tiene preocupados en todas las subcomisiones. Imaginemos que, en un acto de fe, la diputada Yeomans nos convenza a todos y aprobemos el presupuesto tal como está: lo concreto es que, cuando venga el reajuste de remuneraciones, no habrá recursos para cubrirlo; el factor de reajuste será cero. Esa es la otra parte del problema, ministro. Una parte puede explicarse por mayor eficiencia o ahorro —así lo entendí por la nueva estructura—, pero lo que complica es lo general. No es una responsabilidad suya; es algo que se está produciendo en todos los ministerios y que no ocurría hace muchos años, porque antes siempre quedaba reflejado. Ahora no lo está, y eso complejiza esta discusión presupuestaria.
Gracias, senador Coloma. Diputada Yeomans.
Gracias, presidente. Saludo al ministro y a los subsecretarios. Estaba revisando la carta que nos envía la Defensoría de la Niñez, que plantea varios puntos. Quizás cuando le corresponda a la subsecretaria podamos profundizar, pero hay temas que me inquietan y corresponde plantearlos. Por ejemplo, la preocupación por la disminución del 12% en los programas sociales de prevención, o el financiamiento de las Oficinas Locales de la Niñez. Entiendo que pueden pertenecer a distintas partidas y ministerios, pero me parece importante, en la discusión general de la Comisión Mixta, tener a la vista esta carta. Si uno va sumando, llama la atención, por ejemplo, la reducción en salud mental infantil y también en JUNAEB. Son aspectos relevantes para una mirada integral al momento de decidir.
Ministro.
Muchas gracias, presidente. Solo señalar que, aunque entraremos a cada capítulo, respecto de lo planteado por la diputada, conozco la carta de la Defensoría y, en general, no se refiere a programas vinculados al Ministerio de Justicia. En materia de adolescencia, lo que más aumenta en nuestro ministerio es el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, con el incremento más significativo en programas asociados a esa población. El resto de los programas —lo que puede llevar a equívoco— antes estaba en Justicia, pero ahora está en Desarrollo Social. Al separarse el sistema proteccional del sistema de responsabilidad penal adolescente, el sistema proteccional se trasladó a Desarrollo Social, específicamente a la Subsecretaría de la Niñez. Por lo tanto, esos programas ya no los lleva el Ministerio de Justicia, sino que están en esa cartera.
…de prevención del delito están en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Bien, ministro, continuemos porque tenemos acotado el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a presentar la partida de hoy en lo que corresponde a la Subsecretaría de Justicia. Tenemos una lámina que muestra el consolidado de ambos programas de la Subsecretaría de Justicia: el Programa 01, Secretaría de Administración General, y el Programa 02, Concesiones del Ministerio de Justicia.
En términos generales, la Subsecretaría de Justicia presenta una disminución de su presupuesto respecto del año pasado de 3,4%. En lo que se refiere al Programa 01, hay una disminución de 10,2%, que, tal como indicaba el ministro, obedece fundamentalmente al término de ciertas iniciativas de inversión, por cuanto se han completado. Sin ir más lejos, la mayor parte de esta disminución se explica por la culminación de las obras del edificio institucional del Servicio Médico Legal, cuyo monto pasa de 22.000 millones a 6.000 millones, y por la finalización del edificio de justicia de Rancagua, que pasa de 9.000 millones a cerca de 400 millones.
Respecto de los hitos relevantes, si avanzamos a la lámina siguiente, para el año 2026, y en consideración a la importante labor que desarrolla la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, vamos a tener 44 cupos de honorarios, actualizando a 49, a fin de permitir que esta comisión —cuyo decreto se está modificando para extender su labor— pueda operar de manera adecuada. Esto es, la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación respecto de las víctimas del Sename.
En el Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo y el 29 de Adquisición de Activos no Financieros se consideran las políticas ministeriales y de gestión de la Subsecretaría de Justicia; los gastos de operación y funcionamiento centralizado; los gastos de publicidad y difusión de las iniciativas ministeriales y de la oferta programática, así como la publicación oficial de materias legales y jurídicas; y, por cierto, la operación y atención en nuestras Secretarías Regionales de Justicia y Derechos Humanos en cada una de las regiones del país.
Si nos concentramos en los hitos relevantes del Subtítulo 24, de oferta programática, por 130.430 millones de pesos, se contempla fundamentalmente la operación de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que, tal como indicaba el ministro y con la gradualidad prevista en la ley, en el futuro formarán parte de un solo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Asimismo, se incluyen los programas que, al alero del despliegue de las Corporaciones de Asistencia Judicial e integrados en este Subtítulo 24, forman parte de la labor del Ministerio de Justicia: el Sistema Nacional de Mediación (12.894 millones), el programa Mi Abogado (27.180 millones), el programa de Curadurías (22.250 millones), las Corporaciones de Asistencia Judicial (66.630 millones) y, finalmente, el programa Adulto Mayor (1.474 millones de pesos).
En cuanto a las inversiones de infraestructura, totalizan 25.695 millones de pesos. Los hitos relevantes son los siguientes: para Gendarmería de Chile, la construcción de defensas fluviales del Complejo Penitenciario de Acha, en Arica, por 3.666 millones de pesos. En el caso del Servicio Médico Legal, inversiones por 16.157 millones de pesos: reposición del edificio central (de 22.000 a 6.686 millones este año); reposición del SML de Coyhaique, por 5.291 millones; reposición y equipamiento del SML de Quillota–La Calera, por 3.040 millones; y reposición del SML de San Antonio, por 539 millones de pesos. También se contemplan inversiones de infraestructura.