Vamos a iniciar esta sesión en comité de nuestra Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación de Sequía. La iniciamos en comité por razones técnicas: algunos señores Senadores se encuentran en comisiones oficiales y otros revisando presupuesto. En comité, de todos modos, iremos avanzando para no perder tiempo. Ruego tomar asiento. Damos inicio.
Saludamos a la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU): a su presidente, señor José Rivera, y a su vicepresidenta, señora Carolina Carrasco; al vicepresidente de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de la Sexta Región, señor Edmundo Jofré; al presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable Rural, señor Manuel Morán; al presidente de la Asociación Provincial de Agua Potable Rural de Limarí, señor Luis Alfaro; y a la Federación Nacional de APR Chile: su presidenta, señora Jorqui Riquelme; su vicepresidente, señor Raúl Osorio; y su coordinador, señor Rufino Evia.
Del Ministerio de Obras Públicas: el coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves; el asesor legislativo, señor Tomás Mendoza; y la asesora nacional de Obras Hidráulicas, señora Magaly Espinosa. Saludamos también al señor Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Senado de Chile. Contamos con numerosos invitados el día de hoy.
Y el tiempo siempre es escaso; por lo tanto, vamos a partir ofreciendo la palabra. ¿Quién parte primero? ¿FENAPU? ¿Sí? ¿Ya? Tiene la palabra FENAPU. Tratemos de hacerlo lo más acotado posible para que todos nuestros invitados puedan exponer.
Sí... Bueno, señor Presidente de la Comisión, sería bueno que indiquen su nombre al iniciar para que quede registro. Mi nombre es José Rivera Navarro, soy presidente de FENAPU Chile, de la región de O’Higgins. Hoy vengo en representación del directorio de FENAPU. Saludamos al señor Presidente y a los señores senadores que hoy nos acompañan. Agradecemos profundamente esta invitación en nombre de nuestra Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile, FENAPU Chile, que agrupa a los comités y cooperativas de agua potable rural, hoy denominados Servicios Sanitarios Rurales, que abastecemos con agua segura a más de 2.300.000 personas. Ustedes sabrán que en Estados Unidos y en la Unión Europea se consume agua segura; en Latinoamérica, en cambio, son solo dos países: Chile y Costa Rica. Y eso es un orgullo para los comités y las cooperativas. Por eso lo destaco.
Comparecemos hoy para compartir nuestra opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 20.998 y, al mismo tiempo, para poner en valor el trabajo de más de 20 años de FENAPU Chile, constituyendo asociatividad, fortaleciendo la gestión comunitaria y promoviendo el derecho humano al agua y al saneamiento.
Nuestra federación comenzó en agosto de 2005, en la provincia de Osorno, en la comuna de Puyehue, y anteriormente empezamos a trabajar con el Presidente Lagos, porque cuando en Chile se presentaron desafíos de privatización y otras situaciones que afectaban a los comités y cooperativas, nos dimos cuenta de que no había institucionalidad, no había una ley. De ahí nace, de nuestros dirigentes, la idea de impulsar una ley.
En noviembre de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet firma el anteproyecto que ingresa a este Congreso. Agradecidos de los parlamentarios, logramos impulsar por primera vez en Chile una ley creada conjuntamente por los dirigentes, los parlamentarios y el Poder Ejecutivo, desde cero. Iniciamos así una larga trayectoria; y durante el gobierno del Presidente Piñera fuimos bien recibidos por los ministros de ese entonces y por los parlamentarios, y el curso siguió, porque fue muy largo el trámite de la Ley 20.998. En todos los gobiernos fuimos considerados transversalmente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En 2015, FENAPU Chile, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizó un seminario internacional único en Latinoamérica. Asistieron representantes de 25 países, de África y de Estados Unidos, y quien inauguró este evento fue la Presidenta Bachelet. En ese encuentro, con 500 dirigentes de todo el país, la Presidenta otorgó urgencia a este proyecto de la Ley 20.998, que en 2017 fue aprobada por el Congreso.
Posteriormente, en el nuevo gobierno del Presidente Piñera, se empezó a trabajar el reglamento, porque, como todos sabían, aunque la ley estaba aprobada, solo entraría en vigor cuando estuviera aprobado su reglamento. Eso nos llevó a seguir trabajando con nuestra gente a lo largo de todo el país. Fuimos muy bien acogidos por los parlamentarios y estamos muy agradecidos, porque era una ley que todos debíamos esforzarnos por dejar lo mejor posible. Finalmente, se aprobó, con la participación de una gran cantidad de dirigentes de todo Chile, aquí en este Congreso.
Y eso es un orgullo, porque es la única ley hecha en Chile con los propios dirigentes, tal como hoy se está realizando su modificación.
Hoy, con el Presidente Boric, fuimos nuevamente bien acogidos y le hicimos saber la rapidez del cambio en las zonas rurales, el crecimiento que hemos tenido, más acelerado de lo que indica la Ley 20.998. Por eso era importante mejorarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Una de las vías fue conformar la Mesa Única Nacional, en la que participamos dirigentes de Arica a Punta Arenas, donde expusimos la realidad diversa del país, porque la interculturalidad es muy distinta entre Arica, la Cuarta, la Sexta, Temuco y Punta Arenas. De allí surge la idea de proponer un articulado.
Quisiera destacar algunos aspectos relevantes del proyecto de modificación de la Ley 20.998. En primer lugar, el proyecto considera materias significativas para el quehacer de los comités y las cooperativas de agua potable, que representan un avance importante respecto de la ley vigente. Las razones para iniciar este proceso se relacionan con los inconvenientes que generó su implementación: nos encontramos con una serie de problemas y, principalmente, con interpretaciones disímiles entre los actores. La Subdirección lo entendía de una forma, la Superintendencia de otra y los dirigentes de otra. El ejemplo más claro fue la complejidad de la planilla de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para la determinación de las tarifas, carente de la simplicidad que requiere el mundo rural. Nos enviaron una planilla tan extensa y con tantos datos para el estudio tarifario que resultaba imposible de responder. Ello motivó varias solicitudes para cambiar la forma de calcular la tarifa, logrando alguna simplificación.
Respecto del proyecto de modificación, valoramos la inclusión de principios, el reconocimiento de las políticas nacionales de los servicios, la mención a los dirigentes y el rol del Ministerio de Obras Públicas en inversión, asesoría y asistencia. Van en la dirección correcta, pero se requiere mejorar la gestión para que la asesoría, la asistencia y la inversión lleguen oportunamente a los comités y cooperativas. Hoy, lamentablemente, es muy difícil obtener un proyecto de mejoramiento: se licita, pasa a la Fiscalía —que se demora meses—, luego a la Contraloría; transcurre un año, dos años, y cuando no se puede ejecutar en el mismo año, los recursos deben devolverse. Hay demasiados trámites y los servicios públicos están muy fragmentados, lo que dificulta que los beneficios lleguen oportunamente a nuestros sistemas.
Otro aspecto relevante es la simplificación de la licencia y del registro, un gran avance, así como la incorporación de normas de diagnóstico y evaluación. En esa parte, la modificación es bastante buena y la reconocemos, especialmente al permitir obtener la licencia por el solo mérito de la ley. Sin embargo, la clasificación en función de los arranques nos merece reparos, pues no resuelve problemas ya advertidos en la ley; la propuesta no se condice con lo que necesitamos.
Finalmente, nos preocupa la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el proceso tarifario, en especial respecto de los servicios menores. Estimamos que, en esta materia, debería ser la Subdirección, mediante un proceso simplificado, la que determine las tarifas.
Quedando la Superintendencia solo para resolver discrepancias entre la Subdirección y los APR. Hoy día, señor Presidente, el proceso tarifario de la Superintendencia es terriblemente complejo. Como el superintendente señaló en esta misma instancia, había plazos que cumplir; sin embargo, a la fecha no hay ninguna tarifa implementada en Chile para los servicios sanitarios rurales. ¿A qué voy? Se suponía que debían partir por el segmento mayor, en gran parte mediante un piloto en tres regiones, y no se ha logrado ninguna. Esto ha provocado que, desde la entrada en vigencia de la ley, se entendiera que las tarifas solo podían ajustarse con aprobación de la Superintendencia. Así, hay servicios que desde 2023 no han podido actualizar sus tarifas; estamos en 2025, la Superintendencia aún no dicta una tarifa y, cuando lo haga, el proceso tomará seis o siete meses, lo que significa que recién podrían subirlas en 2026. No podemos resistir, porque tenemos gastos y, por ejemplo, el alza de las tarifas eléctricas ha sido muy significativa. Por eso necesitamos que se simplifique y se otorgue la posibilidad de que los servicios, como las cooperativas y los comités, puedan realizar ajustes tarifarios; de lo contrario, vamos a ir a la quiebra.
Sin embargo, otro aspecto que nos preocupa es la participación. Y, sin duda, también es relevante la fiscalización. Creemos que requiere un mayor análisis, toda vez que debe considerarse la naturaleza de los comités y cooperativas como servicios sin fines de lucro, que no pueden ni deben recibir un tratamiento análogo al de las empresas sanitarias. Estimamos que la mejor opción, tal como acordó la Mesa Única Nacional, es rebajar la intensidad de la fiscalización, de las multas y de la presión. Eso, señor Presidente, para nosotros es fundamental: se pueden hacer las cosas, pero no aplicando un símil del tratamiento de una sanitaria. Ahí estamos bastante preocupados. Usted sabe que en los servicios sanitarios hay algunos que funcionan muy bien, otros regulares y otros mal. Debemos contar con la facultad de hacer las cosas como las están haciendo quienes lo hacen bien, y podemos aportar en ello.
FENAPRU ha sido en estos años un puente entre el Estado y las comunidades rurales, proveyendo un modelo de gestión pública comunitaria, reconocido dentro y fuera de Chile. Hoy pertenecemos a la Confederación Latinoamericana, CLOCSAS, que reúne a países de toda la región, y están orgullosos: ven a Chile como un ejemplo. En Colombia, Perú y otros lugares, muchas comunidades no pueden consumir agua de la red y deben recurrir a agua envasada. En Chile, en cambio, hemos entregado —con las cooperativas y los comités— un modelo a seguir, que varios están estudiando y replicando.
Valoramos sinceramente la voluntad del Gobierno de escuchar a los dirigentes y de formar la Mesa Única Nacional, donde participamos representantes de los servicios sanitarios de todo el país. Agradecemos ese espacio de diálogo, que permitió recoger la voz de las comunidades rurales y mejorar las propuestas legislativas. También queremos agradecer a las senadoras y los senadores de esta comisión por su disposición al diálogo y la prioridad otorgada a esta reforma, que busca fortalecer el sistema de los servicios sanitarios rurales. Reconocemos especialmente a usted, senador Juan Castro, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, por su apertura y compromiso con este proceso.
Desde FENAPRU Chile, junto a APR Chile, solicitamos respetuosamente poder participar en la discusión en particular de este proyecto, tal como lo hicimos en la tramitación de la Ley 20.998. Creemos que la participación activa de nuestra organización enriquece el debate y garantiza que la ley refleje la realidad.
Gracias, Presidente. Muchas gracias, estimado José. Le damos la palabra a APR Chile. Por favor, indique su nombre para el registro.
Mi nombre es Yorki Riquelme Maliqueo, soy presidenta de la Federación Nacional APR Chile y vengo de La Araucanía. Buenos días, señor Presidente, señoras y señores integrantes de la Comisión. Primero que nada, agradezco la invitación a participar en esta sesión en representación de comités y cooperativas de agua potable rural de todo el país. Me acompañan Raúl Vera Osorio, vicepresidente de la Asociación Nacional APR Chile, y Rufino Evia Páez, coordinador nacional de nuestra organización.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, por haber cumplido su palabra en revisar y modificar la Ley 20.998; por él estamos aquí. Con el proyecto ingresado al Parlamento, se abre una nueva etapa y un gran desafío: fortalecer esta ley, dotarla de todas las herramientas necesarias y asegurar que el Estado acompañe siempre a quienes, de manera voluntaria y comprometida, gestionamos el agua en nuestros territorios rurales.
Hemos realizado una revisión detallada, artículo por artículo, formulando observaciones y propuestas que buscan contribuir al perfeccionamiento de esta legislación. Este trabajo se encuentra contenido en el documento que hoy dejamos en sus manos y cuyos principales aspectos queremos compartir en esta presentación. Raúl, por favor, entregue a la Presidencia.
Contexto, desafíos y sentido de la propuesta. La Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, representa uno de los marcos normativos más relevantes para el mundo rural chileno. Fue concebida para reconocer el carácter comunitario de la gestión del agua potable rural y establecer un sistema de apoyo estatal que asegure la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la implementación de esta ley ha evidenciado tensiones entre el modelo de gestión comunitaria y la lógica administrativa institucional que la regula.
El proceso actual de modificación de la Ley 20.998 abre una oportunidad para corregir estas distorsiones. No obstante, el texto en revisión mantiene vacíos estructurales que impiden que la ley cumpla plenamente su objetivo de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como fortalecer la autonomía y función pública de los comités y cooperativas de agua potable rural.
La Federación APR Chile presenta este documento como un primer acercamiento a una revisión profunda de la propuesta de modificación de la Ley 20.998, aportando desde la experiencia de las organizaciones comunitarias del agua y su rol histórico en la resiliencia hídrica. Contiene un análisis artículo por artículo que combina rigor jurídico con compromiso colectivo, reflejando nuestras observaciones y la voluntad de construir un marco regulatorio que nos represente.
Se solicita que estas observaciones no sean ignoradas, que se valore el esfuerzo realizado, aun cuando puedan contener errores. De ser así, ello se debe principalmente a que el formato legislativo entregado por el MOP y la Comisión está lejos de reconocer quiénes somos, la realidad que enfrentamos y las condiciones tecnológicas con las que contamos, señor Presidente. Por ello, se requiere trabajar el texto en formato editable, con columnas para comentarios directos, junto a asesores jurídicos de senadores, representantes del Ministerio de Obras Públicas y demás actores pertinentes, asegurando la incorporación rigurosa y vinculante de las observaciones comunitarias.
Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto proponga, uno, reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.
Señora Yorki, ¿por qué no me espera un momentito para oficializar la Comisión y pedirle cuenta al Secretario? Con la presencia del senador...
Secretario, nos da la cuenta. Gracias, señor Presidente. Muy breve. Se ha recibido una comunicación del asesor legislativo del MOP, don Estéfano Salgado, dando respuesta al listado de dudas y referencias relacionadas con el proyecto en tabla, enunciadas en la sesión anterior. Asimismo, cabe hacer presente que el analista de la Biblioteca, don Eduardo Baeza, adjuntó otro listado de aspectos formales que cabría corregir en el texto del aludido proyecto, para lo cual ya se ha establecido un acuerdo con el Ejecutivo a fin de corregirlos. Son únicamente errores de referencia, de manera que se pueda aprobar el texto en general ya con esas referencias listas. Gracias, secretario. Vamos a revisar el documento y, de ahí, continuamos con la discusión. Continúa, señora Yorki.
Muchas gracias. Voy a comenzar de nuevo. Título: Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto propone: uno, reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado; dos, incorporar los principios de no discriminación, transparencia, asociatividad y sostenibilidad; tres, fortalecer el registro público de licenciatarios y definir con mayor claridad la titularidad de la licencia; cuatro, iniciar la discusión sobre el saneamiento rural como componente estructural de los servicios.
Estos elementos constituyen avances respecto del texto original, en tanto reconocen la relevancia social de los comités y cooperativas que prestan el servicio sanitario rural y apuntan a una mayor coherencia con la reforma del Código de Aguas y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Además, se reconoce la importancia del trabajo asociativo y organizativo más allá de cada APR, incluyendo uniones comunales, provinciales, regionales y nacionales, que han sido un soporte fundamental para muchos dirigentes y constituyen la razón de las modificaciones propuestas. Este enfoque sugiere la necesidad de incorporar a estas organizaciones en una participación efectiva, por ejemplo, en el fortalecimiento y acompañamiento de los consejos consultivos nacionales y regionales.
Vacíos, riesgos y omisiones. Pese a los avances, el texto revisado presenta omisiones que comprometen la naturaleza comunitaria del modelo y el rol del Estado como garante del derecho humano al agua. Uno, desvinculación entre el derecho humano y el deber estatal: varios artículos convierten la obligación del Estado en una simple posibilidad —“podrá” aportar inversión o asistencia—, debilitando la garantía del derecho. Dos, separación artificial entre el licenciatario y la comunidad: la redacción del texto legal trata al licenciatario como un ente externo, similar a una concesión privada, desconectado de la comunidad que le da origen. Esto representa una distorsión profunda del modelo rural en los APR. La licencia no pertenece a una empresa ni a un operador, sino a la organización comunitaria que la ejerce colectivamente a través de sus socios y dirigentes elegidos democráticamente. Separar jurídicamente al licenciatario de la comunidad introduce una lógica ajena al mundo rural, reproduce la estructura de las concesiones urbanas y despoja a las comunidades de su rol soberano en la gestión del agua. La ley debe reconocer explícitamente que el licenciatario es la propia comunidad organizada, no un sujeto externo que administra un servicio ajeno. Tres, pérdida de la centralidad del carácter comunitario: aunque se mantienen las figuras de comités y cooperativas, se les define como organizaciones funcionales, subordinadas a otras leyes, restando autonomía y desconociendo su función pública y su historia de más de 60 años de gestión social del agua. Cuatro, ausencia del criterio comunitario y ético: se abre la posibilidad de que otras personas jurídicas sin fines de lucro operen servicios rurales, sin resguardo, arraigo territorial ni legitimidad social. Cinco, privatización encubierta mediante contratación con terceros: la ley permite que tanto los APR como la subdirección contraten empresas sanitarias o privadas para operar sistemas, reinstalando la lógica concesionada y debilitando la autonomía local. Seis, fusión forzada y pérdida del control territorial.
Las facultades de la Subdirección para fusionar servicios de oficio amenazan la autogestión y la diversidad organizativa, especialmente en comunidades pequeñas o aisladas.
En cuanto al enfoque tecnocrático y la evaluación, se privilegian indicadores financieros y administrativos, dejando fuera dimensiones sociales, culturales y territoriales que son esenciales para la sostenibilidad de los APR.
Existe un insuficiente reconocimiento de las condiciones materiales: no se incorporan como bienes indispensables los espacios físicos, el equipamiento y las condiciones organizativas mínimas para la gestión y la vida comunitaria.
Respecto del saneamiento, no hay garantía estatal: se condiciona su implementación a la existencia de infraestructura, sin establecer la obligación del Estado de asegurar ni acompañar su operación, con financiamiento y capacitación.
Reflexión general: modelo comunitario y Estado garante. Las modificaciones en curso tienden a reforzar la mirada administrativa del Estado sobre los APR, más que a reconocerlos como un modelo de gobernanza comunitaria del agua. La gestión del agua potable rural no es una simple prestación de servicio, sino una forma de organización social que ha permitido garantizar agua donde el Estado llega atrasado o con debilidad, y donde al privado simplemente no le interesa. El reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento debe traducirse en condiciones habilitantes: acceso prioritario a fuentes de agua, energía, formación y apoyo técnico permanente. Este deber estatal no puede depender de la voluntad política ni de trámites burocráticos. Se requiere, además, una institucionalidad pública especializada, no concesionada ni mercantil, que acompañe, fortalezca y respalde la gestión comunitaria. Los APR deben ser reconocidos como actores públicos comunitarios, con un rol estratégico en la resiliencia hídrica, la justicia territorial y la sostenibilidad de los servicios.
Nuestras conclusiones y propuestas:
1. Incorporar explícitamente el deber del Estado de garantizar inversión, asistencia y fortalecimiento permanente de los APR.
2. Reconocer a los APR como organizaciones comunitarias con función pública, no subordinados a otras leyes.
3. Eliminar la posibilidad de contratación permanente con empresas sanitarias.
4. Afirmar que el licenciatario es la propia comunidad organizada.
5. Incorporar la participación vinculante de las organizaciones comunitarias en la política nacional de servicios sanitarios rurales.
6. Garantizar financiamiento basal y fondos de emergencia estructural.
7. Reconocer el agua misma como un bien indispensable y priorizar su uso humano y comunitario.
Promover una nueva relación entre Estado y comunidades, basada en corresponsabilidad, respeto y confianza mutua.
El cierre. En síntesis, la modificación de la Ley 20.998 debe ser una oportunidad para consolidar el modelo comunitario de agua potable rural, fortalecer la institucionalidad pública y garantizar efectivamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Cualquier cambio que debilite la autonomía, la participación o el rol social de los APR significará un retroceso en una historia de más de medio siglo de gestión solidaria del agua en los territorios rurales de Chile. Organizados y unidos podemos.
Muchas gracias, Federación Nacional APR Chile.
Muchas gracias, señora Yorke. Usted nos deja prácticamente un proyecto hecho. Obviamente lo vamos a estudiar muy bien. El sentido de esta ley, sin duda, es mejorar y evitar aprovechamientos, porque en muchas localidades las APR son, en el fondo, la empresa más grande que tiene el sector, y hay que ordenarlas bien. Creo que ese es también el sentido de este proyecto. Por eso estamos recibiendo opiniones y debemos estudiarlo. No es un proyecto rápido; es un proyecto bastante lento, diría yo, por lo que significa.
Muchas gracias, señor Presidente. Carolina Carrasco Romero, vicepresidenta de FENAPRU Chile, Región Metropolitana. Como dirigente de base, presidenta de comité y de la asociación gremial de la provincia de Melipilla, señalo lo siguiente. Participé activamente en esta tramitación y en la Mesa Única Nacional. Lo que hoy se ha presentado no recoge el énfasis que pusimos los dirigentes en materia de saneamiento. Sobre saneamiento dijimos: está bien como está, mantengámoslo. No propusimos mayores modificaciones a la ley, porque es un tema grande que nos supera en capacidades operativas. Y no porque no tengamos capacidad como personas; la trayectoria de dirigentes con 60 años de trabajo demuestra que hemos llevado el agua a nuestras comunidades, en una tarea compartida con el Estado.
Sin embargo, el artículo 11 señala que, si las municipalidades que administran plantas de tratamiento quieren traspasar a las APR la administración de ellas, bastará el pronunciamiento de la Subdirección; y, si no se pronuncia, después de 90 días se entiende aprobado por silencio administrativo. Pero, señor Presidente, hay comités que llevan 12 años esperando tener agua y aún no tienen ni siquiera puesta la primera piedra desde que se constituyeron; y, en cambio, en tres meses se nos podría traspasar la administración de plantas de tratamiento. ¿En qué condiciones? Si la Subdirección no puede pronunciarse porque no tiene personal suficiente. Esta Subdirección se crea con la ley; en la región tiene tres personas y se espera que se hagan cargo de todo, sin contar siquiera con la contratación de un experto sanitario que apoye y refuerce este tema. Eso no está contemplado. Entonces, ¿cómo nos cargan a nosotros, vecinos que hacemos un trabajo voluntario, ad honorem, una responsabilidad tan grande, para la cual no tenemos capacidad? Tampoco la tienen muchos municipios, que enfrentan sumarios sanitarios porque no logran administrar bien sus plantas. La tecnología de lodos activos, por ejemplo, constituye un tema complejo.
Téngase presente que el 70% de los APR en Chile son pequeños: menos de 300 arranques. ¿Con qué espalda financiera afrontarán esta situación? ¿Van a llevar a la quiebra la administración del agua potable? No es viable que, por la vía de una modificación simplista, se nos imponga hacernos cargo del saneamiento. No porque no queramos: lo que más deseamos es contar con agua limpia, un medio ambiente libre de contaminación y que nuestras hortalizas y actividad agrícola se rieguen con agua sana. Pero no en estas condiciones.
Luego se nos exige “profesionalícense, dirigentes; ¿por qué no se renuevan?”. ¿Qué sentido tiene, si cada día se nos cargan más responsabilidades a costo cero? Somos nosotros quienes damos la cara en el territorio, por nuestras familias y comunidades. Esto se está transformando en un abuso hacia nosotros, vecinos insertos en nuestras comunidades, al imponérsenos un rol que corresponde al Estado. Como dirigentes hemos asumido con cariño el APR y lo defendemos con convicción, porque ahí está el agua comunitaria de nuestro país. Pero hacernos cargo de las plantas de tratamiento, no; no en estas condiciones.
Por otra parte, en materia de tarifas, como decía nuestro presidente, hoy hay tres regiones —Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins— en proyecto para revisar tarifas, y esto le quedó grande a la CIS.
Nos hizo una presentación tarifaria que nos perjudica; nos rebaja el cargo fijo, que es la base para los pagos esenciales. ¿De dónde? Sí, claro, nos tarifican con los tres años pasados. O sea, ¿usted paga hoy día la cuenta de la luz con lo que pagaba en 2022? No, pues. Entonces, ¿qué quieren? ¿Llevarnos a la quiebra? Nos aumentan en el tarifario el primer tramo, donde están nuestros adultos mayores, los que menos gastan agua y que es un incentivo para nosotros, ¿no es cierto? El que menos gasta, menos paga, y lo suben. Y rebajan en el tarifario el más alto: el que más consume, menos paga, estandarizando la tarifa. O sea, se aparta totalmente de lo que nosotros, inteligentemente, hemos hecho, que es desincentivar el sobreconsumo, valorando al que menos gasta. Y lo hacen al revés.
Y ahora dicen: “No, déjelo en stand by, en espera, y lo retomamos el próximo año”. O sea, ¿cuándo dan cumplimiento a la ley? Pero a nosotros sí que se nos exige. Yo no tengo problema, porque administro un APR mayor. Pero, ¿qué pasa con los que administran un APR pequeño? Además, tenemos que tener plata para la emergencia, porque no existe un fondo para eso. Y si hay alzas y los vecinos no pagan, ¿dónde viene nuestro problema? Y, más encima, hay que poner fondo de emergencia, de reposición, ¿no es cierto?, y quieren el vuelto. ¿Cómo, pues? Entonces, pongámosle realismo: para eso vinimos, para decirles que así no es la cosa en la práctica. Muchas gracias, Presidente.
Sí, diputado Pino, tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Senador, invitados de APR Chile, de FENABRO. Bueno, muchos me conocen, ¿cierto? Hemos estado trabajando en varios temas en la Cámara de Diputados y hemos insistido fuertemente para que este proyecto llegara al Congreso. Ingresó por el Senado en este primer trámite. Y, la verdad, escuchando a los representantes, sigo manteniendo la misma opinión desde el principio: hay muchas cosas por hacer y, lamentablemente, la Superintendencia —como lo dijimos aquí también hace un par de meses, por otro proyecto que habíamos presentado y que no siguió avanzando esperando esta ley— sigo pensando que no da el ancho. Le cuesta con las empresas sanitarias concesionadas; imagínense con más de 2.000 servicios sanitarios rurales. Con los recursos de que dispone hoy la Superintendencia, pensar que va a poder sostener la fiscalización, la tarificación y, además, gestionar sus propios recursos para apoyar y gestionar recursos en los APR o servicios sanitarios rurales, con las condiciones actuales, no creo que sea posible.
Estamos esperando este proyecto en la Cámara de Diputados. Sabemos que, probablemente, por cómo conocemos el proceso legislativo, esto pueda quedar para el próximo periodo legislativo, a lo menos en la Cámara de Diputados. Lo cual nos preocupa, porque va a haber nuevos actores en la política, quizás, y eso generará otras instancias de discusión. Y puede que este proyecto, en vez de avanzar rápido, termine avanzando más lento aún.
Entonces, Presidente, quiero manifestar aquí que siempre he tenido la mejor opinión de esta comisión y de usted en lo personal. Más que nada, Presidente, poder escuchar a los dirigentes. Creo que lo importante es que nosotros, quienes hemos sido electos por votación popular y representamos a la gente, podamos demostrar que estamos en sintonía con sus necesidades; más que, a lo mejor, el Estado, que ve las cosas de una manera distinta, más fría, desde los números, considerando muchas veces que sale muy caro pensar en hacer las cosas de otra manera. A nosotros nos corresponde, más que nada, hablar por las necesidades de las personas. Entonces, Presidente, en lo personal vine...
Diputado: Señor Presidente, como le digo, he venido acompañando esta discusión por años; no es algo que hoy día me levanté y dije: “van a estar en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y voy a ir a opinar”. Todo lo contrario: acá hay un trabajo permanente, sobre todo con los APR de la Región de Coquimbo, y de eso hay constancia. Así que, señor Presidente, cuente con nuestro apoyo también en la Cámara de Diputados para que, dentro de lo posible, este proyecto se tramite pronto. En la Cámara estamos a disposición para avanzar rápidamente y apoyar las necesidades que los Servicios Sanitarios Rurales están hoy día manifestando. Muchas gracias.
Presidente: Gracias, diputado. Este es un proyecto que se viene conversando ya hace tres gobiernos. Es importante; sé que habrá inquietudes, pero también es cierto que hay que avanzar. El país merece seguir ordenándose. Por eso estamos con todos los invitados, escuchándolos, porque esta decisión no pasa sólo por nosotros: pasa por saber escuchar. Carlos, demos la palabra al dirigente y luego te la doy a ti. Tiene la palabra; por favor, indique su nombre.
Rufino Edea: Gracias, Presidente. Mi nombre es Rufino Edea, Coordinador Nacional de APR Chile. Quiero plantear un par de puntos para lograr una participación efectiva de los dirigentes a nivel país en estas observaciones al proyecto de modificación de la ley. Nos atrevimos a entregar un documento con una revisión artículo por artículo, donde creemos que está el detalle. Más allá de las reivindicaciones y discursos, proponemos una forma de abordarlo y trabajarlo.
En nuestra presentación, la Presidenta plantea construir un equipo de trabajo entre el MOP y los asesores jurídicos de los senadores de la Comisión, para garantizar que nuestras observaciones se incorporen. Creo que en estos ocho meses desde que se terminó la Mesa Única Nacional —con un poco más de tiempo— podríamos haber avanzado en incorporar las observaciones con más precisión.
La Ley 20.998, que está vigente, necesita una transición; no basta con aplicarla tal como está. Hoy tenemos la posibilidad histórica, con el proyecto sobre la mesa, de corregir problemas que señalamos en nuestra propuesta. Sobre fiscalizaciones y multas, para nosotros, como APR Chile, ni siquiera en términos simbólicos aceptamos una multa, por la condición y función que cumplimos y por el rol del Estado. Son puntos que quisiéramos discutir a fondo, uno a uno.
El articulado es muy complejo de revisar; se requiere cierta experticia. A nivel de federación tenemos más capacidades, pero si quisiéramos la participación de todos los dirigentes, es imposible ir de un artículo a un intercalado y a otra observación. Pedimos comprensión de lo que somos, para poder realmente opinar y hacer observaciones. El trabajo que hoy entregamos —una revisión artículo por artículo— significó muchos días frente al computador, ordenando en una tabla, en columnas, para poder formular observaciones. Queremos que ese esfuerzo tenga un resultado: un mecanismo de trabajo, no simplemente ser escuchados en un par de sesiones.
Para nosotros, esta es la primera apreciación de la ley. Es profunda, como usted dice; por lo tanto, llamamos a que desde esta Comisión se exija un trabajo sostenido, en que las federaciones acá presentes, con sus equipos, puedan avanzar artículo por artículo para ir resolviendo la transición. Eso es.
Presidente: Se lo agradezco. Estamos recién iniciando un estudio en general; luego vendrá toda la discusión en particular. Estamos empezando a echar a andar este motor. Sé que tomará tiempo; no es rápido. Es un proyecto grande, con hartas discusiones y conversaciones. Inicialmente lo veremos en general y después entraremos al detalle. Tiene la palabra don Carlos Estevez.
Carlos Estevez: Gracias, Presidente. Lo primero es saludar a las dos federaciones que nos acompañan. Son federaciones grandes, organizadas; obviamente no está el 100% de los APR representados en ellas, pero sí representan transversalmente a muchísima gente. Y ambas federaciones participaron activamente en el debate, tanto en la Mesa Única Nacional como con posterioridad, siguiendo y preocupadas, y yo me atrevería a decir...