Cámara de Diputados - Hacienda - 15 de octubre de 2025

Por Dios y por la Patria, se abre la sesión. Señora Secretaria, entonces, nos dará lectura a la Cuenta. Presidente, voy a dar cuenta de los reemplazos de la sesión del día de hoy, dado que están en la Subcomisión de Presupuestos. El diputado Jaime Sáez reemplaza a la diputada...

Se deja constancia de la excusa del ministro de Hacienda, quien se encuentra fuera del país. En su reemplazo, se confirma la asistencia de la Directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez, para el proyecto de ley en tabla relativo a Televisión Nacional de Chile (TVN). Asimismo, se solicita audiencia del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, a fin de exponer sus observaciones al proyecto de ley que modifica la normativa que crea la empresa Televisión Nacional de Chile. Por otra parte, los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini solicitan invitar a don Cristián Valenzuela, en su calidad de funcionario remunerado por el Servicio Civil, para que, desde su rol vinculado al sistema de Alta Dirección Pública, se refiera a sus declaraciones sobre “parásitos en el Estado”, explique su rol político en los procesos de reclutamiento de funcionarios y señale si han existido influencias políticas en su deliberación. El diputado Sáez estima que ambas solicitudes son pertinentes y propone darles curso en el marco de la discusión del proyecto de TVN. Otro diputado manifiesta su desacuerdo con la invitación a don Cristián Valenzuela, señalando que no corresponde involucrar a la comisión en la contingencia electoral y recordando el carácter técnico de esta instancia. La Presidencia informa que se considerará la solicitud de Libertad y Desarrollo para el proyecto de TVN y, respecto de la invitación al señor Valenzuela, señala la relevancia de fondo, dado que el Servicio Civil depende del Ministerio de Hacienda y se relaciona con el Presidente a través de dicho Ministerio. Se consulta el mecanismo procedimental para su comparecencia. Se precisa que la comisión no puede citar; solo las comisiones investigadoras tienen esa atribución. En este caso, procede cursar una invitación, que requiere acuerdo de mayoría simple. Se propone someter la invitación a votación. Se advierte, además, que de aceptarse esta invitación, en el futuro no debiese objetarse la invitación de otros funcionarios en situaciones similares. La Presidencia señala que, con cinco diputados presentes, se requieren cuatro votos. Se relee el objeto de la votación: invitar, no citar, al señor Cristián Valenzuela, funcionario remunerado por el Servicio Civil, para que explique sus dichos sobre “parásitos en el Estado” y eventuales influencias políticas en procesos de contratación. Se reitera que la citación no procede en esta comisión, solo la invitación.

Se abre la sesión. Esta es una citación informativa, no en el contexto de una comisión investigadora. Procedamos a votar. Secretaría toma votación: - Señor Sifuentes. - Señor Mellado. - Señor Donoso: a favor. - Señor Sáez. Presidente: Hay cuatro votos a favor. Voto a favor. Se deja constancia de que el diputado titular está siendo reemplazado. Entonces, cinco presentes de seis. Hay quórum; se aprueba la invitación. ¿Asuntos varios? No. Avanzamos. Diputado: Señor Presidente, ¿no vamos a revisar el proyecto de ayer? Presidente: Citaremos a una nueva sesión para que el Ministerio traiga la información solicitada. Como ya teníamos esta sesión citada, no lo veremos hoy. Continuamos con el orden de la sesión. La citación tiene por objeto tratar la siguiente tabla: Primero, recibir en audiencia a sindicatos de trabajadores a honorarios del Estado, en municipios y en el Estado central, en el marco de la próxima discusión de Presupuesto 2026, con el fin de exponer los siguientes elementos: a) Informar respecto del aumento de la precariedad laboral en los trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado, en particular en lo relativo a los derechos maternales, el derecho a vacaciones, los despidos injustificados y el cumplimiento del Convenio de Libertad Sindical, entre otros. b) Análisis crítico de la implementación de la Ley 21.526, en particular la aplicación de los artículos 74 y 77, y los efectos de la aplicación de esta norma jurídica. Están invitados: SINTRAC de la Municipalidad de Renca, señor Galo Quintanilla; SINTRAC de la Municipalidad de La Pintana, señor Matías Negrete; Federación de Trabajadores de Chile “Clotario Blest”, su presidente, señor Sergio Alegría; y SINTRAC, su presidente, señor Jorge Cepeda. Posteriormente, se verá el proyecto de TVN. Damos la bienvenida a los invitados. Les solicitamos ajustarse a 10 minutos por intervención. Pueden presentarse e iniciar. Interviniente: Buenos días. Primero, agradecer al presidente de la comisión y a las diputadas y diputados por este espacio. Queremos partir planteando que, como pocas veces, sectores de trabajadoras y trabajadores del Estado tienen la posibilidad de dar cuenta de una situación que, a nuestro juicio, implica la invisibilización de un segmento importante de quienes hoy desempeñan funciones en distintos espacios del gobierno central y de los gobiernos locales, es decir, los municipios. En particular, nos referimos a las y los trabajadores a honorarios del Estado. Sabemos que actualmente existe una polémica respecto del empleo público y sus distintas modalidades. Para nosotros, este espacio llega en un momento oportuno para poder ir haciendo cierta...

Declaraciones que, a juicio nuestro como trabajadores, son relevantes. Cuando se habla de empleo público, hablamos de las distintas formas en que el Estado chileno ha generado vínculos con diversos perfiles de trabajadores. Sabemos que existen funcionarios públicos que corresponden a cargos de planta y a contrata, y que hay otros perfiles que escapan a esa realidad. Las cifras y estudios del Consejo para la Transparencia señalan que ya existe una proporción importante —cerca del 20% de los trabajadores del Estado central— que tiene contrato de trabajo, y que además existe un número variable, tanto en el Estado central como en los gobiernos locales, de trabajadores y trabajadoras a honorarios. En particular, nuestra realidad es que estamos generando procesos de organización y representación de esa franja de trabajadores llamados a honorarios. Aquí, como lo señaló el presidente, estamos varios sindicatos de municipios, donde, según cifras de transparencia, hay comunas como Maipú y Puente Alto en las cuales los honorarios representan cerca del 60% al 70% del total de quienes desempeñan funciones; y, en promedio, cerca del 30% a 40% de los trabajadores municipales están en condición de honorarios. Eso nos llama poderosamente la atención. Planteamos que estos espacios son también de visibilización de una realidad, sobre todo en un contexto en que existe discusión respecto de las cifras: cuántos son, quiénes son y cómo diferenciamos a los buenos trabajadores públicos de los malos, a quienes usufructúan de contactos o condiciones versus quienes no están en esa situación. Deseo señalar de inmediato que representamos esencialmente a trabajadores que, en su mayoría, ganan el sueldo mínimo: personas que trabajan en plazas, nocheros, choferes, y funcionarios de CESFAM que desempeñan sus funciones en condición de honorarios. En muchos casos, al ser considerados prestadores de servicios, no cuentan con derechos laborales, porque se entiende que lo que hacen es prestar servicios. Creemos que existe un sesgo al generar una visión de los trabajadores del Estado como asesores u operadores políticos, cuando en realidad el Estado también cuenta con muchas personas a honorarios que no responden a ese perfil. Muchos de nosotros hemos desarrollado una carrera en los municipios, con gobiernos de distinto signo, desempeñando funciones que no dependen del gobierno de turno. Hoy existe una franja de trabajadores en programas que llevan más de 20 años desarrollando funciones, insisto, con distintos gobiernos, incluso a nivel local. Por eso, si bien el debate se concentra en características propias de la condición contractual, para nosotros es fundamental poner sobre la mesa esta realidad. En segundo lugar, planteamos que, conforme a la ley, el honorario no es propiamente un trabajador, sino un prestador de servicios; por ende, no hay una relación laboral, sino una relación de prestación de servicios. En nuestro caso, y por eso insisto, el dictamen del ex Contralor Bermúdez, del año 2022 (173-171), fue muy esclarecedor, pues reconoce que el Estado chileno había incurrido en la práctica de llenar sus aparatos con trabajadores a honorarios cuando muchos de ellos cumplían funciones que no correspondían a una prestación de servicios, sino que se realizaban bajo una lógica de precarización.

Como dirigentes y organizadores que trabajamos en el ámbito de la organización del Estado, nos parece fundamental instalar con claridad un concepto que hemos sostenido en nuestra interacción con diversos organismos públicos —incluida la Contraloría y la Dirección del Trabajo—: lo que diferencia a un trabajador honorario de uno que no lo es es la existencia de subordinación y dependencia. Quien presta servicios bajo subordinación y dependencia no es honorario; corresponde, por tanto, su formalización laboral. En esa línea, hemos desarrollado procesos con municipios, con algunos alcaldes y con distintos estamentos del Estado, para que se reconozca que muchos de quienes hoy se desempeñan en municipios y, según cifras, alrededor del 20% en el gobierno central, lo hacen bajo una lógica de subordinación y dependencia y, por ende, no son honorarios. Si no son honorarios, ¿qué son entonces? Lo que planteamos en municipios, en el gobierno central y en otras instancias es que debe iniciarse un proceso de formalización de la relación laboral, porque existe una relación de informalidad que el Estado, en sus distintos niveles, debe corregir, ya sea mediante el Código del Trabajo o el Estatuto Administrativo. Entendemos, además, que recientemente la Corte Suprema se pronunció respecto de la situación de las contratas. No es nuestro foco directo, pero somos colegas y compartimos espacios de trabajo con quienes están a contrata, y muchas veces también sus dificultades. La Corte Suprema establece que la contrata es una situación laboral temporal y no puede constituirse en una forma permanente de empleo en el Estado. Sin embargo, quienes hemos trabajado en el Estado sabemos que eso no ocurre así: hay compañeros y compañeras que llevan muchos años a contrata. Esto es, en los hechos, un reconocimiento de que el Estado, centralizado y descentralizado, funciona sobre la base de formas de empleo que, a nuestro juicio, son cuestionables: las contratas debieran ser temporales, no perpetuas, y las condiciones de honorario muchas veces no se condicen con la realidad. Sabemos y compartimos lo que la propia Contraloría ha señalado respecto de quiénes son realmente trabajadores honorarios; el dictamen del Contralor Bermúdez de 2022 lo aclara caso a caso. Sin embargo, existe una amplia franja de trabajadores y trabajadoras que laboran bajo subordinación y dependencia, cuyo reconocimiento de esa situación solo llega, en la práctica, cuando son despedidos. Por ello, y a propósito de lo planteado por el señor Presidente, nos interesa solicitar que se requiera al Consejo de Defensa del Estado informar cuántos recursos económicos el Estado, centralizado y descentralizado, está destinando a juicios —ya sea por fallos judiciales o por acuerdos— en casos de trabajadores honorarios a quienes se les reconoce esa subordinación y dependencia. Contamos con algunas cifras, relativas a espacios donde estamos organizados, que son elocuentes: en La Pintana, tras rastreo y solicitudes de transparencia en el propio municipio, hemos identificado desembolsos del orden de 800 millones de pesos desde 2016–2017 a la fecha; y, en el caso de San Miguel, cerca de 300 millones de pesos en aproximadamente cuatro o cinco años, ya sea por fallos judiciales o por acuerdos extrajudiciales para evitar que los casos lleguen a término en juicio. Esta no es una situación que, a nuestro juicio, pueda seguir escondiéndose bajo la alfombra.

…de la realidad de cada gobierno local o incluso de cada repartición. Ya, avanzando y queriendo terminar. Efectivamente, nosotros sabemos que, de parte del Gobierno, en la Ley 21.526 de 2023 —que entendemos también como una respuesta al dictamen del Contralor Bermúdez de 2022— se plantea un proceso de formalización laboral a través de los artículos 74 al 77, estableciendo una serie de procedimientos e incluso recursos de apoyo del Estado, a través de la Subdere, para que se dé ese proceso de formalización, particularmente en los municipios: el traspaso de trabajadores desde la condición de honorarios a trabajadores con contrato de trabajo, cuando no sea posible que estos trabajadores sean traspasados a la contrata. Lo hemos conversado y planteado en distintos espacios con distintos diputados. Nos parece que, como organizaciones, es sumamente importante contar con una rendición de cuentas: este periodo se planteó del 2023 al 2026; ya estamos a las puertas de 2026 y, sin embargo, no ha habido un proceso que permita verificar efectivamente si aquello funcionó o no. Ahí había elementos importantes, entre ellos la autorización expresa para que los alcaldes generen contrataciones mediante contrato de trabajo. Hemos vivido algunos de esos procesos y también lo complejos que han sido, porque para los municipios es muy difícil encarar ese traspaso, particularmente considerando que, en algunos casos, se trata de trabajadores que vienen del PEM y el POJH, que pasaron luego a los PGE —Programas de Generación de Empleo— y que tienen 20 o 25 años de desempeño en los municipios. Todo ese recorrido hace especialmente relevante abordar este tema con seriedad. Tenemos una lectura crítica, en particular —y con esto ya voy cerrando—, del artículo 76, porque ese artículo establece una condición especial para los programas comunitarios. Muchos de los servicios que hoy día los municipios y el Gobierno Central están entregando se dan a través de servicios generados por esos programas comunitarios, y, a partir de ese artículo, hoy quedan vetados, aun existiendo subordinación y dependencia, de recurrir a tribunales para que se les reconozca esa condición y lo que ella implica. Como ustedes saben, muchos fallos de la Corte Suprema, al reconocer subordinación y dependencia, establecen que lo pertinente era un contrato de trabajo y, por lo tanto, en general, corresponde compensar. Para terminar, trajimos copias de unas propuestas que, como organización, hemos elaborado. Además, con otros sindicatos se está generando, por suerte, toda una articulación de los trabajadores a honorarios, y estamos tratando de pasar a una fase propositiva, que debiera contar con la participación de las organizaciones que hoy enfrentan este tema. Les haré entrega de estos documentos; no los leeré ahora, porque ya nos hemos referido a nuestra visión respecto de cada uno de los artículos y a aquello que nos parece que puede significar un avance. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero someter a acuerdo la proposición de oficiar al Consejo de Defensa del Estado para saber cuánto se ha gastado en los juicios interpuestos por trabajadores a honorarios, porque eso da cuenta de que, finalmente, ¿para qué se contrata a honorarios si después se debe llegar a juicio cuando se les despide? ¿Les parece ese oficio, entonces? Y el otro oficio, entendido, a la Contraloría, para que nos informe sobre la aplicación de la Ley 21.526, ¿cierto? Entendemos que no queda claro dentro de la ley a quién corresponde, porque está dentro de la Ley de Presupuestos; de hecho, la Contraloría ni siquiera aparece mencionada en el articulado. La 21.526. De Presupuesto, los artículos 74 y 77. Es la ley de reajuste del sector público, pero en esa ley se incluyeron estos cuatro artículos. ¿A quién teníamos que oficiar ahí? Entonces, a la Contraloría para la aplicación de esa ley. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta las diputadas o los diputados? ¿No? Bueno, quiero darles las gracias. Acordamos invitarlos principalmente porque estamos justo en la Ley de Presupuestos; es importante visibilizar este problema.

Es dramática en el fondo porque, dentro de todos los trabajadores, los trabajadores a honorarios son, creo, los más precarizados por todo lo que nos han expuesto: el derecho a vacaciones, el derecho a licencia, todos esos derechos que se ven vulnerados. Diputado Sáez. Gracias, Presidenta. Agradecer la presentación. Yo creo que es bien pertinente, porque en los últimos años siempre habíamos visto esto de manera más parcelada; generalmente eran los trabajadores extensionistas de INDAP, los PRODESAL, los que hacían más ruido a través de su subcomisión. Y creo que verlo de forma más integral, como por ejemplo programas como SENDA Previene, que está presente en una gran cantidad de municipios, y varios otros que finalmente se terminan transformando en programas permanentes para el desarrollo de políticas públicas, donde, por ejemplo, durante los veranos no hay pago de remuneraciones y muchas veces se pagan en marzo, es muy pertinente. Poder tener este testimonio hoy día y abordar esto como parte no solo del debate presupuestario; yo creo que, finalmente, en el contexto presidencial que vive Chile, una reforma del Estado parece ser una urgencia. Y eso requiere un enorme consenso no solo político, sino también social, porque esta es una de las situaciones donde vemos que el Estado, en definitiva, tal como está concebido hasta ahora, no funciona bien. Sí, me sumo, Presidente, a lo planteado por mi colega respecto de las preocupaciones. Esta es una forma de trabajo que está demasiado precarizada en el Estado. Hubo un esfuerzo en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet por un programa de incorporación de honorarios a contrata, con unas metas anuales. Entonces, a lo mejor, Presidente, podríamos preguntar también a la DIPRES respecto del cumplimiento de esa meta. Entiendo que eran 6.000 anuales, más o menos. Y también conocer en qué fase va y cómo ha sido. Sería muy interesante hacer la consulta para saber en qué está, Presidente. Gracias. ¿Estamos entonces con ese oficio también? Muchas gracias, caballero. Muchas gracias por su exposición. Y, bueno, ahí nos vamos a repartir las carpetas. Gracias. Que les vaya muy bien. Para pasar al segundo punto, entonces, le damos el pase a la Ministra. El segundo punto tiene por objeto recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que modifica la ley 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile, Boletín 14.832-24, con urgencia calificada de suma, que se acaba de renovar el día de ayer. Están invitados la Directora de Presupuestos, la señora Javiera Martínez, y la señora Ministra Secretaria General de Gobierno, la señora Camila Vallejo, junto con el Jefe de Gabinete, Matías Rojas, y las y los asesores Rocío Ceresuela del Valle, Alex Araya Lillo, Andrea Robles Quijada y Loreto González Pérez. Así que, bienvenida, Ministra, con todo su equipo. Y tiene la palabra. Bienvenida, Directora, también. Bien, aprovechando que se instala la Directora de Presupuestos, Presidente, parto por saludarlo y agradecer la invitación a la Comisión de Hacienda para poder exponer al conjunto de las diputadas y los diputados —a quienes aprovecho de saludar, miembros permanentes de la Comisión y también los reemplazos— sobre el proyecto de Televisión Nacional. Este ha sido básicamente indicado por parte del Ejecutivo, dado que viene de la administración anterior y que nosotros, por solicitud del Presidente de la República, Gabriel Boric, hemos decidido darle continuidad, con algunas modificaciones que fueron revisadas ya en primera instancia por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes realizaron ciertos ajustes. Corresponde también su revisión por la Comisión de Hacienda, dado que los cambios que se proponen a la ley de Televisión Nacional, y a la realidad actual de la empresa, incorporan modificaciones en torno al régimen de financiamiento y al régimen económico, particularmente de esta empresa. Bien, les tenemos...

En esta presentación, yo quiero partir con esta lámina porque es muy clave entender la situación por la que atraviesan los canales actualmente. Esto muestra cómo se ha venido distribuyendo los ingresos por publicidad en los últimos 10 años, del 2014 al 2024. Esto no considera el 2025, pero ese panorama de 10 años demuestra muy claramente cómo la distribución por publicidad ha ido migrando prácticamente en su gran totalidad a las plataformas digitales, a las redes sociales. En 2014 solo el 10,9% de los recursos por concepto de publicidad iban a las plataformas digitales y el 39,3% iba a la televisión. Esa proporción se invirtió: hoy, en 2024, el 55,1% de los ingresos por publicidad van a las plataformas digitales, a la señal online, y solo el 24,6% a la televisión. La televisión ha perdido ingresos por concepto de publicidad por el fenómeno que está pasando en Chile y en el mundo. Cuando preguntamos, por ejemplo a través de la plataforma Menti, por dónde la gente se informa, la mayoría responde que por redes sociales. Independientemente de que los propios canales tengan, en algunos casos, señal online, o páginas de Instagram y otras plataformas de comunicación digital. ¿Pueden avanzar a la siguiente lámina? Gracias. Esto da cuenta de un diagnóstico que ya se venía realizando en la administración anterior, que fue la justificación o base para presentar el proyecto por parte del exministro Belolio, entonces secretario general de Gobierno, después de distintos diálogos con expertos y expertas, el mundo social y la misma gente de Televisión Nacional. En primer lugar, el modelo de Televisión Nacional está agotado, particularmente el modelo de financiamiento. Cuando se creó la ley y se introdujo la obligación de autofinanciamiento, tuvo que ver principalmente con el contexto de la dictadura, porque en ese período hubo una intervención muy grande y directa sobre los contenidos, la programación, etcétera. Eso cercenó su autonomía y su capacidad de generar contenidos plurales; la administración de turno pauteaba excesivamente lo que eran las emisiones de Televisión Nacional. Por eso surge la necesidad de separar completamente la determinación de las autoridades de las directrices del canal, y el autofinanciamiento fue la solución: autofinanciamiento total y absoluto, sin injerencia de recursos públicos que pudieran orientar los contenidos o la programación. Ahora, ese modelo, en la realidad actual, no es sostenible porque, como veíamos en la lámina, la publicidad ha migrado, y a los canales les cuesta mucho sostener su misión con ingresos por publicidad. Más aún si vemos la situación particular de TVN, porque TVN, a diferencia de los otros canales, tiene cargas que la ley le establece, que son mandato público y que los otros canales no tienen. Todos tienen una legislación común, pero TVN tiene una adicional, que es la ley de Televisión Nacional, que lo obliga a ser pluralista, a tener ciertos principios, orientación, respeto y resguardo. Además, tiene cargas públicas o distintivos que los otros canales no tienen: por ejemplo, el canal cultural, que está mandatado por ley; la señal internacional, que nos permite conectarnos con chilenos en el mundo y mostrar contenidos de Chile en el exterior; las señales o canales regionales de Televisión Nacional, que tampoco tienen otros medios; y, en última instancia, el archivo, un repositorio de contenido audiovisual histórico de nuestro país, que es un lujo y que los otros canales no tienen.