En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género que nos acompaña y a los invitados que hoy deben presentar. Hoy, martes 14 de octubre, iniciamos la sesión 169. Para ello, partiremos por la Cuenta, a cargo de nuestro secretario.
Gracias, Presidente. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos:
- Un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre los casos de abandono de recién nacidos en hospitales públicos.
- Un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las problemáticas que afectaron a las personas electrodependientes durante el apagón de febrero pasado.
- Un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre el estado y la etapa del proceso de licitación de la modalidad de cobertura complementaria del Fondo Nacional de Salud.
- Un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre los fundamentos técnicos y los protocolos considerados por la Comisión Asesora Externa para la entrega y, especialmente, para negar el otorgamiento y utilización del medicamento Zolgensma.
- Un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre la disposición del Ministerio de Salud para evaluar la incorporación del trastorno de personalidad limítrofe o borderline dentro de la canasta GES en una próxima actualización, considerando su alta prevalencia, su impacto clínico y social, y la necesidad de una intervención diagnóstica y terapéutica oportuna para evitar su cronificación y un mayor deterioro psicosocial.
- Otro oficio de la Ministra de Salud mediante el cual, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa sobre el protocolo de acuerdo relativo a carrera funcionaria suscrito con cuatro gremios de la salud, entre ellos la Confederación Cruz y FENACEN.
- Un oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, señor Presidente, que reitera la solicitud hecha a esta Comisión de Salud para que se adopte el acuerdo de actuar como comisiones unidas, modalidad regulada en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de tratar, en sesiones especialmente citadas al efecto, el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, proyecto que nos convoca. En este punto, Presidente, cabe aclarar que esta solicitud es formalmente improcedente, pues quien otorga la autorización para funcionar como comisiones unidas es la Sala, a solicitud de la comisión requirente; es decir, la Comisión de Salud no debe oficiar, sino que es la Comisión de Mujeres la que debe oficiar directamente a la Sala.
- En décimo lugar, la derivación de una solicitud de audiencia, a través de la Ley de Lobby, dirigida al diputado Patricio Rosas, para recibir a la Corporación de Esclerosis Múltiple Chile, a fin de exponer sobre la modificación de la canasta GES y la modificación de condiciones de la Ley Ricarte Soto.
- Asimismo, la derivación de una solicitud de audiencia, mediante la Ley de Lobby, también dirigida al diputado Patricio Rosas, para recibir al Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile, Asociación Gremial, con el objeto de exponer en el marco de la modificación del Libro Quinto del Código Sanitario y lograr la incorporación de la profesión quiropráctica al marco regulatorio nacional de salud. Esto corresponde al Boletín 13806, radicado también en esta Comisión.
- Una comunicación de la diputada María Luisa Cordero, mediante la cual deriva a esta Comisión la denuncia planteada por el concejal de la comuna de Lampa, señor Camilo Ortúzar, relativa a la grave situación sanitaria que afecta a los vecinos del sector de Batuco, debido al mal funcionamiento de una planta elevadora de aguas servidas ubicada en la avenida Italia de ese sector, para que esta Comisión requiera de las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias a fin de resolver la emergencia sanitaria que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes del lugar.
- Una solicitud de la diputada Carol Cariola para invitar formalmente a las autoridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a concurrir ante esta Comisión para exponer en el marco del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, específicamente en la sesión a celebrarse el martes 28 de octubre.
Enseguida, Presidente, hay una extensa serie de solicitudes presentadas directamente por los interesados para exponer sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Yo le voy a leer simplemente quiénes las remiten, para no estar repitiendo el proyecto de ley. Lo hacen así la Asociación Gremial de Matronas y Enfermeras Matronas por la Vida, AMEMP; también el señor Gustavo Bajer Neira, abogado del área legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia; los representantes del Observatorio Legislativo MIRA: Mujeres, Incidencia, Reforma y Acción. En el mismo sentido, la Agrupación Padres Ciudadanos, organización que ha trabajado en causas por la vida y la familia en Chile; igualmente, la señora Sonia Bastías Millar, representante del proyecto Esperanza Chile; así como la Red Chilena de Profesionales del Derecho a Decidir. También lo hace la señora Constanza Schneider, presidenta de la organización Siempre por la Vida; la doctora María Francisca Valdivieso Undurraga, en representación de la Universidad Finis Terrae; y la señora Javiera Corbalán Aspiasu, abogada e investigadora legislativa de Idea País.
Hay también una solicitud de audiencia ante esta comisión del Colegio de Biólogas y Biólogos de Chile, por la falta de reconocimiento de estos profesionales como integrantes del equipo de salud en el Código Sanitario. Una solicitud de audiencia del presidente de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control de la Ley Ricarte Soto, para exponer la labor legislativa que llevan a cabo en materia de salud, particularmente en lo que respecta a esa ley, pilar fundamental en la protección financiera de diagnósticos y tratamientos de alto costo en el país. Una solicitud de audiencia de la Fundación Doctor Avicena, para referirse a modificaciones de leyes vigentes que regulen campos clínicos, maltrato y salud mental, entre otros aspectos, con el fin de resguardar los derechos fundamentales de los estudiantes de la educación superior de pregrado y posgrado, especialidades médicas, etcétera, y evitar futuras tragedias. La reiteración de una solicitud de audiencia de la Agrupación de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, a fin de seguir visibilizando las problemáticas de los pacientes con dicha patología y las subejecuciones presupuestarias que presenta en relación con la ley Ricarte Soto. Una solicitud de audiencia de la señora Daniela Ollarse Rosales, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Barón, para referirse al seguimiento y evaluación que ha tenido el programa por parte de DIPRES y MIDESO, y a la evaluación de programas gubernamentales respecto de los cuales, a su juicio, se han elaborado informes inconsistentes, contradictorios y faltos de claridad.
Se recibe, además, una solicitud de ayuda planteada por la señora Berta Barrera Aguilar, debido al no pago de licencias médicas por tres días consecutivos de reposo, en circunstancias de que sus ingresos se limitan al sueldo mínimo. La denuncia del señor Claudio Enríquez, quien se declara defensor de los derechos humanos y activista medioambiental, da cuenta de la grave problemática de salud pública que afecta a los vecinos de los sectores Lo Herrera y El Romeral, de la comuna de San Bernardo, zona convertida en una “zona de sacrificio” por la concentración de industrias de gran envergadura.
Hubo una extensa y reiterada cadena de correos electrónicos, presidente, incluso llegados desde fuera del país, en que se fueron sumando distintos remitentes solicitando el rechazo del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, boletín 17.564, que nos convoca hoy día. Asimismo, una minuta elaborada por el Colegio de Kinesiólogos de Chile, con la que fundamenta el requerimiento de inclusión de la kinesiología en el Código Sanitario. Un correo de la Ministra de Salud, en que excusa su inasistencia a esta sesión debido a conflictos de horario e informa que asistirá en su representación el Subsecretario de Salud Pública, doctor Fernando Reyes Roldán. Un correo del Colegio de Psicopedagogos de Chile, mediante el cual remiten una propuesta de indicación y antecedentes complementarios para incorporar la profesión de psicopedagogo en el artículo 141 del Código Sanitario.
Hay también una solicitud de la diputada Ana María Gazmuri, a fin de que se invite y se reciba en esta comisión a la abogada Betsabé Araya Petske, magíster en Derecho Constitucional y máster en Derecho Canónico, para exponer sobre el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica. Un correo del directorio de la Asociación de Ginecólogas de Chile, mediante el cual remite por escrito las respuestas a las consultas formuladas en la sesión anterior, presidente, que no alcanzaron a ser atendidas por haberse agotado el tiempo de la sesión, tal como se había comprometido. Esas respuestas serán incorporadas al informe correspondiente. Finalmente, un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual, en respuesta a un oficio de esta comisión, remite el informe final número 268.
... 28 de 2025 sobre una auditoría de las prestaciones quirúrgicas entregadas por el Hospital Base de Linares a pacientes incorporados en la lista de espera No GES entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024. Una solicitud del diputado Daniel Melo para que esta comisión reciba a la directiva de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital Barros Luco, quienes han manifestado su preocupación por el instructivo sobre licencias médicas emanado del Ministerio de Salud y que les impone un doble descuento. Una nota, señor presidente, suscrita por ambos diputados, que informa el pareo acordado entre la diputada Carol Cariola y el diputado Andrés Celis para la sesión de hoy. Y, finalmente, una nota del Comité de la Unión Demócrata Independiente, mediante la cual se informa que el diputado Sergio Bobadilla Muñoz reemplazará al diputado Daniel Lilayú Bianco durante la sesión de hoy.
Eso es todo. Ha sido una cuenta breve.
Hay un oficio que nos remitió una particular que debiéramos derivar a Salud Pública para que no quede esperando acá: la señora Berta Barrera Aguilar. Y, por otro lado, el oficio número 37, derivarlo también a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y al Ministerio de Salud, conforme a lo solicitado por el diputado Melo, para ir ganando tiempo.
Hoy día no tendremos Varios, porque estamos muy ajustados de tiempo. ¿Observaciones sobre la cuenta? ¿No hay? Se cierra la cuenta.
La Orden del Día, entonces, en esta sesión tiene por objeto, en el primer bloque, continuar la discusión en general del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, que está con urgencia simple. Se ha invitado para ello al señor Felipe Heusser, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile; a la doctora Paula Margozzini, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina; y a la doctora Paulina Ramos Vergara, profesora asociada del Centro de Bioética de la Universidad Católica.
¿Quién expondrá primero? Comenzará don Felipe Heusser. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación a esta sesión de la Comisión de la Cámara, así como agradezco a las y los honorables diputados miembros de esta comisión. Básicamente, al interior de la Facultad de Medicina hemos hecho una reflexión con esta propuesta del Ejecutivo en relación con el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo por plazos. Parte de esa reflexión es lo que quisiéramos presentarles, y lo expondrá la profesora Paula Margozzini, como señaló el señor presidente, profesora de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la doctora Paula Margozzini.
Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludo a las honorables diputadas y a los honorables diputados, y a quienes nos acompañan. Quisiera compartir con ustedes elementos que consideramos serán un aporte a la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo por plazos. Este proyecto, en su fundamentación, trae dos conceptos o líneas de fuerza: se apoya en temas de derechos humanos y en argumentos sanitarios. Me permitiré argumentar y discutir elementos de ambas áreas.
En primer lugar, y lo más importante, es el aporte en la fundamentación ética y jurídica. En esto hay que ser claros: todo ser humano es digno. Desde el inicio de su existencia, el derecho a la vida es el primero y fundante de todos los derechos humanos, y nadie puede disponer de la vida...
La vida humana está presente en la gestación de forma continua desde su inicio. En ese sentido, la ciencia, la biología y la medicina respaldan la existencia de un ser humano en desarrollo durante todo el proceso gestacional. Desde el comienzo de la vida hay evidencia embriológica de esta continuidad de desarrollo, que muestra que el transcurso del tiempo no altera la identidad del ser humano en formación. Se trata, por otro lado, de un ser distinto de la madre, con material genético propio, con identidad, lo que denominamos alteridad biológica entre el embrión y la gestante. Tanto es así que, durante el embarazo, la madre ajusta o modula su sistema inmunitario para aceptar y no rechazar a este ser humano distinto que alberga por nueve meses. Finalmente, no existe contraposición entre la vida de la gestante y la del gestado, sino una relación armónica entre ambos; no hay antagonismo entre ambos bienes.
Paso a un tema muy importante que tiene que ver con la fundamentación sanitaria del proyecto. Resulta llamativo que el mensaje del proyecto de ley recalque enfáticamente —mencionando 46 veces— términos relacionados con gravedad, riesgo, peligro, mortalidad, gravedad, criticidad e inseguridad. A nuestro juicio, esto no se condice con la evidencia nacional, considerando dos niveles de análisis que utilizamos habitualmente los salubristas en el ejercicio de la profesión: por una parte, el análisis del problema de salud y, por otra, el análisis de la intervención propuesta. Este es un ejercicio que realiza de manera permanente nuestro Ministerio de Salud, que desde hace al menos tres décadas ha hecho un esfuerzo significativo por objetivar decisiones a través de instrumentos como la Estrategia Nacional de Salud, los objetivos sanitarios por década y la evaluación de tecnologías sanitarias. Cada vez que se busca garantizar una nueva canasta, una nueva intervención o prestación, se procura un proceso justo y transparente.
En cuanto al problema de salud, el proyecto alude al aborto inseguro y lo plantea como una prioridad sanitaria para Chile hoy. Para establecer prioridades sanitarias, los salubristas utilizamos criterios técnicos como la magnitud, la severidad, la tendencia del problema, su impacto social y económico, el grado de apoyo ciudadano o la percepción de la comunidad, y la vulnerabilidad a la intervención, es decir, qué se puede hacer para prevenirlo o enfrentarlo, y cuáles son las alternativas. Por otro lado, respecto de la intervención, corresponde preguntar: ¿está contemplado un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias para esta nueva prestación garantizada que se propone? ¿Cuál es la magnitud esperada de los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos para la salud poblacional? ¿Cuáles son los costos y los costos alternativos? ¿Se cumple el criterio de eficiencia en el uso de recursos escasos? Estos son los análisis técnicos que deseo compartir.
Sobre la gravedad del problema, presento las defunciones y la razón de mortalidad materna por todas las causas en Chile. Se consideran las defunciones por todas las causas en mujeres embarazadas hasta los 42 días posparto, según año, con la serie 1997-2022 de los datos oficiales disponibles. En las barras se observan números absolutos y en la línea la tasa, corrigiendo por nacidos vivos. Chile presenta cada vez menos nacidos vivos y, como puede apreciarse, la tendencia tanto de los números absolutos como de la tasa es a la disminución, observándose 11,7 muertes maternas por cualquier causa.
Por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2022, Chile registra la mortalidad materna más baja de América, considerando todas las causas. Como pueden ver en este listado, se trata de un análisis elaborado por diversos organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, entre ellos UNICEF, que se unieron para producir este documento mediante un modelamiento de datos destinado a estandarizar y hacer comparables a todos los países. Encontramos a Chile con una tasa de 10 por 100.000 nacidos vivos, más baja que la de varios países desarrollados del continente, como Canadá y Estados Unidos, y que la de países vecinos como Argentina, Cuba, Panamá o México. Más allá de que muchos de esos países cuentan con leyes sobre aborto, Chile presenta la mortalidad materna más baja de la región.
Pasemos a la mortalidad materna específicamente por la causal de aborto en Chile. Es interesante analizar la tendencia, pues la causal aborto es extremadamente baja y muestra una disminución sostenida desde hace décadas. La tasa se construye con la mortalidad atribuida al grupo de causas de aborto, incluyendo todos los códigos correspondientes a abortos provocados y espontáneos; lo único que se ha excluido en este análisis son los embarazos ectópicos, que corresponden a una condición médica. La caída ha sido muy significativa —del orden del 96%— y se mantuvo después de los años 90 hasta la actualidad.
Ustedes podrían señalar que la serie mostrada llegaba hasta 2009; sin embargo, hemos continuado el análisis y disponemos de la serie completa de 1997 a 2022. En números absolutos, por todas las causas de muertes maternas, en verde se observan las muertes del grupo de causas relacionadas con el aborto, con una clara caída. Destaco que en 2019 hubo una muerte materna con código de aborto que correspondió a un embarazo molar, no a un aborto provocado ni espontáneo. Y en el último año con datos disponibles, 2022, se registraron dos muertes maternas codificadas como aborto, ambas por embarazos ectópicos. En otras palabras, la mortalidad por aborto en Chile es cero.
Lo que muestra la serie es que el desafío actual para la salud materna está en el aumento de las causas maternas indirectas y en aquellas vinculadas a enfermedades crónicas de las mujeres y a condiciones graves como cáncer, neumonía grave, hipertensión u otras patologías que se descompensan durante el embarazo. Ese es hoy el foco en términos de gravedad y mortalidad.
Respecto de las complicaciones —la morbilidad—, cabe señalar que existen dificultades de codificación de las complicaciones asociadas al aborto. El Ministerio de Salud ha hecho esfuerzos importantes: existe un manual de 2018 y un manual 2025 recién publicado, orientados a reforzar la codificación, que sigue siendo heterogénea por la multiplicidad de códigos y causas. Con todo, la serie de tiempo de egresos hospitalarios por todas las causales de aborto —provocados y espontáneos— muestra, entre 2001 y 2024, una tendencia franca a la disminución. Es decir, Chile y sus políticas están dando resultados.
Un conjunto de políticas ha provocado una disminución de las complicaciones por aborto y una caída a cero de la mortalidad. Les mostré números absolutos; aquí les muestro tasas. Ustedes pueden ver que el número de egresos hospitalarios por aborto por cada mil nacidos vivos disminuye en Chile: en 2001 teníamos una tasa de 71, que cayó a 54; es decir, seguimos disminuyendo esta tasa en más del 20%, de forma permanente y continua. Se excluye de este análisis el embarazo molar y ectópico.
En cuanto a morbilidad, además de las hospitalizaciones, están las hospitalizaciones graves y gravísimas, lo que se denomina morbilidad materna extremadamente grave, el llamado near miss. Allí se analizan las embarazadas que ingresaron a unidades de cuidados intensivos. No hay muchos estudios publicados; Chile necesita reforzar la vigilancia del near miss obstétrico, pero las publicaciones existentes muestran que las principales causas de near miss materno en Chile son el síndrome hipertensivo del embarazo y las hemorragias relacionadas con el parto, el acretismo, o alguna causa indirecta, como una neumonía grave en una embarazada. No es el aborto la causa del near miss en Chile.
Paso a otro criterio: la percepción de la comunidad, elemento que en salud pública debemos considerar. Brevemente, existen encuestas y estudios representativos de la población de hogares chilena; entre los más actualizados, el último es de 2024, la Encuesta Bicentenario, que muestra que 74% de la población nacional no apoya el aborto sin causales. Este estudio tiene la virtud de preguntar por separado bajo qué circunstancias la ciudadanía estaría de acuerdo con que la mujer interrumpa el embarazo: bajo cualquier circunstancia o bajo ciertas circunstancias. Como se observa en la línea azul, en 2024 el apoyo es de 26%; es decir, 74% estaría en desacuerdo con que la mujer interrumpa su embarazo bajo cualquier circunstancia, que es el tema que nos atañe respecto del aborto sin causales. Existe más evidencia de 2022-2023, la Encuesta Nacional de Sexualidad que realiza el Ministerio de Salud; allí también se muestra que aproximadamente la mitad de los chilenos está de acuerdo con el derecho a interrumpir el embarazo, pero la pregunta es general, no aborda los temas específicos.
Entonces, el problema de salud pública en Chile no es el aborto inseguro; el problema es el embarazo no deseado. La solución está aguas arriba, en los determinantes sociales del embarazo no deseado. Para ello existen múltiples alternativas. Primero, políticas poblacionales que reduzcan el estigma —el estigma cierra puertas—, que desestigmaticen socialmente el embarazo y protejan la fertilidad en nuestra sociedad como un bien común. Segundo, prevención del embarazo no deseado mediante diversas políticas que abordan sus determinantes: políticas relacionadas con el alcohol y las drogas; ambientes seguros y saludables para niños, niñas y adolescentes; educación sexual; y acceso a programas de planificación familiar. Finalmente, para las mujeres que enfrentan el dolor y la situación del embarazo no deseado, acompañamiento con apoyo, subsidios y políticas que se hagan cargo de este vacío que ha dejado nuestra sociedad y nuestro Estado, y que organizaciones de la sociedad civil, por cierto, intentan llenar permanentemente.
Finalmente, está el tema del costo alternativo de la intervención propuesta, considerando las verdaderas prioridades sanitarias urgentes, definidas con criterios objetivos, en el área.
Las problemáticas de la ginecobstetricia que estamos analizando son múltiples. No necesito ahondar más para ser claro: las miles de muertes por cáncer cérvico-uterino y de mama que ocurren en Chile lo evidencian. Existen intervenciones preventivas que, por ejemplo, podrían disminuir la mortalidad materna —la indirecta, la tardía, que está subiendo— y que cuestan 2.600 millones de pesos, el mismo costo de este proyecto.
Finalmente, hay que analizar los beneficios de la intervención, pero también sus riesgos potenciales para la salud colectiva. Los efectos de la ley propuesta pueden colisionar con los de otras políticas públicas que también son prioritarias para Chile.
Primero, hay evidencia de que este tipo de leyes y políticas pueden afectar e intensificar la caída de la natalidad de un país. Los estudios muestran que esta caída puede situarse entre 2% y 7%. Piensen ustedes que en Chile la tasa de natalidad cae 4% interanual; una ley como esta, si tuviera ese efecto —supongamos un 4%—, duplicaría la caída interanual de la natalidad chilena.
Segundo, podría producirse una eventual disminución de la demanda y de la adherencia a programas de planificación familiar; es decir, que las mujeres comiencen a sustituir estas prácticas por aborto sin causal. En Europa hoy día —vean ustedes las noticias en España— hay discusión sobre este tema: la interrupción voluntaria del embarazo está aumentando año a año y preocupa, particularmente el aumento entre jóvenes menores de 20 años. Existe cautela y riesgos que debemos evaluar y verificar.
Tercero, el posible impacto negativo en la salud mental de la mujer relacionado con el aborto. La evidencia actual es controvertida y se requieren más y mejores estudios. De hecho, hay una importante revisión sistemática en curso cuyos resultados aún no han sido publicados, y esperamos que estudios como el Turnaway Study logren superar los estándares de calidad para ser incluidos en dicha revisión.
Concluyo: el proyecto de ley en discusión atenta contra principios básicos de respeto a la vida humana. Creemos que no existe evidencia para sustentar que el aborto inseguro sea hoy un grave y crítico problema de salud pública en Chile. La ciudadanía, en su conjunto, mayoritariamente no apoya el aborto sin causales, y la prestación garantizada de aborto sin causales no tiene suficiente fundamento técnico para Chile en este momento. ¿Por qué? Porque la magnitud o impacto esperado de esta intervención en salud no puede superar el efecto que ya ha producido la política existente; dicha política redujo a cero la mortalidad. Entonces, ¿cuál es el efecto esperado de esta intervención? Además, existen dudas razonables sobre sus posibles efectos negativos en la salud colectiva y sobre la eficiencia del gasto en esta prestación, en contraste con prioridades sanitarias urgentes para las mujeres en edad reproductiva que se beneficiarían de la inversión de estos recursos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Paula Margosini. La presentación, entiendo, la vamos a colocar en el chat de la comisión, y un informe más en extenso sobre esta materia. Muchas gracias. Ya, vamos entonces con el otro expositor del día. Tenemos a Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles; Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derecho Reproductivo; Paula Salvo, presidenta de la Corporación Humana; Aleix Valderas, abogada de documentación y litigio de casos del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE. Y la acompañan legisladoras mexicanas, la señora Gloria Citlaly.
Diputada del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la señora Hilda Pérez Luis; diputada del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la señora Larisa Costa Escalante; diputada del Congreso del Estado de Yucatán; y Dailín García Rubalcaba, diputada del Congreso del Estado de Baja California. ¿Quién expondrá en primer término? Ah, las legisladoras. Muy bien. ¿Usted iniciará? Adelante, tiene la palabra. Diputado, ¿se escucha bien?
Primero, agradecer la invitación. En nombre de toda la delegación mexicana de diputadas aquí presentes, nuestro objetivo es compartir la experiencia que tuvimos con la regulación de los derechos reproductivos de las mujeres en nuestros distintos estados. México es un país muy grande y diverso; así como hay estados más liberales, hay otros con una fuerte tradición religiosa. Cada una vivió procesos distintos y esperamos que lo que compartamos contribuya a su discusión.
En Yucatán, que es el estado que represento y uno de los más religiosos del país, la narrativa central del debate fue entender que la familia es el núcleo de la sociedad. Para que esa familia forme personas que aporten positivamente, la maternidad y la paternidad deben ser deseadas. Corresponde al Estado establecer marcos legales que no solo favorezcan que la maternidad y la paternidad sean deseadas, sino que puedan ejercerse con calidad. Ello implica otras leyes y regulaciones, entendiendo a la familia no como un ente romantizado y siempre perfecto, sino reconociendo que el Estado debe dotar de herramientas para que ese núcleo cumpla su función adecuadamente.
En ese contexto, como diputada de Yucatán propuse un paquete de reformas que no solo incluía la regulación de la interrupción del embarazo, sino también medidas como el aumento de las licencias de paternidad y maternidad, y la tipificación como delito de la coacción para que una mujer se someta a la interrupción del embarazo. Al regular la interrupción, pusimos en el centro el derecho a decidir; por ello reforzamos las sanciones cuando la pareja o la familia presionaba a la mujer para abortar, entendiendo que lo principal es la decisión de la persona.
En Yucatán, insisto, un estado muy religioso, observamos algo similar a la gráfica que presentaron aquí. Si se examina esa encuesta, de las tres líneas, la única con una tendencia sostenida al alza es la que respalda la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de las tres causales. Es importante comprender el fenómeno social en su complejidad; es un tema difícil de asimilar. En México entendemos que la interrupción del embarazo debería ser la última opción para las mujeres. Sin embargo, en un Estado laico deben garantizarse opciones para que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos sin limitaciones por razones religiosas o morales, que además son cambiantes.
En los debates subrayé algo clave: no cerramos la discusión a ningún sector que estuviera en contra. Mantuvimos un diálogo constante; el Congreso abrió espacios formales e informales con organizaciones de la sociedad civil, con entes religiosos, e incluso con representantes de iglesias específicas. Yo profeso la fe católica, y aunque...