Cámara de Diputados - Comisión de Bomberos - 14 de octubre de 2025

Ahí sí. Se abre, en nombre de Dios y de la Patria, la sesión. El acta de la sesión N° 100 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión N° 101 queda a disposición de las diputadas y los diputados. La señora secretaria dará lectura a la Cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio ordinario, con sus anexos, remitido por la superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señora Marta Cabezas, de fecha 9 de octubre, en respuesta al Oficio N° 587 de esta comisión, relativo a la solicitud de informar, por región y en ejercicio de sus facultades legales, la supervisión y fiscalización realizadas a raíz del evento climatológico de junio de este año respecto de cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Asimismo, una solicitud de audiencia presentada por el diputado Roberto Arroyo, de fecha 13 de octubre, mediante la cual requiere que esta comisión reciba, en una próxima sesión, a las y los dirigentes del sector Pompeya Sur de Quilpué, una de las zonas más gravemente afectadas por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024. El propósito de la audiencia es que puedan entregar testimonio directo respecto del impacto social, habitacional y urbano que han enfrentado como comunidad. Asimismo, se busca que expongan la preocupación existente por la lentitud del proceso de reconstrucción, atribuida a diversos obstáculos burocráticos y administrativos. Al respecto, el diputado estima que la visión de las y los dirigentes es fundamental para identificar nudos críticos y avanzar en soluciones efectivas. Se recibió, además, una carta del señor Víctor Tapia, de fecha 13 de octubre, mediante la cual solicita que la comisión ejerza sus facultades fiscalizadoras respecto de la encuesta nacional en materia de género realizada por la Junta Nacional de Bomberos en marzo de 2022, debido a una contradicción entre las cifras oficiales de participación. La Junta informó públicamente una adhesión del 52% el 22 de marzo de 2022, mientras que su presidente declaró ante esta comisión, en la sesión N° 101 del 7 de octubre, que solo un 13% respondió la encuesta. A la fecha no se han publicado los resultados finales, por lo que solicita oficiar a la referida Junta para aclarar dicha discrepancia y requerir la entrega del informe completo, con la metodología utilizada. También ingresó un documento de la superintendenta subrogante y directora de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rapa Nui, señora Janet Duque, de fecha 13 de octubre, que da cuenta de presuntas irregularidades de una comisión designada por la Junta Nacional de Bomberos, incluyendo intervencionismo y favoritismo hacia exautoridades, y la parcialidad del asesor jurídico al fraternizar con sancionados, lo que afectaría la legitimidad de informes solicitados por el Ministerio del Interior. Solicita suspender la validez de cualquier acto o informe proveniente de la mencionada comisión y ordenar la constitución de una nueva; emitir una circular de ética a nivel nacional; disponer la apertura de un sumario disciplinario respecto de sus integrantes; y oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de acelerar la modificación de autoridades del directorio de la institución. De igual modo, señala que no es efectivo que el asesor jurídico de la referida Junta nunca haya patrocinado causas de cuerpos de bomberos en contra de voluntarias y voluntarios que interpongan recursos de protección por abusos, acosos u otros similares. Adjunta copia del recurso de protección, número de ingreso 3937-2023, en que el superintendente del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, en tal calidad, designa como abogado patrocinante al actual asesor jurídico de la Junta. Finalmente, se recibió una solicitud de audiencia del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, señor Cristián Faúndez, de fecha 3 de septiembre, para participar junto a su equipo jurídico a fin de ejercer su derecho a réplica, puesto que estima necesario realizar las aclaraciones pertinentes ante las diferentes imprecisiones y comentarios que se han emitido, afectando la dignidad no solo de su persona, sino también de la de quienes representa. Hace presente que su imagen pública se ha visto afectada al haber sido aludidos en al menos tres sesiones de la comisión, las cuales han sido ampliamente difundidas por diferentes redes sociales, sin haber tenido el espacio para responder a las distintas acusaciones. Han ingresado, asimismo, tres reemplazos: uno de la diputada Marta Bravo por el diputado Guillermo Ramírez; otro del diputado Roberto Arroyo por la diputada Francesca Muñoz; y el tercero del diputado Mellado por el diputado Rubén Darío Oyarzo; y un pareo de las diputadas Marta Bravo y Camila Musante para la sesión de hoy. Es toda la Cuenta. Muchas gracias.

Señora Secretaria, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Arroyo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En febrero de 2024, nuestro país se enfrentó a una de las tragedias más graves de los últimos años: el megaincendio que afectó a las comunas de Quilpué, Valparaíso y Viña del Mar, dejando miles de familias damnificadas y una devastación sin precedentes en sectores residenciales y urbanos. A raíz de esta catástrofe, se anunciaron diversos programas de reconstrucción habitacional y de apoyo social, que en su momento generaron esperanza entre los afectados. Sin embargo, con el paso de los meses se ha evidenciado un profundo malestar de vecinos y dirigentes sociales, quienes señalan falta de transparencia, lentitud en la ejecución, ausencia de seguimiento técnico y desconocimiento sobre el uso real de los recursos comprometidos. Desde la perspectiva de esta comisión, que tiene el deber de fiscalizar y promover la respuesta del Estado ante emergencias y desastres, se estima necesario abrir un espacio de participación directa a las comunidades afectadas, escuchando sus testimonios, dificultades y propuestas para mejorar la gestión pública en procesos de reconstrucción. Por ejemplo, saber si se utilizó correctamente la alarma del factor 30-30-30 y evaluar su incorporación al sistema de alerta SAE de manera preventiva. Por ello, se solicita formalmente que la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos reciba a los dirigentes de las zonas afectadas por el incendio de febrero de 2024, a fin de que expongan su experiencia, los problemas detectados y las necesidades actuales de sus comunidades. Esta instancia permitirá recoger información de primera fuente, fortalecer la transparencia del proceso y avanzar hacia políticas más efectivas y humanas en la reconstrucción post desastre. Por esta razón, solicito que sean recibidos en esta comisión y que se tome el acuerdo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Arroyo. ¿Les parece que, como comisión, acordemos facultar al presidente para convocar una sesión en la que concurran también las autoridades competentes, de modo de abordar integralmente la materia y no quedarnos solo en el testimonio, sino que pueda surgir una respuesta, una reacción o algún resultado de esto? ¿Les parece? Lo agendamos a futuro. Aprobado. Diputada Orsini, se ofrece la palabra. ¿Aló? Ya. Sí, presidente. Tres puntos sobre la cuenta. Respecto del punto tres, presidente, en el que se solicita que la Junta Nacional pueda entregar el resultado de la encuesta que se hizo en materia de género: acá se señala al señor Víctor Tapia Latorre —a quien no conozco—, quien ha indicado que hay una discrepancia entre la información entregada por la Junta Nacional y lo que expuso el presidente en esta comisión, señalando que solo el 13% de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional habría respondido esa encuesta, cuando existirían otros datos. Entonces, quisiera patrocinar esa solicitud y pedir que se oficie en los términos que ha solicitado el señor Víctor Tapia Latorre. —¿Le parece oficiar para pedir los resultados de la encuesta? Sí. Ya, acordado. Gracias. Ahora, respecto del punto cuatro de la cuenta, presidente: en la sesión pasada le pregunté al asesor jurídico de la Junta Nacional si era verídico que ellos habían representado a Cuerpos de Bomberos en contra de voluntarias que habían denunciado situaciones de acoso, y en esta comisión se me respondió categóricamente que eso jamás había sucedido. Sin embargo, tal como se informó a esta comisión a través de esta carta de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rapa Nui, yo tengo acá, presidente, en mis manos, un recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, presentado por una voluntaria —cuyo nombre resguardaré— que denuncia acoso al interior de su Cuerpo de Bomberos, y que fue patrocinado por dos abogados de la Junta Nacional de Bomberos: el señor Fernando Recio Palma y el señor Juan Enrique Kraus Gaña. Personas contratadas por la Junta Nacional, pagadas con recursos públicos, están patrocinando causas en contra de mujeres acosadas en la institución. Eso me parece grave, y me parece grave también, presidente, que acá se haya negado esta información. Cuento con los documentos que acreditan tal situación. Y, por último, presidente, respecto de la cuenta, también existe una solicitud del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara para sostener una audiencia, por cuanto han sido aludidos en reiteradas oportunidades en esta comisión. Yo quisiera, presidente, pedir el acuerdo para que se tenga a bien recibirlos para que puedan…

Gracias, presidente. Le pido, por favor, diputado Arsenio, que me devuelva la cuenta para poder facilitarla. A ver, lo primero: creo que, como comisión, debemos tener muy claro que no somos el órgano ni disciplinario ni contralor de Bomberos de Chile ni de ninguna otra institución que no sea, en el fondo, pública, en el ejercicio de nuestras funciones como parlamentarios. No obstante, por lo mismo, a propósito de otras solicitudes que tienen que ver con asuntos más propios de la institución, respecto de su última solicitud considero —y esto, obviamente, es algo que debe resolver la comisión— que profundizar en las discrepancias y los dimes y diretes entre bomberos es un tema ajeno a las competencias de esta comisión. Y, en relación con la otra solicitud, no la logré entender; si la puede explicar mejor, porque, en el fondo, Bomberos es una institución privada; por tanto, no sé cuál es la... ¿Me da la palabra? —Sí, por favor, diputado. —Gracias, presidente. Sí, es una institución privada, pero que cumple una labor pública con fondos públicos. Y nosotros, en tanto fiscalizadores, tenemos facultades para, valga la redundancia, fiscalizar. En esta comisión —usted no estaba en la sesión pasada, que fue presidida por la diputada Marcela Riquelme— yo pregunté a la Junta Nacional si era cierto que abogados de la Junta Nacional, financiados con recursos públicos, estaban patrocinando causas en nombre de cuerpos de bomberos en contra de mujeres o voluntarios que hubiesen denunciado situaciones de acoso o abuso. Se me contestó categóricamente que eso era falso y que jamás había ocurrido. Y en la cuenta, la Primera Compañía de Bomberos de Rapa Nui oficia a esta comisión entregando antecedentes respecto de un recurso de protección que tengo en mis manos, en el que queda claro que efectivamente se están patrocinando causas en contra de mujeres que han denunciado acoso en la institución por parte de abogados contratados por la Junta Nacional. Entonces, lo único que quiero es hacer patente esa situación que está reflejada en la cuenta, y señalar públicamente, para quienes nos están mirando, que lo que yo dije era cierto; no era mentira ni una injuria ni nada por el estilo. Y respecto de lo de Santa Bárbara, presidente, no sé por qué no tendríamos a bien recibirlos si quieren expresar la situación que están viviendo. Están intervenidos hoy día, no están recibiendo fondos públicos, de acreencias ni de fondos mutuos; entonces, están en una situación compleja. Se ha hablado en al menos tres comisiones de esa situación, y yo sí considero que es importante que escuchemos también el otro lado. No se trata de dimes y diretes, se trata de una situación compleja, y nos está solicitando audiencia un cuerpo de bomberos completo. ¿Por qué no tendríamos a bien recibirlos y escucharlos? Bien. ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay quórum? Sí, no hay quórum para poder tomar acuerdo; de hecho, no podemos seguir. Si les parece, pasamos al fondo del punto Varios, porque tampoco podemos incorporar; necesitamos un acuerdo con quórum para que puedan exponer telemáticamente tanto el alcalde de Pucón como el señor Camilo Gres. Por lo tanto, pasemos a puntos varios mientras esperamos alcanzar el quórum; de lo contrario, tendremos que terminar. Por favor, diputada, tiene la palabra en puntos varios, para poder avanzar más rápido. Sí. A pesar de que no está el quórum para poder tomar algún acuerdo, quisiera expresar —agradecer primero al presidente por la palabra, saludar a todos los que nos acompañan en esta comisión y también a quienes nos siguen telemáticamente— una situación de la Región de Ñuble que represento, especialmente respecto de la Primera Compañía de Bomberos de Chillán, que hoy día está enfrentando una situación para la cual hubiese sido ideal que pudiésemos tomar el acuerdo y oficiar, sobre todo al SERVIU de la Región de Ñuble, porque entiendo que, de forma muy arbitraria...

Ninguna explicación mayor: están solicitando el espacio donde hoy día tiene sus dependencias la Primera Compañía de Bomberos de Chillán para construir viviendas para funcionarios del SERVIU, lo que me parece impresentable. Por lo tanto, creo que es importante —y ahora sí tenemos el quórum, presidente— oficiar, por intermedio de esta comisión, al SERVIU de Ñuble para que nos explique cuáles son los criterios para tomar esta decisión y por qué se decidió construir viviendas, entiendo que para funcionarios del SERVIU, en dependencias de Bomberos. Ese lugar no solo sirve para el entrenamiento de Bomberos y para la atención de contingencias —que hemos vivido intensamente en la región de Ñuble—, sino también para la coordinación con CONAF y otras instituciones que colaboran en el combate de incendios. Asimismo, solicito oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que se refiera a esta situación, que me parece una decisión arbitraria. Con esto reafirmamos nuestro compromiso con Bomberos, una institución que presta un servicio fundamental a la comunidad; no podemos quitarles el espacio donde se desempeñan a diario. Bien. Ahora, teniendo el quórum, ¿les parece oficiar lo que plantea la diputada Concha? Acordado. En relación a la solicitud de la diputada Orsini, respecto del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, ¿les parece facultar a esta presidencia para citarlo en alguna fecha próxima, con los antecedentes de la Junta? ¿Les parece? Acordado. Solicito además el acuerdo para que puedan participar telemáticamente tanto el alcalde de Pucón, que no estaba convocado, como también el señor Camilo Eres. ¿Les parece? Acordado. Y un último acuerdo: invertir la tabla para que exponga primero el alcalde Sebastián Álvarez y después podamos liberarlo, porque estuve en comunicación con él y, junto a su equipo, tenía una agenda comprometida. Les pido las excusas por hacer ese cambio, en pos del buen servicio para los vecinos de la comuna de Pucón. ¿Les parece? Acordado. Puntos varios. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, presidente. Quiero solicitar un oficio a la Junta Nacional de Bomberos para que tenga a bien entregar información respecto a la cantidad de recursos recibidos por concepto de fondos mutuos, acreencias bancarias y la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 45. Asimismo, informar la lista de todos los Cuerpos de Bomberos que han recibido recursos de esos fondos, con fecha y monto, y los Cuerpos de Bomberos que no los han recibido, con las razones correspondientes. ¿Les parece oficiar? Acordado. Bien. Esta sesión tiene por objeto —no sé si el alcalde ya está conectado— recibir al alcalde de Pucón, a fin de que se refiera a la experiencia desarrollada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Pucón. Él asistirá de forma telemática, así que le damos la bienvenida al alcalde de Pucón, señor Sebastián Álvarez Ramírez. Bienvenido, alcalde. Gracias, presidente. Saludar a todas y todos los diputados presentes en la comisión. Con mucho orgullo fui parte también de esta comisión durante cuatro años, compartiendo con varias diputadas y diputados que hoy veo. Contentos de poder, como alcalde de la comuna, presentarles una experiencia que puede servir como guía o como una determinación que nazca del Congreso de Chile respecto de lo que significa la prevención del riesgo de desastres. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí sí. Un segundo. De todas maneras, la señora secretaria la va a reenviar por WhatsApp al grupo de la comisión. Perfecto, perfecto. Lo principal es contarles que la comuna de Pucón, como ustedes saben, es una comuna de alto riesgo de emergencias y desastres. Por lo tanto, contamos con una Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres muy robusta en la municipalidad. Como datos relevantes, Pucón tiene hoy aproximadamente 32.000 habitantes, una superficie de 1.249 kilómetros cuadrados, y una población flotante de 3 millones de personas; es decir, tres millones de personas que circulan por la comuna.

Por acá, en los periodos de alta demanda turística, ustedes imaginarán los impactos que puede significar para una comuna: nuestra población se multiplica. Es realmente una diferencia muy alta respecto de lo habitual cuando estamos con turistas visitándonos. Esto se vuelve muy complejo porque la comuna de Pucón hoy día está amenazada por diversos desastres. Por ejemplo, tenemos una amenaza muy significativa de erupción volcánica. Somos número uno en el ranking de riesgo de Sernageomin. El cráter del volcán queda a 14 kilómetros. Hay 30.000 personas expuestas en temporada baja, de forma permanente. En la historia se registran 100 víctimas producto de erupciones y tenemos toda la infraestructura crítica expuesta, sin mecanismos que nos permitan resguardarla. Por otro lado, somos una comuna con amenaza de incendio forestal. Tenemos casi un 63% de ruralidad; donde antes había bosques, hoy hay casas. Por lo tanto, también somos clasificados como una comuna de alto riesgo según el informe CONAF 2024. Contamos con parques nacionales y áreas silvestres protegidas, y hemos visto un gran aumento de viviendas en zonas de interfaz urbano-rural (IUR). Asimismo, hay infraestructura crítica expuesta y 20.000 personas que habitan en zonas de exposición. Además, enfrentamos amenazas de inundación y anegamiento: precipitaciones anuales promedio de 3.000 milímetros, promedios de 80 milímetros en 24 horas en temporada invernal, 20 puntos críticos levantados a nivel regional y, lógicamente, un río que cruza la zona urbana con riesgo de desborde. Un 57% de la comuna está en riesgo de inundación y anegamiento. Esto es lo que no siempre se ve cuando se habla de Pucón, pero la comuna hoy presenta una situación compleja respecto de los riesgos. Más aún, considerando que tenemos una población de 30.000 habitantes y una población flotante con la que llegamos a 3 millones. Como antecedente importante, está el mapa de riesgo de Sernageomin —el que ustedes ven—, donde la comuna aparece completamente en rojo. ¿Qué significa eso? Que, en caso de una erupción volcánica, todo lo que aparece en rojo en el mapa central es por donde circularía la lava; en estricto rigor, recorre la comuna completa. Por otro lado, si consideramos nuestras vías —el plano que está a la izquierda de ustedes—, esas son las vías de circulación con que cuenta la comuna, lo que evidencia que no tenemos posibilidad de evacuar por la red vial a la población en caso de emergencia. Considerando los tiempos que se pueden dar en invierno, por los lahares y por todas esas situaciones, la comuna de Pucón se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad. Además, existen puntos de encuentro transitorios —el mapa a la derecha de ustedes— que aparecen con los números 8, 6, 7, 1. Se supone que, en caso de emergencia, ahí debemos evacuar. Pero esos lugares son privados, no cuentan con resguardo: si ustedes van hoy, están llenos de zarzamoras; no existe un contenedor para iluminación, no existe nada. Solo están declarados como puntos de encuentro transitorios. Cuando se observa el trabajo que hemos desarrollado, hemos sido reconocidos a nivel nacional como una de las oficinas de gestión del riesgo de desastres más potentes de Chile. Nos invitan: acabamos de participar en el ejercicio de enlace realizado en Puerto Varas, compartiendo con las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina, con los distintos equipos de SENAPRED y con Bomberos de Chile. Hemos presentado un plan de reducción del riesgo de desastres, mantenemos un proceso constante de capacitación comunitaria y de monitoreo tecnológico; hoy hemos implementado tecnología, levantado los puntos críticos y tenemos la capacidad de responder coordinadamente porque contamos con personal de turno durante todo tipo de emergencias. Tenemos capacidad para levantar situaciones que ocurren en terreno y para comunicarnos directamente con las juntas de vecinos. En fin, disponemos de una orgánica y una gobernanza interna desplegada para la atención de emergencias.

Este año hemos podido dar buena respuesta, además de contribuir junto a otras reparticiones y en otras comunas. Les quiero poner un video breve que refleje lo que es hoy nuestra Unidad de Emergencia y Desastre. A modo de información, esta unidad la complementamos integrándola con Red Vial y Operaciones. Por lo tanto, hoy contamos con una unidad robusta a nivel comunal y estamos replicando este modelo en otras comunas de Chile que nos han pedido el ejemplo de cómo desarrollarlo. Les voy a dejar el video. Eso muestra en imágenes nuestro sistema de gestión de emergencia y desastre, un sistema cuya gobernanza y estructura están muy bien valoradas. Este año hemos invertido fondos municipales directos —más de 180 millones— en tecnología: antenas satelitales, equipamiento de vehículos, drones, entre otros. A nivel municipal contamos con tecnología y con recursos humanos que nos permiten estar preparados. Si lo miramos en el marco de la gobernanza de la gestión del riesgo, esto está definido por la Ley 21.364, que establece básicamente cómo se gestiona el riesgo y que fortalece el rol municipal en este ámbito. Pero miren la curiosidad de la ley: Pucón estableció una Dirección de Emergencia y Desastres y, por ese motivo, no puede postular a fondos; es decir, nos castigan y no podemos acceder a recursos para seguir mejorando. Además, está la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre 2020-2030, marco rector del GRD en el país. Esta política nos permite avanzar en la reducción del riesgo de desastre y contempla, entre otros aspectos relevantes, la implementación de medidas estructurales para la reducción del riesgo y el desarrollo de infraestructura resiliente ante desastres. En particular, su tercer eje indica la necesidad de invertir en recursos de prevención para mitigar los efectos del riesgo de desastre.