Se da por aprobada el acta de la sesión número 187 y la sesión número 188 queda a disposición de las señoras y señores diputadas y diputados. El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos:
- Proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Osandón, Morales, doña Carla y Rafael, y de los diputados señores Castro; González, don Mauro; Sauerbaum; Ulloa; y Undurraga, don Alberto, que modifica la ley N° 21.561 para aplicar gradualmente el descanso anual compensatorio por reducción de la jornada laboral a los conductores de transporte de carga terrestre interurbano.
- Proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras González, doña Marta; Ahumada; y Cicardini, y de los diputados señores Araya, don Jaime; Bianchi; Cuello; Giordano; Mulet; Tapia; y Ulloa, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de impedir la subcontratación de trabajadores y trabajadoras para la realización de tareas propias del giro en las empresas que señala.
- Oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual cita al Presidente de la Comisión a la sesión del Consejo Especial para otorgar el Premio Manuel Bustos Huerta 2025, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 2001 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Oficio reservado del Superintendente de Pensiones, mediante el cual informa los montos de las deudas de municipalidades y corporaciones municipales del país al 30 de junio de 2025.
- Carta del Gerente General de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), mediante la cual agradece la invitación y excusa su participación en la sesión del día de hoy, señalando que no han podido analizar la referida iniciativa legal, por lo que solicitan ser invitados a una próxima sesión.
- Correo del señor Miguel Hernández, presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores Independientes Conductores de Aplicaciones (SINCAP), quien, en representación del Sindicato de Conductores de Aplicaciones de Chile, solicita con urgencia audiencia para exponer las situaciones de indefensión e ilegalidad que, a su juicio, afectan a miles de trabajadores debido a la inoperancia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Señala que la gravedad de este conflicto exige una intervención coordinada de las comisiones competentes, particularmente en una sesión que cuente con la presencia del ministro Juan Carlos Muñoz, dado que el problema involucra a las carteras de Trabajo, Transportes, Hacienda y Economía.
- Y, por último, señor Presidente, una carta del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios Independientes, mediante la cual se comunica que en la sesión ordinaria del día de hoy el diputado señor Cristián Lave será reemplazado por la diputada señora Giovanna Ahumada.
¿Está toda la Cuenta, señor Secretario?
—Sí, señor Presidente.
—Muchas gracias, señor Secretario. Echaremos de menos al diputado Lave hoy día.
¿Alguna palabra sobre la Cuenta?
—Ninguna palabra sobre la Cuenta.
Puntos varios. Diputado Undurraga; luego, diputado Cuello; y, después, diputada González.
—Gracias, Presidente. Quiero volver a algo que conversamos en la sesión anterior respecto a la situación de Correos y complementar la solicitud de información a la empresa. Hasta ahora hemos puesto el énfasis en la situación laboral de los trabajadores que hoy día permanecen en Correos...
También respecto de las condiciones y las razones por las que fueron despedidas las personas; creo que eso es correcto y corresponde a esta comisión. Pero hay otra información que me gustaría verificar y, por eso, preguntar por oficio: cuál es el grado de endeudamiento de la empresa y cómo este ha aumentado o disminuido en los últimos años, en términos globales, pero también en relación deuda-capital, o sea, deuda-patrimonio. ¿Por qué esta pregunta? Porque hasta ahora se plantea solo como un problema laboral, con todas las implicancias y el dramatismo que tiene para las personas despedidas, y no se plantea como un problema económico, porque se señala que Correo no recibe aporte del Estado. Pero hay dos maneras de recibir aportes: una que se consigna en el presupuesto, y otra, descapitalizándose, vendiendo activos o tomando una deuda mayor. Entonces me gustaría poder tener la situación financiera de Correo como un elemento adicional para los aspectos que competen a esta comisión.
Me gustaría que pudiéramos oficiar a Correo y al Sistema de Empresas Públicas, al CEP, sobre la situación de la deuda, tanto en términos globales como en la relación deuda-patrimonio, en los últimos cinco años, de manera tal que tengamos una línea de tiempo de cómo se ha comportado. A partir de ello, poder tener una mirada más global de los aspectos económicos asociados a la situación que hoy día ha generado un despido masivo de trabajadores. Eso, Presidente.
Gracias, Diputado Undurraga. Si no hay palabras en contra, tomamos el acuerdo para que salgan los oficios en los términos solicitados por el Diputado Undurraga. Diputado Cuello, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Mire, quería plantear a la comisión que seguramente todos conocemos un fallo muy reciente de la Corte Suprema que ratifica el rechazo a la aplicación de la confianza legítima como principio que, hasta hace un tiempo, había permitido dar una cierta estabilidad a los trabajadores y trabajadoras a contrata del Estado. Me parece delicado el fallo, puesto que sostiene que este principio no está reconocido en la ley. Hay una variación de la jurisprudencia que es significativa.
Quisiera recordar, Presidente, que en esta comisión varios parlamentarios presentamos un proyecto de ley para establecer justamente en el ordenamiento jurídico el principio de confianza legítima; recibimos audiencias sobre ese proyecto, lo aprobamos en general y convocamos, en su oportunidad, al Ministro de Hacienda de entonces, Mario Marcel, quien en esta comisión comprometió el envío de un proyecto de ley que se hiciera cargo de las dificultades y de la inestabilidad del empleo público, particularmente respecto de los funcionarios a contrata. Eso se comprometió para el primer semestre de este año. Naturalmente, hasta ahora no ha ocurrido, y quiero compartir esa preocupación, porque me parece importante conocer cuáles son los planes o qué piensa el Gobierno al respecto para dar estabilidad a los trabajadores públicos.
Por un lado, sería bueno conocer qué piensa el Ministro de Hacienda, dado que desde esa cartera se hizo el compromiso y hay continuidad en la función pública; y, en segundo lugar, que el Presidente considere poner en tabla el proyecto de ley de confianza legítima en esta comisión para continuar su tramitación, dado que ya fue aprobado en general. Eso, Presidente. Gracias.
Gracias, Diputado Cuello. Tomo primero el acuerdo para que se envíe el oficio al Ministerio de Hacienda en los términos señalados. Y efectivamente recuerdo el compromiso del Ministro Marcel, suscrito en esta misma comisión; por lo tanto, si no se ha cumplido, nosotros, como organismo legislador, tenemos las facultades. Tomo debida nota de su solicitud de poner en tabla, además, la votación o el desarrollo de la discusión en particular del proyecto de ley. Gracias, Diputado Cuello.
Tiene la palabra la Diputada González; luego, la Diputada Osandón.
Gracias, Presidente. Vengo a exponer a la comisión un tema que se ha hecho público en distintos medios. Es la demanda de dos mamás, que también se ha denominado en las redes “dos justicias para dos mamás”, perdón, “justicia para dos mamás”, y tiene que ver con un caso de dos trabajadoras que...
He prestado servicios en la corredora de seguros COSUR Scotiabank. Este caso se suma a los despidos masivos de los que ya hemos tenido noticia por parte de la empresa COSUR; además, dichos despidos vulneran derechos maternales. Nos relatan estas dos madres que, cuando la corredora de seguros se declaró en quiebra, COSUR negoció directamente con todos los trabajadores, pero a ellas las dejaron fuera de la negociación por tener fuero maternal. Con los demás trabajadores llegaron a un 80% del finiquito y se les señaló que, cuando se emitiera la carta de despido, ellas recibirían el mismo trato que el resto de las ejecutivas. Sin embargo, al notificárseles la carta de despido, el encargado de esa área en COSUR, don Daniel Fuentes, les indicó que no podía negociar con ellas por su fuero maternal, que resultaban “riesgosas” para la empresa y que la única alternativa era demandar, desconociendo cualquier trato del cual previamente se les había informado.
Esto me parece particularmente grave, Presidente, porque los derechos maternales tienen por objeto proteger a las madres y el interés superior de niños y niñas. Que empresas tan grandes como COSUR desconozcan estos derechos es gravísimo. Por ello, han solicitado poder exponer su caso ante la Comisión. Lo dejo planteado, Presidente, para que puedan exponer con mayor detalle lo que les ha tocado vivir, cómo fueron desvinculadas en 2024 y por qué aún no reciben respuesta respecto de las deudas pendientes ni del resguardo de su fuero. La única opción que COSUR les ha planteado es demandar, acción que además se ha dilatado.
Asimismo, me parece pertinente, Presidente, que, como usted ha invitado a la señora Susana Jiménez —primera presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)—, sea relevante que una mujer a cargo de un gremio empresarial pueda también pronunciarse sobre la postura del sector frente a empresas que vulneran los derechos de las mujeres y los derechos maternales. Quedo abierta, Presidente, a cualquier otra acción que estime pertinente la Comisión. Muchas gracias.
Gracias, diputada González. Lamentablemente, la señora Susana Jiménez Schuster se excusó; no contaremos con su presencia el día de hoy. Sin perjuicio de ello, tomo nota, dentro de las invitaciones que debemos cursar, de considerar también a las dos trabajadoras que usted ha mencionado. Gracias, diputada González. ¿Se solicita algún oficio?
Presidente, pudiésemos oficiar a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie sobre este caso.
Envíenos los antecedentes a la secretaría para que podamos evacuar un oficio, previo acuerdo, a fin de proporcionar la información necesaria para que la Dirección del Trabajo realice un trabajo acucioso. Gracias, Presidente.
Diputado Ossandón.
Gracias, Presidente. Quisiera pedir, si es posible y con la unanimidad de los demás diputados, otorgar 5 o 10 minutos a la organización ORSIT, que está acá. Vinieron a hablar con el Presidente de la Cámara por un tema que usted conoce, relativo a reclamos vinculados a convenios internacionales de la OIT. Su posición es interesante. Les señalé que solicitaría a usted esos 5 o 10 minutos para que expongan, y que de allí puedan emanar diversos oficios sobre la situación que están viviendo. Es una organización que agrupa sindicatos privados y públicos; es una mezcla de ambos, y todos enfrentan problemas actualmente con obligaciones que la OIT le habría requerido a Chile y que no se estarían cumpliendo. Si le parece, consultar a todos los diputados si tienen la disposición de recibirlos unos minutos.
Gracias, diputado Ossandón. Para poner en contexto: efectivamente, la Organización de Reclamantes de Convenios Internacionales del Trabajo (ORSIT), quienes están acá esperando poder ser recibidos, es una organización con la que ya me he reunido; estoy al tanto y hemos enviado algunos oficios. Dado que uno de nuestros invitados hoy se excusó y la sesión será más breve, propongo recabar la unanimidad para conceder los 10 minutos solicitados, a fin de que expongan en términos generales el caso que plantean. Aún no les daremos la palabra; esperaremos a que concluyan los puntos varios —quedan dos—, y luego procedemos. ¿Les parece? Muy bien.
Diputada Concha.
Muchas gracias, Presidente. Saludo a los colegas e invitados presentes. Comparezco por un tema que ya ha sido reiterado por mí en esta Comisión, pero considero que es importante y, en su momento, se tomó el acuerdo…
Diputada Concha:
Presidenta, quisiera reiterar una solicitud que hicimos en esta comisión hace varios meses: invitar a las manipuladoras de alimentos, quienes aún están esperando ser escuchadas. Es importante que todos podamos conocer de manera transversal la situación que están viviendo al no tener reconocidas sus enfermedades laborales. Esto les ha afectado especialmente en materia de atención médica, pues dichas patologías no están reconocidas y hoy las inhabilitan para ejercer una función esencial. Muchas de ellas son madres que sostienen a sus familias y necesitan seguir trabajando, pero con el respaldo de que las enfermedades que presentan tienen origen laboral. Por eso, en primer término, pido la unanimidad de la comisión para invitarlas y que sean escuchadas. Ya se tenía en consideración, pero después de varios meses es pertinente reiterar la solicitud.
En segundo término, había solicitado retomar la discusión del proyecto de ley sobre prácticas profesionales. Si el secretario me puede ayudar con la memoria, el acuerdo fue que, una vez llegaran informes, se retomaría la discusión. Ya han llegado algunos, entre ellos uno de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es un proyecto muy requerido por los estudiantes en práctica, por lo que considero importante reabrir su debate. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta:
Gracias a usted, Diputada Concha. Efectivamente, tenemos en nómina invitar a las manipuladoras de alimentos y las incorporaremos próximamente a la lista de invitados. Respecto del proyecto de ley, consulto a la Secretaría, porque eso fue materia del periodo anterior de la Comisión de Trabajo; efectivamente hay un acuerdo para ponerlo en tabla. Me comprometo a ajustar el calendario y a cumplir con ese acuerdo en las próximas sesiones. Muchas gracias, Diputada Concha. La Diputada González siempre me hace dos puntos varios por sesión. Le doy la palabra para su segundo punto.
Diputada González:
Muchas gracias, Presidenta. Quiero manifestar la preocupación por un accidente que afectó a trabajadores de la mina El Teniente, donde se volcó un bus con 48 pasajeros. Hoy existen dos versiones: una oficial de Codelco sobre cómo se activó el protocolo y se brindó la atención, y otra de los propios trabajadores, quienes señalan que fueron trasladados a la posta de Colón, donde más de 24 de ellos quedaron esperando atención. El accidente se reportó a las 19:45 horas y, según los trabajadores, a las 23:00 horas muchos aún no recibían ningún tipo de atención. La posta se encontraba colapsada y no daba abasto para esa cantidad de personas. Posteriormente, después de las 23:00 horas, fueron derivados a distintos centros de salud, principalmente a RedSalud. Varios esperaron hasta las 4 de la mañana, e incluso hasta las 6, para ser atendidos.
Esto deja en evidencia dos situaciones muy graves: primero, la discrepancia entre la versión de Codelco sobre el protocolo aplicado y lo que relatan los trabajadores que vivieron el accidente; segundo, que las mutualidades no están operando los fines de semana en una ciudad donde hay entre 12.000 y 15.000 trabajadores contratistas que laboran los 365 días del año, día y noche. Hoy esos trabajadores no pueden acceder a las mutualidades porque no atienden fines de semana. Y, además, cabe preguntarse cuál habría sido el accionar de Codelco si el accidente hubiese sido más grave, con un mayor número de lesionados. ¿Cómo se habría dado la atención en un escenario con muchos heridos? Entonces, Presidenta, me gustaría...
Diputada González: Presidente, solicito oficiar primero a la Dirección del Trabajo para que nos informe cuál es el protocolo en estos casos; específicamente, si la posta de Colón, que está al interior de El Teniente, es un organismo válido para atender a trabajadores en situaciones de esta magnitud y, de ser así, cuál debe ser el conducto de derivación hacia otros centros de salud. Asimismo, pido oficiar a Codelco para que nos informe su protocolo de actuación cuando se producen accidentes que involucren a muchos trabajadores. Muchas gracias, Presidente.
Presidente: Gracias, diputada González. Presumo que la Dirección del Trabajo podría no tener competencias para pronunciarse sobre aquello; sin perjuicio de ello, emanaremos el oficio. Quisiera complementarlo añadiendo como destinataria a la Superintendencia de Seguridad Social, de modo que, teniendo la potestad de fiscalizar a las mutualidades, pueda pronunciarse sobre el conjunto de la situación que usted ha relatado y contemos con más antecedentes para evaluar medidas. Además, destaco que el proyecto de ley en tabla aborda, de alguna manera, lo señalado. ¿Sobre el punto? Bien. Tomamos el acuerdo para los oficios.
Diputado Sauerbaum: Presidente, a propósito de que estamos viendo la Ley de Presupuestos —llevamos días en la Comisión de Hacienda revisando distintos ministerios—, hemos constatado varios recortes de programas, y ya tenemos reclamos desde regiones y organizaciones. En mi región de Ñuble nos escribieron, entre otros, desde el FOSIS y adultos mayores vinculados al programa Más Adultos Mayores Autovalentes (AMA), que también se cerraría. Esto tendrá consecuencias directas en las y los trabajadores de esos programas. Sería conveniente que la Comisión de Trabajo, antes de votar el Presupuesto, tenga claridad de cuántos trabajadores podrían quedar fuera por estos cierres. Propongo oficiar al Gobierno para que sincere las cifras: qué programas se cerrarán y cuántas personas quedarán fuera, a fin de votar con información precisa, entendiendo el ajuste fiscal y la necesidad de recortar programas mal evaluados. Sin embargo, me han planteado dirigentes de Ñuble que se están recortando programas que no necesariamente están mal evaluados, y eso es lo que no se entiende.
En segundo término, Presidente, otro antecedente que quiero poner sobre la mesa: mañana, en la Comisión Mixta, vamos a advertir una situación en el Presupuesto respecto de las remuneraciones de los trabajadores del sector público. Al revisar los ministerios, las líneas de sueldos no aumentan ni disminuyen; se traspasan con el mismo monto del año 2025 para el 2026. Esto significa que no se indexan al 3,1% de inflación proyectada para 2026. En resumen, ello implicará que la ley de reajuste de remuneraciones del sector público deba negociarse sobre una base más baja de la que habría correspondido si el Gobierno hubiese indexado esas partidas a la misma inflación con la que indexó el resto del presupuesto. Mañana preguntaremos por qué se utilizó esta metodología, que no se aplicaba desde hace mucho tiempo —se usó antes de los años 80— y que, típicamente, se ocupa para que el reajuste se negocie sobre una base inferior. Pedimos que el Gobierno sincere las cifras. Además, hay una verdad a medias: el Gobierno señala que el Presupuesto general aumenta en 1,7%, pero si se suma lo que he mencionado, son 880 millones de dólares más; es decir, el aumento total sería del 3,3%. Se generan así varias situaciones que no están claras.
Y eso lo advertimos hoy día en la Comisión Mixta de Energía; pero eso mismo pasa en Vivienda, en todos los ministerios, porque el Gobierno lo utilizó como un criterio general. Entonces, yo le pido que usted investigue y que podamos discutirlo con el Gobierno, para que no tengamos un conflicto con los trabajadores fiscales, que no sé si conocen esta situación. Yo le puedo mandar un oficio explicándole de qué se trata, porque lo elaboramos durante el día de hoy y, como le digo, nos va a traer un conflicto para la negociación del reajuste del sector público. Gracias, señor Presidente.
Secretaría: Creo que el primer oficio que ha solicitado el diputado Sauerbaum va a demorar más de lo que demoraría si lo pidieran a su comisión directamente. Creo que Hacienda no nos va a tener la respuesta en los plazos que usted necesita. En cambio, si lo pidieran a la misma subcomisión, tiene ahí a los ejecutivos presentes y probablemente usted les pueda exigir una respuesta más breve que la que nos darán a nosotros, con toda seguridad.
De todas maneras, señor Secretario, dos cosas. Voy a partir por el segundo punto: de buena fe tomo todo lo que ha mencionado el diputado Sauerbaum. No soy miembro de la Comisión de Hacienda ni he participado en las subcomisiones, pero me parece claramente una circunstancia alarmante y preocupante para el desarrollo no solo de la discusión de la Ley de Presupuestos, sino del reajuste del sector público. Existe ahí una circunstancia que usted nos advierte que es importante y que, independiente de que las subcomisiones puedan tomar gestiones directas, nosotros podríamos también colaborar y mostrar que la Comisión de Trabajo tiene interés.
En particular, me gustaría recabar bien el contexto del primer oficio que usted solicita, con el que además estoy muy de acuerdo. He recibido varias quejas por el programa Más AMA, entre otros, programas bien evaluados que aparentemente se recortan. Hemos tenido reuniones con funcionarios y funcionarias del INJUV, que también parece ser un servicio que está siendo bastante cercenado con los recortes programados en esta discusión. Entonces, solicitar un oficio, si le parece bien, para que sepamos qué programas se recortan y qué evaluación tienen. Creo que eso es muy importante: cuál es el impacto en puestos de trabajo que eventualmente se destruirían, pero también, para ponerlo en comparación, el impacto en las personas que dejarían de ser beneficiarias de estos programas; en el caso de Más AMA, cientos de miles de personas mayores, y ya se está generando bastante ruido al respecto. Así que, si le parece a la Comisión, despachamos ambos oficios, sin perjuicio de que la subcomisión también haga lo suyo para acelerar aquello.
Espéreme, que me faltan mis puntos varios, pero es cortito para la Secretaría. El día 4 de junio de este año emitimos un oficio dirigido al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo y a la Contraloría General de la República, solicitando evaluar las medidas necesarias para garantizar la negociación colectiva de empresas estatales que hoy día siguen siendo dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, particularmente asegurando que los trabajadores productivos de ENAER puedan ejercer plenamente su derecho a la negociación colectiva. Quisiera consultar a la Secretaría si ese oficio ha tenido alguna respuesta y, si no la ha tenido, solicitar por favor que se insista. Ahí lo revisamos, pero lo dejo de todas maneras para la Secretaría.
Ya, como habíamos comprometido, vamos a recibir entonces, antes de partir —porque tenemos a los invitados afuera y, además, uno de ellos está en España y tiene un problema horario—, vamos a invertir el orden. Vamos a pedir primero la exposición del orden del día y vamos a dejar para el final a nuestros invitados. Sí, que pasen nomás, que pasen y se sienten. Vamos a dejar las organizaciones reclamantes de convenios para posterior a la intervención, debido a que además no tenemos a nuestro segundo invitado, que es la señora Susana Jiménez.
Tiene la palabra el diputado Sauerbaum; por favor, con micrófono.
Presidente, respecto del segundo tema, voy a leer muy brevemente la situación. ¿Estamos volviendo atrás? Sí, porque el segundo tema no lo cerramos. Respecto de la Ley de Presupuestos, lo que le comentaba sobre las cifras del gasto en personal del año 2025: yo le voy a enviar estos antecedentes para que usted pueda oficiar al Gobierno. Estas cifras no están ajustadas por inflación, lo que impide compararlas con las cifras en pesos del año 2026. Esta decisión distorsiona la realidad de las cifras y oculta la previsión de costos fiscales de la nueva ley de reajuste posterior a la Ley de Presupuestos. Más aún, históricamente se ha reajustado por inflación, al reconocer que el reajuste del sector público será siempre menor a la inflación.
Tampoco parecen incorporar los costos laborales de la reforma previsional, tal como muestran las tablas del Ministerio de Vivienda, que señalan un aumento de 0,6% tanto en sueldos como en cantidad de funcionarios. Esto es grave, porque en agosto de 2026 la cotización previsional crece en 2,5 puntos porcentuales y, de momento, no tienen financiamiento. La consecuencia de esta decisión es que la ley de reajuste del sector público obligará al siguiente gobierno a realizar recortes adicionales durante el año 2026 o a incurrir en un déficit fiscal mayor.
Entonces, lo que le transmito, Presidente, es que, como en la ley de presupuesto no se considera un reajuste en el salario de los trabajadores, ni siquiera acorde a la inflación, vamos a tener una negociación de reajuste del sector público sobre una base menor, a la baja. Habrá que preguntarle al Gobierno por qué utilizó esta metodología y si tenía planificado plantearnos en la comisión mixta, que será la próxima semana después de la distrital, una fórmula distinta que no se ocupa hace mucho tiempo. No se entiende por qué no se había hecho antes.
—De acuerdo, diputado. Le pedimos que remita sus antecedentes para adjuntarlos. Dentro del acuerdo que yo solicité estaba el oficio en los términos en que usted lo había pedido; por tanto, incorporamos los antecedentes que nos ha entregado en este momento.
Habiéndose terminado los puntos varios, pasamos a la tabla. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al Boletín Nº 17.837-13.
Para estos efectos, se ha invitado al señor Cayetano Núñez, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, y a la señora Susana Jiménez Schuster, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien se excusó y no participará. Sin embargo, tenemos al señor Cayetano Núñez, quien ha confirmado su participación telemática —por razones evidentes, dado que se encuentra en España—, por lo que pido la unanimidad para autorizarla. ¿No hay problema? Bien. Le damos entonces la palabra al señor Cayetano Núñez, conectado por Zoom.
—Buenas tardes.
—Buenas tardes, en Chile.
—Buenas noches allá en España, don Cayetano. Lo saludamos y le agradecemos conectarse a estas horas.
—Está muy bien. Muchas gracias por la invitación, por permitirme participar en este debate tan importante respecto de una materia tan relevante para el mundo laboral. Sin más preámbulo, querría entrar en materia.
Quiero hacer algunas consideraciones, primero, respecto de la finalidad de cualquier norma de carácter preventivo en materia de riesgos laborales y, por tanto, de seguridad y salud en el trabajo. Me parece importante recordar cuál es el bien jurídico protegido y, por tanto, la relevancia de estas normas: el derecho a la vida y a la integridad personal. Es fundamental tener presente que este bien jurídico protegido es irrenunciable dentro de una relación de trabajo, y que la protección —dato muy destacable— tiene naturaleza preventiva. Por tanto, la dimensión en la que estamos trabajando es la de los riesgos: prevenir los riesgos laborales; no la dimensión posterior, que es la reparadora o compensatoria, que opera solo a posteriori, cuando ya ha habido una vulneración.
En consecuencia, me parece muy importante que existan iniciativas legislativas de mejora de las normas preventivas, porque responden a la necesidad de realizar la actividad productiva en condiciones de seguridad y salud laborales dignas. En segundo lugar, respecto de este tema, sé que a veces es recurrente plantearnos cuál es la necesidad de abrir nuevos debates o nuevas propuestas. Yo creo que, mientras exista —aun cuando estadísticamente...
Podemos tener determinados avances. Mientras exista una situación en la que se producen accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cualquier debate de estas características es relevante. El dato estadístico es importante tenerlo en cuenta, pero también es cierto que no siempre es permanente en el tiempo. En la realidad española, por ejemplo, hemos tenido y tenemos, en conjunto y especialmente en algunos sectores productivos, oscilaciones permanentes en la accidentabilidad y en los fallecimientos. Por ello, aun cuando se observe un ciclo positivo en términos de descenso —porque mientras exista algún accidente o alguna enfermedad profesional no cabe hablar de positividad—, ese descenso debe mirarse siempre con mucha prudencia. Y no olvidemos que la OIT plantea tolerancia cero frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Ese es el objetivo: la tolerancia cero. Mientras persistan situaciones complejas en términos de siniestralidad laboral, todos los esfuerzos que se realicen son necesarios e imprescindibles.
En segundo lugar, quisiera referirme a la cultura de la sensibilidad preventiva, que tiene una dimensión bilateral. Considero que la participación activa de los distintos actores que intervienen en el mundo del trabajo —cuestión reiteradamente subrayada por la OIT— implica un beneficio mutuo: promueve la colaboración, aumenta la sensibilidad, involucra más a las partes en la toma de decisiones y genera una actitud proactiva al sentirse parte de ellas. Ello alimenta el autocuidado, fundamentalmente porque existe un mayor conocimiento del riesgo, algo decisivo para el desarrollo del trabajo y de la actividad productiva. Por tanto, el aumento de la participación es un elemento fundamental para esa sensibilidad. Podemos contar con muchas normas preventivas, pero sin esa cultura preventiva su cumplimiento resulta a veces muy difícil. Por ello, una participación sana y colaborativa, tanto a nivel colectivo como individual, mejora las condiciones de trabajo, incrementa la productividad de las empresas y ayuda a adoptar decisiones más eficaces, al generar confianza mutua. Ese diálogo está destinado precisamente a fortalecer esa confianza, en un ámbito tan relevante como la protección del derecho a la vida y a la integridad personal.
Además, para las empresas no debiera representar un gran reto, en la medida en que deben mantener el control del proceso productivo; y en ese proceso está integrada la prevención de riesgos. No es un elemento accesorio: forma parte del propio proceso productivo. Así lo reconoce el derecho comparado y, ahora, también el derecho chileno a través del Decreto 44, que lo establece expresamente. Por tanto, ese control del proceso productivo hace que cualquier intercambio de información sea muy sencillo: se responde fácilmente cuando se conocen bien las actividades que se desarrollan, y, por otra parte, permite detectar problemas o situaciones no contempladas.
En tercer lugar, respecto del marco normativo, no olvidemos que el artículo 184 del Código del Trabajo, en similitud con las normas internacionales y con el derecho comparado, incorpora un concepto jurídico indeterminado: proteger eficazmente a las personas trabajadoras. Este concepto, a veces, provoca cierta incertidumbre a la hora de que las empresas sepan cuál es la conducta a seguir y, por tanto...
Es importante que las normas preventivas guíen y orienten la conducta preventiva empresarial. En este sentido, cualquier propuesta legislativa que plantee nuevas obligaciones, nuevos derechos y nuevas formas de comportamiento es buena para la empresa. Las empresas agradecen cuando se reduce la inseguridad. Ahora bien, la exigencia de una protección eficaz muchas veces resulta de difícil comprensión. La jurisprudencia ha señalado que las empresas, si bien toman las decisiones y cuentan con un margen de discrecionalidad, lo ejercen delimitado por normas de orden público. Por tanto, esas normas determinan qué hacer para adoptar las medidas necesarias que le permitan a la empresa cumplir con la deuda de seguridad, conforme a un estándar de comportamiento fijado por la diligencia debida, que es la que valoran los tribunales. En concreto, la Corte Suprema ha reiterado que la diligencia debida es la del buen empresario y que su incumplimiento se aprecia incluso a nivel de culpa levísima, lo que implica una valoración muy estricta del cumplimiento de las obligaciones.
El Decreto 44 ha venido a completar este cuadro y ha hecho algo relevante: establecer los principios de la acción preventiva, indicando a la empresa la secuencia que debe seguir —eliminar el riesgo, controlar el riesgo y, cuando no sea posible controlarlo, paralizar—, en ese orden. Ha señalado, además, que deben combatirse los riesgos en la fuente, adoptarse medidas colectivas antes que individuales y adaptarse el trabajo a la persona. En el ordenamiento jurídico chileno hemos tenido avances significativos que contribuyen a que las empresas tomen decisiones con mayor seguridad y certeza, construyendo un marco normativo más ajustado a sus necesidades. Ello es positivo para la empresa; los técnicos de prevención, en particular, valoran que las normas de orden público indiquen con claridad el camino a seguir.
Por eso, el ajuste del marco normativo, tanto en la configuración de derechos y obligaciones como en el cuadro de infracciones y sanciones, es imprescindible. En esa línea, corresponde saludar este proyecto de ley, que tiene una doble dimensión: por una parte, construir nuevos derechos y obligaciones que contribuirán a que la empresa pueda tomar decisiones con mayor seguridad; y, por otra, actualizar el cuadro de infracciones y sanciones, lo que, en la medida en que hoy se estima insuficiente, reforzará la disuasión de los incumplimientos en esta materia.
Como el tiempo de que dispongo es limitado, formularé algunas reflexiones sobre la propuesta de modificación del Código del Trabajo en tres aspectos fundamentales. Primero, la participación. Me parece importante complementar la capacidad de los agentes sociales en esta materia y, específicamente, fortalecer la posibilidad que el Código del Trabajo, en prevención de riesgos, reconocía de manera menos expresa al sindicato, para ahora complementarla y robustecerla. Reitero: este fortalecimiento, si el diálogo se establece de buena fe y de manera colaborativa, beneficiará a ambas partes. Específicamente, el proyecto de ley alude, en primer término, a la consulta sindical.