El acta de la sesión 109 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. Bienvenido, diputado. El acta de la sesión 110 queda a disposición de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la Cuenta.
Muchas gracias, presidenta. Son ocho puntos en la Cuenta.
En primer lugar, recibimos el Oficio N° 449 del INDH, que, en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre el costo total asociado a la elaboración, impresión y distribución del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile, año 2024, detallando especialmente el número de ejemplares impresos a nivel nacional y los costos asociados.
En segundo lugar, el Oficio N° 1312 de la Secretaría General de la Presidencia, que, en respuesta al Oficio N° 282 de esta comisión y a solicitud del diputado Celedón, informa el estado actual de la tramitación del proyecto de ley que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción, Boletín N° 97673-03, en primer trámite constitucional en el Senado.
…otras dos consultas relacionadas con el estado de extradición de la señora Adriana Rivas y con las medidas adoptadas por el Estado de Chile frente a las recomendaciones de organismos internacionales por afectación de derechos de niños y niñas mapuche. Se informó que estas consultas fueron derivadas, respectivamente, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Desarrollo Social, y que se informará oportunamente.
En tercer lugar, Oficio N° 303 del Ministerio Público, que remite a esta comisión información exigida en la glosa presupuestaria N° 11 del Programa 01 de la Ley de Presupuestos, Ley 21.722. El documento acompaña datos correspondientes al tercer trimestre del año 2025 relativos a denuncias por violaciones de derechos humanos, detallando motivos, fecha, edad, etnia y sexo de las víctimas, incluyendo al presunto victimario.
Oficio N° 304, también del Ministerio Público, que remite información requerida en la glosa N° 12 del Programa 01 de la Ley de Presupuestos. El documento acompaña datos del tercer trimestre del presente año sobre querellas por violaciones a los derechos humanos, indicando motivos, fecha, edad, etnia y sexo de las víctimas, así como las instituciones a las cuales pertenece el presunto victimario.
Oficio N° 305 del Ministerio Público, que remite información exigida en la glosa N° 17 del Programa 01 de la Ley de Presupuestos. El documento adjunta antecedentes sobre resoluciones, acuerdos, orientaciones o reglamentos adoptados por el Ministerio Público que afectan su funcionamiento, especialmente instrucciones relativas al ejercicio de la persecución penal, las que deben informarse dentro de 15 días desde su adopción.
Estos tres documentos corresponden a glosas informativas presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional.
En sexto lugar, informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborado por el investigador Jaime Rojas, que analiza el negacionismo y su relación con la libertad de expresión, destacando que en Chile no existe una ley que lo sancione, a diferencia de otros países europeos. Asimismo, revisa en extenso fallos del Tribunal Constitucional y proyectos de ley que buscan penalizar la negación y justificación de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre los años 1973 y 1990, cuestión requerida por esta comisión.
Oficio N° 1887 de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que informa las glosas específicas correspondientes a la Partida 32, Capítulo 01, Programa 01 de la Ley de Presupuestos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Decreto N° 349 del presente año del Ministerio de Hacienda. Se incluyen las glosas específicas N° 24 y N° 17 relativas al primer trimestre, acompañando los oficios respectivos.
En último lugar, Presidenta, Oficio N° 5646 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, en respuesta a un oficio de esta comisión, complementa información previamente enviada en septiembre del presente año. Señala que se aborda el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales, especialmente del Comité de los Derechos del Niño y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relacionadas con los derechos de la niñez mapuche en el contexto del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Esa es toda la cuenta, Presidenta.
Presidenta, disculpe. No escuché el último punto que se refería a la macrozona sur; es que se oye con muy bajo volumen. El punto 8, si lo puede repetir, por favor.
Sí, por supuesto. Nuestro querido abogado. El punto 8 corresponde al Oficio N° 5646, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que responde a un oficio de esta comisión en el cual se solicitó información respecto de las recomendaciones de organismos internacionales relativas a la vulneración de niños mapuche en el contexto de la macrozona sur. En ello se entrega la información.
Muchas gracias.
De nada, diputada Navia. Muchas gracias a la Secretaría. Damos la palabra sobre la cuenta.
Diputada Navellán, sobre ese mismo punto.
Gracias, Presidenta. No, sobre toda la cuenta en general, para que por favor nos manden todos los oficios por WhatsApp, por favor.
Perfecto. Y respecto del último punto, no sé si será factible leer la respuesta.
Me dice el secretario que se requiere acuerdo de la comisión para leer la respuesta.
¿Qué dice la comisión? Que se envíe luego.
Ya. Habría acuerdo para que se envíe por WhatsApp. Entonces, en la próxima sesión me voy a referir a ese punto cuando sepa de qué se trata.
Gracias, Presidenta.
Por correo también puede ser.
Ofrezco la palabra sobre varios.
Diputado Palma.
Sí, muy breve, Presidenta. Quería solamente destacar a un artista local de mi distrito, de la comuna de La Florida, el señor Sergio Guzmán, quien me ha enviado este hermoso obsequio a propósito de la desaparición de Julia Chuñir Cachicura. Me parece muy loable el gesto.
Diputado Palma.— Y, bueno, nos encargaremos como comisión —yo en particular, por supuesto— de mantener viva la visibilización de este problema hasta que se aclare como corresponde, y lamentar que nuevamente los medios, Presidenta, insistan en levantar una arista que no sé qué respaldo tiene respecto de que la familia estaría involucrada. Hubo dos documentales esta semana que salieron al paso de un audio que, a todas luces, delata que sería el empresario que la tenía amenazada y que estaría involucrado en su desaparición. Cualquiera sea la razón, Presidenta, lo importante es que haya verdad, justicia, reparación y, por supuesto, garantías de no repetición. Nos encargaremos de que Julia permanezca en nuestra memoria. Gracias, Presidenta.
Presidenta.— Muchas gracias, diputado Palma. Tiene la palabra la diputada Navellán.
Diputada Navellán.— Muchas gracias, Presidenta. Sobre lo planteado por el diputado Palma, yo solicitaría que, dado que no hay claridad respecto de lo sucedido con Julia Chugniel y que efectivamente la investigación es secreta, aparte de las declaraciones de la fiscal a cargo —que es lo único legal, por así decirlo, que tenemos a la mano—, tratemos de evitar seguir tocando el punto en esta comisión hasta que efectivamente se sepa lo ocurrido, para evitar eso de que algunos estén “escupiendo al cielo”. Gracias, Presidenta.
Presidenta.— Diputada Pizarro, sobre el punto; a continuación, el diputado Palma.
Diputada Pizarro.— No quiero entrar ni en la más mínima polémica porque me parece tan básico. Solo quiero señalar, Presidenta, que cada cual expone aquí los puntos que le parece. Yo no sé cómo podría revertirse cualquier defensa o, para no olvidar lo que pasó con Julia Chugniel, cómo eso se podría devolver de mala manera. La Fiscalía tiene que investigar; cualquiera sea su resultado, necesitamos saber qué pasó con Julia Chugniel, fundamentalmente porque la desaparición de personas no se puede volver a normalizar. Entonces, si a alguien no le parece el tema, está en su derecho, pero el diputado Palma puede plantearlo las veces que estime, porque me parece de extrema gravedad lo que ocurre con Julia Chugniel, quien, además, no solo desapareció de la nada; previamente recibió amenazas. Por lo tanto, quiero decirle al diputado Palma que agradezco que se siga hablando de Julia, porque mientras se siga hablando de ella, no la olvidamos. Gracias, Presidenta.
Presidenta.— Muchas gracias, diputada Pizarro. Tiene la palabra el diputado Palma.
Diputado Palma.— Sí, muy breve. Decir que, en realidad, son los medios los que esta semana hicieron un par de documentales, al menos levantando una posible arista investigativa. Nosotros, acá, en forma reservada, en la comisión, pedimos un par de sesiones y entendimos que no queríamos interferir en la lógica investigativa. Pero, más allá de que esa arista sea posible o no, son ellos los que están levantando polvareda. Y, segundo, sobre el término “escupir al cielo”, creo que son otros los que, en nuestra época, escupieron al cielo y tuvieron que lamentar que aquellos que defendían resultaron presos en Punta Peuco. Gracias, Presidenta.
Presidenta.— Diputada Navellán.
Diputada Navellán.— Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, los diputados de esta comisión pueden levantar los puntos que quieran; está dentro de su libertad y de sus atribuciones. Solo sostengo, Presidenta, que, dado que hay una investigación secreta respecto de esta desaparición, no me parece que estemos elucubrando tesis sobre algo de lo que no tenemos ninguna certeza. Cuando la diputada Pizarro expone su punto, insinúa que aquí hay cierta claridad sobre por qué se produjo la desaparición, y la verdad es que nadie sabe. Entonces, no podemos hablar de algo que no sabemos mientras no esté el resultado de la investigación. Y, respecto de los documentales que saca la prensa, yo agradezco permanentemente a la prensa —porque, si no fuera por ella, normalmente sabríamos la mitad de lo que sabemos—, pero en este caso lo que la prensa sí reprodujo es la declaración de la fiscal a cargo del caso, donde ella sostiene que, respecto de Julia Chugniel, no existen pruebas que determinen que era una persona dedicada al activismo ambiental. Entonces, yo creo que eso… Yo, Presidenta, dado que nosotros somos diputados y tenemos que apegarnos a la ley como corresponde, me parece que de lo único que…
Cuando hay investigaciones reservadas, debemos remitirnos a lo que determinen los fiscales y los tribunales. No podemos opinar ni elucubrar sobre temas que no conocemos. Acá se está investigando: hay, aparentemente, audios; hay, aparentemente, quema de ropa; hay, aparentemente, cesión de terrenos; hay una serie de temas involucrados. Entonces, mientras no exista el resultado de la investigación, podemos dar opiniones, pero la verdad es que no pesan nada, porque al final del día hay que esperar el resultado de la investigación, como corresponde en todos los casos. Y lo otro: me parece tan inconducente, Presidenta, que en esta comisión les guste tanto estar permanentemente, de alguna forma, haciendo referencia a lo que pasó hace más de 50 años. Yo entiendo, es un problema sin duda, pero no creo que sea necesario que cada vez que pasa algo en la actualidad se haga referencia a lo que ocurrió hace 50 años. Si lo quieren hacer, por supuesto, están en su libertad. Pero me parece, sinceramente —no sé cuál es el término que ocupa siempre la diputada Pizarro—, así como inconducente, digamos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputadas y diputados.
Diputado Celedón, sobre el punto, puede hacer uso de la palabra.
Una pequeña acotación a lo que dice la diputada. El tema penal, si está en manos de una fiscal del Ministerio Público, es porque existe un hecho que reviste características de delito. Que la persona sea defensora ambientalista o sea lo que sea da exactamente lo mismo desde un punto de vista jurídico. El hecho que reviste características de delito es la desaparición de una persona, y eso es lo relevante. Y uno no puede permanecer sordo a lo que la sociedad, a lo que la familia, ha dicho sobre la historia personal de quien desapareció; sin duda tiene mucha relevancia. Todos conocemos —no todos, quizás— el caso Bruma, de los pescadores artesanales. Y, a pesar de todos los antecedentes que se conocen, incluso el informe del fiscal de Directemar, que es un comandante de la Armada, que atribuye responsabilidad a quienes habrían sido los responsables de la desaparición de siete pescadores, aún no hay un pronunciamiento de la Fiscalía. Y fíjese que en esta Cámara se constituyó una comisión investigadora sobre el caso Bruma. ¿No podríamos hablar porque está en manos de la Fiscalía? No, no es razonable eso.
Muchas gracias, diputado Celedón. Para que vayamos cerrando, diputada Navellán, porque tenemos muchos invitados.
Sí, por supuesto. Finalmente son opiniones, creo yo, que tiene cada quien. Solo decir que, efectivamente, las calificaciones que hagan los fiscales de los casos que están investigando son de exclusiva competencia de los fiscales. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre lo que ellos determinen, por lo menos mientras hay investigaciones en curso. Y respecto del caso Bruma, efectivamente sé que hubo una comisión investigadora —yo no participé de la misma—, pero me imagino que tendremos que ser respetuosos, como diputados, de los tiempos de la Fiscalía y de los tiempos del Poder Judicial. Y no me parece que corresponda estar calificando, como lo hace el diputado Celedón, si se demoran más o se demoran menos. Sus razones tendrán; a lo mejor les falta contar con más antecedentes de investigación, no tengo idea. Es un tema de ellos, lo manejan ellos. Nosotros somos diputados; no somos ni fiscales ni jueces. Entonces, creo que hay que dejar que cada institución actúe como debe actuar y no calificar si se demoran más o se demoran menos. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, diputada Navellán. Voy a dar la última palabra sobre el punto y vamos a pasar a la orden del día, porque tenemos a casi todos nuestros invitados e invitadas confirmados y presentes. Así que, para que podamos cerrar, diputada Pizarro, y pasamos a la orden del día.
Solo quiero expresar que esta es la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y así como a veces se han dicho aberraciones y barbaridades y nos hemos tenido que callar, creo que también tenemos el derecho de decir lo que corresponda, con la responsabilidad que cada cual asume. Yo no sé si en esta comisión alguien va a ser el censor o va a definir qué se puede decir o no. Hablar de lo ocurrido hace 50 años es derecho de quien sea. Calificar como negacionismo lo que aquí se ha dicho —y yo lo entiendo así— da cuenta de no comprender lo que significan las violaciones a los derechos humanos. Por su intermedio, Presidenta, a la diputada Navellán: no pretenda silenciarnos. Gracias, Presidenta.
Diputada Navellán, no vamos a dar más palabras. Sí, fue interpelada; dispone de 30 segundos, por favor, porque no quiero censurar a nadie y aquí todos tienen derecho a emitir su opinión dentro de las facultades que nos otorga el reglamento. A mi juicio, lo planteado por diputadas y diputados se encuentra dentro de dichas facultades y no se ha incumplido ninguna disposición reglamentaria. Para cerrar este punto: 30 segundos.
Muchas gracias, Presidenta. Me referiré entonces también a lo sucedido antes de 1973, desde 1968 en adelante, haciendo referencia a las violaciones de derechos humanos, porque ahí también se cometieron. Y lo otro, Presidenta: agradecería si, en su calidad de Presidenta, pudiera pedirle a la diputada Pizarro que, si tiene algo que decirme, lo haga con micrófono, porque si no es como tirar la piedra y esconder la mano.
Gracias. Vamos a pasar a la orden del día. Primero, recibiremos a representantes del Comité para la Prevención de la Tortura, para que presenten el cuarto informe anual, correspondiente al período de agosto de 2023 a diciembre de 2024. Asisten por el Comité para la Prevención de la Tortura: su presidenta, Karen Spínola; el secretario ejecutivo subrogante, Nicolás Anglas; el integrante experto del Comité, Daniel Soto Muñoz; y la integrante experta, Paula Valenzuela Del Piano. Les cedo la palabra para su exposición. Les pido ser lo más breves posible, en atención al tiempo: esta comisión sesiona hasta las 17:00 y tenemos, como señalé, además a dos invitados e invitadas más en los puntos siguientes, de modo que podamos contar con un espacio para preguntas.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecemos el espacio que nos brinda esta comisión. Para nosotros es un honor presentar el trabajo del Comité en el período comprendido entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. A modo de contexto: el Comité para la Prevención de la Tortura nace como una necesidad del país luego de la adopción, en 1984, de la Convención contra la Tortura. Treinta y cinco años después, Chile promulga la Ley 21.154, que da vida a este Comité. Dicha ley designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual opera mediante este Comité. Nuestro valor agregado es que, si bien administrativamente existe una alianza importante con el Instituto, en el funcionamiento contamos con autonomía respecto de la toma de decisiones, los lugares que visitamos y las recomendaciones y acciones de incidencia que desarrollamos. En lo sustantivo, nuestra labor consiste en visitar todos aquellos espacios donde haya personas bajo cuidado o custodia del Estado. Esto, en un sentido amplio, incluye...
Desde establecimientos de larga permanencia para personas mayores, pasando por instituciones con personas con diagnóstico de salud mental, centros de niños, centros de justicia juvenil, espacios de comisarías, PDI y recintos penitenciarios, entre muchos otros lugares. Nuestros exámenes periódicos se planifican respecto de estos espacios a visitar, y el plus es que las visitas no son anunciadas. Nos interesa conocer cuál es la situación actual en diferentes dimensiones, y es relevante que las atribuciones de este Comité son ampliadas. Esto significa que podemos realizar entrevistas tanto a funcionarios como a las personas que están bajo cuidado o custodia; además, revisar registros, grabaciones y toda la documentación disponible, incluidas grabaciones de cámaras. Luego levantamos una serie de recomendaciones que trabajamos no solo con los centros visitados, sino también con todas las instituciones involucradas. Entendemos que la prevención de la tortura es un trabajo mancomunado con diferentes actores, y que no siempre los centros tienen la respuesta única para mejorar y prevenir el riesgo de tortura.
En este sentido, tenemos múltiples obligaciones y atribuciones, pero una fundamental es rendir cuentas. Este informe corresponde a la rendición de cuenta de todas las acciones de visitas de monitoreo, acciones de incidencia que hemos desarrollado y temáticas relevantes en procesos de capacitación, información y sensibilización. Esto es muy relevante porque, si bien tenemos un énfasis en las personas bajo cuidado o custodia, también lo tenemos en quienes trabajan en estos establecimientos ejerciendo el cuidado y la custodia. Estas personas también son entrevistadas y levantamos recomendaciones orientadas a mejorar la labor, la gestión de personas y, cuando se requiera, el clima organizacional.
En cuanto a la organización, debiéramos ser siete expertos comisionados; hoy somos seis. Provenimos de diferentes ámbitos del espacio público y pasamos por procesos de Alta Dirección Pública. Somos profesionales de diversas áreas y, en conjunto, abordamos personas mayores, el ámbito penitenciario, la función policial, salud mental, niñez y adolescencia. Contamos además con dos ejes transversales: salud pública, e interculturalidad y grupos de especial protección. En este momento, tres de nosotros somos nuevos expertos que llegamos en mayo y junio de este año; los expertos anteriores están cerrando su periodo de cuatro años y estamos en proceso de Alta Dirección Pública para la incorporación de tres nuevos expertos, que esperamos se concreten prontamente porque hay mucho trabajo. Es un trabajo preventivo, y por ello revisamos múltiples dimensiones; ustedes contarán con la presentación y podrán ver el detalle. Algunos énfasis: no solo observamos las condiciones materiales, sino también la relación con el mundo exterior, las familias y los vínculos comunitarios; los reales accesos a prestaciones de salud; las situaciones de trato, tanto entre pares como hacia las personas bajo cuidado, y también hacia los funcionarios; y todas las medidas de protección destinadas a resguardar que quienes están bajo custodia y cuidado se encuentren protegidos conforme a los compromisos y al deber garante del Estado.
Entrando al informe: el Comité se crea en 2019 y comienza a implementarse en 2020. Desde 2020 a la fecha hemos visitado 279 centros de custodia y cuidado en 13 regiones. Hasta este informe teníamos pendiente Atacama y Ñuble; este año ya iniciamos trabajo en Atacama, y Ñuble continúa como región priorizada. A la fecha del informe, es decir, entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, realizamos 107 visitas. Esto es particularmente relevante considerando que nuestra sede cuenta con 25 personas ubicadas en la Región Metropolitana, pero el mandato es nacional.
Con un equipo de 25 personas hemos logrado realizar 107 visitas a nivel nacional a diferentes recintos, como ustedes han podido evidenciar. Este año abarcamos hospitales psiquiátricos, centros de justicia juvenil, establecimientos de larga permanencia para personas mayores, secciones materno-infantiles, unidades policiales y recintos transitorios que albergan a personas migrantes, incluidos complejos fronterizos, entre otros.
¿Cuáles son los principales hallazgos? Es la razón por la que queremos presentarlos y, además, establecer una línea de trabajo colaborativo con esta instancia.
En niñez, hemos evidenciado estadías prolongadas en los centros de protección, lo que contraviene el carácter excepcional y transitorio que debiera tener esta medida. Ello genera problemas de salud mental derivados de la institucionalización, además de dificultades y falta de capacitación de los funcionarios para la intervención en crisis.
En los centros de justicia juvenil la preocupación es especial: observamos un alza de las internaciones provisorias, medidas que tienden a extenderse en el tiempo. Asimismo, detectamos problemas en los procedimientos disciplinarios de Gendarmería, respecto de los cuales ya hemos avanzado estableciendo convenios de capacitación.
En las secciones materno-infantiles, constatamos que muchas de las sanciones aplicadas a mujeres que cuentan con este beneficio terminan afectando de manera directa a niños y lactantes que permanecen en esos espacios.
En salud mental, el foco de este año fueron las unidades forenses, dadas las dificultades concurrentes entre las medidas de seguridad y las evaluaciones de personas declaradas inimputables. Destaca el alto uso de contenciones mecánicas y, en algunos casos, farmacológicas; el escaso contacto de estas personas con el mundo exterior, sus familias y redes; y la necesidad urgente de capacitar al personal de custodia —incluida Gendarmería— en una atención garante de derechos para personas con problemas de salud mental. Persisten barreras para el egreso, por lo que quienes tienen diagnósticos de salud mental tienden a permanecer largos periodos en dispositivos de cuidado y custodia.
Respecto de personas mayores, se observa un patrón similar: rutinas rígidas, escaso contacto con sus familias, dificultades y demoras en la atención de salud. Si bien el trato suele ser respetuoso, a ratos resulta infantilizante. Relevamos, además, que en este ámbito el único mecanismo que realiza monitoreo preventivo de manera sistemática es este comité; salvo algunas excepciones derivadas de obligaciones propias de la Seremi, sólo el comité puede verificar el resguardo real de las personas mayores en estos dispositivos.
En los dispositivos transitorios, evaluamos que, pese a que los espacios en fronteras no debieran constituir lugares de privación de libertad, en la práctica están funcionando como tales. Nos preocupa resguardar las garantías específicas de niños que ingresan no acompañados y también de aquellos que lo hacen acompañados pero cuyos adultos responsables no siempre cuentan con acreditaciones formales. Se evidencian señales complejas de posibles situaciones de trata de niños en las fronteras.
En ámbitos policiales y penitenciarios, observamos avances en la cobertura de sistemas de videovigilancia en dependencias policiales, mejoras en las vestimentas de Carabineros, en el uso de cámaras corporales y en los protocolos. Sin embargo, persisten brechas en la cobertura efectiva de cámaras y en la dotación de vehículos policiales sin dispositivos de grabación. Un hito relevante es la identificación de momentos de mayor riesgo de vulneraciones a personas detenidas, especialmente durante los procesos de aprehensión y traslado. Detectamos, además, escasa formación de los funcionarios en intervención en crisis y en primeros auxilios psicológicos.
Se hizo una evaluación donde, si bien entendemos que todo lo relativo al régimen de Máxima Seguridad, en tanto medidas especiales, es necesario, muchas veces se traduce en sanciones que no cumplen con los protocolos. Tenemos personas que han estado en procesos de aislamiento por más tiempo del que hoy permiten las normas internacionales, lo que ha tenido consecuencias tanto físicas como psicológicas, y no solo para quienes están privadas de libertad en módulos de Máxima Seguridad, sino también para los profesionales de Gendarmería que custodian estos espacios.
También hubo un análisis —y luego podemos invitarles a conocer ese informe específico— respecto de la realidad de las diversidades sexogenéricas en personas privadas de libertad. Si bien ha habido avances y los reconocemos, todavía persisten desafíos en materia de segregación y de acceso real a tratamientos de salud, en particular a terapias hormonales, entre otros temas.
Específicamente, una innovación del año pasado tuvo que ver con cómo no solo llegamos a los espacios privativos de libertad, sino también a las escuelas de formación de quienes luego deben ejercer la custodia de estas personas. En ese sentido, se hizo un análisis de la Escuela de Formación Penitenciaria, donde se evidencia que en la formación de oficiales todavía tiende a imperar una cultura punitiva, con sanciones relevantes respecto de los propios estudiantes en formación. Se observa privación de franquicias —es decir, espacios de descanso y tiempo libre— y un alto número de denuncias sobre el trato y la relación interna en estos establecimientos de formación. En el fondo, vemos que, de mantenerse una cultura en esa línea, por supuesto que se tenderá a reproducir esos mismos aprendizajes en los espacios de custodia y cuidado. Ese nos parece un punto relevante sobre el cual hoy día hemos comenzado a generar acciones con estos establecimientos.
Para cerrar, comentarles que el plus que tenemos como Comité es que no solo hacemos monitoreo, emitimos informes y levantamos recomendaciones; nuestro espíritu también es colaborador. Por lo tanto, nos sentamos en mesas de trabajo con Gendarmería y con los ministerios para establecer cambios concretos y colaborativos. Sabemos que no vamos a sancionar ni a fiscalizar; nuestro rol es prevenir factores de riesgo, de cualquier área o dimensión, que pudieran propender a acciones de tortura, malos tratos o tratos denigrantes hacia personas que hoy deben estar bajo el cuidado garante del Estado, como corresponde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la Presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura. Para mí es muy importante recibir esta información. Creo que hemos podido conocer que esto es mucho más amplio de lo que, al menos, yo creía. Es muy valioso que se aclare que incorpora tanto a niños y niñas como a personas mayores; es un trabajo bastante inclusivo, por decirlo de alguna manera. Me parece que es muy importante para ir abordando las diversas crisis a las que buscamos dar respuesta, tanto en materia de infancia, de personas mayores, como en materia penitenciaria, que es un tema que aparece con frecuencia en nuestra Cámara y en distintas comisiones. De mi parte, muchas gracias. Dejo la palabra a las diputadas y los diputados para consultas. Diputado Lagomarsino y, a continuación, diputado Palma.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a quienes nos acompañan. Solo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es respecto del uso del concepto “salud mental”. En general, abogo por el correcto entendimiento de la diferencia entre salud mental y psiquiatría, que muchas veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Entiendo que todo lo planteado en la presentación se refiere a psiquiatría, no a salud mental, porque un paciente con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor, entre otros, presenta patologías psiquiátricas y eventualmente puede requerir hospitalización en un hospital psiquiátrico, en una cama psiquiátrica. En cambio, la salud mental es algo distinto: es el afrontamiento que cada persona da a distintos procesos, incluso propios de la vida, como el fallecimiento de un ser querido.
Perder el trabajo y otras situaciones que habitualmente ocurren en el “nido vacío”, por ejemplo cuando los hijos dejan el hogar. Desde esa perspectiva, estimo importante señalar que entiendo que se ha planteado el enfoque desde la psiquiatría y no desde la salud mental. Idealmente, la salud mental no debiera abordarse con fármacos, sino con psicoterapia, psicoeducación, etcétera. Y cuando ya se requiere medicación, estamos pasando al ámbito de la psiquiatría. Ese es un punto.
Otro punto: entiendo que el Comité de la Prevención realiza una evaluación en positivo respecto de lo que hace el Estado con personas internadas en recintos. Pero, aprovechando el espacio, me parece relevante plantear dos elementos. El primero es la cantidad de internaciones no voluntarias pendientes en las Seremis de Salud. Existe la internación judicial y la internación no voluntaria administrativa, que consiste en una resolución de la respectiva Seremi de Salud de la región. En esta región, más allá de los casos que uno conoce, hay al menos dos en Valparaíso y uno en Viña del Mar; y hubo un caso de alta connotación pública en Quilpué o Villa Alemana —fuera de mi distrito— que llegó a los medios a nivel nacional: un paciente, si no me falla la memoria, con esquizofrenia, que agredía gravemente a sus padres, adultos mayores con quienes vivía, y que contaba con una resolución de internación no voluntaria desde hacía un tiempo excesivo, mucho antes de que el caso se visibilizara. De acuerdo con lo que he podido monitorear, hoy esa persona ya se encuentra internada. Así como se plantea una evaluación del actuar positivo del Estado, quisiera conocer, preguntar o proponer que también se considere el actuar negativo: es decir, todos los pacientes psiquiátricos que, por distintas razones, tienen una internación no voluntaria pendiente, muchas veces por conductas agresivas o riesgosas.
Por ejemplo, en Valparaíso hay un caso emblemático en el Cerro Jiménez: una joven de aproximadamente 24 años, con esquizofrenia, que no cuenta con ninguna red de apoyo. La familia no la acoge. Cada año la internan tres meses en el Hospital Psiquiátrico del Salvador; la dejan relativamente compensada porque comienza a tomar su medicación y, al salir, vuelve a no tener apoyo. Entre tanto, ha agredido a vecinos; en una ocasión intentó lanzarse desde la pasarela Barón; en otra, ingresó por algunas calles y provocó algunos accidentes. Incluso se ha sospechado de abuso, difícil de corroborar porque deambula; y, hace poco, ingresó a la población Montedónico en Valparaíso, donde fue brutalmente agredida, quedando con múltiples golpes. Ella tuvo recientemente una hospitalización de tres meses. Humanizo este caso porque representa a muchos pacientes psiquiátricos sin red de apoyo que el Estado ha dejado completamente abandonados; ya sea porque no tienen familia o porque la familia, que debiera ser su red, no puede asumir ese rol. Ello, en los hechos, constituye una forma de tortura.
Hoy tenemos una deuda muy significativa con estos pacientes. Es efectivo que un hospital psiquiátrico no está para mantener a una persona internada de por vida, pero ¿cuál es la alternativa?
Si evaluamos la situación, los hospitales psiquiátricos tienen tremendas falencias y, muchas veces, las condiciones estructurales de la psiquiatría en Chile generan vulneraciones. Más allá de que puedan existir responsables individuales, hay un problema estructural. Pero, al mismo tiempo, no hay otras alternativas. Lo planteo en esos términos para dar contexto: ¿cómo puede esta comisión formular una evaluación y una recomendación frente a este abandono, esta evaluación negativa respecto de lo que el Estado no hace para resguardarles? Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Diputado Lagomarsino. Es muy impresionante lo que usted relata. Le damos la palabra al Diputado Palma y, a continuación, a la Diputada Pizarro. Una vez que terminen los diputados, devolveremos la palabra a nuestros invitados e invitadas para que puedan contestar y hacer los comentarios correspondientes.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo la presentación y a nuestros invitados e invitadas. Presidenta, daré lectura brevemente a una nota, porque, a propósito de lo planteado por el Diputado Lagomarsino, por su intermedio, el tema de las personas con padecimientos psicóticos no es menor. Comparto la carta de una madre desesperada que me escribe: “Mi hijo se llama Alejandro Andrés Ruiz —me adjunta su cédula—; sufre de esquizofrenia paranoide desde los 14 años y, a la fecha, no tiene un tratamiento al cual adhiera adecuadamente, por lo cual se descompensa en forma recurrente. Fue formalizado por violencia intrafamiliar con lesiones menos graves y ahora está en manos de Gendarmería, en el CDP Santiago 1, módulo 2A, a la espera de un peritaje forense hasta el 20 de diciembre. Su condición y el lugar donde está lo afectan mucho más, y Gendarmería no le administra jamás sus medicamentos ni su tratamiento”.
Quiero dejar en claro que las personas con esquizofrenia, cuando no requieren electroconvulsoterapia, necesitan psicofármacos de alta complejidad —fundamentalmente clozapina y antipsicóticos de última generación—. Si no son tratadas, se desregulan; además, requieren controles periódicos con hemogramas para detectar precozmente, por ejemplo, un cuadro de agranulocitosis, en que literalmente se quedan sin glóbulos blancos y pueden morir de una septicemia, como le podría pasar a un paciente con VIH en nuestra época. Esta situación se repite.
En el caso de San José de Maipo —no hablo de un caso aislado—, otra familia en que la persona, ya mayor, agredió a sus padres, fue privado de libertad, Presidenta, y finalmente la exigencia que puso la Fiscalía fue que hubiera un cuidador. Como ambos padres son muy mayores, senescentes, y no estaban en condiciones, se ofreció una vecina para cuidarlo. El problema es que esta vecina ahora está atrapada en la casa porque no puede salir: si a este hombre lo encuentran circulando fuera del domicilio —casi no puede salir ni al antejardín—, se lo vuelven a llevar a un recinto de estas características.
Sin entrar en mayores detalles, recuerdo —a propósito de un caso familiar— que, en el contexto de electroconvulsoterapia en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, junto con pacientes regulares, llevaban pacientes privados de libertad esposados. Yo vi personas con grilletes. La inhumanidad aquí es flagrante; hay una pérdida de humanidad.
Quisiera preguntar: ¿qué política pública enfrentará estos casos de personas que, teniendo cuadros paranoides, catatónicos, en fin, del espectro psicótico de la medicina —como decía mi colega—, no requieren psicoterapia, sino farmacoterapia y, a veces, electroconvulsoterapia? ¿Cómo se van a abordar?
Por otro lado, Presidenta, como he manifestado varias veces en la comisión, trabajé muchos años con jóvenes infractores de ley en los centros de internación provisoria, donde ingresan vía bultos —los famosos pelotazos— que vulneran los espacios y son lanzados desde la calle. Pero como la jurisdicción de Gendarmería llega solamente hasta el perímetro mural, no pueden pasar al extramuros. Aquí hay vulneraciones de derechos y mecanismos de tortura dentro de estos recintos, entre los mismos jóvenes.
No puedo dejar de lado, Presidenta, un caso grave: en la cárcel de mujeres hubo denuncias contra numerosos gendarmes e incluso contra un ginecólogo —que finalmente fue dado de baja—, quien abusaba durante el control ginecológico de las internas.