Bien, ¿se escucha? Perfecto. Vamos a proyectar la pantalla para la presentación. ¿Se ve? Debería verse en… Me tiene que autorizar el host. Ahí sí, perfecto. A ver si estamos bien. Ya debería verse. Perfecto.
Muy buenos días, señora Presidenta. Muy buenos días, diputadas y diputados. Muy buenos días, Director Nacional de Educación Pública, y a todas y todos los presentes. Vamos a formular algunos comentarios y recomendaciones al proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.040, con el propósito, sobre todo, de valorar lo que se está legislando y de hacer…
Algunas recomendaciones específicas. En primer lugar, corresponde recordar los principios del sistema de educación pública. Sin enumerarlos uno a uno, cabe señalar que el proyecto de ley en discusión constituye un aporte al proceso de instalación e implementación del sistema y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Si uno relaciona las propuestas contenidas en la iniciativa, puede vincularlas con dichos principios; en ese sentido, este proyecto avanza en una mejor materialización de los fundamentos establecidos en la ley. Esa es la primera idea que me interesa transmitir y, en tal perspectiva, apoyar la tramitación de este proyecto.
Asimismo, me referiré a cinco temáticas principales abordadas: la coordinación y el monitoreo del sistema de educación pública; las atribuciones de la Dirección de Educación Pública; la gestión y el apoyo técnico de los SLEP; la vinculación de los SLEP con las comunidades educativas y locales; y el proceso de traspaso de los establecimientos educativos. Estos ámbitos agrupan diversos artículos del proyecto y, en cada uno, buscamos valorar avances específicos y formular recomendaciones.
Respecto del primer punto, coordinación y monitoreo del sistema, valoramos las nuevas especificaciones sobre el propósito, funciones, tareas e integrantes del Consejo Evaluador de la Educación Pública. Fortalecer esta instancia es un aporte relevante, del mismo modo que establecer —a través de este proyecto— su funcionamiento no solo durante el período de instalación, sino también en régimen a contar del año 2030 en adelante, dotándola de carácter más permanente y sistemático, lo que contribuirá al adecuado desarrollo del sistema.
En la misma línea, valoramos la creación del Comité de Ministros, destinado a coordinar acciones entre diversos ministerios y a fomentar la colaboración entre servicios públicos. Estimamos importante que, además de sesionar durante el año, este Comité se traduzca en una articulación permanente entre representantes designados de dichos ministerios. Asimismo, estimamos positivo que el delegado presidencial de la región asuma la responsabilidad de citar y conducir la instancia de coordinación regional de la educación pública que esta ley crea y fortalece, y que se contemple la participación de un representante del gobierno regional en dicha instancia.
En cuanto a recomendaciones, proponemos que, junto con fortalecer el Consejo Evaluador de la Educación Pública, se refuerce el rol de seguimiento y apoyo del Consejo Nacional de Educación Pública en la instalación de la ANEP, en el marco de sus actuales atribuciones. En particular, que se robustezca su función de seguimiento y acompañamiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Pública: hoy posee la atribución de aprobarla, pero sería deseable que, además, asuma un compromiso más activo en su monitoreo. Valorar el fortalecimiento del Consejo Evaluador y, a la vez, asegurar un mayor compromiso del Consejo Nacional de Educación contribuye a consolidar la Nueva Educación Pública como una política de Estado que trasciende a los gobiernos, otorgando proyección y estabilidad al sistema.
Nuestra segunda recomendación es que, dado que habrá un representante del gobierno regional en la instancia de coordinación, se le asigne un rol específico vinculado al monitoreo, seguimiento y reporte de la asignación y ejecución de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el sector educación, manteniendo información permanente y oportuna sobre dichos recursos.
Apoyando el uso de esos recursos en el sector de educación en la región, pudiera ser una función específica de este representante en la instancia regional. El propósito es involucrar activamente a cada gobernación regional con la nueva educación pública, que creemos fundamental. Así como se fortalece con el delegado presidencial la presencia en la región del Poder Ejecutivo, de la misma manera estimamos importante que un representante regional de la gobernación comprometa al gobernador o la gobernadora regional con la nueva educación pública.
Con respecto a las atribuciones de la DEP, valoramos la responsabilidad explícita de apoyar y acompañar técnicamente a los SLEP en materia de mejoramiento del servicio educativo y resultados de aprendizaje, cuestión que se establece expresamente en el articulado del proyecto. También valoramos que se explicite la necesidad de que la DEP se coordine con la División de Educación General y la Subsecretaría de Educación Parvularia en materia de mejoramiento educativo y apoyo técnico-pedagógico a los SLEP. Valoramos, además, el reforzamiento de las atribuciones de la DEP para intervenir en servicios locales en situaciones de crisis, a fin de gestionar de manera oportuna y pertinente las contingencias que puedan ocurrir, contando con las atribuciones y medios suficientes para ello. Del mismo modo, valoramos que el proyecto contemple impartir instrucciones generales y vinculantes a los servicios locales en materias de gestión administrativa y financiera; sobre todo en el periodo de integración, consideramos que esto es muy importante.
Asimismo, valoramos que se puedan celebrar convenios con los gobiernos regionales para el financiamiento de estudios o proyectos de inversión en infraestructura escolar por parte de la DEP, en línea con fortalecer el rol de los gobiernos regionales en este proceso, tanto en lo relativo a la relación de la DEP con los gobiernos regionales como respecto de que exista un representante de la gobernación regional en la instancia regional de coordinación de la educación pública, como señalé anteriormente. Finalmente, valoramos el rol activo que cumplirá la DEP en el seguimiento y monitoreo del avance anual de la Estrategia Nacional de Educación Pública; anual y bienal, porque cada dos años se contempla una presentación a las comisiones unidas de la Cámara de Diputados y el Senado del avance de la ENEP y del proceso de instalación y funcionamiento del sistema de educación pública. En esa línea, recomendamos explicitar en el articulado el rol que tendrá el Consejo Evaluador de la Educación Pública en el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas públicas del avance de la ENEP cada dos años; es decir, que exista un rol específico para el Consejo Evaluador en la instancia de rendición de cuentas bienal. Sabemos que es importante que la DEP tenga un rol activo, pero al mismo tiempo debiera explicitarse que el Consejo Evaluador también lo tenga. De esta manera, se integra de forma más activa y sistemática el Consejo Evaluador en este proceso de seguimiento y monitoreo.
Sobre la gestión y apoyo técnico-pedagógico de los SLEP, valoramos las referencias explícitas a la debida coordinación que debe existir entre los servicios locales y los departamentos provinciales de educación. Valoramos la nueva atribución y función de los servicios locales vinculada al desarrollo de acciones orientadas a garantizar la permanencia y la revinculación educativa, noción que en la ley original se mencionaba como protección de trayectorias educativas y que ahora se traduce en una bajada más concreta. También valoramos las atribuciones explícitas de los SLEP para celebrar convenios con los gobiernos regionales y contratar con ellos. Del mismo modo, valoramos la posibilidad de que los servicios locales puedan contratar personal de reemplazo en escuelas. Finalmente, valoramos que las unidades de infraestructura de los SLEP puedan proponer y elaborar proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento.
En cuanto a recomendaciones, creemos importante estipular la elaboración de un reglamento, desde el ministerio, que especifique los roles y funciones del servicio local y de los departamentos provinciales, así como las instancias mínimas de coordinación y articulación entre ellos. Está bien que la ley sea general respecto de cómo estas entidades deben articularse en el territorio; sin embargo, un reglamento que clarifique esa relación y dichas articulaciones contribuiría a una mayor coordinación entre SLEP y DEPROV, evitando la duplicación de funciones. Otra recomendación es especificar las nuevas funciones de permanencia y revinculación educativa, que deben ser facilitadas y apoyadas desde el Mineduc y la DEP. Es decir, creemos que el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública debieran...
...tener funciones de apoyo y soporte, con recursos institucionales que permitan cumplirlo en los SLEP. Existen recursos y soportes ya disponibles. Por ejemplo, se está implementando inicialmente la plataforma CIFTE, el Sistema de Seguimiento de la Protección de Trayectorias Educativas, difundido por el Gobierno como el programa Chile Presente. Creemos que este tipo de instancias y sistemas de información deben permanecer, transformarse en política de Estado y utilizarse. En ese sentido, el Ministerio de Educación y la DEP debieran hacer uso de esta plataforma, facilitar su uso y capacitar en su uso a nivel territorial en los servicios locales. De esta manera, las nuevas funciones de permanencia y vinculación educativa contarán con un soporte que las haga más factibles a nivel local.
Nuestra última recomendación en este punto es especificar en el reglamento que regulará el Fondo de Infraestructura Escolar creado por esta ley la forma y los requisitos mediante los cuales los SLEP podrán recibir sus recursos. Estimamos que no está claramente determinado cómo podrán recibirlos ni cuáles serán los procedimientos. El propósito es establecer con claridad los mecanismos de asignación y la forma de acceso, de modo que un buen instrumento como es un fondo de infraestructura escolar cuente con criterios y procedimientos claros para acceder a sus recursos de la manera más expedita posible.
¿Me queda tiempo? ¿Sí? Sobre la vinculación de los SLEP con las comunidades educativas y locales, valoramos el rol y la responsabilidad que tendrá el director ejecutivo de cada SLEP en la organización y realización de la conferencia anual de directores. Valoramos la inclusión del Consejo de Educación Parvularia, de directoras de jardines infantiles, educadoras y asistentes de párvulos en distintas instancias y procesos. La ley las menciona en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en su participación en el Consejo Local de Educación, incorporando representantes de comunidades educativas del nivel parvulario. Consideramos relevante y valoramos que ello esté contemplado en el articulado.
Asimismo, valoramos que exista un funcionario de los SLEP a cargo de apoyar el funcionamiento tanto del Consejo Local de Educación como del Comité Directivo Local. Es importante que el Servicio Local se comprometa con la participación de ambas instancias y que cumpla un rol, no de codirección, pero sí de coordinación, para que funcionen de manera más sistemática y permanente. También valoramos los criterios y procedimientos para abrir oficinas locales en territorios, comunas y zonas geográficas aisladas que contempla el proyecto.
Un par de recomendaciones: que el reporte de avances de las acciones acordadas en la conferencia anual de directores de cada SLEP sea distribuido al Comité Directivo Local, al Consejo Local de Educación y a cada uno de los directores de establecimiento. El proyecto contempla que la conferencia de directores sesione durante el primer semestre y genere acuerdos y un plan de acciones para el año, y sugiere la realización de una segunda conferencia al finalizar el año para revisar los avances. Estimamos importante que esta segunda instancia, además de sugerida, efectivamente ocurra, y que al menos quede establecido en el articulado que el avance de las acciones sea reportado a cada integrante de la conferencia de directores, como una exigencia y no solo una sugerencia.
Por último, proponemos establecer un plazo específico para que el Mineduc elabore el reglamento que regulará el proceso de creación e instalación de las oficinas locales de los SLEP. Nos parece fundamental asegurar la apertura de oficinas locales en aquellos servicios que así lo requieran, siguiendo criterios y procedimientos claros, tal como lo establece el articulado del proyecto.
…definir, idealmente en un artículo transitorio, el plazo que debería tener el Mineduc para dictar este reglamento, de modo que efectivamente pueda estar operativo; si no en 2026, aprobada esta ley, a más tardar en 2027, contar con un reglamento claro para abrir oficinas locales.
Por razones de tiempo no detallaré el proceso de traspaso, pero valoramos que este proyecto de ley lo fortalezca: hacer obligatorio el plan de transición, ampliar de uno a dos años el proceso de traspaso, entre otras medidas.
Mi última recomendación es exigir en el articulado la entrega de nóminas de funcionarios municipales de DAEM, DEM o corporaciones, como obligación de información a la DEP, considerando que ya se establece el deber de los municipios de entregar información oportuna a la Dirección de Educación Pública seis meses antes de la creación del Servicio Local. Un elemento clave es evitar que funcionarios municipales sean traspasados a los establecimientos educativos, porque eso genera sobredotación, como muestra la evidencia. Es importante establecer mecanismos regulatorios que reduzcan esa posibilidad.
No es solo porque desde Rumbo nos interese evitar esos traspasos a establecimientos, sino porque la sobredotación resultante impide fortalecer la dotación de los Servicios Locales a nivel intermedio. Muchas veces se requiere una dotación mayor en ciertos SLEP y, debido a la sobredotación en escuelas, no hay recursos suficientes para proveerla. Debemos preocuparnos, en consecuencia, de evitar sobredotaciones en los establecimientos, asegurando dotaciones adecuadas en el nivel intermedio. Ese es nuestro último mensaje. Con esta propuesta —u otras— lo importante es avanzar hacia dotaciones más sólidas a nivel intermedio de los SLEP, evitando al mismo tiempo la sobredotación en los establecimientos educativos. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al investigador de Rumbo Colectivo, señor Jaime Portales Olivares. Vamos a realizar una primera ronda de escucha de todos nuestros invitados y luego abriremos el espacio a preguntas, y, si el Ejecutivo lo estima, a pronunciamientos sobre algún punto en particular.
Vamos por Zoom con el siguiente. A continuación, escucharemos a los voceros de funcionarios docentes de los Servicios Locales de Educación Pública, funcionarios traspasados por el artículo 39 transitorio: los señores Alberto Ceballos Tavilo, del Servicio Local de Iquique, y don José Alejandro Yarso González, del Servicio Local de Llanquihue. Sean muy bienvenidos a esta sesión de comisión. Tienen la palabra.
—Sí, nos repartiremos el tiempo. Reciban un cordial y respetuoso saludo, autoridades presentes. Queremos describir quiénes somos: somos la vocería de 19 Servicios Locales en régimen, de los 26 que están funcionando. Representamos a funcionarios traspasados por el artículo 39 transitorio de la ley. Agradecemos este espacio de diálogo democrático y de escucha activa, así como la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la educación pública.
Somos una instancia que surgió con gran esfuerzo el año 2023, a partir de un seminario en la ciudad de Iquique. Nos reunimos ambos, docentes, y comenzamos a visibilizar las demandas, los conflictos y las situaciones laborales que vivimos como funcionarios traspasados por dicho artículo. Quisiera compartir ahora la presentación. Mencionaremos algunos aspectos generales de la situación que venimos a plantear.
Alejandro va a compartir las demandas que queremos levantar y, casi al finalizar, haremos algunas consideraciones y reflexiones finales. Respecto del contexto general de la ley, todos entendemos que ha implicado una transformación estructural del sistema educativo público. Esta ley crea el Sistema de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el propósito claro de fortalecer la educación pública chilena, asegurar la gobernanza en manos del Estado y garantizar condiciones de mayor equidad, calidad y participación.
Sin embargo, su implementación ha sido compleja y accidentada. Experiencias como las de los SLEP de Atacama y Magallanes, que no son casos aislados, han dejado en evidencia vacíos normativos, insuficiencias en la planificación de los traspasos y debilidades institucionales que impactan directamente en la estabilidad de quienes formamos parte del sistema, especialmente los docentes traspasados en virtud del artículo 39 transitorio, clave para la sostenibilidad del sistema. Con todo, también reconocemos avances progresivos en el proceso de traspaso, particularmente en el resguardo laboral de las comunidades educativas.
Pese a ello, los docentes directivos traspasados bajo este artículo seguimos en un limbo jurídico-laboral, sin el debido reconocimiento de nuestras funciones, trayectorias y derechos adquiridos. Esto contraviene el espíritu de la ley, que buscaba fortalecer la educación pública y garantizar estabilidad a los trabajadores, no precarizarlos.
Presidente, me permitiré citar palabras suyas en una sesión pasada: “los trabajadores están sufriendo por los traspasos”. Tiene toda la razón. Llevamos cinco años así. Tal vez “sufrir” sea una palabra muy grande, pero estamos molestos y tristes. Los 39T somos los funcionarios aliados de este traspaso: conocemos las comunas, a los equipos directivos, a los profesores, a los asistentes de la educación, a los niños y apoderados; conocemos a las autoridades locales, a los alcaldes y concejales. Hemos facilitado el traspaso y puesto todo a favor de esta nueva educación pública. Sin embargo, nos hemos encontrado con la injusticia de ser tratados como funcionarios de segunda categoría.
Esta injusticia se expresa de múltiples formas. Ni siquiera contamos con una resolución de traspaso: veníamos de nuestros DAEM o corporaciones —yo era coordinador extraescolar— y aún no tengo resolución de traspaso, como el 90% de las y los colegas que representamos. Los 39T somos, hoy, quienes mejor sostenemos el proceso de traspaso, y, aun así, estamos siendo perjudicados por estar bajo el Estatuto Docente. ¿Por qué digo “segunda categoría”? Porque no tenemos las mismas asignaciones que el resto de nuestros colegas: no contamos con PMG, no contamos con CMC, ni siquiera con derecho a viático. Algunos SLEP abarcan cinco o seis comunas; el SLEP de Anquiwe va de cordillera a mar, y aun así no disponemos de un viático mínimo que permita afrontar de manera digna los traslados.
No estamos en contra de los SLEP; al contrario, somos quienes empujamos con fuerza esta carreta. Y, en ese marco, hemos construido algunas demandas conversando entre los 19 SLEP existentes. Primero: la asimilación en la Carrera Docente. Ingresamos en el tramo Experto II. ¿Por qué?
Para todos, en 2019 se hizo una asimilación de tramo Avanzado para los directores y jefes de DAEM. Por ende, quedamos fuera. Y esto nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el 96% de los funcionarios del 39D, quienes trabajan en las UTP, en Desarrollo Integral y en Desarrollo Profesional Docente. Por ende, estamos en comunicación permanente con todos los profesores. Entonces, para validarnos de alguna forma, necesitamos el respaldo de la carrera docente.
Un punto, un asterisco respecto de esto: pongo el ejemplo de Alberto y el mío. En este momento quisiéramos postular a un establecimiento como directores; tenemos las capacidades, el conocimiento, tenemos todo. Pero, lamentablemente, él está en Acceso y yo estoy en Acceso, y uno de los requisitos para ser director en Chile es estar en Avanzado. Ese es el primer punto: la asimilación de tramo. Para nosotros sería la solución para reivindicarnos laboral, pedagógica y también económicamente.
La segunda demanda es garantizar condiciones laborales y salariales al momento del traspaso, evitando la pérdida de derechos que afecte la confianza institucional. Dentro de los cuatro puntos que establece el 39D se señala que no se verán disminuidas las remuneraciones. Eso es falso. El 92% de nuestros funcionarios sí vieron disminuidas sus remuneraciones, desde 50.000 pesos hasta 540.000 pesos en el caso mayor. Y eso radica en que la ley no explicita que los bonos municipales de eficiencia directiva sean reconocidos; por tanto, no se consideran después. Pero la ley indica que no se mermarán las remuneraciones, entonces entra un conflicto. Se consultó a la Contraloría y, obviamente, perdimos.
La tercera demanda es la creación de un bono de responsabilidad directiva. Si la asimilación de tramo no se puede, creemos que, por equidad con nuestros pares, debe establecerse un bono que asimile el PMG y el CDC, garantizando las condiciones salariales al momento del traspaso.
En noviembre del año pasado, el Ministro de Educación, en reunión con representantes del 39D —éramos 14 en esa reunión—, se comprometió a que esto estaría presente en la carrera directiva. Desde noviembre no hemos tenido noticias. Hace un mes y cinco días expusimos esto mismo en la Comisión de Educación del Senado, donde estuvo presente el director Rodrigo Egaña, y se nos dijo que nos citarían prontamente para trabajar en una mesa. Han pasado un mes y cinco días y no hemos tenido noticias. Nos seguimos sintiendo postergados.
Y eso, como dije al principio, es muy triste. Es muy duro escuchar a los mejores profesionales que pueden tener la educación pública y los SLEP decir —me quedo con la frase que dijo un colega—: “Somos la escoria heredada de los DAEM”. Lo dijo el más joven que tengo en Llanquihue, que tiene 32 años. Para mí, esa frase la tengo escrita en un cuaderno, porque creo que es la bandera de lucha que tenemos en este momento.
Como dijo Alberto, nos conocimos por casualidad: nosotros estábamos peleando por nuestra parte en Llanquihue, ellos en Iquique. Hoy ya visibilizamos la problemática. Nos entrevistamos con la directora Grevia, nos entrevistamos con el director Veas, y la respuesta siempre fue: hay que buscar una solución política. Y esa solución política la estamos presentando hoy. Creemos que no es difícil y que, con el apoyo de ustedes, se simplificaría. Y en este momento somos cientos.