Vamos a iniciar esta sesión en comité de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. La realizaremos en comité por razones técnicas: algunos senadores se encuentran en otras comisiones oficiales y otros están viendo Presupuesto. Para no perder tiempo, iremos avanzando. Por favor, tomen asiento. Damos inicio.
Saludamos a la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU; a su presidente, señor José Rivera, y a la vicepresidenta, señora Carolina Carrasco; al vicepresidente de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de la Sexta Región, señor Edmundo Jofré; al presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable Rural, señor Manuel Morán; al presidente de la Asociación Provincial de Agua Potable Rural de Limarí, señor Luis Alfaro; y a la Federación Nacional de APR Chile: su presidenta, señora Yorker Guelme; el vicepresidente, señor Raúl Osorio; y el coordinador, señor Rufino Evia. Del Ministerio de Obras Públicas, saludamos al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves; al asesor legislativo, señor Tomás Mendoza; y a la asesora nacional de Obras Hidráulicas, señora Magaly Espinosa. Saludamos también a don Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Senado de Chile. Tenemos muchos invitados el día de hoy.
El tiempo siempre es escaso; partiremos ofreciendo la palabra. ¿Quién inicia? ¿FENAPU? Bien, tiene la palabra FENAPU. Les pedimos intervenciones lo más acotadas posible para que todos nuestros invitados puedan exponer. Además, se solicita que indiquen su nombre al hacer uso de la palabra para que quede registro.
Mi nombre es José Rivera Navarro, Presidente de FENAPU Chile, de la Región de O’Higgins. Comparezco en representación del Directorio de FENAPU. Agradecemos profundamente esta invitación, en nombre de nuestra Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile, FENAPU Chile, que agrupa a los comités y cooperativas de agua potable rural, hoy denominados servicios sanitarios rurales, que abastecemos con agua segura a más de 2.300.000 personas.
Ustedes saben que en Estados Unidos y en la Unión Europea se consume agua segura; en Latinoamérica, solo dos países, Chile y Costa Rica, alcanzan ese estándar. Es un orgullo para los comités y las cooperativas, y por eso lo destaco.
Comparecemos hoy para compartir nuestra opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 20.998 y, al mismo tiempo, para reconocer el trabajo de más de 20 años de FENAPU Chile, construyendo asociatividad, fortaleciendo la gestión comunitaria y promoviendo el derecho humano al agua y al saneamiento.
Nuestra federación comenzó en agosto de 2005, en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno. Previamente, iniciamos trabajo con el Presidente Lagos, porque cuando en Chile se presentaron desafíos relacionados con la privatización y otros casos que afectaban a los comités y cooperativas, nos dimos cuenta de que no había institucionalidad ni una ley. De ahí nace, desde nuestros dirigentes, la idea de impulsar una ley.
En noviembre de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el anteproyecto que ingresó a este Congreso y, agradecidos de los parlamentarios, logramos por primera vez en Chile una ley elaborada desde cero por dirigentes, parlamentarios y el Poder Ejecutivo. Ahí comenzó una larga trayectoria y, con el Presidente Piñera, fuimos bien recibidos por los ministros y parlamentarios de la época. Siguió su curso —fue muy largo el proceso de la Ley 20.998—, pero siempre, en todos los gobiernos, fuimos considerados transversalmente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En 2015, FENAPU Chile, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un seminario internacional único en Latinoamérica: participaron 25 países; vinieron delegaciones de África y de Estados Unidos, y quien inauguró este evento fue la Presidenta Bachelet. En ese encuentro, con 500 dirigentes de todo el país, la Presidenta otorgó urgencia al proyecto de la Ley 20.998, que el año 2017 fue aprobada por el Congreso.
Posteriormente, durante el gobierno del Presidente Piñera, se comenzó a trabajar en el reglamento, porque como ustedes saben, aunque la ley estaba aprobada, solo entraba en vigor con su reglamento. Eso nos llevó a seguir trabajando con nuestra gente a lo largo de todo el país. Como ustedes pueden ver, desarrollamos múltiples gestiones con los parlamentarios; fuimos muy bien acogidos y estamos muy agradecidos, porque todos hicimos el esfuerzo por dejar esta ley mejor.
Finalmente, la ley se aprobó en este Congreso, con la participación de numerosos dirigentes de todo Chile. Es un orgullo, porque es la única ley en Chile elaborada con los propios dirigentes, tal como hoy se está abordando su modificación.
Hoy, con el Presidente Boric, fuimos nuevamente bien acogidos y le hicimos ver la rapidez con que están cambiando las zonas rurales y el crecimiento que hemos tenido, más acelerado de lo previsto por la Ley 20.998. Por ello es importante mejorarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Una de las vías fue conformar la Mesa Única Nacional, en la que participamos dirigentes de Arica a Punta Arenas, exponiendo la diversidad de realidades del país, pues la interculturalidad difiere entre Arica, la Cuarta, la Sexta, Temuco y Punta Arenas. De allí surge la idea de elaborar un articulado.
Quisiera señalar que el proyecto de modificación legal incorpora aspectos relevantes para el quehacer de los comités y cooperativas de agua potable, representando un avance significativo respecto de la Ley 20.998. Las razones para iniciar este proceso se relacionan con los inconvenientes surgidos en su implementación. El principal problema fue que cada actor interpretó la ley de manera distinta: la Subdirección, la Superintendencia y los propios dirigentes. El ejemplo más claro fue la complejidad de la planilla de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para la determinación de tarifas, carente de la simplicidad que requiere el mundo rural. Se nos remitió una planilla extensa, con numerosos datos, que hacía prácticamente imposible responder adecuadamente el estudio tarifario. Ello nos llevó a formular diversas solicitudes para cambiar la metodología de cálculo; se logró cierta simplificación, pero insuficiente.
Respecto del proyecto de modificación, valoramos la inclusión de principios, el reconocimiento de las políticas nacionales de los servicios, la mención a los dirigentes y el rol del Ministerio de Obras Públicas en inversión, asesoría y asistencia. Sin embargo, esto exigirá mejorar la gestión para que la asesoría, la asistencia y la inversión lleguen oportunamente a comités y cooperativas. Hoy, lamentablemente, obtener un proyecto de mejoramiento resulta extremadamente engorroso: se licita, pasa por Fiscalía —que demora meses—, luego por Contraloría —lo que puede tardar uno o dos años—, y cuando no es posible ejecutar la inversión dentro del mismo año, deben devolver los recursos. Ello ocurre por la existencia de demasiados trámites y una fragmentación de los servicios públicos que impide que el beneficio llegue en tiempo y forma a nuestros sistemas.
Otro aspecto relevante es la simplificación de la licencia y del registro, lo que constituye un gran avance, así como la incorporación de normas relativas al diagnóstico y la evaluación. En esta materia, reconocemos la mejora de que la licencia se obtenga por el solo ministerio de la ley. No obstante, la clasificación en función de los arranques nos merece reparos, pues no resuelve problemas ya advertidos en la ley y no se ajusta a lo que realmente necesitamos.
Finalmente, nos preocupa la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el proceso tarifario, especialmente respecto de los servicios menores. Creemos que, en esta materia, debiera ser la Subdirección, a través de un proceso simplificado, la que determine las tarifas.
Quedando la Superintendencia solo para definir discrepancias entre la Subdirección y los APR. Hoy día, Presidente, el sistema tarifario de la Superintendencia es terriblemente complicado. Como ha señalado anteriormente el Superintendente en esta Comisión, había plazos que cumplir, pero al día de hoy no hay ninguna tarifa implementada en Chile para los servicios sanitarios rurales. ¿A qué voy? Se suponía que debían estar en el segmento mayor, en gran parte como un piloto en tres regiones, y no se ha logrado ninguna.
Esto ha provocado un problema en nuestros servicios, porque cuando la ley entró en vigencia se indicó que solo podían subir las tarifas con la aprobación de la Superintendencia. Entonces, estamos hablando de servicios que desde 2023 no han podido ajustar sus tarifas; vamos camino a 2025, la Superintendencia aún no ha podido dictar tarifas y, cuando las dicte, el proceso de implementación dura seis o siete meses. ¿Qué quiere decir? Que recién podrían aplicarlas en 2026. Y nosotros no podemos resistir, porque tenemos gastos y, como ejemplo, el alza de las tarifas eléctricas ha sido muy significativa. Necesitamos que se simplifique y se otorgue a los servicios —comités y cooperativas— la posibilidad de ajustar sus tarifas; de lo contrario, iremos a la quiebra.
Otro aspecto relevante es la fiscalización. Creemos que requiere mayor análisis, toda vez que se debe considerar la naturaleza de los comités y cooperativas como servicios que no persiguen fines de lucro, de manera que no pueden ni deben recibir un tratamiento análogo al de las empresas sanitarias. La mejor opción, tal como lo acordó la Mesa Única Nacional, es rebajar la intensidad de la fiscalización, de las multas y de la presión sancionatoria. Eso, Presidente, para nosotros es fundamental: sí se pueden hacer las cosas, pero sin equiparar su tratamiento al de una empresa sanitaria. Ahí estamos bastante preocupados. Usted sabe que, entre los servicios sanitarios rurales, hay algunos que funcionan muy bien, otros regulares y otros mal; pero debemos tener la facultad de hacer las cosas como lo están haciendo quienes lo hacen bien, y nosotros podemos aportar.
FENAPRU ha sido, en estos años, un puente entre el Estado y las comunidades rurales, proveyendo un modelo de gestión pública comunitaria, reconocido dentro y fuera de Chile. Hoy pertenecemos a la Confederación Latinoamericana CLOCSAS, que reúne a organizaciones de diversos países de Latinoamérica, y están orgullosos: ven a Chile de una manera distinta, porque es un ejemplo. En Colombia, Perú y muchos otros lugares no se puede beber agua de la llave; se debe consumir agua envasada. Y ven en Chile, a través de las cooperativas y los comités, un modelo ejemplar a seguir. Muchos están siguiendo el modelo chileno.
Valoramos sinceramente la voluntad del Gobierno de escuchar a los dirigentes y de formar la Mesa Única Nacional, donde participamos representantes de los servicios sanitarios de todo el país. Agradecemos ese espacio de diálogo que permitió recoger la voz de las comunidades rurales y mejorar las propuestas legislativas. También queremos agradecer a los senadores de esta Comisión por su disposición al diálogo y la prioridad otorgada a esta reforma, que busca fortalecer el sistema de los servicios sanitarios rurales. Reconocemos especialmente a usted, senador Juan Castro, Presidente de esta Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, por su apertura y compromiso con este proceso.
Desde FENAPRU Chile, junto a APR Chile, solicitamos respetuosamente poder participar en la discusión en lo particular de este proyecto, tal como lo hicimos anteriormente en la tramitación de la Ley 20.998. Creemos que la participación activa de nuestra organización enriquece el debate y garantiza que la ley refleje la realidad de los servicios sanitarios rurales.
Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, estimado José. Le damos la palabra a APR Chile; por favor, indique su nombre para el registro.
Mi nombre es Yorkie Riquelme Maliqueo, presidenta de la Federación Nacional APR Chile; vengo de La Araucanía. Buenos días, señor Presidente, señoras y señores integrantes de la Comisión. Agradezco la invitación a participar en esta sesión en representación de los comités y cooperativas de agua potable rural de todo el país. Me acompañan Raúl Vera Osorio, vicepresidente de la Asociación Nacional APR Chile, y el señor Rufino Evia, coordinador nacional de nuestra organización.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, por haber cumplido su compromiso de revisar y modificar la Ley 20.998; gracias a él estamos aquí. Con el proyecto ingresado al Parlamento se abre una nueva etapa y un gran desafío: fortalecer esta ley, dotarla de todas las herramientas necesarias y asegurar que el Estado acompañe siempre a quienes, de manera voluntaria y comprometida, gestionamos el agua en nuestros territorios rurales.
Hemos realizado una revisión detallada, artículo por artículo, formulando observaciones y propuestas que buscan contribuir al perfeccionamiento de esta legislación. Este trabajo se encuentra contenido en el documento que hoy dejamos en sus manos y cuyos principales aspectos queremos compartir en esta presentación. Raúl, por favor, entréguelo a la Presidenta.
Contexto, desafíos y sentido de la propuesta. La Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, representa uno de los marcos normativos más relevantes para el mundo rural chileno. Fue concebida para reconocer el carácter comunitario de la gestión del agua potable rural y establecer un sistema de apoyo estatal que asegure la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la implementación de esta ley ha evidenciado tensiones entre el modelo de gestión comunitaria y la lógica administrativa institucional que la regula. El proceso actual de modificación de la Ley 20.998 abre una oportunidad para recoger y corregir estas distorsiones. No obstante, el texto en revisión mantiene vacíos estructurales que impiden que la ley cumpla plenamente su objetivo de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como de fortalecer la autonomía y la función pública de los comités y cooperativas de agua potable rural.
La Federación APR Chile presenta este documento como un primer acercamiento a una revisión profunda de la propuesta de modificación de la Ley 20.998, aportando desde la experiencia de las organizaciones comunitarias del agua y su rol histórico en la resiliencia hídrica. Contiene un análisis artículo por artículo que combina rigor jurídico con compromiso colectivo, reflejando nuestras observaciones y la voluntad de construir un marco regulatorio que nos represente.
Solicitamos que estas observaciones no sean ignoradas y que se valore el esfuerzo realizado, aun cuando puedan contener errores. De ser así, ello se debe principalmente a que el formato legislativo entregado por el MOP y la Comisión está lejos de reconocer quiénes somos, la realidad que enfrentamos y las condiciones tecnológicas con las que contamos, señor Presidente. Por ello, se requiere trabajar el texto en formato editable, con columna para comentarios directos, junto a asesores jurídicos de senadores, representantes del Ministerio de Obras Públicas y demás actores pertinentes, asegurando la incorporación rigurosa y vinculante de las observaciones comunitarias.
Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto proponga: 1) reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.
Señora Georgina, ¿por qué no me espera un momentito para oficializar la Comisión y pedirle cuenta al Secretario? Con la presencia del senador...
Y mientras se reincorporan los señores senadores que están en otras actividades. Secretario, nos da la cuenta.
Gracias, señor Presidente. Muy breve. Se ha recibido una comunicación del asesor legislativo del MOP, don Estefano Salgado, dando respuesta al listado de dudas de referencia relacionadas con el proyecto en tabla, enunciadas en la sesión anterior. Además, el analista de la Biblioteca, don Eduardo Baeza, adjuntó otro listado de aspectos formales que cabría corregir en el texto del aludido proyecto, para lo cual ya se ha establecido un acuerdo con el Ejecutivo a fin de corregirlos. Son errores de referencia, de manera que se pueda aprobar el texto en general ya con esas referencias resueltas. Eso, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario. Vamos a revisar el documento y luego continuamos con la discusión. Continúa, señora Yorki.
Muchas gracias. Voy a comenzar de nuevo con el título: Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto:
1) reconozca el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado;
2) incorpore los principios de no discriminación, transparencia, asociatividad y sostenibilidad;
3) fortalezca el registro público del licenciatario y defina con mayor claridad la titularidad de la licencia; y
4) plantee la necesidad de incorporar a estas organizaciones en una participación efectiva, por ejemplo, mediante el fortalecimiento y acompañamiento de los consejos consultivos nacionales y regionales.
Vacíos, riesgos y omisiones. Pese a los avances, el texto revisado presenta omisiones que comprometen la naturaleza comunitaria del modelo y el rol del Estado como garante del derecho humano al agua:
1) Desvinculación entre el derecho humano y el deber estatal. Varios artículos convierten la obligación del Estado en una simple posibilidad —podrá aportar inversión o asistencia—, debilitando la garantía del derecho.
2) Separación artificial entre el licenciatario y la comunidad. La redacción del texto legal trata al licenciatario como un ente externo, similar a una concesión privada, desconectado de la comunidad que le da origen. Esto representa una distorsión profunda del modelo rural en los APR. La licencia no pertenece a una empresa ni a un operador, sino a la organización comunitaria que la ejerce colectivamente a través de sus socios y dirigentes elegidos democráticamente. Separar jurídicamente al licenciatario de la comunidad introduce una lógica ajena al mundo rural, reproduce la estructura de las concesiones urbanas y despoja a las comunidades de su rol soberano en la gestión del agua. La ley debe reconocer explícitamente que el licenciatario es la propia comunidad organizada, no un sujeto externo que administra un servicio ajeno.
3) Pérdida de la centralidad del carácter comunitario. Aunque se mantienen las figuras de comités y cooperativas, se les define como organizaciones funcionales, subordinadas a otras leyes, restando autonomía y desconociendo su función pública y su historia de más de 60 años de gestión social del agua.
4) Ausencia del criterio comunitario y ético. Se abre la posibilidad de que otras personas jurídicas sin fines de lucro operen servicios rurales, sin resguardo, arraigo territorial ni legitimidad social.
5) Privatización encubierta mediante contratación con terceros. La ley permite que tanto los APR como la Subdirección contraten empresas sanitarias o privadas para operar sistemas, reinstalando la lógica concesionada y debilitando la autonomía local.
6) Fusión forzada y pérdida del control territorial. Las facultades de la Subdirección para fusionar servicios de oficio amenazan la autogestión y la diversidad organizativa, especialmente en comunidades pequeñas o aisladas.
7) Enfoque tecnocrático en la evaluación. Se privilegian indicadores financieros y administrativos, dejando fuera dimensiones sociales, culturales y territoriales que son esenciales para la sostenibilidad de los APR.
8) Insuficiente reconocimiento de las condiciones materiales. No se incorporan como bienes indispensables los espacios físicos, el equipamiento y las condiciones organizativas mínimas para la gestión y la vida comunitaria.
Sin garantía estatal, se condiciona su implementación a la existencia de infraestructura, sin establecer la obligación del Estado de asegurar ni acompañar su operación, con financiamiento y capacitación. La reflexión general: modelo comunitario y Estado garante. Las modificaciones en curso tienden a reforzar la mirada administrativa del Estado sobre los APR más que reconocerlos como un modelo de gobernanza comunitaria del agua. La gestión del agua potable rural no es una simple prestación de servicio, sino una forma de organización social que ha permitido garantizar agua donde el Estado llega atrasado o con debilidad y donde al privado simplemente no le interesa. El reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento debe traducirse en condiciones habilitantes: acceso prioritario a fuentes de agua y energía, formación y apoyo técnico permanente. Este deber estatal no puede depender de la voluntad política ni de trámites burocráticos. Se requiere, además, una institucionalidad pública especializada, no concesionada ni mercantil, que acompañe, fortalezca y respalde la gestión comunitaria. Los APR deben ser reconocidos como actores públicos comunitarios, con un rol estratégico en la resiliencia hídrica, la justicia territorial y la sostenibilidad de los servicios.
Nuestras conclusiones y propuestas:
1. Incorporar explícitamente el deber del Estado de garantizar inversión, asistencia y fortalecimiento permanente de los APR.
2. Reconocer a los APR como organizaciones comunitarias con función pública, no subordinadas a otras leyes.
3. Eliminar la posibilidad de contratación permanente con empresas sanitarias.
4. Afirmar que el licenciatario es la propia comunidad organizada.
5. Incorporar la participación vinculante de las organizaciones comunitarias en la política nacional de servicios sanitarios rurales.
6. Garantizar financiamiento basal y fondos de emergencia estructural.
7. Reconocer el agua como un bien indispensable y priorizar su uso humano y comunitario.
Promover una nueva relación entre Estado y comunidades. En síntesis, la modificación de la Ley 20.998 debe ser una oportunidad para consolidar el modelo comunitario de agua potable rural, fortaleciendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Cualquier cambio que debilite la autonomía, la participación o el rol social de los APR significará un retroceso en una historia de más de medio siglo de gestión solidaria del agua en los territorios rurales de Chile. Organizados y unidos podemos. Muchas gracias. Federación Nacional APR Chile.
Muchas gracias, señora Yorke. Usted nos deja un proyecto hecho acá; este es un proyecto que vamos a tener que estudiar muy bien. El sentido de esta ley, sin duda, es mejorar y que no exista aprovechamiento, porque en muchas localidades las APR son, en el fondo, la empresa más grande que tiene el sector, y hay que ordenarlas bien. Por eso vamos a estudiarlo y por eso estamos recibiendo opiniones. No es un proyecto rápido; es un proyecto bastante lento, diría yo, por lo que significa, por lo mismo que usted nos plantea. Le ofrezco la palabra. Su nombre, para dejar registro, y a qué institución nos representa.
Muchas gracias, señor presidente. Carolina Carrasco Romero, vicepresidenta de FENAPRO Chile, Región Metropolitana. Bueno, acá, como dirigenta de base, presidenta de comité también y de la asociación gremial de la provincia de Melipilla, nosotros creemos —y además participé activamente en esta tramitación y en la Mesa Única Nacional— que lo que hoy día se ha presentado acá no recoge el énfasis que pusimos los dirigentes en la Mesa Única Nacional en lo que respecta especialmente a saneamiento. Saneamiento, nosotros dijimos: está bien como está, mantengámoslo. No hicimos...
Mayores modificaciones a lo que está en la ley, puesto que es un tema grande y que nos queda grande. Y no lo digo porque no tengamos capacidad como personas; la demostración —como lo señalan dirigentes con 60 años de historia— da cuenta de que nosotros hemos llevado el agua a nuestras comunidades, en una responsabilidad compartida con el Estado.
Sin embargo, cuando hoy el artículo 11 señala que, por ejemplo, si las municipalidades que administran las plantas de tratamiento quieren traspasar al APR la administración de ellas, bastará con el pronunciamiento de la Subdirección y, si no lo hiciere, después de 90 días se entiende otorgado por silencio administrativo. Pero fíjese, Presidente, que hay comités que llevan más de 15 años esperando tener agua; ni siquiera tienen puesta la primera piedra desde que se constituyeron, y, sin embargo, en tres meses a nosotros nos traspasan plantas de tratamiento. ¿Y en qué condiciones? Si la Subdirección no puede pronunciarse porque no tiene el personal suficiente —es creada con esta ley—: hay tres personas en la región y esperan que se hagan cargo de todo; ni siquiera está contemplada la contratación de un experto sanitario en la Subdirección que apoye y refuerce este tema.
Entonces, ¿cómo nos vienen a cargar la mata, como quien diría, a nosotros, a los vecinos que hacemos un trabajo voluntario, ad honorem, y además nos delegan una responsabilidad tan grande de la cual no tenemos capacidad? Tampoco la tienen los municipios que están con sumario sanitario porque no han sido capaces de administrar bien sus plantas: la tecnología de lodos activos es un tema mayor. Tengan en cuenta que el 70% de los APR en Chile son pequeños; significa que tienen menos de 300 arranques. Entonces, ¿con qué espalda financiera vamos a afrontar esta situación? ¿Van a llevar a la quiebra la administración del agua potable?
No es posible, por esta vía y con el simplismo que manifiesta hoy esta modificación, que nosotros nos hagamos cargo del saneamiento. No porque no queramos: lo que más quiero es tener agua limpia, un medio ambiente libre de contaminación; deseo que nuestras hortalizas y nuestra actividad agrícola se rieguen con agua sana, pero no en estas condiciones. Luego nos dicen: “profesionalícense, dirigentes”; “¿por qué no se renuevan?”. ¿Qué sentido tiene para nosotros si cada día nos cargan más responsabilidades a costo cero y nosotros tenemos que poner la cara? Somos quienes estamos en el territorio; vemos por nuestras familias y por nuestras comunidades. Creo que realmente aquí se está transformando en un abuso hacia nosotros, como vecinos insertos en nuestras comunidades, por parte del Estado. Nosotros, como dirigentes, hemos asumido con cariño la gestión del APR y la defendemos con fuerza, porque ahí está el agua comunitaria de nuestro país. Pero hacernos cargo de las plantas de tratamiento, no; no en estas condiciones.
Y, por otra parte, las tarifas. Como decía nuestro Presidente, hoy están en proceso tres regiones —Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins— para definir las tarifas. Y esto le quedó grande a la CIS, señor Presidente. Nos presentó una propuesta tarifaria que nos perjudica: nos rebaja el cargo fijo, que es la base para los pagos esenciales. ¿Y de dónde? Además, nos calculan la tarifa con base en los tres años pasados. ¿Paga usted hoy la cuenta de la luz con lo que pagaba en 2022? No. Entonces, ¿qué quieren? ¿Llevarnos a la quiebra? Nos aumenta el primer tramo del tarifario, donde están nuestros adultos mayores, quienes menos consumen agua —para nosotros, un incentivo: quien menos gasta, menos paga—, y ahora lo suben. Y rebajan el tramo más alto: quien más consume, menos paga, estandarizando la tarifa. Se aparta totalmente de lo que nosotros, con criterio, hemos hecho: desincentivar el sobreconsumo, valorizando el menor consumo.
Porque me enoja y lo hacen al revés. Entonces ahora dicen: “déjelo en stand by, en espera, y lo retomamos el próximo año”. ¿Cuánto cumplen ellos con la ley? A nosotros sí se nos exige. En lo personal, no tengo problema, porque administro un APR mayor. Pero, ¿qué pasa con quienes administran APR pequeños? Además, debemos contar con recursos para emergencias, porque no existe un fondo para eso. Y si hay alzas y los vecinos no pueden pagar, ¿dónde quedamos nosotros? Encima hay que aportar a fondos de emergencia y de reposición, y quieren el vuelto. ¿Cómo, pues? Pongámosle realismo: para eso vinimos, para decir que así no funciona en la práctica. Muchas gracias, Presidente.
Sí, Diputado Pino, tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Presidente, Senador, invitados de APR Chile y de FENABRO. Muchos me conocen: hemos estado trabajando en varios temas en la Cámara de Diputados y hemos insistido fuertemente para que este proyecto llegara al Congreso. Ingresó por el Senado en este primer trámite y, escuchando a los representantes, mantengo la misma opinión desde el principio: hay mucho por hacer y, lamentablemente, la Superintendencia —como lo dijimos aquí hace un par de meses, a propósito de otro proyecto que no siguió avanzando esperando esta ley— no está a la altura. Le cuesta con las empresas sanitarias concesionadas; imagínense con más de 2.000 servicios sanitarios rurales. Con los recursos actuales, pensar que podrá sostener la fiscalización, la tarificación y, además, gestionar sus propios recursos para apoyar a los APR no parece posible.
Estamos esperando este proyecto en la Cámara de Diputados. Probablemente, por cómo funciona el proceso legislativo, quede para el próximo periodo legislativo en la Cámara, lo que preocupa porque habrá nuevos actores políticos y nuevas instancias de discusión, y el proyecto podría ralentizarse aún más.
Quiero manifestar, Presidente, mi mejor opinión de esta comisión y de usted en lo personal. Lo importante es escuchar a los dirigentes y demostrar que, quienes hemos sido electos, estamos en sintonía con las necesidades de la gente. Más allá de la mirada del Estado, muchas veces más fría y numérica, a nosotros nos corresponde hablar por las necesidades de las personas. En lo personal, he acompañado esta discusión por años; no es algo improvisado porque hoy están en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Hay un trabajo permanente, especialmente con los APR de la Región de Coquimbo; eso les consta. Así que cuente con nuestro apoyo en la Cámara de Diputados: cuando el proyecto llegue, estamos disponibles para tramitarlo con celeridad y apoyar las necesidades que los servicios sanitarios rurales están manifestando. Muchas gracias.
Gracias, Diputado. Bueno, este es un proyecto que se viene conversando ya hace tres gobiernos. Es un proyecto importante; sé que habrá inquietudes, pero también es cierto que es un proyecto en el que hay que avanzar. El país merece hoy día seguir avanzando y ordenándose, y por eso estamos con todos los invitados, escuchándoles, porque aquí...
Esto no pasa solamente por nosotros; pasa por saber escuchar. Carlos, devolvamos la palabra al dirigente y luego te la doy.
Gracias, presidente. Mi nombre es Rufino Edia, coordinador nacional de APR Chile. Quiero señalar un par de aspectos relativos a lograr una participación efectiva de las dirigencias a nivel país en las observaciones a este proyecto de modificación de la ley. Nosotros tratamos de entregar un documento, una revisión artículo por artículo, donde creemos que está el detalle, más allá de todas las reivindicaciones y discursos que podamos tener. Lo que planteamos es una forma de cómo abordarlo y cómo trabajarlo.
En nuestra presentación, la presidenta plantea constituir un equipo de trabajo entre el MOP y los asesores jurídicos de los señores senadores de la comisión, para garantizar que nuestras observaciones y nuestro trabajo se incorporen. Creemos que, en estos ocho meses que pasaron desde que se terminó la Mesa Única Nacional, un poco más de tiempo habría permitido incorporar con mayor precisión las observaciones.
La ley vigente necesita una transición; no se puede aplicar tal como está. Pero tenemos ahora la posibilidad histórica de contar con un primer texto en mesa, que tiene avances significativos, pero también problemas —como señalamos en nuestra propuesta— que deben revisarse. Las fiscalizaciones y las multas, para nosotros, como principio, como país, ni siquiera en términos simbólicos son aceptables, dada la condición y función que cumplen los APR y los errores que ha tenido el Estado. Son puntos que quisiéramos discutir a fondo, uno a uno.
El articulado es muy complejo de revisar; se requiere cierta experticia y condiciones. A nivel de federación, obviamente tenemos algunas capacidades más, pero si quisiéramos, artículo por artículo, volver sobre el articulado y formular observaciones, también pedimos comprensión respecto de lo que somos, para poder realmente opinar y observar con propiedad. El trabajo que hoy le entregamos a usted, de revisión artículo por artículo, nos significó muchos días sentados frente al computador, ordenando tablas y columnas para formular las observaciones. Queremos que ese esfuerzo se traduzca en un resultado: un mecanismo de trabajo, y no simplemente en escucharnos en un par de sesiones. Para nosotros, esta es una ley profunda, como usted dice; por lo tanto, llamamos a que desde esta comisión se plantee la exigencia de que las federaciones presentes, que tienen sus equipos de trabajo, puedan abordar artículo por artículo, para ir resolviendo la transición. Eso es.
Sí, bueno, yo le agradezco. Estamos recién iniciando un proceso de estudio en general; viene toda una discusión en particular. Aquí estamos recién empezando a echar a andar este motor, y yo sé que es un tema que va a demorar; no es tan rápido. Este es un proyecto grande, respecto del cual seguramente vamos a tener hartas discusiones y conversaciones. Inicialmente se ve en general y después vamos a entrar al detalle. Así que tiene la palabra don Carlos Esteves.
Gracias, presidente. Lo primero es saludar a las dos federaciones que acaban de exponer. Obviamente no está el 100% de los APR representados en ellas, pero representan transversalmente a muchísima gente. Ambas federaciones participaron activamente en el debate, tanto en la Mesa Única Nacional como con posterioridad, siguiendo y preocupándose del proceso. Me atrevería a decir que la principal inquietud que recibimos de parte de ellos fue ingresar el proyecto, porque sabíamos que la discusión de detalles al interior del Gobierno podíamos seguirla por varios meses más. Y el proyecto, como se está empezando a entender, no son cinco artículos; no es un proyecto liviano ni fácil de comprender de inmediato.
De hecho, me atrevería a señalar que, después de las correcciones y observaciones que nos ha ido haciendo la Secretaría de la Comisión, se estará en condiciones de socializar con ustedes, una vez incorporadas dichas correcciones, un comparado que facilite esta discusión. Y, por cierto, de parte del Ejecutivo habrá la voluntad de sentarnos a trabajar sus inquietudes previo a la discusión en particular. Agradecer también, Presidente, además de su presencia, la del senador De Urresti.