Cámara de Diputados - Obras Públicas - 14 de octubre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos. El acta de la sesión número 138 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 139 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. A continuación, el señor Secretario dará lectura a la Cuenta. Muy buenas tardes, señor Presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 14 de octubre de 2025. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Elilayu, Bobadilla, Borques, Coloma, Donoso, Martínez, Zulantay y Teao, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta y Bais, que modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para exigir la realización de exámenes de control del consumo de drogas a conductores de vehículos destinados al transporte remunerado de pasajeros. Indicaciones de los diputados señores Francisco Undurraga y Diego Chalper al proyecto de ley que modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos, correspondiente al Boletín 17.702-15, cuyo plazo de indicaciones vence este viernes 17 de octubre. Excusas del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, a la presente sesión, debido a compromisos previamente adquiridos. Asimismo, se han recibido excusas del Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a la presente sesión, debido a otros compromisos previamente agendados. Excusas del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Gustavo Alessandri, para exponer durante la presente sesión sobre las iniciativas contenidas en los Boletines 17.886-15 y 17.849-15. Sin embargo, comunica que, en su representación, asiste en modalidad telemática el señor Sebastián Torrealba, abogado del área legislativa de esa asociación. Correo de la Federación de Trabajadores de Aplicaciones de Chile, GRECO APP, por medio del cual solicitan el respaldo parlamentario para la aplicación de la Ley 21.553 de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), solicitando, en primer lugar, reafirmar el acuerdo adoptado el 18 de marzo, instando al Ministerio de Transportes a implementar una marcha blanca hasta que el reglamento y el Registro EAT se encuentren plenamente operativos. Piden también solicitar al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones tenga a bien la presentación de un plan formal y público de implementación, con fechas definidas y responsables designados. Por último, solicitan a la Comisión la celebración de una sesión especial para revisar el estado actual de dicho proceso y así garantizar el cumplimiento del acuerdo legislativo. Se ha recibido también una carta conjunta del Sindicato de Conductores de Aplicaciones de Chile, SINCAP, para las comisiones de Transportes y Telecomunicaciones; Trabajo y Previsión Social; Hacienda; Economía, Fomento y Desarrollo; y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicitando, ante la inminente crisis social y económica, la celebración de una sesión especial conjunta que cuente con la presencia del señor Ministro de Transportes, en el marco de la Ley 21.553, Ley EAT, promulgada hace tres años, a la que se suma la Ley 21.431, que los reconoció como trabajadores. Al respecto, solicitan, en primer lugar, la inclusión de un artículo transitorio en el reglamento de la Ley 21.553 que permita a los conductores de aplicaciones continuar trabajando y generar ingresos de forma legal mientras el Ministerio subsana el problema con el software y garantiza la plena operatividad del Registro EAT. Por último, solicitan que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reconozca formalmente su condición de trabajadores bajo la Ley 21.431 y ordene el cese inmediato de toda persecución, fiscalización y multa.

…por falta de autorización, hasta que el Registro EAT esté 100% operativo y accesible a los conductores. Y, finalmente, señor Presidente, se ha recibido un correo del señor Daniel Contreras, director ejecutivo de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Chile, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para exponer sobre el subsidio a la demanda en el sector de telecomunicaciones, y que por segundo año consecutivo Hacienda deja sin presupuesto a esta glosa, que es parte de la Ley de Internet como servicio público. Estima que ello es un gran error para lograr el cierre de la brecha en nuestro país y un gran perjuicio para el desarrollo de las pequeñas y medianas compañías que entregan servicios de Internet en sectores no atendidos de Chile por las grandes compañías. Es toda la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Me había pedido puntos sobre la tabla. Diputado Jaime Sáez. Gracias, Presidente. Sí, sobre la cuenta, un par de consideraciones. La primera: yo he sostenido reuniones con el sindicato Greco, en su representación de la región de Los Lagos. Han hecho el mismo planteamiento que ha llegado por escrito a esta comisión y que llegó temprano en la mañana también a la Comisión de Hacienda. Evidentemente se requiere tratar este tema. Nosotros tramitamos una legislación hace ya un tiempo, diríamos a esta altura largo. Esperábamos la promulgación de los distintos reglamentos. Recordemos que esa tramitación legal no estuvo exenta de dificultades: la tensión entre el mundo de los taxis y el de las aplicaciones. Finalmente se pudo alcanzar un acuerdo y se aprobó la ley. Pero no es aceptable que exista una persecución como la que se está dando hoy día, que impide la libertad de trabajo. Los trabajadores con los que yo me he reunido no tienen problemas en que se les fiscalice; el tema es que la fiscalización está yendo necesariamente acompañada de una multa, y ese es el problema. Entonces, mientras el sistema y el reglamento no estén completados, el software no esté realmente operativo y no estén claros los registros, lo que solicitan —y me parece absolutamente razonable— es que, si se les va a fiscalizar, sea más bien una fiscalización de acompañamiento, de orientación hacia dónde debe conducirse la regularización, pero que no se les multe. En esa línea, me gustaría dejar planteado, Presidente, y solicitar el acuerdo para que en esa sesión que se está solicitando puedan ser convocados los gremios de conductores; también las aplicaciones, todas, sin exclusiones; y, por supuesto, las autoridades competentes de Transportes y del Ministerio del Trabajo. Hago la mención de que en las Direcciones Regionales del Trabajo no existe un conocimiento cabal de cuál es la normativa laboral que ha sido aprobada incluso con anterioridad respecto de estos conductores y su relación contractual con las empresas de aplicación. Y lo último, Presidente: en relación con la carta que llegó de esta cooperativa de telecomunicaciones, me gustaría solicitar a la Secretaría que pueda remitir esa comunicación también a la Comisión de Hacienda, si es que no ha llegado con copia a esa comisión. Eso, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Juan Antonio Coloma. Sí, Presidente. Muchas gracias. Muy breve. Al igual como lo acaba de señalar el diputado Sáez, primero lamento la ausencia del Ministro. Esperábamos que pudiese venir hoy día, porque efectivamente lo que está ocurriendo —y tal como lo explican los gremios en su carta— respecto de la falta de implementación del reglamento de la ley de aplicaciones, la denominada Ley Uber, nos parece grave por dos cosas. Primero, porque se está fiscalizando como ilegales a las personas que trabajan en aplicaciones, en circunstancias de que ello obedece a la inacción o incapacidad del Estado para llevar adelante un reglamento, para lo cual además en la Ley de Presupuestos del año pasado se estableció un monto superior a los 500 millones de pesos. Se contrató a una empresa que terminó su mandato, no entregó el software y, por un error en las bases, quedó sin obligación de entregar ningún tipo de informe final. Entonces, lo que se está pidiendo es algo increíble: que en el presupuesto de este año le demos 800 y tantos millones para contratar a otra empresa que realice este software, y, mientras tanto, las personas que trabajan en aplicaciones no pueden hacer su trabajo por la incapacidad del Ministerio de Transportes de llevar adelante el mecanismo que les permita contar con este software de seguimiento. Entonces, lo primero —y qué bueno que sea transversal, además, políticamente; lo valoro— es poder tener una sesión donde se invite a las aplicaciones, donde esté el Ministro, donde se dé cuenta de los incumplimientos, pero también se señale cómo avanzar en resolver esta situación. Y segundo, respecto de la ausencia de recursos para los distintos programas de conectividad digital o Internet en zonas aisladas —tal como se señalaba en la carta—, esto es un hecho grave porque afecta a todos quienes representamos zonas rurales de nuestro país.

3G que en la práctica hoy día no es nada, o que derechamente no hay señal de celular o no hay internet. Entonces, cuando hablamos de la conectividad en las zonas más extremas, más rurales —me imagino lo que le pasa al diputado Bórquez en la isla de Chiloé, por ejemplo—, lo que esto significa es un hecho complejo. Por eso, creo que cuando tengamos esta sesión especial podamos citar al Ministerio de Transportes para que dé explicaciones; pero, al mismo tiempo, que se permita, en el intertanto, que las personas que trabajan en las aplicaciones no sean fiscalizadas como si realizaran un trabajo ilegal, en circunstancias de que la falta de regulación es responsabilidad exclusiva del Ministerio, que no cumplió con los plazos de dictación del reglamento. Gracias, Presidente. Perfecto, diputado. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra el diputado Romero y, después, el diputado Irarrázaval. Gracias, Presidente. Presidente, escuchando con atención —y respaldando— los planteamientos de los diputados Sáez y Coloma, pero transparentemos: ¿los ministros, particularmente el Ministro de Transportes, van a venir más a esta comisión? Quiero recordar que hoy estaba comprometido el señor Ministro de Transportes y el señor Subsecretario de Transportes para dar respuesta a los dirigentes de la locomoción colectiva de Lota, Coronel, San Pedro y Concepción. ¿Se acuerdan, no? Venían los ocho dirigentes y nos enteramos por la prensa que el señor Ministro no puede venir. Entonces, transparentemos, no generemos ilusiones. Yo estoy de acuerdo en que vengan las aplicaciones, que venga todo el mundo, pero no sabemos si el señor Ministro va a estar presente, si va a dignarse a venir a esta comisión. Y no solo pasa con el Ministro de Transportes, el señor Juan Carlos Muñoz; ocurre con la mayoría de los ministros, que no están asistiendo a las comisiones. No sé si ya entendieron que van de salida, que no quieren responder a los ciudadanos en su cartera, pero es lamentable. ¿Qué les vamos a responder? Y, segundo, Presidente, por su intermedio, preguntarle a don Roberto: ¿el señor Ministro respondió algo? Porque tengo entendido —y fue una solicitud mía— que se le enviara… No, no, no. Lo que estoy preguntando, Roberto, es si él respondió a la solicitud que se le envió desde esta comisión respecto de las peticiones de los transportistas de la Región del Biobío. Eso es lo que pregunto. Si no viene, a lo menos debería responder a las solicitudes, porque la licitación está ya a las puertas. ¿Qué tienen que esperar estos transportistas? ¿Si se va a prorrogar por un tiempo, si se les darán algunas facilidades, o si esto seguirá su curso normal? Pero necesitamos, al menos, una respuesta de la máxima autoridad de la cartera. Entonces, esa es la pregunta, Presidente: ¿ha respondido algo el señor Ministro? No si no va a venir; si ha respondido respecto de la solicitud que se le hizo en esta comisión en forma unánime en la sesión anterior. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. La Secretaría nos va a responder en razón de su inquietud. Señor Diputado, se le remitió al señor Ministro el petitorio que se hizo aquí en sesión. No ha respondido hasta la fecha. Y para la sesión de hoy se excusó de asistir por tener la agenda ya comprometida. Gracias. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. Sí, gracias, Presidente. Primero, la molestia: lo habíamos citado por el tema WOM. Se fueron sumando peticiones: las fallas del Metro, la tunelera, el reglamento de la ley Uber, las plataformas de la ley Uber, los dirigentes del Biobío, el tema del tren de Batuco–Tiltil. Y hay un asunto que quiero poner en alerta ante la comisión, Presidente: hay un movimiento para flexibilizar la ley de subsidio de transporte público en la Región Metropolitana, cuestión que costó mucho sacar en esta comisión y en el Senado, y no hay claridad de cómo se va a hacer. Y cuando hemos interpelado al Ministerio de Transportes para que responda qué está pasando ahí, no ha aparecido. Están hoy los alcaldes tomando posesión, está el gobernador de la Región Metropolitana tomando posesión, los diputados están tomando posesión, pero el responsable técnico de la implementación de esa ley también está callado, Presidente. Entonces, también lo quiero poner sobre la mesa en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Coloma. Yo comparto exactamente la preocupación por el tema que plantea, sobre todo porque en la ley que se aprobó respecto del Fondo Espejo se estableció que un porcentaje importante —el 50% en la Región Metropolitana— debía destinarse a proyectos de chatarrización, digitalización, o sea, GPS, o a rebaja de tarifa. El problema es que, hasta la fecha, no hay proyectos por parte del Ministerio ni del Gobierno Regional. Entonces, es urgente…

Solo solicitar que venga el ministro; y, si no, que pueda responder por escrito antes de la próxima comisión, porque estamos en la última antes de votar la Ley de Presupuestos. Que después no se espante el Ministerio de Transportes si se le rechazan glosas por incumplir obligaciones establecidas en esta comisión respecto de la forma en que debe efectuarse el traspaso de estos recursos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos sin ejecutar, 41 mil millones de pesos que tienen a las zonas rurales con un muy mal servicio. Al no haber proyectos, la pregunta es si se pierde la plata; y, al no haber plata, lo que pasa es que, como el Estado —el gobierno— está quebrado, quieren no ejecutar. Esa es la verdad de lo que está pasando. Por eso, nos parece que el ministro debe venir a dar explicaciones y, además, entregar respuestas por escrito a todas estas interrogantes para poder analizarlas antes de la última sesión previa a la Ley de Presupuestos. Muchas gracias, diputado. Hemos tomado nota de todas las solicitudes, porque efectivamente hay reglamentos que todavía no salen y llevamos meses esperándolos. Luego del intenso trabajo en esta comisión, posteriormente en la sala y que pasó al Senado, se transformó en ley de la República, pero hoy está afectando a distintas comunidades, tal como se ha expresado. Es necesario que el ministro dé a conocer el proceder del gobierno en razón de lo que viene en la Ley de Presupuestos, tema tremendamente relevante que buscaba hacer justicia en materia de transporte, en específico lo que menciona el diputado Coloma. ¿Alguien más, algún punto sobre la tabla, o pasamos a varios? ¿Sobre la tabla? Recibí una invitación; quisiera saber si está al inicio o al final, porque debo estar en otra comisión también. Fui invitado por un proyecto de ley. —Sí, segundo punto de la tabla. ¿Me permite, diputado? Nos llegó a la comisión, por parte del Ejecutivo, la prórroga del plazo para presentar indicaciones hasta el 22 de octubre del presente año, respecto del proyecto que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos. —Exacto. Por tanto, ¿habría acuerdo para prorrogar hasta el 22? —Acordado. Entonces pasamos al punto Varios para continuar con nuestra tabla. Había pedido la palabra el diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Le vamos a pedir brevemente la palabra junto a la diputada Mix, porque venimos a la comisión por lo siguiente. Ambos somos coautores de un proyecto ingresado a esta comisión, boletín 17860-15. Este proyecto surge ante un vacío en la legislación chilena respecto de la seguridad de los pasajeros del transporte público. Como ustedes saben, hoy existe el seguro obligatorio de accidentes, el SOAP, establecido y que todos los vehículos deben tener. Sin embargo, este protege básicamente en caso de choques u otros siniestros que provoquen daños. Hay una situación no contemplada: la de los usuarios del transporte público que sufren un delito, particularmente un asalto o ataque, que puede generar daños físicos importantes o daños psicológicos; incluso, en los casos más graves, la muerte de una persona. En esas circunstancias, las familias —en caso de fallecimiento— o las propias víctimas —en caso de heridas— quedan en una situación de indefensión total y, además del daño sufrido, enfrentan costos y perjuicios económicos que pueden ser brutales. Ha habido ya muchas situaciones en que esto ha ocurrido. Sin ir más lejos, existen algunos casos —que la diputada Mix puede complementar— tremendamente graves y que incluso creemos que debieran darle el nombre a este...

Este proyecto, al convertirse en ley, busca proteger a personas que, incluso al ayudar a otros pasajeros, han terminado siendo atacadas y han perdido la vida. Hay situaciones muy dramáticas que nos llevaron a presentarlo. Peor aún, cuando ya lo habíamos dado a conocer, hace dos o tres semanas se produjo otra situación con resultado fatal. Son hechos que se repiten y que una y otra vez significan la indefensión de familias que quedan en una situación tremendamente compleja. Por lo mismo, presentamos este proyecto que incorpora un seguro obligatorio para las empresas de transporte público, que cubra a todos los pasajeros e incluso a los trabajadores del transporte público en caso de ataques de este tipo, que lamentablemente ocurren en nuestro país, tanto en sectores urbanos como en el transporte rural. El proyecto está planteado de manera simple, va al punto y se orienta estrictamente a establecer un seguro en beneficio de los pasajeros de transporte público que sean víctimas de crimen o simple delito contra la vida o la integridad personal perpetrado al interior de los vehículos de transporte público, con resultado de muerte o lesiones graves que se traduzcan en invalidez del pasajero. Hemos conversado también con el ministro de Transportes; existe, evidentemente, preocupación por el tema y creemos que puede haber un apoyo importante del Ejecutivo para que este proyecto avance. Lo más relevante es que esta comisión lo pueda tomar y ayudarnos a convertirlo en ley a la brevedad posible. Creo importante escuchar a la diputada Claudia Mix, autora del proyecto. Gracias, Tomás; gracias, presidente. Efectivamente, hay una historia que nos estremeció: la de Juan Urrutia, un ciudadano que vivía en la comuna de Peñalolén, dentro del distrito del diputado Hirsch, quien, en transporte público a la altura de avenida Las Rejas con 5 de Abril, al ver que estaban asaltando a un joven, se bajó a defenderlo y terminó fallecido. Iba a comprar una torta para el cumpleaños de su hijo, de regreso a su casa, y pierde la vida. Lo que ocurre entonces es que su familia queda en total indefensión: hijos jóvenes, sin papá; y lo que vino después ha sido muy complejo para ellos. Esto ocurrió en 2023, pero, tal como señala el diputado Hirsch, en los dos meses en que hemos estado tramitando la presentación de este proyecto han ocurrido al menos dos casos más, incluso mujeres baleadas hace un par de semanas arriba del transporte público. Lo que buscamos no es solo proteger a quien ocupa el transporte público, al ciudadano que tiene el derecho constitucional a utilizarlo, sino también a sus conductores. Creemos que esto es viable y factible. Con el compromiso del Ejecutivo —el ministro nos comentó que había conversado con el diputado Bianchi y que existe disposición a ponerlo en tabla—, lo que tendría que ocurrir es que en las licitaciones de las empresas se incluyan estos seguros de vida o de daños, que cubran secuelas irreversibles y el tratamiento de quienes puedan quedar con alguna secuela. Porque, efectivamente, hoy situaciones así no están cubiertas en ningún caso. Además, esto contribuiría a mejorar la percepción de seguridad de quienes toman el transporte público. Es decir, si me llega a pasar algo, al menos mi familia no queda en desmedro. Es un proyecto simple, no realiza muchas modificaciones: solo incorpora este seguro a la Ley 18.490, que establece el seguro obligatorio por accidentes, agregando cobertura en caso de asalto, muerte o secuela grave producto de un hecho delictual ocurrido al interior del transporte público. En general, es un proyecto que creemos atingente al momento.

Diputada: Es muy importante mirar todas las aristas de lo que significa enfrentarse a una situación de esta envergadura. Esperamos de verdad que esta comisión lo tome a bien, que pueda discutir a la brevedad este proyecto y que podamos decirles a los usuarios y las usuarias del transporte público que, si les llega a ocurrir algo de esta naturaleza —si bien los asaltos son recurrentes— los casos con resultado de muerte son pocos en el año. Hemos revisado las cifras, y por tanto tampoco significaría un alto costo. Nos preguntaron si esto podría afectar, por ejemplo, las tarifas del transporte público. No, para nada. Estamos hablando de dos, tres o cuatro casos al año, por lo que no tendría por qué haber un efecto en las tarifas ni nada por el estilo. Así que esperamos que la comisión lo tome; si quieren mejorarlo, aquí está disponible. Creemos que es un aporte a la seguridad de nuestro país. Eso. Muchas gracias, señor Presidente. Presidente: Muchas gracias, diputada. Solicitamos entonces el acuerdo de la comisión para poner en tabla este proyecto conforme al orden previamente establecido. ¿Habría acuerdo? Acordado. Alcalde, bienvenido. Alcalde: Muchísimas gracias, señor Presidente. Saludo a los honorables diputados y diputadas presentes. Yo venía por el segundo punto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Sin embargo, aprovecho este punto porque lo hemos trabajado con el diputado Hirsch y la diputada Mix, respecto de la necesidad de contar con este seguro. Nos involucramos en este tema junto con el alcalde Concha, a partir del caso de don Juan Urrutia. Tal como comentó la diputada, se trató de un hecho lamentable: él concurría al cumpleaños de su hijo y ocurrió esta tragedia. Desde la Defensoría Comunal de Estación Central se acogió a la familia, gestionando no solo la arista de carácter penal —en la cual nos ha ido bastante bien, persiguiendo a quienes ocasionaron este asesinato y logrando la extradición de una de estas personas—, sino que también hemos continuado, desde la municipalidad, acompañando a la familia. Para sorpresa de todos, nos dimos cuenta de que no existe un seguro que cubra el homicidio dentro del transporte público: si una persona tiene un accidente, sí opera el seguro; pero si a alguien lo matan dentro del transporte público, no hay cobertura. Insistimos ante las empresas aseguradoras para que consideraran una concesión graciosa, dado que se trata de un hecho ocasional pero de alta connotación pública, y que pudieran responder; lamentablemente, no accedieron. Lo que se plantea hoy día creemos que es de sentido común: quizá no evitará estos hechos, pero sí otorgará garantías a las familias de quienes los sufren. Pido disculpas a los honorables diputados por intervenir en este punto, pero no quería perder la oportunidad de complementar lo planteado por los diputados Hirsch y Mix. Presidente: Gracias, alcalde. No se preocupe, porque ahora recién comenzamos a ver esto y me imagino que, en este caso, los diputados le invitarán a participar. Diputada Mix: Gracias, señor Presidente. Justamente teníamos la intención de hacer un punto de prensa con el alcalde, pero estaba en el Senado y se tuvo que ir; no teníamos idea de que estaba conectado, si no, habríamos pedido que se le diera la palabra. Efectivamente, junto al alcalde Felipe Muñoz y al alcalde de Peñalolén —por las razones expuestas al inicio— se involucraron en este proyecto con la familia. Particularmente, la Municipalidad de Estación Central, a través de la Defensoría Comunal, acompañó a una familia que quedó en total indefensión; además, la compañía aseguradora de un seguro que sí tenía don Juan desconoció la obligación de pagar lo que correspondía. En ese andar surge la necesidad de buscar un seguro de vida que pudiera cubrirse desde las mismas empresas de transporte. Agradezco que el alcalde esté conectado; lo esperamos durante el día para el punto de prensa, así que fue una sorpresa. Me imagino que estaba por otro proyecto de esta comisión. Aprovecho de pedir, señor Presidente, que en la discusión de este proyecto sean convocados ambos alcaldes, porque tendrían harto que aportar, y por cierto, también la hija de don Juan Urrutia.