Senado - Trabajo y Previsión Social - 13 de octubre de 2025

Buenas tardes, estimados senadores, señora ministra, señor ministro. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en la ciudad de Valparaíso. Señora Secretaria, dé lectura a la cuenta. Señor Presidente, informo que se recibió una presentación del senador García Ruminot respecto del proyecto en estudio, la cual se encuentra en sus carpetas; en caso de no contar con ella, se entregará en este momento. Asimismo, se recibió una comunicación del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, diputado Andrés Giordano, relativa a un proyecto que se encuentra en la Comisión de Constitución. Señala que, en dicho proyecto, su artículo segundo establece que no se aplicará la Ley sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado a los trabajadores y funcionarios del Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile. Lo comunica para que, si esta Comisión lo estima oportuno, se tome conocimiento, sin perjuicio de que el proyecto está radicado en Constitución; remite, en definitiva, una señal.

Sí, Presidente. Es sobre los funcionarios de Gendarmería, el tema de las asociaciones de funcionarios. Nada más. El proyecto para el que estamos convocados hoy día, relativo al derecho a sala cuna para trabajadoras y trabajadores, incluidos los independientes, viene mediante una indicación sustitutiva. Por tanto, es un solo artículo que reemplaza el texto íntegro aprobado en general; junto con ello se incorporan disposiciones complementarias. Como proposición a la Comisión, hoy contamos con un documento del senador José García Ruminot que será analizado en relación con la propuesta del Ejecutivo, y tendremos el tiempo para su presentación. Mi propuesta es que, a continuación, respecto de aquellas materias que no se vean alteradas —ojalá no sean todas—, avancemos tal como hicimos en la reforma previsional, votando ad referéndum, de manera que el debate posterior enriquezca los puntos que se toquen. Abriría el debate para que el senador García Ruminot haga su exposición; luego veremos qué resulta de esta primera presentación, qué materias se tocan y cuáles no. Por eso nos tomaremos el tiempo hoy. Muchas gracias, Presidente. Saludo a la ministra de la Mujer y al ministro del Trabajo y a sus equipos de asesores. Presidente, quisiera consultar si la Secretaría tiene un listado de las normas que usted tiene intención de votar hoy día; sería útil contar con ello. Lo que ocurre es que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del texto íntegro aprobado en general. En consecuencia, no se vota el articulado anterior, sino la indicación sustitutiva. —No, pero se podría ir votando… El problema es que sustituye todo; es prácticamente un proyecto nuevo. Cabe recordar que hay indicaciones que usted, por ejemplo, y otros senadores presentaron al texto aprobado en general; con el senador García Ruminot hay coincidencias en algunos puntos, con otras indicaciones no. Pero no es posible proceder como usted plantea, porque se trata de un texto nuevo. —Sí, pero se puede ir votando una por una. Muchas gracias. Presidente, en primer lugar, agradezco que se nos permita expresar las preocupaciones que mantenemos desde la última sesión respecto de la indicación sustitutiva. La primera de ellas es que se tenga, aunque no quede fijado en la ley, un valor de la sala cuna que se señaló estaría en torno a 5,2 UF —aproximadamente 350 mil pesos—. Un trabajo realizado por nuestro asesor, con larga experiencia en el Ministerio del Trabajo y en esta Comisión, junto a asesores de distintos senadores, efectuó una revisión de las mensualidades de sala cuna y, en la mayoría de los casos, están por sobre los 350 mil pesos. Por ejemplo: Talagante, un promedio de 444 mil pesos; Curacaví, 570 mil pesos; La Granja, 410 mil pesos. No las voy a leer todas, pero a simple vista la gran mayoría supera ese umbral; no sé si hay alguna por debajo.

Hay una que se acerque a los 350 mil; 395 mil en Puente Alto, 396 mil en Conchalí. Entonces, claro, hay algunas que se acercan, pero igual están por sobre los 350 mil pesos. ¿Y qué ocurre? Que al establecerse como obligación del empleador, esto significa que habrá que pagar el 0,2 de la cotización. Digo 0,2 porque llegar al 0,3 sabemos que corresponde a un descuento de otra cotización, la de cesantía en este caso. Y eso implicará un aumento que, en el caso de las pymes, es importante, relevante y que, creo yo, nos va a afectar el empleo. Esto no es fácil de resolver, porque entiendo que para las grandes empresas —aquellas que tienen más de 20 mujeres trabajando y que están obligadas a pagar la sala cuna para sus trabajadoras— probablemente el 0,2 les signifique un menor costo; habría que verlo caso a caso. Pero, en general, para las pymes significa mayor costo laboral. Esa es una preocupación que, creo, debe llevarnos a buscar una fórmula para que las pymes no se vean afectadas por este aumento, considerando además que ya deben cumplir con el incremento establecido en la reforma previsional. Luego, seguimos teniendo dudas respecto del 0,1 que saldrá de la cotización de cesantía. Entendemos que debiera provenir del fondo solidario y no del fondo individual. Entre otras razones, porque el fondo individual, si el trabajador no lo utiliza, puede retirarlo o, tengo entendido, incorporarlo posteriormente a su fondo de pensiones. Por eso es conveniente que ese 0,1 se mantenga en los fondos individuales y, por lo tanto, que el porcentaje que pudiéramos establecer —que quizá sea mayor al 0,1, porque tengo clarísimo que hay que aumentar la cotización— no implique, particularmente para las pymes, un mayor costo laboral. Un tema de fondo es el del reconocimiento oficial. Lo cierto es que las salas cuna privadas que cuentan con autorización de funcionamiento se sienten excluidas y, para decirlo claramente, no confían en que el solo hecho de señalar que tendrán prioridad para que esa autorización de funcionamiento se transforme en reconocimiento oficial se traduzca efectivamente en que puedan participar de esta mayor oferta, tan necesaria para aumentar la cobertura de niñas y niños que puedan asistir a sala cuna. En esto quisiera pedir mayor flexibilidad al Ejecutivo. Siento que, en esta materia, no han acogido nada de lo que hemos planteado. No habiendo grandes diferencias —porque no las hay— entre los requisitos para obtener reconocimiento oficial y los requisitos para obtener autorización de funcionamiento, parece del todo razonable que ambas figuras sean incorporadas como vías posibles de acceso a este sistema.

…de financiamiento. Después está el tema del bono de reconocimiento; perdón, del bono compensatorio. Porque, en realidad, yo entiendo que lo que ustedes nos han dicho es que esta fórmula del bono de reconocimiento se va a ir extinguiendo en la medida en que los niños vayan cumpliendo los dos años y va desapareciendo como forma de cumplir este beneficio. La verdad es que me gustaría que esto también lo conversáramos más, porque no sé si eso va a ser tan posible. No sé si finalmente nos van a reclamar que esto, de alguna forma… A ver, ¿cómo lo vamos a hacer en aquellos lugares donde no haya jardines infantiles, donde no haya sala cuna? Va a ser un problema y, por lo tanto, creo que deberíamos conversarlo un poco más extensamente. Eso es lo que tenía que señalar hoy día, Presidente. Muchas gracias. A ver, antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo, quiero hacer una pregunta: ¿de cuánto es el ingreso del que estamos hablando? Porque siempre las pymes aparecen como el principal escollo cuando se quiere legislar, por el aumento de los costos. Si se pagara como máximo dos millones de pesos a un trabajador, el 0,3%, si no estoy equivocado, son seis mil pesos. No… bueno, serían cuatro mil pesos. O sea, de eso estamos hablando. —De verdad, sí, pero agréguenle a eso la reforma previsional. No es el único aumento en los costos laborales. —Pero no van a quebrar por cuatro mil pesos. Mire, a nivel individual, sí: esa es la lógica de un fondo solidario, que a nadie le cueste una fortuna y que se junte un fondo suficiente como para acceder a una prestación. El problema es más estructural, porque a esa cotización se le tienen que agregar también los copagos que contempla el proyecto, ya que el proyecto no radica la sala cuna como un derecho social, de la seguridad social, sino que la mantiene como una obligación del empleador. Entonces, si tiene un número X de trabajadoras en salas cunas con autorización de funcionamiento, ese empleador no solo va a tener que pagar el 0,3% de cada planilla, sino que, además, el 100% de la sala cuna y no va a acceder a ningún beneficio del fondo. Por eso, no es solamente el monto del 0,3% lo que puede significar una mayor cotización. Es cierto, el 0,3% es bajo y, más aún, si se le da gradualidad puede ser posible. El problema es que, en combinación con otros aspectos del proyecto, a nosotros nos complica enormemente su impacto en el empleo. Yo debo decir que fuimos ingenuas la vez anterior, porque pensé que habíamos llegado a un acuerdo cuando se presentaron las propuestas, y veo que no es así. La mayoría de las observaciones que se habían hecho fueron recogidas por el Gobierno y no vi en esa sesión que se dijera: “Mire, no estoy de acuerdo”. No lo vi verbalizado hasta hoy día, con la propuesta. Entonces, por ejemplo, si uno dijera “en las pymes…”, porque una ve el problema, ¿no?, pero no veo una respuesta al problema; no veo una propuesta. Sigo viendo el problema que ustedes plantean, y que a lo mejor podemos compartir. Ahora, una de las cosas interesantes que hicieron las organizaciones de mujeres que vinieron acá fue poner la pelota en el suelo y, efectivamente, mostrar cuánto significaba eso para un salario determinado. No sé si lo recuerdan: para un salario de tanto, cuánto significaban mil pesos aquí.

Señor Presidente, ¿qué es lo necesario? Porque esto, un poco homologando lo que hicimos en la reforma de pensiones: dijimos, bueno, tenemos un diagnóstico común, entendemos la importancia de legislar, pero al mismo tiempo corresponde decir cuáles son las soluciones que ponemos sobre la mesa. Si ustedes nos dicen “gradualidad para las pymes”, conversemos con el Ejecutivo qué significa esa gradualidad. Si ustedes señalan que hay un problema de que aquí se va a pagar un doble subsidio, porque ya hay una sala cuna fijada, lista, y no se trata de renunciar a eso —así nos lo plantearon también las trabajadoras—, y otro tema es el 0,2, entonces lo que uno pide es que, si ya tenemos identificados los problemas, podamos ir concretando soluciones. Si usted me permite, Presidente; Pancho, por su intermedio, y al senador García: ustedes plantean el problema, sobre todo en las pymes, pero no está la solución; no la leí, no la verbalizaron. Creo que eso es lo importante: que nos digan cuál es la solución que ustedes ven. Eso no se expuso. Recién estamos viendo el documento, y el Ejecutivo, al parecer, también. Yo me fui muy esperanzada de la última reunión, muy esperanzada, y ahora veo que no. Y estoy pensando en las mujeres, y en nada más —espero que no sea otra cosa—, porque además falta un montón de tramitación para este proyecto. Eso, Presidente. Buenos días, senadoras, senadores, señor Presidente de la comisión, equipos técnicos y asesores. Primero, señalar que estamos conociendo hace poco rato las indicaciones, o por lo menos las sugerencias o respuestas a la propuesta de indicación sustitutiva del Gobierno. Entiendo, Presidente, que en algún momento debiéramos acordar un mecanismo de avance y de votaciones para que, en los puntos donde sabemos que hay acuerdo, podamos dar una señal de progreso, entendiendo que en otros temas seguiremos conversando para ir reduciendo las brechas. A propósito de lo planteado por el senador García, lo primero es que hemos presentado este proyecto en la comisión de Trabajo como parte del Código del Trabajo, es decir, como una obligación laboral. Hoy el derecho a sala cuna de las mujeres trabajadoras se ejerce por distintas vías: desde salas cunas propias de las empresas hasta otros mecanismos contemplados por la ley. Al mismo tiempo, entendemos que existe una duda respecto de si el fondo que se crea a partir de un mecanismo de cotización —como ya se ha señalado— permite garantizar el cumplimiento del derecho y la obligación del empleador. En debates anteriores, distintas organizaciones y parlamentarios plantearon que este 4,11 referencial era un monto bajo y que la cotización probablemente no alcanzaba a cubrir los requerimientos para garantizar este derecho laboral. En ese marco hicimos una propuesta que combina un aumento, digámoslo así, inocuo de la cotización para el empleador, sin perjuicio de que recogemos la posibilidad de evaluar qué resulta más efectivo: si un seguro solidario o una cuenta individual; algo que podemos analizar, como lo planteamos en la sesión anterior. Esto atendía a algunos efectos redistributivos entre trabajadores de mayores y menores ingresos, pero entendemos las preocupaciones que aquí se han señalado y que nos han planteado otros actores. Yendo al fondo, creo que todos compartimos la necesidad de que este derecho laboral se realice sin copago. Así como nos parece central que esto siga siendo un derecho laboral, nos parece importante también…

Bien, lo central es que el mecanismo que construyamos asegure de manera mayoritaria —aunque puedan existir situaciones borde— que, para un uso masivo y regular, sea el fondo de sala cuna el que garantice el cumplimiento de esta obligación laboral. Eso nos parece sumamente relevante; de ahí la fórmula que propusimos. Hay que señalar, y vamos a revisar los datos que se acompañan en la exposición, que nos basamos en una fuente oficial como la ENCLA para hacer esas estimaciones. Aquí en la comisión recibimos también otras informaciones; entendemos que haber retirado el guarismo de la ley permitirá que un comité técnico contribuya en esa discusión. Pero reconocemos que es un ámbito donde hay dudas, al menos por lo planteado por Chile Vamos. Respecto de las transiciones, es relevante insistir en que las personas que hoy, o durante la gradualidad de implementación de la ley, se encuentren en el modelo actual de sala cuna mantendrán ese derecho. Por lo tanto, no existiría un momento en que esa trabajadora o ese trabajador, ya habiendo pactado con su empleador la forma de ejercer el derecho, deba modificarlo. Entendemos que la duda está más bien respecto de lo que podría ocurrir hacia futuro en esa brecha. Dicho esto, para la propuesta del 0,1% de cotización adicional hicimos una estimación de suficiencia del fondo, que podemos hacer llegar a los parlamentarios. Para otros modelamientos correspondería realizar los estudios de suficiencia respectivos; sin embargo, entendemos que este modelo permitía abordar esa situación. En ese sentido, sería importante avanzar en un mecanismo que nos permita precisar las discrepancias sobre la suficiencia del fondo, entendiendo que nadie pretende que ello implique copagos y que, por tanto, se garantice el ejercicio del derecho laboral. Asimismo, pusimos a disposición —y ello apareció en su momento en la prensa— que las estimaciones del Ejecutivo en materia de costos mostraban que, en las empresas grandes y medianas, habría más bien una disminución de costos laborales. En el caso de las empresas con menos de 20 trabajadores, es evidente que el solo hecho de pagar una cotización —que es muy pequeña por empleador— generará un cambio; por lo tanto, la clave es que para las empresas medianas y pequeñas sea el fondo el que garantice el financiamiento del derecho, de modo que esa diferencia no exista. Ahora bien, el fondo debe garantizar el ejercicio del derecho, pero no puede ajustarse a la totalidad de valores que existen hoy en las salas cuna, porque ello podría presionar al alza los costos. Por eso se estableció un valor referencial o promedio; el fondo podría, por ejemplo, definir valores diferenciados por regiones. Considerando que esto combina un componente de oferta de salas cuna públicas y otro de salas cuna particulares, con el estándar educativo que el proyecto exige, existe un espacio para un valor referencial que cubra adecuadamente. Sin embargo, si uno revisa toda la casuística posible, el fondo no puede hacerse cargo de todos los casos. Es importante señalarlo, entendiendo que, al menos con el aumento del 0,1%, esa brecha se podría cubrir para las empresas de menor tamaño. En síntesis, entendemos que la preocupación planteada dice relación con la suficiencia del fondo, que dicha suficiencia no suponga copagos para las empresas y que, en consecuencia, permita ejercer el derecho laboral. En esa línea hicimos una propuesta que, reiteramos, estimamos que abordaba adecuadamente esa situación.

Esto es parte de la conversación que debemos tener; sin embargo, quisiera insistir en que el cambio en la cotización y la eliminación del guarismo, junto con la fijación, en el informe financiero, de un valor referencial de 5,2, buscan hacerse cargo de una situación mayoritaria según los datos oficiales disponibles. Partiendo de que se trata de una preocupación del Gobierno, me parece importante señalarlo desde el inicio. Asimismo, queremos ser claros: la suficiencia del fondo debe darse dentro del marco de un derecho laboral y de la obligación del empleador en materia laboral. Respecto del bono compensatorio señalado por el senador, entendemos que todo lo relativo a los regímenes transitorios —esto es, las personas que actualmente se encuentran en esta modalidad o que ingresen a ella durante la transición— son mecanismos que se mantendrán hasta que al causante se le extinga ese derecho. Y hemos planteado, conforme al criterio de la Dirección del Trabajo, que dichos mecanismos procedan ya sea por una situación de salud del causante, o por la no disponibilidad de la prestación del servicio. Por su intermedio, presidente, me gustaría comprender un poco más la observación, ya que ese punto específico no me quedó suficientemente claro. Y, respecto de las transiciones de permiso y de reconocimiento oficial, por su intermedio, presidente, si la ministra pudiera profundizar al respecto, sería de utilidad. Gracias, presidente. Primero, quisiera valorar que hemos tenido un camino bastante largo en esta discusión como país. Hay algo que no era obvio hace tres o cuatro años, que tiene que ver con la corresponsabilidad en el derecho. Me parece un punto importante que hoy no está en cuestión, porque, si recordamos la discusión en esta Corporación y en la Cámara de Diputados, por su intermedio, presidente, sí hubo debate cuando hablamos, por ejemplo, de 40 horas y luego de conciliación. Hubo un cambio en el acuerdo: de entenderlo como un mecanismo de última ratio, aplicable cuando la madre no estaba disponible, a concebirlo como un principio deseable per se. Creo que este es un elemento muy relevante por el impacto específico de esta norma en la empleabilidad femenina. En segundo lugar, le pedí a la Tati que está imprimiendo una minuta más específica sobre las diferencias entre los requisitos de reconocimiento oficial (RO) y autorización de funcionamiento (AF), con cita normativa, para despejar con precisión cuál es uno y cuál es otro. Hay aspectos importantes vinculados a la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, a los arriendos y otros. Por su intermedio, presidente, entiendo que la propuesta es asimilar la transición a la del sector público, es decir, habilitar hasta el año 2034. Quisiera hacer un punto previo: no toda la oferta del sector público está en incumplimiento ni tampoco toda está en cumplimiento. Por lo tanto, si se entendiera —y no advierto aún la norma expresa que lo establezca— que por no contar hoy con el RO no se puede acceder al fondo, significaría dejar fuera a la mitad del sector público, y eso no es así. Lo señalo para explicitar un argumento tácito, más allá de la confianza o desconfianza respecto de cómo se pudiera normar aquello. Ahora bien, todos los nuevos jardines que se están construyendo sí están cumpliendo con el RO. En consecuencia, y a propósito de las conversaciones sostenidas con los gremios —que son muchos, ciertamente, porque se trata de un sector no tan nucleado en un solo actor— de salas cuna y jardines privados, estimo distinta la situación de quienes han solicitado el AF y que, hasta ahora, no han tenido en la discusión pública un incentivo para obtener el RO, respecto de lo que ocurrirá después de la vigencia de la ley.