Entiendo que hoy día tenemos para exponer solo al ex director. Saludamos, por supuesto, además de los senadores que integran la comisión, a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y a su equipo asesor. Agradecemos la visita y la exposición que realizará don Matías Acevedo, ex director de Presupuestos. Don Matías, ¿no sé si tiene presentación? Muy bien. Tiene la palabra, don Matías.
Bien, muy buenos días, Presidente. Saludar, por cierto, a los integrantes de la Comisión, a la Subsecretaria y a su equipo. La idea de esta presentación es poder hacer un breve análisis de costo-beneficio de avanzar en este proyecto. Voy a intentar transmitir mi experiencia: fui gerente de la Gerencia de Inversión y Financiamiento, gerente corporativo de Corfo y también he participado como director en el BID y en la CAF. Quisiera compartir esa experiencia para aportar a la discusión del proyecto.
Como contexto, Presidente, venimos saliendo de una comisión que abordó reformas estructurales para contener o reducir el gasto público. Una de las primeras láminas que nos presentó la Dirección de Presupuestos fue esta, donde vemos cómo han ido aumentando los servicios en el tiempo. Lo que llamó la atención, y nos llamó la atención en su momento, fue que entre 2007 y 2022 se crearon 7 ministerios y 46 servicios. Este es el mayor aumento que hemos tenido en un período en términos de burocracia estatal, si se me permite el término. Y lo curioso es que justamente en ese período comenzaron los déficits fiscales. Entonces hay aquí una correlación positiva: tenemos mayor déficit fiscal pero seguimos creando burocracia.
Como recomendación —más allá de que no nos pronunciamos sobre este proyecto en particular— dijimos, y cito textual: “objetivar indicadores que orienten las decisiones e inhiban la creación de nuevas instituciones”. Le comentaba antes de comenzar la sesión a la Subsecretaria que, para quienes trabajamos en esa comisión, impulsar un proyecto que crea una nueva institucionalidad no conversa con lo que estábamos viendo, que era justamente cómo reducir el gasto público y cómo racionalizar las instituciones. Era como si estuviéramos hablando en idiomas distintos. Por eso me parece importante ponerlo en contexto: estamos creando una nueva institución y la primera pregunta que debemos hacernos es si tenemos la capacidad de hacerlo mejor con lo que ya tenemos; es decir, movilizar, fusionar y racionalizar las instituciones antes de crear una nueva. Esa es la pregunta que intentaré responder en esta presentación.
Quiero partir con las perspectivas fiscales. Fíjense que lo que se conoce como necesidades de financiamiento bajo la línea —esto es, las potenciales presiones fiscales que estamos creando con esta institución— representan el 40% del aumento de la deuda en los últimos 15 años; 16 años, para ser exactos. Esa es la realidad. Les voy a contar algo que, si se parece a la realidad, es mera coincidencia: cuando uno hablaba con el Ministerio de Hacienda y preguntaba “oye, ¿esto afecta al balance fiscal?”, respondían “no, no, no, no afecta al balance fiscal; va bajo la línea”. Ah, perfecto: vamos, démosle. Y así empezamos a crear instituciones, y seguimos creando instituciones, y de repente se nos apareció BancoEstado que, producto de la nueva regulación de Basilea III, necesitaba 1.500 millones de dólares adicionales de capital. Después aparecieron otras instituciones, otras entidades públicas que, producto de la crisis, se capitalizaron y empezaron a necesitar más capital. Entonces, las necesidades bajo la línea empezaron a aumentar, aumentar, aumentar. Y todo esto, entre medio, con una caída importante de los fondos soberanos.
Pasamos de 7 puntos del PIB en la época 2008-2009; hoy día estamos en 4 puntos del PIB y bajando. Entonces, y este último punto, presidente, es importante, porque una de las cosas que va a hacer este proyecto —que uno podría considerar positiva desde la perspectiva de los emprendedores— es inmovilizar 750 millones de dólares de capital. Porque esa es la verdad: no vamos a poder disminuir capital salvo autorización de la CMF, y esos 750 millones de dólares no estarán disponibles. Yo me acuerdo que, en medio de la pandemia, le toqué la puerta a la CORFO para pedirle mil millones de dólares para financiar los gastos de la pandemia —vacunas, respiradores—. Obviamente no me recibieron con una cara muy feliz, pero se los pedí y los entregó: mil millones de dólares. Pues bien, si en una crisis no vamos a poder disponer de 750 millones de dólares, tendremos que salir a endeudarnos. Eso equivale a 2.500 PGU solamente en pago de intereses. Me pregunto también si el gobierno francés, que enfrenta hoy una crisis importante, y cuya agencia promueve exactamente lo mismo que aquí se propone, no preferiría disponer de capital para otras necesidades más urgentes; y no puede hacerlo por las restricciones que tiene actualmente. Estas cosas tienen pros y contras, como lo ha planteado muy bien la subsecretaria —de cuyas presentaciones he tenido oportunidad de escuchar varias—. Se agradecen la claridad y la información con que expone los puntos; sin embargo, tengo diferencias importantes con el objetivo del proyecto.
Como les comentaba, en el gráfico de la derecha pueden ver la capitalización que ha hecho el fisco a las empresas públicas: estamos hablando de casi 1.600, 1.700, 1.800 millones de dólares. El Banco del Estado —la barra celeste que se aprecia ahí— ha requerido mucho capital adicional producto de las nuevas regulaciones de Basilea III y mayores exigencias. Algo que, en una magnitud distinta —no estoy haciendo el símil—, eventualmente podría requerir a futuro la AFIDE. Estas presiones de gasto del Banco del Estado, presiones bajo la línea, no eran visibles hace una década, y no con esta intensidad. Cuando hablo de que este tipo de instituciones crea presiones de gasto al fisco, a esto me refiero: a cosas muy concretas, no a una ilusión o un supuesto. Esto es lo que ocurre en la realidad y lo que hace que el 40% de los requerimientos bajo la línea expliquen el aumento de la deuda en 40 puntos del PIB durante los últimos 16 años.
A todo lo anterior debemos sumar las presiones fiscales que, si no hacemos nada, tendremos por el envejecimiento de la población. No me voy a detener, porque podríamos estar toda la mañana, pero la conclusión es que de aquí a 2050 vamos a necesitar 5 o 6 puntos más del PIB de gasto solo por ese efecto. Ese es el contexto en el cual analizamos todas estas medidas en la Comisión y por eso fuimos por todas las oportunidades de eficiencia: todas las instituciones que podíamos fusionar, eliminar, hacer más eficientes. En ese marco fiscal, a mí no me cuadra la creación de una nueva institución sin antes hacer el mayor esfuerzo por modernizar la que tenemos.
Es cierto, como dice la subsecretaria, presidente, que el Banco Mundial ha recomendado avanzar en esta línea. Pero también debemos considerar lo que dice su “primo”, el Fondo Monetario Internacional. En su último informe de febrero señala que debemos reforzar la transparencia de los ítems bajo la línea —por ejemplo, la capitalización de empresas públicas, que ha contribuido alrededor del 40% al aumento total de la deuda en los últimos 15 años—, y que tenemos que reconstruir el Fondo de Estabilización Económica y Social dentro de una estrategia de mediano plazo, incluyendo ahorrar ingresos extraordinarios para fortalecer los colchones, lo cual va en contra de lo que yo señalaba respecto de tener...
Esto implica mayor capital adicional inmovilizado en esta nueva institución. Un ejercicio súper simple: si el déficit se mantiene en 2% —antes teníamos un déficit crónico de 1% y ahora uno de 2%— el año 2026, es decir, el próximo año, vamos a pasar el límite de deuda. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo. Por lo tanto, es necesario contener no solamente el financiamiento sobre la línea, sino también bajo la línea.
Algo parecido a lo que les mostraba en la gráfica anterior: a lo largo del tiempo, la PGU y la salud van a presionar el gasto en 4%. Entonces, esto no son inventos ni queremos plantear un escenario catastrófico, sino más bien lo que señalan las agencias internacionales. Ahora, hay que mirar esas recomendaciones en su contexto. Por supuesto que el Banco Mundial siempre va a buscar el mejor gobierno corporativo para todos, pero en un país con prioridades y otras dificultades, hay que ordenar esas prioridades. ¿Es la primera prioridad crear una nueva institucionalidad en este contexto? Para responder esa primera pregunta, yo creo que no. Creo que se puede modernizar la Corfo, hacer una serie de mejoras y aprovechar la institucionalidad existente. ¿Para qué? Para evitar todo esto.
En el caso del informe financiero, quiero ser muy claro: con este informe no se puede tomar una decisión fiscalmente responsable. No se puede, porque el informe financiero, en este tipo de modelo —y para no cometer los errores del pasado, como ocurrió en otros proyectos donde se crearon instituciones o sociedades anónimas—, carece, primero, del modelo de negocio. Aparentemente está en algún lado, o se los presentaron, pero debe estar explícito para saber dónde están las presiones de gasto.
Fíjense, lo veremos en un ejemplo, presidente: si esta institución llegara a tener pérdidas contables —ni siquiera financieras; contables, no económicas—, cada peso de aporte de capital comprometido acá es gasto público. Así dice la norma que debe contabilizarse: como gasto público. Por eso me gustaría ver —y es lo que los motivo a solicitar— cuáles son los supuestos detrás de este modelo, cuáles los escenarios de sensibilidad y, en base a eso, cuáles serán las presiones de gasto, de mayor financiamiento o de mayor endeudamiento. Porque la CMF no va a tener piedad con el AFIDE y le va a decir: “Necesito 50 millones de dólares más o, si no…”, y se va a dar vuelta y el Estado va a tener que ponerlos. “Pero ¿cómo?, me dijeron que era solamente 750.” Bueno, es que el supuesto no funcionó.
A mí me ha tocado ser parte de la creación de una nueva institución financiera que se está convirtiendo en banco, y los costos estimados quedaron muy por debajo de la realidad: costos regulatorios, costos informáticos, inversiones informáticas, etcétera. Solo para poner un ejemplo: el costo de administración de un banco de segundo piso, que ni siquiera capta recursos, bordea el 2% de los activos totales. Aquí se está proyectando —según vi en una minuta— 1%, la mitad. Me gustaría entender, o más bien que ustedes puedan entender mejor, por qué sería la mitad de lo que instituciones similares, con activos similares, administran. Quizás se propone un modelo distinto, más tecnológico, más eficiente. Pero eso no está en el informe financiero.
Por lo tanto, dejo algunas preguntas:
- ¿Cuáles son los aportes de capital a FIES que se registrarán bajo la línea y cuáles se proyectarán sobre la línea si es que hay pérdidas? Esa es la realidad —y pérdidas contables, no económicas.
- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya capitalización en el corto y mediano plazo? Eso se relaciona con los límites regulatorios de la CMF. ¿Hay análisis de sensibilidad?
Todo ese análisis lo hace cualquier institución que se está transformando, o que quiere ser, banco, porque a los accionistas les interesa saber cuánta plata van a tener que poner. Y también, ¿cuál va a ser la exposición máxima del Fisco a la deuda de FIES? Convengamos que hoy día, si bien Corfo se puede endeudar, tiene que pedir autorización.
Y Hacienda le puede decir que no, y me consta que le ha dicho que no varias veces. Ahora, en esta institución habrá un límite de apalancamiento, que si bien estará normado por la CMF —y eso está muy bien—, convengamos en que el objetivo es ampliar la capacidad de entregar créditos: se tiene que apalancar el capital, y eso es mayor exposición de deuda. No hay otra forma de expresarlo.
He visto en varias sesiones anteriores la discusión de si esto es deuda del Estado o no. Quiero decirlo con claridad: esto es deuda del Estado. Aquí, en Perú, en Bolivia y en cualquier país europeo. Este es un cuadro que extraje del FMI, de febrero de 2025; no es un cuadro histórico. Y dice —fíjense, donde tengo señalado, Presidente— que en 2025 la deuda bruta del Estado era 61,4% del PIB. Y ustedes dirán: “¿Pero cómo? Estamos hablando de 42%; eso es lo que yo sé”. Bueno, a ese 42% se le suman las municipalidades, las empresas públicas y la deuda del Banco Central. Eso es lo que entiende un organismo internacional por deuda del Estado. Y más adelante voy a explicar por qué esto tiene implicancias, porque obviamente no da lo mismo el nivel de deuda que tenga FIDE. Y eso, por lo menos, no se ve reflejado en el informe financiero.
¿Y por qué —me dirán ustedes— si FIDE va a responder solamente por su capital? La realidad es que no es así. Estas instituciones no responden solo por su capital; responden también por el apoyo implícito del Estado. Fíjense que Codelco hoy día se financia —aquí se ha hablado en más de alguna oportunidad en esta comisión del aumento de su deuda— a las mismas tasas que se financiaba cuando tenía la mitad de la deuda. ¿Sabe lo que dicen los inversionistas? “Si le pasa algo a Codelco, el Estado va a estar atrás”. Eso se llama una garantía implícita del Estado, y esa garantía implícita es una deuda contingente del fisco.
Ahora, una pregunta más operativa: ¿las garantías de FIDE van a ser mitigadores de provisiones, como lo son hoy día FOGAPE y CORFO? ¿Qué significa eso? Que cuando tengo que provisionar y cuento con una garantía estatal, ya sea de FOGAPE o, hoy día, de CORFO, la normativa de la CMF permite reducir el monto de la provisión porque esto es básicamente una garantía soberana en la porción garantizada. Eso es lo que incentiva a los bancos a entregar crédito a las pymes; de lo contrario, no lo harían. Para eso existen los fondos de garantía.
Yo, por lo menos, no vi en la presentación de la CMF que se haya pronunciado sobre si estas garantías tendrán las mismas condiciones que las actuales de FOGAPE y CORFO. Y si así fuera, creo que habrá que justificarlo bien, porque esta institución se tiene que clasificar. Me costaría creer que una clasificadora de riesgo —sector en el cual también trabajé; lo pueden preguntar— le otorgue una clasificación casi al nivel del Estado a una institución que no tiene historia. Si se la otorgara, sería por asumir una garantía implícita del Estado, lo cual se diría explícitamente. Por eso, creo que esa pregunta es importante de clarificar, porque de lo contrario, traspasar la garantía a esta nueva institución puede tener un efecto negativo en las pymes, no positivo.
Lo otro, Presidente: entrando ya al modelo de negocio. Esta gráfica la saqué de una presentación del Ministerio de Economía hecha en septiembre de este año ante la comisión. El gráfico de la izquierda señala el porcentaje de montos otorgados por tipo de instrumento. Esto es una forma de mirar cuál va a ser el modelo de negocio de FIDE. Yo contabilicé garantías en 59%; eso ya lo hace CORFO. Crédito de segundo piso, 36,36%; eso también lo hace CORFO.
Fondo de fondos: 1,18%. Eso hoy no lo hace CORFO, pero en su momento lo hizo; a mí me tocó implementarlo. Y 3,25% para créditos sindicados, que sería lo nuevo. Si bien CORFO no lo realiza actualmente, podría hacerlo mediante crédito directo, siempre que exista cofinanciamiento con alguna entidad multilateral.
Lo otro, Presidente: cuando uno va al tema del crédito sindicado, le he escuchado varias veces mencionar el concepto de desarrollo financiero e innovación, y probablemente ese es el espíritu; sin embargo, el articulado no dice eso. El texto señala: “Autorízase al Estado para desarrollar proyectos de especialidad, de iniciativa de transformación y diversificación productiva, y las actividades empresariales de financiar, garantizar, gestionar, articular, asegurar e invertir”. Y luego, en el artículo 5, cuando se refiere al crédito sindicado, dice: “Participar en el otorgamiento de crédito sindicado a empresas cooperativas para el financiamiento de proyectos de inversión y actividades empresariales que se relacionen con su objetivo”. Esto no corresponde a la definición de I+D. La definición de I+D, que extraje de la ley de incentivo tributario, es distinta: se refiere al ámbito científico y tecnológico, a proyectos de investigación, transformaciones y procesos nuevos. Solo lo dejo planteado como contraste.
Hice además un ejercicio para no sesgar mi opinión: le pregunté a ChatGPT, con estos dos artículos, qué proyectos podrían financiarse. Y respondió: una planta de frío y packings exportadores; riego tecnificado y un embalse menor; hoteles, lodges y rutas turísticas. Eso dista de ser I+D. Podría contener algún componente de I+D, pero no es el objetivo que transmiten estos artículos, y en ese sentido me genera dudas.
En segundo lugar, respecto del 1,18% de la cartera en fondo de fondos. No sé si a algunos de los senadores más antiguos de esta Comisión les tocó aprobar la Ley de Mercado de Capitales 3. En esa ley se autorizó a CORFO a adquirir cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo y vehículos afines; es decir, también fondo de fondos: se le autorizó a ser fondo de fondos. A mí me correspondió, cuando llegué a CORFO en 2010, comenzar a implementar esa ley —creo que es de 2009—. Yo era presidente del Comité de Capital de Riesgo, y cuando empezamos a diseñar una línea para los llamados fondos K1, que consistía en comprar una participación en los fondos, la industria señaló que eso no funcionaría y propuso seguir con las líneas F, que son líneas apalancadas de CORFO, donde están sus tres principales programas de apoyo al capital de riesgo. Sin embargo, hoy uno lee los informes de la industria y pareciera que ahora sí funcionaría. CORFO ya aprobó del orden de 16 millones de dólares en este tipo de líneas, pero la autorización expiró. Entonces, si se quisiera reactivar el fondo de fondos, bastaría con reponer esa disposición y permitir que se haga de esa manera. Por supuesto, se podría discutir si es la mejor alternativa en términos de gobierno corporativo, etcétera; pero, dado el contexto fiscal, pienso que lo primero es intentar hacer con lo que tenemos y luego evaluar otras alternativas cuando contemos con superávit.
Respecto de los fondos de garantía y las líneas de financiamiento: hoy operan FOGAPE, que es el fondo tradicional, y FOGAES. Y me pregunto por qué no podría FOGAPE administrar las garantías de CORFO. De hecho, me tocó desarrollar, junto a Salvador Valdés —en ese momento asesor del Ministerio de Hacienda—, un proyecto de ley para fusionar ambos fondos. Ese proyecto finalmente no se presentó por otras prioridades, pero no había impedimento para hacerlo. Aquí pareciera sostenerse que FOGAPE debe dedicarse solamente a lo financiero y que CORFO es, como se indica, instrumentos financieros para el desarrollo; pero, al final del día, todo son instrumentos financieros. Los bancos no crean tres entidades bancarias.
Porque uno va a entregar crédito hipotecario, otro crédito de consumo y otro, no sé, crédito para las pymes. Lo que hace es segmentar los negocios y decir: voy a hacer esto, esto y esto. Entonces, esta es una forma concreta de avanzar en la línea de mejorar la institucionalidad.
Y ojo, presidente: el Banco Central, que presentó en la sesión anterior, dijo algo muy importante. Es muy probable que se esté sobrerregulando, y esa sobrerregulación va a impedir que se cumpla el objetivo final, que es apoyar proyectos más riesgosos.
Para ir concluyendo: en un contexto fiscal estrecho, con la deuda llegando a límites prudenciales, baja acumulación de ahorro soberano y presiones por el envejecimiento de la población, aumentará la deuda del Estado y, en consecuencia, su exposición y la garantía implícita asociada. Este efecto va en contra de lo que recomienda a Chile el Fondo Monetario Internacional, que es contener las presiones bajo la línea, como las que aportan las empresas públicas, presentes y futuras.
Segundo, se va a aumentar la burocracia estatal, lo que es contrario —y quiero ser muy claro: la Comisión no se pronunció sobre el FIDE, pero sí en general— a las recomendaciones de la reciente Comisión de Gasto Público, de la cual fui parte, que planteó evitar crear una nueva institucionalidad sin antes hacer el mejor esfuerzo por modernizar la vigente.
El informe financiero es incompleto y no permite tomar una decisión fiscalmente responsable. No se hace cargo de valorar los riesgos ni de las consecuencias que puedan recaer sobre el fisco por los compromisos de capital regulatorio cuando FIDE tenga pérdidas, del mayor gasto y de otras materias que hemos conversado durante la presentación.
Salvo los créditos sindicados, presidente, que representan el 3% de la cartera, Corfo opera y ha operado todo el resto de los instrumentos que se propone que opere FIDE. Entonces, uno podría decir legítimamente: quizá es el momento de poner el foco en Corfo, de modernizar Corfo, antes de avanzar en esta dirección. Y, con la definición vigente del proyecto de ley, los créditos sindicados pueden financiar operaciones tradicionales que están lejos del I+D y la innovación, de lo cual se ha hablado varias veces en esta Comisión.
Para no ser solamente críticos, sino también aportar una mirada constructiva, presidente, planteo lo siguiente. Se podría impulsar una profunda modernización de Corfo, tal como se hizo después del caso Corfo-Inverlink. Recuerdo que cuando llegué a la Corfo en el año 2010, era la institución que la llevaba en el Estado: todos querían ser como Corfo en términos de modernización, sistemas, contabilidad, etcétera. No sé si hoy podemos decir lo mismo. Por lo tanto, falta una modernización importante, incluyendo su gobierno corporativo. No quiero personalizar en ningún ministro que hoy integre el Consejo, pero no sé cuánto valor agregado le incorpora, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores a la Corfo en el Consejo, o el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de la persona. ¿Por qué no modernizamos este Consejo, si esos cargos los nombró Pedro I. Becerra, y Chile algo ha cambiado desde entonces?
Asimismo, se pueden traspasar los fondos de garantía a la administración de FOGAPE, sin crear una nueva burocracia estatal. También se podría permitir nuevamente a Corfo comprar participaciones de fondos de inversión —facultad que este mismo Congreso le otorgó en el pasado—, que se ejerció a una escala menor y que, si ahora hay interés de la industria, podría ampliarse. Se podrían mantener las líneas de financiamiento en Corfo, que en general se entregan a instituciones financieras bancarias y no bancarias autorizadas. Hoy probablemente se entregan más a instituciones financieras no bancarias; muchas de ellas están clasificadas y tienen clasificación de riesgo, y, por lo tanto, evaluar el riesgo ahí no es algo muy complejo.
Por último, si se quiere entregar un crédito sindicado, se podría pilotear hoy con la autorización que tiene Corfo. ¿Por qué no ha llegado la CAF o quizás el BID y han dicho: hagamos este crédito sindicado en conjunto para este proyecto innovador que tiene I+D, como planteó usted, presidente? Eso no se ha hecho. ¿Y por qué no lo piloteamos en Corfo, si se puede hacer? ¿Para qué tenemos que ir a pilotearlo en otra institución? ¿Qué pasa si esa otra institución no logra el volumen que se esperaba? Estos modelos requieren volumen; si no hay volumen, los gastos operativos se comen completamente la operación y, en vez de tener utilidades, hay pérdidas. Y cuando hay pérdidas, los aportes de capital son gasto público.
Eso, presidente. He tratado de dar una mirada crítica, pero también de proponer soluciones para mejorar y modernizar el estado actual que tenemos.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Matías. Bueno, es una exposición amplia, con varias preguntas que quedan sobre la mesa, que me imagino la subsecretaria ha ido anotando y de las que se querrá hacer cargo. En primer lugar, pidió la palabra el senador Ricardo Lagos.
Sí, gracias, Presidente. Para la subsecretaria y su equipo económico; y a don Matías, ex Director de Presupuestos y hoy académico, no pocas veces en las noticias.
Hemos tenido varias presentaciones respecto de este proyecto. La idea de estas presentaciones no es venir a criticar, sino a levantar alertas o proponer temas en los cuales habría que tener más cuidado a la hora de legislar. Los que están 100% de acuerdo generalmente no vienen a estas instancias; salvo cuando se trata de reajustes del sector público u otras materias que todos piden aprobar.
Dicho eso, y entendiendo el esfuerzo que se hace en el resumen de evaluación, primero quiero valorar el tono, porque es crítico de manera constructiva y expresa dudas severas del proyecto, pero bien planteadas. De los temas puestos al final, en ese resumen de evaluación costo-beneficio, creo que es importante escuchar al Ejecutivo, en particular respecto de la deuda y la garantía implícita: cómo subsanar —o si es efectivo o no— este supuesto informe de financiamiento incompleto, que suena fuerte. Y, asimismo, cuál es el valor agregado de esta institución.
Ahora, un alcance: cuando se plantea —por don Matías— que se aumentaría la burocracia estatal, entiendo que este proyecto toma un componente de CORFO, el relacionado con inversión y financiamiento, y lo traslada a una nueva institución. Entonces, no sé si necesariamente se crea más burocracia estatal. ¿Qué implica esto en términos de funcionarios? ¿Son los mismos? ¿Se trasladan? ¿Se quedan? Esa es una buena pregunta.
El resto, subsecretaria, me parece clave aclararlo, porque efectivamente tenemos un tema con los compromisos “bajo la línea”, que han ido aumentando. No sólo están las capitalizaciones que se ponen como ejemplo; tenemos otros compromisos que quedan dando vuelta en el Estado y que el Consejo Fiscal Autónomo nos ha recordado una y otra vez que deberíamos incorporar para tener una visión completa. Técnicamente se puede hacer una distinción, pero, desde el punto de vista de fondo, el compromiso y la responsabilidad del Estado son uno solo, y eso también plantea desafíos.
Con todo, conversábamos fuera de micrófono con el senador Coloma que hay voces —no radicalizadas de ningún extremo— que comienzan a plantearse si tal vez deberíamos enfrentar el fin de la regla del balance estructural. No es mi posición, lo digo. Pero, así como vamos, pareciera que nunca volveremos al “nirvana” que tuvimos durante algunos años, al comienzo de la regla, y luego nos fuimos alejando, sosteniéndonos básicamente en función de la credibilidad que tiene —aunque parezca difícil de creer— el Estado de Chile a ojos de terceros; no sé si de los chilenos mismos, pero sí de terceros.
Eso, subsecretaria. Quedamos muy dispuestos y atentos a escuchar su reacción. Gracias, don Matías.
Gracias, senador Lagos. Tiene la palabra el senador Macaya.
Gracias, Presidente. Junto con saludar a la subsecretaria y a nuestro invitado, y valorar el tono de la presentación —que siempre es importante cuidarlo en esta instancia—, creo que hay una reflexión que se dividió en dos partes. La primera, a propósito de una evidencia que estamos viendo en la discusión del Presupuesto: estamos con el mayor déficit fiscal, no sé si de nuestra historia, pero al menos de la historia reciente, sí. Y eso implica que seguir creando instituciones —yo no tenía la magnitud de la cantidad de ministerios, instituciones y burocracia estatal que se han creado desde 2007—, en este momento, evidentemente invita a una reflexión. Desde esa perspectiva, es importante contestar algunas de las preguntas que están en la presentación.
Podemos reiterar cómo hacerlo mejor: modernizar, fusionar y racionalizar la institucionalidad pública para que funcione mejor. Esta es una reflexión que tuvimos en su momento a propósito de la que, creo, ha sido la reforma más importante que ha tramitado este Parlamento en muchos años, la reforma de pensiones. Esa reflexión no la tuvimos acá respecto de lo que hizo en esa reforma el Consejo Fiscal Autónomo. Cuando estábamos creando el FAP en la reforma de pensiones, le pedimos al Consejo Fiscal Autónomo que revisara el tema, que pasara un filtro: si bien no se erogaba gasto fiscal desde la perspectiva de la creación, si las proyecciones hubiesen estado equivocadas necesitábamos que el Consejo Fiscal Autónomo nos lo dijera.
En eso hay una pregunta que he planteado en las últimas dos sesiones de este proyecto: efectivamente falta mirar un modelo financiero más allá de la teoría. Aquí hay un paper académico, con abundantes referencias a autores extranjeros, sobre lo que significa y cuáles son las brechas de oportunidad que se pueden aprovechar con la creación de una estructura como esta. Pero creo útil responder desde la perspectiva de cómo imaginan los próximos 10 años, con números —ojalá en una planilla Excel—: gastos, activos, pasivos y proyecciones al menos para la próxima década. Es un modelo económico que he visto en teoría, pero no en números.
Además, y recogiendo una crítica que se ha hecho acá, a propósito de la amplitud y el permiso que tiene la norma que estaríamos aprobando —la definición de la autorización y el objeto—, cuando se habla de “proyectos empresariales, iniciativas de transformación y diversificación productiva”, eso podría implicar que no hay un giro exclusivo respecto de lo que hoy entendemos como brecha en el financiamiento de proyectos en etapa temprana de I+D. De hecho, con la estructura normativa que le estamos dando a AFIDE, se podría, no sé, pasar desde los tomates a cultivos de paltos. ¿Dónde está exactamente la regla que obliga a que ciertas operaciones se ajusten a ese fin, o lo dejaremos solamente al gobierno corporativo, sin un mandato legislativo?
También hay una reflexión interesante a partir de la presentación de Matías Acevedo. Mi pregunta fiscal es la siguiente: en la lámina 8 de su presentación se indica que los aportes de capital a AFIDE se registran bajo la línea. Es interesante entender que casi el 40% de la deuda pública se explica, en la práctica, por gastos bajo la línea. Si estamos hablando del mismo supuesto, podríamos estar incrementando esa proporción. ¿Cuál es la probabilidad de nuevas capitalizaciones en el corto, mediano o largo plazo? Desde la perspectiva del modelo financiero, ¿cuál será la exposición máxima del fisco a la deuda de AFIDE como deuda del Estado? Quedan planteadas esas preguntas tras una buena presentación. Subsecretaria, creo que usted tiene la palabra en este momento. Muchas gracias.
Gracias, senador Macaya. Atreviéndome a orientar por lo menos algunas de las cosas que me imagino abordará la subsecretaria: dentro de las exposiciones de Matías Acevedo hay aspectos prudenciales y otros que deben aclararse o resolverse como decisiones. Primero, él parte señalando —no sé si como algo “malo”, pero sí como un aspecto negativo— que el Estado va a dejar de tener, entre comillas, la libertad de ir a la CORFO y decirle “pásame”, por la razón que sea, mil, quinientos, doscientos, tres mil; en fin, el número que sea. Otros podrían pensar que eso es una fortaleza. Lo planteo solo como ejemplo de cuestiones prudenciales: no es llegar y sacarle la plata a la CORFO por una decisión política; tiene que haber resguardos. Eso se puede mirar desde ambos puntos de vista y, por lo tanto, cada integrante de esta comisión tendrá su opinión y, por supuesto, la subsecretaria explicará cuál es la ley. Después, nos parece —como han dicho los senadores— que la presión de gasto no queda clara porque aparentemente faltaría una evaluación más extensa.
La modelación del modelo de negocios tiene que ver mucho con provisiones; además, se le aplica Basilea —en la práctica— a AFIDE, normas de la CMF, en fin; hay una serie de costos que no sé si están enteramente bien resueltos. Hay un tema ya tocado otras veces y que, si avanzamos por este camino, debiera mejorarse, aclararse o explicitarse mucho mejor: el artículo primero, el objeto social. Eso tiene que estar, me parece a mí, mucho más afinado. No tenía en mi memoria una afirmación de don Matías Acevedo de que el Banco Central habría advertido de una eventual sobrerregulación respecto de AFIDE; no lo recordaba, pero, si es así, ok. De los planteamientos que hacía Matías, hay uno que me pareció interesante, que no sé si evaluó el Ministerio de Economía: ¿qué pasa si se hiciera de manera inversa? Es decir, volver a autorizar a Corfo a invertir en cuotas de fondos —fondos que tendrían que estar bien señalados como de I+D bajo ciertos criterios, para que no sea cualquier cosa—, poniendo en el fondo la carga o el peso de la detección, investigación y armado del fondo, de encontrar el buen, entre comillas, negocio —en lo que hay muchas empresas especialistas—, y que simplemente exista la facultad y que le estén tocando la puerta a Corfo, todo el día, todo el rato, las AGF, diciéndole: “Oiga, aquí está el fondo: el fondo I+D vinculado a riesgo y tratamiento de agua; otro vinculado a procesos químicos en el cobre; otro que está…”, y así suma y sigue. Más bien, la alternativa —que me imagino que por ahí iba un poco la idea de Matías Acevedo— sería: no creemos todo esto que puede tener todos estos riesgos, sino que dejemos expresamente abierta la posibilidad de que, llegada la oferta de cuotas de fondos para productos que tengan una determinada vocación, Corfo pueda hacerlo. Suena, en principio, más barato; es una posición, entre comillas, más pasiva, pero creo que debiera existir efectivamente una comparación de qué, apuntando todo al mismo objetivo, parece ser más eficiente, menos riesgoso, de menor presión de gasto, en fin, todas las aprehensiones que señalaba el expositor. Habiendo dicho eso, subsecretaria, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Agradezco también la presentación de Matías; creo que fue muy clara, ilustrativa en los puntos que hoy día pueden presentar cierto reparo o cuestionamiento a la creación de este proyecto. Y, tomándome de la última pregunta de usted, por su intermedio, presidente, creo que la evaluación de este proyecto tiene que darse también considerando cuál es el escenario actual que tenemos. Lo digo porque, a lo largo de la discusión de AFIDE, hemos estado todos de acuerdo en la importancia que tiene para nuestro país aumentar los esfuerzos para promover las actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Más allá de cómo esté descrito en el articulado —y eso, por supuesto, podemos mejorarlo—, para nosotros el objetivo de AFIDE es financiar esas actividades y no otras. Habiendo dicho eso, además, en un día en que se entrega el Premio Nobel de Economía justamente a quienes han hecho su aporte al expresar cómo la innovación es la garantía para el crecimiento a largo plazo, hemos señalado en distintas ocasiones que AFIDE es una modernización de la administración de los instrumentos de Corfo. Por lo tanto, creo que todo lo que podemos ver acá es algo que AFIDE, con su creación, puede proponer y hacer mejor, si es que finalmente esa otra actividad se realiza en Corfo. Y en eso, partiendo por la presentación que hizo Matías sobre, por ejemplo,