Muy buenos días. En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos la sesión.
Buenos días a todas y todos. Quiero saludar a las y los senadores presentes, en particular a la senadora Ebensperger, al senador Araya, al senador Matías Walker y a la senadora Carmen Gloria Aravena. También saludo a nuestras y nuestros invitados: al ministro subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, señor Nicolás Facuse; al ministro subrogante del Ministerio del Interior, señor Víctor Ramos; a su asesora, señora Antonia Rivas; y a representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Saludo, además, al honorable senador Francisco Huenchumilla, que se encuentra conectado. Agradezco la presencia del profesor de Derecho Constitucional, señor Patricio Zapata, y del exministro, señor Alfredo Moreno.
Como es de conocimiento, en nuestra tabla de hoy tenemos dos proyectos para revisar y, eventualmente, someter a votación. En segundo lugar abordaremos el proyecto relativo a las sociedades anónimas deportivas. En primer término, continuaremos el estudio, en general, del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución Política de la República. Pasamos a la cuenta. Tiene la palabra el señor Secretario.
Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores senadores, las comunicaciones recibidas en la Secretaría de esta Comisión son las siguientes: primero, un oficio de la Comisión de Salud de esta Corporación, mediante el cual se solicita considerar en próximas tablas el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Segundo, un informe del jefe del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Guido Williams, relativo a la imprescriptibilidad del delito de trata de personas con fines de adopción ilegal en el derecho internacional y la legislación comparada, remitido en respuesta a la solicitud de esta instancia en el marco de la discusión del proyecto que modifica el Código Penal para sancionar dicho delito e incorporar su imprescriptibilidad. Tercero, una comunicación del presidente del Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales, señor Gamadiel García, que expone el parecer de esa asociación respecto de la regulación de la multipropiedad de los clubes profesionales, en el marco de la tramitación del proyecto que modifica la Ley N° 20.019 sobre sociedades anónimas deportivas profesionales. Finalmente, se agrega a la cuenta un cuarto documento, elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, referido a derechos colectivos y pueblos indígenas, que contiene un análisis conceptual de las expresiones empleadas en la reforma constitucional. Es todo, Presidenta, respecto de la cuenta.
Muchas gracias, señor Secretario. Sobre la cuenta, tiene la palabra el senador Araya.
Gracias, Presidenta. No precisamente sobre la cuenta, sino para solicitar que, a la vuelta de la semana regional, se incorpore nuevamente en tabla el proyecto que presentamos sobre la subrogancia en los tribunales ambientales, e invitar a la Presidenta del Tribunal Ambiental de Santiago, la señora Marcela Godoy. Es de público conocimiento, y así lo han recogido distintos medios de circulación nacional, que el Tribunal Ambiental de Santiago no cuenta con el quórum mínimo para funcionar y que, en los últimos dos meses, prácticamente ha celebrado una sola audiencia, lo que resulta absolutamente inaceptable. Las quinas llevan varios meses, por no decir años, en poder del Gobierno sin que se adopte una resolución. Y como pareciera que no habrá una solución en el corto plazo, deberíamos habilitar una vía legislativa que permita el funcionamiento de los tribunales, porque esta situación perjudica principalmente a todas y todos los justiciables que dependen del Tribunal Ambiental de Santiago.
Gracias, Senador. Como bien usted señala, es de público conocimiento el no funcionamiento —lo diré derechamente— de ese tribunal, según lo han mostrado los medios y lo ha planteado su Presidenta. Aprovecho de informar a la Comisión que, a propósito de ello, he conversado con el Ministro de Justicia para que, a la vuelta de la semana regional, podamos avanzar. Todos sabemos que, en materia de nombramientos, ojalá podamos alcanzar acuerdos; sin embargo, me parece prioritario destrabar, dado que existen quinas. Es vital poner el foco en el Tribunal de Santiago, por razones obvias, sin perjuicio de que también hay nombramientos pendientes en Valdivia y Antofagasta. Ojalá podamos partir por Santiago.
No nos olvidemos que faltan dos titulares y un suplente; esas quinas están hechas. Corresponde asumir la responsabilidad de avanzar, ojalá con un acuerdo con el Ejecutivo; y, si no, proseguir en lo que a esta comisión le compete, que es ir recibiendo las propuestas. Dicho eso, veamos cuál de los caminos seguiremos, porque convengamos que el proyecto tuvo por objetivo presionar, de alguna forma, para suplir la falta de reemplazos. Insisto: tratemos de avanzar con los nombramientos de vuelta de la semana regional. Si no hay palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra a quien nos acompaña de manera presencial entre nuestros invitados, el exministro Alfredo Moreno.
A las senadoras y senadores que se encuentran hoy día presentes, yo quisiera, antes de dar una opinión sobre el proyecto, destacar tres puntos que me parecen previos. En primer lugar, asisto, al igual que el senador Francisco Huenchumilla, como copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una comisión creada por el Presidente de la República, fruto de un acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria; es decir, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista concordaron sus integrantes, objetivos, alcances y plazos.
En segundo lugar, el objetivo que se le entregó a esta comisión fue muy específico: colaborar en la paz y el entendimiento en el grave conflicto existente en la zona sur, sugiriendo caminos para encontrar acuerdos que contribuyan a resolverlo y que mejoren la vida de las comunidades, de los agricultores y de todos los habitantes de esas regiones.
En tercer lugar, quisiera destacar cómo trabajamos. Esta era una comisión de ocho miembros, con dos copresidentes, el senador Huenchumilla y yo; la mitad de sus integrantes son mapuches y la otra mitad no lo son; incluía personas de todo el espectro político y fue elegida en la forma que ya señalé. El trabajo lo realizamos revisando todo lo avanzado, realizado y propuesto en años anteriores, tanto en el Congreso como en el Gobierno, así como en las distintas comisiones que han existido a lo largo del tiempo. Revisamos la experiencia internacional y, muy importante, sostuvimos encuentros y diálogos con más de 5.000 personas e instituciones durante casi dos años; trabajamos 22 meses en esto. El espíritu que nos animó fue, en esos diálogos y conversaciones, intentar entender: no nos reunimos para rebatir opiniones, ni para contradecirlas, ni para aceptarlas sin más, sino para comprender lo que pensaban y sentían cada uno de los grupos. Esos grupos incluyeron comunidades y dirigentes mapuches, dirigentes gremiales, víctimas y asociaciones de víctimas, políticos, presidentes de todos los partidos, gobernadores de la macrozona sur, empresarios, gerentes de empresas importantes de la zona, académicos y expertos, nacionales y extranjeros.
La tarea, como ya dije, fue buscar acuerdos que resolvieran los problemas procurando que todos los grupos estuvieran mejor: no solo las comunidades mapuches, sino también los agricultores, las compañías forestales y, por supuesto, el resto de los chilenos. Es decir, nuestro objetivo fue pasar de una solución puramente transaccional a una que transformara este conflicto y permitiera que todos los grupos mejoraran su situación.
Luego de este largo trabajo, y cumpliendo el objetivo para el que fue creada la comisión, realizamos una propuesta que obtuvo un amplio acuerdo entre todos sus miembros y que tiene tres ejes. El primero es donde se inscribe el reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional, como ya señalé, es la primera propuesta dentro de ese eje y, en mi opinión, le da su principal fundamento. ¿Por qué es tan importante, a nuestro juicio, el reconocimiento constitucional, y por qué es importante ahora? Al menos por tres razones. En primer lugar, porque prácticamente todos los representantes indígenas que concurrieron a la comisión —y fueron muy numerosos— lo solicitaron como algo esencial para cualquier cambio y cualquier acuerdo. La larga historia de confrontación y discriminación requiere poner el reconocimiento a su existencia y la valoración de su cultura en el más alto nivel. Hasta hoy,
Más de 200 años desde el primer texto constitucional de la República de Chile, los pueblos indígenas solo fueron mencionados en la Constitución de 1822, en un contexto histórico naturalmente muy diferente al actual y bajo una lógica de asimilación, no de reconocimiento ni de valoración. De hecho, el número 6 del artículo 47 de la Constitución de 1822 dice: “Corresponde al Congreso cuidar de la civilización de los indios”. Y esa es la única mención que tenemos en estos más de 200 años.
Para las comunidades indígenas, no solamente las comunidades mapuche, tiene una enorme significación incorporar su reconocimiento y la valoración de su cultura, junto con proteger sus derechos.
El segundo punto que quisiera mencionar sobre por qué es importante avanzar en esto es que se trata de una deuda que se prolonga desde el 1 de diciembre de 1989, cuando el entonces candidato, y posteriormente Presidente, Patricio Aylwin, comprometió en Nueva Imperial este reconocimiento constitucional. Luego, todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, lo han comprometido, pero no se ha logrado cumplir. Incluso, en marzo de 2009 existió un consenso muy amplio y transversal políticamente, que tampoco prosperó. Más recientemente, en el segundo proceso constitucional, se alcanzó un acuerdo unánime en la Comisión Experta —representativa de todos los sectores del Congreso—, que además fue aprobado por el Consejo Constitucional; sin embargo, no se concretó porque esa propuesta de nueva Constitución también fue rechazada, al igual que en el primer proceso.
Entonces, tenemos más de 35 años sin cumplir las numerosas promesas de reconocimiento, y eso ha alimentado la desconfianza en el Estado. Un tercer factor que creo importante considerar es que, detrás del rechazo —y aquí doy una opinión estrictamente personal, no de la Comisión—, han estado también las aprensiones de quienes perciben en este reconocimiento un riesgo para la unidad del país. La presencia de grupos que postulaban la autonomía territorial y política, la plurinacionalidad o la creación de estados dentro del Estado confirmaban para muchos esos temores. El contundente rechazo a esas pretensiones del primer proceso constitucional, estimo, ha disipado esos temores. El proyecto propuesto es muy claro en cautelar y reafirmar la unidad inquebrantable del Estado de Chile. Ello permite entender adecuadamente la diversidad dentro de la total y permanente unidad de nuestro país, lo que crea la oportunidad de poder avanzar en este proyecto.
En resumen, hoy tenemos la oportunidad de avanzar, de cumplir las promesas de los últimos 35 años y de no seguir ahondando la desconfianza, todo ello sin poner en riesgo, como señalé, la inquebrantable unidad de nuestro país, y sentar así las bases para la paz y el entendimiento que —como ya mencioné— tienen muchos otros elementos sobre los cuales avanzar, pero para lo cual este es un fundamento muy necesario y esencial. Esto permitiría progresar en la paz y el entendimiento sobre bases justas y sólidas.
Además, hay que tener presente que no es una deuda de un gobierno en particular. Es una deuda que, a lo largo de todos los gobiernos, se ha constituido en una deuda del Estado de Chile. Hoy tenemos la oportunidad de no seguir profundizándola, sino de construir esta nueva etapa de paz y entendimiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al señor Alfredo Moreno. Efectivamente, yo lo presento porque su rol fue importante como exministro, pero la opinión que ha traído es la que se logró, se consensuó y se conversó en la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Tenemos algunas preguntas a propósito del texto. Quizá me faltó decirlo, pero, más allá de que se hayan fusionado o refundido varios boletines, hay una propuesta del Ejecutivo. No sé si la tienen a la vista, porque si bien estamos hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestra Constitución, hay dos o tres materias que, cuando entremos en la discusión en particular, serán centrales. Por eso, aunque nos quedó claro cuál fue la opinión, cómo se dio el trabajo y cómo se argumentó el porqué de este reconocimiento —que, por cierto, seguimos aspirando a concretar—, nos parecería importante contar con su opinión respecto de los puntos considerados en la propuesta del Ejecutivo, como por ejemplo los derechos colectivos y la participación política. Pero, como podrán ser parte de la discusión en particular, quisiéramos conocer también su parecer al respecto.
Antes de iniciar la ronda de preguntas, voy a darle la palabra entonces al profesor Patricio Zapata, para que luego podamos acumular esas preguntas y hacérselas a nuestros invitados. Profesor.
Presidenta, por su intermedio, un saludo de mucho afecto y respeto a todas y cada uno de los honorables senadores presentes, autoridades de gobierno y personas invitadas a la comisión. Agradezco mucho, señora Presidenta, esta oportunidad.
Efectivamente, estamos en la discusión general, la aprobación en general, pero yo voy a permitirme en un momento hacer algunas observaciones más precisas. En términos de la aprobación general, me parece que el invitado que usó la palabra antes que yo, don Alfredo Moreno, ha resumido admirablemente una historia larga, que da cuenta de un aprendizaje y de la creación de un consenso en el tiempo, un tiempo largo, larguísimo. Quizá eso evita que uno deba argumentar de forma demasiado enfática, porque el país desde el año 1989 ha venido teniendo este debate y, progresivamente, los temores, las dudas y los fantasmas sobre la idea general se han ido despejando hasta llegar a un consenso muy potente a fines del año 2022, cuando se aprobó, en forma prácticamente unánime, como una de las bases para el acuerdo de una nueva Constitución, una base número cuatro que decía: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Como se recordó, la Comisión Experta ratificó este mismo lenguaje y el Consejo Constitucional lo ratificó agregando una segunda parte. Y si bien es cierto que ese proyecto fue rechazado en 2023, me parece que el consenso que describo no fue rechazado. El rechazo tuvo probablemente que ver con muchas otras cuestiones, pero no con este acuerdo tan sustantivo.
Entonces, señora Presidenta, me parece que estamos ante la presencia de un consenso que tomó tiempo, que costó, y creo que, más que yo hacer una reflexión política que no me corresponde, quisiera entregar elementos propiamente constitucionales para hacer operativo este acuerdo político que entiendo que ya existe. ¿Por qué una Constitución, en general, debiera incorporar en su texto cuestiones de orden valórico, cultural o social? ¿Por qué no limitarse la Constitución a cuestiones estrictamente reglamentarias, a la organización del poder y de las funciones del Estado?
La Constitución vigente optó por un capítulo completo llamado Bases de la Institucionalidad. Ese Capítulo I representa una definición sustantiva: la Carta Fundamental no es sólo la reglamentación de los órganos del Estado, no es solamente la configuración de las facultades que tiene uno u otro órgano. La Carta Fundamental identifica ciertos valores compartidos. Y por eso, en ese Capítulo I, ustedes encontrarán el concepto de persona, dignidad, familia, cuerpos intermedios, bien común, realización espiritual y material de la persona, emblemas nacionales, solidaridad entre los distintos territorios y regiones, democracia, naturaleza humana. Esto que he mencionado son algunos de los conceptos.
En el capítulo I actual, ninguno de ellos estrictamente hace una precisión reglamentaria ni de competencias. Son valores, principios, referencias a realidades: a la familia, al valor de la familia, a la nación, a los cuerpos intermedios. En ese contexto, omitir un reconocimiento a los pueblos originarios no deja de llamar la atención. Si la nuestra fuera una Constitución puramente reglamentaria —que las hay—, una Constitución espartana en el lenguaje, minimalista, que simplemente identifica potestades, quizá uno podría tener que argumentar por qué razón incluir una referencia de índole cultural, política o valórica. Pero no es el caso de la Constitución vigente. Ella tiene un capítulo denominado Bases de la Institucionalidad, que contiene las definiciones que he señalado, los reconocimientos y las valoraciones que he identificado. Es en ese contexto que un reconocimiento a los pueblos originarios no solo no es superfluo, extraño o contradictorio con el espíritu del capítulo I, sino que resulta absolutamente coherente con la idea de que una Constitución no es solamente un estatuto del poder: es un pacto político en el que la comunidad identifica cuestiones compartidas, da cuenta de su historia, de su aprendizaje, de aquello que la une, de lo que nos une.
Desde un punto de vista constitucional, el reconocimiento que se propone conversa adecuadamente con el tono, el contenido y la naturaleza del actual capítulo I. Hay varias preguntas que deberán ocupar a la Comisión si el proyecto se aprueba en general y, luego, a la hora de la discusión en particular. Y si voy a referirme brevemente a algunas de ellas es porque creo que las disyuntivas que se abren no debieran suscitar una discusión que rompa este consenso. Me explico: la Comisión tiene ante sí varias opciones. Las distintas mociones que se han refundido llegan al reconocimiento por vías diversas. No hay una sola vía, ni un solo lenguaje, ni una sola ubicación. No da lo mismo. Pero, a mi juicio, esa diversidad no da cuenta de una diferencia de fondo. No son iguales, no son idénticas; hay algunas que presentan ventajas.
Entre las diferencias que habrá que abordar destaco, en primer lugar, una pregunta importante: ¿cuánto se dice? ¿Cuánto? Hay una opción minimalista: decir lo mínimo indispensable, que el reconocimiento constitucional sea escueto, directo, simple. Esa es una opción, y presenta ventajas: quizás hace más fácil el consenso, el acuerdo; no obliga a definirse sobre cuestiones relativas a escaños reservados, territorios, tierras o lengua. Un reconocimiento breve, en la línea de aquella base que recordé hace un minuto. La segunda alternativa es decir más. Decir más. Por ejemplo, mencionar a los pueblos originarios que se reconocen, como lo hace el mensaje del Ejecutivo; por ejemplo, referirse a la interculturalidad. No se trataría solamente de hablar de reconocimiento, sino también de interculturalidad. Esa es una definición que habrá que tomar en la discusión en particular.
En cuanto a las iniciativas, cabe mencionar el mensaje presentado por el Ejecutivo; la moción de los honorables senadores Araya, Navarro, Muñoz, De Urresti y Quinteros; la moción de la honorable senadora Aravena; la de la senadora Rincón; la del senador Bianchi; la moción de la honorable senadora Rincón y de los honorables senadores Araya, Flores, Macaya y Walker; y la moción de los senadores Durana, Pugh y Sandoval. Esa diversidad de opciones, reitero, no evidencia una divergencia esencial, sino distintos caminos para arribar a un mismo propósito de reconocimiento.
Es cuanto. Y habrá que ponderar y sopesar las ventajas de ser breve y las de ser un poco más extenso en el lenguaje de la Constitución, con sus pros y sus contras: cuánto margen se deja a la interpretación posterior del legislador y a la de los tribunales de justicia.
La segunda pregunta, y voy concluyendo, señora Presidenta, es disyuntiva: ¿dónde situar el reconocimiento? Esto no es solo una cuestión estética, sino también de corrección técnica. ¿En qué parte de la Constitución se hace el reconocimiento? Las distintas mociones refundidas discrepan sobre esto. El Gobierno propone un artículo nuevo, 3 bis, es decir, crear un artículo ad hoc. Lo mismo propone la moción de los honorables senadores Quintana, Navarro, Muñoz, De Urresti y Quinteros: un artículo 3 bis.
Otra opción es aprovechar el artículo segundo, que hoy día se refiere a los emblemas nacionales. Ese artículo es muy breve y, si se me permite la expresión, tiene espacio: es perfectamente imaginable incorporar ahí uno o dos incisos sin que quede mal. La tercera opción es ocupar otro artículo breve, el artículo cuarto —“Chile es una república democrática”—, como propone la moción de los honorables senadores Araya, Flores, Macaya, Walker y Rincón.
En lo personal, creo que hay buenas razones para pensar en el artículo segundo, y quiero explicar por qué estimo que esa opción le otorga al reconocimiento un carácter muy consistente con el resto de la Constitución. El artículo segundo habla de los emblemas nacionales. Una de las cosas que se aprendieron durante los dos procesos constituyentes es el enorme aprecio y valor que el pueblo de Chile asigna a la idea de nación y a los símbolos patrios, y el cuidado que ha de tenerse al abordarlos. Entonces, el artículo segundo, que viene inmediatamente a continuación de las ideas de persona, familia, grupos intermedios y Estado, es un buen lugar para que la Constitución reconozca a ese otro grupo que alberga la nación en su interior: los pueblos originarios preexistentes, haciéndolo en el mismo artículo que habla de los emblemas nacionales.
Así, ese artículo segundo podría partir afirmando que la Nación chilena es una e indivisible; luego, incorporar el reconocimiento a los pueblos originarios, con la inclusión de la interculturalidad; y cerrar con la referencia a los emblemas de la Nación chilena, esta nación que ya se ha descrito como una pero rica, una pero diversa, una pero plural, una pero intercultural.
Y, si se me permite, podría ser la ocasión para que este Honorable Senado de la República y este Congreso Nacional corrigieran de paso una carencia del texto constitucional. El texto habla de los emblemas nacionales, pero no los describe. Dice que habrá una bandera nacional, un escudo de armas y un himno nacional; y hay otro artículo de la Constitución que establece que es materia de ley definirlos. O sea, jurídicamente, la situación actual es que la bandera nacional podría ser cambiada por ley y seguiría siendo el emblema nacional: alguien podría proponer una bandera con verde, con naranjo, con amarillo y sin estrella.
Constituciones que considero muy certeras, como la francesa, enuncian: la bandera nacional es el tricolor, con tres franjas horizontales, rojo, blanco y azul; el himno nacional es La Marsellesa; el lema de la Nación es Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Reconoce un hecho fuerte; por eso, cerraría este nuevo artículo segundo con el reconocimiento de los pueblos originarios, a mi juicio con una mención expresa a los distintos pueblos originarios, y con una referencia explícita al contenido de nuestros emblemas nacionales. La bandera nacional es aquella que tiene en su mitad inferior el color rojo y, en su mitad superior, dos tercios blancos y un tercio azul turquí, con una estrella de cinco puntas en el centro. El himno nacional —cuya forma ha sido a veces discutida— corresponde a la quinta estrofa y al coro, con letra de Eusebio Lillo y música de Ramón Carnicer, oficializados por Manuel Bulnes hace unos 180 años. Y nuestro escudo de armas lleva el lema «Por la razón o la fuerza». Un reconocimiento a la riqueza del pueblo de Chile, a sus pueblos originarios, en el artículo segundo, al comenzar la Constitución, le da realce. No es un “tres bis”; a mí me suenan mal los “bis”, “ter” o “quáter” en una ley tributaria —tener el 148 bis o el 162 ter o quáter—, pero en la Constitución es aún más inadecuado. Y como no se va a corregir rápidamente y eso quedará ahí por muchos años, yo no usaría un “tres ter”: ocuparía el artículo segundo.
En resumen, señora Presidenta, no he venido a dar más argumentos para hacer el reconocimiento; creo en él desde hace muchos años. Me tocó trabajar con don Edgardo Boeninger y don Patricio Aylwin cuando tenía 25 años, en la primera de las propuestas, allá por marzo de 1990. He visto cómo se han presentado y discutido cerca de catorce proyectos en estos años. No necesito convencerme; estoy muy convencido, y creo que la discusión técnica ha avanzado. Ya no están los temores de antes; las diferencias que existen son técnicas. Estoy persuadido de que, en el trabajo en particular que lleva adelante esta Comisión, se encontrarán las soluciones más adecuadas, que conversen mejor con el resto de la Constitución, y podremos dar así cumplimiento a lo que Alfredo Moreno describió muy precisamente como una deuda largamente postergada. Muchas gracias, señora Presidenta.
—Muchísimas gracias a usted. Agradecemos al profesor Zapata. No sé si alteré los turnos; al final uno a veces deja a los amigos y colegas para el cierre cuando quizá deberían partir. Pero quiero darle la palabra al senador Huenchumilla, que, no solo como representante de la Región de La Araucanía, es obviamente conocedor del tema. No sé si se inició a los 25 años como el profesor Zapata, pero lo vamos a escuchar. Nos interesa especialmente su opinión respecto de la participación en el Consejo. Tiene la palabra el senador Huenchumilla.
—Muchas gracias, señora Presidenta. No a los 25, pero la diferencia no era mucha. Era un joven diputado en ese tiempo. Presidenta, yo tengo como dos sombreros: el de parlamentario y el de haber participado en la comisión junto a Carmen Gloria y Alfredo; con Alfredo presidimos esta instancia. Haré una breve presentación.
Tal como el profesor Zapata, llegué en los años 90 al Parlamento y, por lo tanto, llevo presenciando este debate —con distintos matices— por 35 años. Y en estos 35 años, a pesar de algunos textos en que se llegó a acuerdo en la redacción, siento que, desde el punto de vista político, nuestro país no ha logrado un consenso respecto de esto. Esa es una deuda que tenemos como país, no solo con los pueblos originarios, sino con el tipo de país que queremos construir. No hemos podido resolverlo y, por lo tanto, no soy muy optimista respecto de ese tema.
Porque aquí hay cuestiones que se han debatido en los últimos años y sobre las cuales tenemos distintas aproximaciones. Evidentemente, lo que nos divide siempre es cuando empezamos a hablar de la nación. En esta comisión tratamos esos temas y llegamos a una solución de compromiso con el objeto de alcanzar un acuerdo.
Cuando existen distintas opiniones y diferencias, uno tiene que buscar los consensos y los acuerdos que permitan avanzar y dar una señal política. Por lo tanto, nosotros hablamos de la unidad del Estado. Cualesquiera sean los orígenes o las lenguas que se hablen, partíamos de la base de que lo que debíamos recordar era la unidad del Estado. Porque el concepto de nación es una ficción. Y, a partir de lo que dice el profesor Zapata y de lo que establece la Constitución francesa, a partir de la Revolución Francesa es cuando se introduce el concepto de nación. El Estado francés persiguió a todos los pueblos —eran alrededor de siete— que hablaban idiomas distintos, para establecer el francés. Y hay palabras notables de un ministro de Educación de la época, quien dijo que había que hacer desaparecer todas las otras lenguas. A partir del surgimiento del moderno Estado territorial surge este concepto de nación, porque antes la soberanía residía en los reyes y, entonces, se dijo: a partir de ahora residirá en el pueblo. Y, por lo tanto, se habló de nación.
En Chile, la nación chilena no existía hasta 1810. En Chile fue primero el Estado, y el Estado creó la nación. En esto me acompaña Mario Góngora, uno de los grandes historiadores de Chile. Me acompaña también el profesor Carlos Peña, que ha escrito cuestiones muy interesantes sobre el punto, a quien todos conocemos.
Si nos enfrascamos ahí, vamos a entrar en un terreno en el que a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo. A mí me parece que podemos avanzar en el sentido de lo que dice este proyecto presentado por el Gobierno, que recoge sustancialmente el acuerdo que nosotros logramos. Porque lo que hicimos fue un acuerdo político, representado en este caso por los dos copresidentes, una fórmula que deberían estudiar los profesores de Derecho Constitucional: tener dos copresidentes. A lo mejor en noviembre nosotros estamos disponibles. Pero es una fórmula —y quiero decirles, con todo afecto, a ustedes— que funcionó realmente. Y aquí Carmen Gloria es testigo: funcionó. Y tuvimos, claro, una gran Secretaría Ejecutiva.
Esto recoge sustancialmente lo que nosotros planteamos: la unidad del Estado. Insistimos mucho en el concepto de interculturalidad, para no meternos en el de multiculturalidad porque entramos en otros problemas. No nos pronunciamos sobre la participación en escaños reservados, sino que lo dejamos a la ley: que la ley pueda definir eso en los órganos colectivos que toman decisiones obligatorias, es decir, los consejos comunales, los consejos regionales y el Parlamento. Que eso sea producto de otro acuerdo, de otra discusión, de otro consenso.
Ahora, naturalmente, el reconocimiento como pueblo implica derechos no solo individuales, sino también colectivos. Aquí nos acaban de entregar un muy buen trabajo de la Biblioteca. Creo que es bueno que lo revisemos, porque realmente eso es lo que existe en el derecho internacional de los pueblos indígenas, que es un derecho nuevo que surge a partir de la década de los cincuenta. Es un derecho que hay que estudiar, porque implica derechos colectivos.
El otro día tuvimos una discusión acá en la Sala respecto de los derechos lingüísticos. Alguien dijo: “Bueno, pero es un derecho colectivo”. Yo señalé que nadie anda hablando solo por la vida; uno tiene que hablar con alguien. El lenguaje siempre va a ser un derecho colectivo.
Entonces, Presidenta, simplemente digo que creo que esto es un avance y estoy en condiciones de apoyar este proyecto. Implica un acuerdo, un consenso político, y eso es lo que va a permitir salir adelante para que soslayemos los grandes temas de la discusión, no solo en Chile, sino que en el mundo, respecto de cuestiones que nos separan, pese a que en las Naciones Unidas el 90% de los Estados son plurinacionales y tienen pueblos al interior de sus Estados, y cada uno los regula sin que ello tenga nada que ver con la unidad del Estado. Además, quiero decir que cuando aquí se utiliza el concepto “unitario”, ese concepto no quiere decir unidad del Estado.
Un Estado unitario se refiere a que, dentro del Estado, hay un núcleo central que toma las decisiones, en contraposición al Estado federal, donde hay múltiples centros de poder. Por lo tanto, hay Estado unitario y Estado federal; ambos velan por la unidad del Estado. En ese sentido, considero que el adjetivo “unitario” no aporta mayormente a la discusión que estamos teniendo, porque podría existir un Estado federal con una gran unidad del Estado. Lo “unitario” alude, como digo, a un centro de toma de decisiones. Muchas gracias, señora Presidenta, por invitarme. Espero estar más optimista en esta oportunidad y, de todas maneras, contará con mi apoyo lo que esta honorable y gran Comisión pueda acordar. Gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias, Senador. Quiero darle la palabra, porque me la está pidiendo, al senador De Urresti; luego, a la senadora Ebensperger. Obviamente, el Ejecutivo querrá agregar algo, porque ellos presentaron en la sesión pasada. Por supuesto. Tiene la palabra el senador De Urresti.
Presidenta, saludar por su intermedio a los ministros presentes; también a mi colega Pancho Huenchumilla y a Alfredo Moreno. Un gusto poder estar acá. Ah, que estaba ahí a través de Zoom. Me estaba reemplazando en esta sesión el senador Rementería, porque estamos en paralelo en otra comisión y tenemos que ir a dar quórum a la Sala por una Mixta de Presupuestos.
Pero yo no quería dejar de consignar dos cosas que creo que son importantes, y nobleza obliga. Conocí el trabajo de la comisión; fui invitado formalmente; pude participar y hacer el seguimiento, desde el punto de vista comunicacional, de lo que se iba produciendo. Y creo que es importante valorar el trabajo que se hizo. Se lo he dicho personalmente tanto a Alfredo como a Francisco, en esta situación de copresidencias, que fue un trabajo arduo, difícil, no exento de problemas y, a veces, de incomprensiones. Valoro que ustedes hayan dedicado ese esfuerzo. También a la senadora Aravena, porque es ingrato; no es fácil sumarse a eso. No es para ganar aplausos, yo sé lo que digo. Y, en esa función, también a Víctor, que hoy día me alegra mucho que esté de ministro subrogante, porque la paciencia se multiplicaba: tenía que multiplicarla por distintos actores. Así que, Víctor, lo he dicho en privado y públicamente.
Yo creo que uno tiene que consignarlo, porque es fácil no sumarse. Es mejor quedarse —perdone, Pancho, usted conoce estos conceptos— a la guayte: si la cosa está buena, me sumo; si está mala, tomo distancia y tiro piedrecitas. Esa es una posición privilegiada para los que hicieron esto, para los que cometieron este error. A mí me gusta la gente que toma decisiones. Puedo no estar de acuerdo en algunos conceptos, puedo diferir en algunos elementos, pero vi el trabajo en ustedes y en Víctor, que frecuentaba el territorio pero también acá. Hizo un trabajo. Ustedes conocen mejor que nadie los avances, los méritos, los errores; pero creo que la suma es positiva.
Hecho este reconocimiento, permítanme extenderlo también a Emilia Nuyado y a otros integrantes que además estuvieron ahí; a cada uno, en su mérito, reconocimiento.
Pero tenemos que pasar a la acción. No sacamos nada con este gran ejercicio, porque después dicen: “Bueno, ¿para qué se reunieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuántas reuniones, sesiones o documentos escribieron?”. Tenemos que traducirlo. No me voy a pronunciar sobre lo de la consulta, porque creo que corre por otro carril. Aquí, en la Comisión de Constitución, Presidenta, toda la disposición para avanzar en un texto. Lo peor es dilatarlo en el tiempo. Democráticamente, no voy a condenar a alguien que no esté de acuerdo o haga una reserva; me parece plenamente legítimo. Esta Comisión reflexiona bastante, se trata de llegar a acuerdos, pero tenemos que dar pasos.
Y yo doy fe de lo que ustedes hicieron. Me representa por la pluralidad y por la forma en que trabajaron ustedes como comisión y Víctor en la secretaría. Eso se tiene que traducir en iniciativas; si no, esto lo mantenemos eternamente. Entonces, quería consignar eso: a disposición. Va a votar Tomás en lo que corresponda en la Comisión, pero manifiesto mi respaldo. Las precisiones que haya que hacer —como las que planteaba el profesor Zapata—, en los textos o en la numeración, que no sea un 3 bis, que es bien feo desde el punto de vista de la arquitectura de la Constitución, habrá que hacerlas. Pero creo que hay que valorar, y no quería dejar de consignar lo que ustedes hicieron.