Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 14 de octubre de 2025

Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 221 ordinaria se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 222 se encuentra a disposición de las señoras y los señores Diputados. A continuación, se concede la palabra al señor Secretario de la Comisión para dar cuenta. La Cuenta de la sesión de hoy: Se han recibido los siguientes documentos, señor Presidente. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de simple, para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y otros cuerpos normativos que indica. En segundo lugar, un proyecto de ley, iniciado por moción de las diputadas señoras Bravo y Ñamata.

Dice: y de los diputados señores Benavente, Bobadilla, Bórquez, Cornejo, Fuenzalida, Moreira, Sulantay y von Mühlenberg, que modifican la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para permitir que los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública puedan sufragar en el mismo local en que deben cumplir funciones el día de una elección o plebiscito. En tercer lugar, un proyecto de ley, de origen en moción del diputado señor Bobadilla, que rehabilita la nacionalidad chilena a doña Karen Parada Figueroa Lanche. En cuarto lugar, se han recibido las siguientes respuestas a un requerimiento de esta comisión, en orden a informar si se ha emitido una ordenanza para la entrega de prestaciones sociales y, en caso afirmativo, si dicha ordenanza incluye entre los beneficiarios a migrantes en situación irregular. Quienes han respondido durante esta semana han sido las municipalidades de Tierra Amarilla y de San Pablo. En quinto lugar, se ha recibido una respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a informar sobre el uso de los recursos que se han recibido en torno al impuesto royalty minero, en virtud de la ley N° 21.591. La respuesta es de la Municipalidad de Coinco, de la región de O’Higgins. En sexto lugar, un correo electrónico de la ONG FIMA solicitando exponer ante la comisión en relación con el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y otros cuerpos normativos que indica. En séptimo lugar, un correo electrónico de la señora Margarita Maira, encargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión, a la cual había sido invitada para exponer sus puntos de vista en relación con el proyecto de ley antes mencionado sobre asociaciones y participación ciudadana. En octavo lugar, un correo electrónico del abogado y académico señor Ramiro Mendoza, mediante el cual comunica que, por razones profesionales y académicas, le es imposible asistir a esta sesión, quedando atento a un requerimiento futuro, si así lo estima pertinente la comisión. En noveno lugar, se ha recibido una minuta del Servicio Jesuita a Migrantes en relación con el proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la ley N° 21.325 para restringir el acceso de migrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal. Por otra parte, se ha registrado el reemplazo para esta sesión del diputado don Renzo Trisotti por don José Carlos Meza y, finalmente, un pareo del diputado Trisotti con la diputada Camila Musante. Esa es toda la cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Berger; después, la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero solicitar a la comisión y a usted, en lo personal, recordar que el año pasado se trató una iniciativa, un proyecto que aprobó esta comisión y que posteriormente pasó a la Sala y se fue al Senado, relativo al incremento previsional que afecta a un número importante de funcionarios, específicamente de organismos de la administración municipal de nuestro país. Ese proyecto está en el Senado y, entiendo, radicado en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Solicito oficiar a dicha comisión para que le den alguna prevalencia, lo coloquen en tabla, le otorguen el tratamiento debido y termine su proceso al interior del Congreso Nacional. Pido el acuerdo de la sala para enviar el oficio o la comunicación a la Comisión de Gobierno Interior del Senado. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Se toma el acuerdo. Diputada Carolina Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. Agradecer a esta comisión porque vienen a exponer algunas dirigentas de Coquimbo, lo que es muy importante para el proyecto de ley que está en el número uno de la tabla. Pero mi punto, en varios, tiene que ver con una necesidad que se ha levantado principalmente desde la provincia del Limarí; particularmente estuve en Monte Patria durante el fin de semana y pude conversar con...

Con varios dirigentes y dirigentas de distintas juntas de vecinos, también de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, nos han destacado la necesidad de que esta comisión aborde el tema de las zonas rezagadas, o zonas de rezago, como se conocen. Sé que hay interés en esta comisión, porque otros parlamentarios y parlamentarias lo han planteado desde distintos lugares del país en este espacio. Me parece importante, sobre todo considerando la tramitación de la Ley de Presupuestos en las próximas semanas. Me gustaría, presidente, ver la posibilidad de invitar a exponer a algunos de los dirigentes que me plantearon esta situación, porque saben que vienen modificaciones y cambios en estos temas. Es muy importante seguir estando dentro de las comunas consideradas, lo que permite contar con mayores recursos para abordar problemáticas tan relevantes como, por ejemplo, la crisis hídrica que afecta fuertemente a esa comuna —diría que quizá es la de mayor crisis a nivel nacional—, y también otros asuntos relativos a la conectividad, entre otros. Por ello, pido que en alguna de las próximas sesiones podamos abordar este tema e invitar a los dirigentes y dirigentas que me lo plantearon. Muchas gracias. Diputada Carolina Tello, tendremos presente la solicitud para futuras sesiones. Ofrezco la palabra en Varios. Yo quiero pedir un oficio, presidente, porque me han llegado denuncias de vuelos desde Haití. Me gustaría oficiar a la Dirección Nacional de Migraciones y, no sé si esto se puede pedir a la JAC o a la PDI, para que informen el número de vuelo y el total de vuelos realizados desde comienzos del año desde el país de Haití; si existen responsables de la coordinación logística y financiera de dichos vuelos; los criterios de selección de las personas participantes; y con qué documentación están llegando estas personas. La información solicitada resulta de alto interés, porque lamentablemente me han llegado denuncias muy graves de que siguen arribando vuelos con ciudadanos haitianos, en el marco de la reunificación familiar. Tengo entendido —de hecho me reuní con la Contralora General de la República— que hay una investigación en curso, y me gustaría saber si hay resultados y qué ocurre con ello. Solicito el acuerdo de la comisión para oficiar. ¿Se oficia entonces a la Dirección Nacional de Migraciones y a la PDI? Se toma el acuerdo. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Ofrezco la palabra en Varios. No habiendo más palabras, pasamos a la Orden del Día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: 1) Continuar la discusión general del proyecto de ley, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley N.º 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y otros cuerpos normativos que indica, Boletín N.º 17.797-06, con vencimiento el 7 de noviembre. Sí, presidente. Pendiente en Varios: yo todavía no he intervenido y quisiera hablar. Adelante. Gracias. Solicito además oficiar al Ministerio de Justicia, específicamente al Servicio de Registro Civil e Identificación, para que agilicen la respuesta a la solicitud de cotejo de identidad de las personas respecto de las cuales existen proyectos de ley para otorgarles la nacionalidad por gracia o rehabilitarles la nacionalidad chilena.

Se hace presente que ha transcurrido bastante tiempo desde que se enviaron los antecedentes al Registro Civil y no se ha obtenido respuesta. En consecuencia, y conforme a lo indicado por nuestro secretario, don Juan Carlos, hay acuerdo para oficiar al Jefe del Subdepartamento de Identificación del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Les parece? ¿Oficiar? ¿Sí? Hay acuerdo. Se acuerda oficiar. Pasamos entonces a la orden del día. Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos, boletín 17.797-06, con vencimiento el 7 de noviembre del presente año. Para tratar el primer punto de esta sesión, se ha confirmado la asistencia de la señora Patricia Vargas, representante de la Junta de Vecinos de Coquimbo Oriente, consejera del COSOC de la comuna de Coquimbo y del Consejo Consultivo Doctor Sergio Aguilar; quien es acompañada por la señora Josefina Barrasa. De manera telemática nos acompañan el señor Felipe Tambolini, sociólogo, junto a don Francisco Estevez, del Círculo de Políticas Participativas. Muy buenas tardes, señora Patricia. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Iba a hacer mi presentación, pero ya la realizó el presidente de la comisión respecto de las organizaciones a las cuales represento. Solo me resta señalar que tengo una amplia trayectoria en estos temas: llevo 20 años como dirigente social en distintos ámbitos. Para ordenar las ideas, leeré las conclusiones que preparamos. Hoy nos convocamos aquí como ciudadanos a quienes nos une el haber sido elegidos por votación popular para representar las necesidades sociales de nuestros sectores. Nosotras fuimos elegidas por la comunidad; ustedes, por las promesas que formularon a sus votantes, respaldados por sus partidos políticos. Aunque sus miradas sociales pueden ser diferentes, conocen las necesidades que hacen indispensable la participación social y comunitaria. En este contexto, ustedes tienen la facultad de mejorar la participación ciudadana a través de la Ley 20.500. Agradecemos las consideraciones que hoy se presentan en el compilado que se está tratando, especialmente que se hayan recogido resultados de una encuesta y de una consulta ciudadana, de las cuales surgieron muchas de las propuestas. Deseamos destacar, entre otros, los siguientes puntos: - La modificación del artículo 72, inciso segundo, para incorporar en la versión final de la cuenta pública la participación y la opinión del Consejo de la Sociedad Civil. - La modificación del artículo 74, pues antes los miembros del COSOC éramos solo consultivos y ahora, además de consultivos, seremos incidentes. Lo ideal habría sido ser vinculantes, pero somos conscientes de que, por el sistema de representación política vigente en el país, aquello no es hoy posible. Aun así, el hecho de reconocernos incidencia es un gran avance, sobre todo en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión que afecten o alteren el bienestar de la ciudadanía. - La implementación del cargo de coordinador municipal para elaborar, implementar y realizar el seguimiento y la evaluación del plan de participación ciudadana. Habitualmente, nosotros canalizamos observaciones e inquietudes, precisando a la autoridad las prioridades de los distintos sectores; sin embargo, al ser solo consultivos y no incidentes, ello se desaprovecha. Contar con una figura que coordine este trabajo permitirá un mejor aprovechamiento de los esfuerzos y, sobre todo, tener a alguien que nos coordine.

Respecto del nexo entre el Consejo de la Sociedad Civil y, en este caso, el municipio, según nuestra apreciación de las modificaciones que se proponen, creemos que faltan más especificaciones. Por ejemplo, en el artículo 63 se establece que, en caso de ausencia del alcalde en las sesiones del COSOC, éste podrá ser representado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, con las mismas atribuciones para dar cumplimiento a lo resuelto en las sesiones. Este artículo se contradice con el artículo 94, que dispone que el COSOC será presidido por un consejero elegido por mayoría, quien tendrá entre sus funciones convocar y presidir cada sesión. Se debe elegir también un vicepresidente, que reemplace al presidente en caso de ausencia. En este punto se establece claramente quién asumirá la presidencia y quién nos representará. Sin embargo, encontramos una controversia entre ambos artículos: por una parte, se entendería que el alcalde preside y, si no asiste, lo reemplaza el Director de Desarrollo Comunitario; por otra, el artículo 94 señala que la presidencia debe elegirse entre los consejeros, con su respectivo vicepresidente. Se estaría duplicando la figura de presidente y vicepresidente, lo que no se condice con la forma en que efectivamente funciona el Consejo. En este mismo artículo se establece la cantidad de sesiones ordinarias anuales obligatorias en las cuales debe participar el alcalde. De la misma forma, debiera establecerse su asistencia a las sesiones extraordinarias, que deben ser de carácter obligatorio por tratarse de temas específicos y relevantes a tratar. En el artículo 74, inciso cuarto, quedan plasmados los plazos máximos de respuesta a los pronunciamientos de los integrantes de los COSOC; sin embargo, es necesario definir también cómo y quién fiscalizará el cumplimiento de estos plazos. Ya nos ha pasado que hemos hecho requerimientos, hemos presentado oficios y han quedado en el olvido. Por eso la importancia de que esto quede establecido en la ley: cómo se efectuará la fiscalización de estos cumplimientos. El artículo 75 bis señala específicamente que se podrá financiar el transporte de los consejeros para realizar sesiones en distintos sectores de la comuna. En nuestro caso, esto es bien recibido, porque la comuna tiene sectores muy diversos: urbano, rural y costa. Estos gastos deben rendirse ante el órgano respectivo. Lo contemplado en el artículo 94, inciso final, relativo a los medios necesarios para el financiamiento del COSOC, incluye los gastos de transporte de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del municipio. En caso de no contar con financiamiento, debiera incluirse también la facultad del municipio para utilizar sus propios medios. Todos los municipios y los distintos órganos con los cuales funcionan los COSOC cuentan con vehículos; por tanto, debieran ponerse a disposición cuando el órgano al que se adscribe el COSOC no cuente con presupuesto suficiente para ello. En el artículo 94 bis, que establece que el presidente del COSOC tendrá participación en las sesiones del Concejo Municipal con derecho a voz, se observa una contraposición al no quedar claramente definidos los roles en los artículos 65 y 94, precisamente por lo ya señalado respecto de la duplicidad en la elección de la presidencia. Además, dentro del Concejo Municipal el alcalde es quien dirige y, según una de las disposiciones, él mismo sería el presidente del COSOC; por lo tanto, la participación ciudadana quedaría igualmente representada. Es muy importante esclarecer que, dentro de los Concejos Municipales, es imprescindible escuchar al representante de cada COSOC.

Éramos meros observadores. En cuanto al artículo 94 B, si bien se establece que las funciones como consejero serán por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido dos veces, este plazo debe ser perentorio, sin importar la representatividad de la organización que represente. De esta manera se da mayor rotación a la participación ciudadana. ¿Qué queremos decir con esto? Que, aun cuando una persona sea electa por cuatro años y pueda ser reelegida, no vuelva a ingresar por otra organización, favoreciendo así la rotación y dando espacio a nuevos dirigentes. El artículo 93 B no debería tener modificación alguna, pues su texto original está bien definido. La propuesta introduce atribuciones ambiguas, particularmente en la frase “a la gestión interna”, cuando sabemos que cada artículo de la ordenanza regula y define el funcionamiento municipal. En el mismo artículo 93 B entendemos que una de las funciones principales de la municipalidad es garantizar el cumplimiento de las políticas sociales de la comuna. Por ello, la expresión “procura incluir en sus planes anuales de capacitación la formación continua de los funcionarios” no cumpliría con los cánones del texto original, ya que la capacitación del personal que se contrate debe estar orientada a la participación ciudadana. Esas son nuestras observaciones. Lo más importante es que se le dé prioridad a este proyecto y que ojalá se apruebe este año, o al menos avance en la Sala, porque la modificación es imprescindible: el próximo año se renuevan muchos consejos y esto impactará directamente en la percepción y la participación real de la ciudadanía, a la par con las autoridades de los distintos órganos. Muchas gracias por la invitación y por habernos escuchado. Muchas gracias, señora Patricia Vargas, representante de la Junta de Vecinos de Coquimbo Oriente y consejera del COSOC de la comuna de Coquimbo. Señor Secretario, si me confirma: la señora Josefina Barrasa, y en línea está Felipe… Perfecto, también Francisco Estévez. Entonces, le otorgo la palabra a la señora Josefina Barrasa. Bueno, nosotros trabajamos diariamente en política social, en terreno. Allí es donde ustedes no están, pero nosotros somos quienes hacemos ese trabajo y debemos ser capaces de expresarlo ante esta instancia. Por eso, en este momento, se nos presentan estas modificaciones, que hemos leído y analizado a partir de lo que hemos hecho en todos estos años de trabajo, en los que hemos colaborado directamente en la elaboración de distintos tipos de leyes para ir en beneficio directo de la comunidad. Ese es nuestro rol, eso es lo que queremos y lo que sostenemos para, día a día, ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Y, como dice Patricia, nosotros somos elegidos por nuestra comunidad, pero ustedes cumplen el rol más importante, que es plasmar lo que necesitamos en una ley de la República. Eso esperamos de ustedes, nuestros representantes de los distritos: que cumplan con las promesas que siempre hacen, y lo esperamos ahora, en este trabajo que se ha realizado todo este tiempo. Muchas gracias, y esperamos de todo corazón que, efectivamente, este año pueda salir a la luz todo lo que se requiere en esta ley.

Muchas gracias, señora Josefina Barraza. De manera telemática se encuentra el señor Patricio Tombolini, sociólogo, junto a don Francisco Esteves del Círculo de Políticas Participativas. Si están en línea, ofrezco la palabra a don Patricio Tombolini. Hola, un gusto saludarlos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a la Comisión de Gobierno Interior por darnos la posibilidad de exponer este ideal de la participación ciudadana que, diría yo, amamos rabiosamente. Me acompaña Francisco Esteves, del Círculo de Políticas Participativas, exdirector de la División de Organizaciones Sociales, quien cumplió un rol activo cuando la Ley 20.500 estuvo bastante tiempo en comisión mixta durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet (2006-2010). Presidente, ¿será posible presentar un PPT, poder proyectarlo, si ustedes me permiten? —Está autorizado; comparta pantalla. También puede enviarlo después por correo. —Perfecto. Estoy compartiendo; ¿se ve? —Sí, se ve. —Pondré la presentación en pantalla completa. Partamos con una breve introducción, contándoles lo que ustedes ya saben respecto de la Ley 20.500. Esta ley no emerge como una entelequia de carácter académico, sino como la consecuencia de un proceso progresivo de golpear las puertas del Estado para avanzar en este ideal de una democracia representativa y participativa, que tenga una expresión institucional de las demandas ciudadanas. Esto ocurre con fuerza en el gobierno del Presidente Lagos, donde, a través del primer Consejo Nacional de Participación Ciudadana, se discute la propuesta de una ley de participación, que finalmente es presentada. Posteriormente, en el gobierno de la Presidenta Bachelet hubo amplias coordinaciones entre el Ejecutivo y el mundo parlamentario para que se convirtiera en ley lo antes posible, concretándose finalmente en 2011. Quisiera compartir algunos hitos que, a nuestro juicio, son relevantes. Durante el segundo semestre de 2023 y parte de 2024, la División de Organizaciones Sociales, en el actual gobierno del Presidente Boric, inició un diálogo ciudadano con el objetivo de avanzar hacia una propuesta de reforma de la Ley 20.500. A ello se suma el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana en 2016, Consejo Asesor Presidencial, que culminó en un informe final con una propuesta de reforma de la Ley 20.500 y, a la vez, un diagnóstico de la participación ciudadana en Chile. En ese contexto, el entonces Subsecretario General de Gobierno, Omar Jara, dejó firmado un proyecto de reforma de la Ley 20.500, cuyo destino institucional no pudimos precisar. Finalmente, el Presidente Boric presenta la reforma actualmente en discusión. Después de este contexto, dejaré con ustedes a Francisco Esteves, porque queremos formularles una propuesta. Primero, decirles...