Mixta - Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos (Presupuesto) - 14 de octubre de 2025

Tercera Subcomisión de Presupuestos. La Secretaría, ¿tenemos Cuenta? Sí, presidente. Como esta es la Tercera Subcomisión, que también comprende la Partida del Ministerio de Salud, que ya fue vista —aunque está pendiente la votación—, corresponde dar Cuenta de la Central de Restaurantes Aramark Limitada. Ellos solicitaron audiencia, la que no será posible conceder; sin perjuicio de ello, se da Cuenta del documento que también les fue remitido, referido a una deuda que arrastra el Hospital San Juan de Dios con dicha empresa desde el año 2024. Ellos prestan servicios de alimentación al Hospital San Juan de Dios. Nada más, presidente. Bien. Buenas tardes. Saludamos al diputado Sáez, quien reemplaza a la diputada Jomans; al senador Núñez; al señor Ministro y a todo su equipo; y a todas y todos los asistentes a esta Subcomisión. Invitamos al señor Ministro a dar cuenta de la Subsecretaría de Previsión Social. Bien, presidente. Saludar a todos los miembros de la Comisión Mixta, senadores y diputados. Nos acompañan representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, particularmente de la Subsecretaría de Previsión Social y de los servicios relacionados. Lo que tenemos previsto es que, en primer lugar, el subsecretario Reyes presente la Partida presupuestaria de la Subsecretaría y que, luego, al igual que en la sesión pasada, podamos ir viendo servicio por servicio, presidente. Así que, si lo estima, para poder partir. Gracias, presidente. Saludar a las señoras y señores senadores y diputados presentes. Respecto al presupuesto de la Subsecretaría de Previsión Social...

Señor Presidente, este es un presupuesto básicamente de continuidad, que alcanza a 8.785 millones. Este es un servicio relativamente pequeño; no supera los 100 funcionarios. Si bien es de continuidad, tiene un incremento cercano al 5% y contempla como hitos relevantes para 2026, fundamentalmente, continuar con la implementación de la reforma de pensiones; a cuyo efecto, en el subtítulo 21, Personal, se incorporan dos profesionales a la dotación de la Subsecretaría para administrar el denominado Sistema de Datos Previsionales. Asimismo, en 2026 se iniciará la segunda fase del denominado Nodo Sectorial Laboral y Previsional, una plataforma de interoperabilidad para compartir e integrar datos que permitan a los servicios de todo el Ministerio intercambiar información para fines de fiscalización y estudios, y que, por otro lado, incorporará también la participación de privados como la Administradora de Fondos de Cesantía, las Cajas de Compensación y Previred. Esta Subsecretaría tiene también la tarea de difundir e informar a la población sobre los beneficios y coberturas en materias previsionales, para lo cual se han destinado recursos a campañas comunicacionales. Uno de sus elementos fundamentales es la educación previsional. Anualmente dispone de un Fondo para la Educación Previsional que, en este año, presenta una disminución de 6% y que apoya proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema previsional chileno, cuyos recursos se asignan mediante un concurso bajo la modalidad de ChileCompra, ya realizado durante el año 2025. El presupuesto 2026 considera, además, aplicar la novena ronda de la Encuesta de Protección Social, instrumento que nos acompaña desde 2006 y que ha sido fundamental para promover y estudiar las propuestas de reforma del sistema de pensiones chileno. Asimismo, contempla lo tradicional: financiar estudios requeridos por el Consejo Consultivo Previsional, por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y por el Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos son los hitos relevantes que fundamentan el presupuesto 2026 de la Subsecretaría de Previsión Social. Aprovecho de mencionar que, a la fecha, esta Subsecretaría tiene un 62% de ejecución del presente presupuesto. Gracias, Presidente. —Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. —Sobre la Subsecretaría de Previsión Social, tengo una consulta respecto a la obtención de las cifras. ¿Esto fue ajustado efectivamente en el presupuesto de 2025? ¿Está reajustado? Estamos hablando del mismo tipo de moneda, en el fondo. —Presidente, sí. Entiendo que las partidas consideran el reajuste, el factor inflacionario, para el año 2026, y está todo reajustado sobre la base de 2025, con el factor que se nos informó para estas cifras. —Senador Núñez.—Lo que yo entendí, no sé si es así, es que todas las cifras que nos están entregando —por ejemplo, esta cifra que aparece en la página 36, del 5,1%— corresponden a un aumento real; es decir, ya está incorporado el IPC, está deflactado. Si no fuera así, pido que nos precisen, porque, claro, nosotros tendríamos entonces que decir que, si son pesos del año 2025, hay que quitar la inflación para ver cuál es el aumento. Hago la pregunta para que se nos aclare técnicamente. En otro presupuesto me tocó preguntar —no me acuerdo si fue en la sesión o no— y me dijeron que estaba incorporado, pero uno perfectamente...

Puedo suponer que en un ministerio se pongan de otra manera; entonces es pertinente la duda para estar claros sobre lo que estamos discutiendo. A ver si el aumento es real o nominal, porque, si no, tenemos una diferencia grande. Presidente, por su intermedio, en efecto el aumento es real. La Ley de Presupuestos 2025, en la cifra consignada, incluye el presupuesto inicial, más reajustes y leyes especiales. Aprovechando la presencia de Jacqueline Canales, de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que es una instrucción universal para todos los servicios, quizás ella puede especificar cómo se presentan estas partidas dentro de los presupuestos y cómo se comparan finalmente sus variaciones. Tengo la duda principalmente en la línea de gasto en personal. Le ofrezco la palabra. ¿Puede pasar al frente? Para efectos del acta, si puede indicar su nombre y su cargo. Jacqueline Canales, jefa de sector Trabajo y Previsión Social de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Efectivamente, las cifras que se les presentan para 2025 y 2026 son comparables; estamos viendo crecimientos reales. En particular, este año, en la Ley de Presupuestos, para el gasto del subtítulo 21 (gasto en personal), 2025 se presenta en pesos de 2025, y 2026 no incorpora el reajuste del sector público. Esto porque la ley de reajuste del sector público se definirá en diciembre. Por lo tanto, 2026 está en cifras comparables, pero aún sin ese reajuste. Una vez que se apruebe la ley de reajuste, se incorporará el efecto correspondiente y se ajustarán tanto 2025 como 2026 a los pesos del año respectivo. En este momento, sólo el subtítulo 21 tiene esa particularidad; el resto de los subtítulos del presupuesto se comparan aplicando su respectivo deflactor. Me queda clara la explicación, pero me produce una distorsión, porque en el fondo me deja el mismo presupuesto que en 2025. Al no considerar la inflación, entonces lo que tengo al final no es el aumento real. Presidente, lo que señalamos es que 2025 se mantiene, si usted mira las columnas, en pesos de 2025. Posteriormente, se agrega el efecto del reajuste que se aplica en diciembre; en ese momento se ajustan 2025 y la Ley 2026. En años anteriores se procedía de modo distinto: se incorporaba un estimado del reajuste. Gracias. Ministro o subsecretario, gracias. A continuación, sigue la Superintendencia de Seguridad Social. Patricia Soto Altamirano, superintendenta subrogante de la Superintendencia de Seguridad Social. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, señoras y señores senadores y diputados, señor ministro.

Gracias, señor Subsecretario. Para el año 2026, la Superintendencia de Seguridad Social presenta un presupuesto de 22.444.078 miles de pesos, lo que, comparado con el presupuesto del año 2025, corresponde a una variación de 640 millones de pesos; esto es, un incremento de 2,9%. Al cierre, al 30 de septiembre de 2025, tenemos una ejecución presupuestaria equivalente al 75,5% de nuestro presupuesto como servicio. Respecto de las iniciativas que contempla el presupuesto para 2026, se presentan tres líneas claras: Primera, licencias médicas: control de la emisión y del gasto de las licencias médicas. Esta iniciativa busca fortalecer integralmente el sistema de control y fiscalización del otorgamiento y uso de licencias, mediante la creación y consolidación de capacidades analíticas, tecnológicas y operativas que permitan prevenir, detectar y sancionar prácticas indebidas en su emisión, optimizando el uso de los recursos de la seguridad social y asegurando criterios objetivos, transparencia institucional y equidad en el acceso al beneficio. Considera cuatro cupos a contrata y tres a honorarios a suma alzada para fortalecer las funciones fiscalizadoras otorgadas por la Ley N° 20.585 sobre uso y otorgamiento de licencias médicas, robustecer la capacidad analítica de datos con cinco nuevos cupos y la adquisición de un software de scraping para la fiscalización proactiva de la venta de licencias médicas. El monto aprobado para esta iniciativa corresponde a 473 millones de pesos. Segunda, iniciativa de continuidad del proyecto de fiscalización con analítica de datos. Busca lograr una fiscalización más efectiva a las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744; a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; a más de 170 Servicios de Bienestar del sector público; y a la administración financiera de fondos nacionales. El monto aprobado corresponde a 50 millones de pesos, por tratarse de una iniciativa de continuidad. Tercera, atención ciudadana oportuna y de calidad. Su objeto es mejorar la satisfacción usuaria mediante un proceso más eficiente de resolución de reclamaciones, continuando la estrategia de contratación de honorarios a suma alzada —esto es, de médicos— y desarrollando proyectos tecnológicos que permitan revisar con mayor facilidad los antecedentes presentados en las reclamaciones ante nuestra Superintendencia. Además, se considera la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en agencias regionales lideradas por mujeres en el norte del país: Iquique, Antofagasta y Copiapó. El monto aprobado corresponde a 207 millones de pesos. Eso es. Muchas gracias. Agradezco la palabra. Diputado Sáez.— Gracias, Presidente. En el ítem 04 del subtítulo 29 hay una caída del 41%. ¿Eso corresponde a proyectos que se han ejecutado únicamente durante este año y que, por lo tanto, no tienen ningún tipo de continuidad? Respuesta.— El único proyecto que tiene continuidad es la fiscalización con analítica de datos. El resto de los proyectos en materia de licencias médicas son nuevos y, en materia de atención ciudadana, también existe un proyecto de continuidad que dice relación con la profesionalización de algunos trabajadores que, estando en la Superintendencia de Seguridad Social, han seguido estudios superiores y han obtenido un título profesional. Diputado Sáez.— Mi pregunta, perdón, Presidente, específicamente es sobre “mobiliario y otros”. ¿Ocurrió durante este año y, entonces, ya está completado el proceso? Respuesta.— Se trata de operación corriente. ¿Patricia? Sí.

El último tema tiene que ver precisamente con las licencias médicas. La gran estafa que venía ocurriendo hace tantos años: es la Contraloría la que realiza una acción que permite la detección y poder perseguir efectivamente a esta gente inescrupulosa que hacía un mal uso de la licencia. Pero aquí hay dos elementos. Está, por un lado, la persona —porque también hay que ver que en el mundo privado esto ocurre—, la persona que adquiere maliciosamente una licencia, y por otro lado están los grandes emisores de licencias. Yo creo que hoy día, y la pregunta va a los sistemas informáticos que se están adquiriendo, si están enfocados a ampliar el cruce de información, como lo que hizo la Contraloría con una cosa acotada que tenía que ver con los viajes fuera del país, y después con los accesos a casinos. Me imagino que hay otras bases de datos a las que el Estado tiene acceso que también se podrían cruzar. Eso por un lado. Y lo otro que quería consultar es la interoperabilidad que tienen estos sistemas. Porque tuve una reunión con la Contralora y me hacía hincapié en este punto: el Estado tiene muchas reparticiones y, de repente, sus sistemas no conversan. Entonces es difícil realizar una acción fiscalizadora cuando hay un sistema diferente en cada repartición. Hay que procurar que, cuando vayamos adquiriendo sistemas informáticos, estos tengan interoperabilidad que permita el cruce de información y, además, la fiscalización. Nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, efectivamente somos el organismo público encargado no solo de fiscalizar las licencias médicas, sino también de regularlas en nuestro país. Y cuando digo fiscalizar y regular, hay que tener claras dos aristas: una es quién emite la licencia médica, y efectivamente ahí hay un tema con los emisores, que son los médicos, los cirujano-dentistas o las matronas. Para eso, este Congreso Nacional aprobó la ley 21.746, vigente en nuestro país desde el 24 de mayo del 2025. Esa ley, obviamente, nos otorgó a la Superintendencia de Seguridad Social nuevas facultades. A partir de ahí recién pudimos instruir a los operadores de licencia médica electrónica de nuestro país, que son IMED y MEDIPASS. Hoy en día, el 98% de las licencias médicas que se emiten en Chile son electrónicas. Solamente el 2% se emite en formulario de papel a través de las distintas COMPIN del país, sobre todo en zonas más rurales o extremas donde a veces no existe la conectividad a internet necesaria. Por otra parte, como Superintendencia de Seguridad Social, tenemos el rol de fiscalizar el cumplimiento de la licencia médica una vez que se entrega a los trabajadores. Y es eso lo que durante este año 2025 hemos hecho como servicio público con los distintos Informes de Fiscalización (IFI) que hemos emitido. Ya tenemos el IFI N° 1, que dio a conocer los resultados de la fiscalización a médicos que, estando con licencia médica, emitieron a su vez licencias médicas a terceros: fueron 6.410 profesionales. Por otro lado, aquellos médicos que se autoemiten: ahí detectamos 90 profesionales. Y, además, aquellos médicos que salieron del territorio nacional estando ellos con licencia médica: fueron 811 médicos. Ahí tenemos los IFI N° 1, 2 y 3. El IFI más grande, y el cruce de datos más amplio que ha hecho en su historia la Superintendencia de Seguridad Social en nuestros 97 años de existencia, corresponde al IFI N° 4. ¿Qué nos arrojó ese IFI? Cruzamos datos de licencias médicas electrónicas y de papel, más los movimientos migratorios de las personas que salieron del país estando con licencia médica. Eso nos arrojó 80.451 trabajadores del sector privado que, estando con licencia, salieron del país. Esos 80.451 trabajadores dieron origen a 109.000 licencias médicas. Y de esas 109.000 licencias, lamentablemente, el 83% corresponde a FONASA y el 17% a las distintas ISAPRES de nuestro país. Como servicio, el día martes 7 de octubre, que fue cuando publicamos esta información en la página web de la SUSESO, ese mismo día emitimos...

Se oficiaron tanto a la COMPIN Nacional, dando cuenta de todas las licencias médicas FONASA, para que se proceda a su rechazo por causal de incumplimiento de reposo. Lo mismo ocurrió con las ISAPREs: se notificó una a una para que las licencias de sus afiliados fueran rechazadas de inmediato. Una vez rechazadas, corresponderá que las respectivas entidades previsionales notifiquen a los trabajadores y, al mismo tiempo, a los empleadores, para que proceda el reembolso del subsidio por incapacidad laboral y se recuperen esos recursos. Paralelamente, como servicio, de esos 80.451 trabajadores, ¿qué médicos otorgaron esas licencias? Fueron 17.000. Respecto de esos 17.000 médicos, tenemos la facultad, en virtud de la Ley 20.585, de iniciar investigaciones de oficio para multarlos —multas hoy mucho más altas, que parten en 140 UTM— o sancionarlos con suspensión de la emisión de licencias médicas. Con la nueva ley, ante una tercera reincidencia, puede imponerse la sanción perpetua de no emitir nunca más licencias médicas, lo que es una medida bastante grave. Hasta ahora no se ha aplicado, porque la ley rige desde el 24 de mayo, pero son facultades que la Superintendencia de Seguridad Social tiene recién a partir de este año. Sin lugar a dudas, los cruces de datos llegaron para quedarse. No solo se mantendrán las fiscalizaciones que se venían realizando, sino que, en adelante, se agregarán fiscalizaciones con cruces de datos todos los años, tanto para trabajadores del sector público como del privado. Como Superintendencia de Seguridad Social contamos con procedimiento administrativo electrónico —somos una superintendencia cero papel— y disponemos de muchos datos, lo que permitió que, en su momento, la Contraloría nos solicitara información para efectuar los cruces que dieron origen al SIC N° 9 de funcionarios públicos. —Muchas gracias, Patricia. —Sí, para complementar lo que menciona la superintendenta, presidente, reiterar lo del nodo previsional y laboral que está siendo construido a través de la Subsecretaría de Previsión Social. Esa será la plataforma de integración y traspaso de datos, porque la interoperabilidad no son los cruces; los cruces son ex post. La interoperabilidad es poder determinar, en tiempo real y de forma simultánea, cuando se evalúa una licencia médica, si esa persona está fuera del país. Hoy eso no ocurre. Obviamente los cruces sirven, pero lo ideal es tener todo interconectado para que los servicios que requieren información puedan intercambiarla en el momento en que se necesita. —Exactamente. —Exacto. —Muchas gracias, secretaria. —Gracias, superintendenta. Me alegra que la ley que aprobamos esté teniendo efecto inmediato. Solo agregar, señor presidente, que la ley anterior era de 2012 y recién en 2024 pudo modificarse para otorgar mayores facultades tanto a la COMPIN como a nosotros, en un momento en que era absolutamente necesario. —Gracias. ¿Seguimos, ministro? —Sí, presidente. Continúa la Superintendencia de Pensiones. ¿Don Osvaldo… Macías? —Osvaldo Macías. —Osvaldo Macías: Buenas tardes, señor presidente. Saludo a los parlamentarios y autoridades presentes. En cuanto al presupuesto de la Superintendencia de Pensiones, está fundamentalmente enfocado en continuar implementando la reforma de pensiones aprobada por este Congreso en enero del presente año, cuya implementación tendrá, durante los cuatro años posteriores a su aprobación, sus hitos más relevantes. Por tanto, este y el próximo son años clave para dicha implementación. El presupuesto considerado para 2026 para la Superintendencia es de 27.314 millones de pesos, lo que equivale a un aumento de 3,3% respecto del año pasado. Casi la totalidad de ese aumento está relacionada precisamente con la implementación de la reforma.

Con la implementación de la reforma previsional. De esta manera, podemos ir viendo los principales componentes de este aumento del presupuesto. El gasto en personal aumenta en 0,5%, equivalente a 27 millones de pesos. Está aprobado en el informe financiero que este Congreso aprobó junto a la reforma a las pensiones y completa de esta forma la dotación adicional que se dio a la Superintendencia de Pensiones para implementar la reforma. A la Superintendencia se le otorgaron 20 cargos, 18 de los cuales ya fueron generados mediante decretos supremos del Ministerio de Hacienda, uno de ellos del presente año, y los dos cargos restantes son los que se están solicitando ahora para el año 2026. Se trata de dos ingenieros informáticos para potenciar el área de informática de la Superintendencia y el área de gobernanza de datos, que nos ayude a implementar la reforma. El otro ítem que aumenta es el de bienes y servicios de consumo, en 16,8% (590 millones de pesos). Este incremento está destinado en su totalidad a desarrollar licitaciones para construir sistemas informáticos y a la consultoría para elaborar el régimen de inversión, la cual fue adjudicada mediante licitación pública durante el presente año. Tanto esta consultoría, para apoyar a la Superintendencia en el diseño del régimen de inversión de los fondos de pensiones, como los sistemas informáticos que se subcontratan, están contenidos en estos 590 millones de pesos. Posteriormente, el único ítem que se solicita incrementar y que no está relacionado con la reforma de pensiones tiene que ver con las transferencias corrientes: 150 millones de pesos, equivalentes a un 2,1% de aumento en el presupuesto, destinados a las comisiones médicas. Estas comisiones tienen como propósito calificar la invalidez de las personas que lo solicitan, y el objetivo de este incremento es contratar al menos 5 médicos para reforzar la dotación de la comisión médica central. Cabe señalar que hay aproximadamente 100.000 solicitudes anuales de calificación de invalidez y otras 20.000 de apelaciones a los dictámenes de los médicos de las comisiones; por lo tanto, son 120.000 solicitudes de invalidez que deben calificarse cada año. Por eso se pide este aumento, para potenciar la dotación de médicos y hacer frente a esta demanda. El otro aumento corresponde a la adquisición de activos no financieros: 56.776.000 pesos, equivalente a un 12,3% de incremento, destinado también a apoyar la reforma, específicamente a la adquisición de equipos y programas informáticos para la reforma a las pensiones. Eso es lo que puedo señalar, señor presidente. Gracias, don Osvaldo. Ofrezco la palabra. Bien. Presidente, a continuación le corresponde al Instituto de Previsión Social y su director, Juan José Cárcamo. Buenas tardes, presidente. Saludarlos y saludar, por su intermedio, a las y los honorables parlamentarios que forman parte de esta comisión mixta. También saludar a las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Respecto del presupuesto 2026 del Instituto de Previsión Social, señalar que es un presupuesto de continuidad. Es un presupuesto que incluye 12.346.000 millones de pesos, que aparece con un incremento del 5,1%, pero que se explica fundamentalmente por el aumento del subtítulo 23 respecto de prestaciones de seguridad social, considerando que estamos incluyendo el incremento de la Pensión Garantizada Universal, que para el año 2026 va a incorporar a todas las personas mayores de 75 años. Ya incluye también el reajuste que tiene la Pensión Garantizada Universal en el mes de febrero, además de los nuevos beneficiarios de las leyes reparatorias. También están incluidas ahí alrededor de 391.000 personas que este año vieron incremento en sus beneficios.

El subtítulo 23 corresponde al 91% del presupuesto total del servicio. Es decir, si se suman los subtítulos 23 y 24 de transferencias corrientes, que también corresponden al pago de beneficios de seguridad social —en este caso, el 24 respecto de transferencias por el pilar solidario—, entre ambos el 97,3% de todo el presupuesto institucional está destinado única y exclusivamente al pago de beneficios de seguridad social. Respecto de los incrementos en algunos subtítulos, estos están vinculados directamente con las tareas de implementación de la reforma previsional, aprobada por el Congreso Nacional e incluida en el informe financiero. Tanto es así que en el gasto en personal se establece un incremento de 3,4%, debido a una mayor dotación aprobada por el informe financiero, que en total corresponde a 207 cargos: 156 a proveer este año —prácticamente todos ya contratados— y 51 vacantes para el próximo año. En el subtítulo 22 también hay un incremento de 6,1%, explicado exclusivamente por la implementación de la reforma previsional. Con esos recursos se financiarán las comisiones bancarias, dado que todos los beneficios —alrededor de 3,5 millones de pagos mensuales en la actualidad— se cancelan a través de proveedores, que en este caso son la Caja Los Héroes y BancoEstado. Por lo tanto, al existir mayor cantidad de beneficios, aumentan las comisiones bancarias, los servicios de recaudación del seguro social y los servicios informáticos que conlleva una implementación de esta envergadura. Durante el año ya se cumplieron dos hitos relevantes: la recaudación del mes de agosto y el pago del incremento de la PGU en septiembre, realizado entre el 1 y el 16 de ese mes. Las principales líneas programáticas de este presupuesto están orientadas a garantizar la continuidad del servicio con la red ChileAtiende, que forma parte del Instituto de Previsión Social; financiar los pagos de todos los beneficios, incluidos los beneficiarios de las cajas de previsión, del pilar solidario, de la Pensión Garantizada Universal y de los demás beneficios sociales del Estado que se pagan a través del Instituto. Asimismo, este presupuesto tiene como finalidad financiar toda la red de pago disponible en la actualidad: 254 locales de pago presenciales —107 de BancoEstado y 147 de la Caja Los Héroes—, además de 1.320 localidades rurales donde concurrimos mensualmente a pagar beneficios mediante empresas de transporte de valores. Del mismo modo, somos responsables del funcionamiento eficiente de la red de atención ChileAtiende, con presencia en prácticamente todo el país: cobertura del 90% de las comunas a nivel nacional, 202 sucursales presenciales y un conjunto de otros canales de atención. Estamos llegando a más de 150 millones de interacciones con ciudadanos durante el año, y ChileAtiende es la tercera página más visitada del Estado de Chile. Dentro de las líneas programáticas, cabe destacar los beneficios de seguridad social, en particular la Pensión Garantizada Universal conforme a la Ley 21.419, donde se considera un universo mensual promedio de 2.326.504 beneficiarios. De este total, alrededor de 603.242 personas verán incrementado su beneficio por tener 75 años y más, recibiendo 250.000 pesos de PGU. La configuración completa de la Pensión Garantizada Universal se observa en el cuadro que se está mostrando: la PGU contributiva corresponde a 1.655.997 beneficiarios y la no contributiva a 668.052.