En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Comenzamos con la revisión del presupuesto en la Segunda Subcomisión Especial Mixta, y en este caso abordaremos la Partida 04, correspondiente a la Contraloría General de la República.
Saludamos a la Contralora General de la República, señora Doris Di Pérez; al Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino; a la Jefa de la División de Administración Interna y Abastecimiento, señora Daniela Andiú; y al Jefe del Departamento de Finanzas de dicha División, señor Mauricio Rojas. De la Dirección de Presupuestos, saludamos a la Jefa de la Secretaría de Ministerios Políticos y Poderes Autónomos, señora Mabel Barrales, y a la analista profesional del Sector Presupuestario, señora Jimena Zúñiga. Asimismo, saludamos al senador Javier Macaya, al diputado Jaime Sáez y al diputado Luis Cuello.
Señora Secretaria, ¿tiene algo en la Cuenta?
Presidente, hace un rato llegó una respuesta de la Directora de Presupuestos a un oficio enviado por esta comisión durante la ejecución presupuestaria de la Partida 04, correspondiente a la Contraloría General de la República. En síntesis, lo solicitado era suplementar el presupuesto en 1.200 millones de pesos en el subtítulo 22, destinados a gastos informáticos, así como en el subtítulo 21, para la adecuada gestión de los procesos sumariales.
La Directora de Presupuestos informa que el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 se presentó con un incremento de 1,5% para la Contraloría General de la República, principalmente para la contratación de 62 profesionales por 1.632 millones de pesos y la adquisición de infraestructura de almacenamiento y servidores por 2.073 millones de pesos. Incluye, además, la contratación de 53 profesionales por 1.659 millones de pesos, que habían sido autorizados para 2025, pero que, producto de la rebaja transversal, quedaron pendientes. Señala, por tanto, que en lo concerniente al presupuesto 2026, la Contraloría General de la República puede proponer reasignaciones en función de sus prioridades dentro del presupuesto que se apruebe para dicho año, sin perjuicio de que cualquier solicitud de gasto adicional será analizada con el correspondiente resguardo del gasto fiscal comprometido. Esa es la Cuenta, señor Presidente.
Gracias, señora Secretaria. Ya que recién recibimos esto de la DIPRES, quisiera preguntar directamente a la señora Contralora General si el oficio de la subcomisión que enviamos, en el marco de la ejecución presupuestaria, para incrementar algunos recursos a la Contraloría por las necesidades que tenía, obtuvo respuesta.
Muchas gracias, señor Presidente, por la invitación. Y, por su intermedio, saludo a todas las autoridades presentes y a los funcionarios. Respecto de su consulta, no hemos recibido un oficio del Ministerio de Hacienda sobre esta materia y nos estamos enterando por esta vía, en este momento, de la respuesta remitida a la comisión. Específicamente, en lo que se refiere a las dos solicitudes planteadas, se trata de elementos que nos parecen críticos del proyecto de presupuesto.
Señor Presidente, queremos insistir en dos aspectos que para nosotros son críticos: primero, la contratación de diez profesionales que quedaron pendientes —solicitud que fue rechazada— para poder realizar procesos sumariales; y segundo, 1.200 millones de pesos para el almacenamiento informático, específicamente para adquirir licencias y permisos para servicios en la nube (cloud), a fin de recibir toda la documentación electrónica y digital que nos remite la Administración del Estado.
Nosotros solicitamos, señor Presidente, un aumento presupuestario de 8,5%. Sabemos que la situación del país es compleja y se nos autorizó un presupuesto de 1,5%, es decir, siete puntos de diferencia. No esperamos alcanzar el 8,5%, entendemos el contexto, pero estos dos puntos —los diez funcionarios adicionales a los 62 que nos autorizaron, pues habíamos pedido 72, y los 1.200 millones faltantes para almacenamiento— son realmente críticos para nosotros.
La información que recibimos, no solo en el sistema CIRREC, sino también en CIAPER, en SICOGEN, en el sistema SICA y en todas nuestras plataformas, debe quedar almacenada en algún sistema, en alguna nube o en un storage, en servidores. Efectivamente, se nos están otorgando recursos para una parte de esas soluciones, pero faltan 1.200 millones; sin eso corremos el serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan. En la comisión anterior, cuando usted me consultó sobre esto mismo, hice presente que CIRREC hace algunas semanas se había caído precisamente porque no tiene la capacidad de recibir toda la documentación electrónica de rendición de cuentas. Ese es un riesgo grande, porque pedimos a los ejecutores que reciben las transferencias de recursos públicos que rindan oportunamente y, cuando lo hacen, el sistema no responde y se cae, ya que no tiene la capacidad de almacenar todo con la velocidad que la ciudadanía está rindiendo; me refiero a ejecutores de transferencias, públicos y privados.
Por ello, queremos reiterar —por su intermedio— la solicitud que hemos hecho a Hacienda de estos 1.200 millones para almacenamiento informático y de las diez personas adicionales para reforzar nuestros equipos de sumarios administrativos. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Contralora. Lo vamos a tomar al final de la sesión, para definir qué decisión vamos a tomar al respecto. Y ahora le ofrezco formalmente la palabra para que comience a exponer el presupuesto de la Contraloría General de la República. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Nuevamente saludo a las autoridades presentes y, por su intermedio, a los señores parlamentarios que nos acompañan. En esta presentación nos referiremos a los énfasis estratégicos del año 2026, al proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año de la Contraloría —Partida 04— y al avance de la ejecución de la Ley de Presupuestos del año 2025.
En cuanto a los énfasis estratégicos, tenemos cinco focos específicos:
1) Fortalecer la prevención, investigación, detección y sanción de actos de corrupción, y fomentar la transparencia.
2) Fortalecer el sistema nacional de control.
3) Incorporar el uso de tecnología avanzada en nuestras labores institucionales.
4) Impulsar la cooperación institucional.
5) Gestionar la confianza pública.
De acuerdo con nuestro plan estratégico, y para los dos primeros puntos, nuestras líneas de trabajo incorporan nuevos ámbitos de control relacionados con el cumplimiento de los deberes de las instituciones públicas, de las autoridades y de los funcionarios, con enfoque en cumplimiento normativo, control jerárquico y control de la entrega de beneficios sociales, como lo hemos anunciado.
Asimismo, impulsaremos la publicación y difusión de nuestra jurisprudencia administrativa y la publicación de los actos administrativos que están en trámite de toma de razón —reglamentos, decretos y resoluciones—. En tercer lugar, fortaleceremos el sistema de rendición electrónica de cuentas, CIRREC. Enseguida, reforzaremos la seguridad en el tratamiento de los datos y la ciberseguridad. En quinto lugar, la innovación y la creación de aplicaciones y algoritmos, con el uso de big data e inteligencia artificial. En sexto lugar, la renovación acotada de nuestra infraestructura tecnológica, atendida la situación presupuestaria del país, con foco en cortafuegos para la seguridad informática, en la central de comunicaciones, en el almacenamiento informático —como mencioné hace un momento— y en los equipos para los usuarios. En séptimo lugar, el desarrollo de algunos aspectos críticos de nuestras plataformas, como CIAPER...
Este sistema tiene toda la información del personal de la Administración del Estado, tanto central como municipal. SICA, que es el Sistema Integrado de Control de Auditorías, lleva la trazabilidad de las fiscalizaciones que realiza la institución; SICOGEN, el Sistema de Contabilidad General de la Nación; y TEMIS, la plataforma que utiliza el Juzgado de Cuentas para llevar adelante sus tareas.
En lo que se refiere a los énfasis de incorporar el uso de tecnología avanzada e impulsar la cooperación institucional, tenemos un énfasis estratégico en el incremento de la integración institucional a través de convenios para el acceso e intercambio de bases de datos con distintos organismos públicos, en virtud de los cuales nosotros entregamos bases de datos a los servicios y ellos también nos entregan a nosotros información para un mejor control. En noveno lugar, el fortalecimiento institucional con organismos internacionales. En décimo lugar, el incremento en actividades de formación de funcionarios de la Administración del Estado, a través de nuestro Centro de Estudios de la Administración, para capacitar a los funcionarios del sector público y que puedan desarrollar mejor sus tareas, con menos errores y mayor robustez.
El énfasis 11 es adecuar las bases de datos jurídicas que contienen documentos no estructurados, impactando positivamente en la respuesta a consultas y dictámenes. Luego, generar un asistente de toma de razón automatizado para materias repetitivas y sencillas, que apoye a los abogados en el análisis de legalidad y en las posibles respuestas a la ciudadanía, a fin de agilizar dichos pronunciamientos. Décimo tercer punto, la inversión en la futura sede regional de Atacama, que aún funciona en un edificio arrendado y cuya reposición es un anhelo muy sentido de los funcionarios, porque el programa de renovación de sedes ha avanzado en todo el país, pero esa región todavía está pendiente.
Enseguida, el aumento en la dotación de nuestro personal, enfocado fundamentalmente en el trabajo de línea en las fiscalías administrativas permanentes para llevar adelante los sumarios; abogados informantes para atender los dictámenes que solicita la ciudadanía; fiscalizadores de obras para controlar en terreno y técnicamente los proyectos; abogados para el Tribunal de Cuentas; y abogados para la toma de razón en materias de personal.
Esos son los énfasis estratégicos de nuestro proyecto 2026 y, efectivamente, ahora vamos a ver el detalle del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 para nuestra Partida 04. En primer lugar, queremos hacer presente, señor Presidente, que este proyecto prioriza la continuidad operacional y el cumplimiento legal de las obligaciones de la Contraloría, incorporando algunas mejoras en la gestión interna, cierto refuerzo tecnológico y nuevos mecanismos de control más modernos, sistemáticos y accesibles. He puesto énfasis en la palabra “algún”, atendida la situación presupuestaria del país. Hemos seleccionado lo que nos parece más crítico, por supuesto luego del cumplimiento básico de nuestras obligaciones. Orientamos, en este proyecto, la gestión responsable y eficiente de los recursos.
Incluimos una solicitud de recursos adicionales para reforzar personal en la gestión de nuestros procedimientos disciplinarios y de aquellos que realizamos respecto de la Administración del Estado; para una atención más oportuna de las denuncias; y para la fiscalización. Asimismo, para fortalecer el CIRREC, el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas, y la renovación y crecimiento de algunos activos tecnológicos, sobre todo enfocados en que nuestras plataformas puedan sostenerse.
Les señalé en la sesión anterior que, cuando comencé la subrogancia, solicité un levantamiento de todas las plataformas informáticas de la Contraloría para conocer su estado, y en algunas de ellas había una situación bastante crítica; en otras, en términos promedio, podemos decir que tenían un 50% de obsolescencia, porque no se han tenido los recursos a tiempo, a través de los años, para realizar las mantenciones necesarias. Se ha hecho un esfuerzo significativo para mantenerlas operativas y se han creado algunas nuevas; sin embargo, hay plataformas más antiguas que requieren, a estas alturas, un mantenimiento urgente. En ese punto también nos enfocamos con este proyecto, y, por supuesto, en el terreno para la nueva sede regional de Atacama, como señalé hace un momento.
El proyecto incorpora específicamente 115.640 millones de pesos para el año 2026, lo que representa un aumento de 1,5% respecto del año 2025. Esto se distribuye en dos líneas: el Programa 1, operación de la Contraloría, 114.000 millones de pesos; y el Programa 2, fortalecimiento de CIRREC, 1.421 millones de pesos. Quiero hacer presente aquí, señor Presidente, por su intermedio...
Señores parlamentarios, para el programa CIRREC, el programa 2, el Ministerio de Hacienda nos ha informado que el fortalecimiento se dividiría en tres años: para este primer año, los 1.421 millones que he mencionado, y el resto en los años venideros. Y eso es un apoyo, efectivamente, pero quiero hacer presente que la velocidad de aumento de la rendición de cuentas no se distribuye en tres años. Con la legislación que este mismo Congreso Nacional ha ido aprobando —tras el caso convenios—, que exige una rendición electrónica de cuentas en mayor cantidad de casos, incluso a ejecutores privados, esto se nos ha venido encima como una ola. No es simple distribuir esta carga en tres años. Entendemos la situación del país, y por eso estamos insistiendo, como lo señalé al comienzo, señor Presidente, en la necesidad de 1.200 millones adicionales a lo autorizado en el proyecto presentado al Congreso, que aún deben discutir el Senado y la Cámara. Estos 1.200 millones son precisamente para almacenamiento informático, para recibir esa data, entre otras cosas, para el CIRREC. Enseguida, en la siguiente lámina está el detalle por si alguien quisiera revisar algún punto específico. Entiendo que, por razones de tiempo, no es necesario que profundice.
Una consulta muy breve. Tiene que intervenir el senador Macaya, y aprovechamos de saludar al senador Rodrigo Galilea, miembro titular de la Comisión.
Junto con saludar a la Contralora y al equipo que la acompaña, al final de su presentación quiero hacerme cargo de la realidad de la respuesta a los oficios y de lo que, a mi juicio, debemos hacer con este presupuesto de cara a la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos. Pero hay un tema particular que no solo está contenido en este presupuesto, sino que aparece en varias partidas de la discusión presupuestaria de este año y que ha sido objeto de análisis por centros de estudio: el subtítulo 21, gasto en personal.
En la presentación, respecto del año 2025, aparece “ley más reajuste” por 93.000 millones de pesos; comparado con lo que viene el próximo año, se observa una variación de 1,7%. Tenemos la inquietud —y me gustaría saber si la Contraloría la ha considerado— de que esto puede ser una mala noticia para la propia Contraloría, dada la ley de reajuste del sector público que se discutirá en diciembre. El monto que figura en la primera columna del subtítulo 21 (los 93.000 millones) está a pesos de 2025, no indexados al año 2026. Esto significa que el ajuste efectivo al año siguiente no es 1,7%. Esta es la información oficial que emana de la Dirección de Presupuestos y es lo que se presentó en el proyecto. Sin embargo, en los últimos diez años, cuando se presentaba esta columna del subtítulo 21, se consideraba el reajuste del sector público y, al menos, un cálculo respecto de la variación de la inflación.
Por lo tanto, si se considera adecuadamente ese 1,7%, el presupuesto para 2026 sería del orden de 95.086.425.000 pesos, y el reajuste real no sería 1,7%, sino menor. Lo planteo porque, frente a la necesidad que tiene la Contraloría de aumentar su dotación de personal, esto es preocupante. No traspaso la responsabilidad a la Contraloría; el emplazamiento es a la Dirección de Presupuestos: la columna que nos presentan para 2025 no incorpora el cálculo del aumento del costo de la vida, y la comparación debiera hacerse entendiendo que, además, todos sabemos que habrá reajuste del sector público, más allá de cómo se haya presentado este presupuesto. Es, entre comillas, una anomalía que no se observaba en presentaciones anteriores, no solo en la Contraloría, sino también en otros servicios.
Creo que aquí es especialmente relevante, considerando el rol que ha cumplido la Contraloría General de la República este año, ampliamente difundido, y lo que ha significado en términos de ahorro para el Estado de Chile, tanto en el sector público —por ejemplo, con las licencias médicas— como también en el sector privado en materias vinculadas. Lo planteo como una preocupación, porque el cálculo no está hecho como se hacía en años anteriores respecto del número del subtítulo 21.
Gracias, senador Macaya. Le voy a dar la palabra al senador Galilea.
Solo para refrendar lo que plantea el senador Macaya: sería muy útil una aclaración de la DIPRES en esta materia, porque si la primera columna —para explicarlo en simple, solo sueldos— la estamos comparando con 2026 pero no trae valores 2026 para comparar peras con peras, no estamos frente a un aumento de 1,5%, sino más bien frente a una baja real. No recuerdo la inflación exacta del IPC del año, pero es superior a 1,5%, en torno a 3,5% o 4%. En los presupuestos, como se ha dicho, siempre se comparan pesos traídos a valor presente; es decir, el inicial del año 2025 debe estar expresado en pesos 2026 para comparar peras con peras. De lo contrario, no habrá recursos suficientes, al menos en el subtítulo 21, para pagar los sueldos con el reajuste que corresponde por ley, lo que sería un problema mayor. Por eso, presidente, agradeceríamos claridad de la DIPRES sobre cómo se construyeron estas tablas, porque es muy relevante para el análisis del presupuesto.
Gracias, senador. Le doy la palabra al diputado M. Sáenz y, luego, consultaremos a la DIPRES sobre este punto.
Gracias, presidente. Quisiera pedir, precisamente, que se pronuncie la o el sectorialista de la DIPRES; me quedan dudas respecto de lo planteado. Sería importante que lo aclaren. Le ruego, además, que se presente para que quede en el acta.
Mabel Barrales, jefa del sector Ministerios Políticos y Poderes Autónomos. La presentación del presupuesto de este año simplemente no dejó la provisión para reajuste que incluíamos todos los años. No es que multiplicáramos por un factor aplicando el IPC; se usaba un factor para llevar los pesos al año siguiente y hacerlos comparables, pero generalmente no coincide con el reajuste que finalmente se otorga a los funcionarios públicos. Llevo muchos años en la DIPRES y, desde hace más de 30 años, lo presentamos así. No poníamos el factor en el subtítulo 21 porque, en estricto rigor, lo que se paga es un reajuste y ese reajuste no está legislado por adelantado; no hay ley de reajuste vigente al momento de enviar el presupuesto.
Cuando incorporábamos ese factor, era solo una provisión. De hecho, si uno revisa el cuadro de gastos permanentes, esa provisión no era permanente; estaba separada, porque debía ser ratificada por una ley. Cuando la ley se aprueba, asignamos los recursos para el reajuste, sea mayor o menor. Ha habido años en que el reajuste ha sido menor al factor considerado y hemos debido rebajar el subtítulo 21, y en la mayoría de los casos ha sido mayor y hemos debido incrementarlo. Que el presupuesto vaya sin ese factor no significa que no se vayan a asignar los recursos.
Además, este es un año de cambios. Si se asignan todos los recursos desde el inicio, pueden generarse holguras durante el año por la salida y entrada de personas propia de un nuevo gobierno. También se estableció la regla de reposición 3x1 para las vacantes por retiro, considerando que, en general, esas dotaciones ya se encuentran reemplazadas.
En la DIPRES, por ejemplo, toda la gente que tenía esa edad, que eran en su mayoría jefes de sector, ya la hemos reemplazado; a la gente más antigua. Entonces, la verdad es que reemplazar tres por uno igual es un beneficio, porque llega una persona a hacerse cargo de funciones. En el fondo, es eso. No es que no les vayamos a dar los recursos para el reajuste. Cuando esté la ley de reajuste, se otorgarán los recursos que sean necesarios. Están todas las partidas iguales.
Presidente, solo quiero dejar en acta que esta es una situación que, bien lo dice —y no es responsabilidad, porque asumo que no es una decisión política o estratégica de cara a la discusión presupuestaria que haya tomado la sectorialista Mabel Barrales; en eso la excuso de responsabilidad—. Ella señala, y es útil su amplia trayectoria, que esto se hacía así hace 30 años; pero al menos en los últimos 10 años, en la revisión que han hecho las personas (yo no he revisado 10 años atrás), si ya habla de 30, quizás hace 29 años se viene haciendo así, y eso es una anomalía dada la situación presupuestaria que vive Chile.
Mi punto, y lo quiero dejar en acta, es que en el caso de la Contraloría para mí es especialmente sensible. No tengo ninguna duda de que hay servicios públicos —y en esta discusión que se va a tener en la Comisión Mixta— a los cuales probablemente no les aplicaría reajuste al sector público; es una discusión que quizás hay que mirarla. Hay un montón de servicios que yo observo. Pero si hay un servicio que yo tuviese que elegir y entender la importancia de escuchar las necesidades presupuestarias en el subtítulo 21, es la Contraloría General de la República, porque probablemente gracias a la gestión de esas personas hoy día el presupuesto no es tan escuálido como sería si la Contraloría no hubiese hecho la labor que ha hecho durante este año.
Presidente, solo para efectos de lo que viene en la discusión presupuestaria, y con la información que me acaban de aportar: aplicando el deflactor, la variación es menos 1,3%. Para que se tenga presente. Y hago la diferencia: no voy a hacer este punto en el Ministerio de las Culturas, no lo voy a hacer en muchos ministerios; pero en la Contraloría sí lo voy a hacer, porque no necesito buscar mucha prensa para entender lo que ha sido la Contraloría este año.
¿Podría repetir lo último que dijo? ¿Cuál sería el porcentaje? —Menos 1,3%, aplicando el deflactor.
Tenemos una diferencia ostensible. Yo sostengo, en base a la explicación que se ha dado acá, que el aumento es real de 1,7%; el senador Macaya dice que es menos 1,3%, o sea, que está decreciendo el presupuesto de la Contraloría. Por lo tanto, eso debiese ser aclarado antes de poder votar.
Presidente, ¿algo que decir respecto a eso? —Sí. El subtítulo 21 generalmente va parejo; tenga reajuste o no, el incremento es real. Ellos crecen el monto que aparece como crecimiento, efectivamente. Si le aplicamos el reajuste, hay que aplicarlo tanto a 2026 como a 2025; así van a quedar comparables. Pero como 2025 ya pasó, ya está ejecutado. Sí, pero si quiero comparar, tendré que aplicarlo a las dos columnas.
Creo que la gran duda que subyace, al menos la mía, es por qué se hace un cambio respecto de lo que se venía haciendo hace 30 años, como usted bien indica, de una manera, y ahora se hace de otra. Esa es una decisión política que tomó el Ministerio de Hacienda; las explicaciones que se han dado, a mi juicio, hoy no son satisfactorias. Puedo entender, en estrechez fiscal, que en otros ministerios haya que ajustarse el cinturón —es súper necesario en este país y comparto que todos tenemos que hacer un esfuerzo—, pero tuvimos esta discusión a propósito de las Fuerzas Armadas hace una semana, Presidente: exigir nuevas funciones, atribuciones, estados de excepción, a personas que antes no tenían esa función, entregándoles menos recursos, no corresponde.
Acá no solamente pasa eso, sino que han demostrado con números que han sido capaces de mejorar en algo la situación fiscal de Chile por el trabajo que ha hecho la Contraloría. Para que continuemos, porque esta es una discusión que va a dar para la Mixta. Gracias, senador Macaya. Aprovechamos de saludar al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Castro, quien también me ha pedido la palabra. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludar a la Contralora y a la gente del Ministerio. A mí, respecto de este presupuesto, me saltaron unas alarmas. No sé si es lo mismo que señaló el senador Macaya, pero aquí, en el fondo, se ha copiado el presupuesto anterior. No se le ha aplicado, según entiendo, el IPC, o no se ha hecho la corrección correcta. Y, según las tablas que ha preparado parte de mi equipo, en el fondo estamos entregando un −2,2% a la Contraloría. O sea, es un presupuesto negativo. Y yo creo —y aquí va la parte política, porque lo anterior es matemática, y no soy experto en matemáticas— que es impresentable que justamente a aquellos que, si uno les pone un peso más, te devuelven mucho más en términos de la labor que están realizando, se les recorte. Esto no se condice con la realidad que quiere Chile ni con lo que ha conseguido la Contraloría, señor Presidente. Quisiera dejar planteado este punto y, quizá no para esta discusión, pero sí me gustaría juntarme con el Ministerio para que me pueda explicar un poco estos números. Muchas gracias.
Gracias, diputado Castro. El último tema que voy a plantear, presidente: como la Contraloría abrió la posibilidad de mirar desde las líneas programáticas, quizá terminemos acá. Tengo varias dudas respecto de las iniciativas de inversión. Me llama la atención la disminución del 45% en estos ítems; pero, para que la Contraloría pueda terminar su presentación, hagamos los análisis políticos después, y así le damos el espacio a su exposición. Gracias, senador Macaya. Tiene la palabra la señora Contralora General de la República.
Muchas gracias, presidente. Para proseguir, en lo referente a las líneas programáticas, como se planteó, quedarán para una discusión de detalle posterior. En cuanto a la distribución del proyecto de ley 2026, se trata de 115.640 millones de pesos, que se distribuyen en: 82% en personal —en la Contraloría esto es especialmente relevante, subtítulo 21—; 9% en bienes y servicios, sin considerar el ámbito informático; 4% en gasto informático, subtítulo 22; 0% en mobiliario y equipos; y 1% en infraestructura, que dice relación fundamentalmente con la sede, pero también con algunas otras mejoras menores, por supuesto, en el mantenimiento y la operación del servicio.
Enseguida, respecto del reforzamiento de nuestra dotación, entrando particularmente en el detalle, hemos solicitado, para el subtítulo 21, un foco especial en el ámbito de las fiscalías administrativas permanentes. Este es el modelo de trabajo que determinamos para poder realizar una mayor cantidad de sumarios administrativos con la menor cantidad de personas. Llegamos a la conclusión de que, en atención a nuestro empuje en fiscalización, cada vez encontraremos más situaciones que requerirán la persecución de responsabilidad administrativa. Como hemos redoblado nuestros esfuerzos de control, encontramos más cosas, y hay que iniciar los procedimientos para perseguir esa responsabilidad.
Por ello, hicimos una modificación en el reglamento de sumarios que lleva adelante la Contraloría —publicada hace bastante tiempo en el Diario Oficial—, lo que nos significó reorganizar los equipos que hacen sumarios. Para esa reorganización necesitamos fiscales administrativos permanentes. Estas personas dirigen varias investigaciones al mismo tiempo. Sucedía, en términos prácticos, que antes —lo explicaré sencillamente— un fiscal sumariante tomaba el sumario y después era un misterio qué estaba ocurriendo. Como el sumario es secreto por ley, la jefatura tampoco tenía la posibilidad de intervenir para agilizarlo, y los incentivos estaban mal puestos normativamente, porque dentro de ese concepto de secreto había poco control. Eso ocurre en el Estatuto Administrativo, en los sumarios en general y en los sumarios de la Contraloría también.
Con el cambio en el reglamento de sumarios de la Contraloría, ideamos la figura del fiscal administrativo permanente, quien dispone las diligencias; y los fiscales bajo su cargo deben ejecutarlas y rendirle cuentas.
En general, hay un control cruzado allí. Entonces va a ser mucho más rápido y así ha sido: hemos podido terminar más sumarios en menos tiempo y con menos personas. Pero, si bien eso hace más eficiente nuestro trabajo, en el ámbito de la fiscalización hemos aumentado exponencialmente la cantidad de hallazgos y, por lo mismo, la carga de trabajo de estas personas. Por esa razón necesitamos reforzar ese equipo. Lo he explicado con detalle atendida la situación específica que estamos viviendo, especialmente en licencias médicas y otros ámbitos donde hemos tenido muchos hallazgos, lo que nos ha generado más trabajo para perseguir la responsabilidad administrativa.
En ese contexto, estamos pidiendo, en el punto número dos, específicamente 22 fiscales para las nuevas fiscalías administrativas permanentes, lo cual el Ministerio de Hacienda concordó, pero con un ingreso diferido de seis meses. En el primer punto, cinco abogados para toma de razón en materias de personal. Todos sabemos que el aumento de personal en el aparato público ha sido considerable en los últimos años y requerimos más profesionales que analicen la legalidad de esas contrataciones y que apoyen la resolución de denuncias que requieren patrocinio de abogados. En el tercer punto, 16 abogados informantes para reforzar las contralorías regionales. En el cuarto punto, 16 fiscalizadores de obras para revisar en terreno y técnicamente los proyectos de infraestructura de los distintos servicios públicos del país. En el quinto lugar, tres abogados de apoyo para el Juzgado de Cuentas, porque el aumento exponencial de hallazgos implica más reparos, y el Juzgado de Cuentas que dirige el Subcontralor tiene hoy una mayor recarga. Necesitamos reforzar ese equipo, que además es muy pequeño.
Estas solicitudes suman 62 personas concordadas y autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Faltan 10 para llegar al mínimo de 72 que solicitamos; esas 10 restantes son precisamente para llevar adelante sumarios administrativos. Por eso, desde el inicio de esta presentación hemos insistido en la necesidad de esos 10 funcionarios.
Al ver los recursos destacados en el proyecto de ley 2026, tenemos, como señalé, en el subtítulo 21 estos 62 profesionales, que representan 1.632 millones de pesos. En el subtítulo 22, mantenciones de plataformas y servicios informáticos por 4.509 millones de pesos, muy relevantes dada la situación en que encontramos las plataformas al llegar. No me queda más que agradecer al equipo que, pese a las dificultades, ha logrado mantener operativas las plataformas. Quienes trabajan con ellas en la Administración lo saben: a veces presentan intermitencias; las hemos mantenido en funcionamiento, pero están en una situación de debilidad, sin perjuicio del riesgo informático —de otro orden— que no detallo por razones evidentes de ciberseguridad.
Luego, en el subtítulo 29, desarrollo informático para almacenamiento, cortafuegos, central de comunicaciones, ofimática y otros desarrollos. Y en el Programa 2 de CISREC, que mencioné hace un momento, y que se distribuirá, según nos anunció Hacienda, en un periodo de tres años, para este primer año serían 1.421 millones de pesos destinados a la mantención de esa plataforma específica, a equipos y a desarrollos informáticos para su crecimiento evolutivo.
Quiero hacer presente aquí, señor Presidente, que cuando esta plataforma se presentó hace unos años al Congreso Nacional, se planteó con un tamaño específico y creció exponencialmente atendidas las exigencias que el propio Congreso hizo en su minuto; sin embargo, para ellas no hubo recursos en ese momento. Yo hablé entonces con el ministro Marcel para exponerle la gravedad de la situación, y se nos asignaron de emergencia 400 millones de pesos adicionales para almacenamiento. En ese momento pedíamos el doble solo para atender la emergencia y recibimos la mitad, que era lo imprescindible con suma urgencia. Esa es la realidad específica de CISREC.
Asimismo, para la construcción de la sede regional de Atacama, específicamente para la compra del terreno, se contemplan 1.443 millones de pesos.
Aquí queremos insistir, en resumen, señor Presidente...
Perdón, señora Contralora, una consulta. Se pasó un poco respecto del cuadro de reforzamiento que acabamos de recibir.
Sí.
En el caso de los 22 fiscales, se habla de seis meses; después, 16 abogados informantes...
Para contralorías regionales, 11 meses, y 6 fiscalizadores de obra para contralorías regionales, 11 meses. Esa cantidad de meses, ¿quién la definió? ¿Por qué?
A ver, señor Presidente, sucede que el Ministerio de Hacienda nos informó que la incorporación de estas personas debía ser gradual. No estaban las condiciones para incorporarlas de inmediato al comienzo de la ejecución de la Ley de Presupuestos 2026 y se requería gradualidad. Por eso están señalados entre paréntesis los periodos. Es cierto que, en algunos casos, puede considerarse lo que demora un proceso de contratación, pero esos procesos demoran menos. A veces hay un mes o dos de desfase mientras se realizan los análisis de antecedentes, pero aquí se trata de plazos mayores vinculados más bien a la existencia o no de fondos para proveernos de esos cupos. A eso se refieren los paréntesis con esos plazos.
Perfecto, porque si hablamos de 11 meses ya estamos entrando en el otro presupuesto. Por eso me llamó la atención: estamos hablando de noviembre de 2026.
Señor Presidente, si me permite, la Contraloría General de la República debe ser, junto con el Ministerio de Hacienda, una de las instituciones que más conoce la realidad presupuestaria del país. Emitimos el Informe de Gestión Financiera del Estado, donde vemos la situación de la deuda pública, las transferencias, los activos y pasivos; conocemos la situación del país y, por esa razón, hemos sido especialmente conscientes de no insistir con mayor fuerza, como lo están haciendo otras instituciones. Creo que es evidente que no hemos insistido con la misma intensidad que otras entidades autónomas, porque conocemos la complejidad de las finanzas nacionales. Por eso no hice el punto respecto de lo que usted plantea, señor Presidente, pero efectivamente es una dificultad recibir a ese personal muy avanzado el año.
Lo mismo ocurre con los profesionales que ahora se van a incorporar, según nos informó Hacienda. En realidad, habían sido autorizados en 2024, durante la aprobación de esa Ley de Presupuestos, para incorporarse en 2025, pero como luego hubo un ajuste a principios de año, finalmente no se incorporaron. Y ahora serían autorizados en 2026. Me explico: es otra dotación pendiente desde hace tiempo. Entonces, lo sabemos y no insistimos con más fuerza, reitero, porque conocemos la situación compleja de nuestras finanzas.
Respecto de los 11 meses, hay que hacer distinciones: hay profesionales que se incorporarán a mitad de año, otros más avanzado el año, y otros están indicados por una cierta duración porque, por ejemplo, si nos demoramos dos o tres meses en contratarlos, se autoriza el resto del tiempo. Aquí se considera que al menos un mes tomará el proceso de contratación y los fondos se autorizan para el resto del período, es decir, 11 meses. Entonces, para el primer punto, que es el 2, se trata de un ingreso gradual, y para los puntos 3 y 4 son recursos para cubrir solo 11 meses de 12, porque nos demoraríamos un mes en contratar. No sé si me expliqué con eso, señor Presidente.
Sí, absolutamente. ¿Puedo seguir nomás? Bien.
Gracias, señor Presidente. Para complementar y terminar este punto de los recursos faltantes a los que aludí, queremos insistir en la necesidad, a pesar de todas las prevenciones que hemos hecho, de que se nos autoricen 1.200 millones en el subtítulo 22, porque son para servicios de nube, para almacenamiento y bases de datos, no solo de CIRREC, y para complementar la mantención y soporte de nuestros demás sistemas. Y, además, las 10 personas que faltan: analistas de sumarios y fiscales administrativos permanentes, 5 y 5. Eso respecto del nuevo proyecto, señor Presidente. Tenemos un par de láminas sobre el avance de nuestra ejecución de la Ley de Presupuestos, por si es de interés de la comisión, o si prefieren antes formular alguna consulta. Pero específicamente en la ejecución...
Muchas gracias.
Gracias, Presidente. En el reforzamiento de la dotación contralora, tengo una pregunta que recuerdo haberle hecho a sus antecesores, y que tiene que ver, en particular, con estos fiscalizadores de obra.
Primera pregunta: ¿cuántos fiscalizadores de obras existen? Para compararlo con la necesidad de reforzamiento. Y quiero entender bien por qué se necesitan. No qué es lo que hacen, sino por qué se requieren. Porque en todo el sistema de contratación de obras, al menos en el sector público, hay un organismo técnico que normalmente verifica que el CESFAM, el edificio, el municipio nuevo, lo que sea, se haya construido de acuerdo con las bases. Hay un profesional habilitado por ley que hizo el cálculo estructural del edificio. En fin, y cada una de esas instituciones o profesionales tiene el deber de cumplir con lo que les mandata la ley.
La Dirección de Obras tiene que verificar, ¿no? Fíjese usted: la Dirección de Obras ni siquiera tiene, de acuerdo con el mandato legal, revisar cálculos estructurales ni nada semejante, sino que debe comprobar que la superficie del terreno es la que dice el plano de loteo y que la vivienda tiene efectivamente la superficie; pero no entra al detalle de si el fierro era de determinado diámetro o si los traslapes se ejecutaron, porque sería imposible. Cada institución y cada profesional tiene la responsabilidad que establece la ley: si la caja del ascensor se hizo correctamente o no, en fin.
Entonces, quiero entender por qué es necesario que la Contraloría tenga fiscalizadores de obras. Mi pregunta, para que se sepa, no tiene ningún sesgo negativo; es que, en general, uno puede decir: te encargo hacer esto. Y después surge la tentación de poner a alguien que vigile que esa persona lo hizo bien, y luego un vigilante del vigilante, y así sucesivamente, y esto no termina nunca, haciendo ineficiente el quehacer. Lo que además provoca es que quien tiene que hacerlo bien empieza a decir: dado que me va a revisar una persona por acá, después va a venir no sé quién y, al final, la Contraloría, como que es responsabilidad de todos o de nadie, cuando la ley establece responsabilidades totalmente claras.
Entonces vuelvo: nunca me ha quedado enteramente claro por qué la Contraloría tiene que intervenir, a menos que haya una denuncia u otra circunstancia similar —que podría terminar en un arbitraje con un perito que determine un juez, en fin—. ¿Por qué tiene que intervenir en lo que eventualmente corresponde resolver o verificar a la Dirección de Obras, a la Dirección de Arquitectura o, en fin, al organismo técnico que corresponda? Esa es mi pregunta.
Y, a la DIPRES, una consulta que, si quiere, conteste después: si todos los presupuestos del Subtítulo 21, no solamente el de la Contraloría sino de todos los servicios, no tienen considerado el reajuste que se pacte en la negociación, ¿de dónde se financia? ¿Del Tesoro Público? ¿De dónde está previsto, para saber de qué bolsillo proviene todo eso y, luego, analizar el Tesoro Público en su momento? Pero yo partiría por la Contraloría y después lo sugiero; Presidente, usted decide, por supuesto.
—Gracias, Senador Galilea. Y, antes, la palabra me la pidió el Diputado Castro.
—Contraloría General de la República: Muchas gracias, Presidente. Para atender, por su intermedio, la consulta del Senador señor Galilea: la Contraloría tiene 500 fiscalizadores, de un total de 2.197 funcionarios. Antes que ello, cabe hacer presente que la Contraloría tiene cuatro funciones, y solo una de ellas es la fiscalización. Así, contamos con 2.197 funcionarios para todas nuestras funciones y, específicamente para la función fiscalizadora, con 500 fiscalizadores en todo el país. De esos, aproximadamente el 10% son fiscalizadores de obras. Son bastante pocos.
Hago presente lo siguiente, señor Presidente, por su intermedio, para atender la consulta del Senador Galilea. Permítame un ejemplo, que creo ilustra mejor la situación y puede ayudar a responder: hace unos meses tuvimos, para control de...