Por favor. Gracias. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Bien, entonces continuamos. Para quienes nos siguen por vía telemática, estamos en la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos. Seguimos con la Partida 08, correspondiente al Ministerio de Hacienda.
Quedamos ayer en la Subsecretaría; hoy deberíamos partir por la Dirección de Presupuestos, DIPRES. ¿Está la subsecretaria? Ya, perfecto.
Secretario, dé cuenta.
— No se han recibido documentos por la Secretaría, señor Presidente.
— Ok, gracias.
Entonces, seguimos con DIPRES. Saludamos a la subdirectora, señora Cereli Pardo Zúñiga. ¿No está? La directora… hablé con ella esta mañana y me señaló que, en general, la Directora de Presupuestos no asiste a esta Subcomisión; que va a venir a Tesoro. ¿No?
A ver, de la DIPRES, entonces… Alex Martínez, ¿cuál es su cargo, Alex, perdón?
— Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria.
— Bien, Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria.
Entonces, ¿subsecretaria o el jefe…?
— Yo hago la presentación.
— Ya, la hace entonces la señora Heidi Werner. Werner, Subsecretaria.
Perdón, tiene la palabra la senadora Rincón; después, la Subsecretaria.
— Sí, solo una pregunta: ¿por qué recién en octubre se publican las instrucciones de la ejecución de la Ley de Presupuestos y no se habían publicado antes? Esto no nos había pasado con anterioridad. Me refiero al librito de las instrucciones de ejecución presupuestaria. Subsecretaria, si es tan amable.
Alex, adelante.
— Por su intermedio, señor Presidente, sí, efectivamente hubo una tardanza en la publicación de las instrucciones, más que nada por un tema administrativo, de elaborar nuevamente toda la actualización de la información que lleva el librito de instrucciones. En todo caso, lo que conforma el libro de instrucciones es más bien un compilado de todas las normas hoy día aplicables. No es que, a partir de ahí, se instruya la ejecución presupuestaria.
— Senadora: no estoy pidiendo explicaciones de lo que es, porque lo conocemos. Estoy preguntando cuál es la razón —voy a ser más precisa, a raíz de su explicación “administrativa”— de por qué no se publicó antes. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué no podía estar? ¿Cuál es la razón administrativa, usando la palabra del Ejecutivo, para no haberlo publicado antes? ¿Cuál fue el problema?
— Nada más que un tema de lograr el instructivo, nada más. Es un tema de cumplimiento, de lograr el producto, en el fondo.
— Sí, pero ¿por qué? … No hay explicación. Gracias.
— Perdón, pero solo para entender el problema: ¿esto tiene que estar publicado —entiendo yo— en los primeros meses del año y se publica ahora? Explíquenos, para quienes no somos tan duchos en materia presupuestaria, ¿qué efectos tiene sobre la ejecución?
— Por su intermedio, señor Presidente, en realidad no tiene ningún efecto sobre la ejecución. Lo que pasa es que se trata de un compilado de normas vigentes, y la ejecución se rige por esas normas con independencia de la publicación del instructivo.
Subsecretaria: El instructivo compila normas de ejecución presupuestaria. Cada año se actualiza conforme a cambios normativos, como el inicio de aplicación de la Ley de Presupuestos. Hubo una tardanza en su publicación, pero ya está disponible y ello no afecta la ejecución del presupuesto. El objetivo fue reunir en un solo documento disposiciones que ya existen, evitando referencias cruzadas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversiones cuenta con sus propias NIP (Normas de Inversión Pública), actualizadas en enero o marzo; esas NIP constituyen un capítulo de las instrucciones de ejecución. Asimismo, ciertos contenidos que antes estaban solo en normativa e instrucciones pasaron al articulado de la Ley de Presupuestos, como las transferencias del subtítulo 24 a instituciones sin fines de lucro, incorporadas desde 2024. En consecuencia, no se configura un incumplimiento: se demoró el compilado, pero cada capítulo tiene sus reglas vigentes y la ejecución anual no se ve afectada. Las NIP, actualizadas por la Subsecretaría de Evaluación Social junto con la DIPRES, se publican en el sitio del Sistema Nacional de Inversiones y su aplicación se realiza con independencia de la publicación del instructivo de la Dirección de Presupuestos.
Director: Por su intermedio, Presidente. Como señalaba la Subsecretaria, el libro de instrucciones es un compilado de normas que ya fueron informadas a los servicios, muchas de ellas mediante oficios, y otras rigen desde hace años. No es que los servicios estuvieran esperando este instructivo para ejecutar su presupuesto. En la página de la DIPRES están los compilados de años anteriores y, de un año a otro (2024 a 2025), se actualizan solo los aspectos que cambian y que ya han sido comunicados oportunamente, como las NIP. Además, a comienzos de año se emite el oficio circular del Ministerio de Hacienda con las instrucciones para la implementación de la Ley de Presupuestos, publicado en enero o febrero. Por tanto, la no publicación oportuna del compilado no impide que existan instrucciones y normativas para la ejecución presupuestaria.
Presidente: Bien. Prosigamos con la presentación.
No está funcionando aquí el computador. No, es que sí me interesa, ¿sabe por qué, subsecretaria? Porque hay gente que nos está viendo telemáticamente, entonces me interesa que vayan siguiendo la presentación. Paremos dos minutos. ¿Está en el computador? Veámoslo. Me interesa que esté la presentación, de manera tal que la gente que nos sigue —que no es poca— pueda verla. Esta sesión, además, muchos la revisan posteriormente, para ir viendo la presentación con el PowerPoint, si es posible. No debemos tardar más de dos minutos en cargarlo; es cosa de pedirle a Informática. Ayer lo logramos y hoy día creo que también. Este país sale de cosas difíciles. Muchas gracias. Pero no van a sonar los timbres, ¿no?
Presidente, por su intermedio, quedamos en la página 34. La 34 es la Dirección de Presupuestos, donde tenemos dos programas presupuestarios: el Programa 01, histórico de la Dirección de Presupuestos, que tiene una disminución de 3,8%, y el programa denominado Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, más conocido como SIGFE, con una disminución de 4,3%. En total, el capítulo presenta una disminución de 3,9%, equivalente a 1.024 millones de pesos.
La Dirección de Presupuestos, que es la lámina 35, como dije, tiene una disminución de 3,8%, del orden de 762 millones de pesos, explicada por una disminución de 2,3% en gasto en personal y de 15,1% en bienes y servicios de consumo, y adicionalmente un cambio en la...
Perdón. Interrumpimos dos minutos.
Reanudamos la transmisión. Adelante, subsecretaria, prosiga, por favor.
Presidente, entonces, como señalaba, en el caso de la Dirección de Presupuestos, su Programa 01 —que corresponde al funcionamiento de la DIPRES— tiene una disminución de 3,8%, explicada principalmente por la reducción de 2,3% en gasto en personal y de 15,1% en bienes y servicios de consumo. Esas son las principales explicaciones de los cambios en el presupuesto de la Dirección de Presupuestos.
Si pasamos a la lámina siguiente, en el caso del subtítulo 21... Solo veo que hay 37... ¿Son 37 millones? 37 nomás. Hay una baja de 59% ahí, que es la única grande.
A ver, lo vamos a explicar al tiro. Si le parece, tengo la siguiente lámina. Diputado, perdón. Habiendo revisado los documentos que nos entregó la Dirección de Presupuestos, tanto en el librito como en el documento de presupuesto, la Evaluación de Programas y Servicios Públicos figura con 24 millones de pesos. Según este libro, baja en un 37%; pero, según su presentación, el presupuesto sería de 205 millones de pesos, no de 24, y subiría en un 18%. En el subtítulo 24, ítem 08, asignación 001, Evaluación de Programas de Servicios Presupuestarios, según la presentación tiene asignado el año 2025 173 millones y esta Ley de Presupuestos asignaría 205. Pero, según los documentos que tenemos entregados previamente por la Dirección de Presupuestos, el año 2025 tendría 61 millones y, para el 2026, 24 millones, con una disminución de 37%. No sé qué está mal o si estoy leyendo mal. Ayúdenme un poquito.
Sí, adelante. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estructura en la presentación. Si les parece, para hacer la sesión más ordenada —no digo que no nos pregunten—, me gustaría presentar la lámina de los números, luego la lámina de explicación y, si aún así quedan dudas, responder las preguntas, porque no alcancé a explicar la lámina donde se detalla el texto de cada uno de los subtítulos. Puede ser una forma. Si no, no importa, pero esa es la estructura de toda la presentación.
Ya. Entonces, respecto del subtítulo 21, donde están las dos principales disminuciones si uno mira el presupuesto global de la DIPRES, hay una reducción de 3,8%, equivalente a 762.128.000 pesos, es decir, 762 millones. ¿Cómo se explican esos 762 millones? Por 303 millones, aproximadamente, en el subtítulo 21, que corresponde a una rebaja de 2,3%, principalmente por ajustes en las glosas de funciones críticas, viáticos y horas extraordinarias. Recordar, además, que en todos los servicios, cuando se compara la Ley de Presupuestos inicial —la que se aprobó en el Congreso— más leyes especiales y reajustes, no está la reducción de enero. ¿Se acuerdan que en enero hubo un cambio de decreto a propósito de la tramitación en la Comisión Mixta? Eso ya era, si no mal recuerdo, del orden del 2%. Entonces, aquí es 2,3%. En general, lo que se mantiene en todos los servicios es la rebaja que se hizo en enero; no es que se vuelva al presupuesto ley como si no hubiese existido esa baja.
En el caso de Bienes y Servicios de Consumo, para completar los 762 millones de rebaja, en el subtítulo 22 hay una disminución de 364 millones, explicada principalmente por la reducción de las glosas de capacitación y por gastos por una sola vez en estudios y en big data del presupuesto, entre otros ajustes. Como son gastos por única vez, no es necesario volver a incorporarlos en el subtítulo 22.
Respecto de la consulta sobre la estructura de las Transferencias Corrientes: efectivamente, si uno mira el subtítulo 24 como un todo, antes eran 235.301.000, y el subtítulo 24 registra una leve disminución de 2%, equivalente a 4.700.000. Lo que hay es un cambio de estructura al interior del subtítulo 24. Así, en el presupuesto 2025, en el ítem 003 —a otras entidades públicas— había 61.752.000, y en el ítem 24.08.001 —a otras instituciones ejecutoras de políticas públicas, instituciones privadas: Evaluación de Programas Públicos— figuraban 173.000.000.
Lo importante es cuánto suman ambas partidas. Detrás de esto está el Fondo de Evaluación de Impacto de Programas. Ese fondo nace, muchas veces, de ideas de académicos que no necesariamente provienen de instituciones públicas —que, en este caso, son solo las universidades estatales—, sino también de universidades del CRUCH no estatales, universidades privadas y centros de estudio privados.
Lo que hay aquí es un reordenamiento entre lo que va a instituciones públicas y lo que va a ejecutores privados desde el Fondo de Evaluación de Impacto, reconociendo que hoy existe mayor oferta en el sector privado. En el global no hay una disminución relevante: es básicamente un presupuesto de continuidad. A propósito de la pregunta del diputado Donoso, por su intermedio, presidente: se cambia entre el ítem 03 y el 08, pero es la misma lógica de gasto. Ahora bien, la suma de esos recursos, presidente, por su intermedio, antes era 235.301 y ahora es 230.595; la disminución bordea los cuatro millones. En rigor, es poco más de cuatro millones: aproximadamente cuatro millones setecientos.
¿Por qué disminuir ahí y cambiar de otras entidades públicas a ejecutores privados? ¿Se entiende entonces que es mejor que lo ejecuten privados? Para efectos del Fondo de Evaluación de Impacto, los ejecutores públicos son solo las universidades estatales. Los ejecutores privados son el resto de las universidades —incluidas las del CRUCH no estatales— y centros de estudio privados, que son muchos más que los públicos. Por ese solo hecho, lo que se está haciendo es contratar, de alguna forma, la oferta disponible para evaluación de impacto, que hoy se concentra más en el sector privado, incluyendo universidades privadas del CRUCH, como las católicas, que son privadas para todos los efectos.
Entiendo la explicación y creo que ha quedado suficientemente clara, presidente. Lo único que me gustaría es que nos entreguen los tres informes; hoy hay solo dos, y sigue pendiente uno relativo al pago centralizado de compras públicas. Lo hemos pedido reiteradamente y no se ha publicado. A esta fecha debiera ser ya conocido. Me gustaría saber por qué no es público.
Sí, directora, subsecretaria, le voy a dar la palabra al representante de la DIPRES. Solo decir, desde mi experiencia pasada a cargo de las evaluaciones de impacto de la Dirección de Presupuestos, que son estudios complejos: hay que generar causalidad —porque a veces dos cosas se mueven al mismo tiempo y eso es correlación, no causalidad— y requieren grupo de control, entre otros elementos. Asumo que no todas las evaluaciones terminan en los mismos tiempos; pero me gustaría saber, en particular, qué ocurrió con la evaluación solicitada por su intermedio, senadora Rincón. Álex.
Por su intermedio, presidente, respondiendo a la senadora: esto está en su etapa final de procedimiento; se espera que en un plazo no mayor a 10 días se publique el informe.
Presidente, de verdad creo que algo que viene de tanto tiempo —y sobre lo cual muchas veces se nos ha dicho lo mismo— debiera, esta vez, cumplirse. Nos han dicho “va a estar, va a estar; ya está, ya está” y seguimos en lo mismo. Hoy, en esta comisión, a término de gobierno, seguimos con la misma explicación. Me parece muy poco serio, presidente. No corresponde que un estudio licitado hace rato no sea aún público. Además, es complejo, porque hablamos de pago centralizado de compras públicas, un tema crítico en la discusión presupuestaria. Esos 10 días no sé si alcanzan antes de que votemos en la Mixta. Creo que esto debiera estar disponible antes de la votación en la Mixta.
Bueno, ojalá, subsecretaria, podamos contar con ese informe antes de la votación más adelante. Solo señalar que aquí pareciera que fuera la propia DIPRES la que hace la evaluación; quiero dejar claro que está en el subtítulo 22 porque se licita y la ejecutan privados. Por lo tanto, los plazos de las evaluaciones no dependen de la DIPRES, sino de la licitación y del adjudicatario. Se trata de un informe de un tercero y los tiempos dependen de la complejidad de la evaluación: a veces hay que levantar datos, a veces los datos administrativos están disponibles y a veces no. No estamos hablando de las evaluaciones EPG —que se realizan con consultores a honorarios, con un cronograma muy claro y utilizando datos disponibles—, sino de evaluaciones de impacto, que no son todas iguales y cuyos plazos varían. Apenas el informe esté listo, lo enviaremos; no hay ánimo de nada distinto.
Pido las excusas del caso, pero me gustaría saber si la licitación tenía un plazo definido al momento de adjudicarse, si contemplaba ampliaciones y, de existir, si se solicitó. Porque, si no tuviera plazo, podríamos pedirle al próximo gobierno el informe; pero supongo, como en todas estas licitaciones, que lo tenía.
Señor Presidente, no tenemos inconveniente en remitir la licitación y la adjudicación. No recuerdo de memoria el plazo, pero si durante la sesión lo obtenemos, también lo entregaremos. Como lo ha señalado Alex, apenas esté el documento —se estima dentro de los próximos diez días—, el informe final se subirá a la página web de la DIPRES y, por supuesto, lo enviaremos directamente a la Subcomisión para que no tengan que buscarlo. Lo que también nos ocurre, y es importante, es que hay dos elementos en los que se ha puesto atención y que no han sido entregados. Más tarde vendrá la Directora de Presupuestos. No creemos que sean temas neurálgicos, pero llama la atención; por ello, solicitamos que se nos haga llegar la información con los plazos respectivos y que lo que no se haya publicado dentro de los plazos correspondientes, se publique.
Respecto del programa Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SICFE), que es un programa presupuestario aparte —toda la plataforma que permite contar con los datos y hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria—, se observa una disminución de 262 millones, casi 263, equivalente a un 4,4%. Esto se explica principalmente por una baja de aproximadamente 500 millones —cerca de 16,5%— en el subtítulo 22 y por un aumento de 123 millones asociado a la necesidad de compras de equipos informáticos.
Como indiqué, hay una rebaja de 501.044 millones, explicada por la reducción de gastos por una sola vez: el licenciamiento por 248.700 millones y el desarrollo de la nueva plataforma de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos). En 2025 se realiza el desarrollo de la plataforma —software—; una vez que la plataforma está levantada, se requiere almacenar los datos y, en general, eso implica adquirir equipos informáticos. Esto suele ocurrir en proyectos tecnológicos: en un año se concentra el gasto en el subtítulo 22 y, al siguiente, en la compra de equipos, conforme a las etapas de desarrollo e implementación.
El año siguiente presenta mayor asignación en el subtítulo 29, según cómo se vaya desarrollando el proyecto. Eso es lo que está detrás de esta explicación. Entonces, el año 2026 corresponde más bien a recursos en el subtítulo 29 por el desarrollo de esta plataforma que ya señalé previamente, pero que ahora es la parte de los fierros, como decimos los economistas, algo que es más difícil. Una cosa es el almacenamiento y otra es el desarrollo, y están consignados en lugares distintos del presupuesto; esa es la explicación de las diferencias, en general. Aquí también hay recursos para la compra de equipamiento que optimice la interoperabilidad con la TGR, en el contexto del SIGFE y la plataforma Pago Automático. A propósito de ello, y de lo que estamos revisando en el informe, se ha seguido avanzando en el traspaso, que fue parte de lo conversado —diría yo— hace dos presupuestos, en el sentido de que correspondía que los organismos tributarios —las tres instituciones, incluida la TGR— trabajaran juntos, porque así ganamos dinamismo y evitamos consultas que a veces se cruzan, considerando que todos actúan en el ámbito de la fiscalización tributaria.
Senadora. Presidente, yo creo que el tema del SIGFE, que me ha tocado conocer por mi gestión pasada en la SEGPRES, y que obviamente es importante, da cuenta de la necesidad de recursos para dotar de modernización al Ministerio de Hacienda, y además uno lo ve interrelacionado con otros servicios o ministerios. Me preocupa que esto, que para Hacienda es tan importante —y creo que lo es—, no se vea respaldado en el trabajo de la Contraloría. Yo sé que ayer estuvo la Contralora en la subcomisión respectiva; la Contraloría ha pedido mayor dotación de funcionarios: pidió 72, se le dieron 62, lamentablemente no todos en un tiempo cercano, pero ese es un tema. Lo otro que hemos conversado con la Contralora son los recursos que le faltan para poder lograr el desarrollo estratégico y el control propio de la Contraloría. Sé que esta no es la subcomisión para ver este punto, pero aprovecho que estamos tocando un tema relevante que, lamentablemente, no tiene su correlato en la Contraloría General de la República. Ellos necesitan complementar gastos informáticos —estamos hablando de 1.200 millones— en servicio cloud para almacenamiento y base de datos; la subsecretaria ya explicó la importancia del almacenamiento, y además se requiere complementar la mantención y soporte de la Contraloría. La Contraloría no da abasto y está absolutamente fuera de norma en materia informática. Por otro lado, está la complementación de la gestión de procesos sumariales: ahí también necesitan 336 millones para analistas, para el seguimiento de los sumarios instruidos por otros órganos públicos y para nuevas fiscalías administrativas permanentes. Entonces, tenemos un problema de soporte, Presidente, que es claramente relevante cuando uno escucha a Hacienda, pero que no estamos poniendo sobre la mesa en la Contraloría. Dejo planteado el punto para lo que será después la discusión de la mixta, porque creo que los mismos argumentos que da, con justa razón, la subsecretaria están presentes en el tema de la Contraloría, que además ha demostrado que, cuando tiene las herramientas y las usa, el reporte y el ahorro fiscal resultante son tremendamente importantes. Gracias, Presidente.
Senador De Urresti. Presidente, saludar por su intermedio a la subsecretaria y a todos los directores y directoras de servicios que vienen a continuación. A propósito de esta discusión, subsecretaria, ayer concurrí a la subcomisión donde se estaba viendo la Contraloría General de la República. Conversábamos también fuera de la sesión con la superintendenta de Casinos. Yo creo que debiéramos buscar, en todos los sistemas de fiscalización pero también de armonización y modernización, el carácter interoperativo de los distintos registros de información que tenemos. Y en esto no quiero arrogarme originalidad: es algo que ha sostenido durante mucho tiempo el senador Kenneth Pugh en distintas comisiones que nos ha tocado integrar, e incluso el senador Rojo, que también ha insistido en incorporar la inteligencia artificial como un elemento fundamental en cada uno de los programas que tenemos. Entonces, tiendo a ver, subsecretaria —y eso lo permite la Ley de Presupuestos, que entrega una mirada global—, que el conjunto de información que almacenamos y que tenemos debe interoperar.
En modernización del Estado, el seguimiento no siempre dialoga. Cada ministerio hace su trabajo, pero el principio de coordinación de la Administración es bastante precario. Una muestra de ello es que la Contraloría General de la República, sin más recursos que los que ya tenía, con su propia información y para sorpresa de todos, detectó miles de personas claramente infringiendo normas laborales y con entradas a casinos. Cuando esté la superintendenta de Casinos, vamos a hacer preguntas que nos van a sorprender a todos.
Una cosa es el ingreso a casinos —tengo entendido que piden el carnet—, pero no hay constancia de quién juega, y solo hay registro de quienes apuestan más de 3.000 dólares. Usted entenderá la opacidad respecto de quienes entran a casinos, juegan grandes sumas —eventualmente lavando dinero— o que tienen prohibición por ser funcionarios, quedando todo ello en un limbo.
Creo que hoy la inteligencia artificial puede ser clave. El senador Rojo lo ha planteado en varias comisiones: que la entrega de información sea interoperable. Señor Presidente, me permito sugerir que estos sean elementos comunes, vía indicación o vía glosa, que debiéramos incorporar. No saco nada con pedir información: ganamos glosas de transparencia en el presupuesto y nos alegramos, pero esa información se remite a esta comisión o a la respectiva, la revisamos, y no se cruzan los datos.
El Estado está en condiciones —y perdone lo que me haya dilatado, señor Presidente— de adoptar una mirada de modernización en nuestras distintas agencias de seguimiento y fiscalización: que la información sea interoperable y, además, incorporar la inteligencia artificial como un elemento fundamental. Veo a la directora Bohanna asentir; ayer, conversando fuera de la comisión, nos aportaba elementos importantes que en su servicio pueden ser ilustrativos. Es el momento de consignarlo: no se trata de más recursos, sino de aplicar en extenso el principio de coordinación de datos e información, para una mejor administración, más eficiente, sin despilfarro, con mejor focalización del gasto y mejores instrumentos de fiscalización por los entes contralores. Muchas gracias.
Subsecretaria.— Sí, presidente. Por su intermedio, abordaré algunos temas que, más allá de no formar parte del presupuesto que hoy presenta el Ministerio de Hacienda, me parece importante no dejar sin respuesta, porque son más globales: el presupuesto es solo un vehículo para lograr ciertos objetivos.
Primero, en relación con la Contraloría: efectivamente la propuesta en discusión contempla un aumento de 1,5%, que incorpora, entre otros, un incremento relevante en sistemas y equipos informáticos. Entendemos, por supuesto, que hay visiones distintas respecto de cuál debió ser ese aumento y lo estamos recogiendo en las distintas subcomisiones para trabajarlo en lo que corresponda en la Comisión Mixta.
Respecto de la interoperabilidad, sin duda es un tema muy importante. A propósito de lo que menciona, por su intermedio, el senador De Urresti, estamos tramitando un proyecto de ley en la Comisión de Futuro del Senado que busca acelerar la interoperabilidad. Hoy hay servicios que interoperan muy bien —y no quiero ser arrogante por estar en el Ministerio de Hacienda—, pero comprenderán que la Tesorería, si no interopera con el Servicio de Impuestos Internos, mejor cierra sus puertas, porque todo lo que hace requiere esa interoperabilidad; también con la DIPRES para efectos de cobros; Aduanas con Impuestos Internos, y Aduanas con la Tesorería General de la República, lo mismo.
Actualmente la interoperabilidad está pensada desde una lógica de nodos sectoriales, pero menos intersectoriales. Ese es precisamente el punto que levanta muy bien, por su intermedio, el senador De Urresti. Por eso generamos este proyecto de ley que establece un Sistema Nacional de Gestión de Datos.
…construir y contar con una “carretera” que, como decía usted mismo, señor Presidente, y para que quienes nos escuchan lo entiendan, cuando uno quiere ir de un lugar a otro, se utiliza. En el caso de la interoperabilidad, lo que ocurre hoy es que, incluso buscando la coordinación que establece la ley de bases, se requiere celebrar convenios, y en cada uno de ellos definir los estándares de cómo se va a interoperar. Hoy contamos con la Secretaría de Gobierno Digital —que de hecho presentamos ayer en el Presupuesto— y una parte importante de ese presupuesto corresponde a plataformas de servicios compartidos. Una de esas plataformas es precisamente la “carretera” que permite interoperar. Uno se conecta a esa carretera y opera con ciertos estándares; así como en una carretera se exige el cinturón de seguridad, etcétera, en esta carretera de interoperabilidad se resguardan temas de ciberseguridad y otros aspectos. Eso es lo que promueve el proyecto de ley que presentamos. Alguien podría señalar que podría haberse resuelto solo por la vía administrativa; en realidad, la carretera ya existe y administrativamente se puede usar, pero hoy igualmente obliga a los servicios públicos de distintos nodos a suscribir convenios, y esos convenios implican una burocracia. Por lo mismo impulsamos ese proyecto de ley.
Respecto de los casinos de juego, entendemos que existen brechas que han limitado en toda su magnitud las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, y parte de esas brechas las estamos abordando en el proyecto de ley de plataforma Juego en Línea, que está en segundo trámite, y también en otro proyecto. Si hay otras materias que se puedan levantar, señor Presidente, por su intermedio, a propósito de lo que plantea el senador De Urresti, estamos en plena discusión en particular de ese proyecto, así que no tendríamos inconveniente en revisar indicaciones, si fuese el caso. Eso, respecto de ese punto. No sé si continúo con Impuestos Internos.
Señor Presidente, siento que me quedo con un doble sabor tras la respuesta de la subsecretaria. La felicito, Heidi; el grado de conocimiento y manejo que usted tiene de la administración es envidiable por esa mirada completa. Pero difiero en algo: creo que tenemos un grave error como sociedad al pretender resolver todo con una ley, como si la ley fuera a cambiar por sí sola las conductas y la realidad. Podemos avanzar —y, siguiendo el “síndrome Dorothy”, sin ley y sin más funcionarios— y, pucha, que se hizo. Circulaba una broma estos días: “sanaba más gente que la penicilina”. Y sin más recursos —y lo digo con respeto, porque se lo señalé formalmente en la comisión ayer—, sin otra ley, se aplicó una metodología para identificar algo evidente, que todos sabían, pero que, en espera de una ley, se seguía haciendo. No sé si me explico.
El año pasado presentamos una indicación a la Partida 08 del Ministerio de Hacienda, Capítulo 01, Programa 12, Secretaría de Gobierno Digital, Glosa 02, indicación 34: “Asimismo, se deberá informar acerca de los recursos destinados y los avances alcanzados para dicha estrategia en torno a la implementación de sistemas de interoperabilidad gubernamental, a fin de hacer posible y/o mejorar la comunicación digital y el intercambio de información entre las administraciones públicas, entre estas y las empresas privadas, y también organismos no gubernamentales que requieran interacción con el Estado”. Tratamos de construir una norma que nos permita utilizar la información. Insisto y reitero: ayer, en la Segunda Subcomisión, con la Contralora, informamos la misma situación. ¿Qué ocurre? Que las informaciones son parciales y se gastan decenas de horas, de días, de funcionarios, investigando para construir la información.
Entonces, subsecretaria —por su intermedio, señor Presidente—, todo el apoyo a las leyes y a los avances; pero creo que, simplemente elevando y aplicando el principio de interoperabilidad y el de coordinación, no solo en nodos sectoriales sino con una visión más amplia —porque los servicios que se necesitan obviamente se coordinan—, la clave es que se coordinen también con los servicios que uno no conoce. Ahí hay mucha información, ahí la Contraloría tiene un rol importante y ahí podemos ahorrarnos tiempo y gestionar mejor. Por eso difiero un poco, subsecretaria, y me gustaría que pudiéramos avanzar en incorporar la interoperabilidad y también la inteligencia artificial como un elemento estructural, y no que dependa solo de la buena voluntad del director o la directora de turno. Creo que la Directora Nacional de Aduanas aportaba varios elementos bastante inéditos, pero trato de decir que…
Una cosa es la legislación, pero no esperemos a la legislación para cambiar conductas que podemos modificar desde ya. ¿Su secretaría tiene algo más que agregar o terminamos con DIPRES y pasamos al Servicio de Impuestos Internos? —Sí, pero… —Sigue la senadora Rincón. —¿Sigue usted? —Sí, pero espero que vuelvan para contestar esa parte, para que no quede sin respuesta. No se demoran nada; volveremos a ese punto. Si le parece, por mientras avancemos con Impuestos Internos, porque en realidad la pregunta era de otra cosa. —¿Sí? —¿Qué le parece? —Vamos. —Ya.
El Servicio de Impuestos Internos. Bueno, acá está la directora Carolina Saravia; también se ha incorporado la directora de Aduanas, Alejandra Reaza; el Tesorero Nacional, Hernando Izzelli; y el Defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro. Si le parece, Presidenta, lo hacemos en ese orden: Impuestos Internos, Aduanas, TGR y después el DECON, aunque sea la última parte del programa presupuestario del capítulo de la partida, pero como es del mismo tema, es mejor.
En el caso del Servicio de Impuestos Internos, tenemos un presupuesto que aumenta 0,3%, equivalente a 723 millones, casi 724. Presenta un aumento de 3% en personal (6.664 millones); una disminución de 1.400 millones, equivalente a 3,1%, en el subtítulo 22; y, en lo que es adquisición de activos no financieros, una disminución de 37,7%, principalmente por equipos informáticos, lo que explica casi todo (disminuye en 5.938 millones), con algunas rebajas en mobiliario y un aumento en programas informáticos.
Paso a explicar lo que está detrás de estos aumentos y disminuciones. En el caso del subtítulo 21, considera un aumento de 3% (6.664 millones), que se explica principalmente por la implementación de los cambios de la ley de cumplimiento tributario. Con el presupuesto 2026 se permite financiar el compromiso de modificación de las estructuras de planta, lo que beneficia a alrededor de 5.445 funcionarios. Aquí el foco es importante en los funcionarios profesionales y también en aquellos de la planta fiscalizadora. La planta fiscalizadora, de alguna forma, tenía un porcentaje mayor de personas a contrata; por lo mismo, era importante que todos ellos estuvieran en planta, por lo que significa ir a fiscalizar en materias tributarias. También la ley de cumplimiento tributario incorporó un aumento de 85 funcionarios a la dotación y un ajuste de algunas asignaciones fijas y las asignaciones tributarias que acabo de mencionar, a propósito de los temas de fiscalización.
Lo otro es que es importante que el Servicio de Impuestos Internos esté en terreno. Por lo mismo, aquí se contemplan glosas de horas extraordinarias y viáticos nacionales. Muchas veces ustedes nos dan cuenta de lo que ocurre en territorios más allá de la capital regional, y muchas veces la oficina del Servicio de Impuestos Internos está en la capital regional. Por tanto, para que los funcionarios y funcionarias se puedan mover al interior de las distintas regiones, se requieren estos viáticos nacionales para reforzar la labor de fiscalización y control tributario en terreno, especialmente en días no hábiles y en zonas estratégicas, con el objeto de fortalecer la capacidad institucional para combatir la informalidad y el crimen organizado.
En el subtítulo 22 hay una rebaja de 3,1%, que equivale a 1.407 millones, explicada principalmente por el término de la primera etapa de proyectos de trazabilidad y acción fiscalizadora, la actualización del stock de avalúos de bienes raíces y catastro legal, y el servicio aerofotogramétrico para evaluaciones.
Se está trabajando, como es de público conocimiento, en el nuevo avalúo. Propusimos, en el proyecto de ley que hoy está en trámite en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, posponer ese nuevo avalúo para enero de 2027 y no para enero de 2026. Debemos seguir trabajando en cómo hacerlo; nos parece importante. Pero esos recursos se ejecutaron durante 2025 por ese proceso y, por lo tanto, no se requiere mantenerlos durante el año 2026.