Bien, se reanuda la sesión. Nos corresponde... No hay cuenta, ¿cierto? Bueno, saludamos al Fiscal Nacional. Le ofrecemos de inmediato la palabra y le pedimos las disculpas necesarias. Estamos votando en paralelo en la Sala y se producen estos impasses en alguna oportunidad.
Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados y a las senadoras y senadores que integran esta comisión y que se encuentran presentes, y a sus equipos asesores. Agradecer la invitación; pedir autorización para que me acompañen en esta mesa la señora Directora Ejecutiva Nacional, el señor Gerente de Administración y Finanzas y otro profesional de la Fiscalía, para que acompañen esta presentación. Muchas gracias. Señor presidente, si no tiene inconveniente, nuestra presentación la conduciría la Directora Ejecutiva Nacional, quien conoce en detalle nuestro presupuesto y nuestras necesidades financieras.
Bien, le damos la palabra entonces a la Directora Ejecutiva.
Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, también saludo a toda la comisión y a la secretaría, por supuesto. Efectivamente, estamos proyectando la presentación que corresponde a nuestra partida, la Partida 23 del Ministerio Público. El índice temático da cuenta, en primer lugar, de antecedentes generales del Ministerio Público; luego nos concentraremos en la Ley de Presupuestos para el año 2026, sus glosas —particularmente los temas de preocupación—, así como los recursos destinados a la atención y protección de víctimas y testigos; para finalmente referirnos al proyecto de Ley de Presupuestos en cuanto a la implementación de la Ley 21.057 sobre entrevistas investigativas videograbadas.
Como es de su conocimiento, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y jerarquizado, regido por su Ley Orgánica Constitucional N° 19.640, de 15 de octubre de 1999. Sus funciones principales son dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, de los que determinan la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado; ejercer, en su caso, la acción penal pública en la forma prevista por la ley; y adoptar medidas para la protección de víctimas y testigos.
En cuanto a nuestra infraestructura, contamos con una Fiscalía Nacional, 19 Fiscalías Regionales, 143 Fiscalías Locales y 15 Oficinas de Atención de Público, totalizando 178 unidades, propias y arrendadas. Este despliegue territorial nos permite tener presencia institucional desde Putre hasta la comuna de Cabo de Hornos y da cuenta de los gastos operacionales asociados y de la dotación con que contamos.
Respecto de la dotación, a septiembre del año 2025 la institución cuenta con una dotación establecida en la ley orgánica y sus modificaciones de 4.424 personas, de las cuales 801 corresponden a fiscales y 3.609 a funcionarios. La dotación efectiva alcanzada a septiembre de este año asciende a 4.330 personas, con una composición de 52% de mujeres y 48% de hombres.
Asimismo, informamos sobre el ingreso de causas. Desde 2024 observamos un aumento sostenido. Para el presente año se estima un incremento de 13,6%, equivalente a alrededor de 225.000 causas adicionales respecto de 2024. Esto se explica principalmente por el aumento de denuncias asociadas a estafas y otras defraudaciones, en particular el delito de uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros. Ello obedece a las modificaciones incorporadas en mayo de 2024 a la Ley N° 20.009, que establecen que, para efectos de la restitución de cargos producto de estafas o la reversa de cobros, es necesario interponer una denuncia. De ahí el aumento explosivo de ingresos que hemos experimentado. Por otra parte, en el cuadro que está a su derecha se presenta el ingreso de causas por fiscal adjunto, mirando el período 2016-2017.
El ingreso promedio anual de causas por fiscal superó por primera vez, en el año 2024, las 2.000 causas, llegando a 2.082. Para el año 2025 se espera que alcance las 2.365 causas. ¿Por qué hacemos mención a esta cantidad de causas por fiscal? Porque, cuando se inició la Reforma Procesal Penal, se estableció que una carga razonable por fiscal era del orden de 1.000 a 1.200 causas. Como se aprecia, hoy la cantidad que llega a cada fiscal prácticamente se ha duplicado.
Asimismo, como ustedes saben, acabamos de culminar la tramitación de la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial y, por otro lado, estamos tramitando el proyecto de ley de fortalecimiento. Entre ambos se incorporan 240 nuevos fiscales. Sin embargo, incluso con esa incorporación, el promedio de causas por fiscal quedaría en 1.816, todavía por sobre el rango originalmente considerado razonable. Esto se explica porque el aumento de denuncias de los últimos años ha sido muy significativo; por ello, el proyecto de fortalecimiento nos deja muy justos respecto de la carga de causas a tramitar por fiscal.
Si me permite, Presidente, dicho en otras palabras, a riesgo de ser majadero: el proyecto de fortalecimiento tenía por propósito dotarnos de una planta que mejorara nuestra capacidad para enfrentar el promedio de causas por fiscal. Ese proyecto se inició el año 2023 y contempla una implementación en cuatro anualidades; ni siquiera recibiremos todos los fiscales adicionales el próximo año, aunque la tramitación terminara, sino que será progresivo en cuatro años. Pues bien, como consecuencia del aumento de denuncias que se muestra en la lámina, particularmente desde 2022, aun si recibiéramos este año a todos los fiscales del plan de fortalecimiento y de la Supraterritorial —cosa que sabemos no ocurrirá, porque tomará cuatro años— el promedio de causas por fiscal nos dejaría, a lo sumo, en la situación del año 2022, es decir, en el punto en que estábamos cuando se comenzó a discutir el fortalecimiento, sin una mejora sustantiva respecto de esa carga.
Gracias, Presidente.
Diputada Llamas.— Gracias, Presidente. Saludo al Fiscal Nacional y agradezco su presentación. Dentro de los temas, me preocupa la disminución en la línea de atención a víctimas y testigos. En ese ítem hay dos bajas: el Fondo de Atención a Víctimas y Testigos y, además, en materia de entrevistas. Estamos hablando de una variación de menos 14,2%. Me gustaría conocer la opinión de la Fiscalía sobre cómo abordar esa línea programática con esa reducción.
Gracias, Diputada. No sé si lo tiene considerado dentro de la exposición o prefiere responder cuando llegue a ese punto.
Lo tenemos considerado. Se adelantó.
Continúe, entonces.
Continuando, nos referiremos en concreto a la Partida 23 del Ministerio Público. Como se puede apreciar, el presupuesto que se nos asigna en la Ley de Presupuestos para el año 2026 asciende a 295.000 millones y fracción. En relación con el presupuesto del año 2025, presenta una variación de 1,4%, pues se nos están entregando 3.993.744 miles de pesos adicionales respecto del presupuesto con el que operamos el año 2025. Ahora, este proyecto de Ley de Presupuestos, si bien incrementa, como decía, un 1,4%, la verdad es que...
Este incremento está por debajo del 1,7% general con que ha aumentado el gasto en el resto del sector público y, por otro lado, se genera una diferencia importante: respecto de lo solicitado en el exploratorio, hay una rebaja de más de 10.000 millones de pesos, equivalente a un -3,3%. Además, cabe hacer presente que en el subtítulo 21, correspondiente a gastos en personal, existe una menor asignación de 6.696 millones de pesos debido a la no aplicación del inflactor del 3,1%, cuestión que no había ocurrido en años presupuestarios anteriores.
En cuanto a esta diferencia de 10.000 millones de pesos (-3,3%) solicitados en el exploratorio, algunos de los principales ítems requeridos y que finalmente no fueron acogidos por el Ministerio de Hacienda —solicitudes realizadas en una instancia excepcional— corresponden a los señalados en el cuadro de la parte inferior de la lámina. En primer lugar, se solicitaron 1.861 millones de pesos para el eje de persecución penal efectiva del plan Calle Sin Violencia, particularmente en lo relativo al ECOH, proyecto sobre el cual nos referiremos más adelante. También se solicitaron 856 millones de pesos para reforzar la seguridad de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, adicionales al marco comunicado. Esto obedece a que cada día hay un mayor número de fiscales amenazados de muerte: hoy contamos con 11 fiscales con PPI, esto es, protección personal, en virtud de amenazas por el ejercicio de la función pública.
—¿Se puede hacer una consulta? Porque una parte de la seguridad son los PPI, pero he hablado con algunos fiscales; incluso algunos han tenido que cambiar de domicilio con su familia. ¿Esto considera también el costo que tienen para el entorno familiar muchas veces las medidas de seguridad?
—Sí, efectivamente, señor Presidente. Incluye aspectos personales, pero también de infraestructura: la seguridad no solo es personal. Nos ha tocado realizar reubicaciones de fiscales con familias completas, reinstalándolos a nivel de estudios, lugares de residencia, etcétera, e incluso a sus padres. Asimismo, en este caso, la partida de seguridad de fiscales y funcionarios comprende circuitos cerrados de televisión y medidas de resguardo de la infraestructura propia de las fiscalías, dado que hemos tenido algunos incidentes en la atención de público. La idea es reforzar también estos aspectos de infraestructura.
Luego, se solicitaron 2.793 millones de pesos para mantenciones de inmuebles propios y arrendados. Esto se vincula con la antigüedad de nuestros inmuebles; lamentablemente no contamos con un plan constante de mantenimiento y, en la práctica, vamos parchando los desperfectos que surgen por el paso de los años. Para nosotros es fundamental realizar mantenciones que permitan mantener a la dotación, a los funcionarios y a los fiscales en las mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.
En gastos de inversión en infraestructura, este año, al dar cuenta de la ejecución presupuestaria, logramos la mejor ejecución de los últimos años dentro del Ministerio Público. Por ello solicitamos un aumento para establecer fiscalías regionales y locales en Antofagasta, Los Ríos, Panguipulli y Diego de Almagro; no obstante, tampoco obtuvimos ese incremento.
Ah, sí, perdón, me salté el punto 3: el modelo de mejoramiento de la investigación y persecución penal de los delitos de violencia de género. Como ustedes saben, contamos con una Unidad de Género en la Fiscalía Nacional y estamos particularmente interesados en perfeccionar a los fiscales en modelos de atención que digan relación con la violencia de género. La idea era establecer unidades de género en cada fiscalía regional dedicadas a este tipo de delitos. Se planteó un proyecto en esa línea, que va de la mano con el fortalecimiento que pretendemos obtener para el Ministerio Público; sin embargo, tampoco hubo financiamiento en esa área.
A modo de ejemplo, se observa el contraste en el aumento porcentual del presupuesto del Ministerio Público frente al del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: mientras nuestro presupuesto crece en 1,4%, el de ese Ministerio lo hace en 11,3%, lo que da cuenta de una brecha significativa.
Es más de 51 mil millones de pesos en crecimiento para este último ministerio. ¿Por qué se hace este contraste? Porque ya hemos señalado que la variación que nosotros tenemos en nuestro presupuesto es solo de un 1,4%, que, tal como se señala en el cuadro, corresponde a 3.993 millones de pesos.
Como se observa, contamos con dos líneas programáticas: la de persecución penal y la de atención a víctimas y testigos. Prácticamente el 100% del incremento en el presupuesto se focaliza en la línea de persecución penal, con un aumento de 4.193 millones de pesos, equivalente a una variación de 1,5%. En cambio, la línea de atención a víctimas y testigos experimenta un decrecimiento de casi 202 millones de pesos, que representa una disminución de 2,6%. Más adelante nos referiremos en detalle al impacto de esta disminución.
En el detalle por subtítulo, cabe reforzar que el financiamiento del Ministerio Público proviene mayoritariamente del aporte estatal (95,1%). Le siguen las transferencias corrientes (4,3%), explicadas principalmente por la asignación de recursos para la operación del Plan Calle Sin Violencia y el proyecto ECO. En cuanto a los gastos, los principales se concentran en personal y dotación (73,1%), bienes y servicios de consumo (19,4%) y, en tercer lugar, transferencias corrientes (4,7%). Hay una lámina con la misma descripción por subtítulo, por lo que no me detendré en ese punto.
Respecto de los gastos de operación en la línea de persecución penal, donde se observa una inyección de 4.193 millones de pesos (1,5%), también se verifica una variación en activos no financieros, particularmente en proyectos de inversión, a los cuales me referiré a continuación. En los gastos operacionales de persecución penal se registra un leve aumento de 1,8%.
Debemos hacer un punto respecto del programa de concesiones vinculado con el Ministerio de Justicia. Realizamos transferencias a dicho ministerio como parte del pago del subsidio fijo a la operación del Centro de Justicia de Santiago. El presupuesto asignado para el pago de ese subsidio durante el año 2026 no considera un aumento acordado entre el Ministerio de Obras Públicas y el actual concesionario para prorrogar la concesión del Centro de Justicia de Santiago, la cual terminaba en diciembre de 2025 y se extiende hasta junio de 2028. Como consecuencia de esta prórroga, ha habido un aumento en el valor del subsidio fijo a la operación. Aún no contamos con la cifra exacta, pero se trata de un monto importante. Ese mayor costo, en la parte que nos corresponde a nosotros —junto con el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública—, no se refleja en el presupuesto 2026, pues fue calculado con el valor actual del subsidio y no con el nuevo valor que se implementará mediante un decreto que se encuentra, o ingresará próximamente, a la Contraloría General de la República.
Señor Presidente, quisiera, de todos modos, hacer presente que durante el período previo al vencimiento del contrato de concesión advertimos a la autoridad del Ejecutivo pertinente que el contrato estaba por vencer y que era conveniente negociar oportunamente su continuación o eventual término, considerando que habría una posición negociadora evidentemente más debilitada una vez vencido el contrato. Dicho de otra manera, hoy no es sencillo disponer que la Fiscalía Centro Norte se traslade por completo a otro lugar porque resultaría más barato, pues ya se encuentra instalada en ese recinto. Entendemos que han existido negociaciones con la concesionaria, y el ítem que aparece reflejado en el presupuesto recoge los costos que hemos estado pagando conforme al contrato vigente, pero no aquellos que tendremos que asumir como consecuencia de esta renegociación.
…que va a ser más alto y no conocemos el origen de ese sobreprecio, que, de alguna manera, deberíamos asumir. No está incorporado en este presupuesto. Gracias.
Respecto del reajuste de 3,9%, no está considerado el mayor valor. En el ítem siguiente, Programa de Concesiones del Ministerio de Justicia, los 1.200 millones de pesos corresponden al pago vigente; por tanto, ese reajuste no está incorporado. Gracias.
También vale la pena mencionar que el mayor aumento presupuestario se concentra en la línea de persecución penal. El incremento más relevante corresponde a gasto en personal por 3.665 millones de pesos, derivado de dos aspectos mandatarios por ley: primero, ascensos que corresponden al Ministerio Público este año; y, segundo, el pago de remuneraciones de los fiscales recientemente nombrados para Responsabilidad Penal Adolescente. La última etapa de esos fiscales se nombró en octubre de 2024; por ello, para 2024 se habían considerado solo tres meses de remuneraciones, y el paso a 12 meses queda reflejado en esos 3.665 millones de pesos.
En materia de seguridad integral de fiscales y sus fiscalías, se mantiene un presupuesto de continuidad, con ajustes: disminuye la adquisición de equipos informáticos y aumenta la inversión en máquinas y equipos, particularmente en movilidad y sistemas de seguridad, como circuitos cerrados de televisión.
En activos no financieros se observa una caída de cerca de 592 millones de pesos, equivalente a un 42,7%, explicada principalmente por la menor compra de equipos y programas informáticos, dado que la mayoría del software hoy se paga como suscripciones mensuales. Este ajuste fue solicitado por el propio Ministerio Público para reforzar la línea de licencias en el subtítulo 22.
Respecto de la línea programática del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO), enmarcada en el plan Calle Sin Violencia, corresponde a transferencias desde el Ministerio de Seguridad Pública —inicialmente desde el Ministerio del Interior— y cuenta con un presupuesto de continuidad para 2025 de 12.575 millones de pesos y fracción. Ello permite un máximo de 314 personas contratadas a honorarios en 11 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y, recientemente, Los Ríos, incorporada en septiembre. Esta incorporación se realizó utilizando el mismo presupuesto disponible, lo que implicó reducir inversión en software y herramientas de apoyo a la persecución penal.
A la luz de los resultados del proyecto ECO, que han sido exitosos —y a la espera de los resultados del estudio de impacto contratado por el BID—, estimamos necesario asegurar su continuidad, idealmente institucionalizándolo para que deje de depender de una transferencia corriente y pase a formar parte del presupuesto propio del Ministerio Público.
¿Algo que agregar? Solo reforzar aquello: hoy dependemos de una transferencia del Ministerio de Seguridad Pública para que este proyecto subsista. Eso es razonable en una etapa inicial sujeta a evaluación, pero, tras dos años de vigencia, el proyecto ha demostrado ser útil, eficaz y de impacto muy significativo en el número de formalizaciones.
El aumento en la cantidad de prisiones preventivas se refleja en la mejora de los indicadores de causas con imputado conocido y de esclarecimiento de homicidios. En consecuencia, nos parece que, tratándose de una política pública exitosa, no debiera depender de una transferencia contingente año a año, sino incorporarse de manera permanente al presupuesto de la institución.
A modo de complemento, y con los primeros resultados del estudio financiado por el BID, se observa que en los últimos 12 meses el número de imputados conocidos ha aumentado en más de un 30%, y la tasa de imputados formalizados se ha incrementado en un 45%.
Asimismo, y a propósito de lo señalado por el fiscal, en nuestras conversaciones con el Ministerio de Seguridad Pública, monitoreando el comportamiento de homicidios y secuestros —materias que aborda el equipo contra el crimen organizado—, se detectó un aumento de homicidios en la Región de Los Ríos. Por ello se nos solicitó incorporar el equipo ECO en dicha región, donde no existía. Inicialmente acordamos hacernos cargo de su instalación desde septiembre de este año, requiriendo financiamiento para los años venideros. No obstante, contamos con la misma transferencia corriente, y el equipo en Los Ríos ya está instalado; no podemos desmantelarlo. Estamos haciendo el esfuerzo de sostener su operación, lo que ha implicado disminuir inversiones relevantes para la investigación —por ejemplo, software de extracción de datos de celulares— que debemos postergar para mantener la operación del ECO en Los Ríos.
En materia de proyectos de inversión, si bien este año tuvimos una muy buena ejecución presupuestaria, el presupuesto de inversión es prácticamente de continuidad, con una rebaja de 32 millones de pesos (0,5%). Ello nos obliga a mantener nuestras 10 iniciativas actuales y a incorporar cuatro nuevas para el año 2026: la reposición de la Fiscalía Regional Occidente y de la Fiscalía Local de Maipú (que originalmente se proyectaba en Cerrillos, pero hoy será en la misma comuna de Maipú); la ampliación de la Fiscalía Local de Puente Alto; la construcción de una Fiscalía Local en Rengo; y la ampliación y mejoramiento del edificio institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, considerando la mayor dotación que se recibirá a raíz del proyecto de ley de fortalecimiento.
Respecto de la línea programática de atención a víctimas y testigos, a propósito de lo planteado por la diputada Llamas, existen dos líneas: el Fondo de Atención a Víctimas y Testigos —donde se financian las prestaciones para quienes ingresan a la Fiscalía— y la Ley 21.057 sobre entrevistas investigativas videograbadas. Entre ambas se produce una rebaja total de 201 millones de pesos, equivalente a un 2,6%. Dentro del Fondo, se incluyen gastos de protección a víctimas y testigos, así como —en respuesta a lo consultado por el senador Zangüesa— la protección de las familias de fiscales amenazados, quienes, para estos efectos, son consideradas víctimas junto a sus familias. En la desagregación, los gastos en personal se reducen en un 13%, observándose una disminución aún mayor en bienes y servicios de consumo, además de ajustes en la adquisición de activos no financieros.
Si miramos la composición del gasto en víctimas y testigos, la mayor parte se destina a prestaciones de aporte económico con cargo al fondo.
Tenemos el mandato de brindar atención y protección a víctimas y testigos. Contamos con fondos propios, denominados Fondo de Atención a Víctimas y Testigos (FAE), que permiten otorgar prestaciones de diversa índole: atención psicológica y psiquiátrica; medidas de protección, como instalación de rejas o alarmas en las viviendas; teleasistencia; botones de pánico; reforzamiento domiciliario; cámaras de vigilancia; movilización y apoyos para facilitar la participación en juicios orales. Asimismo, se financian servicios de call center, traducción de idiomas y de lengua de señas, además de mobiliario, equipamiento y programas informáticos.
El FAE experimenta una reducción de 1,3%, equivalente a casi 93 millones de pesos respecto de los recursos asignados en el presente año. Este ajuste se observa en el subtítulo 22, donde se desglosan los componentes del Fondo de Protección a Víctimas y Testigos.
En primer lugar, figuran los elementos de seguridad personal y de vivienda, que cubren, entre otras medidas, la instalación de alarmas en domicilios, teleasistencia, botones de pánico, reforzamiento domiciliario y cámaras de vigilancia.
Un segundo ítem, que corresponde al 32,1% del Fondo, agrupa prestaciones destinadas a facilitar la participación de víctimas y testigos en el proceso penal, tales como compensaciones por lucro cesante, gastos asociados y atenciones psicológicas o psiquiátricas, especialmente en la etapa previa a audiencias o juicios.
Asimismo, se registra un gasto en reubicación —que hoy representa un 13,7%— cuyo crecimiento ha sido sostenido en los últimos años. Se trata de reubicaciones temporales y también definitivas, que implican cubrir costos de alojamiento, traslados y aportes económicos iniciales para la subsistencia de las víctimas y sus grupos familiares en los nuevos lugares. Este gasto seguirá en aumento por dos razones: primero, la implementación del programa de protección a testigos, que incorpora a personas con riesgo vital, para quienes la reubicación suele ser la medida operativa principal. Actualmente contamos con 26 testigos protegidos a nivel nacional, lo que conlleva reubicaciones dentro y, en algunos casos, fuera del país. Segundo, la reciente ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, dedicada al crimen organizado y delitos de alta complejidad, que demandará prestaciones más complejas y de mayor costo para víctimas y testigos. Cabe señalar que el informe financiero que acompañó dicha ley no consideró recursos para estas prestaciones, por lo que se están financiando con el fondo general y se proyecta el gasto para cubrir estas necesidades.
Existe además un ítem “otros”, equivalente al 14,6%, que incluye traslados, asistencia médica, gastos funerarios y artículos de primera necesidad. En casos de delitos sexuales, delitos violentos y trata de personas, se entrega a las víctimas un kit con elementos de aseo, cambio de ropa y otros insumos básicos.
Finalmente, dentro de los bienes y servicios de consumo se incluyen el servicio de call center y la traducción de idiomas y de lengua de señas. Respecto de “TIM”, es una nomenclatura interna para ciertos tipos de testigos que, sin estar incorporados formalmente al programa de testigos, requieren mayores niveles de reserva de identidad u otras medidas reforzadas.
Se incorporan también ahí. En cuanto a la atención de víctimas y testigos, entrando en la otra línea programática —entrevistas videograbadas, Ley N° 21.057—, registramos una reducción de 109 millones de pesos, equivalente a un 14,2% de rebaja presupuestaria, que se distingue en dos líneas: primero, la implementación de salas de entrevista investigativa, donde el menor gasto tiene sentido porque ya contamos a la fecha con 85 salas implementadas, por lo que la cantidad a instalar anualmente es menor; y, segundo, bienes y servicios de consumo, con un impacto relevante en la formación especializada de entrevistadores.
La ley de entrevista investigativa establece requisitos especiales para desempeñarse como entrevistador, así como cursos de formación inicial y de perfeccionamiento, todo ello mandatado por ley. Si bien el Ministerio Público mantiene un número importante de entrevistadores, requerimos cada vez más, porque los otros organismos que colaboran —Carabineros, la PDI y, en menor medida, el Poder Judicial—, por razones de movilidad funcional, van perdiendo entrevistadores. Por ejemplo, cuando un funcionario de Carabineros es trasladado, la región queda con un entrevistador menos. En consecuencia, el Ministerio Público aporta la mayor cantidad de entrevistadores al sistema y debe ejecutar los programas de formación exigidos por ley. La reducción señalada impacta de manera importante el cumplimiento de este mandato legal.
A la fecha hay 85 salas habilitadas en el país. Están en proceso de habilitación para el año 2025 Maipú y una segunda sala en La Florida; Parral y Curanilahue ya fueron inauguradas. Para el año 2026 se espera implementar cuatro salas: Arica, una segunda sala para San Bernardo, Cauquenes y Santa Cruz.
Finalmente, las áreas presupuestarias estratégicas de relevancia para el Ministerio Público siguen siendo las mismas señaladas el año pasado. No sé si, Fiscal, usted desea hacer un punto.
Probablemente ustedes recordarán que, a principios de año, planteamos que nuestro presupuesto tiene la singularidad de que algunas rebajas en ciertos ítems pueden parecer menores respecto del total, pero generan un impacto muy serio en áreas específicas de nuestra actividad. Ello, porque del presupuesto total, el porcentaje destinado a remuneraciones corresponde al 73,2%. Es decir, de cada cuatro pesos, aproximadamente tres se destinan a remuneraciones, y queda uno para todas las demás necesidades. En consecuencia, reducciones específicas que parecen menores respecto del total resultan muy significativas en determinados ítems.
¿Cuáles son las áreas que, en el último tiempo, han resultado especialmente sensibles y objeto de particular preocupación? Como comentábamos, el Fiscal Nacional procuró que las prioridades del presupuesto se condijeran con nuestras prioridades institucionales; o, dicho de otro modo —permiso, señor Presidente—, “poner la billetera donde están las prioridades”: que la forma y el volumen del gasto reflejen aquello que consideramos más relevante.
¿Cuáles son esos ámbitos que en el último año han cobrado mayor relevancia? Primero, la atención y protección de víctimas y testigos, porque el tipo de amenaza y el contexto que enfrentan hoy, a propósito de la actividad del crimen organizado y otros delitos de alta connotación social —como la prioridad que, al menos desde esta gestión, hemos asignado como Fiscalía Nacional a las víctimas de violencia de género—, es distinto. Y no solo por la priorización que hacemos nosotros, sino también por la que hace la comunidad, a la luz de la información que pudimos levantar a propósito de la...
... de persecución penal y todas las actividades de participación ciudadana que realizamos para poder definir esa política, y la relevancia que le atribuye la ciudadanía a los temas que tienen que ver con violencia de género, violencia intrafamiliar y abusos sexuales de niños. Hay un contexto distinto y, en consecuencia, la cantidad de recursos y el tipo de esfuerzo financiero que debemos hacer para atender a esas víctimas es diferente al que teníamos hace algunos años.
En segundo término, la seguridad de fiscales y funcionarios. Hoy día me decía Antonio Marán, hace algún tiempo: nadie midió, cuando se priorizó la transparencia en los edificios como una señal de transparencia de todo el sistema de justicia, cuánta plata íbamos a tener que gastar como consecuencia de los edificios llenos de vidrio. Para proyectar transparencia hicimos muchos edificios muy vidriados; pero hoy, por ejemplo, en la Fiscalía Nacional, incluso cuando fue diseñada, se consideró un espacio de plaza pública en su acceso para compartir con la comunidad y, considerando el contexto actual, eso ya no parece razonable. Las soluciones del pasado suelen ser, muchas veces, los problemas del futuro, y hoy debemos hacer esfuerzos especiales para que los fiscales y los funcionarios puedan trabajar en condiciones de seguridad necesarias.
Tercero, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante, como dijo la directora, en tecnologías de la información para mejorar la efectividad de la persecución penal. Quizás han advertido, a través de los medios, que hoy con más frecuencia la Fiscalía debe solicitar extradiciones de sujetos que se encuentran fuera del país. Estas persecuciones ya no son como en las películas del siglo XX, con seguimientos físicos; hoy las persecuciones y búsquedas electrónicas o digitales, por los rastros digitales de los prófugos, son cada vez más relevantes. Para realizar esas búsquedas y levantar evidencia digital es necesario contar con más y mejor tecnología, y esa tecnología hay que pagarla. Aunque hemos desarrollado algunas herramientas de análisis propias, las más valiosas —por ejemplo, en materia de criptomonedas u otros tipos de rastreo en Internet— son licencias que debemos adquirir. Como consecuencia de la amenaza que enfrentamos en materia de crimen organizado y de otros delitos de alta complejidad que provocan un daño social, hemos tenido que reorientar la inversión y poner especial énfasis en tecnología.
Cuarto, probablemente les consta que el Estado de Chile ha hecho una inversión muy importante para que el Ministerio Público cuente con una infraestructura adecuada, que en localidades más pequeñas constituye incluso un aporte a la infraestructura pública de esas ciudades. Sin embargo, a lo largo de estos años los edificios envejecen, tal como envejecen quienes trabajan en ellos, y requieren mantención. Además, el contar con una mayor dotación como consecuencia del plan de fortalecimiento requerirá intervenir esos inmuebles, lo que demanda necesariamente nuevos recursos para no perder lo que tenemos y asegurar que presten servicios apropiados para quienes trabajarán ahí.
Gracias, señor Presidente.
—Gracias, Fiscal.
—Muchas gracias, señor Presidente. Con eso concluimos nuestra presentación y quedamos disponibles para sus consultas. Gracias.
—Ofrezco la palabra. Diputado Romero.
—Muchas gracias, señor Presidente. Salvador, señor Fiscal Nacional. Estábamos revisando y me han informado que no habría presupuesto para la Fiscalía Supraterritorial. ¿Podría explicar qué pasa con eso? ¿Dónde se va a suplementar? ¿Cuánto nos va a costar la implementación de la Fiscalía Supraterritorial? Porque, aparentemente, lo que hay es que la ley establece que se estaría alimentando de recursos del Tesoro Público. No sé si usted lo sabía o cómo se va a financiar la Fiscalía Supraterritorial; es una duda.
Lo segundo: yo me acuerdo que usted hablaba de una medida para los fiscales, que era la cantidad de causas por fiscal. No sé si esa medida hoy está mejor o peor. ¿Cómo vamos con eso?
Y lo otro, señor Fiscal, es que me he juntado con algunos trabajadores de algunas asociaciones...
Señor Presidente, me han planteado la necesidad de que se reconozca a algunos estamentos la asignación profesional. En algunas fiscalías hay muchas personas que realizan labores profesionales que no tienen asignación profesional, pero sí realizan funciones como profesionales. Entonces, claro, hay un principio de supremacía de la realidad, según el cual cualquier funcionario que realiza una labor de esas características debiera ser compensado de ese modo. Por lo mismo, quería preguntarle cuál es el tratamiento en materia de asignaciones y remuneraciones del personal que obtenga algún título de esas características, Presidente.
Gracias, diputado Romero. Senador Coloma.
Gracias, Presidente. Saludar, como lo hicimos antes, al Fiscal y a todo su equipo. Mire, tengo una reflexión y dos consultas.
La reflexión: quiero agradecer, Presidente, y valoro la autonomía de las instituciones. De todos los que hemos venido acá, para mí es muy importante el tema de la cifra del ítem, el inflactor, porque a mi juicio es una bomba de tiempo instalada en todos los presupuestos. No tiene que ver con uno en particular; es para todos los ministerios. ¿Cómo se hace cuando la DIPRES entrega las cifras de ítem para 2025 en pesos de ese año y no reajustadas a pesos de 2026? Para hacerlo fácil: al final uno dice “aumentó el presupuesto 1,7”, pero si uno hace el cálculo, bajó 1,4. Bueno, es una corrección, pero ¿cómo se afronta una discusión presupuestaria ministerial sabiendo que el inflactor está pendiente y que tiene que resolverse?
Adicionalmente, lo vimos con el CFA, que nos plantea una duda respecto de los ingresos. Lo dice el CFA, no lo digo yo. Señalan que solo respecto al cumplimiento tributario, el estimado de 1,45% del PIB se va a traducir —hasta ahora, según calculan, y el Fondo Monetario— en 0,5%. O sea, tenemos un punto menos del PIB que, se supone, es un ingreso que no vamos a tener. Entonces, valoro lo que se ha hecho porque creo que ese es el sentido de la autonomía: mirar las cosas con realismo. No es estar a favor o en contra; es preguntarse cómo lo hago cuando uno tiene 100 de gastos, la inflación es tanta y me quedo con lo mismo. ¿Cómo se resuelve un problema si usted no actualiza en los presupuestos al mismo tipo de moneda en 2025 o 2026? Esto se ha hecho por muchos años así. Queda claro, además con el informe que ustedes han hecho, cuál es el problema, Presidente. Insisto: no tiene que ver con ningún ministerio en particular, sino con una política presupuestaria que se ha definido, que a mi juicio está equivocada y que hay que resolver, ojalá en la Mixta, antes de entrar a entender lo demás. Porque si no, ¿qué va a pasar en diciembre? Vamos a enfrentar una bomba —lo planteó el senador en la mañana, de forma parecida— muy grave. ¿Qué significa eso? Que las remuneraciones no van a estar expresadas en moneda constante, o van a caer en términos reales. Ustedes lo plantean con total realismo, y eso fortalece la posición que tengo.
Segundo, dos cosas específicas respecto del presupuesto. La Fiscalía Supraterritorial —que valoro, porque creo que también es un aporte del propio Ministerio Público para enfrentar el crimen moderno—, si uno mira cómo está estipulada, no está en el Ministerio; está en el Tesoro Público, en la provisión para financiamiento comprometido. Eso es, ¿cómo le digo?, inusual. Uno supondría que el financiamiento de una ley debería estar en el ministerio respectivo y no en el Tesoro Público como una provisión. A mi juicio, eso no puede ser; es lo que hay que resolver. ¿Dónde está? Es una lógica presupuestaria razonable: no puede estar en el Tesoro. ¿Qué pasa si en el Tesoro pueden pasar muchas cosas? ¿Se puede rechazar el Tesoro de repente? ¿O se puede disminuir el Tesoro? ¿O el país tiene problemas distintos con el Tesoro y quiere decir que...