Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Señor Secretario, la cuenta.
Muchas gracias, Presidente. Sus señorías, señor Ministro, buenas tardes. Señor Presidente, hemos recibido en esta Secretaría los siguientes documentos: de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, una minuta informativa entregada en esa instancia parlamentaria por el dirigente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de la región de Arica y Parinacota, señor Pedro Sandoval, mediante la cual expone asuntos de interés para su gremio, con incidencia en el presupuesto de este año; solicitud de audiencia del Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez, respecto de la cual, entiende esta Secretaría, usted habría dado el visto bueno para su exposición; y un documento de trabajo con análisis del proyecto de ley de Presupuestos 2026 y recomendaciones para la formulación del presupuesto en niñez y adolescencia 2026 y años siguientes, remitido por el Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille. Eso, señor Presidente, en cuanto a la cuenta.
Muchas gracias, señor Secretario. Saludar al Ministro y a todo su equipo. ¿Se encuentra don Ignacio? ¿Está allá? Sí, para que lo ubiquen. Podemos escucharlo durante cinco minutos, que es lo acostumbrado. ¿Va a exponer? Sí, adelante, al final. Aprovecho de saludar al senador Núñez, a la diputada Jomans y al diputado Romero, que se encuentran con nosotros. Tiene la palabra don Ignacio.
Muchas gracias, Presidente. Habíamos compartido una presentación; no obstante, podemos exponer sin ella y luego la haremos llegar al correo de la comisión para diputadas y senadores. Muy buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia. Comparecemos en conjunto con Jack Mora, también dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal, en representación de la Asociación de Funcionarios, para referirnos al proyecto de ley de Presupuestos 2026, específicamente a la Partida 10, que incorpora los recursos para la Defensoría Penal Pública.
Como contexto, la Defensoría Penal Pública cumple una función estructural en el Estado democrático de Derecho: garantizar el derecho constitucional a la defensa de toda persona imputada, contribuyendo a la paz social y a la legitimidad del sistema penal. Nuestra institución enfrenta un déficit estructural que afecta su capacidad operativa y la carrera funcionaria. En diversas regiones, los funcionarios trabajan con mobiliario deteriorado, sistemas de climatización en mal estado y oficinas sin presupuesto de mantención. En algunos casos, incluso han debido traer sillas, ventiladores u otros sistemas de calefacción desde sus hogares. Esta precariedad no solo afecta la dignidad laboral, sino que también pone en riesgo la seguridad y la salud de quienes garantizan derechos fundamentales.
Nuestras solicitudes se ordenan en dos líneas, relativas a los ítems 21 y 22. Sobre el ítem 21, al que me referiré brevemente y que aparece en los proyectos exploratorios no solo de este año: mejora administrativa y promoción. Insistimos en solicitar el reconocimiento del grado 19 para el estamento administrativo, actualmente en grado 20, aplicando el mismo criterio que se adoptó en esta Subcomisión hace 10 años, cuando se efectuó el traspaso de los honorarios del Programa de Responsabilidad Penal Adolescente. En esa oportunidad, todos los funcionarios del estamento administrativo quedaron en grado 19, no así aquellos que ya estaban a contrata en esos años. Asimismo, pedimos reponer los fondos para los concursos de promoción.
…ya hace más de una década en la Defensoría Penal Pública, lo que ha generado una carrera funcionaria estancada y, por lo tanto, una desmotivación institucional.
Muy bien. Buenas tardes, señor presidente. Jack Smura, de la Asociación de Funcionarios. Complementando la solicitud que realizamos como Defensoría Penal, nos preocupa que en los últimos cuatro o cinco años se haya eliminado del exploratorio el ítem relacionado con la mantención de bienes inmuebles. Partimos con una base del orden de 100 millones de pesos; sin embargo, al eliminarse esa base, el deterioro ha sido incremental y, a la fecha, acumulamos alrededor de 422–423 millones de pesos en daños pendientes de reparar en los distintos inmuebles que administramos como Defensoría Penal.
Igualmente, durante el año 2022, cuando se realizó el exploratorio al 2023, se presentó un programa de mantención en el ítem 29 relativo a máquinas y equipos, básicamente por dos motivos: la obsolescencia tecnológica y el cumplimiento de la normativa ambiental, que al año 2021 señalaba que todos los servicios públicos debíamos regular nuestros equipos al gas R410 y eliminar el gas R22, nocivo para la capa de ozono. Al no haberse aprobado las renovaciones tecnológicas, no hemos podido cumplir ese programa. Actualmente asciende a 117 millones de pesos.
Como señalaba anteriormente Ignacio, en materia de mobiliario también se ha eliminado el financiamiento en los últimos tres o cuatro años, y tenemos mobiliario de hace 20 años, lo que impacta la seguridad de los funcionarios en lo ergonómico y en salud. La falta de renovación de aire implica que, en algunas mediciones ambientales realizadas en oficinas, hemos superado las 1.300 partes por millón de anídrido carbónico, afectando la salud de las personas por las condiciones ambientales que esto genera.
Y para cerrar, la proyección institucional traerá a discusión el concepto de supraterritorialidad a raíz del crecimiento del Ministerio Público y el proyecto de autonomía. Sobre este proyecto, queremos reiterar —como lo hemos hecho en esta y otras comisiones— que autonomía y fortalecimiento no pueden ir separados: requerimos una carrera funcionaria efectiva y regulada por ley; la modificación del artículo 31, que dejó a los defensores locales en contrata permanente sin opción de pasar a planta; y que los defensores regionales se incorporen al sistema de EPE, tema que ya se vio en la Comisión Mixta de Hacienda al modificarse la Ley de Alta Dirección Pública. Como asociación, y tal como lo ha señalado la Defensora, si la autonomía no incorpora estos elementos de fortalecimiento, en todas las instancias manifestaremos una postura negativa.
Finalmente, señor ministro y señor subsecretario, hemos insistido por Ley de Lobby en más de una oportunidad solicitando audiencias, las que han sido rechazadas o postergadas. Ojalá que en esta ocasión sí podamos conversar. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Ignacio. Saludamos al senador Coloma, que se integra. Ministro, tiene la palabra.
—Presidente, ¿comienzo la exposición general de la partida?
—Ah, ya. Muy bien.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los senadores y diputadas y diputados presentes. Voy a exponer la partida número 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en términos generales. Me acompañan el señor subsecretario de Justicia, la señora subsecretaria de Derechos Humanos y los jefes de cada uno de los servicios dependientes y relacionados del Ministerio de Justicia.
En primer lugar, señalar cuáles son las definiciones estratégicas que tiene el Ministerio de Justicia con sus servicios relacionados. Por misión, tenemos promover una justicia centrada en las personas, implementando políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de derechos e igualdad de género, mediante una gestión centrada en la mejora continua, la protección y promoción de los derechos humanos y la reinserción social.
Se promueve la participación de actores internos y externos y la prevención temprana de conflictos. Por visión, se reconoce a la institución como garante del acceso a la justicia y del ejercicio efectivo de derechos, contribuyendo a la paz social y a la seguridad pública, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas de reinserción social. Todo ello se sustenta en los principios de igualdad, probidad, oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia, con un enfoque de derechos y de equidad de género, constituyéndose en un aporte relevante para el desarrollo del país.
De la misión y la visión se derivan nuestros objetivos estratégicos, resumidos en cuatro grandes pilares:
- En materia de derechos humanos, difundir y proteger los derechos fundamentales de todas las personas; velar por la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición, de modo de prevenir cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
- En acceso a la justicia, generar mecanismos adecuados para su promoción y ejercicio, con especial atención a quienes históricamente han estado más excluidos, disponiendo de servicios especializados como la representación judicial, la resolución alternativa de conflictos, la Defensoría Penal Pública, los servicios de identificación y registro de personas y los peritajes de carácter médico-legal y forense.
- En reinserción y política penitenciaria, desarrollar acciones que permitan una reinserción y rehabilitación social efectivas para las personas que han infringido la ley, tanto en el sistema adulto como en el juvenil, mediante una oferta programática con perspectiva de género, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario, la infraestructura de los recintos penales y el perfeccionamiento del marco jurídico y técnico penal.
- En probidad y transparencia, modernizar y fortalecer los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizando calidad de atención y accesibilidad para todas las personas, y mejorando los niveles de satisfacción respecto de la cobertura, el acceso, la oportunidad y la calidad en la entrega de los distintos productos y servicios que provee el Ministerio y sus servicios relacionados.
Respecto del programa de gobierno en el sistema de justicia penal y penitenciario, cabe señalar lo siguiente. Contamos con una inversión en 17 recintos penitenciarios que permitirá, entre 2024 y 2030, incorporar 12.000 nuevas plazas al sistema penitenciario; ya se han incorporado alrededor de 3.000 plazas. Ello responde a uno de los principales desafíos del sistema: la sobrepoblación. En 2022, la población penal alcanzaba alrededor de 41.000 personas privadas de libertad y la capacidad del sistema era similar; de hecho, al asumir el gobierno, la ocupación era de 97,3%. Sin embargo, por distintas razones —entre otras, una persecución penal más efectiva y la implementación de leyes que endurecen la respuesta penal—, hoy existen más de 60.000 personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, lo que implica un aumento superior al 40% en el sistema cerrado y obliga a incrementar las plazas para evitar la sobrepoblación.
La sobrepoblación genera, al menos, los siguientes problemas: dificulta la segregación de personas privadas de libertad —separar a las más peligrosas de las menos peligrosas—; aumenta las dificultades para trabajar en reinserción; y eleva la inseguridad al interior de los establecimientos penales, redundando en inseguridad penitenciaria y, por cierto, también en problemas de seguridad pública. Por lo mismo, nos hemos propuesto generar la cantidad de plazas necesaria para abordar este problema.
Podremos profundizar en estos aspectos cuando el Subsecretario y luego el Director Nacional de Gendarmería expongan los recursos previstos tanto en la Subsecretaría de Justicia como en Gendarmería de Chile. En ambos presupuestos se contemplan recursos en materia de infraestructura y de atención directa a las personas privadas de libertad, que se complementan y se encuentran en los respectivos capítulos de la partida.
del Ministerio de Justicia. Respecto del segundo pilar, que es la Agenda Integral de Derechos Humanos en Democracia, esto se materializa principalmente en un programa relevante con incidencia en dos instituciones: la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Médico Legal. Se trata del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que pretende esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente durante la dictadura militar. Ese es otro de los ejes centrales de este presupuesto, enmarcado en el programa de nuestro gobierno.
En tercer lugar, se aborda la implementación de la reforma que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, inserto en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, conforme a la Ley 21.527. Esta ley se presentó a finales del gobierno de la expresidenta Bachelet, continuó su tramitación durante el gobierno del presidente Piñera, se aprobó en el año 2022 y comenzó a regir el 13 de enero de 2023. Modifica de forma sustantiva el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, regido por la Ley 20.084, introduciendo cambios sustantivos, procesales e institucionales, entre ellos el término del Servicio Nacional de Menores y la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil. La implementación es gradual: el 13 de enero de 2024 comenzó a regir en la macrozona norte, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo; el 13 de enero de 2025, es decir, de este año, se extendió desde la Región del Maule hasta Punta Arenas; y el 13 de enero de 2026 se completará su implementación en todo el territorio nacional con las regiones de Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana. Esto también forma parte del presupuesto como uno de los pilares centrales de las inversiones en curso.
Finalmente, justicia accesible, inclusiva y centrada en las personas: esto corresponde principalmente a la inversión que se realiza a través de la Subsecretaría de Justicia en los programas presupuestarios destinados a las transferencias a las cuatro corporaciones de asistencia judicial. Ustedes recordarán que hace muy poco se terminó de tramitar el proyecto que crea el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que transformará de manera significativa esta prestación que hoy el Estado realiza mediante estas transferencias, así como a través de programas actualmente en la Subsecretaría de Justicia, como el de mediación familiar, y de programas en otras carteras, como los Centros de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Todo ello se reúne en el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y, en el intertanto, mientras se implementa esa ley —que contempla una vacancia de 18 meses y una implementación gradual similar a la del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil—, esta función debe seguir operando en el programa presupuestario que lleva la Subsecretaría de Justicia a través de las corporaciones de asistencia judicial.
¿Cuál es el resumen de nuestro presupuesto? Ustedes lo encuentran en la lámina siguiente. En términos generales, presenta un aumento real de 17 mil millones de pesos y fracción, con un crecimiento de la partida en su conjunto de un 1,2%. Es decir, la partida, con sus distintos capítulos, crece en promedio un 1,2%, entendiendo que algunos crecen más y otros menos, como se verá en cada servicio respectivo. El total del presupuesto asciende a 1.537.620 millones de pesos, lo que representa, como se señalaba, un aumento de 1,2% respecto del presupuesto vigente para el año 2025.
La lámina que ustedes tienen ahí resume las principales variaciones y las áreas en las cuales estas son significativas. Para la Secretaría y Administración General, que corresponde básicamente al presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, se contemplan 301 mil millones de pesos y fracción, con una variación negativa de 4,6%. Ello se explica, como detallará el señor Subsecretario, principalmente por la disminución en el subtítulo 31 del programa 01 de la Subsecretaría de Justicia, vinculado a inversiones. ¿Por qué? Porque hemos terminado de ejecutar obras muy significativas para el sector Justicia, como el nuevo edificio del Servicio Médico Legal y, asimismo, el nuevo edificio del sector Justicia en la región de O’Higgins. Al concluir esas obras, el presupuesto de inversiones (subtítulo 31 del programa 01) disminuye en esa magnitud.
En materia de concesiones, hay un aumento de 4,4%, asociado a programas presupuestarios destinados principalmente a la construcción de nuevos recintos penitenciarios. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, también se observa un aumento, vinculado al Plan Nacional de Búsqueda. El Servicio de Registro Civil e Identificación presenta una disminución, explicada por proyectos que han concluido su ejecución, lo que será detallado por su Director Nacional. El Servicio Médico Legal muestra una variación positiva, principalmente por dos prioridades: el Plan Nacional de Búsqueda y cerrar brechas en materia de pericias. Gendarmería de Chile también registra una variación positiva, explicada por programas de seguridad penitenciaria. En tanto, la Defensoría Penal Pública presenta una variación negativa de 0,6%, por ajustes efectuados en su presupuesto.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil exhibe la variación más alta del presupuesto considerado, debido a la culminación de su implementación a nivel nacional. La nueva oferta programática es más contundente que la que ejecutaba el SENAME; al financiarse su totalidad y al incorporarse la macrozona más poblada, con la mayor cantidad de jóvenes en atención, se explica el incremento de recursos.
A modo de síntesis, el presupuesto ministerial crece en 1,2%, pasando de 1.521.000 millones de pesos a 1.538.000 millones de pesos. Entre las principales inversiones de la cartera destaca la infraestructura penitenciaria, con 34.000 millones de pesos, que considera principalmente el sistema concesionado, así como ampliaciones, densificaciones y construcción de nuevos establecimientos. En la página 10 de la partida se encuentra el detalle. Estos recursos incluyen, entre otras iniciativas, la ampliación de Santiago 1; la relicitación de Puerto Montt y Valdivia; la densificación del complejo penitenciario de Biobío; la densificación del Grupo 1 en su conjunto; la ampliación de Antofagasta; y los recursos para la construcción de los nuevos complejos penitenciarios de Copiapó y de Calama, entre otros. En dicha página pueden ver el detalle de todas las obras de infraestructura que contempla el presupuesto de Justicia.
Se explica la necesidad de ampliar nuestro sistema penitenciario, aumentando las plazas necesarias y suficientes para evitar la sobrepoblación, que, como se señaló, es un problema estructural de cualquier sistema penitenciario.
Posteriormente, en las líneas programáticas, se presenta el Plan Nacional de Búsqueda, en el cual la Subsecretaría de Derechos Humanos incrementa su presupuesto en 1.243 millones de pesos, destinados principalmente a la continuidad del Plan, a las diligencias ordenadas por ministros y ministras en visita y a la plataforma informática que consolida la información relativa al mismo. Asimismo, en esta línea se incorporan recursos adicionales al Servicio Médico Legal para las pericias requeridas por el programa.
Respecto del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se contempla la implementación total de la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, con recursos adicionales por 50.000 millones de pesos para financiar la oferta programática bajo el nuevo modelo de intervención, ahora a nivel nacional, dado que desde el 13 de enero del próximo año estará vigente en todo el país el nuevo servicio y, por cierto, la reforma completa.
En cuanto al Servicio Médico Legal, se financian dos iniciativas muy significativas. Primero, en infraestructura: completar el equipamiento del nuevo servicio y remodelar el edificio antiguo del SML, de modo que allí funcione el Servicio Médico Legal Metropolitano; además, avanzar en las obras de las sedes de Coyhaique y Quillota, y concluir aspectos vinculados a la reciente inauguración de San Antonio. Segundo, un incremento asociado a la reducción de brechas periciales. Tal como se ha visto en esta Subcomisión en años anteriores, se ejecuta un plan trianual para disminuir las brechas en pericias de distinto tipo —psiquiátricas, tanatológicas, de ADN, entre otras—, que concluiría este año, con los recursos necesarios para que el SML supere el retraso en pericias clave para el sistema de justicia en su conjunto. La directora del Servicio lo detallará con mayor precisión, dada su experticia.
Finalmente, en la última lámina se muestran las variaciones del presupuesto del sector justicia desde 2022 al presupuesto que hoy se presenta. La partida del sector justicia en 2022 era de 1.339.887 millones de pesos y, para 2026, la partida del Ministerio de Justicia registra un aumento de 14,8%, equivalente a 198.000 millones de pesos, proponiéndose al Congreso una partida de 1.538.636 millones de pesos. Este incremento se explica principalmente por dos medidas: primero, el programa penitenciario, que es el que más ha aumentado, con un 19% (131.000 millones de pesos); y segundo, la implementación de la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, con la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que crece en 63.000 millones de pesos respecto del presupuesto que tenía el Servicio Nacional de Menores. En conjunto, ello suma 198.750 millones de pesos, correspondientes al aumento de 14,8%. En cuanto a la dotación de personal, la partida del sector justicia consideraba 28.591 funcionarios en 2022; actualmente son 30.000.
Ministro: …y de eso se explica principalmente por el aumento de cargos vinculados a las plantas 1 y 2 en Gendarmería y la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Los 1.922 funcionarios nuevos que tiene el Ministerio de Justicia —mejor dicho, el sector justicia en su conjunto—, que pasa de 28.000 a 30.000 funcionarios, se explican por los aumentos en las plantas 1 y 2 de Gendarmería, las mayores dotaciones que se requieren por los aumentos de plazas que se han hecho principalmente en Gendarmería y los incrementos de dotación que implica la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente con el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Eso, Presidente. Si usted lo permite, los siguientes capítulos los irán presentando los jefes de cada uno de los servicios.
Presidente: Bien. Tiene la palabra el diputado Romero, y luego el senador Coloma.
Diputado Romero: Solo una cuestión de orden. No han enviado todavía la presentación del Ministerio que estamos viendo. ¿En qué está eso para poder seguir la sesión?
Presidente: ¿Se refiere en formato digital? Porque esto se lo mandamos también al asesor; también me han preguntado. Estamos en eso, me indica la Secretaría. Voy a revisar.
Senador Coloma: Ministro, ¿quienes van a intervenir después se harán cargo —o es mejor plantearlo ahora— de la diferencia que se produce en materia de financiamiento? Por un lado, hay un aumento de dotación y, por otro, una disminución de recursos. Esos son los datos que quería chequear. Y, respecto de la inversión en infraestructura penitenciaria, según los datos que tenemos, en el subtítulo 31 hay una baja importante. ¿Se harán cargo de eso o formulo ahora la pregunta completa?
Presidente: Adelante.
Senador Coloma: Gracias, Presidente. Según los datos que estamos viendo, en gastos en personal del Ministerio de Justicia hay una caída real del 2,3%. Tenemos una larga discusión con el Ejecutivo respecto de lo real y lo nominal —discusión que no vamos a resolver en esta comisión—, que probablemente será parte de la Mixta. Eso nos tiene en general atrasados y por eso no estamos aprobando los presupuestos de las partidas, hasta que esté claro cuál es la política pública del Ejecutivo respecto de cómo fijar esa relación entre nominal y real, y cuál es el deflactor. Pero, según lo que aquí se indica, hay una caída del 2,3% al actualizar 2025 a pesos de 2026. Quiero dejar claro por qué se produce esa diferencia que usted plantea; como no hace ese ejercicio, no puede mostrarlo, porque obviamente la DIPRES lo presenta de otra forma. Pero si uno hace el ejercicio, aparece algo raro: al actualizar, hay una caída del 2,3%. Y, por otro lado, si uno actualiza, los funcionarios suben de 30.301 a 30.513. Voy a preguntar después por esos funcionarios; ya lo explicó usted. Entonces, no entiendo bien cómo se pretende aumentar la dotación si, simultáneamente, hay una baja real en los recursos. Nuestra preocupación es velar porque las cosas funcionen bien y que esto no genere problemas de ejecución en el futuro, porque la situación es compleja. He visto rebajas de una cosa y rebajas de otra; he visto alzas de una y alzas de otra; pero lo que no he visto es rebaja de una y alza de otra, porque eso ha generado problemas con los funcionarios; es de alta complejidad.
La segunda pregunta tiene que ver con que, si uno mira la inversión en infraestructura penitenciaria, según los datos disponibles, en el subtítulo 31, iniciativas de inversión, hay una baja aproximadamente de 50.483 millones a 29.104 millones, que es, en términos nominales, 42,3%, y en términos reales, cerca del 45%. Y, básicamente, en la incorporación de proyectos nuevos en materia penitenciaria. Lo estuvimos discutiendo ayer a propósito del proyecto de mejoramiento de Gendarmería, pero aquí la misma Gendarmería plantea que hoy día hay una situación de hacinamiento —con categorías que van del 100 al 200% y sobre 200%—; hay una situación compleja porque estamos frente a una delincuencia muy complicada, las leyes se han ido modificando, hay más personas privadas de libertad y los recintos…
De Gendarmería, hay obras en ejecución, por lo que tengo entendido, pero no veo proyectos nuevos en esta materia. Pareciera que es un tema de alta complejidad, que también tiene que ver con cómo enfrentamos como país al crimen organizado, porque las cárceles para el crimen organizado deben ser distintas a las demás, eso es claro, y también con la capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es la política pública? ¿Hay una lógica de finalizar proyectos previos y una decisión de no iniciar nuevas obras penitenciarias? Es una alternativa. Hay otra realidad que me gustaría, por su intermedio, plantear. Creo que estos dos temas del Ministerio de Justicia son relevantes. Gracias, Presidenta.
Gracias, Senador Coloma. Diputado Romero, ¿le llegó el informe? Ya, gracias. Ministro.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Sí, las dos preguntas que hace el Senador Coloma son muy atingentes y tienen una explicación que voy a dar a continuación. Parto por la segunda, sobre infraestructura penitenciaria.
En la Partida, en el subtítulo 31, programa 01 de la Subsecretaría de Justicia, están las iniciativas de inversión de todo el sector justicia. En ese subtítulo la Subsecretaría realiza los programas de inversión directa: por ejemplo, el nuevo edificio del Servicio Médico Legal, sedes del Servicio de Registro Civil e Identificación, y el edificio de la Defensoría Penal Pública en Temuco, Región de La Araucanía, que es uno de los últimos que se entregó, entre otros. La baja en el subtítulo 31 se explica principalmente por dos razones: primero, porque se terminaron obras del sector justicia —como la obra del Servicio Médico Legal, cuyo pago concluimos— y, segundo, porque durante este año se han terminado otras obras, entre ellas el edificio del sector justicia de O’Higgins, que entregaremos e inauguraremos prontamente.
Ahora bien, las obras del sector penitenciario no se ejecutan, por regla general, con subtítulo 31, sino a través del programa 02, que es el de Concesiones. La Subsecretaría de Justicia tiene dos programas: el 01 (inversión directa) y el 02 (concesiones). El programa 02 aumenta en un 4,4 por ciento y es con el que estamos financiando las ampliaciones y construcciones de nuevas cárceles. Como el programa de concesiones se paga en el tiempo, lo relevante es que en el presupuesto del año 2026 están contemplados —aparecen en el resumen de la Partida— todos los proyectos de ampliación e incorporación de plazas en recintos concesionados: por ejemplo, Alto Hospicio, Antofagasta, Puerto Montt y Santiago 1, con los cuales construimos más plazas, además de dos nuevos recintos a través de esta modalidad: el nuevo recinto penitenciario de Copiapó y el nuevo centro penitenciario de Calama. Ambos están financiados por el programa de concesiones, lo que explica el aumento del programa 02.
Efectivamente, estamos ejecutando un plan maestro de infraestructura penitenciaria que permitirá que el próximo gobierno cuente con mayor holgura en esta materia, porque vamos a aumentar en aproximadamente 12.500 plazas el sistema penitenciario, principalmente mediante concesiones. Eso es lo que se refleja en el programa 02 de la Subsecretaría de Justicia.
Respecto de la primera pregunta, efectivamente, eso es algo que la DIPRES podría explicar mucho mejor, pero en nuestro caso hay un aumento de funcionarios.
Hay variaciones en la dotación y puede haber una disminución del gasto de personal producto de varias situaciones. Primero, hay mucha gente que estaba en grados altos en el Servicio Nacional de Menores que está dejando la institución, y los cargos que se están llenando en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil corresponden a grados más bajos, porque son funcionarios nuevos. Eso permite aumentar la dotación, pero no necesariamente el gasto. Lo mismo ocurre en Gendarmería: los incrementos en la Escuela de Gendarmería son en los grados más bajos, que es donde ingresan, mientras que están egresando gendarmes que estaban en grados más altos. Entonces, los dos principales ámbitos en los que aumenta la dotación son el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería. Y una explicación del menor gasto puede ser la que estoy entregando.
¿Quiere complementar, Senador?
Sí, eso puede ser una parte de la respuesta; pero la otra parte es la que nos tiene bien parados en todas las subcomisiones. Quiero dar una pequeña explicación: imaginémonos que, en un acto de fe, nos convenza a todos y aprobamos el presupuesto tal como está; lo concreto es que, tal como está, cuando venga no va a haber reajuste de remuneraciones, o el factor respecto de los recursos va a ser cero. Esa es la otra parte de la respuesta, Ministro. Una parte usted nos puede explicar —y está bien que haya mayor eficiencia o ahorro, así lo entendí por la nueva estructura—; la otra parte, la que complica, insisto, no es responsabilidad suya: es un tema general. Pero quiero reiterarlo, porque esto es permanente en todos los ministerios y no se había producido hace muchos años, porque siempre estaba indexado. Ahora no lo está. Y ese es un problema complejo en esta discusión presupuestaria.
Gracias, Presidente.
Gracias, Senador Coloma. Diputada Llamas.
Gracias, Presidente. Saludar al Ministro y también a los subsecretarios. Mire, estaba revisando la carta que nos envía la Defensoría de la Niñez, que tiene varios puntos; quizás, cuando le corresponda a la subsecretaria, podríamos conversar más en detalle. Hay temas que a mí me inquietaron y que corresponde plantear, Presidente. Por ejemplo, la preocupación respecto de la disminución del 12% en los programas sociales de prevención, o la preocupación por el financiamiento de las Oficinas Locales de la Niñez. Desde la Defensoría plantean varios aspectos que nos llegan; entiendo que son de distintas partidas y ministerios. Pero, Presidente, si le parece, a propósito de la discusión más bien general que tendremos en la Comisión Mixta, podríamos tener esto a la vista: la carta exacta que se nos envía. Porque, si uno va sumando, también llama la atención, por ejemplo, la reducción en salud mental infantil, también en JUNAEB. Creo que son aspectos importantes de considerar con una mirada integral al momento de la decisión.
Ministro.
Sí, muchas gracias, Presidente. Solo decir que nos queda entrar a cada uno de los capítulos, pero, en razón de lo que decía la diputada, yo conozco la carta de la Defensoría y, en general, no se trata de programas vinculados al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que más aumenta en el caso de adolescentes en el Ministerio de Justicia es el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que registra el incremento más significativo en programas vinculados con la adolescencia. El resto de los programas —claro, puede llevar a equívoco— antes estaban en el Ministerio de Justicia, pero ahora están en Desarrollo Social. Cuando se separa el sistema proteccional del sistema de responsabilidad penal adolescente, y el sistema proteccional se va a Desarrollo Social, muchas veces persiste el equívoco de que eso lo llevamos en Justicia, pero eso ya está en la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social.
Los programas de prevención del delito están en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Bien, ministro. Continuemos porque tenemos acotado el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente. Voy a presentar la partida de hoy en lo que corresponde a la Subsecretaría de Justicia. Tenemos una lámina que muestra el consolidado de ambos programas de la Subsecretaría de Justicia: el Programa 01, Secretaría de Administración General, y el Programa 02, Concesiones del Ministerio de Justicia. En general, la Subsecretaría de Justicia muestra una disminución de su presupuesto respecto del año pasado de 3,4%. En el Programa 01 el decrecimiento es de 10,2%, que, tal como indicaba el ministro, por su intermedio, señor Presidente, obedece fundamentalmente al término de ciertas iniciativas de inversión que se han completado. Sin ir más lejos, la gran mayoría de estas disminuciones tiene que ver con la culminación de las obras del edificio institucional del Servicio Médico Legal, que pasa de 22.000 millones a 6.686 millones este año, y con la finalización del edificio de justicia de Rancagua, que pasa de 9.000 millones a cerca de 400 millones. Ahí se concentra, fundamentalmente, la disminución en materia de iniciativas de inversión.
Respecto de los hitos relevantes, si podemos avanzar a la lámina siguiente, para el año 2026, y en consideración de la importante labor que desarrolla la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación respecto de las víctimas del Sename, vamos a tener 44 cupos de honorarios, actualizándolos a 49, a fin de permitir que esta Comisión, cuyo decreto se está modificando para extender su mandato, pueda operar de manera adecuada.
En el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y en el subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, se consideran las políticas ministeriales y de gestión de la Subsecretaría de Justicia, los gastos de operación y funcionamiento centralizado, los gastos de publicidad y difusión de las iniciativas ministeriales y la oferta de programas, como la publicación oficial de materias legales y jurídicas. Por cierto, también comprende la operación y atención de nuestras Secretarías Regionales de Justicia y Derechos Humanos en cada una de las regiones del país.
Si nos concentramos en los hitos relevantes del subtítulo 24, Oferta Programática, por 130.430 millones de pesos, se contempla fundamentalmente la operación de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial que, tal como indicaba el ministro y con la gradualidad expresada en la ley, en el futuro formarán parte de un solo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Asimismo, se financian programas que, bajo el alero del despliegue de las Corporaciones de Asistencia Judicial y comprendidos en este subtítulo 24, forman parte de la labor del Ministerio de Justicia: el Sistema Nacional de Mediación, por 12.894 millones; el programa Mi Abogado, por 27.180 millones; el programa de Curadurías, por 22.250 millones; las Corporaciones de Asistencia Judicial, por 66.630 millones; y, finalmente, el Programa Adulto Mayor, por 1.474 millones de pesos.
En cuanto a las inversiones de infraestructura, totalizan 25.695 millones de pesos. Entre los hitos relevantes se considera, para Gendarmería de Chile, la construcción de defensas fluviales del centro penitenciario de Arica, por 3.666 millones de pesos. En el caso del Servicio Médico Legal, se contemplan inversiones por 16.157 millones de pesos: la reposición del edificio central —como señalamos, pasando de 22.000 a 6.686 millones este año—; la reposición del Servicio Médico Legal de Coyhaique, por 5.291 millones; la reposición y equipamiento del Servicio Médico Legal de Quillota-La Calera, por 3.040 millones; y la reposición del Servicio Médico Legal de San Antonio, por 539 millones de pesos.