En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a esta comisión de Presupuestos. Secretario, ¿tenemos cuenta?
Solo hago presente, Presidente, señoras y señores senadores y diputados, que el diputado señor Jaime Sáez reemplaza a la diputada señora Gael Llamas y el senador señor Durana reemplaza al senador señor Coloma, respecto de la composición. Está convocada esta sesión para tratar, como corresponde, la partida del Ministerio de Seguridad Pública.
Hago presente, Presidente, que la partida relativa a este Ministerio considera ingresos y gastos por la suma de 2.417.431.347 miles de pesos, implicando una variación total de −0,6% respecto del presupuesto vigente de la institución, corregido por reajustes de leyes especiales, expresadas en moneda de 2026.
La estructura de esta partida, señor Presidente, se divide de la siguiente manera:
- Capítulo 01: Subsecretaría de Seguridad Pública, que consta de un Programa 01 de idéntica denominación.
- Capítulo 02: Subsecretaría de Prevención del Delito, que contiene dos programas: el Programa 01, del mismo nombre, y el Programa 02, denominado Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas.
- Capítulo 03: Carabineros de Chile, que presenta dos programas: el Programa 01, Carabineros de Chile, y el Programa 02, Formación y Perfeccionamiento Policial.
- Capítulo 04: Hospital de Carabineros, que consta de un programa de idéntica denominación.
- Capítulo 05: Policía de Investigaciones de Chile, que consta de un Programa 01 del mismo nombre.
- Capítulo 06: Agencia Nacional de Ciberseguridad, que presenta el Programa 01.
Señor Presidente, esta es la primera discusión presupuestaria de este Ministerio, porque varios de estos programas dependían anteriormente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, es la primera discusión.
Eso, señor Presidente. Muchas gracias, Secretario. Saludar al senador Durana, que está reemplazando momentáneamente al senador Coloma; al diputado Sáez, que está reemplazando a la diputada Gael Llamas. Saludar al ministro en su primera exposición del Ministerio de Seguridad Pública. Saludar a los subsecretarios, al general director, al director general de la Policía de Investigaciones y al director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Sean bienvenidos.
Le voy a pedir, primero, al senador Durana si se puede quedar a cargo de la comisión. Me toca ir a presidir la Comisión de Educación en paralelo un ratito. Presidente, consultarle si para esta discusión rige el mismo acuerdo de las anteriores; es decir, solo vamos a escuchar, no vamos a votar el día de hoy. La idea es escuchar y hacer todas las consultas posibles para que mañana, entre las seis y las ocho, solamente nos dediquemos a votar. Y la Secretaría iba a mandar una nota para que aquellas partidas que se quisieran votar por separado, ojalá se indiquen antes o al inicio de la comisión. Muchas gracias. Ministro.
Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludar al senador, al diputado y a vuestras señorías. Como usted bien ha indicado, me acompañan los dos subsecretarios, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Como bien ha señalado el secretario de la comisión, este es el primer presupuesto que se discute del Ministerio de Seguridad Pública en este Congreso. El presupuesto anterior, es decir, aquel que permitió el funcionamiento o la entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad Pública a partir del 1 de abril del presente año.
Ministro: Fue producto del decreto del Ministerio de Hacienda que conformó su primer presupuesto. Esta cuestión es relevante para poder evaluar comparativamente el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. En estricto rigor, es el primer presupuesto de este Ministerio que se somete a conocimiento de vuestras señorías. Como vuestras señorías bien saben, la creación del Ministerio de Seguridad Pública supone un modelo de gestión pública con una visión integrada e interoperable de distintos organismos de la administración. De ahí que el primer presupuesto rija a partir del 11 de abril del presente año y, en segundo lugar, que el reglamento que estructura el Sistema de Seguridad Pública haya sido recientemente tomado razón y publicado en el Diario Oficial.
Creo conveniente evaluar algunos aspectos relevantes para dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de seguridad pública. La siguiente, por favor. En materia de seguridad, la evaluación se estructura sobre la base de observar el presupuesto de seguridad, que es el mecanismo de clasificación que, en general, utiliza la DIPRES y que sigue las guías del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, en una perspectiva que va más allá de la Partida 32; por lo tanto, implica dimensionar más allá del presupuesto de este Ministerio y de las policías. Como vuestras señorías podrán ver, y como hemos indicado en otras oportunidades, en este período legislativo este Congreso, conjuntamente con el Ejecutivo, ha impulsado un aumento del presupuesto en seguridad de 16,7%, registrándose, para este año, un incremento adicional. De hecho, Gendarmería forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Comité Policial, que sesiona todos los días lunes.
Lo segundo, igualmente relevante, es que el sistema depende de un eficaz mecanismo de persecución penal. En consecuencia, vuestras señorías deben tener presentes los recursos que el Estado ha destinado al fortalecimiento del Ministerio Público —proyecto que este Congreso debe despachar— y, en segundo término, a la creación de la Fiscalía Supraterritorial. En materia de modernizaciones institucionales, los recursos destinados al Ministerio Público son probablemente de los más altos de este período.
Parlamentario/a: Ministro, entonces, ¿estos establecimientos penitenciarios de Laguna de Talca y los complejos femeninos de Antofagasta y La Unión salen de la Partida del Ministerio de Justicia y son recursos que van cargados íntegramente a seguridad?
Ministro: No. Cuando se analiza la partida de seguridad —luego me referiré a la Partida 32—, el presupuesto en materia de seguridad pública se evalúa, en general, atendiendo a cómo se distribuye en distintas partidas del sector público, como sistema. Esto es relevante para comprender el rol del Ministerio de Seguridad Pública, que gestiona un sistema en el que participan instituciones que van más allá de la Partida 32 y que, para efectos de la clasificación del gasto, se consideran dentro de la clasificación de seguridad pública. Por eso, en la lámina anterior, las referencias se hacen a la metodología del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que el Estado utiliza y que la DIPRES informa a este Congreso para la conformación de este presupuesto.
Ahora bien, ¿por qué importa mirar esto en conjunto? Porque, como he señalado, no solo corresponde observar la Partida 32; hay que considerar lo que estamos haciendo en otros ámbitos y los fortalecimientos institucionales que ha aprobado este Congreso. No obstante, para efectos de la discusión de esta sesión, centrémonos en la Partida 32. En lo estrictamente referido a esta Partida del Ministerio de Seguridad Pública —y siendo esta la primera vez que se discute con vuestras señorías—, tenemos cerca de dos billones y medio de pesos. De ese total, lo primero que conviene indicar es que el 94% de los recursos está destinado a ambas policías, incluyendo los procesos de formación, perfeccionamiento y también el Hospital de Carabineros, lo que confirma que en esta Partida la mayor parte del presupuesto se orienta a las funciones policiales.
Conocemos la evolución del presupuesto de esta partida; hemos observado un incremento de 18% durante este período legislativo. Como señaló el secretario, podría apreciarse una baja de 0,6% en el presupuesto de este año; sin embargo, es relevante mirar la partida en su conjunto. Si uno observa el presupuesto de Orden y Seguridad, éste habrá crecido 16,7%; el presupuesto de ambas policías, en torno al 18%; y, en materia de prevención —a lo cual se referirá con mayor detención la Subsecretaria—, en 46%. Esto explica la gestión presupuestaria para la conformación de este presupuesto, en cifras que más adelante ustedes verán en relación con el plan contra el crimen organizado, que explicará en detalle el Subsecretario Collado.
Allí podrían apreciar una baja de 20.000 millones de pesos en transferencias presupuestarias; como contraparte, tenemos un aumento en el presupuesto consolidable de Carabineros de Chile por más de 10.000 millones de pesos, especialmente para la renovación de su parque vehicular. En el caso del presupuesto de Carabineros, aumenta en 1,5%, y en el de la Policía de Investigaciones se mantiene prácticamente igual. En cuanto a la ANCI, que comenzó a funcionar este año, los recursos permitirán garantizar su implementación y el funcionamiento para el cual fue establecida; su director se referirá a ello en el momento que corresponda.
¿Qué permitirán esos recursos? Vuestras señorías, no es que no queramos poner la dotación específica —los números los tengo—; solo recordar que, de acuerdo con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, no podemos entregar el detalle de la dotación públicamente, pero está a su disposición si lo requieren sin divulgación pública. Con ello se financian dotaciones en Carabineros y en la Policía de Investigaciones; se liberan más de mil funcionarios de Carabineros para labores operativas; se completa el plan de renovación vehicular de Carabineros, que considera 1.054 nuevos vehículos por año; y se adquieren nuevos vehículos para la Policía de Investigaciones. Asimismo, se continúa financiando los equipos ECO del Ministerio Público, que hoy se financian con transferencias de este Ministerio hacia el Ministerio Público; con la instalación este año de ECO en la Región de Los Ríos, estará presente en 11 regiones del país.
El presupuesto también considera equipamiento, armamento, municiones y material para las policías, incluyendo la renovación de su equipamiento básico. Contamos con el detalle; sin embargo, por razones legales no podemos exhibirlo en esta presentación. Si vuestras señorías desean ese detalle, podemos entregarlo reservadamente, sin inconveniente. ¿Por qué importa? Porque, además, tenemos financiamiento para 30 proyectos de infraestructura policial que vienen de arrastre, incluyendo reposición y construcción de cuarteles.
Sobre este punto, el Ministerio de Seguridad quiere aprovechar de señalar —como también lo ha hecho ante la DIPRES— que, dado el flujo de ejecución de los recursos y especialmente el tipo de inversión y gasto que realizan ambas policías, por su volumen —ustedes ya ven el peso de ambas policías en la Partida 32—, los ciclos presupuestarios anuales no resultan suficientes. Ya hemos conversado con la DIPRES para buscar mecanismos acordes.
¿Se ofrece la palabra? Gracias.
Ministro, entendiendo que ese ciclo es más largo que un año, ¿cuál es la proyección que se maneja para, por ejemplo, la renovación de flotas vehiculares y otro tipo de equipamiento?
Nosotros creemos que determinado tipo de equipamiento debiera tener un flujo de al menos dos años, especialmente por los modelos de licitación. La mayoría de los equipamientos, vehículos y medios que hoy utilizan ambas policías requieren licitaciones, además de componentes y partes cuyas distribuidoras se encuentran en el extranjero. Entonces, cuando una licitación se realiza en un año y es declarada desierta, el rezago que se produce es bien significativo. Por eso hay varios proyectos asociados en esos términos y quizá lo razonable es sincerar la plurianualidad, especialmente en esos flujos de adquisiciones. Por cierto, eso forma parte de una conversación más extensa; solo la anticipo.
Para contextualizar algunos de los datos que verán a continuación. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a prevención en general, sin perjuicio de los detalles que entregará la subsecretaria, los recursos han aumentado en este período en 46% para el presupuesto del año 2026. Podremos llegar a las 82 comunas del programa LASO y a 233 comunas a través del Sistema Municipal de Seguridad; en el fondo, eso se permite mediante el mecanismo rotativo, que será objeto de análisis y presentación por parte de la subsecretaria Leita. Esa es la presentación general, señor Presidente. Si me permite, a continuación le corresponde al subsecretario Collao. Se ofrece la palabra.
Gracias, Presidente. Preguntarle, Ministro, por su intermedio, Presidente: no veo algún plan, o no sé en cuál de los que usted señala —Calle Segura, LASO, Denuncia Segura, Sistema Municipal de Seguridad, Comercio Protegido, Prioritario— se hace cargo de lo que está ocurriendo hoy día en las autopistas concesionadas: encerronas, portonazos; o sea, básicamente las encerronas. Ha habido demasiado incremento de ese tipo de delitos. Quisiera saber dónde se encuentran contemplados dentro de esto.
Señor Presidente, por su intermedio: su pregunta tiene dos dimensiones, una operativa y otra presupuestaria. Desde el punto de vista presupuestario, a propósito del proyecto CITI, al cual hará referencia la subsecretaria; y desde el punto de vista operativo, hay estrategias policiales que se han estado utilizando de conformidad a los marcos presupuestarios actualmente vigentes. En el caso de las encerronas, se desarrollaron programas de intervención de esas características que han tenido, de hecho, muy buenos resultados; y eso, usted ya sabe, produce movilidad del delito, que se está manifestando en otros tipos de ilícitos, como los turbazos. Son detalles propios de las intervenciones policiales y forman parte de la gestión operativa de ambas policías, de acuerdo con los criterios que se conversan con ellas por parte del Ministerio de Seguridad. El subsecretario Collao probablemente podría referirse a ello. En torno a los temas de financiamiento para la operación, especialmente el sistema de cámaras, lo explicará la subsecretaria Leita. Nada más, señor Presidente. Se ofrece la palabra.
Solo consultar, señor Ministro: de acuerdo con el informe de la DIPRES, no hemos alcanzado nuevamente el gasto del año 2019. Hoy día estamos en un 5,8% en relación con los presupuestos que se manejaban en materia de seguridad pública a esa fecha. ¿Hay algún motivo, alguna razón, entendiendo que la crisis y la ola criminal es mucho mayor en estos años que en los de 2018-2019?
Durante este período, como he señalado, señor Presidente, el Estado de Chile ha hecho esfuerzos significativos para aumentar el presupuesto en materia de seguridad. De hecho, en este período legislativo —no solo en el período de gobierno, sino también en el legislativo, porque ha sido una discusión con este Congreso— se han incrementado los presupuestos en 16,7%, y aproximadamente en 18% en el caso de ambas policías. Sin embargo, la base para los años 2019-2020 —recordarán, particularmente 2020-2021— es negativa, entre otras cosas por la asignación de recursos destinados a otros propósitos, principalmente la pandemia. En consecuencia, lo que se ha hecho a través de estos mecanismos es recuperar el pulso presupuestario en materia de seguridad, que nosotros creemos que el Estado de Chile debe mantener en el tiempo, porque los efectos de haber reducido ese gasto han tenido consecuencias que han quedado a la vista. Gracias.
Para complementar un poco la pregunta del Presidente, que se entienda lo siguiente: antes de la pandemia, la incidencia del gasto en seguridad dentro del Presupuesto era alrededor de 7,5%. Esto fue bajando, efectivamente, hasta el año 2021 a 4,6%, y después volvió a subir a 5,6%, 5,9% y ahora vuelve a bajar a 5,8%. Entonces, la pregunta —y creo interpretar al Presidente— es la siguiente: el Gobierno ha dicho que se ha invertido más que nunca en seguridad; eso lo hemos escuchado. ¿Cómo se relaciona esto con esta información que está en el propio Informe de Finanzas Públicas? No es un dato inventado por nosotros. ¿De dónde sacan ustedes que tienen el presupuesto más alto, que se ha hecho el esfuerzo más grande en la historia? Porque, si uno revisa la incidencia presupuestaria que tenía la seguridad antes versus la que tiene ahora, está al menos 1,5 a 2 puntos porcentuales más baja.
Por eso, esa es la razón. ¿Cuál es la métrica que se va a fijar? Por ejemplo, el Presidente de la República dijo hace unos años que le gustaría que en cultura se invirtiera un 1% del producto; fijó un punto. ¿Cuál es el punto que fija el Gobierno? ¿Un 5, un 6, un 1? ¿Qué es lo que se fijan ustedes?
Gracias, Presidente. Siguiendo la línea de consulta que plantea el diputado Romero, quisiera preguntar —y que me puedan precisar si estoy equivocado— si las bajas de presupuesto para este año tienen que ver con la instalación del Ministerio y con aquellos procesos que ya están completados. ¿Eso es así, o se está ajustando gasto más bien vinculado a temas operativos? No de las policías —usted ha señalado que las policías precisamente aumentan—, sino de otras reparticiones propias del Ministerio. Solo, antes de darle la palabra, es que vemos, de acuerdo con los informes que nos llegan, que no se ha superado el nivel de gasto que teníamos antes de la pandemia. Hacia allá va focalizada la consulta, señor Ministro. Tiene la palabra.
A ver, yo creo que existe relativo consenso, por su intermedio, señor Presidente, en esta comisión, en que el gasto en materia de seguridad tiene que volver a recuperar las tasas de inversión que el país tenía antes en esta materia. Y quiero decir que los descensos que tuvimos el año 2021 tuvieron un impacto bien significativo en seguridad. Dicho eso, lo que ha hecho esta administración —y los datos, por su intermedio, señor Presidente, al diputado Romero, son los que ha informado el Gobierno— da cuenta de lo ocurrido durante este período en términos acumulados. Para nadie es sorpresa la estrechez fiscal y la responsabilidad fiscal que se está abordando, pero eso no ha afectado los presupuestos de las policías. Este es uno de los pocos sectores que mantiene crecimiento en proporción al resto, como ustedes bien lo saben, incluyendo varias de las partidas que están analizando y que están asociadas al Ministerio de Seguridad o al Sistema de Seguridad Pública, para ser más francos. Y, por lo mismo, el esfuerzo que el Estado de Chile tiene que hacer es seguir incrementando proporcionalmente esos recursos.
Ahora, dos cosas relevantes: estos recursos están asociados, además, a las provisiones que ya se encuentran en la legislación y que deben implementarse y, asimismo, a iniciativas de fortalecimiento institucional. En consecuencia, buena parte de esto se verá reflejada: la próxima semana se va a dictar la Política de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad está en la obligación de informar a este Congreso sobre desempeño y gestión por resultados. Por eso, detenerse simplemente en la fotografía de este presupuesto sería, a nuestro juicio, un error, y por eso hemos sido transparentes, por su intermedio, señor Presidente, con el diputado Romero, al mostrar las cifras del período y, además, del ciclo que hemos venido observando desde el año 2018 en adelante. Es un ciclo presupuestario para fortalecer instituciones en materia de seguridad, del cual, responsablemente, todos debiésemos haber aprendido.
Por su intermedio, señor Presidente, al diputado: efectivamente hay pequeños ajustes que tienen que ver con la normalización de la etapa de instalación, lo que queda muy en evidencia en los procesos progresivos de instalación de la Subsecretaría de Seguridad Pública en particular. Hay otros que dicen relación con concluir la etapa de instalación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy significativo por proteger los presupuestos vinculados a la gestión operativa de las policías. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias. Se ofrece la palabra al Subsecretario don Rafael Collado.
Muchas gracias, Presidente. En relación con la Subsecretaría de Seguridad Pública, la implementación del Ministerio de Seguridad ha supuesto también la adopción de un nuevo enfoque de seguridad, que requiere que la Subsecretaría contemple capacidades institucionales a la altura de este desafío. En particular, que cuente con capacidades para la coordinación interinstitucional y para la gestión territorial de la seguridad pública, a través del despliegue de las seremías. Esto se suma a la implementación del sistema con los consejos regionales, tanto de crimen organizado como de seguridad pública.
El presupuesto de 2026 refuerza esta coordinación y la modernización del Sistema de Seguridad Pública, garantizando, primero, la continuidad operacional de la Subsecretaría. Como bien decía el Ministro, será evidente que este es el primer presupuesto de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Asimismo, contempla la celebración de convenios intersectoriales que, en conjunto con el Plan Calles sin Violencia y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, permiten que el sistema de seguridad pública funcione. Hitos relevantes en ese sentido son el Plan Calles sin Violencia y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que mantiene su enfoque.
En persecución penal, inteligencia, tecnología y fortalecimiento de instituciones clave, se conserva la oferta programática, con énfasis distintos para 2025 y 2026, debido a la consolidación de algunas inversiones que permiten focalizar en otros ámbitos. El programa de causas judiciales se mantiene y el programa de becas de la Subsecretaría no presenta variaciones relevantes. Finalmente, el programa con el BID se mantiene vigente, con una disminución específica por razones presupuestarias, absorbida dentro del resguardo del orden público por la nueva División de Seguridad Pública; asimismo, se elimina el programa Estadio Seguro.
La proyección institucional de la Subsecretaría, en su enfoque estratégico, considera el Plan contra el Crimen Organizado, una estrategia multisectorial que busca desarticular organizaciones criminales mediante inteligencia policial y cooperación interinstitucional, particularmente con Gendarmería, el Servicio Nacional de Aduanas y DIRECTEMAR. Durante 2026, varias de estas instituciones serán beneficiadas por este plan, fortaleciendo su capacidad operativa. Esta política nacional, que constituye una directriz del Estado, cuenta con 10 ejes; el eje 6 corresponde al Plan contra el Crimen Organizado, que transfiere recursos a distintas instituciones para combatir el crimen organizado, mientras que los demás ejes refuerzan la gestión, incluidos los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado y los componentes vinculados al sistema penitenciario. La política avanza en consolidar las inversiones realizadas y en transitar hacia su gestión, focalizando aquellas que aún requieren escalamiento o perfeccionamiento.
Por otro lado, el Plan Calles sin Violencia, que interviene en sectores con mayor concentración de homicidios y delitos violentos, replica buenas prácticas y focaliza recursos para perseguir a personas y bandas dedicadas al homicidio. Este plan ha mantenido enfoques específicos, como los equipos ECOH del Ministerio Público en el eje de persecución penal, y el patrullaje inteligente que desarrollamos con Carabineros de Chile.
Por último, se considera el fortalecimiento de la seguridad pública mediante el convenio con el BID, que finaliza en 2026. Estamos en presupuesto de cierre de dicho programa, que contempla la modernización de las policías (por ejemplo, mediante sistemas informáticos), el fortalecimiento de la prevención local a través del programa Previene Violencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el fortalecimiento de capacidades para la gestión de incidentes cibernéticos, mediante financiamiento a la ANCI con una mesa de ayuda 24/7 para atender incidentes.
La Subsecretaría de Seguridad Pública, por tanto, asume un rol estratégico de coordinación del subsistema de seguridad pública. Como señaló el ministro, estamos ad portas de la política; se acaba de dictar el reglamento, y la Subsecretaría quedó a cargo de dicho subsistema, habilitando la articulación de políticas públicas con Carabineros, la PDI, Gendarmería, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras instituciones vinculadas al combate de la criminalidad.
Entre las funciones destacadas están el diseño y la evaluación de políticas públicas. Esta Subsecretaría inició funciones por primera vez en la historia de Chile el 1 de abril y, desde entonces, hemos implementado un sistema de control de gestión para la ejecución de inversiones en materia de crimen organizado y criminalidad. Con las policías mantenemos una mesa mensual de control de gestión y contamos con un tablero de control de ejecución implementado en la Subsecretaría, porque uno de los focos es no solo el diseño, sino también la evaluación de las políticas de seguridad pública.
Otro ámbito relevante es el análisis de datos y la gestión de la información. A partir de esta gestión hemos generado informes semanales de homicidios e informes de situación regional. Hemos cartografiado el país mediante distintos tipos de mapas con diversas capas de delitos y de programas que intervienen en determinados sectores. Asimismo, atendemos todo lo relativo a la mantención del orden público.
…que están a cargo de la mantención del orden público en conjunto, particularmente con Carabineros. Por ejemplo, la mesa de seguridad en el fútbol es un trabajo que desarrollamos desde el inicio de la Subsecretaría junto con Carabineros.
¿Cuáles son las instancias de coordinación del sistema de seguridad pública? El SICPOL, cuyo secretariado ejecutivo depende de la Subsecretaría; el Consejo de Seguridad Pública, tanto el Consejo Nacional como los Consejos Regionales; y otras instancias de coordinación del sistema. En estos seis meses hemos dado pie a fuerzas de tarea en salmones, sector energético y minerales; estamos trabajando en comercio ilícito y en una estrategia rural. Esas son parte de las tareas que tiene a su cargo la Subsecretaría.
Pasando a la presentación de la Partida 32 de la Subsecretaría: lo más relevante se relaciona con que este es el primer presupuesto de la Subsecretaría como organismo nuevo del Estado. Por ello se observa una variación importante, ya que para el año 2025 no existía presupuesto propio para la Subsecretaría, sino que se materializaron traspasos desde la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Servicio de Gobierno Interior en materia de personal, así como los montos asociados a los subtítulos 21 y 22. Desde las transferencias corrientes hacia abajo, respecto de 2025, se refleja el traspaso de Interior a Seguridad. En 2026 se registran aumentos vinculados a la implementación íntegra de la Subsecretaría. Este es el primer presupuesto de 12 meses y, por ello, se verifican incrementos relevantes, en línea con lo considerado en el IEF durante la tramitación legislativa del proyecto.
En detalle: en el subtítulo 24, se mantiene el programa de becas, que permite que becarios extranjeros estudien en las escuelas matrices de las policías, con una variación porcentual mínima que asegura su continuidad y buenos resultados. Respecto del Plan Calles Sin Violencia, el convenio con el Ministerio Público se mantiene sin variación porcentual; es decir, se sostienen las 11 fiscalías ECOH existentes a la fecha. En cuanto al programa BID de Fortalecimiento de la Seguridad Pública, la variación responde a que está en etapa de cierre; incluso en 2026 está considerada la evaluación de cierre dentro de la cartera del BID. En el Plan Calles Sin Violencia hay disminuciones menores, y donde sí hay una variación significativa —como comentaba el Ministro— es en el Plan contra el Crimen Organizado.
La Política Nacional contra el Crimen Organizado es la primera política pública de la historia de Chile orientada específicamente a este ámbito. La inversión de la política, y del eje 6 que corresponde al plan, ha sido de 241 mil millones de pesos entre los años 2022 y 2025. Ello ha permitido convenios con numerosas instituciones públicas; hemos llegado a vincular a 17 instituciones año a año, entre ellas Carabineros, la PDI, Gendarmería, Aduanas y Directemar, entre otras.
Este plan ha permitido adquirir nuevas capacidades y equipamiento para el Estado de Chile. Algunos ejemplos: una aeronave no tripulada Camcopter para Carabineros; el sistema integrado de identificación balística para la PDI; vehículos acuáticos y terrestres para Directemar; en Aduanas, la duplicación de escáneres de camiones, pasando de 7 a 14 equipos al término de este gobierno; y, en Gendarmería, equipos portátiles de neutralización y detección de drones, además de arcos detectores de metales.
Este enfoque nos permite hoy concentrar el Plan contra el Crimen Organizado en aquellos programas donde existen convenios que requieren escalamiento y perfeccionamiento. La parte destinada a las policías considera, además, un aumento en el caso de Carabineros.
La compra de vehículos, y también en el caso de la PDI, tiene una pequeña rebaja, pero nos permite mantener la adquisición de algunos móviles. La idea es mantener en marcha el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que es más bien de gestión. Es decir, ya adquirimos tecnología, contamos dentro del Estado con nuevas capacidades y ahora corresponde gestionar todas estas capacidades y, por supuesto, ir perfeccionando con estas inversiones aquellas que aún están en escalamiento, de manera progresiva. Hay planes pendientes que deben seguir desarrollándose y con este monto es lo que se privilegia.
Con eso doy por terminado. Hay una lámina final. Finalmente, respecto del Subtítulo 21, Gastos en Personal, estos no representan expansión respecto del presupuesto vigente. La dotación es de 261 personas en gasto de personal; en el fondo no hay expansión en ese punto. Los recursos están disponibles para el nivel central y las seremías. En materia de bienes y servicios, corresponden al financiamiento de la Subsecretaría y también de las seremías. En el caso del Subtítulo 29, se contempla la adquisición de un vehículo institucional adicional; este año ya se compró uno, lo que permite fortalecer la fiscalización y la asistencia a causas judiciales.
En la oferta programática, mantenemos los equipos ECO a través del plan Calle Sin Violencia, por un monto de 12.575 millones de pesos. Además, los convenios del Plan Nacional contra el Crimen Organizado para la adquisición de vehículos permitirán comprar 1.054 vehículos para Carabineros y 132 para la Policía de Investigaciones. Finalmente, a través del mismo plan, para otras instituciones, mantendremos un financiamiento de 13.296 millones de pesos mediante Calle Sin Violencia, particularmente para la PDI y Carabineros, con foco en la intervención focalizada en patrullaje. Asimismo, se contemplan 30 fuerzas de tarea para el combate del homicidio en el caso de la PDI, además de las otras instituciones mencionadas respecto del Plan contra el Crimen Organizado. Esto permite la continuidad operacional de las unidades estratégicas, becas y causas judiciales, y la continuidad de los programas a cargo de esta Subsecretaría.
Bien, ¿se ofrece la palabra? Ok, senador Núñez.
Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario. Me retrasé un poco porque se me “escondió” la sala, pero luego la encontré.
Mire, entiendo el entusiasmo del subsecretario con este tema, pero hay algo que no me cuadra. Yo comprendo que hay una inversión que ustedes señalan que se realizó, y uno lo ve: ve a las policías mejor equipadas. Saludamos a todos quienes acompañan a los ministros y subsecretarios. Pero la demanda sigue siendo gigantesca, porque además se da este lamentable fenómeno de nuevos delitos. No es que no existieran, sino que adquieren una escala y una actividad mucho más sostenida, aumentando en su volumen y en su impacto ciudadano.
En la Región de Coquimbo tenemos un delito que lamentablemente tiene un gran impacto social; es un delito “más blando” en el sentido de que no implica acción violenta directa sobre la persona, y es el famoso robo de cable. En la región hubo una operación, llamada “Oro Rojo”: 24 detenidos y solo uno permanece en prisión. Varios otros salieron con procesos simplificados, con condenas que en la práctica no implican prisión efectiva; de hecho, solo tres arriesgan penas de cárcel. Uno sigue en prisión por menos de un año. Pero las ganancias eran multimillonarias: los patrimonios del principal involucrado superan los 2.000 millones en propiedades. Entonces, uno dice: si el negocio es tan rentable, gano tanta plata, después la condena es breve, paso un año preso y salgo a vivir de las rentas de los departamentos que compré, de los sitios que tengo y del negocio.
Este delito tiene un gran impacto en comunidades, sobre todo en sectores rurales, porque las deja sin luz, sin electricidad. ¿Qué nos han dicho las policías, tanto Carabineros como la PDI? Que para actuar con mayor eficacia necesitan moverse en zonas muy aisladas; esto se ha dado mucho en el norte, en las regiones de Atacama y Coquimbo, e incluso hasta Tarapacá. Y eso requiere más vehículos y más recursos para combustible. Por eso, no me cuadra esta disminución tan relevante del 31% de los recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado.
Estuve el viernes en la Caleta de Peñuelas, conversando con pescadores artesanales —hubo protestas—; fuimos a hablar con ellos para saber qué pasaba. Una de las demandas que nos siguen planteando es el robo de machas. Ocurre en el borde costero frente a La Serena y Coquimbo, en la franja costera central.
Y eso es personal y también equipamiento, porque hay que moverse por la playa, hay que tener recursos para que la patrullera de la Armada haga su recorrido. Entonces, en ese sentido, subsecretario, viendo la realidad de mi región, yo sé que puedo sumar la acción contra los narcocultivos. Nosotros valoramos la labor que han hecho las policías en la región de Coquimbo. Hemos logrado disminuir lo que en algún minuto era el copamiento de terror por bandas de narcotraficantes que empezaron a ocupar territorios rurales. Eso se ha detenido, pero solo porque ha habido más presencia de la PDI y de Carabineros en terreno, es decir, en zonas rurales aisladas, llegando en helicóptero, con patrullas especiales, incluso con policía montada, para internarse. Entonces, a mí no me cuadra esta disminución de los recursos.
Presidente, en estas condiciones, no sé cómo vamos a hacer la votación de mañana, dado este método en que escuchamos pero no votamos. No sé cómo dar la alerta respecto de la preocupación que tengo con este presupuesto. Porque no me cuadra la disminución que tiene; si el motivo es que el equipamiento ya se compró, yo le digo que en la región de Coquimbo nos falta mucho equipamiento para las policías. Mucho equipamiento, y entiendo que no son cifras inmanejables.
También me preocupa mucho qué se va a hacer para difundir la nueva ley en materia de robo de cables. Me entrevisté con el Fiscal Nacional la semana pasada y no estaría del todo al tanto de que se haya promulgado el 17 de septiembre esta nueva ley. Si no la conoce, no la va a aplicar. Y esta nueva ley contempla condenas más altas, también para la receptación. Entiendo que hay una labor que debe hacer la Subsecretaría de difundir el tema, de informar que hay penas más altas, de informar a las policías de las herramientas disponibles y de coordinar los equipos.
Presidente, en ese sentido estoy preocupado y quiero anunciar, además, que voy a presentar una indicación para solicitar que, con cargo a los recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado —que espero al menos vuelvan al presupuesto del año 2025—, se puedan financiar acciones para prevenir, controlar y perseguir el robo de cables y/o robo de cobre, fenómeno lamentable que ha surgido en la región de Coquimbo y que se ha extendido en el país. Gracias, presidente.
Sí, al secretario de la comisión, después de que terminen las intervenciones, le voy a pedir que pueda aclarar las dudas al senador Núñez respecto del procedimiento, dado que en esta sesión solo vamos a escuchar y en la próxima se va a votar. Tiene la palabra el diputado Romero. Diputado Araya. Diputado Araya.
Gracias, presidente. Presidente, ¿puedo consultar acerca de la ejecución presupuestaria del Plan Nacional contra el Crimen Organizado? Entiendo que la DIPRES actualmente considera la mera transferencia como recursos ejecutados, y no tenemos el antecedente claro de cuántos efectivamente de estos recursos transferidos han sido ejecutados y se han materializado en equipamiento concreto para el uso de las policías, de la Aduana, etcétera, de las instituciones beneficiadas. Entonces, si por su intermedio, presidente, el subsecretario pudiese aclarar cuál ha sido la ejecución real de estos montos, porque, por las cifras que manejamos, esto está cerca del 50% de lo acumulado desde el año 2022 a la fecha en cuanto a lo efectivamente ejecutado. Claramente, si se están pidiendo más recursos, es para que se ejecuten y no para que quedemos con una ejecución real inferior al 50%.
Lo segundo es poder entender la lógica —porque no lo comprendo— de que, si hay recursos pensados ex ante para las policías, estos no vayan directamente a las instituciones y tengan que pasar por esta vuelta larga mediante un convenio. Ese convenio genera tramitación y problemas administrativos que demoran, y nos cuesta entenderlo. Entonces, si tal vez el ministro —porque creo que es una visión un poquito más amplia que solo esto— nos puede explicar por qué estamos haciendo estas vueltas largas, pudiendo entregar directamente a las policías estos recursos.
Lo tercero, en cuanto a la capacidad que se ha incorporado a la fecha: en la presentación se proyecta un aumento a 14 camiones escáner de rayos X. Entiendo, por lo que decía el subsecretario, que con esto ya estaría la capacidad necesaria. ¿Cuál es lo proyectado? ¿Cuál es el plan? Sabemos que en la Aduana tenemos un flanco tremendamente crítico, con una capacidad de revisión —me podría corregir— del 2 y algo por ciento de la carga que transita. Entonces, ¿cuál es la inversión real que, a propósito del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, se está pensando para el puerto más grande de ingreso tanto de drogas como de armamento?
La venta ilegal de cobre, etcétera; si hoy tenemos esa capacidad de vigilancia, creo que es una cuestión que ojalá pudiésemos abordar con claridad. También quisiera saber qué se tiene proyectado para las otras instituciones a las cuales se transferirán recursos: cuál es el detalle, porque nos vamos enterando durante el año que, por ejemplo, este año se firmaron una serie de convenios en mayo y junio. ¿Qué hay proyectado ahora? ¿Qué han pensado para utilizar estos recursos, de modo de no partir de cero en marzo? Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputado Sáez.
Gracias, presidente. En relación a los ministerios y servicios, hemos constatado durante los últimos años cómo los gobiernos regionales, antes de que se generara la institucionalidad de seguridad, estaban entregando recursos o comprando directamente algunos equipos, muchas veces sin un estándar nacional. Con mucha proactividad por parte de los gobernadores, sí, pero sin una coherencia ni una mirada sistémica, que entiendo es lo que el Ministerio está tratando de implementar a partir de su puesta en marcha. ¿Cómo sigue esa evolución presupuestaria para el próximo año? ¿Los gobiernos regionales siguen proyectando inversión en seguridad pública, transfiriendo directamente a las instituciones o al Ministerio, o comprando el equipamiento directamente? Me gustaría conocer eso y, si existe, una cuantificación: si esos aportes de los gobiernos regionales están siendo considerados en la mirada presupuestaria más macro que tiene este sistema de seguridad pública.
Y, solo complementando lo que plantea el diputado Araya, entiendo que esta lógica de un proceso un poco más largo tiene que ver con esa mirada sistémica: no entregar recursos directamente, sino enmarcarlos en una estrategia, por ejemplo, de lucha contra el crimen organizado. Derivado de lo mismo, me confunde que aparezca la asignación 069, Plan Nacional contra el Crimen Organizado, con un monto determinado; luego, más abajo, nuevamente aparece otra asignación, la 131, pero hacia Carabineros, que tiene un alza; y luego hay una de la PDI que tiene una baja. ¿Cómo se consolida esa mirada? Eso, presidente, por ahora. Gracias.
Diputado Romero.
Gracias, presidente. Sí, continuando con lo señalado por el diputado Sáez, después hay una asignación del Plan contra el Crimen Organizado que tiene una rebaja de 81,4% en las transferencias de capital. Me pareció escuchar —no sé si estaré equivocado— al subsecretario decir que el Plan Calle Sin Violencia se mantenía igual, y veo que baja un 21,3%. El Plan Nacional contra el Crimen Organizado, ese se mantiene en cero. Con las aprehensiones que señaló el diputado Araya, me gustaría esa misma explicación.
Además, me llama la atención el programa Estadio Seguro, que entiendo se terminó. ¿Se reemplazó por algo o los estadios quedaron botados? Quiero saber a dónde se fue esa plata. Lo que pasa es que hay 450 millones; entonces, quiero saber a qué se destinan, para ir controlando si se está gestionando el tema de los estadios. Gracias.
Senador Sanhueza.
Gracias, presidente. Consultarle al ministro. En el ítem de gastos reservados, hay un compromiso establecido en la Ley de Presupuestos del año 2025, artículo 38, que disponía el ingreso por parte del Ejecutivo, durante el primer semestre, de un proyecto de ley destinado a modificar la ley 19.863 sobre gastos reservados. Hasta la fecha, entendemos que no ha ingresado.
Otra consulta, en términos generales, tiene que ver con el reajuste del gasto en personal. Hemos detectado en otras partidas que, cuando el Ejecutivo modificó la fórmula para el reajuste, no está considerada la inflación dentro de la variable; por lo tanto, esto genera una distorsión bastante grande, porque hay partidas que incluso estarían bajando y no subiendo, como hacen prever las cifras del presupuesto. Quiero saber si, dentro de la parte del Ministerio de Seguridad, la DIPRES aplicó la misma fórmula en gastos de personal que ha aplicado en el resto de los ministerios, donde no se refleja la inflación.