Gracias, señor presidente.
Informática, por favor, la conexión, gracias. Recording in progress. Nos ponemos de pie, entonces, para comenzar. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.
Señor Secretario, dé cuenta.
Gracias, señor Presidente. Oportunamente, el coordinador analista de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, don Rodrigo Ruiz, remitió a sus correos diversos documentos respecto de la partida correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales, entre ellos antecedentes presupuestarios institucionales de la partida, el estado de cumplimiento de los compromisos de información asumidos con el Congreso Nacional, e información específica sobre la inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos 2026 de las medidas propuestas por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público. Asimismo, se les hizo llegar el documento enviado por el Ministerio, dando cuenta de la ejecución presupuestaria 2025 y del presupuesto para 2026. Por otra parte, se remitió un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de esta partida.
Corresponde considerar, en primer término, la ejecución presupuestaria correspondiente a la ley de Presupuestos del sector público del año 2025 del Ministerio, así como el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026. Posteriormente, se verá el Servicio Electoral y, finalmente, el Congreso Nacional. Eso, señor Presidente.
Muy bien. Vamos a comenzar, de acuerdo a la tabla, a analizar la ejecución del presupuesto 2025 del Ministerio de Bienes Nacionales, así como el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 2026 de dicha repartición, Boletín N° 17.780-05. Están invitados el señor ministro, don Francisco Figueroa; el jefe de la División de Planificación y Presupuestos, señor Francisco Domínguez; el analista de la misma División, señor Néstor Zavala; y el asesor legislativo, señor Luis Sepúlveda. Asisten, además, por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el jefe del sector Vivienda y Bienes Nacionales, señor Mario Flores, y los analistas señores Raúl Guerrero y Arturo Méndez. Por la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, el coordinador analista, señor Rodrigo Ruiz. Bienvenidos.
Muy bien, ministro, tiene la palabra. Estamos en la Subcomisión viendo la ejecución y, posteriormente, el presupuesto del año 2026. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo al senador y a las y los parlamentarios integrantes de esta comisión. Presentaremos, primero, la ejecución de nuestro presupuesto del año 2025 y, luego, el proyecto de presupuesto para el año 2026. Son presentaciones concisas, que abordan desde ya algunos elementos destacados, para posteriormente responder las consultas que surjan.
Como consideración general, existe coherencia entre la ejecución del año 2025 y el proyecto para 2026. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos buscado fortalecer la capacidad del Ministerio de Bienes Nacionales para administrar correctamente la propiedad fiscal y regularizar la pequeña propiedad raíz. A septiembre del año 2025 registramos una ejecución del 97% de nuestro presupuesto.
Un porcentaje que es coherente con el comportamiento histórico de nuestro presupuesto. Para su información, a agosto del año pasado, fecha en que se rindió la cuenta de ejecución, se había ejecutado el 90% del presupuesto. Ahora, lo abultado de esta ejecución se explica fundamentalmente porque tenemos dos subtítulos que por ley son excedibles: el subtítulo 25, Íntegros al Fisco, y el subtítulo 33, Transferencias de capital a los gobiernos regionales. Son excedibles porque corresponden a ingresos que el Ministerio de Bienes Nacionales le genera al fisco, pero que aparecen en nuestro presupuesto como gasto, ya que salen como transferencias.
Este segundo aspecto es relevante; no siempre es fundamental en las ejecuciones, pero nos interesa dar cuenta de ello. El Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio que le genera más ingresos que gastos al fisco. Y esos ingresos, como pueden ver, a septiembre del año 2025 alcanzan los 66.000 millones de pesos. A agosto del año pasado estábamos en 53.000. Por lo tanto, hay una gestión de aumento que se ha dado en nuestra administración. Respecto de la anterior, hay un incremento significativo del promedio anual de ingresos que el Ministerio de Bienes Nacionales le genera al fisco. Esto obedece no solo a la gestión de nuestra administración, sino también al acumulado de gestiones de gobiernos anteriores, porque es una política de Estado poner a disposición de manera más efectiva la propiedad fiscal y generar ingresos a través de ventas, concesiones y arriendos.
Vamos a ver la ejecución de nuestros gastos operacionales a septiembre del año 2025. Tenemos una ejecución del 76%, acorde nuevamente al comportamiento histórico de nuestro ministerio. La ejecución que pueden observar en los subtítulos 24 y 29, que puede parecer baja, se debe a la naturaleza de estos subtítulos, asociada a licitaciones que se diseñan durante el primer semestre y cuyos pagos se concentran en los últimos meses de cada año. A septiembre, el subtítulo 24 tenía ya comprometido y planificado el 62%, pero no devengado, debido fundamentalmente a licitaciones de mensura —que absorben buena parte de ese presupuesto—, así como a estudios de título ya comprometidos. Para efectos comparativos, a agosto del año pasado la ejecución era inferior, de 32%, mientras que hoy día estamos viendo 37%. En el caso del subtítulo 29, tenemos comprometido a septiembre el 61%, y buena parte de lo que aquí aparece como no ejecutado se debe a una licitación ya adjudicada para antenas de GPS en complejos fronterizos, algo que veremos en una lámina posterior.
Estos porcentajes de gasto, como les señalo, se corresponden con el comportamiento histórico y se concentran en los últimos meses del año. De hecho, en la próxima lámina revisaremos en detalle lo que ocurre en el subtítulo 24, Transferencias corrientes, por programa. En este programa tenemos también una ejecución del 37%, de nuevo acorde al comportamiento histórico del ministerio. El año pasado, a agosto, se había ejecutado el 32% de este programa del subtítulo 24. Se tiene un 62% comprometido y planificado, más no devengado, debido —como indiqué— a las licitaciones de mensura en curso.
Seguiremos revisando aún más en detalle el subtítulo 24 al abordar el proyecto de presupuesto del año 2026. Lo que puedo adelantar es que este subtítulo se proyecta ejecutar en su totalidad, como ocurre todos los años. Solo en el programa indígena —regularización de títulos de dominio y gestión de la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas— solemos tener un pequeño porcentaje que, año tras año, traspasa el año presupuestario, debido a la naturaleza de este gasto. En el programa indígena, que es una transferencia de CONADI, uno de sus componentes es la gestión de casos de alta significación, fundamentalmente conflictos de tierra, cuya ejecución depende no solo de la capacidad de gestión administrativa del ministerio, sino también de la voluntad de la contraparte —en este caso, comunidades indígenas— para cerrar dichos conflictos. Por ello, tradicionalmente hay un porcentaje menor de este gasto que suele traspasar el año presupuestario, pero que termina ejecutándose en su totalidad. A modo de ejemplo, nos referiremos más adelante, en el marco del presupuesto 2026, al caso del Aeropuerto Mataveri.
En Isla de Pascua (Rapa Nui) teníamos un conflicto de tierras que impedía el normal funcionamiento del aeropuerto. Acuérdense: cuando comenzamos nuestro gobierno teníamos ese problema en la isla y lo abordamos. Ese es un conflicto de alta significación que traspasó un solo año, pero que se resolvió. Y hoy día estamos hablando de un conflicto de tierras solucionado. Lo mismo en el caso del acuerdo de solución amistosa que el Estado acordó suscribir con la Comunidad Aymara Chusmiza-Usmagama, en la región de Tarapacá, que se suscribió en una administración anterior, no en nuestro gobierno, pero que se resolvió en nuestro gobierno y que ha ido avanzando más allá de los años presupuestarios. Por lo tanto, esos casos de alta significación, que se financian con cargo a esta transferencia que nos hace la Conadi, suelen concentrar la ejecución a fin de año y quedar una “colita” que supera el año presupuestario. Eso, Presidente, respecto a la ejecución de nuestro presupuesto del año 2025.
Muy bien. No sé si hay alguna duda. ¿Me pregunta el diputado Mellado?
Presidente, gracias por su intermedio, Ministro. En el tema de la regularización de títulos de dominio asociado a pueblos indígenas, normalmente en la región de La Araucanía, que represento, también el gobierno regional aporta recursos. ¿Esto dónde lo colocan? Si es que efectivamente cada año —no sé si en el 2025 les llegó o no—, ¿dónde lo colocan aquí? ¿Cómo lo ejecutan? ¿O están dentro de los 660?
¿Podemos, Presidente, juntar un par de preguntas? ¿Nadie más? Sí, diputado Cifuentes.
Gracias, Presidente. En el subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, entiendo que esos están dedicados fundamentalmente a la adquisición de terrenos. Este año incorporamos una glosa que financió la Ley de Caletas, que, como vamos a ver, para el 2026 desaparece; es algo que queremos reincorporar. Pero la pregunta es: en estos activos no financieros, de cuyo gasto hay ya 401 invertidos, ¿están considerados proyectos de adquisición de terrenos y acceso a caletas todavía para el año 2025? Gracias, Presidente.
Muy bien. Ahora sí, Ministro.
Gracias por su intermedio, Presidente. Respecto al presupuesto de regularización, diputado, no. Lo que estamos viendo ahí es únicamente la transferencia que nos hace Conadi y que sirve para algunas regularizaciones, pero el grueso del presupuesto de regularización es el que recibimos como presupuesto sectorial para nuestro programa de regularización, y que complementan los gobiernos regionales, municipios y Conadi a nivel regional. Tenemos vigentes, para el año actual y 2026, 15 convenios: 5 de ellos con gobiernos regionales —Tarapacá, Valparaíso, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos—, 4 con municipios y 6 con direcciones regionales de la Conadi. Ese presupuesto no figura en el programa indígena; no obstante, por supuesto, beneficia también, en el caso de muchas regiones, a personas indígenas. Entonces, lo que vemos ahí es solo una parte.
Presidente, perdón, ¿podríamos tener en la comisión ese detalle de cuánto aportan los gobiernos regionales y cómo va la ejecución presupuestaria de eso? Lo que pasa es que los gobiernos regionales le aportan también a Bienes Nacionales para regularización de títulos indígenas en todo el país. Entonces, los gobiernos regionales ponen recursos, pero no aparecen aquí. Sería bueno tenerlo, para que en cada una de las regiones que nos corresponde podamos ver cómo va esa ejecución también de Bienes Nacionales con esas regularizaciones de títulos. Bueno, si no tiene la información ahora, que la envíe después por correo o por oficio a los diputados.
Muy bien, Presidente. Vamos a contestar por oficio esa consulta del diputado.
En cuanto al subtítulo 29 y la aplicación de la Ley de Caletas, que consulta el diputado Cifuentes, el presupuesto de 2026 sí la trae, solamente que hay un cambio en la asignación presupuestaria que trae este presupuesto. En el año actual, lo que definimos en conjunto, Ejecutivo y Congreso, fue que los gastos asociados a la aplicación de caletas, en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales —porque esta es una ley que aplica Sernapesca con el Ministerio de Bienes Nacionales—, los cargamos a lo que nos habilita a gastar lo que hoy día es la Glosa 4. Es una glosa que nos habilita a gastar, de lo que generamos como ingresos al Fisco, entre otras cosas, en la Ley de Caletas, y que, como vamos a ver en el proyecto de ley del año 2026, pasa a otro subtítulo...
…ser ejecutado directamente desde el presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, no así con cargo a los ingresos.
Diputado. Gracias, Ministro. La pregunta es si de eso ejecutado hasta ahora hay algo considerado para la Ley de Caletas. ¿Se ejecutó algo para la Ley de Caletas, sí o no? Esa es la cuestión.
Sí, Presidente. Respecto a la ejecución, ese presupuesto está en curso. Hoy día estamos trabajando en la expropiación de la Caleta Sierra, en la Región de Coquimbo. Ayer tuvimos una actualización: va bastante avanzada y está proyectada a concretarse durante el año 2025.
Muy bien. Gracias. Estamos, Ministro. Si ya respondió las preguntas, avancemos con el presupuesto.
Muchas gracias. Vamos a pasar al proyecto de presupuesto del año 2026. Como les mencionaba, y creo que es importante hablar no solamente de los montos y los volúmenes, el presupuesto para el próximo año continúa con el propósito de fortalecer la capacidad de administrar correctamente la propiedad fiscal y regularizar la pequeña propiedad raíz. En anteriores presupuestos, ese propósito se expresó fundamentalmente en el fortalecimiento de nuestras capacidades de fiscalización. En lo que va de gobierno, de hecho, hemos aumentado en un 60% nuestra dotación de fiscalizadores: pasamos de 41 fiscalizadores el año 2022 a 65 fiscalizadores el año 2025. Quizás es uno de los aspectos que más asoma como notorio en la evolución del presupuesto del Ministerio en los últimos años, en términos de monto.
Para el año 2026, diría que hay dos énfasis. Por un lado, consolidar la capacidad de habilitación de inmuebles fiscales. Me gustaría posteriormente profundizar en esto. Gran parte de los esfuerzos para agilizar la disposición de inmuebles fiscales para diversos proyectos tiene que ver con la habilitación normativa y operativa de estos inmuebles, en volverlos administrables. Y hoy día, con la incorporación a nuestro presupuesto de lo que hasta el minuto hacíamos a través de glosas presupuestarias durante los últimos cuatro años, el Ministerio queda con una capacidad fortalecida en ese sentido. En segundo lugar, el énfasis está en la modernización de nuestros sistemas de tramitación.
Tenemos cuatro programas presupuestarios; posteriormente veremos cada uno de ellos: el programa de la Subsecretaría para el funcionamiento operativo de nuestro Ministerio, el de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, el de Administración de Bienes y el de Catastro.
Mirando el presupuesto 2026 por subtítulo, podemos notar que nuestro presupuesto aumenta en un 11% en el global. La envergadura de este aumento se explica fundamentalmente por un cambio en la contabilidad de nuestro presupuesto, porque se incluye en el subtítulo 22 —bienes y servicios—, que presenta un aumento del 77%, un presupuesto que antes ejecutábamos a través de la glosa 4, que nos permite ejecutar recursos de los ingresos que genera el Ministerio para la habilitación de inmuebles no administrados o no administrables. Ese detalle lo veremos en una de las próximas láminas. Sin considerar ese cambio, estaríamos hablando de un aumento cercano al 2,6%.
Lo otro que puede llamar la atención es que la transferencia a los gobiernos regionales ahora se hace desde el Tesoro, no directamente desde el Ministerio de Bienes Nacionales. No obstante, permanece intacta la disposición del articulado de la Ley de Presupuestos que establece que el 65% de lo recaudado por el Ministerio de Bienes Nacionales va a los gobiernos regionales, el 25% al Fisco y el 10% queda en el Ministerio de Bienes Nacionales para su funcionamiento. Eso se mantiene intacto; simplemente no pasa directo desde el Ministerio, sino desde el Tesoro.
Si miramos el presupuesto 2026 por programa y desmenuzamos este aumento del 11% de acuerdo con los programas, destaca el aumento que se concentra en el programa de Administración de Bienes, de un 19%, precisamente por lo que les explicaba anteriormente; cómo se expresa esto lo veremos en el subtítulo 22 de bienes y servicios. Hay también un aumento en el programa de Subsecretaría, relacionado con la disminución en el programa de Catastro. Están vinculados porque hay una reasignación del presupuesto que estaba en el programa de Catastro, destinado a la Secretaría del Sistema Nacional de Información Territorial —en los últimos años conocido como Infraestructura de Datos Geoespaciales—, cuya Secretaría Ejecutiva está alojada en el Ministerio de Bienes Nacionales.
…al conjunto de los programas del Ministerio de Bienes Nacionales y, de hecho, a otros ministerios, no solamente al programa de Catastro. Se explica también por el Sistema Único de Tramitación que estamos implementando en el Ministerio y por lo que será el nuevo sistema de Catastro o de Administración del Patrimonio Fiscal. Esa reasignación desde Catastro hacia la Subsecretaría explica la disminución del programa de Catastro y el aumento de 3% del programa de la Subsecretaría; es, fundamentalmente, un tema de ordenamiento de nuestro presupuesto.
Vamos a continuar desmenuzando nuestro presupuesto por programas. Partamos por el programa de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Este programa tiene un aumento global del 3%. Lo más destacado de cómo se distribuye lo explicaré a continuación.
Nuestro subtítulo 22 aumenta en un 15%. Les adelantaba que aquí pasa a figurar el presupuesto del Sistema Nacional de Información Territorial. Aumenta también porque estamos arrendando nuevas oficinas en la Región de Valparaíso, debido al abandono del Edificio Esmeralda, que será rehabilitado por el Gobierno Regional; nos trasladamos a oficinas arrendadas de muy buen estándar. Asimismo, avanzaremos en la implementación de nuestro Sistema Único de Tramitación y del nuevo sistema de Catastro.
El subtítulo 29 aumenta también por la adquisición de equipos de climatización vinculados al programa Estado Verde. Hoy recibimos, si me lo permiten, la acreditación del nivel más alto del programa Estado Verde del Ministerio del Medio Ambiente. Somos el único ministerio que cuenta con ese nivel de acreditación, que promueve prácticas más sustentables en el aparato público. El subtítulo 29 crece en un 21% básicamente por la renovación de nuestros programas informáticos. Teníamos un desafío importante en términos de ciberseguridad. Ustedes sabrán que el Ministerio sufrió un ciberataque en octubre del año pasado, lo que perjudicó el ritmo de tramitación de muchas de nuestras gestiones, y nos hicimos cargo de la necesidad de renovar estos programas, una deuda pendiente hace muchos años. Verán, además, una significativa disminución en el subtítulo 29.06, en equipos computacionales; pero es una buena noticia, porque en el año en curso, 2025, renovamos 622 equipos computacionales del Ministerio. Lo detallaré más adelante, pero es un salto de más de 10 años en los equipos con que trabajan nuestras y nuestros funcionarios.
Quisiera profundizar en lo ya señalado. La modernización y la transformación digital para 2026 es uno de los énfasis de nuestro presupuesto y concentra los aumentos de los subtítulos 22 y 29. Estamos implementando un Sistema Único de Tramitación. Es un salto tecnológico de más de 20 años desde la implementación de tres antiguos sistemas de tramitación que conviven en el Ministerio: tenemos el SISTRED, el Control de Expedientes y un tercer sistema de tramitación que han funcionado en paralelo durante 20 años. Esto lo estamos unificando en un único sistema que disminuirá los tiempos de tramitación y que ya se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía, porque está coordinado con el Portal Digital Único de Trámites. Las personas naturales y jurídicas pueden consultar el estado de su tramitación a través de una ventanilla única en el Ministerio. Ese portal, gracias a este presupuesto, comienza a estar más coordinado con los sistemas internos de tramitación del Ministerio y mejora también la interoperabilidad, especialmente con el sistema unificado de permisos del Ministerio de Economía, que se ejecuta a través de la Oficina de Grandes Proyectos.
Durante el año en curso modernizamos el portal de trámites digitales y pasamos todos los trámites del Ministerio de modalidad presencial a digital. Hoy día pueden realizarse de manera digital. Eso que muchas veces se promete hoy es una realidad en el Ministerio, donde estábamos bastante atrasados: las concesiones, los arriendos, las ventas, la regularización, las servidumbres, así como también el pago en línea de la regularización. Con nuestro presupuesto para el próximo año se pretende aumentar el flujo de trámites que llevamos de esta manera y consolidar estas mejoras.
Asimismo, avanzamos en un nuevo sistema de gestión del patrimonio, es decir, de nuestro catastro de la propiedad fiscal. Estamos trabajando en el reemplazo del actual sistema de administración del catastro por un nuevo sistema tecnológico.
Estos temas —control y monitoreo de la propiedad fiscal, ocupaciones ilegales, fiscalizaciones y sistema de cobranza— no dialogaban en el Ministerio, y con el sistema que, a través de una licitación, vamos a adquirir, podremos unificar estos sistemas. El Ministerio tenía 15 años de atraso y ello se saldará con esta transformación. En la lámina se detalla, además, la renovación de nuestros equipos computacionales: hoy día el 65% de nuestros funcionarios ya cuenta con equipos nuevos. Esto es muy importante para los tiempos de tramitación, la eficiencia del servicio y la atención que entregamos a las personas.
Programa de Regularización. El programa de regularización de la pequeña propiedad raíz tiene un aumento global del 2%, lo que nos permite proyectar la tramitación de más de 9.000 solicitudes con el presupuesto sectorial. Este presupuesto se destina al pago de licitaciones de mensuras, publicaciones en diarios regionales, inscripciones en conservadores de bienes raíces, servicios de transporte —mucho trabajo en terreno— y, por supuesto, al funcionamiento regular de nuestra División de Constitución de la Pequeña Propiedad Raíz y su soporte regional. La disminución que se aprecia en el subtítulo 26 es marginal y se explica porque son devoluciones que arrastra el Ministerio por trámites que resultaron negativos; es un subtítulo llamado a desaparecer, por lo que es una buena noticia que vaya reduciéndose. Para 2025 se comprometieron, con presupuesto sectorial, 9.033 tramitaciones; a septiembre hemos tramitado 6.470 casos y proyectamos cerrar el año por sobre lo comprometido, entre 9.000 y 9.500.
En la lámina siguiente se explica lo consultado por el diputado Mellado: el piso de tramitaciones proyectado para 2026 es de 15.823. Es un piso, porque el pago de cuponeras y, sobre todo, los convenios con gobiernos regionales y municipios tienden a aumentar su ejecución durante el año. Este es solo el piso de lo que podremos tramitar con el presupuesto sectorial de 2026 y los convenios ya suscritos que cubren ese año. En 2024 se tramitaron 14.746 solicitudes. Como adelanté, tenemos 15 convenios vigentes para 2026: 5 con gobiernos regionales, 4 con municipios y 6 con áreas regionales. Estos constituyen una parte del presupuesto que puede aumentar el próximo año y que aspiramos nos permita regularizar aún más.
Quiero destacar que el último año innovamos en dos aspectos normativos con el Congreso para recuperar una capacidad de regularización que el Ministerio había perdido: elevamos el techo del avalúo de los inmuebles susceptibles de ser regularizados —rurales y urbanos—, porque el alza del precio del suelo estaba dejando fuera a muchas familias y nos obligaba a tramitar negativamente numerosas solicitudes; y, a través de la ley miscelánea de vivienda, volvimos a permitir la regularización con recepción provisoria de obras. Por lo tanto, veremos un aumento de las tramitaciones positivas gracias a estas dos innovaciones.
Si me permiten, me aparto un momento de lo que nos convoca hoy. Programa de Administración de Bienes. Este programa concentra buena parte del aumento de nuestro presupuesto, con un incremento global de 19%. En el subtítulo 24 hay una disminución de 7%, básicamente por el paso de honorarios a contrata, fundamentalmente en el programa indígena. El subtítulo 29 aumenta, y aquí está la explicación: en él figura el presupuesto destinado a la aplicación de la ley de caletas. Sernapesca es el servicio que determina cuáles son las caletas prioritarias y que aplican, y nuestro Ministerio tiene el rol de destinar la propiedad fiscal cuando las caletas se emplazan sobre suelo fiscal o de expropiar cuando se trata de propiedad privada.
Marisa es aquella que en ese flujo va avanzando más, la verdad. Yo les adelantaba que Caleta Sierra, caso que para este año tenemos en ejecución a través de una expropiación; tenemos otras caletas a través de destinaciones, por lo tanto no incurren en gasto por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, y para el próximo año también tenemos un presupuesto para esto, que está en el subtítulo 29 de este programa.
En el subtítulo 22 tenemos un incremento, ustedes pueden ver ahí, de 103,5%, y esto se debe a una de las principales innovaciones del presupuesto del año 2026: se incorporan y visibilizan en el presupuesto sectorial del Ministerio los gastos que estábamos ejecutando a través de la Glosa 4 para la habilitación de propiedad fiscal. Vamos a ver lo que dice la Glosa 4 vigente y cómo proyectamos su ejecución.
Sí, Presidente, sobre el punto —después se me va—. Lo que pasa es que lo que dice aquí la Glosa 4 eran los gastos por concepto de desalojo, habilitación de inmuebles, estudios. Esto estaba antes en el subtítulo 33, ¿cierto? Todo lo que era estudio, subdivisión, habilitación de inmuebles y todo eso. Y este año la Glosa se asocia al subtítulo 22, sobre todo en desalojos. Yo creo que no es procedente eso. Puede haber un error no intencionado porque, la verdad, como no existe el subtítulo 33, debiera trasladarse al subtítulo 24 y no al 22 de transferencias. Lo más razonable es pasarlo a transferencias corrientes por el tema de los desalojos; no son un servicio propiamente tal. No lo sé; si efectivamente ahí hay un error involuntario, podría corregirse. Por eso, si pasábamos después, se me iba a olvidar plantear este tema.
Bueno, Presidente, retomo. En la lámina que viene precisamente explicamos esta innovación y por qué corresponde que esté en el programa, en el subtítulo 22 del programa de Bienes. Allí abajo ustedes pueden ver —está muy chiquitita, yo la voy a leer— la cita de la actual Glosa 4, anteriormente Glosa 10; tuvo otros números en las leyes de presupuesto. Esta glosa lo que nos indica es que los gastos por concepto de desalojos, habilitación de inmuebles, en fin, todos los gastos necesarios para la correcta y eficaz administración de inmuebles fiscales, a excepción de los gastos en personal, se podrán ejecutar con cargo a este subtítulo mediante una resolución exenta que nuestro Ministerio ya tiene dictada, así como también un procedimiento normado que delimitará la forma adecuada de ejecutar estos recursos.
¿Qué hemos hecho? Esta glosa básicamente nos permitía que, de los ingresos que le genera al Fisco el Ministerio de Bienes Nacionales, se ejecutara buena parte de esos recursos para la habilitación de inmuebles, y también para desalojos. Lo que hemos hecho —en conversación, por supuesto, con la DIPRES— fue incorporar esto en el subtítulo 22, de manera que fuera algo regular del Ministerio. Antes, el Ministerio no tenía la posibilidad de ejecutar recursos en inmuebles no administrados o no administrables; dependía de que un tercero, privado o público, invirtiera. El Ministerio estaba de manos atadas y, por lo tanto, esto impedía una correcta administración. Esto no es solo —pero sí fundamentalmente— en materia de desalojos; también se trata de la habilitación de inmuebles que requerían una habilitación operativa, material o normativa para poder ser administrados.
Esta lámina, diputado, creo que es importante; nos interesa explicarla bien. Esta glosa se ha ido perfeccionando. Si ustedes ven cómo ha ido evolucionando en el diálogo con el Congreso, se ha ido perfeccionando. Contempla distintos servicios para la habilitación y, como les mencionaba, ya tenemos dictada una resolución que regula cómo gastar. Hay dos tipos de gastos: lo que llamamos gastos operacionales, que son acciones propias de la tramitación normal de un inmueble fiscal para ser administrado —tasaciones, mensuras, confección de planos, pagos por certificados de un inmueble no administrado—; y, cuando se trata de un inmueble no administrable, tenemos que hacer otro tipo de gastos que consideramos gastos habilitantes, necesarios para la correcta administración allí donde hay un inmueble que no es administrable y queda paralizado. Pasan los gobiernos, pasan las administraciones, y el inmueble queda sin administrar; se cree que es por negligencia o falta de interés de la autoridad, y en realidad es por razones normativas u operativas.
Este inmueble no es administrable; por lo tanto, hablamos de problemas de indefinición de la propiedad fiscal, de su deslinde entre lo fiscal y lo privado; de indeterminación de su uso —a qué usos puede servir este inmueble—; de obras y materiales necesarios para poder administrarlo (en el caso de desalojos, por ejemplo, cercos para evitar nuevas ocupaciones ilegales); y del pago de deudas. Nos ocurre con frecuencia con las herencias vacantes que recibe nuestro Ministerio, que llegan, por supuesto, con deudas de gastos comunes y que después el Ministerio está obligado por ley a pagar. También existe riesgo de ocupación, que es muy importante —lo veremos en el programa que se hace cargo de ello—, así como materias de subdivisiones y urbanizaciones. Las urbanizaciones no las ejecuta, por cierto, el Ministerio, pero debe realizar los estudios que permitan, por ejemplo, que un inmueble pueda ser posteriormente subdividido.
En la lámina que sigue, los estudios de ordenamiento territorial son fundamentales para determinar los mejores usos de un territorio e identificar las gestiones necesarias para administrarlo. Ahí está ilustrado, aunque muy pequeño tal vez, el caso de El Avellano, una propiedad fiscal muy relevante en la Región de Aysén, con alto interés turístico, ganadero y de conservación ambiental. Todos estos usos conviven y muchas veces están contrapuestos. Lo que está ejecutando hoy día el Ministerio, con cargo a la Glosa 4 y posteriormente con cargo al Subtítulo 22, son los estudios que nos permiten determinar cuáles son los mejores usos y cómo administrar este inmueble.
Otro ejemplo son los estudios de ordenamiento territorial que hoy se ejecutan en el fundo Quetaluto, en Corral, que permitirán proyectar el traslado de Corral, comuna que sufre importantes problemas de remoción del borde costero que le impiden crecer. Es un fundo que estaba destinado al Ejército, que el Ministerio recuperó el año 2023, pero que requiere un estudio para poder ser ordenado. Eso se ha realizado a través de la Glosa 4 y también con presupuesto del Gobierno Regional.
También está el caso del predio fiscal Olivares Colorado, en el Cajón del Maipo, un predio muy relevante que permitió, gracias a un estudio de ordenamiento territorial del Ministerio, la creación de la primera área de conservación de múltiples usos terrestres y la ampliación del Parque Nacional Glaciares.
Un minuto, ministro. Tiene una pregunta el diputado Cifuentes.
Sí, en este mismo sentido y en este mismo programa. La Glosa está perfecta; comparto absolutamente el criterio que ustedes han empleado este año, que es ampliar y disponer de recursos para gestionar cuestiones indispensables. Me gustaría entender si aquí también, con estos recursos, es posible hacer los estudios para las caletas, en el caso de terrenos fiscales donde sea necesario el estudio de perímetro. En Caleta Sierra, por ejemplo, ya se hizo, pero hay muchos otros donde no se realiza precisamente por falta de recursos.
La duda que tengo es por qué se elimina de la redacción de la Glosa 04 lo que habíamos puesto el año pasado: “así como también los gastos para la implementación de la Ley 21.027”. Lo digo porque el año pasado nos costó mucho trabajo incorporarla, precisamente porque no se había utilizado. El año pasado, por primera vez —este año, digamos—, se empieza a utilizar para la Ley de Caletas. Entiendo que la están trasladando, y me parece bien el traslado al Subtítulo 29 para la adquisición de activos no financieros. Pero quisiera insistir en mantener esa redacción en la Glosa 04, porque este es recién el segundo año de implementación de la ley. Y son ustedes los que la están llevando recién, porque en esta ley intervienen siete ministerios y no hemos logrado hacer con los otros lo que estamos haciendo con ustedes, que es dedicar recursos a la implementación de la Ley de Caletas. Por tanto, sería una señal contradictoria eliminarla este año.
Yo sé que, en el mediano y largo plazo, probablemente habrá que eliminarla, porque ya no será necesario y estará instalada la habilitación y adquisición de terrenos. Pero quisiera insistir, presidente —por su intermedio, ministro—, en mantener la Glosa tal como está redactada este año, agregando solamente la implementación de la Ley de Caletas. Solo eso, presidente.
Muy bien. Ministro.
Gracias, presidente. Para contestar al diputado Cifuentes, primero que nada...