Continuamos con la sesión, si les parece. Retomamos lo tratado en la sesión de ayer. Tiene la palabra, en primer término.
En el horario de la tarde, tiene la palabra el gobernador de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca.
Bueno, primero, saludarle a usted, presidente de esta comisión mixta, y saludar también a las parlamentarias y los parlamentarios aquí presentes. Me acompaña, a mi izquierda, Magdalena Pereira, administradora regional del Gobierno Regional de Valparaíso; Érika Liste, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno Regional de Valparaíso y, además, secretaria general de FENATGORE, la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales. A mi derecha, Rodrigo Faúndez, jefe de gabinete; Elsa Bueno, consejera regional, presidenta de la Comisión de Inversiones; más atrás, Víctor Quintero, jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional; y Pedro García, jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF). A mí me gusta presentar a mi equipo; este es el equipo que me acompaña.
A propósito de esta discusión presupuestaria, el Gobierno Regional de Valparaíso tiene desafíos muy importantes, en particular, presidente, la implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo 2025-2035. Cuando nos tocó asumir, siendo el primer gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso, el Gobierno Regional tenía una estrategia regional formulada en 2012, en aquellos periodos en que los intendentes eran designados por los gobiernos de turno. Entre 2022 y 2025 trabajamos durante tres años, con el apoyo del PNUD desde el punto de vista metodológico, para elaborar una nueva Estrategia Regional de Desarrollo. Esta estrategia ya entró en vigencia, está publicada en el Diario Oficial y hoy rige los destinos de la región desde 2025 hasta 2035.
En materia de desafíos, sin duda, la creación del Área Metropolitana y el Plan de Zonas Extremas son también muy relevantes. Respecto del Área Metropolitana, nuestro expediente ya fue discutido en el Comité Interministerial de Ministros para la Descentralización; fue aprobada el Área Metropolitana y llevamos varios meses esperando que salga del Gabinete Presidencial con la firma que la ratifique para poder impulsarla. Algo así como siete meses, esperando esa firma.
Asimismo, estamos trabajando en un Plan de Zonas Extremas, particularmente para Juan Fernández y Rapa Nui, los territorios insulares de la región de Valparaíso, donde estamos formulando una política pública que ponga en el centro las necesidades más urgentes de estos territorios: aeropuertos, servicios sanitarios, agua potable, entre otros.
Me parece importante señalar —no sé si todos los parlamentarios están familiarizados— que Chile hoy compite con Bruselas para alojar en su territorio el Tratado de Alta Mar más importante de las últimas cuatro décadas, conocido por su sigla en inglés como BBNJ. Es un tratado internacional relativo a la protección de la biodiversidad y los recursos genéticos marinos en alta mar. Se requerían 60 países que ratificaran, a través de sus respectivos congresos, la entrada en vigencia del BBNJ; vamos en 75, y por tanto en los próximos 120 días entrará en vigor este tratado, a 200 millas mar adentro, de enorme importancia y relevancia. Para nosotros, los porteños, es muy significativo que este tratado de alta mar se vaya a alojar precisamente en la ciudad de Valparaíso. Yo diría que hoy Chile tiene muchísimas posibilidades de quedarse con la Secretaría Técnica del BBNJ, lo que no solo es importante para el país, sino que excede con creces su importancia nacional; es una membresía de carácter universal para América Latina. No hay ningún país de la región que hoy tenga una membresía universal de esta envergadura, y Valparaíso ha sido la ciudad escogida para alojar la Secretaría Técnica. Enfrentaremos, por tanto, un desafío gigantesco: regional, nacional y también para América Latina.
En cuanto a los atributos regionales, solo destacar que somos una región biodiversa, andina y oceánica; una región portuaria, alimentaria, patrimonial, turística y universitaria. Sin menoscabar a ningún gobernador aquí presente, nuestra región alberga los principales puertos del país. Tenemos el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de Los Andes. El 40% de las mercancías provenientes del Mercosur —Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil— pasó en el primer trimestre por el puerto terrestre de Los Andes.
Los puertos de Quintero‑Ventanas, Valparaíso y San Antonio: el 40% de las mercancías que transitan por el Pacífico Sur —exportaciones e importaciones— pasan por nuestros puertos; por tanto, nuestra región tiene una importancia estratégica para el acceso al Pacífico Sur.
Los principios que orientan el trabajo del Gobierno Regional hoy son la sostenibilidad, la equidad, la inclusión, la autonomía, la prioridad y enfoques transversales de derechos, de territorio, de género, interculturales, participativos y colaborativos. Brevemente, nuestra Estrategia Regional de Desarrollo, que rige los próximos diez años, contempla 7 ejes, 15 objetivos estratégicos y 62 líneas de acción. Entre los ejes, pone acento en justicia social y derechos humanos; ecosistemas y bienes naturales comunes; patrimonio; vivienda y habitabilidad; transporte y movilidad; y gobernanza descentralizada.
En materia del Área Metropolitana, señalar a las y los parlamentarios que el expediente aprobado por el Consejo Interministerial concentra el área en cinco comunas: Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, donde se ubica una gran cantidad de población. Tenemos problemas comunes en transporte y movilidad, y en lo ambiental, entre otros. Por tanto, la creación del Área Metropolitana al interior del Gobierno Regional cumple un rol capital. En este territorio residen más de 900.000 habitantes, de un total regional entre 1.800.000 y 2.000.000.
Respecto del Plan de Zonas Extremas y los territorios insulares: Rapa Nui es un territorio de enorme relevancia. El Plan busca formular una política pública y una cartera de inversión que ponga en el centro los problemas más acuciantes de Rapa Nui: la carga, los aeropuertos, el ámbito sanitario, el ambiental, etc.
En Juan Fernández, Chile cuenta con diez reservas de la biosfera, y la Región de Valparaíso tiene dos: La Campana–Peñuelas y Juan Fernández, esta última un patrimonio ecosistémico único. El Plan de Zonas Extremas en Juan Fernández persigue proteger el medio ambiente y la biodiversidad, así como los servicios ecosistémicos que provee, y definir inversión pública para superar asimetrías en movilidad, transporte, carga y materia sanitaria. No tenemos agua potable en Juan Fernández y enfrentamos problemas muy concretos.
Ya lo mencioné: la Secretaría Técnica del BBNJ. Nuestro país fue el segundo en ratificar el BBNJ, y aprovecho de agradecer a todas y todos los parlamentarios aquí presentes. Una membresía universal de esta envergadura tiene una importancia que excede con creces las fronteras de Chile y enorgullece a América Latina. Hemos estado en este debate en los foros de Naciones Unidas, donde hemos escuchado las intervenciones de CARICOM, de la CELAC y del G77 más China. La posibilidad de que la Secretaría del BBNJ se aloje en la ciudad de Valparaíso es tremendamente importante.
Respecto del Programa 01, de funcionamiento, no difiere de lo ya señalado por otros gobernadores y, probablemente, de lo que dirán Cuvertino, Crisóstomo y Claudio. Si se compara 2022‑2026 con lo planteado, habíamos solicitado en el Programa 01 del orden de 10.434.100.000 pesos. La propuesta que nos hace Hacienda se sitúa aproximadamente 1.500 millones de pesos por debajo de la propuesta inicial del Gobierno Regional.
Tenemos 38 comunas, incluyendo dos territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui. El municipio más modesto de la Región de Valparaíso, sin contar sus corporaciones municipales, tiene más de 400 trabajadores. El Gobierno Regional que me corresponde liderar tiene 179 trabajadores. ¿Saben a cuánto equivale eso? Un trabajador por cada 12.000 habitantes de la Región de Valparaíso.
La presencia de Erika, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno Regional, no es casual. Muy por el contrario, este Parlamento tiene una responsabilidad importante cuando se trata de la ley de plantas y la ley de encasillamiento. Aquí veo al diputado Cifuentes; él fue intendente de la Región de Coquimbo y sabe lo que esto significa. Que hoy los gobiernos regionales no cuenten con ley de plantas ni con ley de encasillamiento implica que haya funcionarias y funcionarios como Erika, aquí presente, que lleva 20 años en grado 8. Además, la ley de plantas se necesita para enfrentar los enormes desafíos que tienen los gobiernos regionales cuando se trata de bienestar, de bien común y de atender a una población tan significativa y creciente como la de la Región de Valparaíso. Para nosotros, la ley de plantas es fundamental.
También quiero hacer una mención, Presidente, respecto de la propuesta de Ley de Presupuestos de la Nación. Nos parece lamentable que esta propuesta no contemple incrementos salariales para las y los trabajadores del sector público. El IPC sube todos los días; el costo de los servicios básicos y de los alimentos de primera necesidad sube todos los días, y este presupuesto no contempla reajustes para el sector público. Nos hemos dado la tarea de revisar los artículos de la Ley de Presupuestos, y el artículo 10 señala que por cada tres funcionarios que dejan el servicio se podrá reponer uno. En años anteriores, por cada dos se reponía uno. Hoy, por cada tres que se van, se repone solo uno. Esto nos parece una inequidad y una injusticia bastante brutal, porque en la práctica se intenta achicar el Estado. Todos concordarán con nosotros en que los servidores públicos no son los “parásitos” a los cuales se hace mención: las y los trabajadores del servicio público cumplen un rol clave al administrar el Estado y al dar atención y respuesta a las necesidades de nuestra población.
Por tanto, en el programa de funcionamiento, la propuesta que nos hace el gobierno central es, a nuestro juicio, completamente deficiente, carece de contenido y además plantea medidas estructurales que debilitan la función pública. Ahí está la petición que habíamos formulado —no me extenderé en esto—: la petición del GORE para 2026, a propósito de la Ley de Presupuestos 2026 ya distribuida. Ahí están las diferencias entre lo que habíamos solicitado y la cifra propuesta: solicitamos 10.434 millones, y la propuesta habla de 8.664 millones. En materia del Programa 02 (Inversión), el año 2022 tuvimos una asignación de 87.000 millones; en septiembre de 2025, 111.000 millones; y para 2026 se nos propone 103.000 millones.
No quiero ser grosero ni impertinente en esta presentación, pero —y lo conversábamos con Claudio— la discusión de la Ley de Presupuestos otorga amplia exposición y tribuna, y, sin embargo, también es una discusión en parte irreal, porque el presupuesto que aprueba este Congreso el gobierno central tiene la prerrogativa y la facultad de disminuirlo cuando lo estima pertinente. En nuestro caso, el presupuesto asignado para 2025 fue de 111.406 millones de pesos. En aquellos días aciagos para nuestra región, cuando nos incendiamos —nos incendiaron— el 2 y 3 de febrero de 2024, una semana antes el Ministerio del Interior nos había rebajado algo así como 3.000 y tantos millones de pesos por concepto de emergencia. Recuerdo haber pasado por el patio de la Academia de Guerra, cuando todas las autoridades estábamos abocadas a atender las urgencias de la región, y el subsecretario del Interior de la época me dijo: “Le retiramos, para ser muy precisos, 3.342 millones de pesos por concepto de emergencia”. Yo le respondí: “Devuélvanos esos recursos”, y, obviamente, no nos los devolvieron, porque el Estado y el gobierno central tienen la prerrogativa de descontarnos recursos cuando lo estiman pertinente.
Entonces, señoras y señores parlamentarios, esta discusión presupuestaria es muy importante, pero finalmente no es la discusión de fondo.
En esta discusión final, porque hoy día, desde el punto de vista de la agilidad, la suficiencia y la autonomía presupuestaria, los gobiernos regionales no tenemos ni agilidad, ni suficiencia, ni autonomía. El 93% de nuestros recursos dependen del erario central, del erario nacional. Y el erario nacional, y quien lo administra, actúan de forma muy arbitraria cuando lo estiman pertinente. Lo diré en estos términos: cuando la mala planificación de la hacienda pública enfrenta problemas, ¿dónde pone el manotazo, dónde pone la rebaja? En el servicio público y también en los gobiernos regionales. Por tanto, me parece que esta es una discusión importante, sin duda, pero insuficiente mientras no tengamos agilidad, suficiencia y autonomía.
Quiero plantear otro tema referido al programa 02, estimadas y estimados parlamentarios. Cada vez que se nos hace una rebaja presupuestaria —por ejemplo, las rebajas de emergencia, las rebajas de la DIPRES, o cuando nosotros reorientamos los recursos del Pro Empleo porque los mantenemos desde hace cuatro años, o cuando la Subsecretaría del Interior nos rebaja recursos para implementar un sistema de identificación biométrica facial, dactilar o por voz— el gran problema es que no hay trazabilidad respecto de las rebajas que realiza el gobierno central. No hay trazabilidad. Y cuando te rebajan el presupuesto, cabe preguntarse: ¿el argumento que permitió la rebaja presupuestaria tiene finalmente el destino que originalmente fue indicado? La falta de trazabilidad genera incertidumbre sobre si esa rebaja se usará para el propósito originalmente señalado. Me parece, señor Presidente, que aquí hay una falta de prolijidad.
Si hay un nivel del Estado fiscalizado, son los gobiernos regionales. Tenemos a los consejeros regionales; a la Contraloría General de la República y las Contralorías Regionales; rendimos en línea, cada tres meses, ante la Contraloría; contamos con la Comisión Mixta del Parlamento; y la Contraloría nos audita permanentemente, verificando que lo que informamos se cumpla. Por todo ello, la trazabilidad hoy es un imperativo. Lo hemos conversado con Luis Cuvertino, gobernador regional de Los Ríos —hemos sido más duros en privado, pero me portarÉ bien—: la ausencia de trazabilidad implica que los recursos que nos rebajan, simple y llanamente, pueden no tener el destino originalmente señalado. Es importante debatirlo en este espacio democrático.
Respecto de AGORECHI, sin duda la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile cumple un rol muy relevante; participamos allí los 16 gobiernos regionales. La Ley de Presupuestos señala que los gobiernos regionales podrán hacer un aporte a su funcionamiento. Lo tenemos, sin embargo, en duda, porque no sabemos si podremos realizarlo, atendida la propuesta presupuestaria del gobierno central; existe incertidumbre respecto de con cuánto podremos concurrir presupuestariamente a nuestra organización.
Finalmente, sobre el programa de inversión: el presupuesto propuesto para 2026 asciende a 103.000 y fracción, presentando una disminución del orden del 6,8% respecto de 2025, aunque la cifra 2026 aún no contempla el ingreso por la Ley de Casinos. A propósito de una propuesta del gobierno central —el 46 B— que permite, por ejemplo en materia de casinos, que los concesionarios se retiren anticipadamente, yo voté en contra de esa iniciativa en el caso del casino Enjoy, porque, a nuestro juicio, el 46 B sienta un mal precedente cuando un concesionario puede retirarse de una concesión porque no obtiene la utilidad esperada u otro argumento. Dicho eso, esta propuesta presupuestaria no contempla todavía lo que debería incrementarnos por casinos, particularmente el Enjoy; pero, con la propuesta aprobada, en tres años más no tendríamos concesionario a menos que aparezca uno en ese período y presente una oferta económica similar a la actual, cuestión sobre la que tenemos serias dudas.
Aquí están los ingresos del 2026, el detalle de los mismos, y algunos proyectos relevantes en ejecución que realiza el gobierno regional, junto con iniciativas nuevas.
El mejoramiento de la calle Lago Riñihue; la reposición del CESFAM de Zapallar; la construcción de la red de alcantarillado del sector Placilla de la Chimba en La Ligua; la reposición de la Tenencia de Carabineros en Petorca, en la comuna de Petorca; y el mejoramiento y la puesta en valor del conjunto de la Plaza Sotomayor, que forma parte del sitio de patrimonio.
Con respecto a la situación de los proyectos del subtítulo 31 —lo conversábamos con Claudio— hoy día tenemos 390 proyectos en ejecución. Estoy hablando de obras: de alcantarillado, de seguridad, de cuarteles policiales, etc. No estoy hablando de clases, ni de rumba ni de zumba. Son obras concretas: 390 proyectos por algo así como 260.000 millones de pesos que se están ejecutando en la región de Valparaíso.
En el subtítulo 29, conocidos popularmente como la Circular 33, tenemos más de 3.700 millones de pesos en multisector: vehículos, ambulancias, carros bomba, etc.; residuos, con entrega de vehículos para la recolección de residuos sólidos domiciliarios; y salud. En este ámbito, nos sentimos bastante orgullosos, ya que el Gobierno Regional equipó las unidades neonatal, pediátrica y adulta del Hospital Carlos Van Buren; entregó un arco en C al Hospital Eduardo Pereira; hemos comprado más de 21 ambulancias y mil catres clínicos. La inversión en materia de salud es bastante gravitante. Además, hemos construido el CESFAM de Rinconada y el CESFAM de San Esteban con recursos del Gobierno Regional.
En materia de seguridad —porque por ahí algunos dicen que los gobiernos regionales tenemos cierto temor de invertir en seguridad— creo que somos, junto al Gobierno Regional Metropolitano y al de O’Higgins, los que más recursos destinamos. Acabamos de inaugurar el cuartel policial más moderno, probablemente, de Chile, en la ciudad de Los Andes. Tenemos el único centro regional de investigación de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural, en la zona entre Reñaca y Viña del Mar. Hoy día estamos construyendo cuarteles policiales en Petorca, Panquehue y Cabildo; infraestructura y equipamiento policial: 82 vehículos de Carabineros, 41 vehículos de la Policía de Investigaciones y 19 vehículos de la Policía Marítima. Mantenemos el sistema de televigilancia aérea, con 8 drones de alta gama, cuyas imágenes constituyen medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel. En materia de seguridad estamos trabajando intensamente, apostando también por la cultura y el deporte como piedras angulares del buen desarrollo y por la recuperación de los espacios públicos.
Dos cosas para terminar respecto de las glosas, Maca. Sobre la Glosa 06, sugerimos modificar los siguientes párrafos: donde dice “en tal caso la unidad técnica podrá ser la empresa SACIPA”, creemos que debe abrirse para que otros también participen en el levantamiento de iniciativas. Y, segundo, que “podrán aplicarse a la adquisición de activos no financieros en iniciativas de inversión que cuenten con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en programas o proyectos menores a 5.000 UTM y no inferiores a 2.000 UTM”, tal como propone la glosa.
Finalmente, dos cosas. A propósito de la discusión con Dipres —y creo que está Lucho por aquí— no recuerdo que ustedes hayan discutido con nosotros la Glosa 07 y la Glosa 08. La Glosa 07 establece que el Gobierno Regional de Valparaíso debería tener la responsabilidad de comprar agua, y eso Dipres no lo discutió con este Gobernador. Y la Glosa 08, que titularon “Glosa Agua Santa”, tampoco la discutieron con el Gobierno Regional de Valparaíso. Esa glosa tiene que ver con que el Gobierno Regional debe comprometer algo así como 25.000 millones de pesos para mejorar el transporte y la movilidad de Agua Santa, que es la principal vía de acceso a Viña del Mar y, por tanto, también la principal vía de salida de la ciudad. Me parece que esto es bastante inconsulto e impropio: que en la discusión presupuestaria se nos incorporen glosas sin antes discutir con quien ejerce la administración superior de la Región de Valparaíso, el Gobernador Regional electo democráticamente.
Muchísimas gracias. Nos ponemos a disposición.
Muchas gracias, señor Gobernador. Se ofrece la palabra respecto del informe del Gobernador Mundaca sobre Valparaíso. Se ofrece la palabra. Bueno, si me permiten una breve intervención, creo que el Gobernador ha puesto el acento en temas muy importantes, como la situación que enfrentan los gobiernos regionales, fundamentalmente en función de sus necesidades de personal y de nombramientos. Incluso ha hecho alguna propuesta al respecto. Yo le sugeriría que la pudiera poner…
Se pudiera poner, ya sea por él o por algunos de los parlamentarios de la región, como indicaciones a la Ley de Presupuestos. Ciertamente, la cantidad de personal, de gente que tiene trabajando en algunos Gobiernos Regionales, y el de Valparaíso en particular, es realmente muy precaria, como lo son también los recursos disponibles para temas de inversión que requiere esta región. Esta es una región con múltiples identidades que van desde lo oceánico; en esto aludió, por cierto, al tema pendiente de la Ley de los Océanos y a la posibilidad de que Valparaíso sea la sede de la secretaría de dicha ley. Y todas esas cosas requieren naturalmente recursos. Hay poca comprensión, probablemente, en nuestras autoridades a veces de esas necesidades, y espero entonces que podamos aquí discutir algunas de las propuestas que el gobernador nos ha entregado.
Debo recordar, por cierto y desgraciadamente, que la Ley de Presupuestos es una ley de gasto; por lo tanto, los recursos que se asignan dependen fundamentalmente del Ejecutivo. Creo que están bastante claras las peticiones que esta región, como muchas otras esta mañana, han hecho al Ejecutivo en el sentido de atender los problemas principales de las regiones. Ofrezco la palabra. ¿Hay algún comentario respecto del gasto ya realizado en la región? Porque eso también es parte de los temas de estas sesiones. Por favor.
Solo agregar que, en materia de ejecución presupuestaria del Programa 02, de Inversión, el año pasado a la misma fecha teníamos un 51% de ejecución presupuestaria; este año tenemos 72%, y los últimos cuatro años nuestro gobierno, el Gobierno Regional, ha tenido 100% de ejecución presupuestaria en el Programa 02. Hemos dejado todos los recursos en nuestra región, dando cumplimiento precisamente a uno de los indicadores de éxito de la gestión de los Gobiernos Regionales. Y agregar, con el ánimo de problematizar si es que no nos van a preguntar, que la descentralización sigue siendo un anhelo. La descentralización le cambia la vida a las personas porque las decisiones de inversión hoy día se toman en el territorio. Pero creo que no se cumplió con la propuesta presidencial de terminar con la figura de los delegados regionales presidenciales. Creo que la descentralización administrativa requiere del concurso de ustedes, parlamentarios, para levantar una ley de plantas que le dé coherencia a la gestión de los Gobiernos Regionales. Y creo que ustedes también tienen en sus manos el poder de empujar la ley de Regiones Más Fuertes, que es la ley de descentralización fiscal. ¿Por qué? Porque finalmente esta discusión puede ser engañosa: salimos de esta discusión con un presupuesto asignado, pero el 93% de los recursos de los Gobiernos Regionales dependen del erario nacional. Y cuando el erario nacional hace una mala planificación de la Hacienda Pública, ese presupuesto deja de ser el presupuesto que discutimos y al que ustedes destinaron tiempo y dedicación para poder escucharnos a nosotros. Por eso creo que la descentralización, en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal, sigue siendo un anhelo, porque sigue estando pendiente después de cuatro años. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, estimados gobernadores. Desgraciadamente no pude llegar en la mañana por problemas de avión, para variar en mi región. El gobernador de Valparaíso ha tocado varios temas que son bien de fondo, además de la presentación propia del Gobierno Regional de Valparaíso. Yo quisiera abordar dos o tres temas que son más comunes y que constituyen desafíos enormes para todos los Gobiernos Regionales. Uno es esto que él ha planteado: la ley de plantas. Nosotros avanzamos hace unos años atrás en la ley de plantas municipales, y precisamente este año se cumplen los ocho años que la ley establece para la revisión de esas plantas. La planta se revisa cada ocho años y se incorporaron criterios bastante objetivos que no generaron mayor desorden, como algunos temían, desde el punto de vista del gasto en personal en los municipios. Y se han ido encuadrando, yo diría, de manera bastante ordenada en este aspecto. Hay otros que no son tantos, pero en este aspecto los municipios han ido adquiriendo una cierta práctica de libertad.
…entre comillas, en el manejo del personal, entre comillas, porque hay una ley que lo regula y todo, pero hay un cierto manejo que permite la gestión dentro del municipio, entre otros, atender el objetivo de profesionalizar cada vez más las municipalidades. Eso no ocurre con los gobiernos regionales. Yo comparto absolutamente que aquí se requiere una ley de planta que dé cuenta de estas diversidades, porque el fundamento principal de la descentralización es la diferenciación. Si uno no reconoce diferencias, no tiene sentido descentralizar. Precisamente aquí, donde las capacidades, el tamaño y las dificultades propias de cada uno de los gobiernos regionales obligan a que la respuesta institucional sea diferenciada. Y el principal elemento de la institucionalidad, además del orden jurídico, es el personal. La especialización que tenga ese personal, cómo se van atendiendo las diversas preocupaciones, dependiendo de los problemas particulares de cada una de las regiones, tiene que expresarse a nivel del personal. Eso hoy día los gobiernos regionales no lo pueden hacer.
Después está el otro tema, el manejo financiero. Aquí se ha hablado harto. Yo, desgraciadamente, pertenezco a una región que hoy tiene el peor gasto de todas. No alcancé a llegar para habérselo dicho directamente al Gobernador de Coquimbo, pero, a diferencia de usted, Gobernador, que tiene el 72% de ejecución, en mi región, solo al mes de agosto, vamos en 25,9%. Así es que estamos en un problema serio. En esa región se van a devolver alrededor de 30.000 millones de pesos. Entonces, también tenemos que dar cuenta de estas diferencias que se generan. Para esto, la ley de fortalecimiento regional es fundamental. Desgraciadamente, esa ley que ingresó, cuyo inicio alcanzamos a discutir en la Comisión de Hacienda —a la que algunos de ustedes pudieron asistir a hacer presentaciones—, después se paralizó, bueno, por todo el desorden que vino y los hechos que todos conocimos. Pero nosotros le hemos solicitado al Ejecutivo, en varias oportunidades desde la Comisión de Hacienda, que le vuelva a poner urgencia. El Ejecutivo se ha comprometido también en varias oportunidades y, hasta ahora, no la hemos recibido.
Entonces, creo interpretar a los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados al decir que estamos de acuerdo con ustedes en que ese es un proyecto que ojalá pudiésemos discutir con la urgencia del caso. Porque les va a facilitar y flexibilizar la ejecución del presupuesto; entre otras cosas, elimina estas presiones de gasto a fin de año y permite mejorar el saldo inicial y una cantidad enorme de instrumentos de gestión.
Me parece muy adecuado lo que plantea el Gobernador como ejemplo concreto, y que hay un abuso de la DIPRES en esto: la observación de la Glosa 06, en la que se le obliga, para un determinado proyecto, a usar una unidad técnica. Yo creo que eso es una tremenda equivocación, porque lo que están diciendo, primero, es darle una señal a una empresa de que va a ser la única que lo puede ejecutar y, por tanto, pone las condiciones de antemano. Es decir, ni siquiera le dan la atribución al Gobernador para buscar una fórmula que le permita llegar a un mejor convenio, y lo obligan a negociar con una empresa. Imagínense esto con empresas concesionadas de agua potable o eléctricas. Entonces, creo que esto violenta de la manera más atroz la descentralización y el fortalecimiento de las regiones. Me parece que esa Glosa 06 es impresentable, Presidente, y tenemos que partir por ahí. He dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diputado. Perdón, quisiera hacer ver que tenemos un tiempo limitado. Tal vez podríamos dejar algunas intervenciones para el final. Por ejemplo, el Gobernador Orrego me está pidiendo poder adelantar su presentación, porque, en realidad, todos tenemos algunas obligaciones. Si les parece, Diputadas y Diputados, vamos a permitir las intervenciones después de seguir adelante con los temas de otras regiones. Le voy a dar la palabra ahora al Gobernador Orrego. Gracias.
Presidente, Presidente, sí. De inmediato, para terminar: lo que pasa es que en la mañana fue bien profunda la conversación que tuvimos con los gobernadores.
Del norte, con Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo; también tuvimos a Magallanes por Zoom. Y ahí hay un tema importante: la gran mayoría —y noto acá que usted no la tiene— tuvo problemas con la Dipres. La Dipres era el taco que tenían para poder avanzar rápidamente en la ejecución. Usted lleva 72%; la gran mayoría estaba bajo 50, incluso algunos menos. Entonces veo que aquí no tiene eso, salvo esa glosa, la número 6. Y decirle que las glosas 7 y 8 son facultad de cualquier parlamentario y se han votado porque se pide información. O sea, no es que se le esté privando de hacer alguna inversión; solo se solicita la información de esa inversión. Por lo tanto, en cualquier trámite, incluso en la Sala o en Comisión Mixta, se le puede colocar una indicación en comento, que es poca la que se le colocó para información, y podría ser un poco más. Así que, en la profundidad de cómo avanzar en la regionalización, cómo pedir a algunos servicios públicos para que les lleguen a ustedes los recursos y todo, o cómo ustedes subsidian al gobierno central porque bajan su presupuesto y hacen la transferencia, estamos viendo incluso algunas indicaciones que colocó el Gobierno para poder mejorar la forma en que ustedes hacen las inversiones, sobre todo con universidades regionales, por ejemplo. Eso lo vimos en la mañana, para transparentar también que hemos avanzado en esa conversación. Gracias, Presidente.
Yo pensaba precisamente que, hacia el final, hagamos las indicaciones del caso e, incluso, si fuese necesario, que algunos de esos temas específicos —como, por ejemplo, el de la glosa 6— pasen a la Comisión Mixta. Podemos acordarlo también. Así que vamos a dejar eso pendiente, si le parece, para aprobarlo en su momento. Muchas gracias. Senador… digo, gobernador Orrego, perdón. Le agradezco la intervención al gobernador. Muchas gracias.
No sé si van a poner nuestra presentación. Bueno, muy buenas tardes, Presidente; a todas y todos los honorables diputadas y diputados, senadoras y senadores; a mis colegas y a sus equipos. Muchas gracias por permitirnos presentar hoy aquí, en esta Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. Voy a ver mi cronómetro porque quiero ser bastante conciso.
Todos mis colegas han planteado algo importante que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. No sé si se alcanza a ver, pero nosotros hemos tenido durante los últimos años 100% de ejecución del presupuesto aprobado originalmente por ustedes en el Congreso Nacional. Este año, como pueden ver ahí en el capítulo celeste, a agosto llevábamos 55% de ejecución; ya en septiembre fue 64%. Pero, comparando los últimos tres años, tuvimos desde mayo hasta julio, y en enero, baja ejecución respecto de otros años. Y aquí quiero hacerme eco de lo señalado por mis colegas respecto de lo innecesaria y compleja que es la exigencia de autorización para las modificaciones presupuestarias ante la Dirección de Presupuestos. En nuestro caso, el promedio de duración de estas modificaciones, solo en la Dipres, es de 35 días, a lo que se suman 15 días en la Contraloría. En un caso particular —la Resolución 62— nos demoramos 70 días en Dipres, más 15 días de la Contraloría; es decir, tuvimos 85 días detenida una modificación que nos permitía reasignar cerca de 11.000 millones de pesos.
Esto no es óbice para que tengamos la confianza de que vamos a terminar con el 100% de ejecución, una vez más. Pero creemos que este proceso no agrega valor, dificulta la ejecución presupuestaria y, lo más complejo —que no se ha mencionado mucho acá—, dificulta el pago a proveedores que hoy dependen de estos fondos para llevar adelante sus obras. Cuando se retrasa una modificación presupuestaria, no podemos pagar al proveedor y, muchas veces, eso se tramita a través de los municipios, generando una cadena de dificultades.
Ahora, los objetivos de nuestra ejecución son bastante básicos: mantener la equidad en las 52 comunas de la región…
Región Metropolitana. Por supuesto, la idea es que el Gobierno Regional, al igual que en otras regiones, no sea solamente un banco que entrega plata a terceros, sino que sea capaz de ejecutar. En el caso de la Región Metropolitana, cuando asumimos hace cuatro años, el 5% del presupuesto era ejecutado por el Gobierno Regional y el 95% por otras entidades. Hoy día, esa cifra subió a un 40%; es decir, hemos generado musculatura interna. Por supuesto, temas de seguridad, cambio climático y cuidados son parte de nuestras prioridades.
Ahora, respecto de la línea estratégica para el presupuesto 2026, esta es nuestra Estrategia Regional de Desarrollo. Todo lo que hemos planteado y hemos requerido del presupuesto general tiene que ver con el desarrollo social y la equidad territorial y de género; la seguridad barrial; los espacios públicos; la movilidad; el medio ambiente; nuevas economías para el desarrollo sostenible y, por último, una gobernanza con participación ciudadana. Esto se traduce en un gasto de funcionamiento más o menos similar al de todos los años, que lamentablemente sigue siendo deficitario. Aquí me quiero hacer eco de lo planteado por el diputado Cifuente y también por el gobernador Mondaca: urge una nueva ley de plantas regionales. La ley vigente, estimados diputados, diputadas y senadores, es de 1993. Se fijaron las plantas cuando el rol de los gobiernos regionales no tenía nada que ver con el de hoy; en magnitud, el presupuesto ha aumentado en un 1000% desde entonces y, sin embargo, tenemos la misma planta. Luego enfrentamos, con razón, requerimientos de la Contraloría respecto de mayor inspección y mayor supervigilancia, lo que es muy difícil de solventar con los recursos y con los recursos humanos disponibles.
Solo un dato de nuestra región: contamos con 223 funcionarios y funcionarias y 6 vehículos para una región con 8 millones de habitantes y 52 comunas. Esto es relevante, porque para poder inspeccionar los 6.000 proyectos que tenemos en la región se requieren vehículos, y ni siquiera hoy podemos arrendarlos porque no tenemos la autorización. Si uno compara con la Subsecretaría de Cultura, ellos invierten un 30% menos que nosotros, pero tienen 7 u 8 veces más funcionarios y, por supuesto, más vehículos y otros recursos.
Respecto del programa de inversión, como ya se ha señalado, tenemos una rebaja para el próximo año. Esa rebaja es pareja y, honestamente, a estas alturas creo que no es mucho lo que vamos a lograr desde el punto de vista de la hacienda pública para aumentar los recursos del próximo año. Por lo mismo, quiero poner énfasis en lo siguiente. Como ustedes saben, fui alcalde; tuve el privilegio de serlo 8 años. Creo que, si queremos avanzar en la descentralización de nuestro país, ocupar el estatuto del mundo municipal en los gobiernos regionales es probablemente un primer paso muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, cuando hay que ajustar el presupuesto público, no se tocarían los recursos regionales, que estarían protegidos por la autonomía.
Respecto del programa de inversión regional, hoy cerca del 40% de los fondos que llegan a las regiones ya vienen preestablecidos para ciertos usos. El FAR es uno de ellos, el Fondo Productividad es otro, y en esta nueva Ley de Presupuestos se crea un fondo de equidad interregional cuyo uso no sabemos bien cómo se va a definir. Por supuesto, no todas las regiones son iguales —lo decía el diputado Cifuente—: difieren en tamaño, pobreza, complejidad y prioridades. En consecuencia, un tratamiento uniforme para todas las regiones del país atenta contra el corazón y el sentido mismo de la descentralización.
Quiero terminar mi presentación, como dije que sería breve, poniendo énfasis en aquello que sí puede este Parlamento hacer en esta vuelta y que no tiene que ver con la hacienda pública —es decir, con el monto presupuestario—, pero sí con la gestión que podemos realizar los gobiernos regionales. Me referiré a seis glosas que considero fundamentales no solo para la Región Metropolitana, sino para todas las regiones del país. La primera tiene que ver con el FAR, que en el caso de la Región Metropolitana implica una doble condición para el presupuesto, porque no solo determina un porcentaje del presupuesto para transporte, sino que también lo fija para 18 comunas rurales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy día esas comunas rurales que tienen efectivamente...