En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión.
En Cuenta, señor Secretario.
Gracias, señor Presidente. Corresponde informar a la Subcomisión sobre los siguientes asuntos: en primer lugar, las presentaciones de cada uno de los Gobiernos Regionales, así como también de AGORECHI y ANCORE. Asimismo, se han remitido minutas de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado respecto de los siguientes documentos: informe de seguimiento de los compromisos de información asociados a la Partida 31, Financiamiento de Gobiernos Regionales; ficha presupuestaria de la Partida 31; e informe de variaciones de las asignaciones de los Gobiernos Regionales. Finalmente, hay un informe del Área de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual se hace llegar el documento “Fuentes de Financiamiento de los Programas de Inversión Regional de los Gobiernos Regionales”, “Análisis Presupuestario 2025 y 2026” y “Ejecución a agosto de 2025 de la Partida de Gobiernos Regionales”.
Presidente, las presentaciones de los Gobiernos Regionales fueron remitidas a los señores parlamentarios mediante el correo institucional y, para facilitar su acceso, a través del WhatsApp de la Subcomisión. Eso es todo, Presidente.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la exposición del señor Presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, el Gobernador Silva, si no me equivoco, y después seguiremos en el orden acordado respecto de cada uno de los demás gobernadores. Vamos a tener un tiempo de 15 minutos por cada uno, salvo al Presidente de AGORECHI, a quien podemos dar un poco más si fuese necesario. La idea es que primero se presente la ejecución presupuestaria, es decir, cómo se ha gastado el presupuesto del año, y a continuación se exponga el proyecto de cada región, pero debe entregarse primero el informe de la ejecución. En ese sentido, les pediría que intervengan.
Pero primero vamos a escuchar al Presidente… Perdón, senador García.
No tiene micrófono el senador García.
Mi pregunta es de procedimiento: ¿quién del Ejecutivo nos acompaña? Porque probablemente habrá sugerencias de modificaciones de glosas, particularmente, entonces será muy importante que el Ejecutivo tome debida nota.
Gracias, Presidente. Que tome debida nota y, además, tome nota de cuando no nos pongamos de acuerdo. Eso es claro.
Le ofrezco la palabra entonces al Gobernador Silva, Presidente de AGORECHI. Tiene la palabra por 15 minutos.
Muy buenos días a todas y todos. Primero, agradecer la invitación; saludar a cada uno de los senadores, diputados y diputadas, y por supuesto a mis colegas de los distintos Gobiernos Regionales.
Presidente, hoy venimos a hacer una presentación. Partiremos por la ejecución presupuestaria que, pese a las dificultades y a que tenemos gobernadores recién asumidos, va dentro de los parámetros que esperábamos. Por supuesto, no es pareja en todas las regiones. Hay que entender también cómo funciona la ejecución presupuestaria: para llegar a una buena ejecución es indispensable planificar el año completo, y eso es fundamental.
Además, las realidades territoriales no son comparables; no es lo mismo en regiones extremas que acá en Santiago o en Valparaíso. Por ejemplo, en nuestra región contamos solamente con una universidad pública.
En cuanto a las variaciones, observamos para el año 2024 un 10,19; para el 2025, un 10,76; y para el 2026, una disminución de 8,16. Si uno revisa lo ocurrido con el FNDR, aparece un alza en 2023, porque disminuía la asignación a Santiago; y en 2024 las alzas ya son más acotadas, pero no se condicen con el incremento general del programa de inversión. Entonces, lo que quiero reiterar es que, muchas veces, más que las variaciones, debemos considerar la capacidad de ejecución.
Del programa de inversión, importa también ver cuál es la composición de esos recursos porque, según la fuente de financiamiento, algunos fondos están condicionados y otros no. El FNDR, en realidad, sirve para todos los subtítulos y para todas las iniciativas del gobierno regional, pero lo que tiene que ver con la plata del Transantiago y con el Royalty tiene fines específicos.
Si me permite, el representante de DIPRES me ha pedido la palabra para hacer una aclaración que creo pertinente en este momento. Adelante, por favor, señor.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas y todos los presentes. Quiero aclarar respecto de las láminas que se han mostrado hasta ahora que están en pesos nominales, y lo correcto sería expresarlas en pesos del año 2026, tal como están los datos en la carpeta Congreso que se remitió al Parlamento con motivo del ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos. De hecho, los datos de lo que se está mostrando se pueden ver en las páginas 22, 25 y 27. Lo correcto es comparar en moneda de un mismo año, que serían pesos del año 2026. Eso.
Muy bien, muchas gracias. Queda clara entonces la aclaración: moneda nominal, no actualizada a las cifras del año 2026. Adelante, por favor, continúe.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, es correcta la aclaración que hace DIPRES. Aquí lo que he presentado son los montos aprobados en las distintas leyes de presupuesto; claro, si uno pudiese hacer una comparación más precisa, llevaría todo a pesos del 2026, pero ese dato no lo tenemos, porque no sabemos cuál es el reajuste que ha aplicado DIPRES para esta presentación del proyecto de Presupuestos 2026. Sin perjuicio de eso, aquí lo que importa más que los porcentajes es el efecto que esto produce. Si me permite, la lámina siguiente, por favor.
Respecto de la fuente de financiamiento, algunas conclusiones. Lo primero es que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional no tiene un piso definido en una ley permanente, por lo que su cuantía se define cada año en la Ley de Presupuestos. En los últimos dos años representa cerca del 42% del total de los recursos del programa de inversión regional de los gobiernos regionales. En la práctica, si aumentan otros fondos, disminuye el FNDR, y al revés también; pero el total de ingresos de los gobiernos regionales para su programa de inversión regional se mantiene más o menos constante.
Los recursos espejo del Transantiago, el Fondo de Apoyo a la Conectividad, representan cerca del 20% del total de los programas de inversión regional y están condicionados a emplearlos solo en transporte y conectividad ligada al transporte. Por lo tanto, lejos de aumentar la autonomía de los territorios, lo que está ocurriendo es que se les designa en qué se deben aplicar: prácticamente un 20% de sus recursos deben destinarlo exclusivamente a iniciativas de transporte, haciendo, por así decirlo, parte del trabajo del Ministerio de Transportes.
En la Glosa 14 de la Partida 31 también se establecen condiciones que han afectado la posibilidad de trabajar con entidades externas. Podríamos hacer varios trabajos en conjunto con universidades privadas; el rol público que cumple la Universidad Católica del Norte es muy relevante. Sin embargo, como se ha legislado desde la base de la desconfianza, producto de lo que pasó con unas pocas fundaciones, eso ha afectado el desarrollo y el desempeño de esas universidades.
Como cuarta observación, si se aumentara el FNDR y disminuyeran los recursos espejo del Transantiago, manteniendo exactamente igual el total de ingresos de los gobiernos regionales, eso significaría mayores libertades para enfrentar otras necesidades, además de solo transporte y conectividad.
Luego, el Fondo para la Productividad y el Desarrollo (Royalty Minero) representa más o menos el 13% de los recursos del gobierno regional y también está condicionado a ciertos destinos. Por último, los dineros de cultura —como el 1% de transferencias para cultura— no significan un aumento en los recursos de los gobiernos regionales, sino que son recursos condicionados a emplearlos solamente en cultura. La siguiente lámina, por favor.
En la práctica, se han entregado recursos a los gobiernos regionales por la ley de recursos espejo del Transantiago, por el Royalty Minero y por fondos de cultura, bajo la premisa de que aumentan los ingresos de los programas de inversión regional; pero eso no ha ocurrido, pues la cuadratura se hace finalmente con el FNDR. Estos nuevos fondos se han entregado condicionadamente, lo que va en contra de los principios de la descentralización.
En cambio, no se ha ampliado la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR), que consiste en que los recursos de determinado sector son ejecutados por el propio sector, con su conocimiento técnico, pero la definición de la priorización, la focalización y el detalle corresponde al gobierno regional.
Esto es realizado por el gobierno regional mediante ese instrumento. En realidad, si se quiere avanzar en descentralización, debiésemos generar ciertas partidas o programas en los diversos sectores a través de este instrumento, que se llama Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR), más que transferir recursos desde el respectivo servicio o sector al gobierno regional para que este los ejecute según lo que el sector define. La lógica debiese ser al revés: los gobiernos regionales debiesen tener alguna injerencia sobre ciertos programas de algunos sectores.
Se reinstalaron los comités de desarrollo productivo regional de CORFO en lugar de haber ocupado la herramienta ISAR. Aquí hay un nuevo ejemplo de lo que significa malentender la descentralización, porque estos comités son órganos desconcentrados, no descentralizados. El gobierno regional tiene una participación mínima ahí, a través de la designación de algunos representantes, pero la mayoría de sus integrantes son seremis o representantes del nivel central.
Luego, los gobiernos regionales no tienen competencias relevantes en materia de transporte y, sin embargo, el Ministerio de Transporte los obliga a ejecutar los recursos de la Ley Espejo del Transantiago. Como señalé, la descentralización funciona al revés: el GORE debiese usar el ISAR para los recursos del Ministerio de Transporte.
En cultura, los GORE ya aportan mediante el programa 8%, pero también a través de los diversos subtítulos 24, 31 y 33, porque realizan mantención de teatros, emplazamiento de obras e intervenciones culturales; entregan también transferencias a otras instituciones, no necesariamente a través del programa 8%, sino que a universidades y otras entidades que se hacen cargo de temas culturales. La siguiente, por favor.
Dentro de los temas pendientes —y aquí recojo lo que los gobiernos regionales echan de menos— está la excesiva participación del FAR o Ley Espejo del Transantiago en el financiamiento de los gobiernos regionales. Insistimos: cerca del 20% de los recursos son fondos condicionados solo para iniciativas de transporte y, dentro de estos, además, el 50% debe destinarse a financiar el transporte público mayor y menor.
Lo segundo es que se debiese permitir trabajar con universidades sin concurso y con un rango más amplio que solo las reguladas en el DFL N° 4 de 1981 del Ministerio de Educación.
También se quisiera mejorar el trabajo de los GORE con sus corporaciones de desarrollo. Un ejemplo sencillo, pero preocupante: no se pueden pagar los sueldos de los funcionarios que trabajan en esas corporaciones durante los primeros meses del año. Esto es un problema histórico, porque solo pueden hacerlo una vez que los gobiernos regionales aprueban su presupuesto. Sería importante, entonces, incorporar una cláusula que autorice a esas corporaciones, en los casos en que tengan contratos de trabajo con sus empleados, a seguir pagando remuneraciones.
Ahora, el GORE solo puede financiar hasta el 50% de las iniciativas de inversión, y antaño CORFO participaba en estas corporaciones, pero hoy se ha ido retirando. Quisiéramos mayor flexibilidad para que el gobierno regional pueda financiarlas en mayor medida.
No se contempla tampoco el financiamiento de actividades dentro del presupuesto del GORE, solamente iniciativas de inversión, y muchas de estas corporaciones realizan actividades de difusión, de promoción, etc. Deben concursar, igual que otras entidades sin fines de lucro, con el mismo sistema de garantías y las mismas exigencias, como si se tratara de una corporación ajena al gobierno regional, cuando en realidad muchas veces ejecutan políticas públicas de los propios gobiernos regionales.
Como cuarto punto, los gobiernos regionales no pueden financiar emergencias directamente. Lo que ocurre es que el Ministerio del Interior recorta recursos al gobierno regional y es dicho Ministerio quien termina haciendo esas transferencias. Los gobiernos regionales quisieran tener mayor incidencia para poder financiar directamente ciertas emergencias, también por un tema de oportunidad para atender esas necesidades.
Y como último punto, se necesita que los honorarios contratados con cargo a los subtítulos 31 y 33 tengan la calidad de agente público por las responsabilidades que acarrean —por ejemplo, quienes actúan como inspectores técnicos—, tal como ya ocurre en el subtítulo 24 para quienes ejecutan oferta programática. La siguiente, por favor.
Hay que rescatar mejoras que han ocurrido y que es justo reconocer a la DIPRES: primero, se ha mantenido la estructura presupuestaria con los gobiernos regionales en una partida especial, la 31, diferenciándolos de lo que antes era el Ministerio del Interior. Segundo, se ha mejorado el mecanismo para efectuar modificaciones presupuestarias durante el año.
Eso permitirá una mayor rapidez en la ejecución. Muchas veces los problemas de ejecución presupuestaria tienen que ver con las diversas autorizaciones que hay que sortear para poder efectuar una modificación.
Como tercer punto, y esto también es un avance, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 se reconoce a los gobiernos regionales la posibilidad de tener ingresos propios y, por lo tanto, incorporarlos a su presupuesto a través de resoluciones del gobernador, en la medida que estos recursos se vayan recaudando. Es el caso de los impuestos de los casinos de juego, donde la Tesorería pone a disposición de los gobiernos regionales, al mes subsiguiente, la recaudación de ese impuesto, y lo mismo ocurre con la renta por la enajenación de bienes nacionales. Esto ya ocurría, por ejemplo, con los recursos provenientes del precio de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas. Nos parece una iniciativa interesante, porque permite que los gobiernos regionales reconozcan efectivamente en sus presupuestos los recursos que, por otras leyes permanentes, están destinados a ellos. Además, son temas a profundizar en el Proyecto de Ley Regiones Más Fuertes, donde muchas de estas materias ya están esbozadas; sería bueno avanzar y profundizar, porque es una forma concreta de avanzar en descentralización fiscal. Muchas gracias; esa es mi presentación, señor Presidente.
—¿Alguna otra intervención?
—Sí, señor Presidente. Muchas gracias.
Esto da cuenta de la situación de los gobiernos regionales en relación con una disminución casi permanente de los presupuestos que se invierten en distintas obras. Nosotros estamos construyendo postas, en nuestro caso apoyando la Teletón, caminos, mejoramientos de espacios públicos, temas de seguridad, listas de espera; un conjunto de iniciativas en estrecha coordinación con los respectivos municipios.
Queremos informar que para el año 2025, en el caso de la Región de O’Higgins, hubo una rebaja del 19% del presupuesto. Diecinueve por ciento. Por lo tanto, se hace muy difícil cumplir todos los compromisos o financiar proyectos nuevos. Como señalamos, se nos rebajó el 5% —que fue un acuerdo con ustedes— y también el 3% de emergencia. Hemos conversado con algunos parlamentarios que es necesario tener ese 3% a disposición de los gobiernos regionales. Cuando hay una emergencia en la región, dar la vuelta completa para solicitar los recursos al nivel central demora casi ocho meses. O sea, no existe la emergencia; no hay una respuesta oportuna. Participamos en el COGRID y somos solamente observadores de lo que está pasando, porque no podemos disponer automáticamente de recursos que son tan necesarios para cubrir emergencias de todo tipo.
Este año se nos rebajó el 3% de emergencia. Ustedes sabrán que, hasta el momento, no hay ninguna emergencia de tal magnitud en que el Gobierno haya usado ese 3%. En cambio, nosotros debemos cubrir emergencias por distintos medios, y ese recorrido demora, como dije, ocho meses. Lo que queremos es que ese 3% del presupuesto esté disponible para la emergencia, que podamos usarlo rápidamente y dar respuesta a necesidades que conocemos de primera fuente.
Siempre pongo un ejemplo —y podría plantearlo desde este edificio, pero lo conozco desde un edificio de La Moneda—: si me paro en la azotea y trato de ver Pumanque, un pequeño pueblo de mi región, no se ve Pumanque. Es imposible, ni con largavista. Hay que estar en Pumanque, ir a Pumanque, conocer lo que falta en Pumanque. Y así en cada una de las comunas que representamos los gobernadores. Nosotros conocemos la emergencia y la necesidad en cada región; por lo tanto, esperábamos tomar esas decisiones. Por eso insistimos en el FARC, insistimos en el Ruedel, en tener más libertad para poder utilizarlo, porque si no, las decisiones se toman en Santiago y no de acuerdo...
…de las necesidades que llegan a las regiones. Lo que nosotros necesitamos es, efectivamente, hacer un trabajo en conjunto. Reconocemos que hemos trabajado este último tiempo con la DIPRES tratando de llegar a acuerdos; estamos impulsando una ley de regiones más fuerte y hemos llegado a algunos acuerdos respecto de la glosa, pero es necesario que se considere nuestra opinión y nuestras necesidades. Podemos explicar claramente cómo se ejecutan los programas en cada una de las regiones, que son tan diversas como cada una de ellas. Tenemos distintas necesidades de acuerdo a cada territorio, y eso es lo que quieren expresar los gobiernos regionales y sus consejos regionales. Nos interesa, por supuesto, que se apruebe lo antes posible el proyecto de Presupuesto 2026 y que se consideren lo planteado en nuestra presentación y lo que expondrán cada uno de mis colegas por sus regiones. Muchas gracias, Presidente.
Muy bien, voy a ofrecer la palabra, si alguien quiere hacer alguna consulta al Presidente de la AGORECHI o hacer algún planteamiento de carácter general. Sí, Diputado, por favor.
Gracias, Presidente. Bienvenidos, estimados Gobernadores. La verdad es que tengo dos preguntas. Primero, una aseveración: creo que aquí lo que ustedes están diciendo es que son tratados como meras intendencias de los gobiernos de turno, que les meten la mano al bolsillo, que les sacan la plata, que les dicen qué tienen que hacer. Al final, parecen un costo para el país sin poder ejercer lo que la ley mandató a los gobiernos regionales.
Mi pregunta es la siguiente: la ley orgánica los faculta a pedir el traspaso de competencias de los servicios públicos para tener mayor injerencia en la región, con mayores recursos. ¿Cuántos gobiernos regionales del país han hecho esa solicitud? ¿O lo han hecho a nivel nacional? A lo mejor eso es mejor: traspasar el SERVIU, el SERCOTEC, el FOSIS, quizás; no sé, lo que a ustedes les genere, y no esperar que el gobierno central entregue migajas cada año a los gobiernos regionales; que ustedes pidan otros servicios públicos, con su presupuesto, para poder tener más injerencia en las regiones. Desde que se creó la ley, no sé cuántos gobiernos regionales han hecho esa solicitud.
Y lo segundo: estaba conversando con el Senador García, porque nosotros en 2023, cuando vimos el Presupuesto 2024, les cerramos la llave, ¿cierto?, por todo lo que hubo de escándalos nacionales con la “caja chica” que tenían algunos gobiernos regionales, que le pasaban a sus compadres, a sus amigos, y generaban unas pymes; la plata se iba como si fuera de ellos. Les cerramos la llave en 2024; en 2025 la abrimos un poquito. ¿Se terminó ese tema en los gobiernos regionales? Porque todavía queda una sensación, hay que decirlo claramente, en la ciudadanía y también en estas salas, de que todavía hay tráfico de influencias en algunos gobiernos regionales. Entonces, ¿se cerró esa llave por parte de ustedes, en lo que corresponde, para mantener a resguardo los recursos de todos los chilenos? Gracias, Presidente.
Muchas gracias, Diputado. Senador García, por favor.
Muchas gracias, Presidente. Voy a continuar con lo que ha señalado recién el Diputado Miguel Mellado, porque quería consultar, en general, cuáles son las principales dificultades legales y normativas que ustedes tienen para operar con fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Lo graficó bien el Diputado Mellado cuando dijo: después de las situaciones de irregularidades, y en algunos casos de delitos, hubo un cierre grande de opciones que de alguna manera intentamos levantar el año pasado, pero no sabemos si hemos sido efectivos o no. Sería muy importante tener esa opinión de ustedes, porque yo sé de muchos que quieren impulsar distintas acciones con fundaciones y corporaciones, por ejemplo, aportar…
Respecto de las listas de espera en salud, en fin, son tantas las dificultades, tantos los idas y venidas, que finalmente no alcanzan a ejecutar los presupuestos. Sería bueno si pudieran enviarnos, no necesariamente ahora, pero dentro de esta semana, un listado de esas dificultades para ver cuáles de ellas podemos ayudar a superar.
Quiero preguntar también por el transporte escolar. Tenemos una larga demanda en esta materia y sabemos que ustedes han estado colaborando. Si pudiéramos contar con un resumen de ese esfuerzo, sería muy útil, porque sin transporte escolar es prácticamente imposible asegurar una buena asistencia; inmediatamente se afectan otros ámbitos, como los presupuestos de salud, etcétera.
Lo mismo ocurre con las becas de tecnologías de la información; en lo esencial, la entrega de computadores a los niños de séptimo año. Los estudiantes de colegios particulares subvencionados, más aún con la normativa que rige este año del Ministerio de Educación, quedan prácticamente excluidos, y muchas veces provienen de hogares de muy escasos recursos y alta vulnerabilidad. Parece injusto. En el Ministerio de Educación no hay más recursos, pero sabemos que ustedes también han hecho esfuerzos en esa dirección. Sería muy útil contar, no necesariamente hoy, con información de la inversión que han realizado tanto en transporte escolar, como en listas de espera y en la entrega de computadores.
Gracias, Presidente. El Senador Velázquez me está pidiendo la palabra.
Gracias, Presidente. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Quisiera solicitar una reflexión al Presidente de AGORECHI, no necesariamente ahora, pero que pueda hacérnosla llegar en su momento. Cuando han hecho su planteamiento, uno tiende a coincidir, y es difícil que alguien no lo haga, con que los recursos llegan muy dirigidos desde los distintos ministerios. Por diversas razones habrá ventajas y desventajas.
Mi consulta, invitando a esa reflexión, es la siguiente: en el plano de la seguridad, a veces se plantean ejemplos simplistas del tipo “¿qué queremos hoy: más cuarteles o más museos?, ¿más esto o más cultura?”. ¿Cuál es la prioridad hoy? Me interesa una reflexión más amplia sobre lo que implica la seguridad cuando se invierte en deporte, educación y cultura. A ver si los gobiernos regionales, a través de su organización, tienen mucho que decir en esto. Quizás ahí encontremos más coincidencia cuando establecemos una política seria y dejamos las caricaturas fuera del debate.
Hoy va a haber rebajas; hablamos de disminuir ciertas partidas por la reducción económica. Sin embargo, también aparecen discursos en que somos los mismos que pedimos reducción y luego estamos firmando proyectos de acuerdo para entregar recursos a tal o cual sector. No ahora, pero agradecería una reflexión de AGORECHI al respecto. Gracias, Presidente.
Gracias. ¿Algún otro senador? Senadora Órdenes, por favor.
Muchas gracias, Presidente. Quiero saludar al Presidente de AGORECHI, al Gobernador Silva y, a través de él, a todos los gobernadores regionales presentes. Son varios temas. Si uno recuerda las discusiones de la Ley de Presupuestos, y especialmente en esta Cuarta Subcomisión en la lógica de los gobiernos regionales, en los últimos dos años el énfasis estuvo puesto en agilizar procesos para permitir una rápida ejecución de los recursos. Entonces, la primera pregunta es cómo ven esas primeras medidas.
Por otro lado, están los temas de control a raíz del escándalo de las fundaciones; en el fondo, que no haya más “Democracia Viva”. Creo que dimos una conversación muy profunda en el Parlamento con ustedes. Entonces, primero, eso: la discusión anterior —que no veo ahora en la presentación de AGORECHI— se centraba en cómo agilizar procesos por parte de los gobiernos regionales. No sé si debo concluir que se tomaron buenas medidas y ya están más ágiles.
Y creo que algo que sí estaba pendiente, y en lo que estamos dispuestos a avanzar, obviamente, porque los gobiernos regionales...
Puedan empezar ya con los decretos de apertura, que los hagan los propios gobiernos regionales, y creo que es un paso que daremos también en el marco de esta discusión. Cosas que me preocupan: nosotros el otro día revisamos Cultura y solicitamos, a través del Presidente, que se oficie a los gobiernos regionales por el 1%, porque al menos en mi caso, en la región de Aysén, algunas entidades y organizaciones culturales nos han manifestado que son muy abiertos los criterios de cómo se entiende la inversión o los proyectos que se financian con el 1%.
Respecto del Fondo Espejo, tengo algunas preocupaciones, y lo mismo con el Fondo de Productividad, porque estamos hablando de dos leyes permanentes que se aprobaron en el Congreso Nacional: la Ley del Royalty y la nueva Ley del FAR. Recuerdo que en la Comisión de Transportes también solicitamos información a los gobiernos regionales sobre los proyectos que se habían financiado con cargo a este ítem. Ahí la discusión incluso era si era el 100% o el 50%, y fue una larga conversación; se dijo 50%. Por lo tanto, ya no es el 20%, sino que sería el 10%, donde sí hay obligación de destinar esos recursos al transporte público regional. ¿Y por qué? No estamos hablando de cualquier arista: la mayor parte de los chilenos se moviliza en transporte público. Y si bien el Transantiago tuvo una mala experiencia en su inicio, si uno mira la historia hoy, la verdad es que se ha mejorado bastante desde el punto de vista de la movilidad. Los problemas que enfrenta hoy día, a mi juicio, son de seguridad pública. La gente se siente insegura, que es otra variable donde creo que se debería apuntar. Existen buses eléctricos, parte de los orgullos nacionales por contar con una de las mayores flotas latinoamericanas de buses eléctricos. Eso no se ve en las regiones, Presidente. Y esa fue la discusión que dimos largamente en el Senado.
Entonces, nadie le quita la facultad a un gobernador regional, porque son ellos los encargados de definir los planes: si subsidian tal tramo, si hacen esto o lo otro. Pero cuando revisamos esos proyectos, había edificios consistoriales que, estoy segura, son necesarios para el buen funcionamiento de un municipio, pero no con cargo al Fondo Espejo. Y así un sinnúmero de casos, que están disponibles en los oficios que recibimos.
No soy partidaria de, a través de una Ley de Presupuestos —me ha pasado en otras discusiones en la Mixta—, modificar leyes permanentes. Si hay que hacer alguna modificación en ese sentido, se hará en la Comisión de Transportes para modificar la ley espejo. Creo que eso es algo que siempre vamos a estar abiertos a conversar, pero no a través de esta ley. Lo mismo: el Royalty es una ley nueva. Y también hemos solicitado información, porque los municipios son muy dispares en la ejecución de ese fondo. Entiendo el tema de la autonomía, pero creo que siempre debe tener ciertos bordes. Porque en el caso del Royalty y del Fondo de Productividad, es para innovación. De lo contrario, ¿cómo dan el salto las regiones en esa función que corresponde a los gobiernos regionales?
Obviamente, los presupuestos no siempre van a alcanzar, y es donde uno recurre también a los convenios de programación. Los recursos llegan a las regiones; solo que unos provienen de los ministerios y, obviamente, con ciertas definiciones desde el nivel central, pero las conversaciones en regiones son muy directas con los ministerios. Entonces, yo solo haría esa consulta: las modificaciones que se han hecho anteriormente, ¿cómo las han evaluado? Creo que con el tema de la apertura va a ser un paso importante para lo que viene el próximo año. Y respecto de las leyes permanentes, Presidente, quería hacer ese alcance, porque son varias: el Royalty, el Fondo Espejo y otras. Creo que eso debe discutirse en la instancia correspondiente, no a nivel de una Mixta de Presupuestos. Eso de mi parte por ahora. Muchas gracias.
—Diputada, tiene la palabra.
—Sí. Gracias, Presidente. A ver, quiero decir algunas cosas respecto de la presentación de AGORECHI, porque creo que este es el momento de ir transparentando y, como decía recién la senadora, ¿qué más queremos? ¿Me explico? Una cosa es discutir el Presupuesto 2026 y una muy distinta es que nos hagamos cargo de cuestiones que, obviamente, AGORECHI en este momento viene a plantear, como lo ha hecho en distintas comisiones y sesiones. Yo misma me he reunido con ellos durante este año o incluso en años anteriores. Lo digo a propósito de la bancada transversal de senadores que tenemos, por ejemplo,
Entonces, lo primero que quiero decir es respecto del punto siete sobre las fuentes de financiamiento, porque al final del día aquí estamos discutiendo presupuesto, estamos discutiendo recursos. En la práctica, se les ha entregado recursos a los Gobiernos Regionales (GORE), vía Royalty Minero, Transantiago y su Ley Espejo, fondos de cultura, de minería, etcétera, bajo la premisa de que aumentan los ingresos para los programas de inversión regional. Pero eso no ha ocurrido, pues la cuadratura se termina haciendo, en definitiva, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Al final del día resulta, permítaseme decirlo, engañoso o poco transparente: cambiamos el título, pero, raya para la suma, son los mismos recursos.
Por ejemplo, en el norte del país —y me concentro en mi región, Antofagasta— incluso los fondos del litio, con todo lo que costó su implementación, o a propósito del Royalty, terminan siendo cuestionados, dado que, en vez de tener un fondo aparte —cuestión que hoy no está ocurriendo, pero lo señalo como alerta—, se piensa que eventualmente podrían incorporarse a la sumatoria total. Creo que es evidente que discutimos cuestiones como facilitar el trabajo con las universidades; estoy de acuerdo con eso, lo he dicho en reuniones privadas y lo reitero acá. También debemos mejorar el mecanismo para efectuar modificaciones presupuestarias durante el año, lógicamente dependiendo de la decisión del Gobierno Regional y del gobernador regional, todo de la mano de mayores controles y transparencia, insisto; pero sin impedir que, en ciertas materias, puedan hacerlo, porque, a mi juicio, eso es eficiencia.
Quiero marcar el punto de que, si vamos a avanzar en recursos provenientes del litio —muy buena noticia para la región y el país, para la inversión y la economía—, esa actividad en nuestro territorio también deja externalidades negativas que hay que mitigar y reparar; ojalá prevenir. Al menos, que esos recursos lleguen para poder avanzar en proyectos de inversión, al alero de convenios, incluso con algunas compañías. Me parece muy importante que, si bien se está dando la discusión del Presupuesto 2026, y cada uno pone el foco en su región, nos hagamos cargo de esto. Porque, si no, pasan los años, pasan las directivas, pasamos cada uno de nosotros y seguimos actuando de manera poco transparente, sumando y cambiando el título de recursos de distintas fuentes de financiamiento que tienen un concepto y un motivo muy claros, pero terminamos con el mismo presupuesto, como si los recursos específicos que responden a necesidades regionales no lo fueran y no se hicieran cargo del contenido y de la discusión que les dio origen. Eso quería decir para señalar que estoy de acuerdo con esos puntos —y varios otros— que plantea AGORECHI, que han sido temas de nuestra bancada regional, y que, a modo de ejemplo, traigo a colación a propósito del Fondo de Desarrollo de la Región de Antofagasta con el convenio del litio. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Senadora Núñez. Quisiera cerrar esta parte señalando que efectivamente la discusión se ha centrado en las fuentes de financiamiento porque hay muy poca transparencia al respecto. No sé mis colegas, pero cuando reviso el presupuesto de mi región, lo primero que veo es el FNDR, porque de ahí salen los fondos de inversión. Pero cuando, como dicen acá los expertos de AGORECHI, el FNDR se netea de alguna manera con los recursos que provienen de los nuevos programas —Royalty Minero y otros—, ciertamente terminamos haciéndonos trampa al solitario. Se argumentó que el Royalty Minero iba a favorecer realmente a las regiones; y efectivamente aparece un buen Royalty para cada una, pero si se descuenta del FNDR, no llegamos a ninguna parte. Esto ocurre, de una u otra forma, con todas las fuentes de financiamiento.
Mientras no haya transparencia en esto, seguiremos, repito, jugando con nosotros mismos. No ha habido un aumento real de los fondos regionales. La aclaración que hizo el representante de DIPRES es muy precisa: si calculamos cuánto han aumentado, en pesos de cada año, los recursos de los gobiernos regionales, eso no ha ocurrido. Y creo que esto es una parálisis del proceso regional que nos obliga a reflexionar, porque en alguna parte se están tomando esas decisiones.
La distribución de los recursos que le corresponde a cada región está determinada por un algoritmo; sin embargo, este termina siendo alterado por cambios en el FNDR, por modificaciones en la disposición de los fondos del Transantiago, entre otros. De alguna manera, quedamos todos cuadrados en lo mismo, aunque a veces quedamos conformes porque en algún ítem parece que llegó algo mejor. En mi región —y seguramente lo planteará el gobernador— tenemos además un problema complejo en las zonas extremas: los recursos destinados a esas zonas también se netean habitualmente con otros ítems del Presupuesto. Espero que podamos seguir conversando este tema durante el día con los señores gobernadores. Entre tanto, ofrezco la palabra por última vez si alguien desea agregar algo en este aspecto general.
El señor representante de la DIPRES: Gracias, señor Presidente, por su intermedio. Solo comentar que, en el caso del Gobierno Regional de Antofagasta, el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026 incluye la asignación 135, denominada Fondo de Desarrollo Región de Antofagasta – Convenio Litio. Por lo tanto, se crea un programa presupuestario para que el Gobierno Regional pueda comenzar a incorporar los recursos del litio. Respecto del FNDR, mencionar que el proyecto de ley Regiones Más Fuertes considera la revisión del algoritmo de ese fondo y de otros fondos; de este modo, se daría una solución permanente al mecanismo de distribución a través de los fondos de financiamiento de los gobiernos regionales. Gracias.
El señor diputado Mellado: Presidente, un detalle que se me quedó. Si el presidente de AGORECHI me puede informar, porque en la ejecución de los gobiernos regionales no todos son parejos. El promedio, obviamente, es 50% este año, pero hay algunos bastante más eficientes, con 75%, otros con 71%, y otros llevan un 27 o un 25. AGORECHI muestra ejemplos exitosos de quienes ejecutan bien; ¿cómo se traspasa esa experiencia a quienes no lo están haciendo? Porque aquí uno se pregunta: ¿para qué vamos a dar más recursos a un gobierno regional si en ocho meses lleva un 27% de ejecución? ¿Cómo se aborda esto en la ayuda y en la asociación que ustedes tienen?
El señor Presidente: Muy bien. Espero que en las presentaciones de cada gobierno regional se haga referencia a ese punto, porque algunos efectivamente tienen una ejecución bastante más baja que otros, y hay quienes están más allá de lo esperado en materia de ejecución. Muy bien, entonces, si les parece, vamos a comenzar con las presentaciones de los señores gobernadores. En primer lugar, tenemos anotado al señor Gobernador de Arica y Parinacota, don Diego Paco Mamani. ¿Está por ahí ya, Diego? Perdón... Acá viene, acá viene. —¿Está él? —Está aquí, pues. —Sí.
El señor Presidente: Me pide también la palabra el presidente de AGORECHI para hacer algunas precisiones. —Sí, por favor; adelante, presidente.
El presidente de AGORECHI: Muchas gracias. Hay algunas relaciones que es importante aclarar. Lo que señalaba el señor Mellado respecto del tema de asignación está completamente superado por la ley, por las acciones que se tomaron aquí mismo en el Congreso y por las medidas adoptadas por la DIPRES y la Contraloría. Tal como está establecida la normativa, es imposible que aquello se repita. Además, de ese tema que afectó a algunas regiones, hay por lo menos seis gobernadores nuevos que no tienen ninguna responsabilidad; como es el caso de mi colega, recién llegado, quien ha tomado todas las precauciones, al igual que los demás.
Hoy, varios gobiernos regionales tampoco hemos tenido ninguna denuncia con respecto a la fundación. Para nosotros es un tema superado: están todas las garantías para que no se vuelva a repetir, así que estamos tranquilos en ese sentido.
Respecto del traspaso de competencias, sí, lo hemos solicitado y eso depende, básicamente, de la discusión que tenga el Gobierno. Aún no se han traspasado ciertas competencias. Nos hubiera gustado avanzar, por ejemplo, en áreas como Sernatur, que en materia de promoción normalmente es financiado casi en un 90% por los gobiernos regionales. Por lo tanto, son instituciones que, si no fuera por los gobiernos regionales, no podrían funcionar.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, hemos realizado jornadas mensuales con distintas divisiones para compartir buenas prácticas de los gobiernos regionales, cómo estamos haciendo las cosas y, al final, ponernos de acuerdo para que todo funcione bien.
Cuando se habla de transporte, y a raíz de lo que planteaba el senador García respecto del transporte escolar, surge la pregunta: ¿a quién le corresponde esa función? ¿Corresponde a los gobiernos regionales o vamos a apoyar una función sectorial? En muchos casos, lo que está haciendo el Ministerio de Transporte es endosarnos responsabilidades que le son propias. Si se financia transporte escolar, eso agrava el presupuesto por el resto de la vida del gobierno regional. Si financiamos un subsidio un año, al siguiente no lo podremos retirar; es prácticamente imposible. Lo que debemos hacer, desde la perspectiva presupuestaria, es invertir en caminos e infraestructura para el transporte.
Es cierto que en algunas regiones hay más flotas de buses eléctricos, en muchos casos adquiridos por el gobierno central que ha puesto recursos. En la región de O’Higgins, junto con empresarios, fuimos los primeros en financiar 10 buses eléctricos, colectivos eléctricos y la chatarrización. Estamos haciendo lo que nos parece correcto.
Como se señalaba, si las cosas se han hecho bien, hay que agilizar. Aún nos faltan algunas mejoras que vienen propuestas en esta Ley de Presupuestos, como que ciertas partidas sean solo informadas y no autorizadas. En algunos casos tenemos retrasos de más de dos meses, más el tiempo de revisión de la Contraloría, por lo que los proyectos se atrasan mucho. Hay que avanzar en la agilización del proceso: es fundamental y significará un ahorro importante para el país. Cada mes que se atrasa una obra, su costo sube por el IPC.
En materia de control, somos los primeros en promover medidas que transparenten las acciones de los gobiernos regionales, pero que no constituyan trabas. Para eso hemos establecido una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República y la DIPRES, incluso para interpretar de manera consistente las glosas. Muchas veces lo que interpretaba DIPRES era muy distinto de lo que interpretaba la Contraloría; por ello hemos trabajado en conjunto para ponernos de acuerdo y agilizar. Incluso hemos propuesto contar con documentos tipo que faciliten la revisión y aprobación.
Lo que entendemos por esa descentralización es que cada región determine lo que es necesario e importante de realizar, no decisiones impuestas desde Santiago. En particular, en transporte, nos interesa poder hacer las inversiones correspondientes, no asumir funciones propias del Ministerio de Transporte. Tal como decía el señor Mellado, quizás sería conveniente que se nos traspasaran las competencias del Ministerio de Transporte, con los recursos correspondientes, y que entonces nosotros financiemos todo lo relativo a subsidios.