Muy buenas tardes, son las 14:55 de este lunes 16 de junio. Iniciamos la transmisión aquí en Cámara de Diputadas y Diputados de Televisión, un poco antes de lo habitual en lo que respecta al trabajo en la sala de sesiones, ya que en esta jornada han concluido muchas comisiones y se han programado dos sesiones: una especial, que dará inicio aproximadamente a las 15:00 horas, e inmediatamente después se dará proceso a la sesión legislativa.
En lo que respecta a la sesión especial y para detallar lo que se abordará, los invito, como es habitual, a revisar la tabla. Se presentarán tres informes de comisiones investigadoras. Se han asignado dos horas (120 minutos) para esta jornada. El primer informe corresponde a la investigación de los actos del Gobierno ante la denuncia presentada contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A continuación, se abordará la investigación relativa al acuerdo con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama, cuyo alcance es más amplio que únicamente dicho salar. Por último, se presentará la investigación sobre la gestión de las listas de espera en el sistema público de salud.
También los invito a ingresar a nuestro portal cámara.cl, donde pueden informarse de todo el trabajo parlamentario en sus diversos ámbitos (comisiones, salas, representación, fiscalización), así como a visitar cdtv.cl para seguir esta transmisión, o a acceder a las redes sociales, que actualizan la información de lo que ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, si no pueden vernos, pueden escucharnos en la radio de la Cámara, disponible en la página web respectiva.
En cuanto al primer informe, se abordará el denominado caso Monsalve, una investigación que se extendió por varios meses y que, a modo de conclusión, presenta propuestas y recomendaciones. La primera de estas recomendaciones consiste en la modificación, actualización o creación de un protocolo de protección de altas autoridades por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Para altos funcionarios de Chile, uno de los principales problemas detectados en el informe es que no existe un protocolo único y uniforme para la protección de altas autoridades del gobierno. Actualmente, cada policía tiene su propio procedimiento para brindar seguridad a funcionarios públicos, lo que genera diferencias en los niveles de resguardo y una falta de estandarización. En ese contexto se recuerda la falta de un reglamento claro que permitió a Monsalve liberar a su escolta en varias ocasiones sin que existieran consecuencias o revisiones posteriores. Según registros de la PDI, Monsalve se desligó voluntariamente de su custodia en el hotel Panamericano, ordenando a los escoltas retirarse y no retomando contacto con ellos hasta el día siguiente al que sucedieron los hechos, por los cuales fue denunciado ante el Ministerio Público. Este tipo de decisiones, afirma el documento, no debieran quedar a criterio personal de la autoridad protegida, sino que deberían estar reguladas mediante un protocolo que obligue a la escolta a permanecer en funciones aun cuando el protegido solicite lo contrario.
Un segundo punto aborda la modificación legislativa respecto de la aplicabilidad de las sanciones administrativas instruidas por parte de la Contraloría General de la República. Durante su intervención en la Comisión Especial, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, abordó las deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de la administración, destacando la falta de independencia en estos procesos y la necesidad de reformas legislativas para garantizar su efectividad. Uno de los principales problemas identificados es que la potestad de sancionar, en muchas ocasiones, recae en la misma jefatura del servicio que está siendo investigada. Esto genera un conflicto de interés, ya que la decisión final sobre una eventual sanción depende de una autoridad que puede tener vínculos jerárquicos o políticos con la persona denunciada. En el caso de un subsecretario, por ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias dependería del ministro de la cartera e incluso del Presidente de la República, lo que reduce las posibilidades de una sanción efectiva y oportuna. Asimismo, la Contraloría General de la República enfrenta limitaciones en su rol fiscalizador, ya que, si bien puede investigar irregularidades y proponer sanciones, no tiene la facultad de aplicarlas directamente. Muchas de estas sanciones terminan siendo desestimadas, retrasadas o simplemente no ejecutadas por los servicios involucrados. Esta situación debilita los mecanismos de control interno y permite la impunidad en la gestión pública. Por tanto, se recomienda abordar este problema y revisar la legislación vigente con el objeto de garantizar que las sanciones administrativas no dependan de la discrecionalidad de las mismas autoridades que están siendo investigadas o, en su defecto, que sean estas las que establezcan, mediante resolución fundada, los motivos de su demora o no aplicación, informando de ello al órgano contralor y al propio Congreso Nacional.
Un tercer acápite señala que resulta necesario poder establecer urgencia legislativa en iniciativas que vayan en la línea de modificar las obligaciones de los funcionarios públicos frente a las Comisiones Especiales investigadoras. En este caso se recomiendan las siguientes mociones parlamentarias: la que modifica la Ley Orgánica del Congreso (Ley 18.918), estableciendo la obligación de comparecencia; otra que modifica la misma ley para establecer la exigencia de decir la verdad ante las comisiones investigadoras; y una tercera que modifica también la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para sancionar penalmente la entrega de antecedentes falsos ante las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados.
Otro punto, cuarto, aborda de mejor manera los protocolos sobre acoso y abuso sexual al interior de la administración pública. Se ha constatado durante las jornadas de la Comisión Especial Investigadora una preocupante falta de conocimiento por parte de los funcionarios sobre la existencia y aplicación de protocolos en materia de acoso y abuso sexual dentro de la administración pública. A pesar de que estos protocolos han sido formalmente establecidos, su difusión y aplicación han sido insuficientes, generando incertidumbre respecto de los procedimientos a seguir ante eventuales denuncias. Este desconocimiento refleja una falencia en la capacitación interna de los organismos estatales y también pone en riesgo la protección de las víctimas y la correcta tramitación de las denuncias. La falta de claridad de los procedimientos puede derivar en demoras injustificadas en la activación de medidas de resguardo y sanción, afectando la confianza en las instituciones encargadas de velar por un ambiente laboral seguro y libre de violencia. En ese plano, la Comisión considera necesario fortalecer los mecanismos de difusión y monitoreo de estos protocolos, así como también reforzar la capacitación y el entendimiento de estas normas por parte de las altas autoridades.
Las autoridades, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, entre otros, a fin de garantizar su cumplimiento efectivo en todos los niveles de la administración pública. Un quinto punto sugiere la mayor fiscalización en materia de utilización de gastos reservados, detalles que conoceremos a continuación en la sala de sesiones.
En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 27 se declara aprobada. El acta de la sesión número 28 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
A continuación, el señor prosecretario dará lectura a la cuenta.
Gracias, presidente. Buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 37 para hoy, 16 de junio de 2025.
Se da cuenta de oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Oficio de su excelencia el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Bío Bío de la Región del Bío Bío, declarado por Decreto Supremo número 189 de 16 de mayo de 2022 y prorrogado la última vez mediante Decreto Supremo 156 de 26 de mayo de 2025, ambos del Ministerio del Interior, por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del período previsto en el citado Decreto Supremo número 156.
Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y que modifica otras leyes que indica.
Informe de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura.
Informe de la Comisión de Familia, recaído en las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto inicial, con urgencia calificada de discusión inmediata sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile.
Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recaído en el proyecto iniciado en moción, con urgencia simple, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.
Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recaído en el proyecto iniciado en moción, que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total.
Nuevo primer informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, recaído en el proyecto inicial, con urgencia suma, para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios sobre la designación de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 328 bis del reglamento y para efecto de lo establecido en el inciso séptimo del artículo 6 de la Ley 20.405.
Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que le sea remitido el proyecto inicial de moción que modifica la Ley 19496 para prohibir la diferenciación de precios u otros aspectos relevantes de los bienes y servicios ofrecidos al público por razones de género.
Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que le sea remitido el proyecto inicial de moción que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, una vez que sea despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción.
Los boletines 11869, 13121, 14734, 15094, 15218, 16052, 16673, 17505 y 17519, con los ya refundidos boletines 15292 y 16649, todos guión 07, modifican la carta fundamental en lo relativo a la dieta de los ex parlamentarios presidentes de la República.
Finalmente, un oficio de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, por el cual se solicita recabar el acuerdo de la sala, de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.284 y 17.588, ambos guión 14, con los ya refundidos boletines 12461, 15682 y 16913 sobre medidas de seguridad para viviendas en altura.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor Presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra.
Sobre la cuenta, cerramos la cuenta entonces.
Asuntos de la cuenta.
Si le parece a las salas, accedería a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que se le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley número 19.496 para prohibir la diferenciación de los precios u otro aspecto relevante de los bienes y servicios ofrecidos al público por razones de género de las personas consumidoras o usuarias, una vez que sea despachado por la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección a los Consumidores y Turismo, donde se encuentra actualmente radicado el boletín 15395-03. Para esto se requiere la unanimidad de la sala.
¿Existe? No existe la unanimidad de la sala.
En el mismo sentido, se requiere unanimidad. ¿Podríamos disminuir un poco el nombre de la comisión? Porque queda como medio largo.
Si le parece a las salas, accedería a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que se le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, una vez que sea despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se encuentra actualmente radicado el boletín número 17049-13. ¿Habría unanimidad? No hay unanimidad, entonces. Para este, solamente se requiere una mayoría.
Si le parece a las salas, accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento para refundir, de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines número 11869-07, 13121-07, 14734-07, 15094-07, 15218-07, 16052-07, 16073-07, 17505-07 y 17519-07, con los ya refundidos boletines 15292-07 y 16649-07, que modifican la carta fundamental en lo relativo a la dieta de los expresidentes de la República. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Se toma el acuerdo.
Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales para refundir, de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.284-14, 17.588-14 y los ya refundidos boletines 12461-14, 15682-14 y 16913-14 sobre medidas de seguridad para viviendas en altura. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Ay, que hay acuerdo. Oye, todo el mundo anda acordado. Vamos a pedirle a todos…
Que tomen de pie también, por favor, la gente que está en las tribunas. Debido a que vamos a hacer, por acuerdos de comités parlamentarios, la sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Marcelino Saavedra, concejal e hijo ilustre de la comuna de Yumbel del Bío Bío. Por otra parte, se hace extensivo este minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña Mariela Reyes Machuca, funcionaria de la Biblioteca del Congreso Nacional e integrante del grupo folclórico Nuestras Raíces de la Cámara de Diputados.
Solicito ponerse a las señoras y señores diputados de pie y también las tribunas. Muchas gracias.
Pasamos ahora al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos de gobierno, en especial respecto a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, ante la denuncia por violación presentada en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, y el uso irregular de personal y recursos públicos, así como las actuaciones indebidas que éste habría dispuesto por parte de funcionarios policiales, en un ejercicio abusivo de dependencia que la Policía Civil tiene respecto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para la discusión de este informe se le ha destinado una hora, proporcionalmente distribuida entre las bancadas, y necesitamos, por favor, que los jefes de bancada nos hagan llegar los tiempos.
Rinde el informe de esta Comisión Especial Investigadora el señor don Miguel Mellado. Diputado, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. En nombre de la Comisión Especial Investigadora, encargada de recabar antecedentes relativos a los actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, cumplo con emitir mi informe, según la competencia que me fue asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, planteando las conclusiones y recomendaciones que se detallan al final. De conformidad con lo prescrito en el artículo 3.18 del Reglamento de la Corporación, corresponde consignar lo siguiente:
Acerca de la competencia de la Comisión, al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación, por oficio 19.972 de 29 de octubre del 2024, el Secretario General de la Corporación informó que la Cámara de Diputados, en sesión de esa fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de Chile, 53 de la Ley número 18.098, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 3.13 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a una solicitud presentada por 65 diputadas y diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitaron la creación de una Comisión Especial Investigadora. Sobre las competencias de la comisión, corresponde reunir información relativa a determinados actos de gobierno, en especial respecto a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, ante la denuncia por violación presentada en contra del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve.
Así como de las actuaciones indebidas que el señor Monsalve había dispuesto por parte de funcionarios policiales en el ejercicio abusivo de la dependencia que la Policía Civil tiene respecto del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en un uso irregular de personal y recursos públicos. Sobre el método de trabajo en el ejercicio de su mandato, la Comisión remitió diversos oficios cuyo tenor y respuesta se pueden encontrar en la página web de la Corporación. Asimismo, cabe hacer presente que las intervenciones de las autoridades de gobierno, así como de otras entidades o exautoridades y las de diputados y diputadas, se encuentran a disposición en el informe y acta respectiva, publicadas en la página web de la Cámara de Diputados.
Luego de haber celebrado 14 sesiones en las que se recibieron las declaraciones, testimonios, antecedentes, opiniones y observaciones de autoridades de gobierno, ministros, subsecretarios, asesores de todo nivel, incluidos asesores presidenciales y de otras entidades, e invitados, entre los que destacan ambas policías y la Contraloría General de la República, la Comisión dedicó la sesión celebrada el 24 de marzo a analizar, debatir y votar las proposiciones y conclusiones.
En la referida sesión se inició el conocimiento, discusión y votación de las siguientes conclusiones y proposiciones alternativas o complementarias presentadas por los integrantes de la Comisión:
Uno, de los diputados señor Miguel Mellado, Álvaro Cárter, y las diputadas señoras Carla Morales, Gloria Novellán, Sofía Cid, Joana Pérez y Flor Valls.
Dos, del diputado señor Diego Ibáñez y las diputadas señoras Camila Musante, Alejandra Plasencia y Carolina Tello.
Tres, del diputado Tomás López-Marcino, planteada como complementaria y así entendida por la Comisión respecto a la propuesta que finalmente se aprobó.
Cuatro, de la diputada Joana Pérez, planteada como texto alternativo y en el debate final retirada por su autora, quien con su voto suscribió a la propuesta finalmente aprobada.
Sometidas a votación en el orden y con la precisión descrita, en definitiva, la Comisión aprobó por mayoría y sometió a consideración de esta sala la propuesta elaborada por los diputados señores Álvaro Cárter, Miguel Mellado, y las diputadas señoras Carla Morales, Gloria Novellán, Sofía Cid, Joana Pérez y Flor Valls; con el voto a favor de los autores y del diputado Luis Felipe Sánchez en reemplazo de la diputada Sofía Cid; el voto en contra de las diputadas Daniela Cicardini, Camila Musante, Alejandra Plasencia, Carolina Tello y del diputado Diego Báñez; y la abstención del diputado Loga Morcino.
El texto es el siguiente. A propósito de las consideraciones previas descritas en el informe que las señoras y señores diputados tienen en sus pupitres, la Comisión aprueba el siguiente texto.
Diputado Villado, deme un segundo. Estimados colegas, les pido silencio, por favor, para poder escuchar el informe del diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Primero, modificación, actualización y/o creación de un protocolo de protección de altas autoridades por parte de las policías (Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile). Uno de los principales problemas detectados es que no existe un protocolo único y uniforme para la protección de las altas autoridades de gobierno; actualmente, cada policía tiene su propio procedimiento para brindar seguridad a funcionarios públicos, lo que genera diferencias en los niveles de resguardo y una falta de estandarización. En este contexto, la falta de un reglamento claro permitió que Monsalve liberara a sus escoltas en varias ocasiones, sin que existieran consecuencias o revisiones posteriores. Según registros de la Policía de Investigaciones de Chile, Manuel Monsalve se desligó voluntariamente de su custodia en el Hotel Panamericano, ordenando a sus escoltas retirarse y no retomando contacto con ellos hasta el día siguiente de los hechos por los cuales fue denunciado ante el Ministerio Público. Este tipo de decisiones no debiera quedar a criterio personal de la autoridad protegida, sino que debieran estar reguladas mediante un protocolo que obligue a la escolta a permanecer en funciones, aun cuando el protegido solicite lo contrario.
Segundo, modificación legislativa respecto a la aplicabilidad de las sanciones administrativas instruidas por parte de la Contraloría General de la República, durante su intervención en la Comisión Especial Investigadora, la Contralora General de la República…
Dórate Pérez abordó las deficiencias en la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de la administración, destacando la falta de independencia en estos procesos y la necesidad de reformas legislativas para garantizar su efectividad. Uno de los principales problemas identificados es que la potestad de sancionar, en muchas ocasiones, recae en la misma jefatura de servicios que está siendo investigada, lo que genera un conflicto de interés, ya que la decisión final sobre una eventual sanción depende de una autoridad que puede tener vínculos jerárquicos o políticos con la persona denunciada. En el caso de un subsecretario, por ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias dependería del ministro de la cartera o incluso del presidente de la República, lo que reduce las posibilidades de una sanción efectiva y oportuna.
Asimismo, la Contraloría General de la República enfrenta limitaciones en su rol fiscalizador, ya que, si bien puede investigar irregularidades y proponer sanciones, no tiene la facultad de aplicarlas directamente. En la práctica, muchas de las sanciones recomendadas por este organismo terminan siendo desestimadas, retrasadas o simplemente no ejecutadas por los servicios involucrados. Esta situación debilita los mecanismos de control interno y permite la impunidad en la gestión pública.
Para abordar este problema, resulta necesario revisar la legislación vigente con el objeto de garantizar que las sanciones administrativas no dependan de la discrecionalidad de las mismas autoridades que están siendo investigadas o, en su defecto, que estas deban establecer mediante resolución fundada los motivos de su demora o no aplicación, informando de ello al órgano controlador y al propio Congreso Nacional.
Tercero, resulta necesario poder establecer urgencia legislativa en iniciativas que vayan en la línea de modificar las obligaciones de los funcionarios públicos frente a las comisiones especiales investigadoras, en razón de que se recomienda priorizar las siguientes mociones parlamentarias:
Uno, la que modifica la Ley 18.098, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para extender, por el plazo que indica, la obligación de comparecer a las comisiones especiales investigadoras de quienes han cesado en su cargo.
Segundo, la que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer las exigencias de decir la verdad ante comisiones especiales investigadoras o comisiones de acusación constitucional de la Cámara de Diputados.
Tercero, la que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para sancionar penalmente la entrega de antecedentes falsos en comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. Se señala que están los tres boletines que se encuentran en este momento en la Cámara.
Cuarto, se debe abordar de mejor manera los protocolos sobre acosos y abuso sexual al interior de la Administración Pública. En el marco de las sesiones llevadas a cabo por parte de la Comisión Especial Investigadora, se ha constatado una preocupante falta de conocimiento por parte de los funcionarios sobre la existencia y aplicación de protocolos en materia de acoso y abuso sexual dentro de la Administración Pública. A pesar de que estos protocolos han sido formalmente establecidos, su difusión y aplicación han sido insuficientes, generando incertidumbre respecto a los procedimientos a seguir ante eventuales denuncias.
Durante las sesiones de la Comisión se ha solicitado información a diversas instituciones sobre la implementación de medidas de prevención y sanción del acoso laboral y sexual en los ministerios y servicios públicos. En particular, se han requerido antecedentes sobre el cumplimiento del instructivo presidencial número 6 del año 2018, que establece medidas mínimas en esta materia y que, si bien con el pasar del tiempo ha quedado superado, debiese ser modificado e implementado con rigurosidad. Sin embargo, se evidenció que muchos funcionarios desconocen estos protocolos y los canales formales de denuncia, lo que revela una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación efectiva. Este desconocimiento no solo refleja una falencia en la capacitación interna de los organismos estatales, sino que también pone en riesgo la protección de las víctimas y la correcta tramitación de las denuncias. La falta de claridad en los procedimientos puede derivar en demoras.
Injustificadas en la activación de medidas de resguardo y sanción, afectando la confianza en las instituciones encargadas de velar por un ambiente laboral seguro y libre de violencia, la Comisión ha considerado necesario fortalecer los mecanismos de difusión y monitoreo de estos protocolos, así como también reforzar la capacitación y el entendimiento de estas normas por parte de las altas autoridades: ministros, subsecretarios, jefes de servicio, entre otros, a fin de garantizar su cumplimiento efectivo en todos los niveles de la administración pública. En esta materia, resulta relevante que se coordinen medidas entre cada uno de los servicios con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el propósito de realizar acciones conjuntas y eficientes sobre la materia.
Cuarto, quinto: mayor fiscalización en materia de la utilización de gastos reservados. En el contexto de la Comisión Especial Investigadora se ha puesto especial atención en la utilización de los gastos reservados dentro de la Administración Pública. Si bien hay investigación en curso, la Contraloría General de la República ha manifestado dificultades en su fiscalización debido a las restricciones normativas y a la limitada transparencia en la rendición de cuentas de estos fondos, por sus características propias. Desde las sesiones de la Comisión, la Contraloría expuso que la fiscalización de los gastos reservados presenta desafíos estructurales, ya que la legislación vigente establece ciertos niveles de confidencialidad que impiden un control exhaustivo de su uso. Aunque los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre el destino general de estos fondos, la laxitud es tal que se hace imposible la supervisión de su correcta utilización. La posibilidad de que estos recursos hayan sido empleados para fines distintos a los establecidos en la normativa vigente refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización y de establecer mayores exigencias en la rendición de cuentas. En consecuencia, la Comisión ha considerado pertinente impulsar modificaciones normativas que permitan a la Contraloría General de la República fortalecer su capacidad de supervisión, resguardando la esencia de este tipo de recursos y garantizando que los gastos reservados sean aplicados exclusivamente para los fines que la ley dispone, lo anterior mediante un ajuste a la normativa vigente que permita un acceso más amplio a los registros sobre la ejecución de dichos recursos, manteniendo mecanismos de confidencialidad cuando sea necesario por razones de seguridad nacional.
Sexto, modernización y fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado e impulso a la tramitación legislativa del Boletín 12.234-02. Uno de los espacios más preocupantes que deja esta indagatoria es la utilización ilegítima del sistema de inteligencia del Estado, mecanismo esencial para la seguridad nacional y para que los tomadores de decisiones más relevantes de la esfera estatal cuenten con información fidedigna en la resolución de cuestiones fundamentales para la integridad institucional y territorial. Es urgente poner fin a la tramitación legislativa del Boletín 12.234-02, que moderniza y modifica el sistema de inteligencia del Estado, procurando a nuestro país un sistema vigoroso y moderno que responda a las problemáticas actuales que afectan a los Estados. De hecho, en el marco de la tramitación del boletín antialudido se tomaron en cuenta las experiencias dejadas por el caso Monsalve para, por ejemplo, disponer de tipos penales específicos que sancionen las conductas imputadas al otrora subsecretario del Interior.
Tanto el jefe de gabinete, don Carlos Durán, como el exjefe de asesores, don Miguel Crispi, afirmaron en la primera sesión a la que fueron citados que el Presidente de la República, don Gabriel Boric, les requirió el martes 15 de octubre del 2024, posterior a la reunión que sostuvo con la exministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Tohá, iniciar la búsqueda de un eventual reemplazo para el cargo de subsecretario del Interior. En palabras del exjefe de asesores: “Yo, como jefe de asesores, tomé conocimiento de la denuncia; se nos informó por vía del Presidente el día martes 15, después de la reunión con la ministra, que en esa misma reunión, en la que se nos indicó buscar nombres para un eventual reemplazo del entonces subsecretario Monsalve, no se presentó.”
Más evidencia de ello que la propia palabra de ambos funcionarios. Se requirió, a través de la solicitud de acceso a la información de ley por transparencia, AA-001-T-0003-205 del 2 de diciembre del 2024, copia de los correos enviados y recibidos entre el 14 y el 18 de octubre de las respectivas casillas institucionales de ambos funcionarios para buscar evidencia. De lo afirmado en la Comisión Especial Investigadora, lamentablemente este requerimiento fue negado por Presidencia de la República el 31 de diciembre del 2024. Esto fue apelado mediante el amparo C8-25 al Consejo para la Transparencia, sin que haya sido resuelta esta apelación a la fecha de la confección de este informe, hecho que sí fue apelado en la sesión a que fue citada la ex ministra de Interior y Seguridad Pública.
Doña Carolina Tohá Morales indicó, en sus propias palabras, que a la ministra se le entrega el compendio del informe sin rendirle directamente, sino que se le entrega un documento del informe para que se presente a la Comisión de Inteligencia durante cada seis meses. Sin embargo, la ley 19.863, en su artículo 4, establece que, del uso de los gastos reservados correspondientes al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y a la Agencia Nacional de Inteligencia, se informará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior.
Dada la discordancia entre lo afirmado en la Comisión Especial Investigadora y la ley, se requirió, mediante oficio 86.166 del 26 de noviembre del 2024 de la Cámara de Diputados, un pronunciamiento a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, a través de oficio E-34059 del 28 de febrero del 2025, se pronunció señalando que, en cuanto al alcance del deber de información, se aprecia que éste consiste en la entrega de los informes sobre la utilización de los gastos reservados y de los antecedentes suficientes, atendida la naturaleza de esos desembolsos, que permitan a la autoridad ministerial verificar que los recursos han sido utilizados conforme al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fueron otorgados.
Cabe señalar que el artículo 2 de la ley 19.863 indica que se entenderán por gastos reservados aquellos egresos que, por el ministerio de esta ley, se faculta a realizar exclusivamente las entidades mencionadas en el artículo 3: Presidencia de la República, Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Agencia Nacional de Inteligencia, para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativos al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservados o secretos, sin perjuicio a lo anterior. Tratándose de la Presidencia de la República, se entenderán comprendidos dentro del concepto de gasto reservado todos aquellos egresos que, siendo inherentes a sus funciones, por su naturaleza deben ser reservados o secretos.
Tercero, envío de copia del informe a la Comisión Investigadora. La Comisión Especial Investigadora acordó proponer a la Honorable Sala que se envíe copia de este informe a su excelencia el Presidente de la República, en virtud del artículo 58 de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con la finalidad de que, de conformidad con su mérito y antecedentes, acoja las peticiones aprobadas en su seno y, en consecuencia, adopte las medidas conducentes para superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria y tenga bien impartir las instrucciones y órdenes que sean menester a los organismos y entidades bajo su dependencia.
Es todo cuanto puedo informar a ustedes, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Mediado, por la lectura del informe. Y para dar inicio al debate, ofrezco la palabra a la diputada Carla Morales.
Gracias, presidente.
Estoy en esta sala con la profunda convicción de que el respeto a los derechos de las mujeres no solo es un principio, sino una exigencia mínima de una democracia que pretende ser moderna, justa y responsable. Por ello, no puedo guardar silencio ante la forma en que el Gobierno ha manejado la grave denuncia por violación.
En contra del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve. Lo que hemos presenciado no es otra cosa que la exposición descarnada de una incoherencia entre el discurso y la acción, de la tibieza y la falta de valentía de un gobierno que se pretendía ser feminista. No nos corresponde aquí juzgar la culpabilidad o inocencia del señor Monsalve; eso le compete a los tribunales de justicia. Pero sí es nuestra responsabilidad política y moral evaluar el proceder del Ejecutivo ante una denuncia tan grave, y lamentablemente debemos concluir que la reacción fue tardía, errática y profundamente insuficiente.
Así es: durante días posteriores al conocimiento público de los hechos, el subsecretario del Interior, nada menos que una de las máximas autoridades encargadas de la seguridad pública del país, continuó ejerciendo sus funciones sin que se enviara un mensaje claro en este gobierno, que estaba dispuesto a poner la ética por delante de la convivencia política. Y eso, señor presidente, es condenable. Me pregunto, ¿cómo puede este gobierno sostener su discurso sobre el enfoque de género y la lucha contra la violencia sexual, si ante una denuncia de esta envergadura opta primero por el silencio, luego por la cautela y solo después, presionado por la opinión pública y los medios de comunicación, adopta una postura decisiva? El enfoque de género no puede ser una bandera solo para las campañas electorales y luego ser guardada en un cajón, sobre todo cuando se requiere la convicción del gobierno. Chile necesita un Estado que no solo diga que cree en las mujeres, sino que actúe como tal; que no solo proclame transparencia, sino que la practique; que no solo hable de justicia, sino que tenga el coraje de defenderla, incluso cuando eso implique enfrentarse a sus propios amigos y colaboradores.
He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carla Morales.
A continuación, ofrezco la palabra al diputado Francisco Unduraga.
El caso del ex subsecretario Monsalve constituye una de las más graves crisis institucionales de este gobierno, no solo por la denuncia de violación y uso sexual contra una subordinada —que tendrá que ser probada en sede judicial—, sino por la forma en que el Ejecutivo reaccionó, con omisión, indulgencia y falta total de liderazgo. El presidente y la exministra Toá, actual candidata a la Presidencia de la República, supieron de los hechos el martes 15 de octubre. Sin embargo, Monsalve permaneció en su cargo hasta el viernes 18 del mismo mes. No solo eso, compareció al Congreso, defendió el presupuesto de su ministerio y se desplazó en avión institucional de Carabineros para abordar asuntos personales ligados a la denuncia. Hablamos del principal responsable político de la seguridad pública del país, que utilizó el aparato de inteligencia del Estado con fines personales, no para prevenir delitos, no para proteger a la ciudadanía, sino para protegerse a sí mismo, y lo hizo con total libertad, bajo el silencio y amparo cómplice del Ejecutivo. La reacción de la exministra Toá fue, simplemente, la tolerancia de la omisión y el desentendimiento de su deber de control político. Hoy la Contraloría ha formulado siete cargos administrativos en su contra por hechos previos y posteriores a la denuncia. Pero también es grave lo que ocurrió en esta misma Cámara, cuando el Congreso descuidó su rol fiscalizador y algunos miembros del Frente reprimieron esa labor, dejando en evidencia la distancia entre el discurso feminista del Gobierno y su acción concreta. ¿Dónde estuvo la ministra de la Mujer defendiendo a la denunciante? Todavía no la vemos, todavía no sabemos. Presidente, votaremos a favor de las conclusiones de esta comisión. Muchas gracias.
A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Sofía Sitz.
Bueno, más que nada, quiero sacar a la palestra que hoy tenemos este caso del ex subsecretario Monsalve, el cual el gobierno nunca consideró a la víctima. Sabemos que cuando se enteraron, el martes 15, también se le permitió al ex subsecretario viajar a su región en un avión institucional. Por otro lado, acompañó a la exministra del Interior, Toá —quien hoy es candidata presidencial— a defender el presupuesto del Ministerio, en hechos que surgieron tras una información entregada por la prensa. Todavía nos preguntamos si esto no hubiese salido en la prensa, si realmente nos hubiésemos enterado. Acá vemos a un gobierno que se dice feminista, pero que en ningún momento le creyó a la víctima.
Muchas gracias.