Senado - Familia, Infancia y Adolescencia - 3 de junio de 2025

Presidenta, tenemos en la cuenta un informe elaborado por la investigadora del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Trufelo, titulado “Tres casos de políticas de cuidados, normativa, grupos beneficiarios y beneficios asociados en Canadá, Países Bajos y Uruguay”. Asimismo, se recibió hoy en la mañana una minuta acerca de las preocupaciones de la Fundación Ronda en relación al proyecto de ley que está en tabla el día de hoy. También tenemos solicitudes de audiencia, a pesar de que en la sesión anterior se había dicho que no se continuaría con ellas. Estas solicitudes son del Centro UC de la Familia, del Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y de la comunidad de organizaciones solidarias. Senadora, senador: la vez pasada quedamos de acuerdo en que no íbamos a recibir más solicitudes de audiencia para poder votar en general hoy, porque tenemos cuatro exposiciones y después de ellas procederíamos a votar. No sé si respetamos lo que dijimos o si abrimos para que estas tres agrupaciones expongan, lo cual implicaría trasladar la exposición a la próxima semana y, por ende, no podríamos votar hoy, sino el próximo martes. Sí, por favor. Yo creo que es súper relevante tener espacio para escuchar a todas las organizaciones; sin embargo, considero que, si bien resulta oportuno que puedan enviar una nota o información por escrito las personas que quedan pendientes, debemos cumplir el compromiso y el acuerdo de votar el proyecto en general hoy. Por lo tanto, pedimos que se nos envíe la exposición y la minuta, y que votemos en general tal como se había acordado la semana pasada. Adicionalmente, se acordó que en aquellos establecimientos de mayor riesgo y en lugares de moderado o bajo riesgo se deberá contar con mayor presencia policial, ya sea a través de rotas o acciones policiales en el entorno. Se agregó que la presencia policial no es la única medida de prevención, ya que se está trabajando con los equipos directivos y con las mesas de gremios en cada territorio para implementar medidas que permitan prevenir mediante la capacitación a los funcionarios en el trabajo con la comunidad, puesto que muchas veces la comunidad involucrada también ayuda a defender al personal de salud. Es bien, como funcionario de la salud, es bien también, uno ha vivido una situación en que existe un cierto respeto hacia los trabajadores de la salud en las zonas de mayor nivel intelectual, porque también se sabe que como sector...

Muy buenos días. Nuestro primer expositor es Pedro, no, José Pérez de la ANEF, por siete minutos, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Saludo por su intermedio, así como a las senadoras y senadores de esta importante Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia; y, por supuesto, a quienes están acá presentes, a la ministra y al equipo que la acompaña, a los movimientos sociales como 8M, a nuestros compañeros de Alondra y a la coordinadora de nuestra región de la Internacional de Servicios Públicos, quienes, junto a militantes sindicalistas, han apoyado este importante proyecto de ley. Estoy acá, Presidenta, y por su intermedio concurro en la misma línea que nuestra organización afiliada a SOFUMI, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde también se encuentra nuestra compañera presidenta Galester Campos. Hace un par de semanas se expuso, desde la perspectiva de las y los trabajadores que ejecutan la política pública en dicho ministerio, la importancia de esta ley. Primero, debe relevarse como un paso necesario para… cuida horas y cuida horas nuestro país, fundamentalmente, en materia de contratación, sin que me refiera a todos los aspectos, pero representando un avance y una madurez en el ejercicio del rol del Estado. Esta posición pública es una oportunidad para avanzar y, ojalá, en este periodo de gobierno, esta ley pueda ver la luz con todos los aportes de las propias cuidadoras y cuidadores, organizadas en sus agrupaciones territoriales, así como a nivel central. Desde la ANEF hemos sostenido que este avance, y todos los aportes que enriquecen este debate democrático en la Comisión, ayuda a visibilizar a aquellos cuidadores y cuidadoras, en su mayoría mujeres, cuyo trabajo ha sido históricamente invisibilizado. Los datos son claros y el sistema de Naciones Unidas ya reconoció las 5R; sin embargo, desde la perspectiva de la ejecución de la política pública quisiera reforzar lo que expuso anteriormente nuestro compañero Lester Campo, a quien saluda la Presidenta, al señalar que, sin dotación y sin presupuesto, la política queda limitada. Esa ley, que se percibe como una expectativa positiva, maciza y robusta, en la práctica debería incluir a más de 12 personas, para ser muy concreto, según debe considerar el informe financiero; un tema crucial en el debate sobre la relación de contraparte con el gobierno y la falta de financiamiento para ejecutar una buena política pública. No lo decimos desde un punto de vista negativo, sino como una oportunidad, y creemos que, antes de que sea ley, es fundamental considerar la voz de las y los trabajadores del Mideso, quienes ayudan a profundizar este nivel de madurez en la política pública, en materia de lo que hoy día esperan las cuidadoras y cuidadores de nuestro país. Adicionalmente, es importante señalar situaciones que llaman la atención desde el punto de vista administrativo, como la dependencia de la Secretaría de Evaluación Social y su relación con la Secretaría de Apoyo y Cuidado, puesto que, en ese ámbito, se deben distinguir responsabilidades en términos administrativos.

Y de alguna forma, también, son diferentes los servicios; y cómo la Secretaría de Servicios Sociales, alojada y representada por su CRM a nivel territorial, y el Comité Regional de Apoyo y Cuidado conversan desde el punto de vista de lo que todos y todas esperamos. Esto no es nuevo; lo expuso muy bien, insisto, nuestro compañero Lester Campos. Sin embargo, en la precisión de la votación, si uno quisiera colocar énfasis muy puntuales sobre cuánto sería lo ideal –recordando que, en términos sindicales, no se trata de una defensa corporativa, sino que abrazamos el sindicalismo sociopolítico con una concepción del Estado que queremos: uno más cercano, más profesionalizado, más moderno y más amigable–, con nuevas leyes como esta solo queremos que se avance. Pero, si no tenemos la votación suficiente –presidente, senadoras y senadores–, vemos limitada la ejecución de la política pública, que se traduce en una ley más que vamos a saludar y a festejar, sobre todo, a los cuidadores y cuidadoras de nuestro país, y que enriquece el debate democrático en este espacio del Senado y en particular en esta comisión. Tenemos, además, un ejemplo empírico relacionado con la experiencia en la Secretaría de la Niñez. En la práctica, en el marco de lo que implica todo el proceso, tanto para una mejor niñez como para la reinserción social, cuando existe una falta de contratación, se puede suplir con los profesionales que tiene el Estado; y, sin duda, puede haber reconversión, estando disponibles nuestros compañeros y compañeras. Pero también existe un límite: hay una sobrecarga que no se visibiliza y un distanciamiento entre los recursos requeridos para ejecutar esa buena política pública. Por ello, una ley tan potente se reduce a una mínima expresión en la administración. No lo digo para cuestionar la existencia de la ley, sino porque desearíamos contar, por ejemplo, con ojalá tres profesionales en cada territorio a nivel regional; aunque las prioridades y los recursos sean otros, si vamos a avanzar en este nivel de madurez en una ley tan importante y fundamental –para los cuidadores y cuidadoras–, desde el rol de lo público no podemos quedarnos tranquilos con un informe financiero que solo contempla el aumento de doce profesionales. El diagnóstico es claro. Es importante reconocer el aporte de los trabajadores organizados sindicalmente. En Azufumi están disponibles para aportar en esta línea, y quiero ser enfático: no pretendemos detener el avance ni hacer una mera defensa corporativa; nos ponemos a disposición de este proceso democrático parlamentario. La propia organización que representa nuestro compañero Lester Campos –quien ha participado en muchas asambleas–, junto a la intervención de la ministra (por intermedio de su calidad de presidenta) y de la subsecretaria, ha manifestado que, si todas y todos nos comprometemos a trabajar en cada uno de los espacios que tenemos, será también una tremenda ley. No obstante, la implementación de esa ley debe ir acompañada de una bajada oportuna que garantice la presencia territorial para disponer de los recursos materiales, logísticos y de personal profesional. Es fundamental evitar que, en la actualidad, lo que sucede en la Secretaría de la Niñez se traduzca en equipos colapsados y en un desgaste que, aunque asumimos, debemos anticipar de manera proactiva antes de que la ley se haga pública. Creo que tenemos una oportunidad. Nosotros, en ANED, ratificamos nuestra línea histórica de trabajo sindical en colaboración con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo, Salud y Familia, y estamos incluso trabajando en el exploratorio 2026, en el que el gobierno transferirá este presupuesto al próximo gabinete. Tenemos la posibilidad de que la votación no sea caprichosa, ni visceral ni subjetiva, sino concreta, para que esa ley sea contundente y viable en su aplicación. Con todo respeto, presidente, y cerrando, cabe destacar que, aunque el texto de la ley es muy contundente en su creación, la ejecución de la política pública se ve limitada por la falta de votación y de recursos. La ciudadanía, con un adecuado control social, exige presencia en provincias, comunas y regiones. Desde ANED agradecemos este espacio. Mi intervención se inscribe en la línea de la presentación realizada en dos oportunidades por nuestro compañero, presidente de Asofume, Lester Campos. No obstante, no podemos dejar de resaltar la importancia de esta ley para nuestra organización.

Sindical Internacional, donde nosotros también militamos como ANEF, ahí participa nuestra vicepresidenta de Mujeres, Kena Lollina Sena, en la Internacional de Servicios Públicos, junto a muchas organizaciones sindicales que cuentan con lideresas que han tenido una voz importante. Hacemos parte de esas luchas históricas, de las cuidadoras principalmente –en algunos casos, también de relevar y ponernos a disposición y respetar ese trabajo–. No buscamos un protagonismo distinto ni paralelo, sino ratificar que ponemos a disposición nuestros esfuerzos, pero con estas alertas: antes de que la ley tenga conocimiento público y se promulgue, se debe tener la oportunidad de hacer los esfuerzos necesarios, sobre todo desde el punto de vista financiero. Insisto, no son recursos corporativos, sino recursos a disposición de una buena ejecución de la política pública, que sigue siendo y será lo que relevamos desde la ANEF, dentro de la función pública de carácter estratégico y como parte del rol del Estado para atender mejor a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo. Reitero el agradecimiento de nuestra confederación. Presidente, saludarla es también un privilegio y un agrado, como siempre, y una oportunidad de reforzar el planteamiento desde las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes están disponibles de manera permanente y, sin embargo, se muestran inquietos para que esa mirada técnica y profesional no sea un aporte marginal, sino concreto, en la orientación de que todos estamos en esta tarea de lograr que esta ley sea la mejor ley del Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país. Agradezco especialmente a los cuidadores que, conociendo desde hace muchos años su invisibilidad –incluso con los recursos actualmente escasos en el Estado– se preguntan: “si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? ¿Si no lo hacemos hoy, cuándo es el tiempo para atender a esas cuidadoras?”, sobre todo a aquellas mujeres que continúan siendo postergadas en el derecho fundamental de reconocer ese trabajo esencial a quienes tienen dependencia infantil, adulto mayor o capacidades diferentes. Muchas gracias, Presidenta, y gracias por su intermedio. También agradezco a las compañeras y compañeros que nos escucharon. Creemos que dentro de la ANEF pueden existir cuidadores y, sobre todo, cuidadoras que realizan el mismo trabajo, es decir, que llevan a cabo simultáneamente esa labor. Muchas gracias por su exposición. ¿Algún senador que quiera formular alguna pregunta? No, muchas gracias. Coordinadora Internacional de Servicios Públicos en Chile –adelante, por favor. Siete minutos, disculpe. Presidenta, yo tenía una presentación que había enviado para ordenar la intervención. Agradezco a quienes hoy están presentes en la sala. Saludo al presidente de ANEF, José Pérez de Belli, y a las organizaciones que también forman parte de esta sesión. Primero, quiero presentarme: somos una federación sindical mundial con 115 años de vida; nacimos allá por el año 1907, y agrupamos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público en 163 países. En Chile, nuestras organizaciones afiliadas representan a funcionarios y funcionarias que sostienen a diario el sistema de salud, la educación, la infancia, la seguridad social, la justicia y los cuidados en sus múltiples formas. Ahí están las afiliadas que hoy son parte nuestra. De manera rápida –y como ya saben por la discusión que se ha generado–, el escenario internacional, marcado por la COVID, puso en evidencia irrefutable las condiciones desiguales y las dimensiones interseccionales en las que las mujeres constituyen y desarrollan los cuidados. Asimismo, puso de manifiesto las fallas sistémicas del enfoque lucrativo del cuidado social. Cuando hablamos de cuidado social, nos referimos particularmente al cuidado de la primera infancia, al cuidado de los adultos mayores y al cuidado de las personas con discapacidad. La pandemia también evidenció la crisis de los cuidados no remunerados, con las escuelas cerradas, las familias enfermas, los ancianos que necesitaban apoyo y la carga de trabajo de cuidados no remunerados, que se intensificó y en gran medida recayó sobre las mujeres. Finalmente, lo que quedó claro y nos sirvió para concluir es que, sin servicios públicos que transformen las relaciones desiguales de género, las mujeres se enfrentaron a impactos desproporcionados.

La pandemia como una mayor exposición de la violencia, el acoso y una mayor probabilidad de pérdidas de empleo. Siguiente. Específicamente, respecto al proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, nuestras indicaciones son las siguientes. Primero, reconocemos que el proyecto significa un avance sustantivo hacia la sociedad del cuidado. Este proyecto de ley constituye, sin lugar a dudas, un hito en el proceso de reconstrucción de un nuevo pacto social en Chile, al reconocer el cuidado como un derecho humano, entendiendo que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado tiene el deber de garantizarlo de forma progresiva, universal y con perspectiva de género. Siguiente. Esta iniciativa legislativa responde a compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio 156 y 189 de la OIT, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, más recientemente, en el año 2022, los Compromisos de Buenos Aires, que llaman en definitiva a transformar la injusticia de la organización social del cuidado, la cual históricamente ha recaído en las mujeres, especialmente en las más pobres y, en algunos países, también en la mano racializada. Siguiente. Datos que evidencian la urgencia de este proyecto: en Chile, nueve de cada diez personas cuidadoras no remuneradas son mujeres, quienes destinan más del triple del tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Según la última encuesta nacional sobre el uso del tiempo, el 21% de las mujeres fuera del mercado laboral declaró que su razón principal era el trabajo de cuidado. Más del 77% de las personas en situación de dependencia en Chile no acceden a apoyos formales y el cuidado recae enteramente en las familias, muchas veces sin redes, sin recursos y sin respiro. Este proyecto no sólo visibiliza y valora el trabajo invisible, sino que también sienta las bases de un sistema que distribuye responsabilidades, reconoce derechos, garantiza la oferta pública y promueve condiciones de vida dignas. Siguiente. Entre los elementos innovadores del proyecto, rescatamos al menos cuatro aspectos. Primero, la creación de una arquitectura institucional descentralizada y participativa con consejos de la sociedad civil a nivel nacional y regional, consignados en los artículos 10 y 14. También valoramos el reconocimiento expreso del trabajo de cuidado no remunerado como una función social, estableciendo derechos para quienes lo ejercen, contenido en los artículos 3 y 9; el principio de corresponsabilidad social y de género, fundamental para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contenido en el artículo 5; y el mandato al Estado de garantizar el acceso a apoyos y cuidados como parte de la protección social. Siguiente. Algunas observaciones críticas y propuestas de mejora a este proyecto, desde la Internacional de Servicios Públicos, son las siguientes. Proponemos fortalecer el proyecto en dos aspectos centrales. Primero, limitar la participación del mercado y blindar el carácter público del sistema. Nos preocupa que el texto en su artículo 7, literal E, fomente explícitamente la inversión privada sin establecer mecanismos claros de regulación ni garantías contra la mercantilización. La experiencia internacional es clara: donde el cuidado se privatiza, se deteriora la calidad, se precariza el empleo y se excluye a quienes no pueden pagar. Proponemos establecer una cláusula expresa que proteja al sistema frente a la financiarización y la comercialización, y que defina que, cuando exista provisión privada, esta se someterá a una regulación estricta bajo principios de derecho humano, siempre garantizados por el Estado. Siguiente. En segundo lugar, es necesario clarificar la participación de las trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. El sistema debe garantizar condiciones laborales dignas en la lógica del trabajo decente que promueve la OIT, así como formación certificada y participación efectiva en la gobernanza. Por ello, proponemos reforzar los mecanismos de diálogo social y representación sindical, especialmente en el Consejo de la sociedad civil, donde actualmente no está explícitamente contenida la participación sindical. Siguiente. Pensamos que este proyecto es una oportunidad histórica y, en eso, queremos ser claros: como Internacional de Servicios Públicos, el cuidado no es una…

Sectorial, sino es una mirada sobre el Estado y el desarrollo, una sociedad que cuida, es una sociedad que reconoce la interdependencia humana, que democratiza el bienestar y que afirma la dignidad por sobre el lucro. Este proyecto puede marcar un antes y un después siempre que logremos proteger su espíritu transformador, avanzar en mejoras sustantivas y resistir a los embates ideológicos que buscan vaciarlo de contenido social. Finalmente, desde la Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas en Chile, les instamos a aprobar este proyecto de ley con las mejoras necesarias, pero sin diluir su corazón, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y del Estado como su garante. Muchas gracias. Instituto de Libertad y Desarrollo. Es su turno, por favor. Hola, Presidenta. Adela Díaz. Trinidad por acá. Antes de partir mi presentación, quería saber si el que me acompaña podría sentarse con nosotros en la mesa, ya que también va a exponer un punto de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. ¿Qué minutos son para los dos? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Saludo también a los senadores y senadoras que nos acompañan, al Ejecutivo y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Soy Trinidad Estraín y, junto con Juan Ignacio, venimos a exponer de parte de Libertad y Desarrollo. Siguiente, por favor. Tenemos un problema grave en Chile. Sabemos que tenemos un cambio demográfico: nuestra población envejece, la natalidad disminuye y la expectativa de vida aumenta. Lo anterior se traduce claramente en una presión respecto de cómo hacerse cargo de las personas que pierden su autonomía, ya sea de manera abrupta o progresiva. Es claro que necesitamos una respuesta institucional que sea seria, bien diseñada y, al mismo tiempo, sostenible en el tiempo. Este proyecto de ley busca dar esta respuesta, pero se presentan ciertas dificultades y debilidades desde el punto de vista técnico e institucional. La estructura planteada no solo parece poco efectiva, sino que, además, podría generar dificultades adicionales en su implementación. Si miramos la historia de nuestras políticas públicas, muchas han sido exitosas porque han fomentado una lógica de colaboración entre el Estado y el sector privado. Esto no significa reducir el rol del Estado, sino enfocarlo mejor. Si entendemos que su objetivo es estar al servicio de las personas, entonces debe buscarse la forma de maximizar el bienestar social con los recursos que tenemos disponibles, que todos sabemos que son escasos. En esta lógica, el proyecto nos presenta las siguientes inquietudes. Siguiente, por favor. En primer lugar, una falta de diagnóstico y un diseño institucional que se encuentran sobredimensionados. Observaciones al diseño financiero del proyecto, exclusión de las personas que requieren cuidados y que se encuentran en instituciones con fines de lucro, y otras observaciones que se agrupan en un cuarto punto que vamos a exponer más adelante. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, una de las principales debilidades del proyecto es que no identifica con precisión un problema de política pública concreto. ¿Dónde están las principales brechas y, por tanto, las oportunidades de mejora? ¿Qué es lo que falla actualmente y, por tanto, qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Necesitamos más recursos enfocados en la estructura administrativa o más cobertura? Si bien el proyecto entrega algunas señales, como la necesidad de interconectar mejor la oferta, evitar las duplicidades en el Estado o mejorar la coordinación con el sector privado, todo esto apunta más bien a mejoras en la gestión, lo que está muy bien, pero no apunta a un problema de política pública. Sin un diagnóstico sólido y un panorama general, es muy difícil que las soluciones propuestas tengan un impacto real. Siguiente, por favor. En cuanto al diseño institucional, el proyecto plantea la creación de una superestructura con un entramado de nuevos órganos nacionales y regionales, muchos de ellos en forma de consejos, cuya resolutividad, perdón, resulta cuestionable. Lo anterior implica un costo de oportunidad importante, tanto en tiempo como en recursos que se destinarán a esta superestructura. Además, el uso del registro social de hogares como herramienta de referencia puede sobredimensionar la cobertura necesaria por el fraccionamiento que se presenta en los hogares. Por último, el proyecto aspira a una cobertura universal, algo que no se ajusta al contexto fiscal que estamos viviendo. En virtud de lo anterior, el proyecto debiese introducir criterios de focalización para asegurar que los recursos lleguen en realidad a las personas que más lo necesitan. Siguiente, por favor.

El proyecto establece que únicamente las instituciones privadas sin fines de lucro y las públicas podrán celebrar convenios con los gobiernos regionales. Esto no solo excluye a los prestadores privados con fines de lucro, sino que también deja fuera, en la práctica, a sus beneficiarios, quienes son personas que requieren cuidados tanto como cualquier otra. De ello se deriva una incongruencia con el mensaje, ya que se plantea que el cuidado es un derecho humano; si eso es cierto, la prioridad debería centrarse en asegurar el acceso efectivo. Muchas gracias, Presidenta. La siguiente lámina, por favor. En algunas observaciones de orden quizás más técnico-legislativo, quisiéramos hacer presente que el proyecto contempla trece principios para interpretar y aplicar la ley en el artículo 5. Esto resulta complejo, dado que en general los principios están redactados de manera vaga y no se entiende exactamente cuál es el mandato concreto que se les otorga a las autoridades administrativas encargadas de aplicar, desarrollar y ejecutar la política. Particularmente, hay dos aspectos que se deben relevar desde la construcción de dichos principios. El primero es que, en términos prácticos, limitan la posibilidad de futuros gobiernos de dar un enfoque distinto a los programas, al establecer restricciones legales mediante mandatos o disposiciones relativamente ambiguas. Lo segundo es que la aplicación de estos principios puede derivar en situaciones arbitrarias e injustas, especialmente en lo que respecta a los principios de interculturalidad e interseccionalidad, formulados de modo que únicamente se consideran elementos como la pertenencia cultural o las identidades, sin profundizar en mayores detalles. Esto abre la posibilidad de que, en casos en que dos personas se encuentren en situaciones equivalentes en cuanto a los cuidados que requieren, puedan recibir tratos desiguales, lo que podría representar un problema de constitucionalidad frente al artículo 19, número 2 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley. Asimismo, existe un problema con el enfoque del proyecto respecto de la infancia, al considerarla únicamente como sujeto de cuidado. Creemos que esto desconoce, en cierta medida, la naturaleza de la infancia, la cual se entiende más como un estado de desarrollo progresivo que como una cuestión de autonomía. En este sentido, sugerimos que se le dé una segunda mirada en el proyecto de ley. Finalmente, en términos prácticos, el proyecto hace demasiado énfasis en el rol del Estado y en lo que este debe hacer, resultando en la carencia de una adecuada articulación entre familia, sociedad civil y Estado. Esto es especialmente llamativo cuando, en sus fundamentos, se recuerda correctamente la cita de Razavi en el famoso «diamante de los cuidados». Por ello, consideramos que es necesario que sus señorías presten atención a cómo se articula dicha interrelación. Para concluir, Presidenta, si podemos tratar la última lámina, simplemente para resumir lo expuesto hoy: es fundamental articular familia, sociedad civil y Estado, independientemente de si las instituciones tienen o no fines de lucro, pues al final son personas las que también poseen derechos a los cuidados y participan del sistema. Se deberían establecer resguardos y restricciones en el uso de los recursos destinados a instituciones con fines de lucro, tal como se ha hecho en otras políticas que han impuesto restricciones similares, por ejemplo, en los subsidios educacionales, y probablemente focalizarse en dichas restricciones. Además, no resulta claro el rol o la forma de abordar el problema de política pública relacionado con la creciente longevidad de la población, la baja natalidad y el cuidado de las personas. Si bien existen varias materias que son exclusivamente reglamentarias o de orden administrativo, es importante tener claridad sobre el objetivo perseguido, más allá de simplemente crear un sistema administrativo para la coordinación de programas públicos. Para ir terminando, es preciso recordar lo señalado acerca de los principios: en general, son normas que no contienen mandatos claros, y es fundamental que una ley disponga de obligatorios lineamientos para evitar situaciones que puedan derivar en discriminaciones, restricciones de facultades u otros efectos que, en última instancia, terminen minando el propósito del cuidado.