En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión.
¿Como se llama? ¿Matilde? ¿Te acuerdas que hay una pintora que murió ya, chilena? Con eso la mataste, ¿viste?
Buenos días a todos, ministro, equipo. Viene bajando el senador Galilea y el senador Insulza, quienes también venían en camino.
Señora secretaria. Presidenta, no tenemos cuenta.
Antes de pasar al tema que nos convoca y como tuvimos que desplazar permisología o permisos sectoriales – que es el nombre correcto del proyecto de ley del día de hoy para poder continuar con salario mínimo – yo quería pedirle acuerdo a la comisión para que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, podamos ver ese proyecto y sacarlo.
Las indicaciones ya se ingresaron; se las mandé, colegas, a su WhatsApp. Las ingresaron ayer a las 9 de la noche – o a esa hora, digamos – me las envió el ministro.
Ahora sí, está bien. Entonces, que podamos la próxima semana sacar ese proyecto, que es un proyecto que también le importa al Ejecutivo. Está el ministro que puede ratificar lo que estoy diciendo, y nosotros revisamos con la Secretaría el resto del proyecto en tabla, que ya lo hemos revisado con el Ejecutivo, y les hacemos una propuesta el día lunes, ¿les parece? Para poder continuar después de eso. Tenemos que, además, convocar a la mixta de servicio de auditoría interna del Gobierno, que también es un proyecto que le interesa al Ejecutivo. Entonces, podríamos la próxima semana despachar eso, si le parece a la comisión.
No, porque se lo ponemos a las dos de la tarde del martes de la próxima semana, que es la hora que pueden los colegas de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda? Ya. Señora Secretaría, sí, por favor. Y entiendo que se ingresaron las indicaciones. Hablábamos de la palabra del Ejecutivo. Ahí está. El Ejecutivo, entonces, le vamos a dar la palabra.
—¿Cómo está, senador? Le damos la palabra al Ejecutivo para que explique. ¿Estamos entonces? Señor Ministro, tiene la palabra.
—Sí, gracias, Presidenta. Se presentó una indicación que entiendo que es la única que se ha presentado, suscrita por la Senadora y Presidenta Jimena Rincón y el Senador Cruz Coquia, que básicamente establece un plazo para entregar un conjunto de información al Congreso. Tenemos una presentación.
Y después, creo que el senador Coloma tiene un punto que hacer; le damos la palabra a él o, si lo prefiere, que intervenga mientras se proyecta la indicación.
—Gracias, Presidenta. No estuve presente, pero pude leer, digamos, la presentación y los PowerPoints, y tengo algunas consultas, Ministro, a ver si podemos aclararlas. Son tres consultas: dos son similares y otra es un poco distinta.
Respecto al informe financiero, hay dos temas que me gustaría entender bien. Uno es que hay un subsidio que puede modificarse según lo que pase con la inflación acumulada esperada, como usted lo explicó. Lo que dice el informe financiero es que el costo de esta medida no excederá los 10.000 millones de pesos, pero no veo dónde se aplica ese subsidio de 2.000 millones de pesos. Es decir, si es eventual, debe aparecer el gasto considerado en alguna parte del presupuesto, y eso es lo que no encuentro. Entonces, si eventualmente la medida legislativa puede costar 10.000 millones de pesos según el gatillo que se produzca —que puede activarse o no—, no veo dónde queda registrado ese gasto.
En la misma línea, y puede que yo no lo haya encontrado, se plantea algo similar respecto de la Junta Nacional de Asuntos Escolares y Becas. Se incrementa el polinomio, la ajustabilidad de precios que regula el incremento de los precios de los servicios de alimentación licitada por la Junta Nacional de Asuntos Escolares y Becas para el programa de alimentación escolar y el programa de alimentación de párvulos. Tampoco veo dónde está registrada esa consideración en el articulado.
Y el tercer tema, que me interesa precisar con mayor claridad, es la creación de este observatorio. Lo expongo en dos lógicas: estuve viendo, Presidenta, la discusión en la Cámara y es un tema álgido, incluso fue una votación estrecha tanto en Hacienda como en la Sala, y la verdad es que hoy día ya existe un observatorio creado, pero no entiendo bien por qué se crea este nuevo observatorio, que está planteado para efectos de revisar, por ejemplo, evaluar el nivel…
En composición y distribución de ingresos familiares, generar indicador de ingreso, elaborar informes trimestrales. Hoy día hay un Consejo Superior Laboral y lo único que tengo claro es que existen muchos organismos, públicos y privados, que evalúan este tipo de temas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es creando otro observatorio. Yo no sé si esa es la lógica; no entiendo que se vaya a crear más instrumentos públicos para hacer cosas que hoy día se pueden realizar por otra vía. No comprendo cuál es la filosofía que se está tratando de restringir o frenar, y me gustaría entender bien por qué se produce esta creación del observatorio, que en principio, por lo menos a mí, no me parece adecuada, al igual que lo que ha expresado Pantel. Esto no es un tema nuevo; hubo una larga discusión en la Cámara de Diputados sobre la creación de este observatorio.
Gracias, Presidenta. Gracias, senador Lagos. ¿Les parece que le demos la palabra al ministro para que responda a las consultas del senador Coloma? Y luego veremos el tema de la indicación que presentamos.
Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días a la senadora y a los senadores integrantes de la comisión. Aprovecharé también para responder un par de preguntas que quedaron formuladas ayer durante la sesión y que no alcanzamos a responder.
Hubo una pregunta del senador Kuchel, planteada ayer, sobre el desempeño de las exportaciones chilenas y hasta qué punto se podía observar algún efecto de las medidas proteccionistas en Estados Unidos, como los aumentos de aranceles. El dato que tenemos, con el año corrido hasta el 10 de mayo, es que las exportaciones han crecido un 6,7% en valores expresados en dólares; de ello, las exportaciones mineras han crecido casi un 11% y las no mineras en alrededor de un 3,5%. Si se compara con el mismo periodo del año pasado –primero de enero al 10 de mayo– son datos muy positivos. El año pasado, considerando el conjunto de exportaciones de bienes y servicios –siendo que los servicios crecieron más que los bienes, con un incremento del 9%– fue un año muy positivo. Y vemos que, al menos en lo que va corrido del año, seguimos teniendo un desempeño dinámico de las exportaciones, creciendo más que la propia actividad económica.
También se formuló una pregunta, aparentemente del mismo senador, sobre la evolución de la masa salarial. Los últimos datos indican que la masa salarial ha estado creciendo en torno a un 4,5% en términos reales. Esto ha alimentado el mayor dinamismo del consumo observado durante los últimos trimestres y refleja el comportamiento de las remuneraciones y del empleo, ya que en dicho periodo se ha registrado tanto un aumento de remuneraciones reales como la creación de empleos, especialmente en el sector asalariado. Esas fueron las dos preguntas que quedaron pendientes de ayer.
Respecto a las preguntas del senador Coloma, comenzaré por el tema de la Junaep. Este asunto está vinculado a la aplicación de un polinomio mediante el cual se reajustan los valores del pago por las raciones que contrata la Junaep, dentro del Programa de Alimentación Escolar. Dentro del articulado, esto se encuentra cubierto por el artículo tercero transitorio, que señala que el mayor gasto que representa la aplicación de las disposiciones de esta ley en el año 2025 se financiará con cargo de los recursos del Tesoro Público; es decir, que se suplementa el presupuesto del programa de alimentación escolar de la Junaep, y en los años siguientes, mediante la Ley de Presupuesto.
Esto me lleva al tema del subsidio PYME. Tal como está formulado, el subsidio se aplicará cuando el incremento del ingreso mínimo exceda la inflación del año 2025; para todos los efectos prácticos, esto ocurrirá en el año 2026 y se aplicará durante cuatro meses, según lo establecido en el proyecto. Por lo tanto, deberá ser recogido en la Ley de Presupuesto del 2026.
Sí, senador Colón. Para no desviarnos, yo señalo que el artículo 3º indica que el mayor gasto se traduce en un ítem que equivale a, por así decirlo, un saco grande. Esto se debe a que hay incrementos en el costo fiscal por asignación familiar, por SUF, por cuota mortuoria y, en el caso de las raciones de la JUNAEP, todo lo cual se suplementa desde el Tesoro Público, ya que el presupuesto se aprueba ajustado a los volúmenes y cantidades que se pagarán con los valores vigentes al momento de formularlo.
En relación a la interrogante del señor Alcóbal, no me queda claro si desea saber los montos involucrados o desde dónde salen los recursos, o si quiere que se justifique detalladamente qué se comprende por “todos los mayores gastos”. La duda del Senado Coloma es que no se especifica si el universo de ese mayor gasto corresponde al monto total eventual o a la forma en que están registrados esos recursos y gastos anteriores. Le damos la palabra al senador Coloma; aunque, Senador Insulza, si prefiere, puede formular su pregunta antes o después de que él hable.
Respecto al proyecto en discusión, permítanme decir tres cosas de manera rápida. Primero, es innegable que aún resulta muy bajo el salario mínimo en este país, pese a todas las discusiones que se han suscitado. Aun cuando se ha alcanzado un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, y según lo expresado ayer por el Ministro del Trabajo, en términos reales el aumento porcentual era muy significativo: mientras que al terminar el gobierno anterior el incremento era de al menos 2%, la mejora registrada hasta ahora fue de 11%.
En segundo lugar, recuerdo que han señalado la idea de crear otro organismo. Francamente, yo no estoy por sumar una nueva entidad a cada acuerdo que logramos, ya que eso implicaría un crecimiento innecesario del Estado. Ayer, el Ministro realizó una excelente exposición sobre cómo se calculan estos montos y su comparación con otros países; por ello, si la metodología resulta adecuada, no se justifica la creación de otro organismo para hacer lo mismo.
Por último, los recursos para implementar estas medidas podrían provenir del presupuesto actual sin necesidad de aumentarlo. Esta es mi principal objeción, pues también existe una problemática relacionada con las pymes: muchas de ellas no alcanzan para pagar el salario mínimo y requieren subsidios, lo que revela una anomalía en el sistema. Sin embargo, exigir que paguen el salario mínimo de manera estricta podría ser perjudicial para el empleo.
Antes de dar la palabra al senador Coloma, reitero mi suscripción al tema del Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida. Nosotros contábamos con el Consejo Asesor Laboral, el cual funcionaba muy bien y producía estudios de calidad. Crear otra institucionalidad, como bien señala el senador Insulza, cuando además existen espacios de trabajo en esa misma línea, no se justifica, especialmente en el escenario actual en que nuestros recursos resultan tan limitados.
Muchas gracias.
Segundo, y ahí creo que voy a recoger la preocupación del senador Coloma, en que en el informe financiero no se incluye una estimación del costo del subsidio en caso de que se active el artículo octavo. Entonces, nos gustaría ver dónde va eso, porque no lo encontramos. Yo entiendo que los equipos lo buscaron y no lo pudieron hallar, y tampoco se señala si se han reservado fondos o si se contempla dentro de la Ley de Presupuesto del 2026. La frase “en los casos siguientes estará lo que se considera en la Ley de Presupuesto” deja nuevamente el financiamiento del subsidio sin una proyección, sin saber cuánto es. Y yo creo que por ahí va la pregunta del senador Coloma; si no es así, que lo pueda aclarar y que el ministro nos responda. Gracias, Presidenta.
Yo comparto eso, pero adicionalmente, por eso le pedí la palabra respecto a lo que dice el ministro. Lo que no entiendo es el primer punto que se me planteó respecto del tema de la Junaeb. Aparece en el informe financiero de la Junaeb, pero no lo veo en el articulado: ¿dónde está la norma que obliga a incluir un informe financiero al respecto? Sí se encuentra en todo lo demás: veo el SUF y lo otro, pero no encuentro el articulado, ya que el presupuesto fiscal indica “como consecuencia de las modificaciones anteriores”. Entonces, eso es lo que no encontramos; digamos, ¿dónde está esa modificación en el articulado? Ministro, para que recoja la consulta.
Respecto al tema de la Junaeb, dado que es un polinomio que se activa automáticamente, no es algo que deba estar legislado en este proyecto. Los contratos de la Junaeb con los proveedores de la institución ya lo contemplan. El informe financiero explica cuánto cuesta la activación o la aplicación de ese polinomio una vez que aumenta el ingreso mínimo. No se incluye acá porque no se legisla directamente sobre ello; es un polinomio que ya está establecido. Es similar al caso de los polinomios en los contratos de obras públicas o en las tarifas de diversos servicios de utilidad pública, en tanto que no se requiere que la ley contenga aquello que ya consta en los contratos. Por ello, para efectos de completitud o de ser exhaustivos respecto del impacto del aumento del ingreso mínimo sobre el gasto fiscal, se recoge cuánto cuesta el hecho de que, al aumentar el ingreso mínimo, se reajusten los contratos de la Junaeb con sus proveedores.
Senador Coloma: Realmente, no sé si me ha pasado esto antes, pero dice “efecto de este proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal”, haciendo referencia a una ley general; sin embargo, hay una diferencia. En los demás casos se modifica el subsidio, la asignación de muerte y la asignación familiar, y se va posicionando el efecto que tienen sobre ello, pero este aspecto no está articulado. Me cuesta entender cómo se asume que el informe financiero se refiere a algo que no está expresamente contemplado en la ley. Es más, en el contrato queda incorporado el polinomio. Por eso, pregunto, en la misma línea del senador Lagos: ¿ocurre esto solo en este caso? Porque, de ser así, se entendería que es una mención aislada, pero pienso que esto debería ocurrir en todas las licitaciones que realiza el Estado en donde se trate este tema. ¿Existe algún otro servicio subcontratado por el Estado en el que el ingreso mínimo tenga la incidencia de la que habla el caso de la Junaeb? Creo que todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con la presencia permanente de las manipuladoras de alimentos en muchas discusiones presupuestarias, ya que durante el circuito del presupuesto siempre están presentes todas las organizaciones. Entonces, ¿no hay ningún otro contrato en el cual esté incorporado un polinomio con el mismo peso que en el caso de la Junaeb? La pregunta es si existe otro compromiso del Estado en el que, si se produce una diferencia, ésta sea asumida por el Estado. ¿Existe otro contrato de tal naturaleza?
Tengo un polinomio, yo no sé ninguno, y hay otros beneficios que están en esta lista que probablemente tampoco estén legislados directamente en este proyecto, pero sí repercute el hecho de que aumente el ingreso mínimo. Creo que en el subsidio previsional para los trabajadores jóvenes se presenta una situación parecida, ya que está fijado en función de los ingresos mínimos.
En cuanto a la imputación presupuestaria, nuevamente recordemos que el Tesoro Público cuenta con varios programas presupuestarios interiores: la partida del Tesoro Público tiene subsidios para asignaciones familiares y otros beneficios sociales, y el programa de operaciones complementarias dispone de la provisión para financiamientos comprometidos, de donde se extraen recursos para suplementar en situaciones como esta.
Por otro lado, respecto del subsidio PYME, en la Cámara se presentó el informe financiero complementario, número 124, que complementa el informe número 110, el cual se resume en el cuadro de la presentación. El informe 110 contiene el efecto del aumento de la asignación familiar, del SUF, e incluye el tema de la Junaeb. Además, el informe financiero complementario agregó la referencia de 10.000 millones de pesos, cifra que nos solicitó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que quedara consignada, dado que este beneficio fue redactado de forma que, activado el gatillo correspondiente, se asignara dicho monto. El cuadro respalda esta cifra y, posteriormente, se hace referencia a los 10.000 millones de pesos.
Respecto del observatorio, lo puede comentar acá el ministro del Trabajo.
Bueno, muy buenos días, presidenta, senadores. Agradezco la pregunta, ya que este fue un debate que mantuvimos de forma muy intensa en la Cámara. Me gustaría comenzar diciendo que, en el caso particular de este observatorio, esto no implica la creación de un nuevo servicio ni de observatorios similares a los que existen en el Estado en distintas entidades y ministerios, ni tampoco implica un crecimiento de la burocracia estatal, dos temas que se instalaron en el debate y que nosotros quisimos explicar de manera extensa.
¿Por qué nos propusimos avanzar en la creación de este observatorio? Primero, porque permite fortalecer el Consejo Superior Laboral. Este observatorio se anida dentro de una institución ya existente que, como señalaba la senadora, permite ir procesando y construyendo consensos de manera tripartita. La ventaja es que el mandato legal del Consejo Superior Laboral obliga a las partes a abordar distintas cuestiones. De hecho, en la legislación actual, las leyes laborales deben ser evaluadas por dicho Consejo. Sin embargo, dada la diversidad temática y de discusiones que enfrenta el Consejo Superior Laboral, no existe un organismo específico dedicado a observar el costo de la vida y cómo este se modifica.
Por ello, nos pareció relevante definir por ley la creación de este observatorio. Una experiencia previa en el Consejo, durante el año anterior, permitió abrir un debate técnico que se reaviva cada vez que se discute el salario mínimo, señalándose que este debería ajustarse a insumos técnicos, informes y estudios. Pero, en el momento en que se abre la discusión, gran parte de ese análisis se pierde. ¿Cuándo podríamos contar con un organismo que, mensualmente, se dedique a construir estudios y elaborar informes? Es por ello que proponemos fortalecer el Consejo Superior Laboral, integrándolo en un organismo que además contará con representación de los grandes empresarios, de las pymes y de los trabajadores. Esto es fundamental, ya que lo que se busca es impulsar de manera significativa la formulación de políticas laborales.
Mandato específico al Consejo Superior Laboral y que los representantes de tantos trabajadores y empleadores puedan colocar allí sus representantes. Eso es lo primero. Otro elemento adicional es que, en este caso particular, que la naturaleza del observatorio sea tripartita, no solamente permite que las contrapartes puedan colocar a sus representantes técnicos para discutir de esas cifras. Aquí también, muchas veces, nos ocurre que el Ejecutivo, el Gobierno, a partir de instituciones oficiales, presentan cifras; otros organismos de la sociedad civil presentan otras, y los representantes de empresarios y de trabajadores aportan cifras distintas, sin que exista un espacio técnico para procesar esa discusión. De hecho, lo vimos hace algunos meses: los representantes de los trabajadores dijeron una cifra A respecto a sus expectativas de salario mínimo, los empleadores dijeron B y las pymes dijeron C. Nosotros creemos que este organismo tendrá la capacidad, de forma mensual, de ir procesando esa discusión y, por lo tanto, aportar insumos más precisos al momento de discutir el reajuste del salario mínimo cada año.
El proyecto, además, lo señala de manera bien clara al indicar que el único gasto fiscal incorporado en el informe financiero son las dietas de participación de los consejeros de empleadores, trabajadores y representantes de las pymes. Los representantes del gobierno son funcionarios de los ministerios que no perciben costos adicionales. Puesto que se trata de representantes técnicos que deben cumplir una serie de requisitos para demostrar su capacidad de integrarse al consejo, se ha establecido una dieta – señalada en el informe financiero – para proporcionar un mínimo de sustento, seriedad y trabajo a quienes formen parte del observatorio.
Nos parece que este espacio fortalece al Consejo Superior Laboral y permite abordar una discusión que siempre se ha planteado en el Congreso respecto a contar con insumos adecuados. Además, entendemos que las observaciones realizadas en torno a esta indicación, que posteriormente vamos a discutir, apuntan a que se disponga de los insumos necesarios. En ese sentido, no se trata de crear un nuevo servicio con más funcionarios ni de sumar burocracia, sino de constituir un organismo técnico y tripartito en el que empleadores, pymes y trabajadores – actores que a menudo quedan al margen o participan de forma limitada, por ejemplo, en la discusión del subsidio – puedan aportar de manera equitativa. Asimismo, este observatorio permitirá analizar tanto los ingresos como las transferencias monetarias del Estado, ofreciendo una visión más integral del salario y de los ingresos en esta materia.
En conclusión, entendemos que este observatorio puede ser un aporte sustantivo, sin implicar la creación de un nuevo servicio ni incrementar el número de funcionarios públicos. Si bien tiene un costo, es importante explicitar que, en la lógica del tripartismo, se establecen condiciones mínimas de igualdad entre los representantes técnicos de empleadores, trabajadores y pymes, garantizando que ningún actor disponga de una capacidad desproporcionada para designar a sus técnicos. Esa es la justificación del costo señalado en el informe financiero.
Gracias, Ministro. Se ofrece la palabra.
Senador Coloma: Yo entiendo las explicaciones, pero la verdad es que cuando uno escucha todo lo que ha planteado el Ministro –insistiendo en que hay que bajar el gasto, reducir la burocracia y que la institucionalidad tenga un sentido–, resulta contradictorio, pues existe, hoy día, un modelo que, al parecer, ya funciona. El presidente lo plantea de buena manera, pero encuentro una señal completamente contradictoria, porque siempre se han dado argumentos para crear una mayor lógica de Estado. Por lo menos, yo no lo comparto: no voy a aprobar, señor Presidente, ese tipo de observatorio. Entiendo que pudiera haber un razonamiento distinto, si eso no formara parte esencial de la vida, pero la señal que deberíamos dar hoy es no buscar razones para crear una mayor institucionalidad, más allá de que se asegure que puede costar poco –aunque las dietas sean bajas. Yo creo que existen muchas razones por las cuales a veces se considera necesario aumentar la cantidad de funcionarios, y que nuestra lógica actual debe ir en el sentido inverso, orientándose hacia un Estado más eficiente, dotando de mayores facultades a quienes ya la tienen.
La organización actual se cumple perfectamente con ese objetivo. Ministro, sí, Presidente. Quería referirme a la indicación suya con el senador Cruz Coqui. Ahora, si la podemos poner en la pantalla.
Entonces, la indicación en la lámina siguiente, que tienen los colegas en sus escritorios, plantea que en un plazo de seis meses se informen las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y del Senado sobre la evolución del costo de contratación de trabajadores dependientes. En particular, se señalan cuatro puntos:
Primero, la evolución del ingreso mínimo mensual nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo su impacto en el costo laboral para empleadores, desagregados por tamaño de empresa.
Segundo, la evolución de las condiciones obligatorias y otros componentes que inciden en el costo de contratación.
Tercero, una comparación con los costos laborales totales en países de la OCDE a paridad de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano.
Y por último, letra D, un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional.
Si vamos a la lámina subsiguiente, se presentan los datos que corresponden a las tres primeras preguntas. Primero, se muestra la evolución del ingreso mínimo nominal y real desde enero del 2022 hasta la entrada en vigencia de la ley. Se indican las cifras y las fechas en las que se ha ido reajustando el ingreso mínimo, el reajuste nominal, el IPC desde la fijación anterior y la variación real, en el gráfico del medio. Esto está puesto en índice y anclado en julio del 2024, porque esa es la fecha en que se llegó a los 500.000 pesos mensuales.
Se puede observar cómo, en un período de inflación más alta, como fue el 2022, hubo un aumento mayor del salario mínimo nominal, pero el real no creció tanto debido a la alta inflación, aunque de todas maneras siguió aumentando. También se aprecia que, después de cada actualización del salario mínimo, la inflación empieza a reducir su valor real y, al final del período, con los dos reajustes incluidos en este proyecto de ley, se alcanza un valor real equivalente a los 500.000 pesos de julio del 2024 en términos de poder adquisitivo. En balance, el aumento del ingreso mínimo nominal sería de 45,9% y el aumento real de 16,8%.
En la siguiente lámina se grafica algo similar: se muestra la evolución del salario mínimo en términos reales, cómo se mantiene en el valor de 500.000 pesos de julio del 2024 y las variaciones promedio por año del ingreso mínimo real.
Posteriormente, se presenta la evolución del porcentaje de la masa salarial que pagan las empresas a trabajadores con salario mínimo. Este porcentaje evoluciona desde cifras del orden del 7% (o 6,8%, en el caso de la cifra más baja, correspondiente a años como 2015, 2007 y 2018) y llega a 8,1% si se compara con los valores de 2022 o 2021 (antes de los incrementos del actual gobierno, pasando de 7,3% a 8,1%). Esto se ha calculado sobre la base de la información del Seguro de San Tía.
Luego, en la lámina siguiente, se presenta lo que también se pedía en la indicación: el porcentaje de la masa salarial destinado al pago de asalariados afectados por el salario mínimo para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Se observa que para todos ha habido algún incremento, siendo algo mayor para las microempresas, donde ha pasado de prácticamente 24% a 26,1%, mientras que en el caso de las empresas grandes de 3,3% a 3,5%, y es lo que explica, ¿cierto?, por qué se han establecido estos subsidios para facilitar la aplicación del...
Del mínimo en el caso de la empresa de menor tamaño. Luego, en la lámina siguiente, se plantea la segunda pregunta, que tiene que ver con las cotizaciones obligatorias. En el cuadro, en el gráfico de la derecha, se muestra el valor de dichas cotizaciones por trabajador, tomando como base el salario mínimo; estas cotizaciones incluyen salud, accidente del trabajo, separándose entre fondos de sentido solidario y cuentas individuales, el seguro de invalidez y sobrevivencia, la comisión de AFP y la cotización a la AFP. Estas cotizaciones, representadas por la línea azul, no han mostrado cambios significativos durante este periodo; los cambios más relevantes han correspondido al seguro de invalidez y sobrevivencia y a los ajustes en las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Por supuesto, mirado hacia adelante, habrá aumentos más significativos, que estarán ligados a la reforma previsional, la cual contempla una transición de entre 9 y 11 años para incorporar siete puntos adicionales de cotización.
Luego, en la lámina siguiente, se presenta lo solicitado en la letra C, que es una comparación con los costos en países de la OCDE, a diferentes niveles de poder adquisitivo, incluyendo la relación entre salario mínimo y salario mediano. En el gráfico de la izquierda se establece la relación con el salario promedio, y en el gráfico de la derecha, con el salario mediano. Se observa que, en el caso de la comparación con el salario promedio, Chile se sitúa en un punto intermedio; en la presentación de ayer se comentó que este porcentaje estaba aproximadamente en el 45%. En el gráfico de la derecha, correspondiente al salario mediano, se aprecia una proporción más alta, pero es importante recordar que en Chile la base de cálculo es la renta imponible, lo que implica que la estructura salarial se ve limitada por un tope de renta imponible, situación que no se presenta en otros países.
En la lámina siguiente se muestra, tal como se presentó ayer, una comparación del ingreso mínimo en valores absolutos, en dólares a paridad de poder de compra, con otros países de Sudamérica, tomado de un estudio de la Universidad Diego Portales. En el gráfico de la derecha se presenta lo mismo, pero expresado como porcentaje del PIB o del ingreso per cápita, lo cual es pertinente, ya que países con mayor ingreso per cápita pueden sostener ingresos mínimos en términos absolutos más elevados. Así, Chile se ubica en un punto intermedio en lugar de encabezar la tabla, apareciendo nuevamente la cifra del 46%.
Respecto a las tres primeras preguntas, se puede responder de inmediato, por lo que no es necesario incorporarlas como obligación para informar en los próximos seis meses. Sin embargo, se requiere un análisis más profundo sobre el impacto del incremento del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad y la estructura salarial en Chile. Cabe recordar que, en la presentación de ayer, se mostró evidencia internacional sobre el impacto del ingreso mínimo en el empleo, junto a algunos hallazgos de estudios realizados en Chile. No obstante, lo que plantean la Presidenta y el Senador Cruzco es la realización de un estudio ad hoc para este caso. Hablé ayer con la representante del BID en Chile, quien señaló que el BID estaría disponible para encargarse de dicho estudio, e incluso lo asignaría a la ex jefa de la división laboral del Departamento de Investigación del BID, Carmen Pallés, una de las personas con mayor expertise en temas laborales en América Latina. Por lo tanto, dispondríamos de ese canal para encargar el estudio, lo cual podemos comprometer desde ya, sin que sea estrictamente necesario que esté incorporado en la ley.
Así que queda desde ya establecido el compromiso y hemos tratado de hacer la diligencia debida para poder responder concretamente a esta propuesta. En la lámina siguiente hay un primer esbozo de términos de referencia para lo que sería ese estudio, que es lo que nos pidió el BID que se lo enviáramos lo antes posible, así que eso, en la medida en que estemos de acuerdo, lo haríamos hoy mismo. Eso sería, Presidenta, en relación a su indicación.
A ver, respecto de la indicación, Ministro, usted muestra los datos de las tres primeras consideraciones que nosotros hemos pedido; en la última hay un compromiso. Yo lo que sí estoy dispuesta a hacer es retirar las tres primeras letras, pero que votemos la última, porque lo que estamos pidiendo es un análisis de impacto de los incrementos del ingreso mínimo. Y eso ustedes lo tendrán que presentar en el plazo que se dio y, si además ya tienen las conversaciones con el BID para poder respaldar aquello, nos parece fantástico, pero queremos que quede consagrado en la aprobación de la ley. Y respecto de los otros temas que se han abordado, tengo que ofrecer la palabra a mis colegas para ver cómo los vamos a resolver en la votación de la Comisión.
Senador Coloma: Gracias, Presidente. Yo, respecto a lo que planteé, por lo menos, más allá de lo que... estuve viendo el tema del polinomio. Doy por bueno lo que me dice el ministro; tengo que creerle que es el único caso que hay, porque, si no, sería complicado. Perdón que interrumpa. Sería bueno, más allá de lo que vamos a probar ahora, que sí el Ministerio se comprometa a ratificar aquello, porque lo que dijo el ministro en sus palabras –y corríjanme si no es así– es que, hasta donde él sabe, es el único caso. Entonces, que igual nos puedan informar si no hay otro, ya para tener claridad, porque ahí se podría entender que es el único caso. Yo entiendo que se puede interpretar que la regla general es que, cada vez que haya un salario mínimo, habría que revisar el tema, a pesar de que, mirando para atrás, no ha sido siempre así. Algunas veces lo hemos revisado, otras veces sí se ha hecho y, otras veces, no se ha hecho. Pero, por lo menos, suponiendo que es lo único, lo que sí yo quiero pedir es la votación separada, o básicamente la votación del tema del observatorio.
Senador Galilea: Eso es el artículo 6. ¿Pueden ser las leyes? O el que organiza las leyes... Ahora, pero no tenemos el artículo 6. ¿Qué pasa? Si lo puede leer el ministro.
Ministro: O lo va a conseguir, respecto del vacío que se trata. Toda la razón. ¿De qué se trata? El ministro está buscando la norma, senador.
Senador: La otra cosa que quiero decir es que me imagino que uno de estos es un representante de los trabajadores. Uno de estos, y sin embargo, le estamos exigiendo a los tres. Bueno, pero son representantes de los trabajadores, porque aquí dice que son representantes de los trabajadores, pero deben tener, al menos, un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres de duración, y la mayor parte de los trabajadores no tienen ese título. No obstante, lo que yo entendí en la explicación –y me va a adelantar el ministro– es que se pretende que puedan tener sentados en ese espacio a un representante técnico, para que queden en igualdad de condiciones todos. Entonces, no es que sea un dirigente sindical, sino que sea un representante de ellos que tenga preparación técnica.
Presidenta: ¿Qué significa, entonces, que tengan que ser contratados por...?
Senador: Exactamente. Y esa es precisamente la objeción que yo estoy presentando. Toda la razón. Vamos a dar la palabra al Senador Galilea y luego al Ejecutivo.
Presidenta: Gracias. Un par de preguntas a cada uno de los ministros. Ministro del Trabajo, don Giorgio Cardón: en el artículo 12, que moderniza el sistema de relaciones laborales, se le agrega un inciso de prioridad a ciertos proyectos y programas que presenten organizaciones sindicales. Si yo me voy al texto actual, dice que los recursos del Fondo de la Seguridad de la Nación...