Gracias. Se abre la sesión. Presidenta, tenemos en la cuenta un informe elaborado por la investigadora del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Trufelo, titulado "Tres casos de políticas de cuidados: normativa, grupos beneficiarios y beneficios asociados en Canadá, Países Bajos y Uruguay". Asimismo, se recibió esta mañana una minuta acerca de las preocupaciones de la Fundación Ronda en relación al proyecto de ley que está en tabla el día de hoy.
Contamos con solicitudes de audiencia provenientes del Centro UC de la Familia, del Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y de la comunidad de organizaciones solidarias. La vez pasada quedamos de acuerdo en que no íbamos a recibir más solicitudes de audiencia para poder votar en general hoy, ya que tenemos cuatro exposiciones y, después de ello, íbamos a votar. No sé si respetamos lo que dijimos o abrimos la sesión para que estas tres agrupaciones expongan, lo que implicaría trasladar la exposición a la próxima semana; pero, en este caso, tendríamos que votar hoy, sí o sí, para evitar postergar la votación al próximo martes.
Sí, por favor. Yo creo que es súper relevante tener espacio para escuchar a todas las organizaciones. Si bien quizá algunos puedan remitir una nota o información por escrito para quienes quedan pendientes, debemos mantener el compromiso y votar el proyecto hoy en general, tal como se acordó la semana pasada.
Por lo tanto, pedimos que nos envíen la exposición y la minuta, y votamos hoy en general, tal como habíamos dicho.
¿Puedo pasar entonces a los…?
Prevenir, a través de la capacitación, a los funcionarios del trabajo con la comunidad, porque muchas veces la comunidad involucrada también ayuda a defender al personal.
Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Saludo también a los senadores, tan importantes como hicieron de Familia, Infancia y Adolescencia, y, por supuesto, se lo hago en esta tarde. Agradezco la presencia de la ministra y del equipo que la acompaña, así como de los compañeros de Alondra y de la Coordinadora de nuestra región de la Internacional, de la Asociación de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo de la Familia. En este contexto, nuestro compañero Presidente, hace un par de semanas, expuso desde la perspectiva de los trabajadores que ejecutan la política pública en dicho Ministerio la importancia de esta ley.
Primero, resalta la necesidad de que las cuidadoras en nuestro país, fundamentalmente en el ámbito de la contratación, cuenten con el reconocimiento y avance que implica este proceso. Considero, además, que, desde el ejercicio del Estado, esta función pública es una oportunidad para avanzar y que, en este periodo de gobierno, la ley pueda ver la luz gracias a los aportes de las propias cuidadoras, organizadas en agrupaciones territoriales importantes, y a todos los aportes que enriquecen este ámbito democrático en esta Comisión. Así se atenderá, de manera fundamental, aquello que durante muchos años se ha invisibilizado: el cuidado, especialmente el realizado mayoritariamente por las mujeres, como lo demuestran los datos.
El sistema de Nación Unida ha declarado las 5R; ya es conocimiento público. Sin embargo, desde la ejecución de la política pública, quisiera reforzar lo expuesto por nuestro compañero Lester Campo en la intervención anterior. Sin un presupuesto adecuado, la política queda limitada. Esa ley, que se percibe como una expectativa positiva, robusta y maciza, en la práctica se traduce en que hoy se asignan únicamente 12 personas, según lo que establece el informe financiero.
Este asunto es fundamental en el debate sobre la relación de contraparte con el gobierno y la falta de financiamiento para ejecutar una política pública de calidad. No lo expresamos desde un punto de vista negativo, sino como una oportunidad para que se considere la voz de las y los trabajadores, quienes pueden contribuir a profundizar en este nivel de madurez que se requiere para atender a las cuidadoras y cuidadores de nuestro país.
Llama la atención, desde el punto de vista administrativo, que la dependencia de la Secretaría de Evaluación Social se relacione con la Secretaría de Apoyo y Cuidado, ya que ambos servicios, aunque vinculados, son distintos. Asimismo, la Secretaría de Servicios Sociales, representada en el territorio por su CRM, y el Comité Regional de Apoyo y Cuidado deben articularse en aras de responder a las expectativas de toda la ciudadanía.
Además, es preciso señalar que, en la precisión de la votación, si no contamos con la dotación suficiente, la ejecución de la política pública queda limitada. Se trata de una ley que vamos a saludar y festejar, sobre todo en nombre de los cuidadores y cuidadoras de nuestro país, pero cuya implementación se ve afectada por la escasez de recursos. Tenemos, por ejemplo, la experiencia empírica en la atención a la niñez, donde la falta de dotación de profesionales en el Estado ha evidenciado que, aunque se contemple la posibilidad de reconversión, existe una sobrecarga que impide ejecutar una política pública realmente efectiva.
En definitiva, esta ley tan potente se reduce en la práctica a la incorporación de apenas 12 profesionales. El diagnóstico está claro: para avanzar en este nivel de madurez y contar con presencia territorial, sería ideal disponer, por ejemplo, de tres profesionales en cada territorio a nivel regional. Aunque las prioridades sean otras, es fundamental integrar el aporte de las y los trabajadores organizados, como los de la SUFUME, para enriquecer este debate en el Senado y, en particular, en esta comisión.
Concluyo enfatizando que no se trata de una defensa corporativa, sino de ponernos a disposición del proceso democrático parlamentario. Diversas organizaciones y representantes, incluida la intervención de la Ministra y la Subsecretaria, han manifestado que, si todos nos ponemos a trabajar en cada uno de los espacios disponibles, se podrá transformar esta ley en una herramienta efectiva. Sin embargo, es crucial que la bajada de la ley contemple la asignación de los recursos materiales, logísticos y de personal profesional necesarios para evitar que, como ocurre en la Secretaría de la Niñez, los equipos se vean colapsados y se incremente el desgaste. Tenemos, en efecto, la oportunidad de anticiparnos a estos desafíos antes de que la ley surja a la luz pública.
En medio, ratificamos nuestra línea de trabajo sindical histórica con la participación del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de manera colaborativa, pero hoy día estamos tratando incluso el exploratorio 2026, en el cual el gobierno va a entregar este proceso al próximo gobierno. Tenemos también la oportunidad de que esa votación no es caprichosa, no es visceral, no es subjetiva; es concreta, para que efectivamente esa ley sea contundente y tenga viabilidad de aplicación, sin que administremos – con todo respeto, Presidenta – lo que observamos en algunos servicios. Cuando se crean los servicios, el texto es muy contundente, pero quien ejecuta la política pública enfrenta una limitación constante por la falta de recursos, lo cual, con mayor razón, demanda el control social: ¿qué sucede con la presencia en las comunas, en las provincias, en las regiones, etcétera?
Entonces, Presidenta, desde la ANEF queremos agradecer el espacio. Mi intervención va en la línea y suscribimos la presentación que hizo nuestro compañero presidente Asofume y Esther Campos, como ya lo mencioné en dos oportunidades. No podemos dejar de destacar la importancia de esta ley y de nuestra propia organización sindical internacional, en la que también militamos junto a muchas organizaciones sindicales. Contamos con liderezas que han tenido una voz importante y formamos parte de esas luchas históricas de las cuidadoras, y en algunos casos, de relevar y ponernos a disposición y a respetar ese trabajo. No deseamos un protagonismo distinto ni paralelo, solo confirmar que estamos a disposición, pero con alertas: antes de que la ley tenga conocimiento público y se promulgue, tenemos la oportunidad de hacer esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista financiero. Insisto, no se trata de recursos corporativos, sino de recursos a disposición para la buena ejecución de la política pública, que sigue siendo y será lo que entendemos como la función pública de garante estratégico y parte del rol del Estado para atender mejor a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo.
Reitero el agradecimiento de nuestra Confederación, Presidenta. Es un privilegio saludarla y la oportunidad de reforzar el planteamiento desde las y los trabajadores del propio Ministerio de Desarrollo y Salud de la Familia, quienes están permanentemente disponibles, aunque inquietos, para que esa mirada técnica y profesional sea un aporte concreto y no marginal en la tarea de lograr que esta ley sea la mejor ley del Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país. Los cuidadores y cuidadoras, que conocen desde hace muchos años su invisibilidad en un contexto en el que, muchas veces, se cuestiona incluso frente a recursos hoy escasos en el Estado, son parte fundamental de este desafío. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo será el momento para atender a esas cuidadoras, sobre todo a las mujeres que siguen siendo postergadas en ese derecho fundamental de reconocer también su esencial labor, en ámbitos de dependencia infantil, adultos mayores y personas con capacidades diferentes?
Muchas gracias, Presidenta, y gracias por su intermedio durante esta comisión, así como a las compañeras y compañeros que han tenido la gentileza de escuchar. Quedo disponible, por supuesto, para responder cualquier consulta. Asimismo, creemos que dentro de la ANEF existen cuidadores y, sobre todo, cuidadoras que realizan el mismo trabajo simultáneamente. Muchas gracias por su exposición. ¿Algún senador que quiera formular alguna pregunta? No. Muchas gracias.
Coordinadora Internacional de Servicios Públicos en Chile: Adelante, por favor.
(Siete minutos después)
Presidenta, tenía una presentación que había mandado para ordenar la intervención. Agradezco a quienes hoy están y son parte de la sala. Saludo al presidente José Pérez y a las organizaciones que hoy forman parte de esta sesión.
Permítanme presentarme: somos una federación sindical mundial con 115 años de vida; nacimos en el año 1907, y agrupamos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público en 163 países. En Chile, nuestras organizaciones afiliadas representan a funcionarios y funcionarias que sostienen a diario el sistema de salud, la educación, la infancia, la seguridad social, la justicia y los cuidados en sus múltiples formas, siendo fundamentales en este entramado.
Y ustedes ya lo saben, porque ha sido parte de la discusión. El escenario internacional, marcado por el COVID, puso en evidencia irrefutable las condiciones desiguales y las dimensiones interseccionales en las que las mujeres constituyen y desarrollan los cuidados. Además, puso de manifiesto las fallas sistémicas del enfoque lucrativo del cuidado social. Cuando hablamos de cuidado social, nos referimos particularmente al cuidado de la primera infancia, al cuidado de adultos y al de las personas con discapacidad.
Siguiente.
La pandemia también puso de manifiesto la crisis de los cuidados no remunerados: con las escuelas cerradas, las familias enfermas y los ancianos que necesitaban apoyo, la carga de trabajo de cuidado no remunerado se intensificó y, en gran medida, tuvo que ser asumida por las mujeres.
Siguiente.
Y lo que la pandemia nos dejó fue concluir que, sin servicios públicos que transformen las relaciones desiguales de género, las mujeres se enfrentaron a impactos desproporcionados, tales como una mayor exposición a la violencia, al acoso y una mayor probabilidad de pérdida de empleo.
Siguiente.
Específicamente, respecto al proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, nuestras indicaciones son las siguientes. Primero, reconocemos que el proyecto significa un avance sustantivo hacia la sociedad del cuidado. Este proyecto de ley constituye, sin lugar a dudas, un hito en el proceso de reconstrucción de un nuevo pacto social en Chile. Reconoce el cuidado como un derecho humano, entendiendo que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado tiene el deber de garantizarlo de forma progresiva, universal y con perspectiva de género.
Siguiente.
Esta iniciativa legislativa responde a compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Convenio 156 y 189 de la OIT, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, más recientemente, en el año 2022, los Compromisos de Buenos Aires, que llaman en definitiva a transformar la injusticia de la organización social del cuidado, históricamente recaída en las mujeres y, especialmente, en las más pobres, y en algunos países también en la mano racializada.
Siguiente.
Datos que evidencian la urgencia de este proyecto: en Chile, nueve de cada diez personas cuidadoras no remuneradas son mujeres, quienes destinan más del triple del tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Según la última Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, el 21% de las mujeres fuera del mercado laboral declaró que su razón principal era el trabajo de cuidado. Más del 77% de las personas en situación de dependencia en Chile no acceden a apoyos formales, y el cuidado recae enteramente en las familias, muchas veces sin redes, sin recursos y sin respiro. Este proyecto no solo visibiliza y valora el trabajo invisible, sino que también sienta las bases de un sistema que distribuye responsabilidades, reconoce derechos, garantiza la oferta pública y promueve condiciones de vida dignas.
Siguiente.
Datos que evidencian también la urgencia de este proyecto, y entre sus elementos innovadores rescatamos al menos cuatro: primero, la creación de una arquitectura institucional descentralizada y participativa, con consejos de la sociedad civil a nivel nacional y regional, consignados en los artículos 10 y 14. También valoramos el reconocimiento expreso del trabajo de cuidado no remunerado como función social, estableciendo derechos para quienes lo ejercen, contenido en los artículos 3 y 9. Se destaca el principio de corresponsabilidad social y de género, fundamental para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contenido en el artículo 5; y, por último, el mandato al Estado de garantizar el acceso a apoyos y cuidados como parte de la protección social.
Siguiente.
Algunas observaciones críticas y propuestas de mejora a este proyecto. Desde la Internacional de Servicios Públicos proponemos fortalecer el proyecto en dos aspectos centrales. Primero, limitar la participación del mercado y blindar el carácter público del sistema, ya que nos preocupa que el texto, en su artículo 7 literal E, fomente explícitamente la inversión privada sin establecer mecanismos claros de regulación ni garantías contra la mercantilización.
La utilización, la experiencia internacional es clara: donde el cuidado se privatiza, este se deteriora, se deteriora la calidad, se precariza el empleo y se excluye a quienes no pueden pagar. Proponemos establecer una cláusula expresa que proteja al sistema frente a la financiarización, a la comercialización y que defina que, cuando exista provisión privada, esta se someterá a regulaciones estrictas, bajo principios de derecho humano y siempre garantizadas por el Estado.
Y lo segundo es clarificar la participación de las trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. El sistema debe garantizar condiciones laborales dignas en la lógica del trabajo decente que promueve la OIT, con formación certificada y participación efectiva en la gobernanza. Por ello, proponemos reforzar los mecanismos de diálogo social y de representación sindical, especialmente en el Consejo de la Sociedad Civil, donde no está explícitamente contenida la participación sindical. Esas son nuestras dos observaciones al proyecto. Siguiente.
Pensamos que este proyecto es una oportunidad histórica y, en eso, queremos ser claras desde la Internacional de Servicios Públicos. El cuidado no es una política sectorial, sino una mirada sobre el Estado y el desarrollo. Una sociedad que cuida es una sociedad que reconoce la interdependencia humana, que democratiza el bienestar y que afirma la dignidad por sobre el lucro. Este proyecto puede marcar un antes y un después, siempre que logremos proteger su espíritu transformador, avanzar en mejoras sustantivas y resistir a los embates ideológicos que buscan vaciarlo de contenido social. Finalmente, desde la Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas en Chile, les instamos a aprobar este proyecto de ley con las mejoras necesarias, pero sin diluir su corazón: el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y del Estado como su garante. Muchas gracias.
Instituto de Libertad y Desarrollo. Es su turno, por favor.
—Hola, Presidenta. Adela. Buenos días, Trinidad, por acá. Antes de partir mi presentación, quería saber si el que me acompaña podría sentarse con nosotros en la mesa, ya que también va a exponer un punto de nuestra presentación. Muchas gracias.
—Muchas gracias. No hay ningún problema.
Recording in progress. Los minutos son para los dos, ¿ya?
—Perfecto. Muchas gracias.
—Gracias, Presidenta. Saludo también a los senadores y senadoras que nos acompañan, al Ejecutivo y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Soy Trinidad Estraín y, junto con Juan Ignacio, venimos a exponer de parte de Libertad y Desarrollo. Siguiente, por favor.
Tenemos un problema grave en Chile. Sabemos que enfrentamos un cambio demográfico: nuestra población envejece, la natalidad disminuye y la expectativa de vida aumenta. Lo anterior se traduce claramente en una presión respecto a cómo hacerse cargo de las personas que pierden su autonomía, ya sea de manera abrupta o progresiva. Es claro que necesitamos una respuesta institucional que sea seria, bien diseñada y, al mismo tiempo, sostenible en el tiempo. Este proyecto de ley busca dar esa respuesta, pero se presentan ciertas dificultades y debilidades desde el punto de vista técnico e institucional. La estructura planteada no solo parece poco efectiva, sino que, además, podría generar dificultades adicionales en su implementación.
Si miramos la historia de nuestras políticas públicas, muchas han sido exitosas precisamente porque se ha fomentado una lógica de colaboración entre el Estado y el sector privado. Esto no significa reducir el rol del Estado, sino enfocarlo mejor. Si entendemos que su objetivo es estar al servicio de las personas, entonces debe buscarse la forma de maximizar el bienestar social con los recursos que tenemos disponibles, recursos que todos sabemos que son escasos. Y en esta lógica, el proyecto nos presenta las siguientes inquietudes. Siguiente, por favor.
En primer lugar, observamos una falta de diagnóstico y un diseño institucional sobredimensionado. Se realizan observaciones al diseño financiero del proyecto, se menciona la exclusión de las personas que requieren cuidados y que se encuentran en instituciones con fines de lucro, junto con otras observaciones que se agruparán en un cuarto punto que expondremos más adelante. Siguiente, por favor.
Respecto al diagnóstico, una de las principales debilidades del proyecto es que no identifica con precisión un problema de política pública concreto. ¿Dónde están las principales brechas y, por tanto, las oportunidades de mejora? ¿Qué es lo que falla actualmente y, en consecuencia, qué debemos mejorar? ¿Necesitamos más recursos enfocados en la estructura administrativa o requerimos mayor cobertura?
Si bien el proyecto entrega algunas señales, como la necesidad de interconectar mejor la oferta, evitar las duplicidades en el Estado o mejorar la coordinación con el sector privado, todo esto apunta más bien a mejoras en la gestión, lo que está muy bien, pero no aborda un problema de política pública. Sin un diagnóstico sólido y un panorama general, es muy difícil que las soluciones propuestas tengan un impacto real. Siguiente, por favor.
En cuanto al diseño institucional, el proyecto plantea la creación de una superestructura con un entramado de nuevos órganos nacionales y regionales, muchos de ellos en forma de consejos cuya resolutividad resulta cuestionable. Lo anterior implica un costo de oportunidad importante, tanto en tiempo como en recursos, que se destinarán a esta superestructura. Además, el uso del registro social de hogares como herramienta de referencia puede sobredimensionar la cobertura necesaria por el fraccionamiento que se presenta en los hogares. Por último, el proyecto aspira a una cobertura universal, algo que no se ajusta al contexto fiscal que estamos viviendo. En virtud de lo anterior, el proyecto debiese (o tendiese) introducir criterios de focalización para asegurar que los recursos lleguen en realidad a las personas que más lo necesitan. Siguiente, por favor.
El artículo 21 del proyecto establece que solo las instituciones privadas sin fines de lucro y las públicas podrán celebrar convenios con los gobiernos regionales. Esto no solo excluye a los prestadores privados con fines de lucro, sino que también, en la práctica, excluye a sus beneficiarios, que son personas que requieren cuidados tanto como cualquier otra. De lo anterior se deduce una incongruencia con el mensaje, en el que se plantea que el cuidado es un derecho humano. Si eso es así, la prioridad debería estar en asegurar el acceso efectivo al servicio, más que en restringir quién lo entrega. Lo importante es que los gobiernos regionales puedan aplicar criterios claros de necesidad, establecer restricciones adecuadas para el uso de recursos y asegurar una eficiencia en la asignación. Por su intermedio, Presidenta, y con su autorización, continúa Juan Ignacio.
Muchas gracias, Presidenta. La siguiente lámina, por favor.
Bueno, en algunas observaciones de orden quizá más técnico-legislativo, quisiéramos hacer presente que el proyecto contempla 13 principios para interpretar y aplicar la ley en el artículo 5. Esto resulta complejo, porque, en general, los principios están redactados de una manera vaga y no se entiende exactamente cuál es el mandato concreto para las autoridades administrativas encargadas de aplicar, desarrollar y ejecutar la política. Particularmente, hay dos aspectos a relevar en la construcción de estos principios. La primera es que, en términos prácticos, limitan la posibilidad de futuros gobiernos de dar enfoques distintos a los programas, ya que establecerán restricciones legales o interpretaciones relativamente ambiguas. Y lo segundo es que de la aplicación de algunos de esos principios podrían derivarse situaciones que resulten arbitrarias e injustas, en particular, aquellos referentes a la interculturalidad o la interseccionalidad, que están redactados en términos de que solo se deben considerar elementos como la pertenencia cultural o las identidades, sin entrar en mayores detalles. Esto abre la posibilidad de discutir si, en un caso en que dos personas se encuentren en situaciones equivalentes, desde el punto de vista de los cuidados que requieren, puedan llegar a recibir tratos disímiles únicamente por consideraciones culturales o de identidad. Y eso eventualmente podría representar un problema de constitucionalidad respecto al artículo 19, número 2, de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley.
Asimismo, hay un problema con el enfoque del proyecto respecto de la infancia, ya que se la considera un sujeto de cuidado, pero creemos que esto desconoce la naturaleza de la infancia como un estado de desarrollo progresivo, más que como un problema de autonomía, tal como lo plantea el proyecto. Creemos que esto debería recibir una segunda mirada en el proyecto de ley.
Finalmente, en términos prácticos, el proyecto hace mucho énfasis en el rol del Estado, subrayando lo que este debe hacer, pero en general se echa en falta la articulación efectiva entre familia, sociedad civil y Estado. Esto es también llamativo, especialmente cuando en sus fundamentos se recuerda correctamente la cita a Razavi en el famoso diamante de los cuidados. Así, creemos que hay un punto que sus señorías deberían mirar con atención: cómo se articula familia, sociedad civil y Estado.
Para concluir, Presidenta, si podemos tratar la última lámina, simplemente para resumir lo que hemos señalado hoy, es importante articular familia, sociedad civil y Estado.
Independientemente de si tiene o no fin de lucro, porque finalmente son personas que también tienen derecho a los cuidados y que, por cierto, participan del sistema. Uno debería quizá tener resguardos y restricciones en el uso de los recursos que se transfieren a instituciones con fines de lucro, como se ha hecho en otras políticas que han tenido restricciones similares, por ejemplo, en materia de recursos educacionales. Probablemente uno debería enfocarse en esas restricciones.
Lo segundo es que no está claro el rol de la ley, es decir, cómo abordar el problema de política pública que tiene que ver con la creciente longevidad de la población, la baja en la natalidad y el cuidado de las personas. Probablemente hay muchas de estas materias que son exclusivamente reglamentarias o de orden administrativo, pero es importante tener claridad sobre cuál es el objetivo que se busca, más allá de simplemente crear un sistema administrativo de coordinación de programas públicos.
Para ir terminando, recordar lo que señalábamos de los principios. En general, son normas que no contienen mandatos claros y es importante que una ley los contenga para evitar situaciones que pueden derivar en discriminaciones, restricciones de facultades u otras que generalmente terminan minando la legitimidad de estos sistemas. Finalmente, recordar, Presidenta, el estado actual de la hacienda pública. Es importante redoblar los esfuerzos para poder tener una gestión lo más eficiente posible de los recursos públicos y, en ese sentido, la claridad en el diseño de la política pública es fundamental para lograr una optimización de los recursos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición.
Ahora, Asociación Yo Cuido Chile.
Muy bien, aquí Asociación Yo Cuido.
Buenos días, mi nombre es Victoria Abrellana, somos Asociación Yo Cuido, una organización social que, desde 2018, agrupa a cientos de personas cuidadoras no remuneradas en diferentes regiones del país. Estamos aquí porque conocemos en primera persona el costo humano detrás de las cifras. Según el Ministerio de Desarrollo Social, cerca del 85% de quienes cuidamos somos mujeres, que dejamos de lado nuestros trabajos, nuestros estudios y nuestra salud para sostener a quienes amamos. Pero también estamos aquí porque celebramos que se esté discutiendo esta ley, por fin la Ley Chile Cuida, que nos nombra y que nos considera.
Nuestro recorrido como organización ha sido largo, desde impulsar modificaciones a la Ley 20.422, que por primera vez reconoce la figura de la persona cuidadora, hasta la Ley 21.380, que también buscamos modificar, buscando garantizar atención preferente en salud a las personas cuidadoras. Cuando las puertas nacionales también se cerraron, llevamos nuestra lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una presentación ante esta Corte para la opinión consultiva 3124, que hoy es referencia continental. Porque el cuidado no es caridad, es un derecho humano.
Queremos ser absolutamente claras como organización que ha acompañado este proyecto desde sus primeras discusiones en mesas técnicas ministeriales, desde hace varios gobiernos atrás, en los diálogos ciudadanos. En Hablemos de Cuidado damos nuestro total respaldo a esta ley, celebramos su espíritu transformador y su potencial para cambiar la vida de cientos de miles de personas cuidadoras en Chile. Pero hoy no venimos a aplaudir, venimos a exigir también coherencia. Esta ley será un avance real solo si mantiene intactos sus pilares fundamentales y corrige sus omisiones.
Por eso, hoy les queremos presentar algunos artículos que nos parecen intocables y algunas propuestas urgentes de derechos que, a nuestro parecer, han quedado afuera. La siguiente, por favor.
En el artículo 15 destacamos el siguiente párrafo: "Para ello, esta política fomentará una nueva forma de organización, de organizar socialmente el trabajo de cuidado en condiciones de igualdad, dignidad, corresponsabilidad social y de género, sin discriminación arbitraria y con respeto a los derechos humanos".
Este párrafo del artículo 15 no es una frase bonita. Cuando se habla de corresponsabilidad social y de género, se reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una mochila invisible que cargan solo las mujeres. Creemos que este párrafo debe quedar blindado, porque es el espíritu de esta ley. Exigimos que este artículo no se modifique ni se debilite, ya que es el corazón de la ley y es la demanda que, desde hace años, muchas organizaciones y la sociedad civil venimos haciendo. Además, es totalmente coherente con la opinión consultiva 3124 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como con los tratados internacionales que Chile ha firmado.
Siguiente, por favor.
En el artículo veintiuno creemos que debe mantenerse sin cambio el tema que habla de las instituciones sin fines de lucro. Hemos visto cómo, en pensiones y educación, el lucro ha dejado a miles en el abandono y la miseria. No permitiremos que esta ley se convierta en un nuevo negocio. Como personas cuidadoras, que hemos sostenido con nuestra propia vida la falla del Estado al abandonar a nuestras personas de cuidado, no podemos permitir bajo ningún punto de vista que un porcentaje no menor del presupuesto de esta ley termine enriqueciendo a empresas en vez de destinarse a quienes realmente lo merecen.
Siguiente, por favor.
Hay varios artículos donde se mencionan los roles de los ministerios que, si nos vamos a cada uno, es muy extenso, pero quisimos tomar en particular el Ministerio del Trabajo, porque ataca un dolor importante para quienes realizamos labores de cuidado en forma permanente. Para cada ministerio podríamos hacer recomendaciones, pero nos vamos a enfocar en este. Nos parece de total relevancia que se creen mecanismos que permitan a las personas cuidadoras incorporarse al mercado laboral conciliando su labor de cuidado, recibiendo apoyo, por cierto, del Estado para poder cuidar y, ya que como todas las personas queremos aportar al país, crecer y desarrollarnos. Estimamos que se pueden garantizar cupos laborales, cuotas de cuidadoras en las empresas, similares a las cuotas de discapacidad; horarios flexibles, teletrabajo en general, y garantizar espacio tanto en el mercado laboral formal como en la prestación de servicios freelance o en el emprendimiento para cuidadoras.
Siguiente, por favor.
Y finalmente nos quisiéramos referir a una gran omisión que tiene esta ley, que es el derecho a no cuidar. ¿Por qué es urgente? Quisiéramos compartir algunas realidades que hemos visto entre las socias de nuestra organización. Hay mujeres que han sido agredidas sexualmente por sus padres en su infancia y adolescencia y, al llegar la vejez de ellos, les toca hacerse cargo de cuidarlos, siendo obligadas a limpiar, mudar y dar de comer a sus agresores cuando estos envejecen. Hay esposas y familias que han sido abandonadas por sus maridos, quienes años después vuelven cuando están enfermos, viejos y requieren cuidado, y esas esposas deben hacerse cargo del marido que las ha abandonado. Son situaciones de profunda violencia que nos toca vivir y no existe la posibilidad de decir: "no, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo". También hemos visto la necesidad de poder tomar relevos del cuidado. Tenemos socias de nuestra organización que, habiendo debido cursar enfermedades tan graves como un cáncer, se ven obligadas a ir a su quimioterapia, volver a la casa y seguir cuidando, como si nada hubiese pasado, sin ningún derecho a tomar un descanso, a reponerse o a recuperarse. Entonces, creemos que estos abandonos también constituyen un tipo de violencia institucionalizada. La ley debe permitirnos decir: "hasta aquí llegamos" o "hasta aquí nomás", sin culpa.
Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias.
Fundación Cuidadores de la Familia.
Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Agradecemos la invitación y para nosotros siempre es un privilegio estar en esta instancia donde podemos compartir nuestras experiencias, ya que nuestra fundación ha sido levantada por mujeres que han cuidado. Todo lo que se está legislando en este minuto es lo que vivimos realmente. Nuestra visión es visibilizar el derecho al cuidado con participación activa ciudadana. Nuestra fundación la componen mujeres que cuidan, a pesar de tener la salud deteriorada y enfrentar un sinnúmero de situaciones a cuestas.
Durante nuestro trabajo hemos participado técnicamente en diferentes mesas de trabajo e incidido en políticas públicas tanto nacionales como internacionales. Estamos colaborando con México en su Sistema Nacional de Cuidado y también hacemos innovación social, porque desde los territorios vivimos el cuidado y, en base a eso, generamos cambios. Actualmente trabajamos en distintas mesas técnicas, en caminatas realizadas en la antesala de proyectos de ley, como el del Alzheimer y otras demencias, y en seminarios en conjunto que se han ido sumando a lo largo de los años 2018 y 2019. La pregunta interesante que se plantearía es: ¿qué podemos hacer al respecto?
El desafío individual de Paola Reyes, que cuida a mi mamá que tiene demencia, es una necesidad social. Creo que eso nos convoca hoy día y que no es un tema que se centre únicamente en Chile, sino en América Latina, el Caribe, la ONU y la CEPAD. Todos hablan de la crisis de los cuidados. Además, nuestro país ha levantado diferentes estadísticas que avalan lo que se está desarrollando actualmente, al igual que las convenciones internacionales que se suscitán.
Como se mencionó anteriormente, los movimientos de mujeres que cuidan han elaborado proyectos de ley, como la 21.380, que se mencionó en el Día de la Persona Cuidadora, y la 21.390, celebrado el 5 de noviembre para quienes no lo saben. Asimismo, tenemos pendiente un proyecto de ley que se encuentra en el Senado, en la Comisión de Personas Mayores, y sería muy interesante, señora Presidenta, que lo pudiéramos ver, ya que está allí instalado.
También hemos participado y realizado un seguimiento de toda la política nacional de cuidado. Les traje a la mano un organigrama o secuencia de lo que ha ido pasando, que nos ayuda a llegar al sistema donde la gobernanza se articula en diferentes niveles. Creo que para desarrollar cualquier proyecto de ley se necesitan las bases sobre las que se realizó la consulta. Hablemos de cuidado, partiendo del artículo único, donde nos parece relevante el reconocimiento de derechos como el cuidar y el ser cuidado.
En el artículo 2 se distinguen las cuidadoras familiares de las remuneradas, dado que tienen roles diferenciados y un impacto en la vida absolutamente distinto. Esto llevó a la concreción del Sistema Nacional de Cuidados, con estadísticas claras que muestran que más de 160.000 personas están inscritas en el registro.
En el artículo 3, donde se reconoce el cuidado no remunerado, es muy importante lo que hizo el Banco Central a través de su gerencia estadística, que cifra este cuidado en el 25% del PIB ampliado. Esto es relevante porque cuantifica la labor de quienes cuidan, junto con caracterizaciones relativas a quiénes cuidan, cómo somos y qué edades tenemos.
En el artículo quinto, que trata de los principios, la implementación y la supervisión, se destaca que el seguimiento del proyecto de ley debe articular las actividades. Asimismo, en la letra A se menciona de manera explícita que el reconocimiento de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo que es importante porque no se excluye la familia, sino que se potencia mediante mayores herramientas del Estado.
En el artículo 7, los objetivos del Sistema Nacional de Cuidados incluyen planificar y coordinar la oferta. La coordinación de estos actores es trascendental, ya que se busca una articulación progresiva y sustantiva a lo largo del tiempo. Además, en cuanto a los derechos de las personas cuidadoras, se ha señalado históricamente la ausencia de políticas públicas adaptadas para quienes cuidamos; por ello, sería muy interesante evaluar esta situación en los centros de cuidado que se están formando en diversos lugares del país.
En el artículo 11 se habla de la Secretaría de Apoyos y Cuidados y de la institucionalización de este organismo. Sin embargo, hemos observado que todos los servicios se integran en la Secretaría de Servicios Sociales, lo cual plantea la pregunta de por qué el nuevo organismo estaría en evaluación social.
Los artículos 12, 13 y 14 tratan sobre los nuevos comités y la institucionalización que se está dando. Se considera trascendental la creación de estos nuevos organismos, pero también es fundamental que los nuevos funcionarios cuenten con competencias y experiencia para liderar estos espacios con las observaciones que correspondan a su cargo.
Por último, en el artículo 15, de la Política Nacional de Apoyo, se establece una diferencia con lo planteado en el artículo 16, que aborda el Plan Nacional de Cuidados. Es necesario definir cómo interactuarán estas dos miradas y enfocar las acciones y programas en las personas cuidadoras, ya que este aspecto aún presenta una debilidad.