Cámara de Diputados - Hacienda - 19 de mayo de 2025

Aprobada por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número 204 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta y aprovecho el envío de la diputada Navillán para que… Gracias, gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, comunicando que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de remitir a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regeneración, el proyecto de ley que ordena la destrucción de mercadería que indica, proveniente del comercio ilegal correspondiente al Boletín 16.806-25, actualmente radicado en esta comisión. Asimismo, se recibió un oficio del Secretario General, en el que se comunicó que el Diputado Cristian Araya acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el ejercicio ilegal del oficio de acomodador o cuidador de vehículos. Posteriormente, se presentó un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, comunicando a la Comisión de Seguridad Ciudadana que la Sala acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica la Ley 21.426 para autorizar el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución del comercio ilegal. En los mismos términos, se recibió otro oficio del Secretario General, comunicando a esta comisión que la sala accedió a la solicitud de remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley que modifica la Ley 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos, el comercio ilegal y otros delitos, correspondiente al Boletín 16.808. Se presentó, además, el Oficio 17.1743 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual se excusa la participación en la sesión de hoy por encontrarse fuera del país, participando en la reunión ministerial de la OCDE denominada Fortalecimiento de la Política Regional para el Lugar Resiliente. Perdón, Presidenta. Sí. Resilientes. También se recibió un Oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual se detalla información relativa a la Glosa 16, correspondiente al primer semestre del año 2025, según lo establecido en la Ley de Presupuestos 2025. A continuación, se adjuntó una Nota de la Casa Moneda de Chile, mediante la cual se invita a la Presidenta de la Comisión a realizar una visita protocolar a dicha institución. De igual forma, se recibió una Nota de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile (Agorechi), excusando la participación de su Presidente, Gobernador de la Región de O'Higgins, señor Pablo Silva Amaya, en la que, en su representación, participará vía remota el director ejecutivo, señor Ricardo Godoy Soto. Finalmente, se recibió un correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional, mediante el cual se excusa su participación por tope de agenda. Me señala Claudia que usted se comunicó con el Fiscal Nacional y participará en esta sesión, Tania. Sí, por eso no está en su minuta, Tania, pero entiendo que usted sabe los detalles. Esa es toda la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario.

¿Palabra sobre la cuenta? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. A ver, esta sesión tiene por objeto, en primer término, de 3 a 3 y media –vamos a probablemente extenderlo un poquito más, porque estamos un poco atrasados– dar inicio al estudio en general del proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Este proyecto, originado en moción de las diputadas y diputados señores Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalía, Henry Leal, Daniel Lilayú, Marlén Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay, se analiza en nuestra comisión. Para este efecto se encuentra el miembro de esta comisión y autor del proyecto, el señor Henry Leal, a quien ofrezco la palabra para que se refiera a este proyecto. Don Henry: Presidenta, este es un proyecto muy simple, pero de aplicación práctica, y espero que tenga acogida en esta comisión. Mire, tiene que ver, simplemente, con que podamos, a través de la norma jurídica, facultar a los alcaldes o a los sostenedores de colegios particulares o particulares subvencionados para que puedan instalar, al ingreso de los colegios, pórticos detectores de metal que prevengan el ingreso de armas de fuego o armas blancas, previo acuerdo y protocolo con la comunidad educativa, profesores, alumnos, etc. Tiene una aplicación práctica. En la comuna de Temuco, el alcalde implementó esta medida. Previo acuerdo con los apoderados, realizó una votación –con un 90 % de apoyo– y puso el pórtico para evitar el ingreso de armas de fuego, ya que se detectó que estaban ingresando armas de fuego y armas blancas a los colegios. Posteriormente, la Superintendencia de Educación amenazó con sancionar al alcalde por no contar con las facultades correspondientes para hacerlo. Sin embargo, el alcalde actuó conforme a lo que le pedían los apoderados, resguardando así la vida e integridad de los alumnos, profesores y de la comunidad educativa. Este proyecto no afecta derechos fundamentales, puesto que se reglamentará mediante un protocolo que se construirá en conjunto con la comunidad educativa, los padres y los representantes legales de los niños. Además, en la región de Valparaíso existe un caso similar que llegó a la Corte de Apelaciones; la Superintendencia cuestionó la medida, pero al interponerse un recurso de reclamación, la Corte dejó sin efecto la multa impuesta al alcalde. Con ello, queremos solucionar la situación por ley. Asimismo, se podría aplicar una medida similar en centros de salud o consultorios, dado que han habido casos de ingreso de personas armadas. El objetivo es evitar que un niño, portando un arma de fuego en su mochila, ingrese a un colegio, ya que todo estará reglamentado en un protocolo previamente acordado con la comunidad educativa, evitando así una potencial masacre en el interior de un establecimiento escolar. Invito, además, al alcalde de Temuco a exponer más detalles sobre este proyecto de ley, pues él conoce ampliamente lo planteado. Gracias, Presidenta. Diputado Leiva: Muchísimas gracias, Presidenta. Yo creo que es bueno que discutamos esta materia. Es oportuno abrir una discusión en torno al proyecto de ley que, por su intermedio, presenta el diputado Leal. Es cierto que existe un fallo de la Corte Suprema respecto a las facultades de la Superintendencia y podemos discutirlo. Ahora bien, ¿va a generar la percepción –o sea, cumplir con el objetivo deseado–? Porque un recinto, ya sea un establecimiento vocacional o de salud, no solo tiene un único acceso; no es una cárcel ni un inmueble fortificado. Lo planteo porque en el caso de…

¿Puede ingresar algún tipo de armamento a alguien que tenga la intención de desarrollar algún acto delictivo dentro del establecimiento? Bueno, tiene todo un perímetro amplio como para poder hacerlo. ¿Puede constituir un avance? Por cierto, hay que discutirlo y hay que resguardar también estas normas; hay que tener en consideración que son menores. Es un tema que hay que debatir, y obviamente estoy muy dispuesto a abrir el debate en general, sin perjuicio de que soy de aquellos que creen que estos proyectos de ley deben ser efectivos y no efectistas. No estoy diciendo que este lo sea, pero que efectivamente se pueda precisar cuál es el objetivo que se quiere señalar. Por lo mismo, no me parece que una ley de dos artículos, sin inserción de vida en los propios estatutos que regulan este tipo de establecimientos, sea una técnica legislativa adecuada. Un proyecto de ley con dos artículos, sin inserción en la Ley General de Educación, en materias preventivas, en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los ESLEP y en educación pública; me parece que hay que debatirlo también en forma, vale decir, ¿dónde se inserta esta idea planteada en estos dos artículos? ¿Dentro del estatuto que regula o reglamenta establecimientos educacionales y establecimientos de salud? ¿Qué tipo de establecimientos: sólo privados o también públicos? Creo que es necesario avanzar en este sentido. Estoy de acuerdo en que este tema debe discutirse y en mi opinión, y estoy seguro de que esa es la intención del diputado Leal, se debe regular una materia que ha sido compleja y controvertida, buscando alternativas o escenarios más conducentes para que esta regulación tenga asidero dentro de la propia normativa de los establecimientos educacionales y de salud, y no limitarse únicamente a los establecimientos públicos, sino también considerar las facultades preventivas que podría tener un alcalde en tanto sostenedor. Ahora van a ser los ESLEP los sostenedores, también respecto de sostenedores particulares o privados. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Leiva. Tiene la palabra la Diputada Placencia. Gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que estaba mirando rápidamente el proyecto que se presenta y creo que es una de las ideas que se ha estado debatiendo públicamente. Sin embargo, creo que aún carecemos de antecedentes como para ver si este proyecto, digamos, hace sentido en su aplicación concreta. Vengo del ámbito de la educación y considero que hay muchas iniciativas que, a partir del aumento de la violencia escolar, se han desarrollado como políticas públicas en el ámbito educativo, en los distintos establecimientos que existen en nuestro país y con diversos sostenedores. Se ha hecho un esfuerzo importante en esa línea. Sería bueno que esta comisión, que debate estos temas en general – es decir, de cómo se fortalecen las comunidades escolares en temas de prevención, no solo en el ámbito de la violencia escolar sino también en aspectos como los riesgos derivados del consumo problemático de alcohol y drogas, que pueden llevar a estudiantes a cometer delitos o a quedar más vulnerables y expuestos a integrar bandas criminales cuando no se adoptan los resguardos correspondientes – tenga presente que en la escuela no solo se aprende el currículum, sino también a convivir en sociedad, a relacionarse con personas diferentes y a resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Por tanto, estas políticas, preventivas por una parte y correctivas por otra, deben abordar también aquellos aspectos que puedan estar dañando la convivencia. Para discutir este proyecto de ley, me parece fundamental involucrar al Ministerio de Educación; es necesario saber qué se está haciendo en este ámbito y que dicho Ministerio exponga a esta comisión sus acciones y opinión al respecto. Asimismo, es importante traer al Ministerio de Salud, pues en los centros de salud, especialmente en la atención primaria, se han establecido acuerdos en una mesa de trabajo para resguardar la integridad de quienes asisten a estos centros, así como de los funcionarios, quienes han demandado protección debido a las agresiones y afectaciones que sufren. Esto es similar a la situación de los profesores, para quienes legislamos en el caso de los profesores una ley...

Que justamente colabora en esta línea, pero digo que hay que mirarlo de manera un poquito más integral. Entonces, por eso, Presidenta, al menos que venga el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para conocer el estado de cosas, el actual estado del arte. Muchas gracias, diputada Plasencia. Tiene la palabra la diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Yo quiero celebrar o felicitar que se presenten en esta Comisión proyectos que busquen prevenir la violencia y no solamente proyectos que busquen aumentar penas o agregar nuevos delitos; creo que van por la línea correcta. Tengo algunas preocupaciones, sí, diputado Leal, por su intermedio, Presidenta, en dos cosas en particular. Primero, me preocupa que se entregue la facultad de crear los protocolos a cada uno de los establecimientos educacionales, lo cual podría generar discriminaciones arbitrarias, siendo preferible que dicha facultad recaiga en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud mediante un reglamento común para todas las instituciones, evitando que cada una tenga su protocolo distinto. También me preocupa, Presidenta, que se establezca con claridad qué ocurrirá en el caso de que, por ejemplo, a un adolescente se le encuentre un arma de fuego: cómo se realizará la denuncia y cómo se resguardará esa arma, la cual podría tener huellas de un homicida o municiones que coincidan con algún delito; por ello, debe existir un procedimiento claro de denuncia y resguardo de la evidencia. Esos son los dos comentarios que tengo para hacer a su proyecto y celebro que estemos nuevamente legislando para prevenir la violencia y no solamente llegar tarde cuando ésta ya ocurre. Gracias. Muchas gracias, diputada Orsini. Tiene la palabra la diputada Flíguez. Gracias, Presidenta. Bueno, también quiero felicitar la iniciativa. Hace pocos días, y me imagino que también mi colega Alejandra Plasencia, tuve reunión con funcionarios de la salud de la Región Metropolitana, y es alarmante la situación en los hospitales de la región. Uno de ellos, el único, si no me equivoco, es el Padre Gustavo, el único blindado de América Latina, lo cual evidencia que, en un contexto en el que la gente acude por cuestiones de salud, se terminan generando conflictos y problemas de inseguridad que a veces son muy graves. A mí me preocupa que se entregue esta situación sin una línea de seguridad que aborde tanto el corte regional como nacional. Lo expreso porque, en la tramitación del Ministerio de Seguridad, una de las acciones fue tratar de amarrar a las gobernaciones respecto de un plan nacional de seguridad, y en este proceso los municipios quedan en cierta incertidumbre respecto de las medidas adoptadas, que si bien son preventivas, dejan la interrogante de dónde concentrar más esfuerzos y cuál debe ser su carácter, considerando además la Ley de Infraestructura Crítica, en la que los establecimientos de salud se consideran infra críticos. Esto permitiría, quizá, resolver ciertos temas de seguridad en algunas áreas incluso mediante medidas tecnológicas, etcétera. Por ello, es indispensable conversar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad, pues esos tres actores debieran estar presentes para dar, en principio, una discusión a fondo. Incluso podríamos solicitar a la Biblioteca un estudio comparado, dado que en Estados Unidos se lleva a cabo algo similar, para analizar los efectos que ha tenido en otros países. Eso, Presidenta.

Gracias, diputada Fríes. Justamente tenía anotado el acuerdo de la comisión para pedirle a la biblioteca un informe que, por un lado, relate cómo se trató esta materia anteriormente y si se reflejó en el Proyecto Aula Segura, y que incluya, de forma interna, una comparación con, al menos, España, Estados Unidos, Alemania y dos o tres países; ya que, en América Latina, no creo que exista alguno con protocolos establecidos para este tema. En consecuencia, la biblioteca deberá incorporar esta información en el informe que le estamos solicitando. ¿Se acuerda la solicitud de dicho informe? –Hay acuerdo. Me gustaría, diputado Leal. Yo me reuní con la Asociación de Alcaldes de, al menos, mi región y todos están de acuerdo. Aunque, en el caso de las comunas que integran el SLEP (cinco comunas), existen algunas discrepancias, el resto de los sostenedores se encuentran complicados, pues desean agrupar las ciudades más grandes, ya que se ha detectado la entrada de armas a los colegios. Esto provoca que estas situaciones terminen siendo sumariadas por la Superintendencia. Este proyecto de ley nace a partir de una reunión con los alcaldes, por lo que solicito que se invite al alcalde de Temuco y, tal vez, a algún diputado integrante de un gremio de alcaldes o de asociaciones municipales, para que aporten sus opiniones. Presidenta: Gracias, diputado Leal. Como propuesta, se han considerado nombres de invitados, que ya han sido tomados en cuenta por el señor secretario. Solicitamos, por favor, que, a través de WhatsApp, se hagan llegar las propuestas específicas de invitados del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, o de la entidad que corresponda, para considerarlos a partir de la sesión a la vuelta de la distrital, ya que el miércoles no tendremos sesión, siendo hoy 21 de mayo. Por lo tanto, no se revisará hasta el retorno de dicha sesión. Muchas gracias, diputado Leal, por presentarnos este proyecto. A continuación, se expone el segundo punto de la tabla: conocer la extensión de los efectos en proyectos, programas, planes y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, provocados por las rebajas presupuestarias a los gobiernos regionales, ejercidas desde el Gobierno Central. Para estos efectos está invitado, vía remota, el señor Director Ejecutivo de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, señor Ricardo Godoy, quien se encuentra conectado, y la señora Tania Gajardo del Ministerio Público. —¿Alguna duda? ¿Qué duda tiene, diputado Leiva? —Tengo la duda de que nos encontramos en una comisión legislativa técnica y no fiscalizadora de los recursos. Aunque existen proyectos de ley en tabla, considero —y quizá yo no estuve en la oportunidad en que se adoptó el acuerdo— que las comisiones técnicas son de carácter legislativo y no fiscalizadoras. Estamos totalmente de acuerdo en que, si bien estas materias son presupuestarias y se refieren a Hacienda, el poder de destinación de recursos es parte de una competencia importante. Solo hago presente, asimismo, que existen proyectos de ley o mociones parlamentarias en tabla que podrían ir mucho más allá de temas de fiscalización, lo cual, en mi opinión personal, no corresponde a esta comisión. Diputado Leiva: La sesión que tenemos los días lunes es extraordinaria. El fin de esta sesión extraordinaria es analizar mociones parlamentarias y temas atinentes que no tenemos la posibilidad de discutir en las sesiones de los miércoles, en que se tratan principalmente proyectos de ley, especialmente aquellos que vienen del Ejecutivo con algún grado de urgencia. Dado que se trata de planes, programas y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, afectados por las rebajas presupuestarias, y considerando que los gobiernos regionales nos han hecho llegar su inquietud al respecto, es probable que algunos diputados, quienes usualmente faltan a las sesiones, no hayan estado presentes en la semana. Por ello, este asunto se dejó en tabla para conocer la opinión del Ministerio Público.

Y de la Asociación de Gobernadores, porque ellos nos han hecho llegar esta inquietud. Diputado Orsini me ha pedido la palabra. Sí, Presidenta, no sé si no escuché, pero en la citación de hoy día se señala recibir al Fiscal Nacional del Ministerio Público. El Fiscal Nacional se excusó y, en su representación, tenemos a la señora Tania Gajardo, vía remota. ¿No quiere escuchar a la señora Tania Gajardo? No hay ningún problema. ¿Pero habrá que pedir acuerdo entonces para escuchar a la señora Gajardo? No necesariamente, porque normalmente cuando hacemos las invitaciones —y esto lo voy a pedir al señor secretario que lo ratifique— al Ministerio Público, se realizan en términos de invitar al Fiscal Nacional o a quien él determine en su reemplazo. ¿Señor secretario? Así es, y en esos términos también se conversó con el señor Ignacio Castillo el jueves de la semana pasada. Hace presente, Presidenta, que esto fue acordado en la sesión del lunes 12 de mayo a solicitud de dos señores, uno de ellos, la señora Lorena de Villán, que está presente aquí. Entonces, vamos a proceder a la bienvenida, en primer término, al señor Ricardo Godoy, para que por favor se refiera a este tema de la extensión de los efectos en proyectos, programas, planes y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que se provoca por las rebajas presupuestarias a los gobiernos regionales ejercidas desde el Gobierno central. Don Ricardo, puede hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio también a toda la Comisión. Tenemos una presentación —no sé si estará en manos de la Comisión, la cual voy a presentar—. Don Ricardo, lo escuchamos bien y puede compartir pantalla; no hay inconveniente. Perfecto. Primero, señalar que la presentación que daremos a nombre de la Asociación de Gobernadores se realizó después de un catastro que hicimos a nivel nacional. La inquietud era bastante compleja, por lo tanto tratamos de recoger los datos más claros posibles. Aunque durante la presentación les haré ver detalles que no se tratan de problemas de ajustes presupuestarios o de recortes, sino más bien de temas relacionados al flujo de caja de los gobiernos regionales. Es decir, no necesariamente los problemas que vamos a visualizar —que, la verdad, no son muchos— se deben a los recortes, o bien se vieron afectados por el hecho de que varios gobiernos regionales pueden haber decidido priorizar estos proyectos por sobre otros. En otras palabras, que en algunas regiones ciertos proyectos no se hayan afectado, no significa que en otra área en particular no hayan sido afectados. Dicho eso, voy a comenzar. Lo primero: los gobiernos regionales, como es sabido, realizaron y siguen realizando diversas inversiones en materia de seguridad. Esto se observa en diferentes proyectos, como cámaras de seguridad, pórticos, infraestructura, equipamiento de policía, renovación de flotas vehiculares y otros. La información que nosotros levantamos ayudó muchísimo al debate, al menos en lo referente al rol de seguridad, y a las conversaciones que hemos tenido también con el Ministerio del Interior, desde los primeros gobernadores electos. Nosotros, como Asociación de Gobernadores, estimamos que la inversión en materia de seguridad, en todos los elementos que he señalado y otros, debe alcanzar más de 500 mil millones de pesos. Es decir, pese a no tener competencias en seguridad como tal, los gobiernos regionales son posiblemente uno de los actores que más recursos invierte en esta materia. Dos, y aquí pongo algunos ejemplos: en materia de Carabineros, en la renovación de vehículos han sido mayoritarias las inversiones de los gobiernos regionales. Estos casos son múltiples a nivel nacional y se pueden extrapolar, por ejemplo, hacia Arica y hacia Punta Arenas, aunque presentamos algunos casos solo para ir visibilizando. Se han adquirido vehículos tipo SUV con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 2.630 millones de pesos en Arica, y en Ñuble se realizó una inversión similar también para la adquisición de vehículos. Asimismo, otro ejemplo importante en materia de seguridad se ha dado en la compra de helicópteros, con valores que oscilan entre 9.000 y 12.000 millones de pesos. A esto se suman otros tipos de herramientas.